{"id":11439,"date":"2025-10-06T18:37:58","date_gmt":"2025-10-06T16:37:58","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/auto-del-tsjpv-de-14-de-diciembre-de-2009\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:19","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:19","slug":"auto-del-tsjpv-de-14-de-diciembre-de-2009","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/auto-del-tsjpv-de-14-de-diciembre-de-2009\/","title":{"rendered":"ATSJ del Pa\u00eds Vasco de 14 de diciembre de 2009"},"content":{"rendered":"

\n Auto del TSJPV de 14 de diciembre de 2009<\/strong>\n<\/p>\n

\n En Bilbao a catorce de diciembre de dos mil nueve.\n<\/p>\n

\n ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong>\n<\/p>\n

\n Atendiendo al emplazamiento realizado por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, el cual por Auto de fecha 24 de marzo de 2009, declara la competencia de esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, para entender del recurso de casaci\u00f3n y extraordinario por infracci\u00f3n procesal, presentado por los recurrentes, contra Sentencia de fecha 15 de enero de 2008, dictada por la Secci\u00f3n 4\u00aa, de la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el Rollo de Apelaci\u00f3n n\u00ba 331\/2006, se presentaron en calidad de recurrido, escrito de personamiento, junto con fotocopias de poder, por el Procurador D. Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Mart\u00ednez, en nombre y representaci\u00f3n de D. Jes\u00fas, D.\u00aa Dolores, D. Jos\u00e9 Luis y D.\u00aa Amaya, bajo la direcci\u00f3n Letrada de D. Rafael Mat\u00e9 Ria\u00f1o; y escrito de personamiento de fecha 21 de abril, en calidad de recurrente por la Procuradora D\u00aa. Matilde Viejo Casans, en nombre y representaci\u00f3n de D. Jos\u00e9 M.\u00aa, D.\u00aa M.\u00aa Luisa, D.\u00aa Margarita Teresa y D.\u00aa Azucena Amaya, bajo la direcci\u00f3n Letrada de D. Jos\u00e9 Antonio Barturen Garc\u00eda, lo que se hizo constar por diligencia de 28 de abril de 2009.\n<\/p>\n

\n Segundo.-<\/strong> En prove\u00eddo de igual fecha, se acord\u00f3, proceder a la incoaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n civil y numerar, previo registro. Designar Ponente al Magistgrado que por turno correspond\u00eda, recayendo el nombramiento en el Ilmo. Sr. D. Roberto Saiz Fern\u00e1ndez y requerir a los Procuradores referenciados en la diligencia, para que por el primero y a la vista de las fotocopias aportadas exhibiese la copia de poder a que se refer\u00eda y por el segundo, se acreditase previa presentaci\u00f3n de la copia autorizada de poder, las representaciones que dec\u00eda ostentar.\n<\/p>\n

\n Tercero.-<\/strong> Recibida del Tribunal Supremo, testimonio de la resoluci\u00f3n dictada en Auto de 24 de marzo de 2009, as\u00ed como Procedimiento Ordinario L2 n\u00fam. 416\/04 del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00fam. 4 de Barakaldo, y A.p. ordinario L2 331\/06 de la Secci\u00f3n 4\u00aa de la Audiencia Provincial de Bizkaia, en prove\u00eddo de 12 de mayo, se acord\u00f3, unir el oficio remisorio y testimonio de la resoluci\u00f3n dictada ante dicho Tribunal al presente rollo y acusar recibo en los t\u00e9rminos interesados.\n<\/p>\n

\n Y, visto el contenido de las actuaciones y obrando en las mismas poderes debidamente testimoniados por el Juzgado Decano de Barakaldo, traer copia de los relativos a la parte recurrente en casaci\u00f3n, toda vez que en el personamiento no los aportaron, tener\n<\/p>\n

\n por personada a la Procuradora Sra. Viejo Casans en nombre y representaci\u00f3n de Jos\u00e9 M.\u00aa, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de D.\u00aa M.\u00aa Luisa, D.\u00aa Margarita Teresa y D.\u00aa Azucena Amaya como parte recurrente y bajo la direcci\u00f3n letrada del Sr. Barturen Garc\u00eda y, como parte recurrida al Procurador Sr. L\u00f3pez Mart\u00ednez en nombre y representaci\u00f3n de D. Jes\u00fas, D.\u00aa Dolores, D. Jos\u00e9 Luis y D.\u00aa Amaya actuando bajo la direcci\u00f3n letrada de D. Rafael Mate Ria\u00f1o.\n<\/p>\n

\n Y, declarada por el Tribunal Supremo, la competencia de la Sala, pasar las actuaciones al Ponente para su instrucci\u00f3n y sometimiento a la deliberaci\u00f3n de la Sala, de lo que haya de resolverse sobre la admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n del recurso y que no hayan sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Supremo.\n<\/p>\n

\n Cuarto.-<\/strong> Con fecha 11 de junio se dict\u00f3 providencia en el que se acord\u00f3, que visto el contenido del escrito del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y de casaci\u00f3n, formulado por la Procuradora D\u00aa. Matilde Viejo Casans, en nombre y representaci\u00f3n de D. Jos\u00e9 M\u00aa., quien, a su vez, representa a D.\u00aa M.\u00aa Luisa, D.\u00aa Margarita Teresa y D.\u00aa Azucena Amaya, y observando la Sala que el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal pudiera incurrir en el supuesto de inadmisi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 473.2.2\u00ba de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1\/2000, de 7 de enero, por carecer manifiestamente de fundamento, de acuerdo con los criterios que se contienen en consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 217.3 (carga de la prueba), 218.1 (claridad, precisi\u00f3n y congruencia de las sentencias), 218.2 (motivaci\u00f3n de las sentencias), 319.1 (fuerza probatoria de los documentos p\u00fablicos); y, asimismo, respecto del motivo anudado al art\u00edculo 386 LEC, porque \u00e9ste no fue previamente anunciado, como es preceptivo, en el escrito de preparaci\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal (arts. 469 y 471 LEC); p\u00f3ngase de manifiesto dicha causa de inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal a todas las partes personadas y \u00f3igaseles por el plazo de diez d\u00edas antes de dictar la resoluci\u00f3n definitiva. Igualmente, en relaci\u00f3n con el recurso de casaci\u00f3n, apreciando la Sala la posible concurrencia de la causa de inadmisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 483.2.2\u00ba LEC, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 481.1 y 477.1 de la LEC 2000, en atenci\u00f3n al criterio jurisprudencial seg\u00fan el cual el recurso de casaci\u00f3n implica plantear al tribunal cuestiones jur\u00eddicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, ni desarrollar la fundamentaci\u00f3n del recurso al margen de la base f\u00e1ctica de la sentencia impugnada, p\u00f3ngase de manifiesto dicha causa de inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n a todas las partes personadas y \u00f3igaseles por el plazo de diez d\u00edas antes de dictar la resoluci\u00f3n definitiva.\n<\/p>\n

\n Lo que fue contestado por la parte recurrida en escrito que qued\u00f3 unido a las actuaciones, por providencia de 1 de julio de 2009.\n<\/p>\n

\n Quinto.-<\/strong> Dentro del plazo conferido en providencia de 11 de junio por la representaci\u00f3n y defensa de los recurrentes se present\u00f3 escrito de renuncia, que se puso en conocimiento de dicha parte para que, en el plazo de 10 d\u00edas pudieran comparecer 2\n<\/p>\n

\n person\u00e1ndose en forma, bajo nueva direcci\u00f3n y representaci\u00f3n; siendo contestado en el sentido de que a dicha parte le resultaba imposible encontrar abogado que se encargara de la defensa de sus intereses, por lo que solicit\u00f3 fueran designados por los Colegios de Abogados y Procuradores de Bizkaia. A dicha solicitud se accedi\u00f3 por providencia de 23 de septiembre de 2009, remiti\u00e9ndose en consecuencia los correspondientes oficios.\n<\/p>\n

\n Sexto.-<\/strong> La designaci\u00f3n efectuada por el Colegio de Abogados recay\u00f3 en la Letrada del Turno de Oficio D.\u00aa Stella Gonz\u00e1lez Ruiz, quien a su vez present\u00f3 renuncia ante este Tribunal, d\u00e1ndose traslado nuevamente al Colegio de Abogados para que resolviera en derecho.\n<\/p>\n

\n S\u00e9ptimo.-<\/strong> En providencia de 30 de octubre, se acord\u00f3 que “por recibidas las anteriores comunicaciones de los Ilustres Colegios de Abogados y Procuradores de Bizkaia, \u00fananse con entrega de copias a las partes personadas. Designada para la representaci\u00f3n de los recurrentes la Procuradora Sra. D.\u00aa Asunci\u00f3n Hurtado Madariaga, cesara en la que hasta este momento ostentaba D.\u00aa Matilde Viejo Casans, enti\u00e9ndanse en lo sucesivo y en tal concepto, con la actualmente designada Sra. Hurtado Madariaga. En cuanto al oficio remitido por el Colegio de Abogados, y visto su contenido en el que no se acepta la renuncia de la letrada D.\u00aa Stella Gonz\u00e1lez Ruiz, queda confirmada su designaci\u00f3n para la defensa de los intereses de los recurrentes en el presente recurso de casaci\u00f3n 2\/09. \u00d3igase a la parte recurrente por el plazo de los dos d\u00edas que le restan, en relaci\u00f3n a la posible concurrencia de causa de inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y de casaci\u00f3n, puesto de manifiesto en providencia de 11 de junio de 2009”.\n<\/p>\n

\n Octavo.-<\/strong> Por providencia de 5 de noviembre se acord\u00f3 la uni\u00f3n del escrito presentado, “No procede tener por renunciada en la presente causa a la Letrada, D.\u00aa Stella Gonz\u00e1lez Ruiz, a la vista del oficio remitido a esta Sala por el Ilustre Colegio de Abogados del Se\u00f1or\u00edo de Vizcaya, de fecha 23 de octubre de 2009, y en el que se da cuenta de la no aceptaci\u00f3n de la renuncia causada por dicha Letrada y de la confirmaci\u00f3n de su designaci\u00f3n para la defensa de los intereses de D. Jos\u00e9 M.\u00aa en esta causa; ni a\u00fan proceder\u00eda alegar sobre la excusa de la defensa contemplada en el art. 31 de la Ley de Asistencia Jur\u00eddica Gratuita, a la que remite el art\u00edculo 33 LEC, debido a que tan s\u00f3lo la autoriza en el orden penal, imponiendo a los Abogados y Procuradores designados el desempe\u00f1o de sus funciones de asistencia y representaci\u00f3n de forma real y efectiva hasta la terminaci\u00f3n del proceso en la instancia judicial de que se trate, cuando, adem\u00e1s, no consta que por la referida Letrada se haya planteado la insostenibilidad de la pretensi\u00f3n en esta causa. Procede, asimismo, denegar la solicitada pr\u00f3rroga del plazo en su d\u00eda otorgado para efectuar alegaciones en relaci\u00f3n con la concurrencia de una causa de inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no ya por resultar excesivo dicho plazo, sino porque, de un lado, lo impide el principio de improrrogabilidad de los plazos que establece el art\u00edculo 134 LEC y que rige con car\u00e1cter general en nuestro sistema procesal, fuera de los casos de fuerza mayor, no concurrente en el presente caso, y, de otro, porque ya fue en su d\u00eda suspendido el c\u00f3mputo del plazo de diez d\u00edas concedido a las partes para alegaciones sobre inadmisibilidad del 3\n<\/p>\n

\n recurso de casaci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 16 de la Ley 1\/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur\u00eddica Gratuita. Denegaci\u00f3n que no comporta vulneraci\u00f3n del principio de tutela judicial efectiva que ampara el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n, ni indefensi\u00f3n, toda vez que, acordada la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite de alegaciones, una vez presentado escrito de renuncia por el Letrado, D. Jos\u00e9 Antonio Barturen Garc\u00eda, mediante providencia de 29 de junio de 2009, a\u00fan resta el plazo de dos d\u00edas para alegaciones que no cabe estimar insuficiente, considerando que la designaci\u00f3n de la Letrada por el Ilustre Colegio de Abogados del Se\u00f1or\u00edo de Vizcaya se hab\u00eda producido en fecha 28 de septiembre de 2009, momento a partir del cual pudo tener acceso a la causa y a los documentos que en ella se integran, adem\u00e1s de su deber de recabar del Letrado cesante la informaci\u00f3n necesaria para continuar la defensa y la obligaci\u00f3n de \u00e9ste de devolver la documentaci\u00f3n en su poder y facilitar al nuevo letrado la informaci\u00f3n necesaria, tal como prescribe el art\u00edculo 16 del Estatuto General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola (R.D. 658\/2001, de 22 de junio). Y todo ello, sin obviar que la Letrada desde su designaci\u00f3n ha dispuesto, para preparar sus alegaciones , de un tiempo que supera con creces la parte (ocho d\u00edas) del plazo (diez d\u00edas) consumida por el anterior letrado cesante y sin perjuicio de que para atender a la defensa de los intereses de su defendido en el incidente suscitado -inadmisibilidad del recurso de casaci\u00f3n- ser\u00eda bastante el examen de la sentencia recurrida en casaci\u00f3n as\u00ed como del escrito de preparaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n y de las concretas indicaciones de la propia providencia de esta Sala, de 29 de junio de 2009, que daba audiencia a las partes sobre la cuesti\u00f3n de inadmisibilidad planteada. En consecuencia, est\u00e9se a lo acordado en providencia de fecha 30 de octubre de 2009″.\n<\/p>\n

\n Noveno.-<\/strong> En el plazo conferido en la providencia de 5 de noviembre, se present\u00f3 por la parte recurrente escrito evacuando el traslado en relaci\u00f3n con el contenido de la providencia de 11 de junio, quedando las actuaciones pendientes de que se dicte la resoluci\u00f3n que proceda sobre la admisi\u00f3n del recurso.\n<\/p>\n

\n RAZONAMIENTOS JURIDICOS<\/strong>\n<\/p>\n

\n Primero.-<\/strong> Se han interpuesto, por la representaci\u00f3n procesal de D.\u00aa M.\u00aa Luisa, D.\u00aa Margarita Teresa y D.\u00aa Azucena, recursos de casaci\u00f3n y extraordinario por infracci\u00f3n procesal, contra la sentencia dictada con fecha 15 de enero de 2008, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Secci\u00f3n 4\u00aa), en el rollo de apelaci\u00f3n, n\u00ba 331\/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario, n\u00ba 416\/2004, del Juzgado de Primera Instancia, n\u00ba 4, de Baracaldo.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 73.1.A de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial dispone que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocer\u00e1, como Sala de lo Civil, del recurso de casaci\u00f3n que establezca la ley contra resoluciones de \u00f3rganos jurisdiccionales del orden\n<\/p>\n

\n civil con sede en la Comunidad Aut\u00f3noma, siempre que el recurso se funde en infracci\u00f3n de normas de Derecho Civil, Foral o Especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonom\u00eda haya previsto esta atribuci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n En el art\u00edculo 14.1.a) del Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco se declara que la competencia de los \u00f3rganos jurisdiccionales en el Pa\u00eds Vasco se extiende en el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casaci\u00f3n y de revisi\u00f3n de las materias del Derecho Foral propio del Pa\u00eds Vasco, se\u00f1al\u00e1ndose en el art\u00edculo 34 de dicho Estatuto, que la organizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Justicia en el Pa\u00eds Vasco, culminar\u00e1 en un Tribunal Superior con competencia en todo el territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma y ante el que se agotar\u00e1n las sucesivas instancias procesales.\n<\/p>\n

\n El Tribunal Supremo, en sentencia, de 24 de marzo de 2009, ha declarado la competencia de esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, para conocer de los recursos de casaci\u00f3n y extraordinario por infracci\u00f3n procesal, interpuestos por la representaci\u00f3n procesal de D.\u00aa M.\u00aa Luisa, D.\u00aa Margarita Teresa y D.\u00aa Azucena, contra la sentencia dictada con fecha 15 de enero de 2008, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Secci\u00f3n 4\u00aa), en el rollo de apelaci\u00f3n, n\u00ba 331\/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario, n\u00ba 416\/2004, del Juzgado de Primera Instancia, n\u00ba 4, de Baracaldo.\n<\/p>\n

\n Segundo.-<\/strong> Dispone la regla 5\u00aa de la Disposici\u00f3n Final 16\u00aa de la LEC, que si se tramitaren conjuntamente recurso por infracci\u00f3n procesal y recurso de casaci\u00f3n, la Sala examinar\u00e1, en primer lugar, si la resoluci\u00f3n recurrida es susceptible de recurso de casaci\u00f3n, y si no fuere as\u00ed, acordar\u00e1 la inadmisi\u00f3n del recurso por infracci\u00f3n procesal.\n<\/p>\n

\n El recurso de casaci\u00f3n se prepar\u00f3 al amparo del ordinal 2\u00ba del art. 477.2.2\u00ba de la LEC, por ser la cuant\u00eda del procedimiento superior al l\u00edmite fijado en el referido precepto, alegando la parte recurrente como infringidos, por su no aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n err\u00f3nea de dicho texto legal en relaci\u00f3n con sus art\u00edculos 112, 113, 115, 116, y 123. Y, asimismo se prepar\u00f3 el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal fundado en algunos de los motivos previstos en el art\u00edculo 469.1 LEC. Dado que la sentencia impugnada resulta recurrible en casaci\u00f3n, de conformidad con el ordinal 2\u00ba del art. 477.2.2\u00ba de la LEC, procede examinar en primer lugar el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal.\n<\/p>\n

\n Tercero<\/strong>.- Mediante providencia de esta Sala Civil y Penal, de fecha 11 de junio de 2009, se acord\u00f3 o\u00edr a las partes personadas, por el plazo de diez d\u00edas, y antes de dictar la resoluci\u00f3n definitiva, sobre la posible concurrencia en el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal del supuesto de inadmisi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 473.2.2\u00ba de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1\/2000, de 7 de enero, por carecer manifiestamente de fundamento, de acuerdo con los criterios que se contienen en consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 217.3 (carga de la prueba), 218.1 (claridad, precisi\u00f3n\n<\/p>\n

\n y congruencia de las sentencias), 218.2 (motivaci\u00f3n de las sentencias), 319.1 (fuerza probatoria de los documentos p\u00fablicos) y, asimismo, respecto del motivo anudado al art\u00edculo 386 LEC, porque \u00e9ste no fue previamente anunciado, como es preceptivo, en el escrito de preparaci\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal (arts. 469 y 471 LEC); y en relaci\u00f3n con el recurso de casaci\u00f3n, sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 483.2.2\u00ba LEC, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 481.1 y 477.1 de la LEC 2000, en atenci\u00f3n al criterio jurisprudencial seg\u00fan el cual el recurso de casaci\u00f3n implica plantear al tribunal cuestiones jur\u00eddicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, ni desarrollar la fundamentaci\u00f3n del recurso al margen de la base f\u00e1ctica de la sentencia impugnada.\n<\/p>\n

\n La parte recurrente present\u00f3 escrito de alegaciones en el que mostr\u00f3 su disconformidad respecto de la providencia de 11 de junio de 2009, reiterando las infracciones en que, a su juicio, incurre la sentencia impugnada en casaci\u00f3n y solicitando la admisi\u00f3n de los recursos interpuestos con los pedimentos que en ellos se incluyen.\n<\/p>\n

\n La representaci\u00f3n de D. Jos\u00e9 Luis, D.\u00aa Dolores, D. Jes\u00fas y D.\u00aa Amaya, mostraron por su parte conformidad con la posible existencia de causas de inadmisibilidad del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y del recurso de casaci\u00f3n, interesando la inadmisi\u00f3n de dichos recursos.\n<\/p>\n

\n Dispone el art. 473.2 LEC 2000, en sus apartados 1\u00ba y 2\u00ba, que proceder\u00e1 la inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal si, pese a haberse tenido por preparado el recurso, \u00e9ste fuere improcedente, por no cumplirse los requisitos establecidos en los arts. 467, 468 y 469 o si el recurso careciere manifiestamente de fundamento, a\u00f1adiendo en el p\u00e1rrafo tercero que si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisi\u00f3n, dictar\u00e1 auto declarando la inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal y la firmeza de la resoluci\u00f3n recurrida, previo el traslado previsto en el art. 473.2, p\u00e1rrafo segundo, de la LEC 2000 para poner de manifiesto las posibles causas de inadmisi\u00f3n del recurso.\n<\/p>\n

\n La parte recurrente anuda todas las infracciones de que a su juicio adolece la sentencia objeto del recurso a una valoraci\u00f3n de la prueba practicada diferente a la efectuada en la resoluci\u00f3n dictada en primera instancia y confirmada en la sentencia desestimatoria del recurso de apelaci\u00f3n, interpuesto contra la primera.\n<\/p>\n

\n En efecto, sostiene la parte recurrente que se ha producido una aplicaci\u00f3n indebida de la carga de la prueba por cuanto que la parte demandada no ha probado los hechos que enervan la eficacia jur\u00eddica de los que sustentan la demanda, particularmente referidos a la propiedad a favor de D. Ram\u00f3n y de D.\u00aa Damiana de bienes inmuebles doblemente inmatriculados respecto de los que los recurrentes pretenden hacer valer sus derechos sucesorios, toda vez que no admiten como probado el pago de una deuda reconocida por el mencionado D. Ram\u00f3n a favor de su yerno acreedor, D. Crist\u00f3bal, mediante la entrega de\n<\/p>\n

\n fincas.\n<\/p>\n

\n Debe precisarse, en primer lugar, que la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 26 de septiembre de 2008, recogiendo la doctrina establecida en la Sentencia de 12 de junio de 2007, resume la jurisprudencia sobre la carga de la prueba en los siguientes t\u00e9rminos: 1.- Para que se produzca la infracci\u00f3n del art. 1214 (actual art\u00edculo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es preciso que concurran los requisitos consistentes en: a) Existencia de un hecho -afirmaci\u00f3n f\u00e1ctica positiva o negativa- precisado de prueba y controvertido. No la precisan los hechos notorios y no resultan controvertidos los admitidos en los escritos de alegaciones; b) Que el hecho sea necesario para resolver una cuesti\u00f3n litigiosa; c) Se trate de un hecho que se declare no probado, bien por falta total de prueba, bien por no considerarse suficiente la practicada, sin que exista ninguna norma que establezca la tasa o dosis de prueba necesaria (coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado un hecho resulta indiferente la parte que haya aportado la prueba en virtud del principio de adquisici\u00f3n procesal; y d) Que se atribuyan las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quien no incumb\u00eda la prueba. Y es, entonces, cuando entra en juego la doctrina de la carga de la prueba material. 2.- No cabe aducir infracci\u00f3n de la carga de la prueba para denunciar una falta de prueba, o dosis insuficiente, cuando el juzgador declara probado un hecho. Puede haber error patente o arbitrariedad -incoherencia- pero ello afecta a la motivaci\u00f3n y no a la carga de la prueba y 3.- El art\u00edculo 1214 del C\u00f3digo Civil (actual 217 de la LEC 2000) no contiene ninguna regla de prueba, por lo que no cabe basar en el mismo una alegaci\u00f3n de error en la valoraci\u00f3n probatoria. En tal sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, dentro de la cual caben citar como sentencias m\u00e1s recientes las de 26 y 31 de mayo, 1 y 8 de junio de 2006, 21 julio 2006 y 2 marzo 2007.\n<\/p>\n

\n Aplicada tal doctrina jurisprudencial al presente caso resulta que el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal formalizado, tal y como ya se anticip\u00f3, incurre en la causa de inadmisi\u00f3n de carencia de fundamento prevista en el art. 473.2.2\u00ba de la LEC 2000, bastando examinar la resoluci\u00f3n recurrida para comprobar que ninguna alteraci\u00f3n de la carga probatoria se ha producido porque el citado art\u00edculo 217 regula la distribuci\u00f3n de la carga de la prueba (la llamada “regla de juicio”) y sabido es, como ha quedado expuesto, que su aplicaci\u00f3n procede en aquellos supuestos en que el tribunal considera que determinado hecho de car\u00e1cter relevante no ha quedado probado; supuesto en que, atendiendo a las citadas reglas, habr\u00e1 de determinar a cu\u00e1l de las partes ha de perjudicar dicho vac\u00edo probatorio seg\u00fan las reglas que imponen la carga de la prueba a una o a otra (ATS de 23 de junio de 2009).\n<\/p>\n

\n En el supuesto que se examina no se ha aplicado indebidamente dicha carga en cuanto que la Audiencia ha estimado probado un hecho alegado por la parte demandada- reconviniente, en base a la apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba practicada en el procedimiento (documental y testifical), cual es la propiedad de D. Crist\u00f3bal de las fincas en cuesti\u00f3n, como resulta del fundamento jur\u00eddico tercero que literalmente expresa: “Documental y 7\n<\/p>\n

\n testificalmente se da fehaciencia a propiedad en favor de D. Crist\u00f3bal, abuelo de las actoras, es particularmente sustantivo en tal afirmaci\u00f3n el documento n\u00famero 19 de la contestaci\u00f3n, no rebatido, preclaramente pr\u00e9stamo del abuelo al bisabuelo en donde se se\u00f1ala que en caso de no poder devolver lo recibido el cumplimiento se llevar\u00eda a cabo mediante la entrega de fincas, todo corroborado a posteriori<\/em>, la forma de cumplimiento, ante no documentaci\u00f3n de cancelaci\u00f3n material mediante devoluci\u00f3n dineraria, si se documenta la entrega l\u00f3gica la documental si se hace frente monetariamente, y propia realidad de exteriorizaci\u00f3n dominical sin oposici\u00f3n de herederos directos, resto de hijos de D. Ram\u00f3n, f\u00e1ctico creador de presunci\u00f3n solidificando la documental rese\u00f1ada. Se ha devuelto un pr\u00e9stamo mediante entrega de fincas, no hay discrepancia que en ellas se incardinan las litigiosas. Con independencia de la no inscripci\u00f3n se ha producido un cambio de titularidad”\n<\/p>\n

\n No cabe, como parece pretender la parte recurrente, so pretexto de una alteraci\u00f3n de la carga de la prueba, una revisi\u00f3n de todo el acervo probatorio, conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Supremo que establece que la invocaci\u00f3n de la alteraci\u00f3n de la carga probatoria carece de eficacia cuando, como en este caso, se intenta rebatir la valoraci\u00f3n de pruebas efectuada por la sentencia recurrida (SSTS 13-2-92, 27-2-92, 15-12-92, 16-2-93, 1\u00ad3-95, 15-5-95, 30-9-96, 22-2-97 y 18-7-97), que ha obtenido sus conclusiones f\u00e1cticas del material probatorio obrante en autos (SSTS 15-5-95 y 2-6-95).\n<\/p>\n

\n Cuarto<\/strong>.- Tampoco es compartible la alegaci\u00f3n de la parte recurrente relativa a la infracci\u00f3n del art\u00edculo 218.1 LEC, que impone la claridad, precisi\u00f3n y congruencia de las sentencias, al estimar que la sentencia impugnada incurre en incongruencia ya que altera de forma grave la causa de pedir, en tanto que las pretensiones de la actora se limitan a reivindicar el derecho a la cuota hereditaria que, en su opini\u00f3n, les corresponde como leg\u00edtimas herederas de su padre, D. Ram\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Tal como expresa el Auto del Tribunal Supremo, de 16 de Junio de 2009, constituye reiterada doctrina del Tribunal Supremo la que afirma que el deber de congruencia que pesa sobre las sentencias, y que consiste en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se da all\u00ed donde la relaci\u00f3n entre estos dos t\u00e9rminos, fallo y pretensiones procesales, no est\u00e1 sustancialmente alterada, entendi\u00e9ndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso; no exigi\u00e9ndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relaci\u00f3n responda a una conformidad literal y r\u00edgida, sino m\u00e1s bien racional y flexible, estando autorizado el \u00f3rgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, si bien esta permisi\u00f3n tiene como l\u00edmite el respeto a la causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la sustituci\u00f3n de unas cuestiones por otras (SSTS 11-10-89, 16-4-93, 29-10-93, 23-12-93, 25-1-94, 15-12\u00ad95, 7-11-95, 4-5-98, 10-6-98, 15-7-98, 21-7-98, 23-9-98 y 1-3-99, entre otras), pues la finalidad de la LEC al respecto es asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisi\u00f3n judicial alcancen adecuada soluci\u00f3n, poni\u00e9ndose as\u00ed fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensi\u00f3n (STS 28-7-95); de 8\n<\/p>\n

\n forma que para determinar la incongruencia se ha de acudir necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda y, en su caso, reconvenci\u00f3n y los t\u00e9rminos en que se expresa el fallo combatido (SSTS 22-4-88, 23-10-90, 14-11-91 y 25-1\u00ad94).\n<\/p>\n

\n La parte recurrente, en su escrito de demanda de juicio ordinario de declaraci\u00f3n de doble inmatriculaci\u00f3n registral de fincas y de mejor derecho a los inmuebles, dedujo como pretensiones la estimaci\u00f3n \u00edntegra de la demanda y, en consecuencia, que se declarase: 1) La identidad existente entre diversas fincas y la existencia respecto de tales inmuebles de doble inmatriculaci\u00f3n registral; 2) la prevalencia de las inscripciones registrales m\u00e1s antiguas; 3) La nulidad de los t\u00edtulos de los codemandados, en relaci\u00f3n a las fincas registrales, n\u00fam. 8.686 y n\u00fam. 6.127 del Registro de la Propiedad de Portugalete; 4) La nulidad y la cancelaci\u00f3n registral de las inscripciones, n\u00fam. 8.686 y n\u00fam. 6.127, y que las fincas en ellas descritas se corresponden con la 1.420 y las 1.421, 1.422 y 1.423, respectivamente y que forman parte de la masa hereditaria de la herencia de D. Ram\u00f3n y su esposa y que, en consecuencia las demandantes como sus coherederas ostentan un mejor derecho a dichos inmuebles en la cuota hereditaria que se determinar\u00e1 en el procedimiento de divisi\u00f3n judicial, n\u00ba 1.220, seguido en el Juzgado de primera Instancia, n\u00ba 4, de Baracaldo; 5) En el hipot\u00e9tico supuesto de que se alegare de contrario prescripci\u00f3n adquisitiva a favor de D.\u00aa Pilar de las fincas objeto del pleito adquiridas por los demandados, que se reconozca el derecho de las demandantes, como sus parientes colaterales tronqueros preferentes que son, a ejercitar la saca foral por no haber efectuado en dichas transmisiones los preceptivos llamamientos forales; y 6) La anotaci\u00f3n del derecho leg\u00edtimo de las demandantes a las fincas en cuesti\u00f3n en las inscripciones registrales, n\u00fams. 1.420 y las 1.421, 1.422 y 1.423.\n<\/p>\n

\n La sentencia del Juzgado de Primera Instancia, n\u00ba 4, de Baracaldo, de fecha 9 de diciembre de 2005, desestim\u00f3 la demanda presentada por la representaci\u00f3n procesal de D.\u00aa M.\u00aa Luisa, D.\u00aa Margarita Teresa y D.\u00aa Azucena, absolviendo en la instancia a los demandados de los pedimentos de la demanda principal, y estim\u00f3 la demanda reconvencional, presentada por la representaci\u00f3n de D. Jos\u00e9 Luis, D.\u00aa Dolores, D. Jes\u00fas y D.\u00aa Amaya.\n<\/p>\n

\n Recurrida en apelaci\u00f3n la referida sentencia por la representaci\u00f3n procesal de D.\u00aa M.\u00aa Luisa, D.\u00aa Margarita Teresa y D.\u00aa Azucena, parte demandante, se interes\u00f3 sentencia estimatoria del recurso de apelaci\u00f3n, con revocaci\u00f3n de la sentencia apelada y el dictado de nueva sentencia por la que se declarase el pleito de cuant\u00eda indeterminada o, subsidiariamente, por el valor de la cuota de participaci\u00f3n de las recurrentes en las fincas, n\u00fams. 1.420, 1.421, 1.422 y 1.423, objeto del pleito; se reconociese el derecho de las recurrentes conforme a los pedimentos del escrito de demanda y se desestimase la demanda reconvencional, confirmando el derecho de las recurrentes.\n<\/p>\n

\n La Audiencia Provincial de Vizcaya, dict\u00f3 sentencia, en 15 de enero de 2008, estimando parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n y declarando no haber lugar a la excepci\u00f3n 9\n<\/p>\n

\n de falta de legitimaci\u00f3n activa procesal, ni al pronunciamiento sobre prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia de las reconvenidas, sin expresa imposici\u00f3n de las costas vinculadas a la reconvenci\u00f3n y con ratificaci\u00f3n de la condena en costas inherentes a la demanda en la primera instancia, confirmando en lo dem\u00e1s la sentencia apelada y omitiendo expreso pronunciamiento sobre las costas procesales de la apelaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Resulta, as\u00ed, que las resoluciones objeto de an\u00e1lisis se han dictado con estricto cumplimiento del art\u00edculo 218.1 LEC, que impone la claridad, precisi\u00f3n y congruencia de las sentencias, toda vez que se atienen estrictamente a las pretensiones formalmente deducidas por las partes en el proceso, con independencia de su acogimiento o rechazo por parte del \u00f3rgano judicial correspondiente.\n<\/p>\n

\n Quinto<\/strong>.- Tambi\u00e9n resulta rechazable la alegaci\u00f3n relativa a la falta de motivaci\u00f3n y la consecuente afecci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva -que la parte recurrente anuda a que <>-, si se tiene en cuenta la m\u00e1s que reiterada doctrina del Tribunal Supremo, conforme a la cual el deber de motivaci\u00f3n de las sentencias se impone, ciertamente, sobre la base del respeto a la tutela judicial efectiva, que determina su exigibilidad justificada por los propios fines a cuyo logro se tiende, cuales son el sometimiento del Juez al imperio de la Ley, lograr la convicci\u00f3n de las partes en el proceso sobre la justicia y correcci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, y facilitar el control de la misma por los tribunales superiores (cf. SSTC 22\/44, 28\/94, 13\/95 y 32\/96, entre otras); ahora bien, tal exigibilidad se encuentra matizada por la doctrina constitucional indicando que “no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuesti\u00f3n que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cu\u00e1les han sido los criterios jur\u00eddicos esenciales fundamentadores de la decisi\u00f3n (SSTC 14\/91 ), es decir, la ratio decidendi<\/em> que ha determinado aqu\u00e9lla (SSTC 28\/94, 153\/95 y 32\/96), que puede deducirse del conjunto de los razonamientos de la decisi\u00f3n (SSTC 91\/95 y 1\/99 ); criterio \u00e9ste recogido, entre otras, en las SSTS 1-6 y 3-6-99 -que cita las de 23-4-90 y 14-1- 91- al se\u00f1alar que el deber de motivaci\u00f3n ha de cumplir la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisi\u00f3n adoptada y permitir su eventual control jurisdiccional, pero no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que la parte pueda tener sobre la cuesti\u00f3n litigiosa.\n<\/p>\n

\n Tanto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, n\u00ba 4, de Baracaldo, de fecha 9 de diciembre de 2005, como la de Audiencia Provincial de Vizcaya, de 15 de enero de 2008, han ofrecido suficientes razones que permiten conocer cu\u00e1les han sido los criterios jur\u00eddicos esenciales fundamentadores de la decisi\u00f3n (SSTC 14\/91), es decir, la ratio decidendi<\/em> que ha determinado aqu\u00e9lla. De otro lado, la sentencia de Audiencia Provincial de Vizcaya, de 15 de enero de 2008, objeto del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal que ahora se 10\n<\/p>\n

\n examina, con independencia del mayor o menor acierto en la valoraci\u00f3n conjunta de la prueba practicada, as\u00ed como en la exposici\u00f3n razonada de la misma, ha alcanzado la conclusi\u00f3n de que <a posteriori<\/em>, la forma de cumplimiento, ante no documentaci\u00f3n de cancelaci\u00f3n material mediante devoluci\u00f3n dineraria, si se documenta la entrega l\u00f3gica la documental si se hace frente monetariamente, y propia realidad de exteriorizaci\u00f3n dominical sin oposici\u00f3n de herederos directos, resto de hijos de D. Ram\u00f3n, f\u00e1ctico creador de presunci\u00f3n solidificando la documental rese\u00f1ada>> Y, m\u00e1s adelante, concluye que <>.\n<\/p>\n

\n Como es sabido, el recurso de casaci\u00f3n no es una tercera instancia, por lo que no le est\u00e1 permitido al Tribunal realizar una nueva valoraci\u00f3n de la prueba, debi\u00e9ndose reducir su examen en esta sede a posibles infracciones de alguna de las reglas de valoraci\u00f3n de la prueba, al error patente y a la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad o irrazonabilidad (STC 63\/1984, 91\/1990, 81\/1995, 142\/1999, 144\/2003 y 192\/2003; TS ss. de 24 de febrero y 24 de julio de 2000, y 15 de marzo de 2002). En el presente caso, la valoraci\u00f3n de la prueba realizada por la sentencia de la Audiencia es perfectamente l\u00f3gica y razonable; declara, tras examinar conjuntamente la prueba testifical y documental, un hecho probado -pr\u00e9stamo del abuelo al bisabuelo, en donde se se\u00f1ala que en caso de no poder devolver lo recibido, el cumplimiento se llevar\u00eda a cabo mediante la entrega de fincas y exteriorizaci\u00f3n dominical sin oposici\u00f3n de herederos directos-, sobre el que establece una presunci\u00f3n judicial (art. 386 LEC) sobre otro hecho -\u2013la devoluci\u00f3n del pr\u00e9stamo mediante entrega de las fincas en cuesti\u00f3n-, que le llevan a concluir que los bienes que se interesan no pertenecen a aquellos a quienes se pretende heredar porque se han transmitido con una ilaci\u00f3n de relaciones jur\u00eddicas intachable, como forma de cumplimiento de un pr\u00e9stamo, primero, por testamento y venta y disoluci\u00f3n de condominio despu\u00e9s, con el a\u00f1adido exteriorizante de poseer como due\u00f1o y de buena fe en el conjunto del tiempo que afecta a las realidades jur\u00eddicas. Razones que llevan a descartar las invocadas infracciones de los art\u00edculos 218.2 y 319.1 LEC.\n<\/p>\n

\n En este sentido resulta de inter\u00e9s el criterio que se contiene en el ATS, de 23 de junio de 2009, cuando expresa que:\n<\/p>\n

\n “La pretendida falta de motivaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por no expresar los\n<\/p>\n

\n razonamientos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que conducen a la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas, no deja de ser meramente nominal e, incluso, instrumental, a fin de lograr una resultancia probatoria distinta de la mantenida por la Audiencia Provincial, pues si bien esta Sala, en l\u00ednea con la doctrina constitucional, ha se\u00f1alado que el deber de motivaci\u00f3n de las sentencias alcanza tambi\u00e9n a la formaci\u00f3n del juicio de hecho (cfr. SSTS 12-6-00 y 9-6-00, entre otras), tanto m\u00e1s cuanto su resultado queda, por lo general, al margen de la revisi\u00f3n por medio de los recursos extraordinarios, no puede olvidarse que tambi\u00e9n ha declarado que dicho deber procesal no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que la parte pueda tener (SSTS 3-6-99, 16-5-00 y 31-1-01, que cita SSTC 6-6-94 y 27-3-00, y SSTS 17-2-96, 22-5-97 y 20-12-00 y m\u00e1s recientemente de 14\/11\/2005 y 20\/6\/2007 rec. n\u00fam. 3022\/2000).\n<\/p>\n

\n No hay falta de motivaci\u00f3n porque, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial (sentencias de 5 de noviembre de 2004, 17 de junio de 2004 y 3 de febrero de 2005 entre otras muchas, anteriores) y constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 187\/2000, de 10 de julio y 214\/2000, de 18 de septiembre), se cumple este requisito cuando se razona correcta y suficientemente el fallo de la sentencia, sea estimatorio o desestimatorio de la demanda sin que pueda identificarse el deber de motivaci\u00f3n con motivaci\u00f3n satisfactoria para la parte, debiendo distinguirla de las peculiares interpretaciones de valoraci\u00f3n de la prueba y de la fijaci\u00f3n de los hechos probados, y sin que pueda ampararse en la falta de motivaci\u00f3n la revisi\u00f3n del acervo probatorio (STS 15-10-01).\n<\/p>\n

\n Esto, y no otra cosa, es lo que subyace bajo la denuncia que integra el recurso, en el que la parte recurrente pretende revisar la valoraci\u00f3n que se realiza de la prueba practicada, intentando, bajo la denuncia de falta de ajuste de los razonamientos de la Sentencia a las reglas de la l\u00f3gica y la raz\u00f3n, imponer su propia valoraci\u00f3n de aquella para llegar a la conclusi\u00f3n de que los cambios constantes en el proyecto inicial de la edificaci\u00f3n no son la causa de que las obras no se hubieran terminado en la fecha prorrogada, impugnando en este motivo, la valoraci\u00f3n conjunta de la prueba que realiza la Audiencia, mediante alegaciones que se realizan con car\u00e1cter gen\u00e9rico y sin utilizar el cauce adecuado. En este sentido, el hecho de que se hayan desplazado hacia el \u00e1mbito del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal las cuestiones relativas a la determinaci\u00f3n de los hechos, la distribuci\u00f3n de la carga y la valoraci\u00f3n de la prueba, y, en general, la formaci\u00f3n del juicio de hecho, no autoriza para convertir este recurso en una nueva instancia en la que pueda valorarse nuevamente toda la prueba de autos y en donde quepa la revisi\u00f3n completa de la resultancia probatoria obtenida en la instancia, pues tal cosa pugna con la naturaleza extraordinaria de este recurso”.\n<\/p>\n

\n En relaci\u00f3n a la vulneraci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva, por haberse dictado una sentencia que incurre en falta de motivaci\u00f3n debe recordarse que el derecho de tutela judicial efectiva es un derecho de naturaleza prestacional; el Tribunal Constitucional en su sentencia 96\/2005, de 18 de abril, declara: “Es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface, en esencia, con una respuesta jur\u00eddicamente fundada, motivada y razonable de los \u00f3rganos jurisdiccionales a las 12\n<\/p>\n

\n pretensiones de quien acude a ellos para la defensa de sus intereses. Cabe, en consecuencia, constatar la vulneraci\u00f3n de este derecho fundamental cuando se priva a su titular del acceso a la jurisdicci\u00f3n; cuando, personado ante ella, no obtiene respuesta; cuando, obteniendo respuesta, \u00e9sta carece de fundamento jur\u00eddico o dicho fundamento resulta arbitrario; o cuando, obteniendo respuesta jur\u00eddicamente fundada, el fallo judicial no se cumple”.\n<\/p>\n

\n En el presente caso, las recurrentes han obtenido una resoluci\u00f3n fundada en derecho – por m\u00e1s que la decisi\u00f3n resulte contraria a sus intereses- de forma tal que lo argumentado en el motivo soslaya la indicada naturaleza prestacional del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 8\/1998, de 13 de enero, FJ 3; 115\/1999, de 14 de junio, FJ 2; 122\/1999, de 28 de junio, FJ 2; 108\/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 158\/2000, de 12 de junio, FJ 5; 252\/2000, de 30 de octubre, FJ 2; y 3\/2001, de 15 de enero, FJ 5), y prescinden del Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia recurrida, cuyo contenido, en lo que interesa ha quedado m\u00e1s arriba recogido. En definitiva, la particular apreciaci\u00f3n de la parte de que se ha vulnerado su derecho de tutela efectiva, basada en la obtenci\u00f3n de una resoluci\u00f3n, que a su entender, incurre en falta de motivaci\u00f3n, carece manifiestamente de fundamento y por ello no puede ser acogida la infracci\u00f3n denunciada.\n<\/p>\n

\n Sexto<\/strong>.- Finalmente debe examinarse el motivo anudado al art\u00edculo 386 LEC, que tal como alega la parte recurrente dicho motivo si fue incluido en el escrito de preparaci\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, si bien dentro del apartado IV) POR INFRACCI\u00d3N DEL ART\u00cdCULO 319.1 LEC, como error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, lo que no ha de impedir su examen en este tr\u00e1mite.\n<\/p>\n

\n Afirma la parte recurrente en su escrito de alegaciones que el proceso deductivo de la sentencia no se ajusta en ning\u00fan caso a las reglas de la l\u00f3gica, toda vez que el hecho deducido no es producto de una inferencia l\u00f3gica desarrollada a partir de los hechos acreditados y adem\u00e1s falta un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho deducido, seg\u00fan las reglas del criterio humano y siempre desde el respeto de los hechos base de la deducci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Sin embargo, la sentencia objeto del presente recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal no infringe en modo alguno el art\u00edculo 386 LEC, que permite las presunciones judiciales y conforme al cual a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podr\u00e1 presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo seg\u00fan las reglas del criterio humano.\n<\/p>\n

\n En efecto, la sentencia enjuiciada, en el apartado C) de su fundamento jur\u00eddico tercero, comienza por aceptar la profusi\u00f3n de elementos de prueba recogidos en la instancia y en la resoluci\u00f3n que se acompa\u00f1a en el rollo de apelaci\u00f3n \u2013que, adem\u00e1s de tener en cuenta el documento n\u00ba 19, acompa\u00f1ando al escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, literalmente expresa que <\n<\/p>\n

\n litigio eran considerados propiedad de Crist\u00f3bal y que pasaron tras su muerte a su hermana Pilar y a sus nietos, que ya resid\u00edan en las fincas ayudando a su administraci\u00f3n, as\u00ed como la ausencia de residencia habitual en las mismas del padre de las demandadas reconvencionales, llev\u00e1ndose a cabo la construcci\u00f3n a su vista sin que el mismo se opusiera ni a la posesi\u00f3n ni a la construcci\u00f3n en ning\u00fan momento de su vida>>- concluyendo que <>, destacando el documento, n\u00ba 19, acompa\u00f1ando al escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, que acredita la existencia de un pr\u00e9stamo de D. Crist\u00f3bal a favor de su suegro, D. Ram\u00f3n y del compromiso de \u00e9ste a devolver la suma prestada en la misma moneda o en fincas de su propiedad, a\u00f1adiendo que la demostraci\u00f3n de tal hecho, es decir, de la devoluci\u00f3n de lo prestado mediante la entrega de fincas de su propiedad, queda corroborada ante la falta de documentaci\u00f3n relativa a la cancelaci\u00f3n material del pr\u00e9stamo mediante devoluci\u00f3n dineraria y por la propia realidad de exteriorizaci\u00f3n dominical -enti\u00e9ndese que de las fincas controvertidas- por parte de D. Crist\u00f3bal sin oposici\u00f3n de herederos directos, resto de hijos de D. Ram\u00f3n; hechos probados que permiten al juzgador establecer la presunci\u00f3n de que entre las fincas entregadas en pago del pr\u00e9stamo recibido se encontraban las fincas objeto de disputa con la consecuencia de haberse producido un cambio de titularidad respecto de ellas. Resulta as\u00ed que entre el hecho demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo seg\u00fan las reglas del criterio humano, como es la existencia de un pr\u00e9stamo, la devoluci\u00f3n mediante entrega de fincas y la presunci\u00f3n de que entre las fincas entregadas se encuentran las controvertidas, considerada la posesi\u00f3n a t\u00edtulo de due\u00f1o, p\u00fablica, pac\u00edfica y no interrumpida de las mismas por D. Crist\u00f3bal.\n<\/p>\n

\n Debe, en atenci\u00f3n a cuanto ha quedado expuesto y razonado, declararse la inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal al concurrir el supuesto previsto en el art\u00edculo 473.2.2\u00ba de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1\/2000, de 7 de enero, por carecer manifiestamente de fundamento, de acuerdo con los criterios que se contienen en consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 217.3 (carga de la prueba), 218.1 (claridad, precisi\u00f3n y congruencia de las sentencias), 218.2 (motivaci\u00f3n de las sentencias), 319.1 (fuerza probatoria de los documentos p\u00fablicos) y 386 LEC.\n<\/p>\n

\n S\u00e9ptimo<\/strong>.- Una vez determinada la inadmisi\u00f3n del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal procede examinar el recurso de casaci\u00f3n, en orden a determinar la posible concurrencia de la causa de inadmisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 483.2.2\u00ba LEC, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 481.1 y 477.1 de la LEC 2000, en atenci\u00f3n al criterio jurisprudencial seg\u00fan el cual el recurso de casaci\u00f3n implica plantear al tribunal cuestiones jur\u00eddicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, ni desarrollar la fundamentaci\u00f3n del recurso al margen de la base f\u00e1ctica de la sentencia impugnada.\n<\/p>\n

\n La parte recurrente manifest\u00f3 en su escrito de alegaciones su disconformidad con la providencia, de 11 de junio de 2009, al considerar que el recurso de casaci\u00f3n por ella interpuesto cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, bas\u00e1ndose en la infracci\u00f3n de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del 14\n<\/p>\n

\n proceso. Asimismo, se reiter\u00f3 en el contenido del escrito de recurso de casaci\u00f3n, en que se\u00f1al\u00f3 como motivos: 1) La infracci\u00f3n del art\u00edculo 13.2 Cc. en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 6.2 y 3 Cc.; 2) Por inaplicaci\u00f3n de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco; 3) Por aplicaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculo 112, 113, 114, 115, 116 y 123 de la Ley 3\/1992, de 1 de julio; 4) Por infracci\u00f3n de los art\u00edculos 33 y 205 de la Ley Hipotecaria; 5) Infracci\u00f3n por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1940, 1941, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1959 y 7.1 Cc.; y 6) Infracci\u00f3n por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1942 Cc.\n<\/p>\n

\n El recurso de casaci\u00f3n no puede prosperar por no ajustarse a lo previsto en el art. 483 de la LEC , seg\u00fan constante doctrina del Tribunal Supremo, aplicada desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000. En efecto conviene recordar que Alto Tribunal, en Autos resolutorios de recursos de queja y de inadmisi\u00f3n de recursos de casaci\u00f3n interpuestos, con ocasi\u00f3n del examen los requisitos exigibles al escrito preparatorio del recurso de casaci\u00f3n – indicaci\u00f3n de la infracci\u00f3n legal cometida y, en su caso, acreditaci\u00f3n del “inter\u00e9s casacional”- y muy especialmente al precisar el \u00e1mbito de los recursos de casaci\u00f3n y extraordinario por infracci\u00f3n procesal, ya en fase de interposici\u00f3n del recurso, ha reiterado que el recurso de casaci\u00f3n implica plantear al Tribunal Supremo cuestiones jur\u00eddicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, en cuanto dicho recurso, por su funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica (funci\u00f3n del Tribunal Supremo consistente en depurar las normas legales fijando su correcta interpretaci\u00f3n), tiene una clara finalidad de control en la aplicaci\u00f3n de la norma -a la que se a\u00f1ade, en el caso del recurso de casaci\u00f3n basado en la existencia de “inter\u00e9s casacional”, la m\u00e1s predominante, de creaci\u00f3n de jurisprudencia- que, avanzando en la configuraci\u00f3n que la LEC 1\/2000 hace de la casaci\u00f3n, ha llevado a esta Sala a declarar la improcedencia de aquellos recursos, incluso advertida por v\u00eda de queja en fase de preparaci\u00f3n, en los que no se respetaba la base f\u00e1ctica de la Sentencia impugnada, y tambi\u00e9n la de aquellos en los que se planteaba en el recurso una cuesti\u00f3n que, amparada en la apariencia generada por el cumplimiento de los requisitos puramente formales, no afectaba a los razonamientos en los que la Audiencia basaba la Sentencia de segunda instancia, planteando as\u00ed una cuesti\u00f3n jur\u00eddica sustantiva que, de resolverse por este Tribunal, no afectar\u00eda al fallo perjudicial al recurrente que justifica el recurso, en cuanto la verdadera ratio decidendi<\/em> (fundamento de la decisi\u00f3n) resultaba soslayada en el mismo.\n<\/p>\n

\n O como tambi\u00e9n se dice en el ATS, Civil secci\u00f3n 1, del 17 de Noviembre del 2009, <ratio decidendi<\/em> (fundamento de la decisi\u00f3n), tambi\u00e9n concurre cuando la parte recurrente, olvidando que no se halla ante una tercera instancia, intenta reproducir, sin m\u00e1s, la controversia ante esta sede desde su particular planteamiento, olvidando as\u00ed que el recurso de casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia, sino una modalidad de recurso extraordinario, en el que prevalece la finalidad de control de la aplicaci\u00f3n de la norma y de creaci\u00f3n de doctrina jurisprudencial, lo que exige plantear al Tribunal Supremo cuestiones jur\u00eddicas, de un modo preciso y razonado, pero siempre sin apartarse de los hechos, pues no\n<\/p>\n

\n cabe la revisi\u00f3n de la base f\u00e1ctica de la Sentencia de segunda instancia, como ya se ha dicho, de ah\u00ed que el vicio de la ” petici\u00f3n de principio “o de hacer” supuesto de la cuesti\u00f3n”, contin\u00fae determinando inexorablemente la improcedencia del recurso de casaci\u00f3n, que por la obvia raz\u00f3n de impedirle cumplir sus estrictas y espec\u00edficas funciones, que est\u00e1n por encima de la defensa del “ius litigatoris<\/em> ” (inter\u00e9s de las partes), de manera tal que, aunque formalmente atribuye a la Sentencia impugnada la infracci\u00f3n de concretos preceptos sustantivos, sus argumentos discurren al margen de lo que constituir\u00eda un adecuado razonamiento de su vulneraci\u00f3n, reiterando lo que tan s\u00f3lo es su visi\u00f3n del litigio, circunstancia que de manera inevitable conduce a que el escrito de interposici\u00f3n discurra como un escrito alegatorio propio de la instancia y no, como resulta exigible, desarrollando adecuadamente -mediante la exposici\u00f3n de los fundamentos, seg\u00fan la literalidad del art. 481.1 LEC 1\/2000- las vulneraciones sustantivas que considera producidas en la Sentencia recurrida>>. Pues, como la se\u00f1alada resoluci\u00f3n tambi\u00e9n declara <>.\n<\/p>\n

\n La aplicaci\u00f3n de los criterios jurisprudenciales expuestos al caso que se examina permite concluir que nos hallamos ante un supuesto de interposici\u00f3n defectuosa del recurso, ya que la parte recurrente articula el recurso de casaci\u00f3n invocando la infracci\u00f3n de los art\u00edculos establecidos en su recurso desde una contemplaci\u00f3n de los hechos, tal como expresamente establece en la parte que intitula “Preliminar” de su escrito de recurso de casaci\u00f3n, diferente a la constatada por la sentencia recurrida, eludiendo aquellas cuestiones de hecho que le perjudican, incurriendo en el defecto casacional de supuesto de la cuesti\u00f3n al obviar los hechos declarados probados e intentar una nueva e imposible valoraci\u00f3n en casaci\u00f3n de la prueba practicada, lo que es, como se dice en el ATS, de 17 de noviembre del 2009, contrario a la t\u00e9cnica casacional en tanto que la misma exige razonar sobre la infracci\u00f3n legal, prescindiendo de los hechos y de la valoraci\u00f3n probatoria, planteando ante esta Sala una cuesti\u00f3n de derecho material en relaci\u00f3n con los fundamentos de la Sentencia recurrida determinantes de su fallo, exigencia contenida en el art. 477.1, en relaci\u00f3n con el art. 481.1 de la LEC 2000, con la consecuencia de que en el presente caso no se plantea a la Sala una verdadera vulneraci\u00f3n sustantiva, presupuesto ineludible de este recurso, dada su finalidad nomofil\u00e1ctica, sino una visi\u00f3n parcial y subjetiva de los hechos y de la valoraci\u00f3n probatoria; de manera tal que, el hecho de que se hayan cumplido los requisitos formales relativos a la denuncia de unas infracciones sustantivas, relacionadas con las cuestiones objeto de debate y se desarrollen unas alegaciones, no justifica, sin m\u00e1s, la admisi\u00f3n de un recurso en el que prevalece claramente el derecho declarado en la sentencia objeto del\n<\/p>\n

\n recurso de casaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Octavo<\/strong>.- Resultado de lo anteriormente expuesto y razonado es la procedencia de declarar la competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco para conocer del presente recurso de casaci\u00f3n y del recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal; as\u00ed como la inadmisi\u00f3n a tr\u00e1mite de ambos por los motivos expuestos, con imposici\u00f3n de las costas procesales a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 398 Cc. en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 394 Cc.\n<\/p>\n

\n En consecuencia de todo lo anterior,\n<\/p>\n

\n LA SALA ACUERDA<\/strong>\n<\/p>\n

\n Declarar su competencia para conocer de los recursos de casaci\u00f3n y extraordinario por infracci\u00f3n procesal, interpuestos por la Procuradora de los Tribunales D.\u00aa Matilde Viejo Casans, posteriormente sustituida por D.\u00aa Asunci\u00f3n Hurtado Madariaga, en representaci\u00f3n de D. Jos\u00e9 Mar\u00eda, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de D.\u00aa M.\u00aa Luisa, D.\u00aa Margarita Teresa y D.\u00aa Azucena, contra sentencia dictada por la Secci\u00f3n Cuarta, de la Audiencia Provincial de Bizkaia, con fecha 28 de julio de 2006, en el Rollo de Apelaci\u00f3n ordinario L2 n\u00ba 440\/05.\n<\/p>\n

\n Inadmitir a tr\u00e1mite dichos recursos con archivo de las actuaciones.\n<\/p>\n

\n Condenando a la parte recurrente al pago de las costas procesales devengadas en esta instancia.\n<\/p>\n

\n Lo acordaron, mandaron y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Iltmos. Seres. Magistrados del margen, de lo que yo, la Secretario, doy fe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tres hermanas reclaman, como herederas de su padre, unas fincas de Barakaldo doblemente inmatriculadas y, en su caso, la saca foral como tronqueras; la Audiencia tuvo por probado que el bisabuelo las entreg\u00f3 al abuelo en pago de un pr\u00e9stamo. El TSJ del Pa\u00eds Vasco se declara competente e inadmite sin entrar en el fondo ambos recursos: el de infracci\u00f3n procesal carece manifiestamente de fundamento y el de casaci\u00f3n parte de hechos distintos de los probados.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[1150],"materia":[1180],"organo":[1876],"tipo_resolucion":[1911],"ambito":[1915],"class_list":["post-11439","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-jurisprudencia","materia-derecho-procesal-y-fuero","organo-tribunal-superior-de-justicia-del-pais-vasco","tipo_resolucion-auto","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11439"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11439"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11439"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11439"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}