{"id":11391,"date":"2025-10-06T18:37:52","date_gmt":"2025-10-06T16:37:52","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sts-de-29-de-marzo-de-1969\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:19","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:19","slug":"sts-de-29-de-marzo-de-1969","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sts-de-29-de-marzo-de-1969\/","title":{"rendered":"STS de 29 de marzo de 1969"},"content":{"rendered":"

\n STS de 29 de marzo de 1969<\/strong>\n<\/p>\n

\n En la villa de Madrid, a,29 de marzo de 1969; en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia de Durango, y en grado de apelaci\u00f3n ante la Sala de lo Civil .de la Audiencia Territorial de Burgos, por do\u00f1a Jesusa Aldecoa Arana, mayor de edad, sus labores, asistida de su esposo, don Francisco Arizmendi Olabarr\u00eda, mayor de edad, empleado, y vecinos ambos de Vitoria, contra don Juan Ateca Echeverr\u00eda, casado, labrador y avecino de Me\u00f1aca; don L\u00e1zaro Goyenaga Asolo, soltero, labrador y vecino de Mungu\u00eda; don Juan Bautista Ar\u00f3stegui Villalabeitia, casado, labrador y vecino de Mungu\u00eda; don Eustaquio Gangoiti Llona, casado, labrador y avecino de Fr\u00faniz; don Jos\u00e9 Garc\u00eda Fern\u00e1ndez, casado, labrador y vecino de Mungu\u00eda; don Juan Garay Ol\u00e1zar, casado, empleado y vecino de Fr\u00faniz; don Anastasio Elguez\u00e1bal Egu\u00eda, casado, labrador y vecino de Mungu\u00eda; don Juan Ercoreca Elorriaga, casado, labrador y vecino de Mungu\u00eda; don Luciano Uriarte Ercoreca, soltero, labrador y vecino de Mungu\u00eda; don Juan Veldarra\u00edn Urrutia, soltero, empleado y vecino de Mungu\u00eda; don Juan Antonio Ibarz\u00e1bal Atela, casado, labrador y vecino de G\u00e1miz-Fica; don Eugenio Axpe Lecumberri, casado, empleado y vecino de Bilbao; do\u00f1a In\u00e9s Am\u00e9zaga Argaluza, viuda, labradora y vecina de Mungu\u00eda; don Pedro Legarrata Rique, casado, labrador y vecino de Mungu\u00eda; do\u00f1a Mar\u00eda Bego\u00f1a Legarreta Lotina, soltera, labradora y vecina de Fr\u00faniz; don Francisco Elorriaga Iturri, soltero, labrador y vecino de Fr\u00faniz; don Juan Cruz Larrastegui Maturana, mayor de edad, casado, industrial y vecino de Bilbao, y don Jos\u00e9 Antonio Itza Acu\u00f1o, mayor de edad, industrial y vecino de Bilbao; don Juli\u00e1n Aldecoa Olabarr\u00eda y su esposa, do\u00f1a Agapita Arana Arriega, mayores de edad, labradores y vecinos de Orozco; sobre nulidad de adjudicaci\u00f3n de fincas y otros extremos; autos pendientes ante este Tribunal Supremo, en virtud de recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de Ley, interpuesto por la parte demandante, representada por el Procurador don Juli\u00e1n Zapata D\u00edaz y defendida por el Letrado don Jos\u00e9 Mar\u00eda Villar; habiendo comparecido ante este Tribunal Supremo los demandados y recurridos, don Juan Ateca Echevarr\u00eda, don L\u00e1zaro Goyenaga Asolo, don Juan Bautista Ar\u00f3stegui Villalabeitia, don Eustaquio Gangoiti Llona, don Jos\u00e9 Garc\u00eda Fern\u00e1ndez, don Juan Garay Ol\u00e1zar, don Carlos Mandal\u00faniz Isasi, don Anastasio Elguez\u00e1bal Egu\u00eda, con Juan Ercoreca Elorriaga, don Luciano Uriarte Ercoreca, don Juan Cruz Larre\u00e1tegui Maturana y don Jos\u00e9 Antonio liza Acucio, representados por el Procurador don Saturnino Est\u00e9vez Rodr\u00edguez y defendidos por el Letrado don Felipe Ruiz de Velasco.\n<\/p>\n

\n Resultando que mediante escrito de fecha 20 de octubre de 1965, do\u00f1a Jesusa Aldecoa Araza, representada por un Procurador, dedujo ante el Juzgado de Primera Instancia de Durango demanda contra don Juan Ateca Echevarr\u00eda, don L\u00e1zaro Goyenaga Asolo, don Juan Bautista Ar\u00f3stegui Villalabeitia, don Eustaquio Gangoiti Llona, don Jos\u00e9 Garc\u00eda Fern\u00e1ndez, don Juan Garay Ol\u00e1zar, don Carlos Mandal\u00faniz Isasi, don Anastasio Elguez\u00e1bal Egu\u00eda, don Juan Ercoreca Elorriaga, don Luciano Uriarte Ercoreca, don Juan Veldarra\u00edn Urrutia, don Juan Antonio Iraz\u00e1bal Atela, don\n<\/p>\n

\n Eusebio Axpe Lecumberri, do\u00f1a In\u00e9s Am\u00e9zaga Argaluza, don Pedro Legarreta Rique, do\u00f1a Mar\u00eda Bego\u00f1a Legarreta, don Francisco Elorriaga Iturri, don Juli\u00e1n Aldecoa Olabarr\u00eda, do\u00f1a Agapita Arana Arriaga, don Jos\u00e9 Antonio Itza Acudo y don Juan Cruz Larretegui, exponiendo sustancialmente como hechos: Primero. Que la actora era hija de los demandados don Juli\u00e1n Aldecoa y do\u00f1a Agapita Arana, natural de Orozco, al igual que su esposo, en cuya localidad hab\u00eda residido y vivido ininterrumpidamente, hasta hac\u00eda escasamente tres a\u00f1os, en que por circunstancias de trabajo del esposo se trasladaron a Vitoria, por lo que eran aforados vizca\u00ednos; documentos n\u00fameros 1 y 2.\u2013 Segundo. Que la actora, en el a\u00f1o 1965, hab\u00eda tenido conocimiento que en el Juzgado n\u00famero 5 de los de Bilbao se segu\u00eda juicio ejecutivo a instancia de los demandados, a excepci\u00f3n de don Juli\u00e1n Aldecoa, do\u00f1a Agapita Arana, don Jos\u00e9 Antonio Itza y don Juan Cruz, contra don Juli\u00e1n Aldecoa y do\u00f1a Agapita Arana, como consecuencia de pr\u00e9stamos hipotecarios verificados por aqu\u00e9llos a los ejecutados, en reclamaci\u00f3n de pesetas 1.300.000 de principal, 260.000 de intereses devengados y no abonados, as\u00ed como los que en lo sucesivo vencieren y las costas del procedimiento; que los bienes objeto de la hipoteca fueron: Primero. Casa llamada “Irurizaga-goicoa”, n\u00fameros 18 y 19, con sus pertenecidos.\u2013 Segundo. Casa nombrada “Uruarrizaga-goicoa”, n\u00famero 20, con sus pertenecidos.\u2013 Tercero. Monte arbolar titulado Erratureta.\u2013 Cuarto. Caser\u00edn “Aldare-goicoa”, con sus pertenecidos.\u2013 Quinto. Heredad denominada “Chimuchucosoloa”.\u2013 Sexto. Monte llamado “Chimechu-burcandicoa”.\u2013 S\u00e9ptimo. Monte llamado “Chimechu-burue-meticoa”.\u2013 Octavo. Monte nombrado “Goicosologoyena”.\u2013 Noveno. un trozo de jaro, hoy heredad, que mide 1.210 estados.\u2013 D\u00e9cimo. Monte llamado “Olaeguebide” o “Chomichuondo”.\u2013 Und\u00e9cimo. Porci\u00f3n de 13 \u00e1reas y 62 centi\u00e1reas del monte titulado “Iguerlanda”.\u2013 Duod\u00e9cimo. Monte denominado “Arriurdi-goicoa”.\u2013 Y Decimotercero. Monte conocido por “Iturrisicu”; que las tres primeras fincas fueron donadas a don Juli\u00e1n Aldecoa por su padre, por s\u00ed y como comisario de su fallecida esposa, y las restantes las donaron a do\u00f1a Agapita Arana sus padres, seg\u00fan constaba en escritura notarial otorgada en 12 de abril de 1913, que acompa\u00f1aba como documento n\u00famero 13.\u2013 Tercero. Que de la documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada se deduc\u00eda que la actora era vizca\u00edna aforada y pariente tronquero de don Juli\u00e1n Aldecoa y do\u00f1a Agapita Arana, as\u00ed como que los bienes objeto de donaci\u00f3n eran bienes troncales, y sitos en territorio sometido a la Compilaci\u00f3n del Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava, por lo que la actora estaba legalmente capacitada para ejercitar la presente acci\u00f3n.\u2013 Cuarto. Que las fincas anteriormente descritas fueron adjudicadas a los acreedores hipotecarios, a petici\u00f3n de los mismos, por precio de 1.333.333,33 pesetas, como acreditaba en el documento n\u00famero 4 que acompa\u00f1aba, pero sin que en tal procedimiento se verificaran los oportunos y pertinentes llamamientos forales.\u2013 Cuarto bis. Que con posterioridad los ejecutantes-adjudicatarios hab\u00edan procedido a vender a los codemandados don Jos\u00e9 Antonio Itza y don Juan Cruz Larre\u00e1tegui las fin\u00adcas citadas.\u2013 Quinto. Que se remit\u00eda a los Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 5 de Bilbao, a los archivos de los Registros de la Propiedad de Durango y a los de Bilbao, distrito de Oriente; a los del Juzgado de Primera Instancia de Durango y a los del Registro Civil de Orozco, y el protocolo del Notario que fue de Bilbao se\u00f1or Ur\u00edzar.\n<\/p>\n

\n Aleg\u00f3 los fundamentos legales que estim\u00f3 pertinentes y termin\u00f3 con la s\u00faplica de que se dictase sentencia en su d\u00eda por la que se declarase: Primero. La anulaci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n verificada a los demandados, a excepci\u00f3n de los se\u00f1ores Aldecoa, Itza, Larre\u00e1tegui y do\u00f1a Agapita Arana de las fincas descritas en el documento n\u00famero 4 de la demanda, a virtud del auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao con fecha 26 de noviembre de 1964, y por cuya virtud devinieron aquellos en titulares registra-les de aquella finca, y ello por no haberse causado los llamamientos forales que ordenaba la Compilaci\u00f3n.\u2013 Segundo. La anulaci\u00f3n, igualmente, y por consecuencia de lo anterior, de la venta realizada a los se\u00f1ores Itza y Larre\u00e1tegui, por los demandados, a excepci\u00f3n de dichos se\u00f1ores, as\u00ed como de don Juli\u00e1n Aldecoa y do\u00f1a Agapita Arana, y cuyo objeto fueron fincas descritas en el documento n\u00famero 4.\u2013 Tercero. La nulidad y, consecuentemente, la cancelaci\u00f3n de las inscripciones causadas en los Registros de la Propiedad de Durango y Bilbao \u2013Distrito de Oriente\u2013, sobre las fincas que eran objeto de la demanda, como consecuencia de la adjudicaci\u00f3n referida en el apartado primero.\u2013 Cuarto. La nulidad y consecuentemente la cancelaci\u00f3n de las inscripciones causadas en los Registros de la Propiedad de Durango y Bilbao \u2013Oriente\u2013, sobre las fincas que eran objeto de la demanda, como consecuencia de la venta a que se hac\u00eda referencia en el apartado segundo.\u2013 Quinto. La adjudicaci\u00f3n de las fincas troncales referidas en el documento n\u00famero 4 de la demanda a la actora, por el precio que se se\u00f1alase a trav\u00e9s del procedimiento marcado por la Compilaci\u00f3n del Derecho Civil de Vizcaya y \u00c1lava; condenando a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, con imposici\u00f3n de las costas a los mismos. Por otros\u00ed se solicit\u00f3 la anotaci\u00f3n preventiva de la demanda.\n<\/p>\n

\n Resultando que admitida a tr\u00e1mite la demanda y emplazados los demandados, se personaron en autos, y en primer lugar el Procurador don \u00c1ngel Zabala Mintegui, en nombre de don Jos\u00e9 Antonio Itza Acurio y don Juan Cruz Larre\u00e1tegui Maturana, con escrito de fecha 29 de diciembre de 1965, contest\u00f3 y se opuso a la demanda, exponiendo como hechos: Primero. Que las circunstancias expuestas de adverso no daban a la actora y su esposo la condici\u00f3n de aforados, y se remit\u00eda a la prueba que se practicase a dicho respecto.\u2013 Segundo. Que hac\u00edan constar que en contra de lo afirmado por la actora, respecto al conocimiento del juicio ejecutivo seguido a virtud del pr\u00e9stamo hipotecario a sus padres, otorgado por los demandados, la misma conoc\u00eda dicho pr\u00e9stamo, y la fecha del vencimiento, const\u00e1ndole la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de sus padres, con mucha anterioridad al pr\u00e9stamo, as\u00ed como la subasta de dichas fincas; que dichos hechos eran indiferentes para la tesis sostenida por los demandados de no ser necesarios los llamamientos formales en ventas o adjudicaciones formalizadas en procedimientos hipotecarios ya fueran ejecutivos o sumarios; que adoptaban del correlativo la radicaci\u00f3n de los bienes objeto del litigio en territorio de infanz\u00f3n vizca\u00edno, as\u00ed como el parentesco de la actora con sus padres, pero con reserva a su condici\u00f3n de aforada vizca\u00edna.\u2013 Tercero. Que seguramente por error material faltaba el hecho tercero de la demanda habiendo dos cuartos, por lo que el presente contestaba al cuatro de la demanda y en contra de \u00e9l hac\u00eda constar que los bienes o fincas discutidas fueron\n<\/p>\n

\n adjudicadas a los acreedores en el procedimiento ejecutivo, y precio de los dos tercios de aval\u00fao, ascendente a dos millones de pesetas, o sea, las 1.333.333,33 pesetas expresadas de contrario, mediante el auto judicial de fecha 26 de noviembre de 1964; que los llamamientos formales no se formalizaron, por no ser necesarios.\u2013 Cuarto. Que los demandados ya con anterioridad a la fecha de formalizaci\u00f3n escrituraria, hab\u00edan trasladado y convenido la adquisici\u00f3n por s\u00ed mismos de los ejecutantes adjudicatarios \u2013 tambi\u00e9n demandados\u2013 de algunas de las fincas o partes de ellas en litigio, otorgando la correspondiente escritura p\u00fablica de compra en 12 de agosto de 1965, ante Notario, seg\u00fan detalle y descripciones que se constaban en el documento citado y en precio escriturado y real de 1.800.000 pesetas y gastos a su cargo, seg\u00fan igualmente se consignaba en la misma; acompa\u00f1aba en prueba de ello copia simple de dicha escritura como documento n\u00famero uno. Aleg\u00f3 los fundamentos legales que estim\u00f3 pertinentes y termin\u00f3 con la s\u00faplica de que se dictase sentencia en su d\u00eda, por la que se absolviera de la demanda a los demandados, ordenando la cancelaci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de Durango, de los asientos en las acotaciones preventivas de la demanda, que se hubieran decretado o se decretasen a instancia de la actora, a la que se impondr\u00edan las costas del juicio.\n<\/p>\n

\n Resultando que a su vez el Procurador don Luis Mar\u00eda Aranda Larra\u00f1aga, en representaci\u00f3n de los demandados don Juan Ataca Echevarr\u00eda, don L\u00e1zaro Goyenaga Asolo, don Juan Bautista Ar\u00f3stegui Villalabeitia, don Eustaquio Gangoiti Llona, don Jos\u00e9 Garc\u00eda Fern\u00e1ndez, don Juan Garay Ol\u00e1zar, don Carlos Mandal\u00faniz Isasi, don Anastasio Elguez\u00e1bal Egu\u00eda, don Juan Ercoreca Elorriaga, don Luciano Uriarte Ercoreca, don Juan Veldarra\u00edn Urrutia, don Juan Antonio Iraz\u00e1bal Atela, don Eugenio Axpe Lecumberri, do\u00f1a In\u00e9s Am\u00e9zaga Argeluza, don Pedro Legarreta Rique, do\u00f1a Mar\u00eda Bego\u00f1a Legarreta y don Francisco Elorriaga Iturri, con escrito de fecha 30 de diciembre de 1965, contest\u00f3 y se opuso a la demanda, alegando como hechos: Primero. Que no reconoc\u00eda a los demandantes, por ser vecinos de Vitoria, la condici\u00f3n por ellos alegada de ser vizca\u00edno aforados.\u2013 Segundo. Que los demandados a solicitud de los padres de la actora, hab\u00edan hecho un pr\u00e9stamo de pesetas, 1.330.000, mediante escrituras notariales, otorgadas en 11 y 23 de marzo de 1961, constituy\u00e9ndose en garant\u00eda de dichos pr\u00e9stamos hipoteca sobre las fincas objeto del presente procedimiento, oblig\u00e1ndose los deudores al pago de los intereses que se pactaron por semestres vencidos y a la devoluci\u00f3n del capital prestado en el plazo de cuatro a\u00f1os; que los deudores pagaron solamente los intereses del primer semestre, por lo que a finales del a\u00f1o 1963 se hab\u00eda procedido al juicio ejecutivo correspondiente, ya que los intereses adeudados hab\u00edan llegado a la suma de 260.000 pesetas, aunque anteriormente se hab\u00edan realizado gestiones por el Letrado de los demandados, a fin de llegar amistosamente al cobro de la cantidad adeudada; que durante la tramitaci\u00f3n del juicio ejecutivo, asimismo, los demandados hab\u00edan intentado llegar al cobro de la cantidad adeudada de una manera amistosa, pero ante el fracaso de las gestiones realizadas, se tuvo que pedir la venta en p\u00fablica subasta de las fincas hipotecadas, subasta que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1964, ante el Juzgado de Bilbao, previa publicaci\u00f3n de edictos en la\n<\/p>\n

\n forma legal prevista, para estos casos, en la Ley de Enjuiciamiento Civil; que al quedar desierta la subasta, se adjudicaron las fincas a los acreedores mediante auto del Juzgado de 26 de noviembre de 1964; que aun despu\u00e9s de la ejecuci\u00f3n de las fincas los demandados por no interesarles las fincas hipotecadas, interesaron de los deudores el pago de la deuda, gesti\u00f3n que asimismo, no dio resultado positivo as\u00ed como las posteriores, realizadas en el mismo sentido de cobro de la deuda, a haberse pagado a la Delegaci\u00f3n de Hacienda el correspondiente impuesto por la transmisi\u00f3n de las fincas, que se hab\u00eda efectuado a favor de los demandados.\u2013 Tercero. Que los demandados para resarcirse de los cr\u00e9ditos y gastos que se les hab\u00edan ocasionado, concertaron la venta con los codemandados don Jos\u00e9 Antonio Itza y don Juan Cruz Larrastegui, que se formaliz\u00f3 mediante escritura p\u00fablica en 12 de agosto de 1965, no incluy\u00e9ndose en dicha escritura la totalidad de las fincas adjudicadas a los demandados.\u2013 Cuarto. Que adem\u00e1s de las costas del juicio ejecutivo los demandados se hab\u00edan visto obligados a pagar importantes cantidades, como eran el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, los honorarios por inscripci\u00f3n de las fincas en el Registro de la Propiedad y los de cancelaciones de las hipotecas y anotaciones preventivas del embargo y otras cantidades que don Juli\u00e1n Aldecoa ten\u00eda con la Recaudaci\u00f3n de Tributos \u2013documentos n\u00famero uno que acompa\u00f1aba.\u2013 Quinto. Que rechazaba los dem\u00e1s hechos en cuanto no estuvieran reconocidos en la contestaci\u00f3n. Aleg\u00f3 los fundamentos legales que estim\u00f3 pertinentes y termin\u00f3 con la s\u00faplica de que se dictase sentencia en su d\u00eda, desestimando la demanda e imponiendo las costas del juicio a la actora.\n<\/p>\n

\n Resultando que conferido traslado a las partes para evacuar los tr\u00e1mites de r\u00e9plica y s\u00faplica, lo verificaron por su orden, respectivamente, manteniendo las alegaciones de hecho y de derecho de sus escritos de demanda y contestaciones, suplicando se dictase sentencia, conforme ten\u00edan interesado.\n<\/p>\n

\n Resultando que recibido el pleito a prueba se practic\u00f3 a instancia de la parte actora, la de confesi\u00f3n judicial y testifical; a instancia de los demandados representados por el Procurador se\u00f1or Aranda, la de confesi\u00f3n judicial, y a solicitud de los demandados representados por el Procurador se\u00f1or Zabala, la documental; y unidas las pruebas a los autos y celebrada vista, con suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino para dictar sentencia, se acord\u00f3 por el Juzgado se celebrase el acto de conciliaci\u00f3n previo entre los actores y los demandados, que no hab\u00eda tenido lugar, y verificado con el resultado que consta en autos, y levantada la suspensi\u00f3n acordada, el Juez del Juzgado de Primera Instancia de Durango, con fecha 18 de marzo de 1967, dict\u00f3 sentencia por la que desestimando la demanda absolvi\u00f3 a los demandados de las pretensiones de la actora, sin hacer especial condena de las costas causadas en el procedimiento.\n<\/p>\n

\n Resultando que contra la expresada sentencia del Juzgado se interpuso por la representaci\u00f3n de la actora, recurso de apelaci\u00f3n que le fue admitido libremente y en ambos efectos, remiti\u00e9ndose las actuaciones a la Audiencia Territorial de Burgos; y sustanciada la alzada por sus tr\u00e1mites legales, la Sala de lo Civil de dicha Audiencia, con fecha 2 de abril de 1968, dict\u00f3 sentencia por la que desestimando la doble\n<\/p>\n

\n impugnaci\u00f3n formulada, en v\u00eda principal por la parte actora y adhesivamente por los demandados personados ante el Tribunal, contra citada sentencia del Juzgado, confirm\u00f3 en todas sus partes la citada sentencia, sin hacer especial declaraci\u00f3n de las costas de la alzada.\n<\/p>\n

\n Resultando que el Procurador don Juli\u00e1n Zapata D\u00edaz, a nombre de do\u00f1a Jesusa Aldecoa Arana, asistida de su esposo don Francisco Arizmendi Olabarr\u00eda, ha interpuesto ante este Tribunal Supremo recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de Ley, contra la sentencia de la Audiencia, amparado en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo los siguientes motivos:\n<\/p>\n

\n Primero.<\/strong>– Al amparo del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por haber incidido la sentencia recurrida en interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 58 de la vigente Compilaci\u00f3n del Derecho civil foral de Vizcaya y \u00c1lava, al entender el fallo recurrido que, conforme a dicho precepto legal, en las ejecuciones de bienes troncales no son precisos los llamamientos forales y la \u00fanica especialidad consiste en que los pariente tronqueros tienen facultad de concurrir a la subasta y adquirir los bienes por el precio de su tasaci\u00f3n; y alega que no existe ninguna cuesti\u00f3n de hecho que no est\u00e9 resuelta por los fallos recurridos y haya de discutirse en el presente recurso, puesto que conforme expresan los Considerandos primero y segundo de la Sentencia del Juzgado aceptados por la recurrida, la acci\u00f3n de nulidad de la adjudicaci\u00f3n judicial de determinados bienes ra\u00edces en procedimiento ejecutivo, se halla probado, que tales actos jur\u00eddicos, tuvieron por objeto bienes sitos en el Infanzonado, en donde rige dicha Compilaci\u00f3n, y que la actora conserva la vecindad civil vizca\u00edna y es pariente tronquero de los antiguos propietarios de los bienes, acci\u00f3n ejercitada fundamental al amparo del art\u00edculo 57 de la vigente Compilaci\u00f3n de Derecho Civil de Vizcaya; que el \u00fanico punto controvertido radica en si han de observarse los llamamientos forales en un proceso de ejecuci\u00f3n seguido conforme a los tr\u00e1mites de la Ley de Enjuiciamiento Civil \u2013Considerando tercero de la Sentencia del Juzgado\u2013; que si se examina de un modo aislado el art\u00edculo 58 de la Compilaci\u00f3n, se observa que su texto literal dice: “en ejecuci\u00f3n hipotecaria y en todos los dem\u00e1s casos en los que, al proceder contra bienes ra\u00edces, conste la valoraci\u00f3n, los parientes tronqueros tendr\u00e1n derecho a concurrir a la subasta para declarar su prop\u00f3sito de adquirir esos bienes por el precio en que se hallen valorados”; que el problema estriba precisamente en determinar si ese “derecho de los parientes tronqueros a concurrir a la subasta” debe ir o no precedido del llamamiento foral a que se refiere el art\u00edculo 52 de la propia Compilaci\u00f3n, y si, por consecuencia, la omisi\u00f3n de tal llamamiento produce la nulidad de la venta a causa de su inobservancia; que el repetido art\u00edculo 58 no puede ser interpretado aisladamente, sino que ha de serlo en armon\u00eda con las normas de los art\u00edculos 51 a 59 de la compilaci\u00f3n que integran el t\u00edtulo VIII de la misma y que se refieren a las enajenaciones de bienes troncales, y sin desde\u00f1ar las normas del antiguo Fuero de Vizcaya, al que ha venido a sustituir la Compilaci\u00f3n; que el hacerlo as\u00ed la sentencia recurrida llega a una conclusi\u00f3n a juicio de la recurrente, err\u00f3nea, ya que los art\u00edculos citados, conceden a los parientes tronqueros un derecho preferente de adquisici\u00f3n de bienes troncales, variando 6\n<\/p>\n

\n \u00fanicamente las enajenaciones forzosas respecto de las voluntarias, pero son algunos, no todos, de los requisitos o modalidades mediante las cuales el pariente tronquero, puede hacer efectivo su derecho preferente de adquisici\u00f3n; que en las enajenaciones forzosas, el pariente tronquero, debe verificarlo, concurriendo a la subasta y declarando all\u00ed su prop\u00f3sito de adquirir esos bienes precisamente por el precio en que se hallen valorados y no por uno inferior, ni tampoco por el superior, que pudiera resultar de las pujas que en la subasta se verifiquen por encima de aquel precio de valoraci\u00f3n \u2013art\u00edculo 58\u2013; que el derecho ha de ejercitarse ante el Juez y en el acto de la subasta y por el precio de valoraci\u00f3n; que en cambio en las ventas voluntarias, aunque ha de expresarse el precio de la enajenaci\u00f3n, y el Notario que haya de autorizarla \u2013art\u00edculo 52\u2013 el tronquero debe concurrir ante el Notario dentro del plazo de quince d\u00edas se\u00f1alado en los edictos \u2013 art\u00edculo 53, p\u00e1rrafo primero\u2013 y en el momento de concurrir “manifiesta si acepta el precio y las condiciones enunciadas o si opta por adquirir la finca por su justa valoraci\u00f3n” \u2013art\u00edculo 53, p\u00e1rrafo segundo\u2013, ya que de optar por esto \u00faltimo, no est\u00e1 obligado a pagar el precio que hubiera fijado el vendedor sino que tal precio ha de establecerse de mutuo acuerdo o por valoraci\u00f3n pericial, conforme determina el p\u00e1rrafo final del art\u00edculo 53; que la diferencia esencial estriba en que mientras en los casos de ejecuci\u00f3n en los que conste la valoraci\u00f3n de los bienes el pariente tronquero no puede adquirirlos m\u00e1s que por el precio en que se hallen valorados, en las ventas voluntarias tiene opci\u00f3n entre aceptar el precio en que el vendedor los haya valorado, o en exigir que tal precio se fije de mutuo acuerdo o por valoraci\u00f3n pericial; que el art\u00edculo 58 no reitera que en los casos de ejecuci\u00f3n al ir a procederse a la venta de los bienes deben hacerse los llamamientos forales que establece el art\u00edculo 52, pero tampoco indica que tales llamamientos forales no deban hacerse; que para llegar a una conclusi\u00f3n sobre el alcance e interpretaci\u00f3n de dicho art\u00edculo 58, era necesario poner el texto del mismo en armon\u00eda con otras normas legales \u2013art\u00edculos 51 a 59\u2013 que le serv\u00edan de complemento en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica, una interpretaci\u00f3n hist\u00f3rica y en interpretaci\u00f3n o doctrina legal reca\u00edda en relaci\u00f3n con ello; que eran contrarias por tanto a la realidad las afirmaciones que hac\u00eda en la sentencia recurrida \u2013Considerando cuarto\u2013 de que en el antiguo Fuero, no eran necesarios los llamamientos forales en las enajenaciones forzosas, y que aqu\u00e9l se limitaba a normar el derecho de preferente invocaci\u00f3n del criterio de los tratadistas que comentaron el Fuero; que tampoco pod\u00eda invocarse en contra el criterio que se sosten\u00eda por la doctrina de la Jurisprudencia, ni tan siquiera por la Sentencia de 30 de enero de 1926, citado en el Considerando cuarto de la sentencia recurrida, ya que dicha sentencia no se pronunci\u00f3 sobre el fondo; que lo mismo ocurr\u00eda con otras sentencias, entre otras las de 22 de mayo de 1950, 26 de noviembre de 1952, 4 de julio de 1955, 17 de octubre de 1956, 11 y 14 de octubre de 1960, 17 de enero, 4 de octubre y 22 de diciembre de 1962, 2 de mayo de 1964 y 6 de marzo de 1965; que en resumen nada se opon\u00eda y todos los criterios citados, coincid\u00edan en que el art\u00edculo 58 de la vigente Compilaci\u00f3n Foral de Vizcaya, deb\u00eda interpretare en el sentido de que en los casos de ejecuci\u00f3n forzosa de bienes troncales han de hacerse los llamamientos y publicarse los edictos a que se refiere el art\u00edculo 52 del propio texto legal; que tanto lo preceptuado por \u00e9ste, por el art\u00edculo 56 y por los 51 y 59 de la 7\n<\/p>\n

\n repetida Compilaci\u00f3n, resulta que es esa la interpretaci\u00f3n correcta, por lo que al no haberlo entendido as\u00ed los fallos recurridos, han incurrido en infracci\u00f3n de Ley, consistente en la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del repetido art\u00edculo 58.\n<\/p>\n

\n Segundo.\u2013<\/strong> Al amparo del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracci\u00f3n de Ley, por violaci\u00f3n de los art\u00edculos 52, 56 y 57 de la vigente Compilaci\u00f3n de Derecho Foral de Vizcaya y \u00c1lava; y alega que la sentencia recurrida ha violado el art\u00edculo 52, por permitir, que no obstante lo en \u00e9l dispuesto, se verifique y tenga lugar una venta de bienes troncales, sin que se anuncien p\u00fablicamente por medio de edictos fijados a la hora de la misa mayor de un domingo en la puerta de la Iglesia Parroquial de la Jurisdicci\u00f3n Eclesi\u00e1stica en que radiquen los bienes, y permaneciendo los edictos expuestos en plazo de quince d\u00edas; que igualmente ha violado el art\u00edculo 56 al permitir que, as\u00ed en el t\u00edtulo de enajenaci\u00f3n de los bienes troncales objeto de litigio, como en la correspondiente inscripci\u00f3n registral, se haya omitido consignar, si se dio o no el llamamiento foral, con las obligadas referencias al acta de fijaci\u00f3n del edicto y diligencias subsiguientes; que se ha incidido en las vio\u00adlaciones denunciadas y sobre la violaci\u00f3n del art\u00edculo 57, puesto que habiendo tenido lugar la venta de bien ra\u00edz troncal, sin el previo llamamiento foral del art\u00edculo 52 y no obstante de que los parientes tronqueros han instado judicialmente dentro del plazo de un a\u00f1o, la nulidad de dicha venta, no ha dado lugar a la misma, en abierta contradicci\u00f3n con tal precepto legal.\n<\/p>\n

\n Visto siendo Ponente el Magistrado don Emilio Aguado Gonz\u00e1lez.\n<\/p>\n

\n Considerando que como antecedentes obligados, antes de entrar en el examen de los motivos del recurso, es oportuno recordar: A) Que el retracto familiar o gentilicio, ha presentado siempre en Vizcaya, caracter\u00edsticas especiales que lo diferencian, visiblemente, de la instituci\u00f3n similar reglamentada en otras legislaciones forales y las que afectan: a) a la propia “denominaci\u00f3n”, por ser m\u00e1s conocido con el nombre de “saca foral” o “derecho de compra”; b) a su peculiar “naturaleza” que no era el ejercicio del derecho a subrogarse, directamente, en la posici\u00f3n jur\u00eddica del comprador, sino que implica el derecho a obtener la nulidad de la venta, otorg\u00e1ndose un nuevo contrato a favor del pseudo-retrayente; c) a las “condiciones” del contrato, ya que, los parientes, no ten\u00edan que comprar la ra\u00edz por el tanto, sino por un precio pericialmente fijado; y d) a su “extensi\u00f3n” que no se limitaba a los bienes adquiridos de los tronqueros, sino tambi\u00e9n a los procedentes de extra\u00f1os, consider\u00e1ndose que, en Vizcaya “toda ra\u00edz es troncar\u2013 B) Que la instituci\u00f3n, se reglamentaba en la ley primera, t\u00edtulo XVII del Fuero de Vizcaya, imponiendo a quien quisiera vender bienes ra\u00edces, la obligaci\u00f3n de anunciarlo en la parroquia de la anteiglesia en que radicaran, en presencia de escribano p\u00fablico y al tiempo de la procesi\u00f3n u ofrenda de la misa mayor, durante tres domingos consecutivos; el Fuero establec\u00eda esta obligaci\u00f3n, con car\u00e1cter general y se refer\u00eda, expresamente, a los casos de venta de bienes ra\u00edces, por raz\u00f3n de delito o malificio y a la efectuada por v\u00eda de donaci\u00f3n a cambio de recibir alimentos, sin alterar la sustancialidad de los llamamientos forales; no conten\u00eda, en cambio, regla alguna que afectase a los\n<\/p>\n

\n procedimientos judiciales, seguidos con car\u00e1cter general, para la efectividad de las obligaciones provenientes del campo civil, aunque era opini\u00f3n corriente entre los escritores regionales, sobre todo a partir de la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que no eran necesarios los llamamientos forales en los juicios ejecutivos, seguidos con arreglo a sus disposiciones.\u2013 C) Pese a los rasgos fison\u00f3micos especiales que presentaba la instituci\u00f3n, \u00e9sta fue perdiendo importancia con el cambio de cos\u00adtumbres a trav\u00e9s de los tiempos; y as\u00ed a finales de siglo, el propio representante de Vizcaya en la Comisi\u00f3n de C\u00f3digos, consignaba en la “Memoria” sobre las instituciones civiles de aquella regi\u00f3n, que, si bien las leyes del t\u00edtulo XVII 1<\/sup><\/a> del Fuero, eran de evidente importancia y trascendencia, respecto a las condiciones de la propiedad, no pod\u00eda desconocerse que, desde el tiempo en que se dictaron, hab\u00edan variado las circunstancias, por completo, no reput\u00e1ndose de tanto inter\u00e9s la conservaci\u00f3n de los bienes ra\u00edces en la familia, dado el cambio y progreso de las ideas y de los tiempos, as\u00ed como el mayor roce y comunicaci\u00f3n entre los que, antes, se consideraban como extra\u00f1os, todo lo que, al menos, hab\u00eda aminorado la importancia que antes se daba al derecho de que se trata y a\u00f1ad\u00eda que “si aquellas formalidades y limitaciones, pudieron sostenerse en otros tiempos, como convenientes, hoy deben considerarse, m\u00e1s bien, como un estorbo; sus ventajas, no pueden ponerse en parang\u00f3n, con los perjuicios que ocasionan; es indiscutible que, la propiedad ra\u00edz, pierde mucho de su estimaci\u00f3n, merced a esas cortapisas y que, la contrataci\u00f3n sobre inmuebles, en esta \u00e9poca de actividad y movimiento, se entorpece y dificulta, con tales disposiciones legales”.\u2013 D) Que, por su parte, la Ley de 30 de julio de 1959, sobre compilaci\u00f3n del Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava, tras de considerar que, el mismo es un verdadero Estatuto agrario y una anticipaci\u00f3n a las nov\u00edsimas tendencias de ordenaci\u00f3n jur\u00eddica del agro espa\u00f1ol, mediante una concentraci\u00f3n patrimonial y familiar “al servicio de esa \u00fanica preocupaci\u00f3n, el derecho especial de Vizcaya, es un instrumento, de tan sorprendente perfecci\u00f3n t\u00e9cnica, en el arm\u00f3nico equilibrio de sus instituciones, que, aun con todo su arcaico sabor, puede servir de modelo al legislador actual”, reconoce que “en el fondo, el principio supremo de la concentraci\u00f3n patrimonial, invade y preside, con id\u00e9ntica fuerza, todo el \u00e1mbito del Derecho Civil de Vizcaya” y “esa idea central, proporciona, por tanto, un criterio de valor absoluto, para la selecci\u00f3n de los preceptos genuinamente forales y, por ello, la Ley acoge en bloque y con todos los honores, esas instituciones jur\u00eddicas que tanto cr\u00e9dito han ganado, permaneciendo secularmente, al servicio de una aut\u00e9ntica pol\u00edtica de ordenaci\u00f3n territorial, limit\u00e1ndose a introducir los desarrollos t\u00e9cnicos necesarios en la configuraci\u00f3n interna de alguna de ellas, como los llamamientos forales…”; y, en su consecuencia, el t\u00edtulo VIII, se consagra a la materia “de la enajenaci\u00f3n de bienes troncales”, dedic\u00e1ndole los art\u00edculos 51 a 59, con los que termina el libro primero de las disposiciones aplicables en Vizcaya.\n<\/p>\n

\n 1<\/sup> Por simple error de transcripci\u00f3n la copia dec\u00eda “VIII-.\n<\/p>\n

\n Considerando que, con referencia al concreto caso de autos es de se\u00f1alar: A) Que, en la demanda, origen del pleito, se ejercita la acci\u00f3n de nulidad, respecto a la enajenaci\u00f3n efectuada en procedimiento judicial seguido para la efectividad de un cr\u00e9dito hipotecario, contra los padres de la actora, de las fincas que se especifican y que, en subasta p\u00fablica, fueron rematadas por algunos de los demandados en el pleito actual y parte de cuyas fincas, fueron con posterioridad, vendidas a otras personas, tra\u00eddas asimismo al litigio, en concepto de demandados; el fundamento del derecho que se ejercita, radica en el hecho de que, antes de la enajenaci\u00f3n, por v\u00eda judicial, no fueron hechos los llamamientos forales, con arreglo a la Compilaci\u00f3n vigente y que la parte actora estima necesarios; negada esta necesidad por los demandados comparecidos y seguido el pleito en sus dos instancias, ha reca\u00eddo sentencia concorde del Juzgado de primera instancia y de la Audiencia Territorial, desestimando la demanda, con principal fundamento en que, el tr\u00e1mite que se se\u00f1ala como emitido, no es de necesidad, pues los llamamientos forales no tienen raz\u00f3n de ser en las ventas judiciales, ya que su finalidad, est\u00e1 ampliamente conseguida, con la observancia de los preceptos contenidos en las leyes procesales, que, son de inexcusable aplicaci\u00f3n, en todo el territorio nacional. B) Que, contra el criterio sostenido en las sentencias de instancia (ya que la Audiencia hace suyos los considerandos de la dictada por el Juzgado y los ampl\u00eda) se alzan los dos motivos de que, el recurso consta, denunci\u00e1ndose en el primero, la infracci\u00f3n, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 58 de la vigente Compilaci\u00f3n y, en el segundo, la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 52, 56 y 57 de la misma; planteado as\u00ed, el tema del recurso, no es otro que el de resolver si en las ventas judiciales, tienen o no cabida los llamamientos forales, cuesti\u00f3n que ni antes ni despu\u00e9s de promulgarse la Compilaci\u00f3n Foral de Vizcaya, ha sido tra\u00edda a la decisi\u00f3n jurisprudencia].\n<\/p>\n

\n Considerando que del examen anal\u00edtico del contenido del T\u00edtulo VIII de la Compilaci\u00f3n de 30 de julio de 1959, surgen con entera claridad las observaciones siguientes: Primera: El mismo, comienza con un art\u00edculo que puede estimarse como de car\u00e1cter general, en el que se define el derecho a ejercitar, se se\u00f1alan sus beneficiarios y se precisa la preferencia entre ellos, configurando as\u00ed el elemento personal activo, sea cualquiera la clase de la enajenaci\u00f3n, voluntaria o forzosa, de que se trate (art\u00edculo 51).\u2013 Segunda: Desde el art\u00edculo 52 al 57, ambos inclusive, se regula el procedimiento que ha de seguirse, en las enajenaciones de car\u00e1cter voluntario, estableciendo la necesidad de los llamamientos forales, forma de efectuarlos, requisitos que ha de cumplir el tronquero adquirente, fijaci\u00f3n del precio, seg\u00fan se acepte o no la valoraci\u00f3n asignada a los bienes por el vendedor, tasaci\u00f3n de peritos en su caso, consignaci\u00f3n en la escritura de haberse realizado los llamamientos forales y efectos, tanto de la ausencia de ejercitantes del derecho de compra, como de la omisi\u00f3n de los requisitos prevenidos para la venta que, adem\u00e1s de voluntaria, ha de reputarse como extrajudicial, puesto que, aparte la certificaci\u00f3n que al pie del edicto, puede extender el Cura p\u00e1rroco, s\u00f3lo la autoridad del Notario, lleva el peso de la tramitaci\u00f3n que, por tanto, se presenta como ajena a toda intervenci\u00f3n judicial.\u2013 Tercera: el art\u00edculo 58, por el contrario, salvo la excepci\u00f3n contemplada en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del mismo, de acuerdo con el p\u00e1rrafo segundo del\n<\/p>\n

\n art\u00edculo 129 de la Ley Hipotecaria y que obliga a seguir los tr\u00e1mites establecidos en los art\u00edculos 234 y 236 del Reglamento de dicha Ley, con observancia de lo prevenido en el art\u00edculo 53, p\u00e1rrafo \u00faltimo de la Compilaci\u00f3n, se consagra, por entero a la regulaci\u00f3n del derecho de compra, en procedimiento judicial, como indican las frases que emplea de “ejecuci\u00f3n hipotecaria”; de “todos los dem\u00e1s casos en los que, al proceder contra bienes ra\u00edces…”; y de “aquellos otros casos de apremio…”, distinguiendo las hip\u00f3tesis de que, los bienes ra\u00edces, est\u00e9n valorados o no, fijando en este \u00faltimo evento, la forma de tasarlos y configurando la saca foral como el derecho de los parientes tronqueros a concurrir a la subasta, para declarar su prop\u00f3sito de adquirir esos bienes, por el precio en que se hayan valorado de antemano o se valoren por peritos, en la forma que se establece sin aludir, para nada, a los llamamientos forales.\u2013 Cuarta: Finalmente, el art\u00edculo 59, hace una extensi\u00f3n del derecho de compra, a toda transmisi\u00f3n onerosa de bienes troncales, incluso si se efect\u00faa por permuta, eventos que no encajan, exactamente, en la hip\u00f3tesis de la venta forzosa o por v\u00eda judicial y deben, por tanto, estimarse referidos a las transmisiones voluntarias de los referidos bienes.\n<\/p>\n

\n Considerando que este bosquejo anal\u00edtico del T\u00edtulo VIII de la Compilaci\u00f3n, puesto en relaci\u00f3n con los motivos integrantes del recurso, lleva a las siguientes conclusiones: A) Que no cabe aceptar la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 58, que, se pretende en el movimiento primero, habida cuenta: a) que si, el legislador, hubiera querido que, en las ventas judiciales, se observaran los llamamientos forales, con car\u00e1cter previo a los tr\u00e1mites procesales de publicidad, establecidos por la Ley rituaria, lo hubiera declarado as\u00ed, regulando la intervenci\u00f3n notarial, con car\u00e1cter previo, complementario o sustitutorio, pues, de lo contrario, habr\u00eda una dualidad de tr\u00e1mites que, se revela como innecesaria, complicada, confusa, costosa e in\u00fatil, frustrando el prop\u00f3sito, anunciado en la exposici\u00f3n de motivos, de prescindir de lo arcaico e introducir los desarrollos t\u00e9cnicos necesarios en la configuraci\u00f3n interna de algunas instituciones, como esta de los llamamientos forales a que, expresamente, hace referencia. B) Que, por el contrario, al regular; con evidente separaci\u00f3n, como queda expuesto, la materia de la enajenaci\u00f3n de los bienes troncales, distinguiendo la “voluntaria” y la “forzosa”, por v\u00eda judicial y no hablando de tales llamamientos, m\u00e1s que al referirse a la primera, es obvio que lo hizo por estimar que, en las ventas judiciales y seg\u00fan ya se vino entendiendo en el sector doctrinal y realizando en la pr\u00e1ctica, es porque, en los procedimientos ejecutivos, seguidos ante la autoridad judicial, la finalidad de aquellos llamamientos est\u00e1 cumplida notoria y ventajosamente, por los medios de publicidad establecidos en el ordenamiento procesal y que son de observancia rigurosa en todo el territorio nacional, bien se halle sometido al Derecho com\u00fan o al foral. C) Que, por ello, la alegaci\u00f3n hecha en el acto de la vista del recurso, fund\u00e1ndose en lo dispuesto en el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 1.495, en relaci\u00f3n con el p\u00e1rrafo primero del art\u00edculo 1.488 de la Ley procesal, de la necesidad de fijar los edictos “en los sitios p\u00fablicos de costumbre” entendiendo por tales, en el derecho vizca\u00edno, los tradicionalmente fijados para los llamamientos forales, no pasa de ser; a lo sumo, una pr\u00e1ctica recomendable, pero cuya omisi\u00f3n no puede producir la nulidad de la venta, por falta de publicidad, si se cumpli\u00f3 con lo dispuesto en la Ley\n<\/p>\n

\n procesal y menos a\u00fan en el caso de autos en que, como hizo observar la parte recurrida, no pod\u00eda pasar desapercibida la enajenaci\u00f3n, a la actora, por ser hija de las personas contra las que iba dirigido el procedimiento de apremio y, en todo caso, parar la eficacia del argumento esgrimido, en casaci\u00f3n, ser\u00eda necesario la prueba de la costumbre que, respecto a esas enajenaciones forzosas, ni siquiera se ha intentado acreditar. D) Que, por todo ello, no existe la infracci\u00f3n, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 58 de la Compilaci\u00f3n, lo que impone la desestimaci\u00f3n del motivo primero que, a su vez, comporta la del segundo, pues si los llamamientos forales, s\u00f3lo se imponen en las ventas voluntarias, no ha existido, en el caso de autos, la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 52, 56 y 57 que, en \u00e9l, se denuncian, por lo que, en definitiva, el recurso no puede prosperar y procede declararlo as\u00ed, con los pronunciamientos accesorios pertinentes, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 1.478 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.\n<\/p>\n

\n FALLAMOS<\/strong>\n<\/p>\n

\n Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de Ley interpuesto por don la representaci\u00f3n de do\u00f1a Jesusa Aldecoa Arana, asistida de su esposo don Francisco Arizmendi Olabarr\u00eda, contra la sentencia que con fecha 2 de abril de 1968, dict\u00f3 la Sala de lo Civil de la Audiencia, Territorial de Burgos; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas, y a la p\u00e9rdida de la cantidad que por raz\u00f3n de dep\u00f3sito ha constituido, al que se dar\u00e1 el destino legal; y l\u00edbrese a la mencionada Audiencia la certificaci\u00f3n correspondiente, con devoluci\u00f3n de los autos que remiti\u00f3.\n<\/p>\n

\n As\u00ed, por esta nuestra sentencia, que se publicar\u00e1 en el “Bolet\u00edn Oficial del Estado” e insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.\u2013 Manuel Taboada Roca.\u2013 Federico Rodr\u00edguez Solano.\u2013 Emilio Aguado Gonz\u00e1lez.\u2013 Antonio Cantos Guerrero.\u2013 Andr\u00e9s Gallardo Ros.\u2013Rubricados.\n<\/p>\n

\n Publicaci\u00f3n.\u2013 Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el excelent\u00edsimo se\u00f1or don Emilio Aguado Gonz\u00e1lez, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente que ha sido en estos autos celebrando audiencia p\u00fablica la misma en el d\u00eda de su fecha, de que como Secretario certifico.\u2013 Jos\u00e9 Sarabia.\u2013 Rubricados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una hija pide la nulidad de la adjudicaci\u00f3n a los acreedores hipotecarios, en un juicio ejecutivo, de varios caser\u00edos y montes troncales de sus padres en el Infanzonado, porque no se hicieron los llamamientos forales. El Tribunal Supremo desestima el recurso: la Compilaci\u00f3n de 1959 solo exige los llamamientos en las ventas voluntarias; en las judiciales basta la publicidad de la ley procesal, y el tronquero puede concurrir a la subasta y adquirir por el precio de valoraci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[681,666],"materia":[1222],"organo":[1874],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11391","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-llamamientos-forales","tag-saca-foral","materia-la-saca-foral-y-los-derechos-de-adquisicion-preferente-de-bienes-troncales","organo-tribunal-supremo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11391"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11391"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11391"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11391"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}