{"id":11367,"date":"2025-10-06T18:37:49","date_gmt":"2025-10-06T16:37:49","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sts-de-20-de-marzo-de-1962\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:18","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:18","slug":"sts-de-20-de-marzo-de-1962","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sts-de-20-de-marzo-de-1962\/","title":{"rendered":"STS de 20 de marzo de 1962"},"content":{"rendered":"

\n STS de 20 de marzo de 1962<\/strong>\n<\/p>\n

\n En la villa de Madrid, a 20 de marzo de 1962, en los autos promovidos en el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 2 de Bilbao, por do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte, viuda, mayor de edad, sin profesi\u00f3n especial y vecina de Lequeitio, contra do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, sin profesi\u00f3n especial y asistida de su marido, don Francisco Llasera Roura, y contra don Juan Jos\u00e9 Llasera y Ad\u00e1n de Yarza, casado e industrial; ambos vecinos de Bilbao, sobre liquidaci\u00f3n conyugal y otros extremos; vistos en grado de apelaci\u00f3n por la sala de lo civil de la Audiencia Territorial de Burgos y pendientes ante Nos en virtud de sendos recursos de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de Ley interpuestos por las partes contendientes, representadas, la demandante, se\u00f1ora Alc\u00edbar Uriarte, por el Procurador don Federico Enr\u00edquez Ferrer, los demandados por el tambi\u00e9n Procurador don Vicente Oliveras Navarro, y bajo la direcci\u00f3n, aqu\u00e9lla del Letrado don Mart\u00edn Gal\u00e1n y en el acto de la vista por su compa\u00f1ero don Jos\u00e9 Mar\u00eda Gil Robles, y los \u00faltimos del Abogado don Emilio Allasera D\u00edaz, y en el momento de la vista de su compa\u00f1ero don Raimundo Fern\u00e1ndez Cuesta:\n<\/p>\n

\n Resultando que el Procurador don Jos\u00e9 Ram\u00f3n de Otalora y Arana, en representaci\u00f3n de do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar y Uriarte, viuda de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, promovi\u00f3 demanda de juicio declarativo ordinario de mayor cuant\u00eda, que por turno correspondi\u00f3 al Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 2 de los de Bilbao, contra do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, asistida de su marido, don Francisco Llasera Roura, y contra don Jos\u00e9 Llasera y Ad\u00e1n de Yarza, sobre liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal y otros extremos, estableciendo los siguientes hechos:\n<\/p>\n

\n Primero.\u2013<\/strong> Que do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte contrajo matrimonio el d\u00eda 17 de enero de 1949 con don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, como acredita la certificaci\u00f3n que acompa\u00f1aba. Que dicho don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza falleci\u00f3 el d\u00eda 11 de agosto de 1954, como resulta de la certificaci\u00f3n que tambi\u00e9n acompa\u00f1aba.\n<\/p>\n

\n Segundo.\u2013<\/strong> Que don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza en 30 de diciembre de 1967, ante el Notario de Bilbao, se\u00f1or Arenal, otorg\u00f3 poder con amplias facultades dispositivas y de administraci\u00f3n respecto de sus bienes de todas clases en favor del demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza. Tal poder fue, pues, anterior al matrimonio a que se refiere el hecho primero, y en virtud del mismo el demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera fue administrador y gestor de los bienes del difunto marido de la actora ya desde antes del matrimonio a que se ha hecho referencia. Y, naturalmente, contra\u00eddas tales nupcias, dicho poder qued\u00f3 vigente, y el hoy demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera administr\u00f3 y dispuso, a partir de tal hecho, no ya s\u00f3lo de los bienes de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, sino tambi\u00e9n de los bienes de la sociedad conyugal, nacida de aquellas nupcias. Se\u00f1alando a efectos probatorios, para en su caso y d\u00eda el protocolo notarial correspondiente.\n<\/p>\n

\n Tercero.\u2013<\/strong> A su fallecimiento el don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza carec\u00eda de descendientes y ascendientes, siendo sus parientes m\u00e1s cercanos sus dos hermanos de doble v\u00ednculo, do\u00f1a Clotilde y don Mariano Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar. Solivitada por do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza la declaraci\u00f3n de herederos abintestato, por auto de 18 de junio de 1955, dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Marquina, fueron declarados herederos de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza sus dos hermanos de doble v\u00ednculo do\u00f1a Clotilde y don Mariano, sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria que correspond\u00eda al c\u00f3nyuge viudo. Posteriormente y en escritura p\u00fablica otorgada en Lequeitio ante el Notario don Juan Tom\u00e1s Anciondo, en 3 de agosto de 1955, el heredero don Mariano renunci\u00f3 a la parte de herencia que le correspond\u00eda, y por ello despu\u00e9s de tal renuncia qued\u00f3 como \u00fanica y universal heredera del causante don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, la hoy demandada do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar. Acompa\u00f1aba testimonio del acto de declaraci\u00f3n de herederos y se\u00f1alaba el protocolo del Notario de Lequeitio.\n<\/p>\n

\n Cuarto.\u2013<\/strong> En m\u00e9ritos de lo expuesto anteriormente la do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza se hizo cargo de todos los bienes que compon\u00edan el caudal relicto del causante sin proceder previamente a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. Hizo, pues, caso omiso de los derechos que a la demandante pudieran corresponderle en tal sociedad conyugal, no practicando la liquidaci\u00f3n de haber hereditario, consecuente a la disoluci\u00f3n por tal fallecimiento de la sociedad conyugal. Y sin tener en cuenta en momento alguno el derecho a la cuota legal en usufructo que conforme al auto dictado en la declaraci\u00f3n de herederos corresponde a la actora en la herencia de su expresado marido. Este desconocimiento de los derechos de la actora viene acrecentado por el hecho de que la demandada do\u00f1a Clotilde ha transmitido en virtud de una escritura, t\u00edtulo de venta, otor\u00adgado ante el Notario de Lequeitio, don Juan Tom\u00e1s Enciondo, el 14 de diciembre de 1956, a su hijo el tambi\u00e9n demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera, el pleno dominio de gran parte de los bienes que pertenecieron al aludido don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, documento y transmisi\u00f3n que con inusitada rapidez, se inscribi\u00f3 en el Registro de la Propiedad de Bilbao, el 9 de febrero del a\u00f1o en curso. Y, resumiendo en los dem\u00e1s de la demanda en la forma siguiente: “Que no se ha practicado la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal existente entre la demandante y el causante, don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, que no se ha constituido a favor de la actora el derecho que como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite le corresponde como cuota usufructuaria; que por parte del apoderado y administrador del causante, el demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera no se han atra\u00eddo, rendido ni justificado cuenta alguna de los actos de disposici\u00f3n y administraci\u00f3n de los bienes que una vez establecida la sociedad conyugal fueron realizados por dicho demandado en su car\u00e1cter de apoderado de esta sociedad al serlo de don Rodrigo Ad\u00e1n Yarza. Que el demandado don Juan Jos\u00e9 Llesera ha adquirido de su madre do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza, tambi\u00e9n demandada, gran n\u00famero de fincas que compon\u00edan el caudal relicto, caudal sobre el que, en todo caso y sin perjuicio de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y adjudicaci\u00f3n de los bienes gananciales ostenta la actora un derecho de usufructo como c\u00f3nyuge sobreviviente, derecho que ha sido desconocido por ambos demandados, no s\u00f3lo por no\n<\/p>\n

\n haberse hecho constar en la oportuna inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, sino porque en la pr\u00e1ctica nada se le ha reconocido ni abonado a la actora por dichos conceptos. Que con el car\u00e1cter de heredera \u00fanica y universal de acuerdo con el auto de declaraci\u00f3n de herederos y de la renuncia a la herencia por su coheredero don Mariano, do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza se hizo cargo del total haber hereditario dejado a su fallecimiento por el esposo de la actora, haci\u00e9ndolo total y plenamente, sin cumplir lo que taxativamente determina la Ley, como es proceder a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y constituir el derecho de usufructo, y por ello nada ha entregado en pago de la propiedad de los bienes que le corresponden a la actora como consecuencia de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, como tampoco le ha dado ninguna explicaci\u00f3n, ni cuenta, ni aclarado cu\u00e1les eran aquellos bienes desconociendo en todo momento hasta la existencia de la actora. Y para mayor colmo no s\u00f3lo se ha atribuido la plena y total propiedad de los bienes del caudal relicto, sino que sobre gran parte de ellos ha efectuado actos de transmisi\u00f3n, a los que se ha aludido. Sin que con respecto a dichos bienes transmitidos se haya respetado, legal ni materialmente, el derecho a la cuota legal viudal en usufructo, que indudablemente corresponde a la actora.\n<\/p>\n

\n Por su parte, el otro demandado, apoderado de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, antes y despu\u00e9s del matrimonio de dicho don Rodrigo con la actora y hasta el fallecimiento del mismo tampoco ha rendido cuenta de su gesti\u00f3n, en forma alguna, en cuanto se relaciona con los bienes que hubo de administrar, tanto los derivativos del causante como los pertenecientes a la sociedad conyugal. Y esto es tan as\u00ed, que la actora desconoce por completo la cuant\u00eda de los mismos y cu\u00e1les son, puesto que nada se le ha rendido ni justificado, ni para nada se ha contado con ella, a partir del fallecimiento de su esposo, olvidando su car\u00e1cter de c\u00f3nyuge superviviente, con derecho a la resultancia de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, a su cuota usufructuaria y a conocer el estado y situaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de aquellos bienes que compon\u00edan el patrimonio conyugal; asimismo este demandado, como ya se ha dicho, ha adquirido de su madre numerosos bienes de los pertenecientes a aquel caudal relicto y que de haberse practicado la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, nunca hubieran podido transmitirse en tal forma ni aun siquiera haberse cumplido lo pertinente en relaci\u00f3n con el usufructo legal correspondiente a la actora. Que la actora, visto el in\u00fatil resultado de las gestiones amistosas, promovi\u00f3 oportunamente el correspondiente acto de conciliaci\u00f3n y celebrado termin\u00f3 sin avenencia.\n<\/p>\n

\n Aleg\u00f3 los fundamentos de derecho que estim\u00f3 oportunos y termin\u00f3 suplicando dictara sentencia por la que estimando la demanda se condenara:\n<\/p>\n

\n Primero.\u2013<\/strong> A) A do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, como heredera de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, a que procediera previo inventario y dem\u00e1s operaciones oportunas y necesarias y con el concurso e intervenci\u00f3n de la actora do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar de Uriarte, a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal disuelta por el fallecimiento de dicho don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y entregara a su representada la mitad de los bienes gananciales resultantes de la liquidaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n B) A la misma do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar para que, sin perjuicio de aquella liquidaci\u00f3n, reconociera y constituyera en favor de la actora el derecho de usufructo viudal en la forma y cuant\u00edas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 837 del C\u00f3digo Civil; es decir, sobre la mitad de los bienes que constituyeran la herencia de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, con efecto desde la fecha de la defunci\u00f3n de \u00e9ste.\n<\/p>\n

\n a) A don Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza para que, como mandatario que fue de la sociedad conyugal constitu\u00edda por don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar y do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte, rindiera y justificara en forma las cuentas de su gesti\u00f3n, pusiera a disposici\u00f3n de la actora los comprobantes de la misma y entregara a dicha su representada do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar, el saldo resultante, todo ello a efectos de la oportuna liquidaci\u00f3n de la aludida sociedad conyugal.\n<\/p>\n

\n b) Que el mismo don Juan Jos\u00e9 Llasera para que, sin perjuicio de aquella liquidaci\u00f3n reconociera y constituyera en favor de do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte el derecho de usufructo viudal en la forma y cuant\u00eda previstas en el art\u00edculo 837 del C\u00f3digo Civil, o sea, sobre la mitad de los bienes que constituyendo la herencia de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, se hallen en su poder. Todo ello con imposici\u00f3n de costas a los demandados. Y por medio de otros\u00ed, solicit\u00f3 la anotaci\u00f3n preventiva de la demanda:\n<\/p>\n

\n Resultando que acompa\u00f1\u00f3 a la demanda certificaci\u00f3n del matrimonio de don Rodrigo Jos\u00e9 Mar\u00eda Saturnino Andr\u00e9s Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar con do\u00f1a mar\u00eda Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte, en Echano, el d\u00eda 17 de enero de 1949.\n<\/p>\n

\n Certificaci\u00f3n de defunci\u00f3n de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, hijo de Ram\u00f3n y Dolores, en Mendeja, el d\u00eda 11 de agosto de 1954.\n<\/p>\n

\n Certificaci\u00f3n del acto de conciliaci\u00f3n intentada sin efecto.\n<\/p>\n

\n Testimonio del auto de declaraci\u00f3n de herederos “ab intestato” de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar, en el que se declararon herederos universales del causante a sus dos hermanos de doble v\u00ednculo do\u00f1a Clolde y don Mariano Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar, sin perjuicio de la cuota usufructuaria que pudiera corresponder a su viuda, do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte:\n<\/p>\n

\n Resultando que admitida la demanda y emplazados los demandados, compareci\u00f3 en los autos en su representaci\u00f3n el Procurador don Isa\u00edas Vidarte Arechavaleta, que contest\u00f3 la demanda exponiendo en s\u00edntesis los siguientes hechos:\n<\/p>\n

\n Primero y segundo.\u2013<\/strong> Que estaba conforme con el hecho primero de la demanda, as\u00ed como con el segundo, pero aclarando que la \u00fanica gesti\u00f3n que realiz\u00f3 don Juan Jos\u00e9 Llasera en representaci\u00f3n de su t\u00edo don Rodrigo, utilizando el expresado poder, fue tan s\u00f3lo la concurrencia al otorgamiento de la escritura de protocolizaci\u00f3n de las operaciones testamentarias de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y Mazarredo; pues si en alguna otra ocasi\u00f3n pudo cumplir encargos del mismo, a fin de efectuar pagos a que 4\n<\/p>\n

\n aqu\u00e9l viniese obligado en relaci\u00f3n con el impuesto de Derechos Reales girado contra el mismo en aquella sucesi\u00f3n o por alg\u00fan otro concepto, se trataba de simples mandatos verbales aceptados por su sobrino al efecto de evitarle molestias, desligados del uso del poder, que no utiliz\u00f3 formalmente m\u00e1s que en la ocasi\u00f3n expresada, en que actu\u00f3 en su nombre y en modo alguno en representaci\u00f3n de la sociedad conyugal que en aquella fecha ya ten\u00eda constituida. No ha administrado, por tanto, el demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera bienes de la sociedad conyugal ni por ello se ha cre\u00eddo en ning\u00fan caso en la obligaci\u00f3n de rendir cuentas de tal administraci\u00f3n a la viuda de don Rodrigo, sin que esa falta de obligaci\u00f3n excluya su deseo de demostrar a la misma y al Juzgado que, como consecuencia de las relaciones de orden econ\u00f3mico que ten\u00eda con su dicho t\u00edo, dimanante en su totalidad de comprar al mismo madera de sus montes para su negocio industrial de serrer\u00eda, instalado en Lequeitio por su padre, don Francisco Llasera, en el a\u00f1o 1942, y que posteriormente pas\u00f3 a ser propiedad del demandado, el \u00fanico saldo deudor, que no como administrador, pero s\u00ed como comprador de la madera de esos montes, estaba pendiente de entrega a don Rodrigo en su inesperado fallecimiento, y que ascend\u00eda a la suma de 1.244.984,60 pesetas, lo destin\u00f3 \u00edntegramente al pago de los dos \u00faltimos plazos en que se fraccion\u00f3 la cantidad girada contra don Rodrigo por la sucesi\u00f3n de su prima do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y Mazarredo, que en conjunto sumaba 1.346.720,07 pesetas, para cuyo completo pago hubieron de suplirse, por tanto, 101.735,17 pesetas. Que tal pago no lo pudo hacer el don Juan Llasera, como apoderado del don Rodrigo, porque \u00e9ste hab\u00eda fallecido ni pudo hacerlo en nombre de la sociedad conyugal, porque hab\u00eda sido disuelta, aunque constituyendo un delito a la Hacienda P\u00fablica de aqu\u00e9lla, ya que la obligaci\u00f3n deb\u00eda entenderse contra\u00edda constante dicha sociedad, pues que la liquidaci\u00f3n girada en dicha sucesi\u00f3n y la obligaci\u00f3n de pagar los plazos fijados al acordarse del fraccionamiento la contrajo don Rodrigo en estado de casado, y en uni\u00f3n de su esposa hizo suyos los frutos y aprovechamientos de los bienes gravados con ese impuesto transmisorio. Ese pago lo realiz\u00f3 el demandado de acuerdo no s\u00f3lo con su madre y heredera universal, do\u00f1a Clotilde, que expresamente se lo orden\u00f3, sino tambi\u00e9n de acuerdo con do\u00f1a Purificaci\u00f3n a la que constaba la obligaci\u00f3n de efectuarlo en los plazos previamente se\u00f1alados; pero aun cuando esto fuese negado por la actora, resultar\u00eda justificado como gesti\u00f3n de negocio ajeno autorizado por la Ley, en asuntos en que adem\u00e1s ten\u00eda inter\u00e9s la heredera universal, su madre ya que la falta de cumplimiento de la obligaci\u00f3n podr\u00eda acarrear la persecuci\u00f3n de v\u00edas de apremio de esos bienes que hab\u00edan pasado a ser propiedad de la misma. Que no se limitaron a ese pago las gestiones realizadas por don Juan Llasera, pues con anterioridad a dicho pago promovi\u00f3 una liquidaci\u00f3n provisional de Derechos Reales, correspondiente a los bienes privativos de don Rodrigo y de la sociedad conyugal en la que no hubieron a\u00fan de incluirse los correspondientes a la sucesi\u00f3n de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, que estaban pendientes de litigio, escrito en el cual y en relaci\u00f3n con los bienes se anticipaba un reconocimiento de derecho en favor de la viuda. Con ello se comprueba que el demandado puso todo su inter\u00e9s en facilitar a la viuda de don Rodrigo el ejercicio de los derechos que pudieran corresponderle, y de tales gestiones no puede alegar ignorancia la actora, pues fue ella misma la que por tener en su poder los resguardos de los valores 5\n<\/p>\n

\n que pose\u00eda don Rodrigo los exhibi\u00f3 a don Juan Llasera para su rese\u00f1a en el escrito, haci\u00e9ndole entrega m\u00e1s tarde y contra el correspondiente recibo para que estableciese la discriminaci\u00f3n entre los que ten\u00edan el car\u00e1cter de privativos del causante y los que por haberse adquirido durante el matrimonio pudiesen tener el car\u00e1cter de gananciales, ya que por la premura con que hubo de redactarse el escrito no estableci\u00f3 en el mismo tal distinci\u00f3n a reserva de hacerlo cuando se practicase la liquidaci\u00f3n definitiva. Finalmente hace constar que ni como supuesto administrador de la sociedad conyugal ni como apoderado de \u00e9ste, ni por ning\u00fan otro concepto, obran en su poder bienes de ninguna clase correspondientes a la herencia yacente, del mismo ni al consorcio conyugal, ya que los resguardos de los valores que hubo de entregarle la viuda los puso en poder del heredero universal.\n<\/p>\n

\n Tercero.\u2013<\/strong> Que nada tiene que oponer a los extremos de hecho del tercero de la demanda, pero ha de adicionar por su parte uno muy importante y esencial que la actora silencia y a la vista del cual cambia por completo el panorama hereditario que se ofrece al Juzgado. Este hecho es la condici\u00f3n jur\u00eddica que tanto en cuanto a don Rodrigo como en relaci\u00f3n con la parte m\u00e1s importante de los bienes que integraba el caudal relicto, y la cual era, por lo que al causante se refiere, la de haber nacido en la Anteiglesia de Mendaja (Vizcaya), haberse hallado siempre avecindado y domiciliado en la finca “Inchascaldegui”, sita en dicha Anteiglesia, casa en la que naci\u00f3 y muri\u00f3, residiendo en ella salvo alguna accidental ausencia durante su vida. En cuanto a los mencionados bienes, la condici\u00f3n especial de hallarse enclavados en tierra llana de Vizcaya, pertene\u00adciendo al tronco Ad\u00e1n de Yarza, al que hab\u00edan de volver al fallecimiento de don Rodrigo, que con tal car\u00e1cter de sucesi\u00f3n troncal los hab\u00eda adquirido, unos directamente de sus padres y otros por herencia de su prima, do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza Mazarredo, habi\u00e9ndole sido adjudicados estos \u00faltimos constante ya su matrimonio. Esta doble condici\u00f3n que en la persona del causante y en esos bienes concurren, coloca la sucesi\u00f3n de aqu\u00e9l en cuanto a los mismos en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Fuero de Vizcaya, cuyas disposiciones, por ser la actora tambi\u00e9n vizca\u00edna, han de serle conocidas, y con mayor motivo a su asesor jur\u00eddico. Como extremo de hecho consigna que el auto de declaraci\u00f3n de herederos de don Rodrigo, cuya certificaci\u00f3n se acompa\u00f1a a la demanda, adem\u00e1s de atribuir la condici\u00f3n de heredera, hoy \u00fanica por repudiaci\u00f3n de su hermano don Mariano, en cuanto a los bienes regulados por el C\u00f3digo Civil, es tambi\u00e9n operante en cuanto a la sucesi\u00f3n de los bienes troncales regidos por el Fuero de Vizcaya que, como legislaci\u00f3n en la que tal resoluci\u00f3n se apoya, se menciona en el cuerpo del expresado auto.\n<\/p>\n

\n Que en cuanto a la justificaci\u00f3n de los alegados en esta adici\u00f3n al hecho tercero contrario, acompa\u00f1aba cuatro documentos numerados del uno al cuatro y consistentes en certificaciones libradas por el Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de Mendeja y en segundas copias de las escrituras de adjudicaci\u00f3n de bienes hereditarios troncales otorgadas por do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza en 21 de octubre de 1956, en Lequeitio, bajo los n\u00fameros 290 y 291 del protocolo del Notario don Juan Tom\u00e1s Endiendo. Que todo lo consignado en el hecho cuarto de la demanda est\u00e1 en contradicci\u00f3n con la 6\n<\/p>\n

\n verdad.\n<\/p>\n

\n Cuarto.\u2013<\/strong> Es totalmente incierto que la do\u00f1a Clotilde se incautase de los bienes de la herencia y se desentendiese de su cu\u00f1ada la actora en estos autos, ni que se resistiera a cumplir lo ordenado en el auto de declaraci\u00f3n de herederos.\n<\/p>\n

\n Tal es as\u00ed que do\u00f1a Clotilde no hizo valer su condici\u00f3n de heredera universal en relaci\u00f3n con los bienes que constitu\u00edan el caudal relicto, sino que hasta que no viose obligada por exigencias fiscales a adjudicarse los bienes troncales se abstuvo de percibir las rentas de los mismos, lo que aprovech\u00f3 do\u00f1a Purificaci\u00f3n para exigir las mismas a los arrendatarios a pesar de no asistirle ning\u00fan derecho para hacerlo. En cuanto a la naturaleza, circunstancias y alcance que concurrieron en el otorgamiento a la compraventa en favor de su hijo don Juan por la do\u00f1a Clotilde, a la que se alude, es materia que se tratar\u00e1 a fondo en otro lugar, limit\u00e1ndose a hacer constar que se trata de bienes troncales en relaci\u00f3n a los cuales no asist\u00eda a la viuda ning\u00fan derecho de propiedad a partir de la fecha del fallecimiento de su esposo, aunque s\u00ed obligaciones de la sociedad conyugal creadas antes de su disoluci\u00f3n. Que en cuanto al supuesto abandono del que clama la demandada, lo sucedido fue todo lo contrario, ya que al fallecer don Rodrigo, tanto los demandados como los dem\u00e1s familiares del finado extremaron, en memoria del mismo, sus atenciones para con do\u00f1a Purificaci\u00f3n y para con su madre que la acompa\u00f1aba en su residencia; que do\u00f1a Clotilde interes\u00f3 del mismo letrado que hab\u00eda defendido y asesorado a don Rodrigo en la sucesi\u00f3n de su prima do\u00f1a Mar\u00eda, le redactase su dictamen haci\u00e9ndole saber cu\u00e1les eran, a su juicio, los derechos que a la viuda correspond\u00edan en la sucesi\u00f3n, y conforme al cual dictamen lo eran, en la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable para la misma, en cuanto a los bienes troncales, autorizar la permanencia de la viuda durante un a\u00f1o y d\u00eda en la residencia de Ichoacaldegui, equip\u00e1ndola a la caser\u00eda foral y hacer suya durante ese a\u00f1o y d\u00eda la mitad de su aprovechamiento y posteriormente la mitad en plena propiedad de los bienes que se hubiesen adquirido o mejorado durante el matrimonio, y la mitad en usu\u00adfructo de los que el causante hubiese heredado de sus padres, y aportado al matrimonio que no tuviese car\u00e1cter troncal, esto \u00faltimo previo pago de las deudas de la sociedad conyugal que \u00e9l tuviese pendientes al fallecimiento del causante. Que conforme al dictamen, la actora pudo disponer y residir en Ichesoaldegui no s\u00f3lo ella, sino tambi\u00e9n su madre, sin que se formulase el menor reparo por los demandados. Que en cuanto a los aprovechamientos hizo suyos la totalidad, y por si esto no era suficiente se la consinti\u00f3, d\u00e1ndole las necesarias facilidades bancarias, que retirase de las cuentas corrientes del causante, cuyo saldo ascend\u00eda en la fecha del \u00f3bito a la suma de 400.000 pesetas, las cantidades que consideraba precisas para seguir manteniendo el mismo tren de vida que cuando viv\u00eda con su esposo, para lo que se dej\u00f3 en poder suyo y para su uso el autom\u00f3vil que don Rodrigo hab\u00eda adquirido poco antes de su muerte. Acompa\u00f1ando con el n\u00famero 5 de documentos carta de do\u00f1a Clotilde al Banco de Vizcaya.\n<\/p>\n

\n Que adem\u00e1s la actora traslad\u00f3 su domicilio, sin entregar las llaves de\n<\/p>\n

\n Ichasoaldegui, al piso que en Lequeitio pose\u00eda el matrimonio, cuyo piso fue comprado constante matrimonio y que tiene la consideraci\u00f3n de bien ganancial, pues no se justificaba, seg\u00fan resulta del asiento del registro (documento n\u00famero 6), que se adquiere con bienes propios de la do\u00f1a Purificaci\u00f3n, ya que como una deferencia especial de don Rodrigo se la hizo figurar como comprador en la escritura, lo cierto es que el propio no se satisfizo con cargo a los bienes propiedad de la esposa que no hab\u00eda aportado ninguna clase de bienes al matrimonio ni adquirido otros que pudiesen calificarse de parafernales o privativos de la misma. Que en dicho piso se instal\u00f3 la actora como propietaria, y en el mismo sigue juntamente con todos los cuales adquiridos muebles por don Rodrigo, e incluso con los procedentes del palacio de Zubieta, cuatro, entre los que figuraba el servicio de plata del mismo, trasladados en vida de su esposo a la Ichasoaldegui. Que cuantos intentos han hecho los demandados para llevar a cabo la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal fijar los derechos que la herencia pudiera corresponder a la actora, no encontraron ambiente en la misma, que pretend\u00eda que la entregasen todo cuanto don Rodrigo hab\u00eda heredado de sus padres, y lo que fue adjudicado en la testamentar\u00eda de su prima do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza. Que fueron tambi\u00e9n vanos los esfuerzos de don Jos\u00e9 Llasera para solucionar este asunto, y actuando como mandatario verbal de su se\u00f1ora madre do\u00f1a Purificaci\u00f3n hubo de formular con conocimiento de ambos la liquidaci\u00f3n provisional del impuesto de Derechos Reales, presentando en la oficina liquidadora de Marquina el oportuno escrito que se acompa\u00f1a (documento n\u00famero 7). Que al propio tiempo que don Juan aconsej\u00f3 a la demandante que consultase con un Abogado de su confianza cu\u00e1les fuesen sus derechos, asesoramiento que pidi\u00f3 en primer t\u00e9rmino al Letrado don Nazario Oleaga, despu\u00e9s a los se\u00f1ores Garc\u00eda Astola y Bollei (se acompa\u00f1a con el n\u00famero 8 una carta del Licenciado se\u00f1or Garc\u00eda Astola). Es de advertir que tanto al primer asesor como a los \u00faltimos facilit\u00f3 don Juan Llasera por encargo de su madre, cuantos antecedentes obraban en su poder para mejor esclarecer los derechos que pudiera tener la viuda, documentos que le fueron devueltos al dar por terminado el asesoramiento. Finalmente la direcci\u00f3n letrada de la actora, sin duda siguiendo instrucciones de \u00e9sta, se desentendi\u00f3 del ofrecimiento que la hizo personalmente don Juan Llasera de hallarse a su disposici\u00f3n en representaci\u00f3n de su madre, para arreglar amistosamente el asunto. Cierto que no se ha practicado de la sociedad de gananciales, pero no porque no lo haya querido do\u00f1a Clotilde, sino porque la actora no se ha prestado a ello, prefiriendo adoptar una actitud indefinida y equivocada. Cierto que do\u00f1a Clotilde no le hab\u00eda constituido el usufructo a que tiene derecho en la herencia no troncal \u2013en … troncal no le asiste ninguno fuera del a\u00f1o ya disfrutado\u2013, pero para constituirle, lo primero que hac\u00eda falta saber es si hab\u00eda herencia, y ello sin practicarse la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal no pod\u00eda saberse. Cierto tambi\u00e9n que por Juan Llasera no se han rendido cuentas a do\u00f1a Purificaci\u00f3n en el sentido en que dice en la demanda que debe rendirlas puesto que no ha realizado m\u00e1s actos que aquellos a que se ha referido anteriormente, y que espec\u00edficamente fue intervenir como apoderado de don Rodrigo en el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de aprobaci\u00f3n y protocolizaci\u00f3n de las operaciones particionales de la herencia de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, esto es, en relaci\u00f3n con bienes troncales\n<\/p>\n

\n privativos del marido, que si en alguna otra ocasi\u00f3n realiz\u00f3 no fue en uso de poder notarial, sino por simple mandato verbal, de que dio cuenta y obtuvo la conformidad de su t\u00edo, y en cuantas relaciones econ\u00f3micas mantuvo con el mismo con operaciones de compra le satisfizo puntualmente el importe de las mismas menos en la \u00faltima adquisici\u00f3n de pinares, realizada a fin del a\u00f1o 1943, cuyo precio no hab\u00eda abonado en su totalidad a don Rodrigo cuando \u00e9ste falleci\u00f3 repentinamente, de todo lo cual se da cuenta justificada en relaci\u00f3n que acompa\u00f1aba a esta contestaci\u00f3n con todo detalle (documento n\u00famero 12). Que es cierto que el demandado don Juan ha comprado a su madre, do\u00f1a Clotilde determinadas fincas procedentes de esta herencia, pero se ha de aclarar que estas fincas pertenec\u00edan a do\u00f1a Clotilde, por haberlas heredado de su hermano con car\u00e1cter de bienes troncales procedentes de la sucesora do\u00f1a mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, en los cuales no ten\u00eda ning\u00fan derecho la actora, m\u00e1s que los que ya hab\u00eda percibido y que quedan rese\u00f1ados anteriormente, y que as\u00ed se hizo constar en la escritura de manifestaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes hereditarios troncales, al margen de las operaciones de liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes no troncales relictos al fallecimiento de don Rodrigo, que est\u00e1 a\u00fan sin practicar por la resistencia por la actora que se llevasen a cabo. En la referida escritura de venta se contiene un contrato perfectamente v\u00e1lido, l\u00edcito y legal en cuyo precio la vendedora ha satisfecho una apremiante obligaci\u00f3n fiscal y el comprador ha adquirido leg\u00edtimo t\u00edtulo de due\u00f1o de las mencionadas fincas sobre las que no tiene por qu\u00e9 reconocer la demandante derechos de usufructo que en ning\u00fan caso le asistir\u00edan. Resumiendo este hecho: No es cierto que do\u00f1a Clotilde haya entrado en posesi\u00f3n de otros bienes de esta herencia que los troncales y esto despu\u00e9s de haber transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os de apertura de la sucesi\u00f3n y despu\u00e9s de haber hecho efectivos con manifiesto exceso la viuda del causante cuantos derechos le concede el Fuero en relaci\u00f3n con los mismos. No es cierto que se desconociese ninguna clase de derechos a la viuda, pues aparte de los disfrutes de la caser\u00eda y sus productos \u00edntegros durante los dos a\u00f1os, dispuso de las cuentas corrientes del causante de las que extrajo m\u00e1s de 200.000 pesetas, hizo suyo el piso de Lequeitio, con todo su ajuar y objetos procedentes de la herencia troncal, se apropi\u00f3 del autom\u00f3vil e hizo efectivos los dividendos de los valores privativos del don Rodrigo y cobr\u00f3 indebidamente rentas correspondientes a la heredera sin que la misma se lo impidiese. Finalmente no es cierto que do\u00f1a Clotilde se ha resistido a la liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales, ni por consiguiente a constituir ning\u00fan usufructo al que, conocida la resultancia de la liquidaci\u00f3n, pudiera tener derecho la demandante; ni tampoco que el demandado don Juan Llasera haya rehusado rendir cuentas a la disuelta sociedad, que ni ten\u00eda por qu\u00e9 hacerlo, y menos a\u00fan se haya retrasado ninguna petici\u00f3n de que constituyese un usufructo sobre bienes en su poder.\n<\/p>\n

\n Quinto.\u2013<\/strong> Que a la relaci\u00f3n de hechos contenida en el quinto de la demanda s\u00f3lo han de oponer una contendente: Que do\u00f1a Clotilde siempre estuvo dispuesta a practicar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, a cuyo fin su hijo don Juan en su nombre, se puso a disposici\u00f3n de los diferentes letrados de la actora, y para demostrarlo han de aprovechar la oportuna que la actora brinda, para desmintiendo su alegado, ofrecerla por\n<\/p>\n

\n parte de la demandada un proyecto redactado por heredera de las operaciones de inventario, aval\u00fao y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, tantas veces aludida y repetida, que ya hubiese sido puesto a su disposici\u00f3n si hubiese aceptado el requerimiento que se le hizo notarialmente el I de junio de 1957, de ella se desprende la inexistencia de mejoramientos o bienes gananciales en los que hubiere de participar la actora, ni despu\u00e9s de liquidada la sociedad conyugal, caudal hereditario, no troncal, sobre el que pueda constitu\u00edrsele el usufructo viudal de demanda. Estas operaciones est\u00e1n practicadas sin la concurrencia de la actora y no se pretende que sean admitidas por s\u00ed solas como justificaci\u00f3n de los hechos opuestos a los consignados en la demanda, pero s\u00ed justifican el hecho de que por aparte de la heredera no s\u00f3lo existe oposici\u00f3n alguna a la pr\u00e1ctica de las operaciones, sino que se presta a facilitarlas dentro de este pleito, sin necesidad de previos pronunciamientos que ordenando su pr\u00e1ctica relegue \u00e9sta al per\u00edodo de ejecuci\u00f3n de sentencia, ya que las divergencias que en relaci\u00f3n con el contenido pudieran suscitarse, puede derimirlas al Juzgado con el fallo que ponga fin al proceso. Con ello se cumplir\u00e1 un principio de econom\u00eda procesal, siendo en este caso innecesario el juicio universal de abintestato, que carecer\u00eda de raz\u00f3n de ser despu\u00e9s de efectuada la adjudicaci\u00f3n de los bienes troncales, y cuando de momento lo que se trata es de liquidar la sociedad conyugal, para lo que la Ley y la jurisprudencia s\u00f3lo exigen la pr\u00e1ctica del inventario, que en el adjunto cuaderno se comprende. Del proyecto que acompa\u00f1a con el n\u00famero diez de documento, habr\u00eda de instruirse la parte actora, que tanto protesta de que se hayan a\u00fan efectuado pudiendo al evacuar el traslado de r\u00e9plica y contestaci\u00f3n a la convenci\u00f3n prestarle su conformidad o formular los reparos que le ofrezca o en fin, redactar de contrario otro proyecto que a su juicio proceda, incluyendo en las adjudicaciones a que se crea con derecho, en la seguridad de que a pesar de su actitud, su propuesta ser\u00e1 estudiada por la demandada do\u00f1a Clotilde, con el m\u00e1s amplio esp\u00edritu de benevolencia y generosidad. Y si pese a ello no se alcanzase una coincidencia ser\u00e1 llegada la oportunidad de que el Juzgado, a la vista de las pruebas que por una y otra parte se aporten, declare lo que proceda a lo que se relacionen dichas operaciones se solicita en la demanda y se pedir\u00e1 en la reconvenci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Sexto.\u2013<\/strong> En cuanto al hecho sexto de la demanda se reitera que a don Juan Llasera nunca le fue pedida rendici\u00f3n de cuenta y se qued\u00f3 expuesto reiteradamente en qu\u00e9 consistieron las gestiones. Por eso como no le duelen prendas como vulgarmente se dice, a este escrito se acompa\u00f1a tambi\u00e9n un estado general de todas las operaciones que desde la fecha del otorgamiento del poder hasta el d\u00eda ha realizado, en cuanto pudiera afectar al patrimonio de don Rodrigo, al que van unidos todos los justificantes que obran en su poder (documento n\u00famero once). Ah\u00ed est\u00e1n, pues, las cuentas que demanda la actora y a ellas puede oponer los reparos que le parezca, si es que puede poner alguno, que ser\u00e1n solventados ampliamente o desvirtuados en el per\u00edodo de prueba, y el Juzgado dir\u00e1 en su d\u00eda si deben aprobarse o no, para lo que si la s\u00faplica de la demanda no bastase, se le ofrecer\u00e1 camino procesal en la reconvenci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n S\u00e9ptimo.\u2013<\/strong> En cuanto al hecho s\u00e9ptimo de la demanda, ha de exponer que no es cierto que la actora no pueda determinar el momento de los bienes, usufructo y 10\n<\/p>\n

\n rendici\u00f3n de cuentas objeto del pleito. A su disposici\u00f3n ha tenido todos los datos para ello, de muchos de los cuales do\u00f1a Clotilde no dispone; pero, en fin, a reserva de las rectificaciones que pudieran proceder, con esta contestaci\u00f3n a la demanda ve el inventario del caudal relicto, con la debida separaci\u00f3n de bienes seg\u00fan su condici\u00f3n legal y t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, inventario que esta parte est\u00e1 dispuesta a modificar en lo que pudiera aparecer justificado.\n<\/p>\n

\n Octava.\u2013<\/strong> Que en cuanto el hecho octavo ha de manifestar que no pudo asistir la parte demandada a la conciliaci\u00f3n por haber llegado veinte minutos tarde a la hora se\u00f1alada, y que aunque esta parte pretendi\u00f3 subsanar su retraso no fue posible, y como tampoco pareci\u00f3 oportuno a la actora presentar nueva demanda de conciliaci\u00f3n como se le sugiri\u00f3, los demandados quisieron dejar constancia de su invariable y buena disposici\u00f3n para allanar cualquier diferencia, y al efecto comparecieron ante el Notario de Bilbao se\u00f1or Nort, a fin de que notificase a la actora, como lo hizo mediante acta de primero de junio de 1957, las contestaciones que ten\u00edan preparadas para el Juzgado municipal. El se\u00f1or Llasera por su parte comunic\u00f3 a la actora que se hallaba dispuesto a cualquier aclaraci\u00f3n, si bien negando, como lo dice en la presente contestaci\u00f3n que hubiese administrado bien alguno de su t\u00edo don Rodrigo, ni de su esposa. Acompa\u00f1ando, documento n\u00famero 9, copia autorizada del acta notarial.\n<\/p>\n

\n Noveno.\u2013<\/strong> Como aparece de todo lo expuesto no hay m\u00e1s temeridad que la de la demandante, ni m\u00e1s mala fe que la que inspira la campa\u00f1a litigiosa a la que tan injustificadamente se ha asociado.\n<\/p>\n

\n D\u00e9cimo.\u2013<\/strong> Que como hecho de esta contestaci\u00f3n le interesa establecer como de gran trascendencia para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que trata de practicarse, que al contraer matrimonio el causante con la actora, ni se otorgaron capitulaciones matrimoniales, ni medi\u00f3 dote, ni la esposa aport\u00f3 bienes de ninguna clase, fuera de su ajuar; instal\u00e1ndose con su esposo en su residencia de Ichasoaldegui, que con otras fincas de car\u00e1cter troncal y algunos valores y muebles adjudicados en las correspondientes operaciones particionales aport\u00f3 don Rodrigo. El sentido negativo de la precedente exposici\u00f3n, de un lado, y la \u00edndole de su contenido relevan a esa parte de la obligaci\u00f3n de adverarla, porque lo que se remite al Juzgado a lo que sobre el particular se replique y justifique de contrario.\n<\/p>\n

\n Decimoprimero.\u2013<\/strong> Que la ef\u00edmera duraci\u00f3n de la uni\u00f3n conyugal, no ha permitido que se produjeran mejoramientos en los bienes durante el matrimonio. Por el contrario hubo precisi\u00f3n de realizar aprovechamientos maderables, como aparece de la certificaci\u00f3n, mejor dicho como acredita el estado de cuentas que como documento n\u00famero 11 se acompa\u00f1a a la contestaci\u00f3n. Neg\u00f3 cualquier otro extremo de hecho de la demanda que no haya sido expl\u00edcitamente reconocido como cierto en este tr\u00e1mite. Aleg\u00f3 los fundamentos de derecho que estim\u00f3 pertinentes y a continuaci\u00f3n formul\u00f3 reconvenci\u00f3n a fin de abrir cauce procesal a la aprobaci\u00f3n de las operaciones de inventario, liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales y aprobaci\u00f3n de cuentas\n<\/p>\n

\n demandadas por la viuda y en existencia del derecho de la misma a la constituci\u00f3n del usufructo que reclama. Fija al efecto los hechos que en s\u00edntesis dicen as\u00ed: Que reitera los puestos al contestar los hechos primeros y tercero de la demanda, en cuanto al falleci\u00admiento intestado de don Rodrigo, declaraci\u00f3n de herederos y condici\u00f3n de los bienes relictos. Que el caudal relicto de don Rodrigo, figura al lado de los bienes propiedad privativa del mismo, o de la sociedad conyugal, otras ra\u00edces que por hallarse en tierras llanas de Vizcaya, ser vizca\u00edno su propietario tienen car\u00e1cter troncal, habiendo de ordenarse su sucesi\u00f3n al Fuero de Vizcaya. Sin perjuicio de mayor adveraci\u00f3n s\u00ed el hecho fue negado, se aporta en demostraci\u00f3n de los inmuebles sitos en anteiglesia de Vizcaya cuando se trata de vizca\u00ednos, se rige por la troncalidad, y de que los bienes de autos se hallan en t\u00e9rminos municipales de anteiglesias, testimonio notarial de vigencia de leyes. Documento n\u00famero 14. Estos bienes proceden de dos sucesiones, unos estaban en poder del causante cuando contrajo matrimonio por haberlos heredado de sus padres. Los restantes los adquiri\u00f3 tambi\u00e9n en estado de soltero, por herencia de su prima do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, habi\u00e9ndole sido adjudicados y girada la consiguiente liquidaci\u00f3n del impuesto de Derechos reales despu\u00e9s de casado. Unos y otros bienes ra\u00edces tienen, pues, habida su condici\u00f3n troncal, el car\u00e1cter de bienes privativos del esposo. No consideran necesario, al efecto de esta reconvenci\u00f3n, relacionar en ella las expresadas fincas, ya que las mismas, bajo ep\u00edgrafe “bienes troncados”, figuran escritas individualmente en el proyecto de inventario que se acompa\u00f1a con el n\u00famero 10 de documentos, y su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n resulta de la escritura, que tambi\u00e9n se acompa\u00f1a por los n\u00fameros 3 y 4. En relaci\u00f3n con esta clase de bienes del esposo, se hace constar que do\u00f1a Purificaci\u00f3n no llev\u00f3 a la caser\u00eda dote ni arreo de ninguna clase, ni al matrimonio otros bienes que la ropa del ajuar. Los bienes no troncales existentes en el caudal relicto, que han de tenerse en cuenta para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que el C\u00f3digo Civil regula, son los que se hacen figurar en el proyecto de inventario bajo el ep\u00edgrafe “bienes no troncales”. Figuran como una sola partida los muebles y enseres que integran el caudal del causante, ante la dificultad de relacionar cada uno de los que lo integran, que en su totalidad proced\u00edan de la casa de los padres de don Rodrigo; no haciendo menci\u00f3n de los heredados de su prima do\u00f1a Mar\u00eda, puesto que s\u00f3lo los posey\u00f3 en usufructo. Desconoce do\u00f1a Clotilde si durante la vida matrimonial se adquirieron por don Rodrigo muebles para la sociedad conyugal, y la demandante do\u00f1a Purificaci\u00f3n se prestase a facilitar el detalle de dichos muebles, caso de existir, do\u00f1a Clotilde aceptar\u00eda la discriminaci\u00f3n que de uno y otros hiciera. Que la forma en que se ven obligados a promover esta diligencia de inventario impide mantener como definitiva la relaci\u00f3n de bienes, as\u00ed como su aval\u00fao, que corresponden a los valores asignados a los mismos al practicarse la liquidaci\u00f3n provisional, reserv\u00e1ndose esta parte hacerlo cuando conoce el criterio de la con..parte al contestar esta reconvenci\u00f3n, lo que le agradar\u00eda compartir para dar .. diligencia de inventario y aval\u00fao plena eficacia legal. Que establecen las obligaciones de la sociedad conyugal en la forma siguiente: A) Pago de dos anualidades del impuesto de Derechos reales. B) Contribuci\u00f3n general (a\u00f1os 1951 a 1953) sobre la renta. C) Deudas de don Rodrigo a do\u00f1a Rosario Arana y Urquiaga. D) Gastos de entierro y funeral. Montan todas las expresadas obligaciones 12\n<\/p>\n

\n pesetas 2.944.474 con 16 c\u00e9ntimos, y en todos concurre el car\u00e1cter de deuda de la sociedad conyugal, pues son obligaciones contra\u00eddas por don Rodrigo constante el matrimonio. De esas deudas, al momento presente, se hallan solventadas todas, menos 1.050.000 pesetas pendientes de pago a do\u00f1a Rosario Arana; pagos que han podido efectuarse en parte aplicando a ellos la cantidad que don Juan Jos\u00e9 Llasera ten\u00eda pendiente de entrega a don Rodrigo al momento de su muerte, por la \u00faltima compra de pinos concertada; y en cuanto al resto suplido por do\u00f1a Clotilde con cargo al aprovechamiento de las fincas troncales que le quedan adjudicadas. Claro es que esos pagos con los que se ha evitado enojarse reclamaciones no desvirt\u00faan los t\u00e9rminos de la reclamaci\u00f3n, digo, de la liquidaci\u00f3n que ofrece esta parte, pues constituyen, o aplicaci\u00f3n de una partida del inventario (el cr\u00e9dito de don Rodrigo contra su sobrino don Juan) o anticipos efectuados por la heredera a la sociedad de gananciales pendientes de disoluci\u00f3n, de cantidades que hab\u00edan de figurar como obligaciones de la sociedad conyugal, y de las que se integrar\u00e1 mediante adjudicaci\u00f3n para el pago de dichas deudas, de los bienes de la sociedad conyugal. Que esta relaci\u00f3n de deudas puede presentarse y se ofrece como firme e inmodificable; no constante esta parte, se halla dispuesta a solventar cualquier duda que en relaci\u00f3n con ella se suscite de contrario. Que ofrece la justificaci\u00f3n documental que se contiene en los documentos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 con respecto a las cuentas relacionadas en los ep\u00edgrafes A) y B). Sobre el ep\u00edgrafe C), concerniente a la deducci\u00f3n de la deuda de don Rodrigo, hoy sus causahabientes, a do\u00f1a Rosario Arana, no pueden ofrecer al Juzgado an\u00e1loga probanza documental por no disponer de ninguno de los dos ejemplares del convenio formalizado con fecha 20 de junio de 1951, uno de los cuales retendr\u00e1 seguramente do\u00f1a Purificaci\u00f3n. Pero tiene la convicci\u00f3n de que esta se\u00f1ora reconocer\u00e1 la firma de su finado esposo o reconociendo en confesi\u00f3n la autenticidad de la deuda rese\u00f1ada, y de no ser as\u00ed suponen que la acreedora do\u00f1a Rosario de Arana no tendr\u00e1 inconveniente en exhibir el otro ejemplar del documento de referencia. En fin, por lo que respecta a los gastos del entierro y funeral, cap\u00edtulo D), tienen la seguridad de que tambi\u00e9n ser\u00e1 admitida sin discusi\u00f3n, dada la modicidad del dispendio contabilizado. Su liquidaci\u00f3n (pregunta c\u00f3mo ha de hacerse). Dejando a un lado los bienes troncales en los que por no existir mejoramientos ni multiplicado han de separarse, para su adjudicaci\u00f3n a la heredera despu\u00e9s de haber hecho efectivo la viuda el derecho que le concede el Fuero de habitar un a\u00f1o y d\u00eda la “caser\u00eda”, y ha de ser suyo el usufructo de la mitad, sino de la totalidad de sus productos, la operaci\u00f3n de liquidaci\u00f3n ha de concretarse sobre los bienes no troncales, esta liquidaci\u00f3n ha de quedar practicada en la forma que aparece el proyecto de operaciones particionales y de liquidaci\u00f3n que con el n\u00famero 10 de documentos acompa\u00f1ados con la contestaci\u00f3n a la demanda obra en los autos, que arroja un d\u00e9ficit de 1.251.868 pesetas y 10 c\u00e9ntimos, d\u00e9ficit que impide la determinaci\u00f3n y existencia de haber l\u00edquido partible, imposibilitando cualquier adjudicaci\u00f3n a la viuda por concepto de disoluci\u00f3n de sociedad ganancial, as\u00ed como el reconocimiento de usufructo viudal sobre un caudal hereditario, que tampoco existe propiamente. Por id\u00e9ntica raz\u00f3n no cabe otra adjudicaci\u00f3n en plena propiedad que la herencia troncal transmitida por don Rodrigo en favor de la \u00fanica y universal heredera, 13\n<\/p>\n

\n su hermana de doble v\u00ednculo do\u00f1a Clotilde, la cual, por no haber aceptado la herencia a beneficio de inventario, sino pura y simplemente, asume por ministerio de la Ley la obligaci\u00f3n de satisfacer el pasivo exigible por terceras personas, incluso con sus bienes propios, adjudic\u00e1ndose, por tanto, todos los bienes ya en pago de deudas, ya por v\u00eda de comisi\u00f3n o encargo para extinguirlas; a los efectos de esta reconvenci\u00f3n, le interesa establecer de manera expresa como extremo de hecho que en poder de do\u00f1a Purificaci\u00f3n se encuentran, en orden a los bienes troncales, las llaves de la finca “Ichasoaldegui”, de las que no se ha hecho entrega a la heredera, no obstante haberle sido ya adjudicada dicha finca: que retiene igualmente el autom\u00f3vil adquirido por el causante y ocupa un piso comprado por la sociedad conyugal, con todos los muebles existentes en el mismo, algunos de ellos procedentes de “Ichasoaldegui”, y otros, incluido el servicio de plata retirado del palacio de Zubieta durante el matrimonio, los que, por poseerlo don Rodrigo s\u00f3lo en usufructo, est\u00e1n reclamados a la heredera do\u00f1a Clotilde por los se\u00f1ores de Solado y Fil Delgado. Y finalmente que es deudora de la sociedad conyugal en la cantidad no menor de 200.000 pesetas retiradas antes de su liquidaci\u00f3n de las cuentas corrientes de don Rodrigo en los Bancos de Bilbao y Vizcaya en Lequeitio. Por lo que se refiere al demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera, interesa establecer como materia de hecho en esta reconvenci\u00f3n que la \u00fanica cantidad que ten\u00eda pendiente de pago el causante como comprador de aprovechamientos forestales pertenecientes a la sociedad conyugal en concepto de frutos de los bienes troncales privativos de don Rodrigo, la ha aplicado al pago, en parte de los dos \u00faltimos plazos del impuesto de Derechos reales correspondiente a las anualidades de 1955 y 1956, cumpliendo la obligaci\u00f3n contra\u00edda por don Rodrigo durante el matrimonio de satisfacerla por fraccionamiento de la cantidad total girada; pago efectuado siguiendo instrucci\u00f3n de la heredera y en evitaci\u00f3n de perjuicio a la disuelta sociedad conyugal y a la herencia yacente. De todas las dem\u00e1s gestiones realizadas en relaci\u00f3n con los bienes del causante o de la sociedad conyugal, nada tiene que entregar, seg\u00fan se acredita en la cuenta justificada que se acompa\u00f1a. Que las transmisiones hereditaria se han satisfecho con excesolos derechos sucesorios, como se deduce de la liquidaci\u00f3n del caudal y del proyecto de operaciones particionales que se acompa\u00f1a y su confrontaci\u00f3n con las notas de pago que figuran al pie de los documentos unidos a este escrito para apreciar que por inexplicable desv\u00edo de do\u00f1a Purificaci\u00f3n y su falta de colaboraci\u00f3n, la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes del consorcio y la verdadera entidad de las deudas deducibles, han tenido hasta ahora car\u00e1cter de provisionalidad, por lo que dentro del cauce adecuado de la legislaci\u00f3n fiscal, se solicitar\u00e1 la elevaci\u00f3n a definitivas de las liquidaciones provisionales, con las rectificaciones inherentes al t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n que proceda en pago, o para pago de deudas, en lugar de los de adjudicaci\u00f3n de gananciales o de herencia exaccionados. Las liquidaciones se practicaron en las oficinas competentes de Marquina y de Madrid. Aleg\u00f3 los fundamentos de derecho que estim\u00f3 pertinentes y termin\u00f3 suplicando que teniendo por contestada la demanda, se sirviera absolver a los demandados de los pedimentos que en la s\u00faplica de la misma se interesa, y estimando la reconvenci\u00f3n que en su nombre formula en este escrito declarar: En cuanto a la demandada do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza; Primero.\u2013 Que habi\u00e9ndose promovido el\n<\/p>\n

\n procedimiento prevenido en el art\u00edculo 1.422 del C\u00f3digo Civil para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, disuelta por el fallecimiento de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, liquidaci\u00f3n indispensable para determinar la asistencia de los derechos que pretende hacer efectivos el demandante, es en este pleito al que a tal fin acude la viuda del causante y en el que reconviene la heredera demandada, donde a la vista de las alegaciones y documentos y proyectos de liquidaci\u00f3n a \u00e9l aportados y dem\u00e1s pruebas que oportunamente se practiquen, procede declarar qu\u00e9 bienes integran el caudal relicto, disposiciones aplicables seg\u00fan la condici\u00f3n troncal o no troncal de los mismos, existencias de aportaciones de la esposa que deban serle en su caso devueltas y deudas, cargas y obligaciones pendientes de pago por la sociedad conyugal; determin\u00e1ndose por aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en los art\u00edculos 1.422 y siguientes, si existiesen gananciales, cuya mitad debe percibir la viuda, y en qu\u00e9 cuant\u00eda, o si no existen; y si, disuelta la sociedad y pagadas las deudas de la misma, resta caudal hereditario no troncal sobre el que hubiere de constituirse el usufructo viudal que la demandante reclama; todo ello en cuanto a los bienes regidos por la legislaci\u00f3n com\u00fan; y si se han cumplido en relaci\u00f3n con los bienes troncales, las disposiciones del Fuero de Vizcaya que regulan su transmisi\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Segunda.\u2013<\/strong> A) Que en los bienes que integran el caudal relicto hay que distinguir dos grupos que se califican por las disposiciones legales aplicables a su liquidaci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n, el de los bienes del consorcio, que, por no proceder de su cesi\u00f3n troncal se hallan regidos por el C\u00f3digo Civil, y los que por car\u00e1cter troncal han de volver indefectiblemente al tronco de que proceden con arreglo al Fuero de Vizcaya.\n<\/p>\n

\n b) Que los bienes regidos por el C\u00f3digo Civil son los que aparecen inventariados en las operaciones presentadas por la demandada do\u00f1a Clotilde, a los que se atribuye un valor en junto de 1.302.129,51 pesetas, y los troncales los que con tal car\u00e1cter se relacionan en dicho proyecto, cuyo valor, sumados los de las dos transmisiones de que proceden, es de 2.030.719,17 pesetas.\n<\/p>\n

\n c) Que, en relaci\u00f3n con los del primer grupo no procede estimar la existencia de aportaci\u00f3n de la esposa que le haya de ser devuelta al liquidarse la sociedad conyugal, ya que por lo que se refiere al .. que aparece adquirido a nombre de aqu\u00e9lla, no ha justificado que el precio pagado precediese de bienes dotales o parafernales, de cuya aportaci\u00f3n no hay constancia, declarando asimismo que los valores bancarios e industriales adquiridos por el causante antes de su matrimonio, heredados de sus padres, y muebles de igual procedencia existentes en la casa de Ichescaldegui o trasladados de all\u00ed al piso adquirido en Lequeitio, tienen el car\u00e1cter de privativos del mismo por lo que no han de operar como una sociedad conyugal, al disolverse \u00e9sta, sino como caudal hereditario del causante.\n<\/p>\n

\n d) Excediendo el pasivo de la sociedad conyugal, de la cuant\u00eda de los bienes de la misma, procede declararla disuelta sin la existencia de bienes gananciales, por lo que la viuda no puede participar en ellos, ya que ha de aplicarse \u00edntegramente al pago no ya\n<\/p>\n

\n de la totalidad, sino de una parte de las deudas de la disuelta sociedad conyugal, que mediante la aplicaci\u00f3n de sus bienes a dicho pago ha de considerarse liquidada.\n<\/p>\n

\n e) Que rebasado el importe de las citadas deudas no s\u00f3lo del caudal inventariado como de la sociedad conyugal, sino tambi\u00e9n del resto de los bienes inventariados que tiene el car\u00e1cter de privativo del marido, no queda caudal hereditario sobre el que pueda pagarse a la viuda del usufructo que reclama; bienes cuya adjudicaci\u00f3n a la \u00fanica heredera procede para que su importe pague el resto de las deudas de la sociedad conyugal, reintegr\u00e1ndose, en su caso, de las cantidades suplidas, y de no alcanzar los bienes de la herencia que a tal fin se le adjudican deber\u00e1n pagar las deudas como \u00fanica heredera del causante, no acogida al beneficio del inventario al aceptar la herencia.\n<\/p>\n

\n Que habiendo la demandada retirado y hecho suyas de las cuentas corrientes que el causante ten\u00eda abiertas en las sucursales de los Bancos de Bilbao y Vizcaya en Lequeitio, diversas cantidades que sumadas ascienden como m\u00ednimo a 200.000 pesetas, al no existir gananciales, debe reintegrar dicha suma a la masa de bienes de la sociedad conyugal, el autom\u00f3vil comprado por el causante, que retiene y asimismo los muebles retirados de la residencia de Ichaoaldegui, y desocupar e incorporar al caudal de la sociedad conyugal el piso de la plaza de San Crist\u00f3bal, n\u00famero 3, de Lequeitio, el que, aunque adquirido a su nombre fue pagado con cantidades pertenecientes a dicha sociedad, debi\u00e9ndose cancelar la inscripci\u00f3n de dominio.\n<\/p>\n

\n Que aunque condicionada a la justificaci\u00f3n de la procedencia del precio, justificaci\u00f3n que no ha aportado, ha acusado a su nombre en el Registro de la Propiedad.\n<\/p>\n

\n G) Que en cuanto a la herencia troncal de la rama Ad\u00e1n de Yarza, nada tiene que percibir ya de la demandante, por haberle sido respetada por la heredera de dichos bienes, la demandada, do\u00f1a Clotilde, el \u00fanico derecho que le asist\u00eda con arreglo al Fuero, que era permanecer un a\u00f1o y d\u00eda haciendo suyos todos sus aprovechamientos en la Caser\u00eda de Ichasoaldegui, a la que fue al contraer matrimonio, sin llevar bienes propios que debieran serle devueltos al morir su marido, y sin que tampoco hubiera habido durante el matrimonio “mejoramiento” ni “multiplicado” de los que debe de participar la viuda, quien deber\u00e1 hacer entrega a la heredera de las llaves de dicha finca que todav\u00eda retiene.\n<\/p>\n

\n Tercero.\u2013<\/strong> En cuanto al demandado, don Juan Jos\u00e9 Llasera y Ad\u00e1n de Yarza:\n<\/p>\n

\n a) Que procede tener por debidamente cumplidos las obligaciones que con arreglo a la Ley de fuerza exigibles a rendir cuentas como apoderado mandatario verbal o gestor de negocios ajenos, en relaci\u00f3n con los bienes del causante, o de la sociedad conyugal formada con la demandante, do\u00f1a Purificaci\u00f3n, o del caudal yacente, una vez fallecido aqu\u00e9l; sin que de dicha rendici\u00f3n de cuentas aparezca pendiente saldo alguno en poder de dicho demandado, que se halla en la obligaci\u00f3n de reintegrar, ni a la disuelta sociedad conyugal, ni a la heredera do\u00f1a Clotilde.\n<\/p>\n

\n b) Que en relaci\u00f3n con compras de aprovechamientos forestales hechos en vida al causante tiene liquidadas asimismo todas sus cuentas con la herencia yacente, por haber aplicado el saldo de 1.244.984,60 pesetas, que ten\u00eda pendiente de pago a don Rodrigo por la \u00faltima compra de pinos afectada en vida de \u00e9ste .a la solvencia del impuesto de derechos reales correspondiente a la sucesi\u00f3n de dicho don Rodrigo, en la herencia troncal de su prima do\u00f1a mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y Mazarredo.\n<\/p>\n

\n c) Que no procede que este demandado constituya usufructo a favor de la demandante, sobre ninguna clase de bienes procedentes de la sucesi\u00f3n de don Rodrigo, por pertenecerle en pleno dominio los \u00fanicos que posee correspondientes a la herencia troncal Ad\u00e1n de Yarza, que ha adquirido por compra leg\u00edtimamente justificada y amparada por una inscripci\u00f3n registral, y, finalmente.\n<\/p>\n

\n D) Que liquidadas sus cuentas con la sociedad conyugal, cuantos derechos y obligaciones derivados de su gesti\u00f3n durante el per\u00edodo en que ha estado la herencia yacente le asistan o alcancen, han de ser solventados ya \u00fanicamente con la heredera do\u00f1a Clotilde, como \u00fanico derechohabiente en la sucesi\u00f3n de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza.\n<\/p>\n

\n Cuarto.\u2013<\/strong> Condenar a la demandante a estar y pasar por las anteriores declaraciones, librando el oportuno exhorto al efecto de la cancelaci\u00f3n de inscripci\u00f3n de dominio causada a su favor en el Registro de la Propiedad de Marquina, en relaci\u00f3n con el piso de la plaza de San Crist\u00f3bal, n\u00famero 3, de Lequeitio, sustituy\u00e9ndose por otra a favor de la sociedad conyugal, y, por liquidaci\u00f3n de \u00e9sta a nombre de la heredera do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza, como adjudicaci\u00f3n en pago o para pago de deudas de dicha sociedad.\n<\/p>\n

\n Quinto.\u2013<\/strong> Condenar a la demandada al pago de todas las costas del juicio.\n<\/p>\n

\n A medio del primer otros\u00ed, se opone a la solicitud del anotaci\u00f3n de la demanda solicitada por la actora, y a medio de segundo otros\u00ed solicita que la demanda reconvencional se anote preventivamente en el Registro de la Propiedad correspondiente, y con respecto al piso de la plaza de San Crist\u00f3bal, n\u00famero 3, de Lequeitio:\n<\/p>\n

\n Resultando que a la anterior contestaci\u00f3n se acompa\u00f1aron los documentos de que en dicho escrito se hace m\u00e9rito, entre ellos los siguientes: Carta dirigida por el Banco de Bilbao de Lequeitio a los se\u00f1ores herederos de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, en fecha 5 de mayo de 1955, en la que literalmente se dice: “En relaci\u00f3n con el pago de los derechos reales correspondientes a la participaci\u00f3n de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza en la herencia de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, anualidades de 1955 a 1956, nuestra direcci\u00f3n nos se\u00f1ala el deseo de que la testamentar\u00eda de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza no se demora hasta esperar el resultado de pleito (folio 511 de los autos). Letra de cambio librada en Lequeitio, en 12 de mayo de 1955, por do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza con el con\u00adsentimiento de su marido, contra don Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza, aceptada por\n<\/p>\n

\n \u00e9ste, importando 700.000 pesetas a noventa d\u00edas fecha, a la orden de don Mariano Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar, en la que el respaldo dice: “P\u00e1guese a la orden del Banco de Bilbao. Lequeitio, 12 de mayo d 1955, Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, rubricado” (folio 512 de los autos). Un documento que dice: “Banco de Bilbao. Lequeitio, 18 de mayo de 1956. Don Juan Llasera Ad\u00e1n de Yarza cuenta corriente n\u00famero 24, abonamos a usted en su cuenta V\/ma\u00f1ana pesetas 660, heredero de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza. Quedamos de Vd. attos. ss. Banco de Bilbao. Lequeitio, ilegible.- Rubricado (folio 513 de los autos). Una certificaci\u00f3n expedida por el Director del Banco de Bilbao en Lequeitio de fecha 30 de noviembre de 1957, en la que se hace constar: “Que don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar solicit\u00f3 del Banco, carta fecha 7 de abril de 1952, un aval que garantizara a la Hacienda el pago fraccionado del impuesto de Derechos Reales que le hab\u00eda sido girado por su parte en la herencia de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, el cual le fue concedido y se formaliz\u00f3 por contrato de fecha 3 de mayo del mismo a\u00f1o. Que al mismo tiempo solicit\u00f3 un cr\u00e9dito para hacer efectiva la primera anualidad del citado impuesto, que tambi\u00e9n le fue concedido por importe de 800.000 pesetas, garantizando su pago con la aceptaci\u00f3n de una letra por dicho importe y que fue librada por don Juan Llasera Ad\u00e1n de Yarza, de quien se exigi\u00f3 la firma por ser el comprador de los montes con cuyo importe hab\u00eda de amortizarse el cr\u00e9dito. Dicha letra fue objeto, hasta su cancelaci\u00f3n de las siguientes reservaciones y amortizaciones parciales. Cantidad, fecha negociaci\u00f3n y fecha vencimiento, respectivamente. Letra inicial, ?00.000 pesetas, 3 de mayo de 1952, 29 de julio de 1952. Primera renovaci\u00f3n, 800.000, 27 de julio de 1952, 27 de octubre de 1952. Segunda renovaci\u00f3n, 600.000, 27 de octubre de 1952, 26 de enero de 1953. Terceras renovaciones, 100.000, 26 de enero de 1953, ?? de febrero de 1953. 100.000, \u00eddem., 24 de marzo de 1953. 200.000 \u00eddem. 14 de abril de 1953, cancelada. Que el 18 de abril de 1953 y para pagar la segunda anualidad de Derechos Reales, solicit\u00f3 don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza otro nuevo cr\u00e9dito de 700.000 pesetas, que le fue concedido en igual forma que el anterior, mediante una letra librada por el se\u00f1or LLasera que fue amortizada en la siguiente forma. Letra inicial, 700.000, 25 de abril de 1953. Primera renovaci\u00f3n, 500.000, 24 de julio de 1953, 22 de octubre de 1953. Segunda renovaci\u00f3n, 200.000, 22 de octubre de 1953, 22 de diciembre de 1953. Tercera renovaci\u00f3n, 100.000, 21 de diciembre de 1953, 19 de febrero de 1954. Cancelada. Todo el importe total en efectivo de dichos cr\u00e9ditos, o sea 1.500.000 menos intereses y comisi\u00f3n bancarias, fue abonado en la cuenta corriente del se\u00f1or Ad\u00e1n de Yarza fue destinado al pago del impuesto de Derechos Reales avalado por el Banco de Bilbao, y su amortizaci\u00f3n se realiz\u00f3 en la forma prevista al ser concedidos, con abono por el se\u00f1or Llasera a la cuenta de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza. Testimonio de exhibici\u00f3n de la escritura de aprobaci\u00f3n y protocolizaci\u00f3n de las operaciones particionales de la testamentar\u00eda de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y Mazarredo, autorizada por el Notario de Madrid don Juan Manuel L\u00f3pez Palop el d\u00eda 28 de noviembre de 1950, en la que se adjudican a don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza las fincas que en dicha escritura se hacen constar (folio 5 del apuntamiento). Y una relaci\u00f3n de los pinares adquiridos por don Juan Jos\u00e9 Llasera a don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza desde 4 de marzo de 1954, agosto ??? y con indicaci\u00f3n de las fechas de las anotaciones de costa concedidas por Distrito Forestal:\n<\/p>\n

\n Resultando que la parte demandante evacu\u00f3 el traslado que para r\u00e9plica y contestaci\u00f3n a la reconvenci\u00f3n le fue conferido, insistiendo en los hechos y fun\u00addamentos de derecho de su demanda, y exponiendo en cuanto a la reconvenci\u00f3n: Que no admite el que la sucesi\u00f3n de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, cualquiera que sea el car\u00e1cter de sus bienes, hay que ordenarse con arreglo al Fuero de Vizcaya, ni tampoco que don Juan Llasera actuara con conocimiento y aquiescencia de do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte como gestor de los negocios de \u00e9sta, y rechazan la liquidaci\u00f3n de la sociedad completa, y por deducirse de una rendici\u00f3n de cuentas, id\u00e9nticas condiciones. Que no reconoce como obligaci\u00f3n de la sociedad conyugal el pago de los impuestos de Derechos Reales, y no ya el de las dos \u00faltimas anualidades, sino ninguno de tales pagos, puesto que aun siendo obligaciones contra\u00eddas por el causante durante el matrimonio no lo fueron para atenciones de familia, por lo que tales pagos al ser un cr\u00e9dito contra la herencia y en favor de la sociedad conyugal, han de- constar a efectos de su liquidaci\u00f3n, en el activo de \u00e9sta y reintegrarse, por tanto, en la legal proporci\u00f3n a su titular do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte. Aportan el documento, que de contrario se pide, formalizado en 20 de junio de 1951, entre don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, don Juan Llasera Ad\u00e1n de Yarza y do\u00f1a Rosario Ad\u00e1n Urquiza, que niega que la deuda a que hace referencia existiera ni existe, y, mucho menos que contrajera en inter\u00e9s de la familia, por lo que no puede ser d\u00e9bito de la sociedad conyugal, el referido documento contiene al parecer, un convenio por el que don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza reconoce deber en favor de do\u00f1a Rosario Arana una importante cantidad con objeto de convencer a \u00e9sta para que le demandase en juicio, pues el pleito a que se alude se interpuso por dicha do\u00f1a Rosario Arana contra don Rodrigo, entre otros, como heredero que era de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, deuda que quedar\u00eda sin efecto en el supuesto de que el delito terminara con \u00e9xito para do\u00f1a Rosario y contra don Rodrigo, y con cuyo documento se solventaba diferencia en orden a la interpretaci\u00f3n del testamento, que en aquel pleito se impugnaba. Don Juan Llasera, quien una vez m\u00e1s aparece en todo cuanto hace referencia a los asuntos que tratan d\u00e9 ventilar, podr\u00e1 explicar lo anteriormente expuesto, pues la demandante nada sabe de todo ello, y don Juan podr\u00e1 resolverlo e incluso en el supuesto de la deuda ser real y estar pendiente, podr\u00e1 y deber\u00e1 abonarla dado que la afianzaba y se obligaba a pagar en el supuesto de que el deudor principal no lo hiciera. Por el contrario, admiten como obligaciones de la sociedad conyugal y a resultas de su futura liquidaci\u00f3n los gastos que se se\u00f1alan en los apartados B y C de la reconvenci\u00f3n. Por las razones expuestas rechaza cuanto se afirma en los hechos cuarto, quinto y sexto de la reconvenci\u00f3n, salvo aquellos que expresamente hayan reconocido en el curso de este escrito. Aleg\u00f3 los fundamentos de derecho que estim\u00f3 de aplicaci\u00f3n y termin\u00f3 suplicando que teni\u00e9ndole por evacuado el traslado, se dictara sentencia en los t\u00e9rminos interesados en su demanda y con expresa imposici\u00f3n de las costas a los demandados. Por otros\u00ed, interes\u00f3 el recibimiento a prueba, y acompa\u00f1\u00f3 los documentos mentados:\n<\/p>\n

\n Resultando que la representaci\u00f3n de la parte demandada, evacu\u00f3 el tr\u00e1mite de s\u00faplica insistiendo en los hechos y fundamentos de derecho de su escrito de contestaci\u00f3n y reconvenci\u00f3n, solicitando se dictase sentencia de acuerdo con la s\u00faplica\n<\/p>\n

\n de dichos escritos, sin otra modificaci\u00f3n que la siguiente: En cuanto a la demandada do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza: El apartado B) del pronunciamiento segundo, quedar\u00e1 como sigue:\n<\/p>\n

\n i. Que el pago de 1.346.720,07 pesetas, importe de los plazos pendientes del impuesto de Derechos Reales al fallecimiento de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y Mazarredo ha de figurar como deuda de la sociedad conyugal a la que aqu\u00e9l perteneci\u00f3 y a efectos de su liquidaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n ii. Que la deuda contra\u00edda por don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza a favor de do\u00f1a Rosario Arana, y de sus hijos, mediante documentos privados de fecha 20 de junio de 1951 y por importe de 1.500.000 pesetas, deben figurar tambi\u00e9n al cargo de la propia sociedad de gananciales.\n<\/p>\n

\n III. Que excediendo el pasivo de la sociedad conyugal de la cuant\u00eda de los bienes de la misma, procede declararla disuelta sin la existencia de bienes gananciales, por lo que la viuda no puede participar de ellos, ya que han de aplicarse \u00edntegramente al pago, no ya de la totalidad, sino de una parte de las deudas de la disuelta sociedad conyugal, mediante la aplicaci\u00f3n de sus bienes a dicho pago ha de considerarse liquidado. El apartado F) del mismo pronunciamiento segundo. Con la rectificaci\u00f3n consistente en sustituir la cantidad de 200.000 pesetas por la que esta parte justificar\u00e1 en el per\u00edodo probatorio. Y por \u00faltimo, se adiciona a este primer grupo de pronunciamientos en cuanto a la demanda, el siguiente: H) Que los productos extraordinarios obtenidos con la corta total o a matarrasa del arbolado existente en los montes de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, cuyo crecimiento hab\u00eda requerido unos treinta a\u00f1os dejando los terrenos totalmente calvos en forma que requieren su repoblaci\u00f3n artificial, no pueden ser considerados como frutos de dichos montes, sino como dimanantes de la enajenaci\u00f3n de una de las partes integrantes del patrimonio forestal y la m\u00e1s valiosa de ellas. A medio de otros\u00ed solicit\u00f3 el recibimiento a prueba. Y acompa\u00f1\u00f3 los documentos a que hace referencia:\n<\/p>\n

\n Resultando que recibido el pleito a prueba, a instancia de la parte actora se practic\u00f3 la de confesi\u00f3n judicial a ambos demandados y la documental mediante la reproducci\u00f3n de los documentos aportados con la demanda y la aportaci\u00f3n de otros, la pericial mediante informe de tres Ingenieros de montes y un agr\u00f3nomo, y la pericial caligr\u00e1fica. Y la propuesta de la parte demandada se practic\u00f3 la de confesi\u00f3n judicial de la demandante, la documental mediante la reproducci\u00f3n de los documentos ya presentados en los autos y la aportaci\u00f3n de otros, entre ellos testimonio expedido por el Secretario del Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 3 de Bilbao, el 22 de abril de 1958, que dice: Doy fe: Que en los autos de mayor cuant\u00eda que en este Juzgado se tramitan a instancia de do\u00f1a Mar\u00eda del Carmen Solano y Gil Delgado contra don Juan Llasera y Ad\u00e1n de Yarza y do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza, aparecen los siguientes: “He recibido de do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza, la cantidad de 250.000 pesetas como primera entrega en cuenta de la deuda de un 1.500.000 pesetas en dinero efectivo, reconocida por el\n<\/p>\n

\n hermano don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza (q.d.g.), a favor m\u00edo y de mis hijos por m\u00ed representados, en documento privado suscrito el 20 de junio de 1951, y de acuerdo con lo establecido en la cl\u00e1usula tercera de dicho convenio, cuya validez plena eficacia reconoce expresamente do\u00f1a Clotilde, comprometi\u00e9ndose a cumplirlo en todas sus partes en su cualidad de \u00fanica y universal heredera de su hermano. Lequeitio, 13 de octubre de 1956.- Firmado Rosario Arana. Otro, \u00eddem. \u00eddem. igual cantidad de 250.000 pesetas, como segunda entrega a cuenta de \u00eddem. de ?, de abril de 1957. Otro, \u00eddem. de 17 de noviembre de 1957, \u00eddem. \u00eddem. por 500.000 pesetas, en pago de la segunda anualidad a cuenta de \u00eddem. Oficio del Ayuntamiento de Gald\u00e1cano, fechado el 22 de ?? de 1958, que dice:\n<\/p>\n

\n Primero.<\/strong>– Que la edad de los pinares propiedad de la corporaci\u00f3n en el momento de realizarse su tala o aprovechamiento a matarrasa, ha sido de veinticinco a treinta a\u00f1os.\n<\/p>\n

\n Segundo.-<\/strong> Que el importe obtenido por la corta a matarrasa se considera como una enajenaci\u00f3n del capital vuelo del monte, resultando de la suma de crecimientos anuales del arbolado, acumulados desde la plantaci\u00f3n del mismo.\n<\/p>\n

\n Tercero.<\/strong>– Que efectuada la corta a matarrasa del arbolado, quedan los montes desprovistos de su principal valor, siendo obligatoria su repoblaci\u00f3n forestal en virtud del Decreto de 24 de septiembre de 1938.\n<\/p>\n

\n Cuarto.<\/strong>– Que la repoblaci\u00f3n de los montes municipales se inici\u00f3 el a\u00f1o 1920 aproximadamente, no efectu\u00e1ndose en ninguno de ellos dos cortas consecutivas a matarrasa.\n<\/p>\n

\n Quinto.<\/strong>– Que la subasta de adjudicaci\u00f3n de aprovechamientos forestales de los montes municipales de este Ayuntamiento, hasta la publicaci\u00f3n de la Orden circular de 30 de noviembre de 1948, “Bolet\u00edn Oficial del Estado” del 5 de diciembre del mismo a\u00f1o, se efectuaron sin limitaci\u00f3n de precio y durante la vigencia de esta disposici\u00f3n, con sujeci\u00f3n a los precios fijados por el Distrito Forestal de Vizcaya, hasta la implantaci\u00f3n de libertad vigilada de precios de madera establecida por Decreto de 4 de agosto de 1952, “Bolet\u00edn Oficial del Estado” del 25 del mismo mes y a\u00f1o.\n<\/p>\n

\n Sexto.<\/strong>– Que no se puede concretar el coste de las repoblaciones efectuadas en los montes municipales durante los a\u00f1os 1951 a 1954, por haberse efectuado los distintos trabajos de preparaci\u00f3n y plantaci\u00f3n separadamente, pero puede estimarse el costo total, limpieza, marcado, apertura de hoyos, colocaci\u00f3n de la misma, suministro de planta y reposici\u00f3n de faltas, en aquel per\u00edodo, en 65 c\u00e9ntimos planta. \u2013 Un informe del Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Bilbao, de fecha 11 de abril de 1958, en el que, entre otros particulares, se dice: “Tercero. Que el producto obtenido de la corta a matarrasa en pinos-insigno de treinta a\u00f1os no puede tener consideraci\u00f3n de producto del a\u00f1o en que se efect\u00faa la corta, sino la de \u00faltima acumulaci\u00f3n de rentas producidas durante los treinta a\u00f1os, extingui\u00e9ndose su capital vuelo y quedando el monte\n<\/p>\n

\n desprovisto de su principal valor si no se repuebla nuevamente”.\u2013 Otra certificaci\u00f3n de la Diputaci\u00f3n provincial de Vizcaya de fecha 18 de abril de 1958, en la que se dice: “Primero. La edad a la cual por t\u00e9rmino medio se ha realizado la corta en los montes patrimoniales de la Corporaci\u00f3n Provincial ha sido la de veinticinco a treinta a\u00f1os, fijada como turno para el P. Insignis, especie predominante y casi exclusiva de los montes.\u2013 Segundo. El importe obtenido por la corta o hecho o matarrasa tiene el car\u00e1cter de enajenaci\u00f3n del capital vuelo, resultante de la suma de los productos por rendimientos anuales acumulados de la plantaci\u00f3n del momento y no percibidos hasta el momento de su corta.\u2013 Tercero. Una vez realizada la corta total de la masa existente desaparece el factor vuelo, quedando \u00fanicamente el del suelo, no siendo precisa su repoblaci\u00f3n forestal para devolverla el car\u00e1cter de finca o monte forestal.\u2013 Cuarto. La Corporaci\u00f3n Provincial inici\u00f3 la repoblaci\u00f3n cuando de la misma depend\u00edan los montes de utilidad p\u00fablica, que m\u00e1s tarde pasaron a depender de la Direcci\u00f3n General de Montes, hac\u00eda el a\u00f1o 1920 al 1925.\u2013 En algunos montes, como en el n\u00famero 122 d\u00e9 Trucios y en otros patrimoniales, se ha vuelto a repoblar despu\u00e9s de realizada la corta, sin que hasta la fecha se haya realizado la segunda corta.-Quinto. En relaci\u00f3n con este punto se hace constar que, seg\u00fan las normas establecidas en 30 de noviembre de 1948, aparecidas en el “Bolet\u00edn Oficial del Estado” de 5 de diciembre de 1948, el precio era fijado por el Distrito Forestal de Vizcaya, quedando en libertad por Decreto de la Presidencia del Gobierno de 4 de agosto de 1952 (“Bolet\u00edn Oficial del Estado” de 25 de agosto de 1952), desde el d\u00eda siguiente, quedando, por lo tanto, en este intermedio el tiempo sin poder alterar los precios o valores fijados por el referido Distrito Forestal.\u2013 Sexto. El costo medio de repoblaci\u00f3n comprendido en el per\u00edodo de 1951 a 1954, incluyendo los gastos totales necesarios a realizar, puede fijarse de 3.000 a 4.000 pesetas por hect\u00e1rea, con una densidad de 3.000 pies por unidad superficial, saliendo, por lo tanto, por pie plantado a la cantidad de una peseta treinta c\u00e9ntimos el costo por unidad de planta, depende no s\u00f3lo de la calidad del terreno, sino del mayor o menor n\u00famero de plantas puestas por hect\u00e1rea:\n<\/p>\n

\n Resultando que unidas a los autos las pruebas practicadas y evacuado por las partes el tr\u00e1mite de conclusiones, con suspensi\u00f3n del t\u00e9rmino para dictar sentencia y para mejor proveer, acord\u00f3 el Juzgado la pr\u00e1ctica de prueba pericial comprensiva de los particulares del apartado A) del escrito de proposici\u00f3n de la parte demandada por el Perito don Jos\u00e9 Luis Berastegui Goicoechea, quien a\u00f1adir\u00e1 a su informe, a los particulares citados, la explicaci\u00f3n contable de las letras de cambio acompa\u00f1adas a la r\u00e9plica, en relaci\u00f3n con los estados bancarios y liquidaci\u00f3n presentados por el se\u00f1or Llesera; y que habiendo comparecido dicho Perito a la presencia judicial a aceptar y jurar el cargo, evacu\u00f3 su cometido a medio del informe que, compuesto de doce folios y cuatro anexos, se une a los autos en cuyo informe se afirm\u00f3 y ratific\u00f3 a la presencia judicial:\n<\/p>\n

\n Resultando que por el Juez de Primera Instancia n\u00famero 2 de los de Bilbao, con fecha 30 de diciembre de 1958, se dict\u00f3 sentencia por la que, teni\u00e9ndose por allanados los demandados a la rendici\u00f3n de cuentas y pr\u00e1cticas operatorio-divisorias de la 22\n<\/p>\n

\n comunidad de gananciales existentes entre la actora y don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y por opuesta la heredera do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza a la continuaci\u00f3n del usufructo solicitado, y acogido en parte la reconvenci\u00f3n formulada por los demandados, declar\u00f3:\n<\/p>\n

\n Primero.<\/strong>– Que las operaciones de liquidaci\u00f3n y divisi\u00f3n de la sociedad de gananciales referida, deben ser utilizadas en el presente pleito y resumirse (conforme a lo alegado y probado) en los siguientes puntos:\n<\/p>\n

\n A) El caudal total est\u00e1 formado por los bienes relacionados en el hecho cuarto de la reconvenci\u00f3n, con un valor de 4.332.848 pesetas con 68 c\u00e9ntimos, de los que 2.302.129 pesetas con 51 c\u00e9ntimos corresponden a los bienes regidos por el C\u00f3digo Civil y 2.030.719 pesetas con 17 c\u00e9ntimos corresponden a bienes troncales.\n<\/p>\n

\n b) No existe aportaci\u00f3n alguna de do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte, que debe ser pagada con cargo a los bienes inventariados, declarando expresamente que el piso radicado en Lequeitio, y valorado en 87.500 pesetas, y el autom\u00f3vil, valorado en 20.000, deben considerarse formando parte de la masa partible.\n<\/p>\n

\n c) Son obligaciones de la sociedad, deducibles del caudal, las partidas de 32.754 pesetas con nueve c\u00e9ntimos de la contribuci\u00f3n general sobre la renta y la de 14.000 pesetas del Procurador se\u00f1or Arana, debiendo figurar tambi\u00e9n en el pasivo el total del capital aportado por el marido, que unido a las cargas anteriormente citadas, arroja un total de 2.687.996 pesetas con 71 c\u00e9ntimos.\n<\/p>\n

\n d) No son de cargo de la sociedad los cr\u00e9ditos relacionados en los apartados a) de la liquidaci\u00f3n presentada en el referido hecho cuarto de la reconvenci\u00f3n, debiendo pasar las partidas de 1.346.720 pesetas con siete c\u00e9ntimos sobre los bienes propios del marido \u00fanicamente, y as\u00ed se declara expresamente.\n<\/p>\n

\n e) Resumiendo los puntos anteriores, se fija como saldo ganancial partible, salvo error, el de 1.644.851 pesetas con 97 c\u00e9ntimos, cuya mitad es de 820.425 pesetas con 98 c\u00e9ntimos.\n<\/p>\n

\n f) Se declara que la actora ha retirado despu\u00e9s de la muerte de su marido de las cuentas bancarias de \u00e9ste la suma de 239.293 pesetas con 44 c\u00e9ntimos y se fija como l\u00edquido abonable a do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte la cantidad de 583.132 pesetas con 54 c\u00e9ntimos, que la deben ser pagadas con los bienes no troncales de la masa inventariada.\n<\/p>\n

\n Segundo.<\/strong>– Que en cuanto a la herencia troncal de la rama Ad\u00e1n de Yarza, do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte no tiene nada que percibir, ni la corresponde el derecho de usufructo que reclama, declar\u00e1ndose por el contrario, no haber bienes sobre los que construirlo, y cumplidos y agotados los derechos que le correspond\u00eda mediante el disfrute de m\u00e1s de un a\u00f1o que se le permiti\u00f3 sobre los bienes del causante.\n<\/p>\n

\n Tercero.<\/strong>– Que deben ser aprobadas las cuentas rendidas por el demandado don\n<\/p>\n

\n Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza y declararse asimismo que no existe ninguna otra operaci\u00f3n pendiente de rendici\u00f3n de cuentas ni saldo a favor de la sociedad de gananciales Ad\u00e1n de Yarza Alc\u00edbar por haber sido aplicado el \u00faltimo saldo en provecho del caudal hereditario se absuelve a los demandados do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar y don Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza y a la actora do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte de las dem\u00e1s peticiones que frente a ellos se hacen en la demanda y reconvenci\u00f3n respectivamente, y en todo cuanto no resulte de los anteriores pronunciamientos:\n<\/p>\n

\n Resultando que interpuesto recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior sentencia por las representaciones de las partes demandante y demandada, y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, con fecha 24 de noviembre de 19?? dict\u00f3 sentencia, que contiene el siguiente:\n<\/p>\n

\n “Fallamos que confirmando en parte y revocando tambi\u00e9n en parte la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 2 de Bilbao en 30 de diciembre de 1958, y en los autos de juicio ordinario de mayor cuant\u00eda de que dimana este rollo, y estimando parcialmente la demanda y la reconvenci\u00f3n, debemos declarar y declaramos:\n<\/p>\n

\n Primero.<\/strong>– Que las operaciones de liquidaci\u00f3n y divisi\u00f3n de la sociedad de gananciales existente entre do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte y don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, deben ser ultimadas en este proceso y resumirse en los extremos siguientes:\n<\/p>\n

\n A)<\/strong> El activo est\u00e1 formado por los bienes inventariados en el proyecto de 30 de septiembre de 1957 (documento n\u00famero ?? de los acompa\u00f1ados con la contestaci\u00f3n a la demanda), valorados en 4.332.848 pesetas y 68 c\u00e9ntimos.\n<\/p>\n

\n b) Todos los bienes referidos excepto los titulados bienes inmuebles troncales se refieren en la sucesi\u00f3n intestada a don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza con arreglo a lo preceptuado en el C\u00f3digo Civil y los inmuebles troncales con sujeci\u00f3n al Fuero de Vizcaya.\n<\/p>\n

\n c) Do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar no hizo aportaci\u00f3n alguna al matrimonio que deba ser satisfecha con cargo a la herencia.\n<\/p>\n

\n d) El pasivo de la sociedad de gananciales est\u00e1 constituido por las partidas detalladas en dicho proyecto, excepto las de los apartados a) y c), y rebaj\u00e1ndose igualmente la suma de 2.178.889 pesetas con 26 c\u00e9ntimos a que se refiere el oportuno considerando, en concepto de pago del impuesto de derechos reales, por lo que el pasivo queda reducido a la cantidad de 509.107 pesetas y 45 c\u00e9ntimos.\n<\/p>\n

\n e) El saldo ganancial es de 3.823.741 pesetas con 23 c\u00e9ntimos, cuya mitad es de 1.911.870 pesetas con 61 c\u00e9ntimos.\n<\/p>\n

\n f) La actora ha retirado de las cuentas bancarias de su marido, despu\u00e9s del\n<\/p>\n

\n fallecimiento de \u00e9ste, la suma de 239.293 pesetas con 44 c\u00e9ntimos, quedando por ello un l\u00edquido ganancial en favor de la demandante de 1.672.577 pesetas con 17 c\u00e9ntimos, que le debe ser pagado en bienes no troncales.\n<\/p>\n

\n Segundo.<\/strong>– Que do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar no tiene nada que percibir de la herencia troncal de la rama Ad\u00e1n de Yarza, por haber disfrutado m\u00e1s del a\u00f1o y d\u00eda del usufructo foral.\n<\/p>\n

\n Tercero.<\/strong>– Que la demandante est\u00e1 obligada a reintegrar a la masa de bienes de la sociedad conyugal el coche Fiat, matr\u00edcula BI de Lequeitio, cancel\u00e1ndose la inscripci\u00f3n de dominio que ha causado el nombre de la parte actora en el Registro de la Propiedad de Marquina.\n<\/p>\n

\n Cuarto.<\/strong>– Que deben ser aprobadas las cuentas rendidas por el demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza y que no existe ninguna otra operaci\u00f3n pendiente de rendici\u00f3n de cuentas ni saldo a favor de la sociedad ganancial por haberse aplicado el saldo \u00faltimo en provecho de la herencia; condenando a las partes a estar y pasar por esta declaraci\u00f3n absolvi\u00e9ndolas de las restantes pretensiones contrarias, y sin hacer declaraci\u00f3n especial sobre la costas procesales en ninguna de las instancias”:\n<\/p>\n

\n Resultando que el Procurador don Federico Enr\u00edquez Ferrer, en representaci\u00f3n de la demandante do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte, interpuso recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n Ley contra la sentencia dictada en la apelaci\u00f3n, con apoyo a los siguientes motivos:\n<\/p>\n

\n Primero.\u2013<\/strong> Al amparo del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incurrir el fallo recurrido en violaci\u00f3n del art\u00edculo 10, p\u00e1rrafo tercero del C\u00f3digo, por aplicaci\u00f3n indebida de las Leyes 2 y 15, t\u00edtulo XX, y ocho, t\u00edtulo XXI del Fuero de Vizcaya, tambi\u00e9n por aplicaci\u00f3n indebida y tambi\u00e9n violaci\u00f3n, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y por inaplicaci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias que cita a continuaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n El fallo de la sentencia recurrida, en su apartado primero, letra B), declara que los bienes inmuebles troncales de la sucesi\u00f3n intestada de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, se defieren con sujeci\u00f3n al Fuero de Vizcaya.\n<\/p>\n

\n Entienden que este pronunciamiento infringe el Fuero de Vizcaya en sus Leyes 2 y 15 del t\u00edtulo XX, que se citan en los considerandos respectivos de la sentencia de la Audiencia y la Ley 8, t\u00edtulo XXI que cit\u00f3 la sentencia del Juzgado, cuyos considerandos se aceptan en este punto, y los infringe por aplicaci\u00f3n indebida. Igualmente infringe dicho fallo el art\u00edculo 10, p\u00e1rrafo tercero, por aplicaci\u00f3n indebida.\n<\/p>\n

\n La jurisprudencia del Alto Tribunal viene manteniendo la tesis de que en las sucesiones abintestato fue derogado el Derecho Foral de las distintas regiones, primero por la Ley llamada de Mostrencos y despu\u00e9s por el C\u00f3digo Civil que, a su vez, derog\u00f3 \u00e9ste, de forma que en materia de sucesiones abintestato el C\u00f3digo Civil es la \u00fanica 25\n<\/p>\n

\n norma aplicable en todo el territorio nacional, aforado o no, sin excepci\u00f3n alguna. Basta citar algunas sentencias posteriores a 1939, como las de 19 y 30 de diciembre de 1942, 3 de enero, 3 de abril, 24 de mayo y 14 de junio de 1945, la de 31 de enero de 1950, dictada precisamente en un caso de usufructo viudal en herencia intestada para Vizcaya, de la que luego habr\u00e1n de ocuparse por su inter\u00e9s especial, la de 29 de enero de 1955 y las m\u00e1s recientes de 1 de febrero de 1958 y 11 de octubre de 1960, a las que tambi\u00e9n se referir\u00e1n especialmente.\n<\/p>\n

\n Ello no obstante, y a pesar del criterio jurisprudencial tan uniforme, el Tribunal, “a quo”, en su sentencia, aplica a la sucesi\u00f3n abintestato que ocupa, el Derecho Foral de Vizcaya, tomando pie del art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil, al entender que este art\u00edculo, despu\u00e9s de sujetar los bienes inmuebles del estatuto real, sienta, en su p\u00e1rrafo segundo, la excepci\u00f3n referente a las sucesiones, en que se pronuncia por el estatuto personal del causante, “para excluir finalmente de esta excepci\u00f3n \u2013dice el considerando tercero\u2013, a las tierras pose\u00eddas por los vizca\u00ednos en la tierra llana, con lo que se revierte a la regla general o estatuto real”, para concluir que en la regi\u00f3n vasca el principio de troncalidad es una excepci\u00f3n en la regulaci\u00f3n por el C\u00f3digo Civil de las sucesiones abintestato, citando en apoyo de su tesis las sentencias de 4 de julio de 1955 y 10 de diciembre de 1959, e incluso la Ley de 30 de julio de 1959.\n<\/p>\n

\n Antes de estudiar estas sentencias y el alcance de la Ley citada, van a se\u00f1alar la recient\u00edsima sentencia de este Tribunal de 11 de octubre de 1960 (Rep. Juris Aranzadi, 3.803), que en su considerando tercero, despu\u00e9s de discurrir sobre la vecindad de la causante \u2013una vizca\u00edna que hab\u00eda perdido su ciudadan\u00eda foral\u2013, sienta la afirmaci\u00f3n de que la sucesi\u00f3n intestada que estudia ha de regirse por el C\u00f3digo Civil “adem\u00e1s \u2013dice\u2013, por la aplicaci\u00f3n a todo el territorio nacional de la Ley de 16 de mayo de 1935, llamada de Mostrencos, por sus mismas disposiciones y haberlo declarado as\u00ed constantemente la jurisprudencia”. Y al final del considerando pen\u00faltimo de la misma sentencia y despu\u00e9s de discurrir tambi\u00e9n sobre el car\u00e1cter de no vizca\u00edna de la causante, reitera “…pues ya se ha visto que esa Ley del Fuero la 15 del t\u00edtulo XX\u2013, \u00fanica que cita tal art\u00edculo del C\u00f3digo, no es aplicable a las sucesiones abintestato”. El Tribunal Supremo reitera, pues, en su sentencia m\u00e1s reciente sobre el tema \u2013al menos no conocen otra posterior\u2013, la inaplicabilidad del Fuero, a las sucesiones intestadas en Vizcaya, como algo axiom\u00e1tico que no necesita una argumentaci\u00f3n m\u00e1s reiterada.\n<\/p>\n

\n Ello, no obstante, hemos de hacer hincapi\u00e9 en este punto fundamental y trascendente, entrando a estudiar tambi\u00e9n lo dispuesto en el art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil y en la Ley del Fuero que cita, oponiendo su punto de vista al del Tribunal, “a quo”, en un discurrir cuyo \u00fanico valor es precisamente el de no ser original del recurrente, sino pura aplicaci\u00f3n de los textos legales y de la doctrina jurisprudencial que los confirma. Efectivamente, los p\u00e1rrafos primero y segundo del art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil, dicen lo que la sentencia recurrida recoge, pero, en cambio, no es exacto que el p\u00e1rrafo tercero sea una excepci\u00f3n total del p\u00e1rrafo anterior, sino simplemente una excepci\u00f3n parcial, en el sentido de excluir del estatuto personal a los bienes pose\u00eddos por los vizca\u00ednos en\n<\/p>\n

\n tierra llana, \u00fanicamente en las sucesiones testadas y no en las leg\u00edtimas o abintestato, porque precisamente la Ley 15, t\u00edtulo XX, del Fuero de Vizcaya que cita, se refiere \u00fanica y exclusivamente a sucesiones o testamentarias y para nada a las leg\u00edtimas, las cuales se regulan en el Fuero de Vizcaya solamente por la Ley 8 del t\u00edtulo XXI, que no cita el C\u00f3digo Civil, y el argumento m\u00e1s s\u00f3lido en demostraci\u00f3n de lo que acaban de exponer, es la simple lectura de esta Ley 15 que disipa toda posible duda, pues con una reiteraci\u00f3n tan machacona que parece prevista para evitar cualquier duda interpretativa, habla de si poner, de vencer, de mandar; es decir, de facultades dispositivas y nada m\u00e1s. Es improcedente, por tanto, que esta Ley pueda tener aplicaci\u00f3n para los casos en que la sucesi\u00f3n sea legal. Ello ser\u00eda tanto como interpretar el Fuero en sentido extensivo y, adem\u00e1s, ir en contra de la vieja regla aplicada por el Tribunal Supremo de que “la inclusi\u00f3n de un caso en la Ley supone la exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s”, pues se da el caso como antes se ha dicho, de que el C\u00f3digo Civil no cita la Ley 8 del t\u00edtulo XXI, que es la Ley del Fuero de Vizcaya reguladora de las sucesiones intestadas. Y es obvio que si el legislador hubiera querido que la excepci\u00f3n del calendado p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 10 alcanzara tambi\u00e9n a las sucesiones intestadas, hubiera citado adem\u00e1s de aquella Ley 15, la 8 del t\u00edtulo XXI. Y para que no pueda dudarse de la intenci\u00f3n del legislador se van a permitir recordar a la Sala que ese p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil, se a\u00f1adi\u00f3 a \u00e9ste en su segunda edici\u00f3n, a instancia del Senador vizca\u00edno se\u00f1or Zabala, el cual hizo la petici\u00f3n en el Parlamento, refiri\u00e9ndose exclusivamente al caso concreto del vecino de villa de Vizcaya, que posee bienes en El Infanzonado, a fin de que guardare el Fuero en disponer de ello. Consecuencia de la claridad con que est\u00e1 redactado ese p\u00e1rrafo y de la forma en que se incluy\u00f3, es el comentario de don Felipe S\u00e1nchez Rom\u00e1n en su conocida obra “Estudios de Derecho Civil”, tomo sexto, volumen tercero, edici\u00f3n 1910, p\u00e1gina 2.415, que dice: “Tampoco es realmente aplicable a la sucesi\u00f3n intestada otra ley m\u00e1s general y fundamental, relativa a la troncalidad, que es la 15 del t\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya, concretada s\u00f3lo a los actos de disposici\u00f3n de esta clase de bienes, por los actos intervivos o por la sucesi\u00f3n testada, al referirse directa ni indirectamente a la intestada; extremo importante para fijar la especialidad y verdadero alcance de esta legislaci\u00f3n excepcional que adem\u00e1s de resultar comprobado del texto cuya letra y esp\u00edritu no admiten sin violencia de los mismos, semejante interpretaci\u00f3n, est\u00e1 garantizada por un testimonio de indiscutible autoridad que indica que la citada Ley 15, lo que en ella se prescribe, se refiere a la forma, modo y facultad de disponer de los indicados bienes, pero no a los dem\u00e1s efectos legales”\n<\/p>\n

\n Van a referirse ahora a la sentencia de este Alto Tribunal de 31 de enero de 1950 (Rep. Jurip. Aranzadi, 541), porque se ha pretendido darle una interpretaci\u00f3n equ\u00edvoca, incluso se\u00f1alando que el tratadista se\u00f1or Roca Sastre la cita en el sentido de que la jurisprudencia admite el derecho legitimario vidual del C\u00f3digo Civil, en el caso de que hayan prestado su conformidad los interesados, cuando este argumento lo emplea esa sentencia a mayor abundamiento y es adem\u00e1s de perfecta aplicaci\u00f3n al pleito actual porque precisamente se refiere a la cuota usufructuaria vidual. El considerando segundo de esta sentencia, centra matem\u00e1ticamente el problema, y dice: Que fundado el primer\n<\/p>\n

\n motivo del recurso contra la sentencia que desestim\u00f3 la petici\u00f3n de la actora para que le fuese abonada por la demandada la cuota usufructuaria vidual que le correspond\u00eda en la herencia de don Francisco de A. (su esposo), en infracci\u00f3n de la doctrina reiterada por esta Sala en el sentido de que la Ley de Mostrencos, al establecer en su art\u00edculo segundo un orden de suceder abintestato en el que, por cierto, figura el c\u00f3nyuge como heredero usufructuario con retorno de los bienes a su fallecimiento a los parientes colaterales del premuerto, derog\u00f3 en materia de sucesi\u00f3n intestada las disposiciones del Derecho Foral, por lo que el C\u00f3digo Civil resulta aplicable en este punto, a tenor de lo prevenido en el art\u00edculo 13 de dicho Cuerpo Legal, doctrina que si bien fue rectificada bajo el r\u00e9gimen republicano por la sentencia de 11 de julio de 1936, ha sido restablecida en aras de la unidad legislativa, por la posterior jurisprudencia de esta Sala, a partir de la sentencia de 19 de diciembre de 1942, no puede menos de ser apreciada la citada infracci\u00f3n, consistente en la aplicaci\u00f3n indebida al caso que hacen las sentencias de primera y segunda instancia de la Ley 5 del t\u00edtulo XXI del Fuero de Vizcaya…” Despu\u00e9s contin\u00faa la sentencia discurriendo sobre el car\u00e1cter administrativo de la Ley de 1839 que no puede afectar a las modificaciones introducidas en el orden civil, para terminar concluyendo que “declaradas aplicables de Navarra las disposiciones del C\u00f3digo Civil no existe raz\u00f3n alguna para exceptuar de ellas a Vizcaya, cuando la Ley de 1839 a ambas regiones se extiende”. As\u00ed es de clara y rotunda esta sentencia en un caso como el suyo, de usufructo viudal en Vizcaya. Y s\u00f3lo m\u00e1s tarde de la sentencia a\u00f1ade “que a mayor abundamiento la sujeci\u00f3n del caso a las disposiciones del C\u00f3digo Civil resulta de la expresa voluntad del hermano pol\u00edtico de la recurrente”. Es decir, que s\u00f3lo a mayor abundamiento se emplea el argumento de la conformidad de las partes en la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, porque el argumento b\u00e1sico, clave y sustancial de la sentencia es el primero, el de ser la sucesi\u00f3n intestada.\n<\/p>\n

\n Van a referir ahora la sentencia de 4 de julio de 1955 que se cita en la sentencia recurrida, en apoyo de su tesis “al declarar que lo que dicha Ley de Fuero quiere decir, es que la determinaci\u00f3n de troncales depende de la situaci\u00f3n de los bienes, no de la condici\u00f3n de sus due\u00f1os”. Esta frase as\u00ed, suelta, podr\u00eda inducir a error, pero antes, no ahora, ya que seg\u00fan la m\u00e1s reciente sentencia de este Tribunal, que conocen y antes han citado, la de 11 de octubre de 1960, no es exacto que la determinaci\u00f3n de troncales dependa de la situaci\u00f3n de los bienes y no de la condici\u00f3n de los due\u00f1os, sino de aquella situaci\u00f3n y de esta condici\u00f3n. Pero es que adem\u00e1s el problema que se discut\u00eda en aquella sentencia de 1955 no ten\u00eda nada que ver con sucesiones leg\u00edtimas ni testamentarias. Discut\u00edase un caso de disposici\u00f3n de bienes inmuebles en una compraventa y, por tal motivo, el Tribunal Supremo aplic\u00f3 a tal venta el estatuto real, conforme a lo ordenado, no s\u00f3lo para Vizcaya, sino tambi\u00e9n para toda Espa\u00f1a, en el p\u00e1rrafo primero del art\u00edculo 10 del C\u00f3digo, por lo que entienden que el Tribunal Supremo estuvo muy lejos de sentar la conclusi\u00f3n de que el p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 10 mantiene la idea de la troncalidad pura, que es en definitiva la tesis de la sentencia recurrida.\n<\/p>\n

\n Con relaci\u00f3n a la sentencia de 10 de diciembre de 1958, que tambi\u00e9n cita el Tribunal “a quo”, es preciso tener en cuenta que se trata de un pleito procedente de 28\n<\/p>\n

\n Navarra, en la que el Tribunal Supremo insiste en la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil a la sucesi\u00f3n de abintestato, casando la sentencia de la Audiencia de Pamplona que hab\u00eda admitido la troncalid de determinados bienes inmuebles, con diferente trayectoria sucesoria a la marcada por el C\u00f3digo Civil, sin que pueda darse otro alcance a la alusi\u00f3n que se hace en la sentencia de los casos especiales de Arag\u00f3n y Vizcaya, que a la subsistencia del principio de troncalidad en esas regiones, en medida distinta a las del resto, si bien se haya empleado esta alusi\u00f3n cuando trata de la aplicaci\u00f3n a una sucesi\u00f3n intestada, lo que podr\u00eda dar lugar a confusi\u00f3n, si a esa sentencia no hubiera precedido la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la que se vienen refiriendo y no le hubiera seguido la citada por dos veces de 11 de octubre del corriente a\u00f1o.\n<\/p>\n

\n Por \u00faltimo, la sentencia recurrida alude tambi\u00e9n a la ley de 30 de junio de 1959, compiladora del Derecho Civil de \u00c1lava y Vizcaya, no para aplicarla, sino como reflejo de las disposiciones forales al efecto, Pero esto no es rigurosamente exacto, pues el ap\u00e9ndice de Vizcaya, como antes sucedi\u00f3 con el de Arag\u00f3n, no se limita a recopilar fuero vivo y actualmente, sino que resucita disposiciones forales que estaban ya derogadas, como en el caso presente. La propia Compilaci\u00f3n de \u00c1lava y Vizcaya a que se han venido refiriendo establece, en su disposici\u00f3n transitoria primera que “se respetar\u00e1n todos los derechos adquiridos al amparo de la legislaci\u00f3n anterior, los cuales se declaran subsistentes y producir\u00e1n sus efectos con arreglo a ellos”, disposici\u00f3n que ser\u00eda innecesaria si la compilaci\u00f3n actual se hubiera limitado a ser compilaci\u00f3n de derecho vivo, de derecho vigente y no hubiera llegado tambi\u00e9n a actualizar, poniendo en vigor disposiciones ya derogadas.\n<\/p>\n

\n La sentencia recurrida, en su considerando cuarto, aplica a do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar como usufructuaria viudal, la Ley segunda del t\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya, con lo que resulta el contrasentido de que d\u00e9 vigencia a una disposici\u00f3n que, naturalmente, no es la Ley de n\u00famero 15 del mismo t\u00edtulo, \u00fanica a la que se refiere el p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil, tantas veces citado. Y es pura y simplemente que no pudiendo aplicar esta \u00faltima disposici\u00f3n, porque en ella para nada se trata de disposiciones abintestato ni de usufructos, tiene que ir buscar otra Ley con la consiguiente interpretaci\u00f3n extensiva del calendado p\u00e1rrafo tercero, lo que es totalmente improcedente, seg\u00fan se ha visto.\n<\/p>\n

\n En resumen que, como dec\u00edan al principio, el fallo de la sentencia recurrida ha infringido, por aplicaci\u00f3n indebida, el p\u00e1rrafo tercero del art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil las Leyes 2 y 15 del t\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya y la 8 del t\u00edtulo XXI del mismo Fuero, as\u00ed como la doctrina jurisprudencial de este Alto Tribunal, contenida en las sentencias a que se han referido.\n<\/p>\n

\n Segundo.\u2013<\/strong> Al amparo del n\u00famero primero el art\u00edculo 1.692 de la Ley de enjuiciamiento Civil, al incurrir el fallo recurrido en violaci\u00f3n, por inaplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 837 y 953 del C\u00f3digo Civil antes de su reforma por la Ley de 24 de abril de 1958.\n<\/p>\n

\n Es obvio y consecuencia obligada que al no ser aplicables las disposiciones en que se funda el fallo recurrido, seg\u00fan se ha visto en el motivo anterior, procede deferir la herencia con arreglo al c\u00f3digo Civil, y en su consecuencia aplicar a do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar, como c\u00f3nyuge sobreviviente, en consecuencia con los hermanos del causante, la parte de herencia en usufructo que le est\u00e1 se\u00f1alada en el art\u00edculo 837 del C\u00f3digo Civil, tal y como estaba redactado con anterioridad a su \u00faltima reforma, y declarar su derecho a la mitad de la herencia de su esposo, en usufructo, sin distinci\u00f3n entre bienes troncales, o bien haciendo manifestaci\u00f3n expresa de que ese derecho de usufructo alcanza tambi\u00e9n a la mitad de los bienes inmuebles de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar que tengan car\u00e1cter troncal:\n<\/p>\n

\n Resultando que por el Procurador don Vicente Olivares Navarro, en representaci\u00f3n de do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, asistida de su esposo, don Francisco Llasera y Roura y de don Juan Jos\u00e9 Llasera y Ad\u00e1n de Yarza, se interpuso recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, con apoyo en los siguientes motivos de casaci\u00f3n:\n<\/p>\n

\n Primero.\u2013<\/strong> Infracci\u00f3n, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1.408, en su n\u00famero primero, y 1.003 del C\u00f3digo Civil, y aplicaci\u00f3n indebida del 1.410 del mismo al no estimar carga imputable a la sociedad de gananciales por considerarla deuda contra\u00edda con anterioridad al matrimonio, el 1.346.720,07 pesetas satisfechas por la heredera por las anualidades fraccionadas correspondientes a los ejercicios 1955 y 1956 por el Impuesto de Derechos reales correspondiente a las adjudicaciones de bienes hechas al causante en la testamentar\u00eda de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza. (Comprendido este motivo en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.) Disponiendo el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo Civil que ser\u00e1n de cargo de la sociedad de gananciales las deudas contra\u00eddas durante el matrimonio, precisa puntualizar si el abono de estas anualidades constituye \u2013como esta parte entiende\u2013 el cumplimiento de una obligaci\u00f3n contra\u00edda durante la vigencia de la sociedad conyugal a cargo de la misma o \u2013como estima la sentencia\u2013 ha de considerarse el pago de una deuda del esposo anterior al matrimonio, en cuyo caso no gravar\u00eda los bienes de dicha sociedad, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 1.410 del C\u00f3digo Civil, que la sentencia aplica. Entienden, y as\u00ed lo hizo constar esta parte desde que formul\u00f3 la reconvenci\u00f3n, que no se trata de una deuda anterior al matrimonio, y que por tanto se infringe en la sentencia este precepto legal por aplicaci\u00f3n indebida, y asimismo el 1.408 en su n\u00famero primero al no haber sido aplicado. Tratar\u00e1n de demostrarlo. La obligaci\u00f3n de pagar esas dos anualidades que ten\u00edan su vencimiento en los ejercicios de 1955 y 1956, no fue contra\u00edda antes, sino despu\u00e9s de constituida la sociedad conyugal del causante, cuando al serle notificada la liquidaci\u00f3n del impuesto de que se trata, se\u00f1alado en un t\u00e9rmino perentorio para su pago y solicitado por el mismo el fraccionamiento autorizado por la legislaci\u00f3n del impuesto de Derechos reales, cuando no exista met\u00e1lico o valores realizables suficientes para cubrir dentro del plazo establecido en el Reglamento la cantidad girada se le concedi\u00f3 el pago en cinco anualidades a partir de 1952, recargado 30\n<\/p>\n

\n con los correspondientes intereses de demora, mediante aval del Banco de Bilbao garantizando el cumplimiento de esa obligaci\u00f3n. El pago, pues, de estas anualidades resultantes de dicho fraccionamiento deviene no de una obligaci\u00f3n contra\u00edda con la Hacienda por el esposo antes de su matrimonio, sino despu\u00e9s, cuando, constituida la sociedad conyugal, a \u00e9l correspond\u00eda la administraci\u00f3n de sus bienes, y al contraer tal obligaci\u00f3n grav\u00f3 con la misma dicha sociedad. Lo razonar\u00e1n. La facilidad que la legislaci\u00f3n del impuesto quiso dar al heredero al que no se le adjudicaba en pago de su haber met\u00e1lico o bienes f\u00e1cilmente realizables no puede responder a otra causa que el permitirle aplicar al pago de esas anualidades los frutos civiles o los aprovechamientos de los inmuebles, o de no ser suficientes, mediante su gravamen o su enajenaci\u00f3n contractual, evitando el embargo o subasta de los mismos por la Hacienda con los deprecios inevitables en tales procedimientos de apremio. Es, pues, consecuencia l\u00f3gica de tal concesi\u00f3n el que las rentas o los aprovechamientos ordinarios de esos bienes se apliquen en todo o en parte a la solvencia de esa obligaci\u00f3n fiscal, y esta aplicaci\u00f3n tiene que constituir por tanto un gravamen de esas rentas o aprovechamientos ordinarios de los bienes adjudicados al c\u00f3nyuge que hered\u00f3, rentas o aprovechamientos ordinarios que con arreglo al art\u00edculo 1.401, n\u00famero tercero, del C\u00f3digo Civil, son bienes gananciales. Si, pues, con cargo a esos aprovechamientos se constituy\u00f3 la obligaci\u00f3n de pago de las anualidades resultantes del fraccionamiento de la suma total girada es de todo punto indudable que esa obligaci\u00f3n ha de considerarse como de cargo de la sociedad de gananciales con arreglo al n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo Civil, que establece la presunci\u00f3n legal de que las deudas contra\u00eddas durante el matrimonio han beneficiado a ambos c\u00f3nyuges y deben por tanto pagarse por ambos. Y que esta obligaci\u00f3n se contrajo durante el matrimonio lo comprueba en este caso concreto, aparte consideraciones de \u00edndole civil que expondr\u00e1n a continuaci\u00f3n, otras de orden fiscal en el que esta deuda ha de encuadrarse, porque es principio indiscutible en esta materia que las deudas a la Hacienda no son exigibles hasta que no est\u00e1n liquidadas; como tambi\u00e9n lo es en el procedimiento de apremio fiscal que cualquiera que sean los bienes afectados por la imposici\u00f3n, al proceder ejecutivamente el fisco contra el contribuyente propietario de esos bienes en caso de morosidad, el embargo – aunque existe hipoteca legal a favor de la Hacienda sobre los mismos\u2013 comenzar\u00e1 con la traba del met\u00e1lico del apremiado, siguiendo el orden establecido en el Estatuto de la Recaudaci\u00f3n, embargo que se hubiera efectuado en este caso privando a la sociedad conyugal de los saldos de sus cuentas corrientes y a continuaci\u00f3n de sus valores y muebles, sin que le hubiera sido posible evitar el embargo vendiendo fincas o pinos adquiridos, ya que sin pagar el impuesto no hubiera podido don Rodrigo efectuar dichas ventas.\n<\/p>\n

\n La sentencia de Primera Instancia, en su considerando s\u00e9ptimo trata de justificar la exclusi\u00f3n de esta partida del pasivo de la sociedad de gananciales al estimar que esta deuda fue contra\u00edda por el esposo antes del matrimonio, razonando: “Que el impuesto de transmisi\u00f3n de bienes es una carga que agrava el hecho mismo de la adquisici\u00f3n, por lo que su pago debe correr de cuenta del que adquiera, y m\u00e1s a\u00fan cuando el hecho\n<\/p>\n

\n origen de esta deuda fiscal (muerte de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza) ocurri\u00f3 antes del matrimonio”, y a\u00f1ade “que no puede utilizarse v\u00e1lidamente el argumento de la utilidad derivada para el matrimonio de tales bienes, que a primera vista parece de tanto peso \u2013 dice literalmente el considerando\u2013, porque equivaldr\u00eda a crear una regulaci\u00f3n legal y obligar\u00eda a escoger criterios de proximidad de adquisici\u00f3n a la fecha del matrimonio, pues que en definitiva toda adquisici\u00f3n de bienes propios redunda en utilidad para el matrimonio futuro”. Estos razonamientos con la consiguiente inaplicaci\u00f3n al caso del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo Civil, son mantenidos por la audiencia, la que se limita a a\u00f1adir en orden a esta partida del pasivo “que el art\u00edculo 1.410 exonera a la sociedad de gananciales del pago de estas deudas contra\u00eddas por el marido antes del matrimonio”.\n<\/p>\n

\n Estiman err\u00f3neos estos razonamientos. A su entender se confunden dos momentos en el proceso de la imposici\u00f3n que son completamente distintos: el de la apertura de la sucesi\u00f3n y el de la adjudicaci\u00f3n de los bienes de la herencia. Lo que el impuesto grava \u2013 la misma sentencia recurrida lo reconoce\u2013 no es la apertura de una sucesi\u00f3n, hecho que puede o no ser seguido de una adjudicaci\u00f3n de bienes, sino la adquisici\u00f3n de bienes por el heredero \u2013testamento o leg\u00edtimo\u2013 como gravamen fiscal de los beneficios econ\u00f3micos que obtenga al efectuarse a su favor esa adjudicaci\u00f3n de los bienes del causante, beneficios que constituyen los valores imponibles. Mientras esa adjudicaci\u00f3n no tenga lugar, la herencia est\u00e1 yacente; no hay adjudicaci\u00f3n de bienes que sirva de base a la imposici\u00f3n, y como anteriormente se indica, la deuda fiscal no es exigible.\n<\/p>\n

\n Pues bien, en el caso presente no se establece en la sentencia que don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza hubiese adquirido estos bienes, ni aun siquiera que hubiera aceptado la herencia de su prima, do\u00f1a Mar\u00eda, antes de contraer matrimonio, sin cuya aceptaci\u00f3n \u2013a tenor de lo prevenido en el art\u00edculo 1.003 del C\u00f3digo civil\u2013 no queda responsable de las cargas de la herencia ni cabe calificar este gravamen fiscal inherente a la adquisici\u00f3n de esos bienes troncales como una deuda anterior a la constituci\u00f3n de la sociedad conyugal. Y era doblemente obligado el ponderar ese previo requisito indispensable para declarar contra\u00edda por don Rodrigo esa obligaci\u00f3n fiscal de pago, pues que no solamente en esta sucesi\u00f3n acept\u00f3 la herencia troncal en la que le institu\u00eda la testadora bajo inadmisibles condiciones, sino que manifest\u00f3 su repulsa terminante a admitir tal instituci\u00f3n, que al carecer de sucesi\u00f3n s\u00f3lo le transmit\u00eda un mero usufructo sobre esos bienes, que ni siquiera podr\u00eda haber hecho efectivo, ya que para entrar en posesi\u00f3n del mismo exig\u00edan los albaceas la previa constituci\u00f3n de la fianza prevenida en el n\u00famero segundo del art\u00edculo 491 del C\u00f3digo Civil, que garantizase no habr\u00eda de realizar actos de disposici\u00f3n sobre los bienes ni de aprovechamientos prohibidos a los usufructuarios (entre los que se halla la tala de los montes, cortando \u00e1rboles “por pie”); oposici\u00f3n a la aceptaci\u00f3n de la herencia bajo tales condiciones que oblig\u00f3 a negociar un convenio transaccional con los herederos llamados por sustituci\u00f3n al pleno dominio, transacci\u00f3n que a instancia de todos los interesados hubo de ser llevada por los albaceas contadores partidores al cuaderno particional, haciendo constar que aunque no se ajustaba a la disposici\u00f3n testamentaria, se consideraban en el caso de incorporar dicho acuerdo a las operaciones testamentarias por tratarse de un convenio adoptado por quienes ten\u00edan \u2013 32\n<\/p>\n

\n como herederos mayores de edad\u2013 capacidad legal para ello; y de conformidad con el mismo adjudicaron a don Rodrigo en pleno dominio cuatro quintas partes de los bienes troncales Ad\u00e1n de Yarza, con excepci\u00f3n del Palacio de Zubieta, sobre el que s\u00f3lo se le adjudic\u00f3 el usufructo y la otra quinta parte a los hijos de don Carlos Solano. Este cuaderno particional se suscribi\u00f3 por don Juan Jos\u00e9 Llasera a virtud de ese poder de cuyo uso se le piden tambi\u00e9n cuentas en el presente pleito, y ello tuvo lugar no antes del matrimonio de don Rodrigo, sino cuando ya estaba casado con do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar, y fue, por tanto, al momento de la firma de ese cuaderno y de la escritura de aprobaci\u00f3n por todos los herederos y de protocolizaci\u00f3n de esas operaciones divisorias convencionales \u2013lo que tuvo lugar a los dos a\u00f1os de abrirse la sucesi\u00f3n, casado ya don Rodrigo\u2013 cuando la herencia de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza fue aceptada a trav\u00e9s de su citado apoderado por don Rodrigo, aceptaci\u00f3n y conformidad con esa forma de adjudicaci\u00f3n que posteriormente \u2013y ello califica la conducta de la demandante\u2013 ha sido negada por la propia do\u00f1a Purificaci\u00f3n en pleito promovido por la heredera do\u00f1a Clotilde por los otros herederos firmantes del convenio, que manten\u00edan que el poder con que don Juan Jos\u00e9 Llasera lo suscribi\u00f3 era insuficiente, y que don Rodrigo no hab\u00eda ratificado lo acordado por aqu\u00e9l, por lo que en los bienes troncales s\u00f3lo le hab\u00eda correspondido el usufructo, y que al haber quedado extinguido \u00e9ste por la muerte del usufructuario deb\u00eda reconocerse a favor de los hijos de don Carlos Solano, con arreglo al testamento, el pleno dominio sobre dichos bienes. Este pleito ha sido ganado por do\u00f1a Clotilde, que ha probado no s\u00f3lo la facultad que para transigir en dicha testamentar\u00eda le asist\u00eda al apoderado don Juan Jos\u00e9 Llasera, sino adem\u00e1s los reiterados documentos suscritos y actos aut\u00e9nticos llevados a cabo por don Rodrigo, ratificando aquella transacci\u00f3n, ratificaci\u00f3n que do\u00f1a Purificaci\u00f3n, confabulada con los otros herederos, neg\u00f3 en dicho pleito.\n<\/p>\n

\n V\u00e9ase, pues, que si en tesis general no cabe considerar adquiridos los bienes de una herencia por el heredero hasta que una vez aceptada la misma se le adjudican los bienes que le corresponden, en este caso es a\u00fan m\u00e1s obligado estimarlo as\u00ed, ya que los bienes troncales adjudicados en pleno domino a don Rodrigo en la sucesi\u00f3n de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza \u2013cuya “adjudicaci\u00f3n” es la que se grava con el impuesto cuyo pago se discute\u2013 no los adquiri\u00f3 el mismo por virtud de la cl\u00e1usula testamentaria, sino del convenio incorporado a las operaciones particionales, y como \u00e9ste tuvo lugar constante el matrimonio, es obligado, a tenor del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo Civil, incluir esta obligaci\u00f3n de pago de las citadas anualidades del impuesto como una deuda de la sociedad conyugal, so pena de infracci\u00f3n de dicho art\u00edculo por su no aplicaci\u00f3n, y asimismo infringir el 1.410 del mismo por aplicaci\u00f3n indebida.\n<\/p>\n

\n Pero existir\u00eda siempre una raz\u00f3n para que esa deuda figurase en el pasivo de la sociedad de gananciales, y es la de la lucrativa participaci\u00f3n que esta sociedad ha tenido en los bienes troncales de que se trata. La incorporaci\u00f3n a los recursos ordinarios de la sociedad conyugal \u2013a la que ella no aport\u00f3 bienes de ninguna clase\u2013 de las rentas de caser\u00edos frutos y aprovechamientos forestales ordinarios de este importante patrimonio foral, sino tambi\u00e9n de la posible enajenaci\u00f3n, caso de resultar estos ingresos 33\n<\/p>\n

\n insuficientes para cubrir los gastos del matrimonio, gracias a haberse efectuado, conforme al convenio, la adjudicaci\u00f3n en pleno dominio salvo el Palacio de Zubieta, de las propias fincas, lo que el Fuero no proh\u00edbe, y s\u00f3lo condiciona para cubrir con el precio obtenido dichos gastos comunes, que es lo que aqu\u00ed ha tenido lugar, ya que se han vendido pinos cortados a matarrasa por valor de varios millones de pesetas, y no s\u00f3lo para pagar las anualidades adeudadas a la hacienda por el impuesto de Derechos Reales correspondientes a su adjudicaci\u00f3n, que ello estar\u00eda justificado si los ingresos de la sociedad de gananciales eran insuficientes, como efectivamente lo eran, sino para cubrir otras muchas atenciones familiares y finezas dispensadas por don Rodrigo a su esposa, cuales lo fueron regalo de valiosas alhajas, compra de un autom\u00f3vil del que \u00e9l carec\u00eda antes del matrimonio y, finalmente, la adquisici\u00f3n de un piso en Lequeitio a nombre de do\u00f1a Purificaci\u00f3n, en cuya adquisici\u00f3n al precio convenido en la escritura, fijado en 87.500 pesetas, se a\u00f1adieron desembolsos complementarios que elevaron dicha adquisici\u00f3n a m\u00e1s de 350.000 pesetas. Nada de esto se pag\u00f3 con las rentas y frutos de los bienes privativos de don Rodrigo, \u00fanicos ingresos de que dispon\u00eda la sociedad conyugal, con lo que ni siquiera se llegaba a satisfacer los m\u00e1s esenciales gastos de la vida cotidiana del matrimonio. Estos cuantiosos desembolsos \u2013en los extractos de cuenta corriente del causante aportados al pleito montan a m\u00e1s de dos millones de pesetas\u2013 se efectuaron enajenando una important\u00edsima parte de la riqueza forestal adjudicada a don Rodrigo como bienes ra\u00edces en la sucesi\u00f3n de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, en la que figuraban montes con pinares de m\u00e1s de treinta a\u00f1os de crecimiento, en cifra que excede de los seis millones de pesetas, a cuenta de los cuales se pagaron por el impuesto de Derechos Reales antes de fallecer don Rodrigo 2.178.889,27 pesetas, a las que han de a\u00f1adirse el 1.244.984,60 pesetas aplicado por la heredera do\u00f1a Clotilde al pago de las dos anualidades importantes 1.346.720,07 pesetas que dej\u00f3 pendientes de satisfacer el causante, para cuyo pago estaba reservado el precio de la \u00faltima corta “a matarrasa” de pinos comprados por don Juan Jos\u00e9 Llasera a su t\u00edo, y cuyo importe de 1.244.984,60 pesetas hubo de entregar a su heredera troncal para que cumpliese esa inaplazable obligaci\u00f3n fiscal. Todo lo expuesto justifica las infracciones legales que en este motivo de casaci\u00f3n se denuncian, y en las que incurre la sentencia al eliminar en su fallo las dos anualidades del impuesto satisfecho por la heredera do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza \u2013despu\u00e9s de fallecido el causante\u2013 del pasivo del proyecto de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales aportado por la misma con la reconvenci\u00f3n y aprobado en parte por la sentencia recurrida.\n<\/p>\n

\n Segundo.\u2013<\/strong> Infracci\u00f3n tambi\u00e9n de los aludidos art\u00edculos 1.408, en su n\u00famero primero, 1.008 y 1.410 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n los dos primeros y aplicaci\u00f3n indebida el segundo, al no estimar como cargo de la sociedad de gananciales los 2.178.889,27 pesetas, satisfechas durante el matrimonio por las fraccionadas anualidades del impuesto de Derechos Reales, correspondiente a los vencimientos de 1952, 1953 y 1954, a cuenta de la liquidaci\u00f3n girada por la adjudicaci\u00f3n de bienes troncales Ad\u00e1n de Yarza a don Rodrigo, en la testamentar\u00eda de su prima do\u00f1a Mar\u00eda y obligar a la heredera del causante a su pago (comprendido tambi\u00e9n este motivo en el\n<\/p>\n

\n n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). No se ha conformado la sentencia de segunda instancia con excluir del pasivo de la sociedad de gananciales, como lo hace el Juzgado, la partida correspondiente a las dos anualidades del mencionado impuesto satisfechas por la heredera do\u00f1a Clotilde, por aplicaci\u00f3n del cr\u00e9dito que don Juan Jos\u00e9 Llasera ten\u00eda a favor del causante por la \u00faltima compra de pinos efectuada en vida de \u00e9ste. La Audiencia, apoy\u00e1ndose en las mismas razones en que basa la exclusi\u00f3n de aquella partida del pasivo, dice literalmente en el apartado c) de su Considerando octavo: “Por el mismo motivo deben ser baja en el pasivo todas las partidas satisfechas por don Rodrigo entre las fechas de 17 de enero de 1949 y 11 de agosto de 1954 (celebraci\u00f3n y disoluci\u00f3n del matrimonio) en concepto de impuesto de Derechos Reales, ya que no se ha justificado fueran pagadas con dinero de su exclusiva propiedad y que totalizan 2.178.889,25 pesetas”, a\u00f1adiendo despu\u00e9s: “…por lo que si del pasivo del proyecto restan las tres partidas indicadas en los apartados anteriores, nos queda como pasivo la cifra de 509.117,45 pesetas”. Lo primero que se observa al contemplar este Considerando es que la Sala ordena la baja en el pasivo del proyecto de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal presentado por la heredera \u00fanico que sirve de base de discusi\u00f3n obrante en los autos) de todas las partidas satisfechas por don Rodrigo durante el per\u00edodo matrimonial en concepto de impuesto de Derechos Reales, partidas que no se han hecho figurar como deudas de la sociedad de gananciales, toda vez que se trataba de pagos ya efectuados. El vicio de incongruencia en que la sentencia incurre en el apartado D) de su pronunciamiento primero al ordenar en el fallo esta baja “en el pasivo” \u2013no solicitada por la parte contraria en la s\u00faplica de la contestaci\u00f3n a la reconvenci\u00f3n\u2013 ser\u00e1 estudiado en otros motivos de este recurso. En el presente han de limitarse a dar tambi\u00e9n por reproducidos los razonamientos con que en el motivo anterior han dejado demostrado que la deuda de las dos \u00faltimas anualidades no era una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del matrimonio por el causante y con mucha m\u00e1s raz\u00f3n en este caso en que no se trata siquiera de una deuda dejada por el finado a su fallecimiento contra la sociedad de gananciales, sino el mero cumplimiento por el mismo en vida de una obligaci\u00f3n de pago de las expresadas anualidades del impuesto, contra\u00edda al serle exigido su pago constante la sociedad conyugal y de cuyo pago adem\u00e1s se lucr\u00f3 la misma en cantidades muy importantes a cuenta del precio obtenido por ventas de pisos que en otro caso no hubiera podido cortar ni enajenar don Rodrigo.\n<\/p>\n

\n Tercero.\u2013<\/strong> Infracci\u00f3n tambi\u00e9n por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo civil y falta de aplicaci\u00f3n del n\u00famero primero del 1.410 del mismo al cargar sobre el causante y su heredera la obligaci\u00f3n de satisfacer como deuda anterior al matrimonio el impuesto de Derechos Reales correspondiente a la transmisi\u00f3n del patrimonio troncal, Ad\u00e1n de Yarza, no obstante haberse girado la liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n en pleno dominio, como consecuencia del convenio transaccional celebrado despu\u00e9s del matrimonio y no en usufructo conforme al testamento. (Amparado tambi\u00e9n este motivo en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.) Habr\u00eda de estimarse, como la sentencia establece, que lo que el impuesto grava es la sucesi\u00f3n hereditaria en los bienes del causante y no la adjudicaci\u00f3n\n<\/p>\n

\n de los mismos al heredero, como esta parte sostiene y que por tanto la obligaci\u00f3n de pago del impuesto se contrajo antes del matrimonio y de todos modos se dar\u00eda la infracci\u00f3n legal denunciada en este motivo, en esta transmisi\u00f3n. Porque aun admitido tal supuesto \u2013que no comparten\u2013 lo \u00fanico que podr\u00e1 agravar la hacienda ser\u00eda lo que con arreglo al testamento se transmit\u00eda a don Rodrigo y ello no era el “pleno dominio” de esos bienes troncales, sino s\u00f3lo el “dominio \u00fatil”. Para alcanzar el pleno dominio era indispensable que se cumpliera una condici\u00f3n que no se ha cumplido; el que el instituido tuviera sucesi\u00f3n y mientras esa condici\u00f3n no se cumpliera la oficina liquidadora no pod\u00eda girarle una liquidaci\u00f3n de transmisi\u00f3n de pleno dominio; lo \u00fanico que pod\u00eda hacer ser\u00eda girar una liquidaci\u00f3n por transmisi\u00f3n de usufructo, que se complementar\u00eda con la que hubiere de gir\u00e1rsele en su caso al consolidar el dominio pleno, si la condici\u00f3n se cumpl\u00eda o, en otro caso, estim\u00e1ndola una transmisi\u00f3n condicional aplazar la liquidaci\u00f3n hasta que la condici\u00f3n se cumpliera, lo que en este caso no hubiera sido f\u00e1cil conseguir dada la naturaleza de la condici\u00f3n. De no haber existido la transacci\u00f3n, al adquirir s\u00f3lo el usufructo en vez de esos 3.176.179,60 pesetas a que ascend\u00edan en total las cuotas (sin intereses de demora) que se hace figurar en la liquidaci\u00f3n practicada, el impuesto a pagar se hubiera reducido al 30 por 100 de la misma, conforme al art\u00edculo 66, n\u00famero cuatro del Reglamento, de 16 de julio de 1932, vigente a la saz\u00f3n, al tener el usufructuario al abrirse la sucesi\u00f3n m\u00e1s de cincuenta y menos de sesenta a\u00f1os, o sea tan s\u00f3lo 952.853,98 pesetas. Esa diferencia de 2.223.325,62 pesetas, o sea, el 70 por 100 de la cuota m\u00e1s los conceptos acumulados en igual proporci\u00f3n que ha habido que pagar al Fisco, no constituye imposici\u00f3n a la herencia, sino el convenio contractual \u2013que por ser los herederos mayores de edad\u2013 los albaceas incorporaron a las operaciones testamentarias y por tanto el 70 por 100 de esa deuda contra\u00edda, mediante fraccionamiento de pago, con vencimiento a los a\u00f1os 1952, el 1956 o sea, despu\u00e9s del matrimonio, lo que grav\u00f3 fue lo adquirido sin necesidad de tener sucesi\u00f3n, en pleno dominio y no en usufructo, ya que no la totalidad, s\u00ed cuatro quintas partes de los bienes troncales de los que formaban parte esos montes poblados de pinos insignis \u2013as\u00ed se denomina esta clase de \u00e1rboles\u2013 en los que estaba acumulado el aprovechamiento maderable acrecido durante treinta a\u00f1os, valorado como la mayor riqueza imponible de esas fincas a efectos del impuesto transmisorio y de los que tanto se ha lucrado la sociedad conyugal. El importe de ese 70 por 100 de lo pagado por la adjudicaci\u00f3n en pleno dominio de esos bienes no puede, pues, dejar de cargarse \u2013en el caso m\u00e1s favorable para la viuda\u2013 en el pasivo de la sociedad de gananciales, ni en cuanto a las anualidades de 1955, que como partida, del mismo lucen en el proyecto de liquidaci\u00f3n, y en cuanto a los gastos u obligaciones de lo mismo en los a\u00f1os 1952, 1953 y 1954, cuyo importe total de 2.178.889,27 pesetas pretende en la sentencia recurrida colacione la heredera recurrente. Habr\u00eda, pues, de hacerse remontar estas obligaciones de pago del impuesto de derechos reales a fecha anterior al matrimonio y no podr\u00eda sin infracci\u00f3n de los preceptos legales que se invocan situarse fuera del \u00e1mbito de la sociedad conyugal el aumento de tributaci\u00f3n originado por la conversi\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n convencional en pleno dominio, acordada y formalizada despu\u00e9s de constituida la sociedad conyugal, a virtud del convenio incorporado a las operaciones 36\n<\/p>\n

\n testamentarias de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza.\n<\/p>\n

\n Cuarto.\u2013<\/strong> Nueva infracci\u00f3n del citado n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 y aplicaci\u00f3n indebida del 1.410, ambos del C\u00f3digo civil, al eliminar de la relaci\u00f3n de deudas de la sociedad conyugal en el proyecto de liquidaci\u00f3n presentado por la heredera la obligaci\u00f3n de pago contra\u00edda por el causante a favor de do\u00f1a Rosario Arana por valor de 1.550.000 pesetas, consider\u00e1ndose una deuda del esposo anterior al matrimonio. (Amparado este motivo en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La sentencia recurrida elimina tambi\u00e9n del proyecto de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales presentado por la heredera el pago de la deuda a favor de do\u00f1a Rosario Arana, viuda de don Ram\u00f3n Solano y Ad\u00e1n de Yarza, Conde del Carpio, en cumplimiento de la obligaci\u00f3n contra\u00edda por don Rodrigo en documento fecha 20 de julio de 1951, en el que el mismo se obligaba a satisfacer dicha suma a la viuda del mismo en el caso de que el pleito que ten\u00eda preparado sobre nulidad por incapacidad de la testadora de los testamentos otorgados por do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y de las operaciones particionales dimanantes del mismo no prosperase. Para que una deuda del causante se considere como obligaci\u00f3n de pago de la sociedad conyugal es suficiente que esta obligaci\u00f3n a tenor del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 se hubiera contra\u00eddo durante el per\u00edodo de vigencia del matrimonio. Pues bien, el documento aportado al juicio por la demandada do\u00f1a Clotilde, que obraba entre los papeles del causante, en el que \u00e9ste contrajo tal obligaci\u00f3n de pago, est\u00e1 fechado y firmado constante el matrimonio. A tenor del mismo, y no estableciendo aquel precepto distingo alguno, la inclusi\u00f3n de esta deuda entre las obligaciones de la sociedad conyugal es forzosa y al no reconocerlo as\u00ed la sentencia infringe el expresado precepto por falta de aplicaci\u00f3n del mismo. Y simult\u00e1neamente infringe el 1.410 al estimar que no se contrajo la obligaci\u00f3n de pago con do\u00f1a Rosario por don Rodrigo en la fecha en que ese documento fue suscrito, sino antes de su matrimonio, acudiendo para ello a una abusiva interpretaci\u00f3n de una frase que en dicho documento se contiene, la de que la cantidad que don Rodrigo se obligaba a satisfacer a do\u00f1a Rosario, caso de que la demanda de nulidad no prosperase, se la adeudaba con anterioridad. No se hace menci\u00f3n alguna en el documento ni por qu\u00e9 se consideraba don Rodrigo deudor de esa cantidad, ni desde cu\u00e1ndo, ni fecha fijada en su caso para su pago; pero buscando la sentencia la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable para la demandante, le basta establecer el supuesto de que pod\u00eda dicha deuda haberse contra\u00eddo por don Rodrigo antes del matrimonio, y partiendo de una gratuita presunci\u00f3n, carente de los necesarios elementos para desvirtuar la naturaleza de la obligaci\u00f3n, hace responsable de ella a la heredera gravando con esa important\u00edsima cifra los ya esquilmados bienes de la herencia dejada por don Rodrigo. Afirma adem\u00e1s la sentencia, que no aparece acreditado que esa deuda hubiera aportado beneficio a la sociedad conyugal. Pero entienden que, dada la fecha del documento y la naturaleza de la obligaci\u00f3n no tiene por qu\u00e9 imponerse la carga de esa prueba a do\u00f1a Clotilde, descargando por contraste a do\u00f1a Purificaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de probar que la deuda no la hab\u00eda contra\u00eddo don Rodrigo despu\u00e9s del matrimonio, sino antes, ya que tal alegaci\u00f3n constitu\u00eda una\n<\/p>\n

\n excepci\u00f3n opuesta a la presunci\u00f3n legal en que se inspira el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo civil, al considerar obligaciones de la sociedad conyugal todas las contra\u00eddas por el marido durante el matrimonio. Pero es que adem\u00e1s el propio documento, al condicionar el pago de dicha indemnizaci\u00f3n a la p\u00e9rdida del pleito de nulidad por la viuda de don Ram\u00f3n Solano, que acudi\u00f3 a tal litigio despu\u00e9s de otorgado el documento persiguiendo la participaci\u00f3n de sus hijas en el patrimonio troncal Ad\u00e1n de Yarza, explica perfectamente que esa obligaci\u00f3n de pago contra\u00edda a su favor por don Rodrigo constitu\u00eda simplemente una indemnizaci\u00f3n en met\u00e1lico con la que se sustitu\u00eda en \u00faltimo t\u00e9rmino esa deseada participaci\u00f3n en los bienes del citado tronco adjudicados a don Rodrigo, convenio al que \u00e9ste hubo de llegar con do\u00f1a Rosario para que \u00e9sta en aquel pleito no solicitase subsidiariamente la nulidad de la adjudicaci\u00f3n al mismo de los citados bienes troncales apoyada en la omisi\u00f3n de la cl\u00e1usula de apar\u00adtamiento, omisi\u00f3n peligrosa para el heredero instituido; y el hecho de que formulada a continuaci\u00f3n por do\u00f1a Rosario la demanda de nulidad no extendiera \u00e9sta a la anulaci\u00f3n del legado por dicha causa, y que perdido el pleito reclamase la entrega de la serrer\u00eda de Olalde y el 1.500.000 pesetas de indemnizaci\u00f3n en met\u00e1lico constituyen actos coet\u00e1neos y posteriores que a tenor del art\u00edculo 1.282 del C\u00f3digo civil aclarar\u00edan en caso necesario la supuesta oscuridad del documento. Pero no es preciso acudir a esta regla de interpretaci\u00f3n del contrato. Basta para justificar la infracci\u00f3n legal que en este motivo denuncian, rechazar el supuesto de que porque no se haga en el documento referencia a la fecha de esa supuesta deuda se haya de aventurar gratuitamente que era anterior al matrimonio, en contra de la presunci\u00f3n legal establecida en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408, que por tal raz\u00f3n queda infringido. Esta presunci\u00f3n legal est\u00e1 establecida a favor de quien se apoya en el documento que acredita la obligaci\u00f3n (fuera en este caso marido o mujer) y quien oponga la certeza de la fecha en que la obligaci\u00f3n aparece contra\u00edda un supuesto distinto que desvirt\u00fae la presunci\u00f3n es a quien incumbe la carga de esta prueba. Sobre ello insisten en otro motivo.\n<\/p>\n

\n Quinto.\u2013<\/strong> Infracci\u00f3n por aplicaci\u00f3n indebida y err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del n\u00famero tercero del art\u00edculo 1.401 del C\u00f3digo Civil y falta de aplicaci\u00f3n del 1.396 del mismo en su n\u00famero primero, al no aceptar la aplicaci\u00f3n dada por la heredera do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza al pago de las anualidades del impuesto de derechos reales correspondientes a los 1955 y 1956 de las 1.244.984 pesetas con 60 c\u00e9ntimos adeudadas al causante por don Juan Jos\u00e9 Llasera por la \u00faltima corta de pinos a matarrasa efectuada en vida de aqu\u00e9l, considerando dicha suma y las que de igual procedencia aplic\u00f3 el causante al pago de las tres primeras anualidades, importantes 2.178.889 pesetas con 26 c\u00e9ntimos, gananciales obtenidos de los bienes privativos del esposo, y no como precio de venta de una importante porci\u00f3n de los mismos. (Amparado este motivo en el n\u00famero prime\u00adro del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.)\n<\/p>\n

\n No han sido s\u00f3lo infringidos por los motivos anteriormente expuestos los art\u00edculos 1.408 n\u00famero primero, y 1.410 del C\u00f3digo Civil al considerar como deuda exclusiva de don Rodrigo y no de la sociedad conyugal el pago de esas cinco anualidades en que se fraccion\u00f3 el impuesto de derechos reales librado contra el mismo, reputando gananciales 38\n<\/p>\n

\n las cantidades pagadas a la Hacienda, obtenidas de la venta de pinos cortados a matarrasa en los montes privativos de don Rodrigo, da lugar a otras dos infracciones de vital trascendencia para la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; la del n\u00famero tercero del art\u00edculo 1.401 del C\u00f3digo Civil por indebida y err\u00f3nea aplicaci\u00f3n y la del art\u00edculo 1.003 por falta de aplicaci\u00f3n. Queda infringido el primero, porque aunque no de manera expresa \u2013como era obligado, pues que fue objeto de pedimento especial y concreto de la s\u00faplica de la r\u00e9plica reconvencional\u2013 no se declara en la sentencia que el precio obtenido por el causante por la venta de esos pinos constitu\u00eda gananciales en concepto de frutos de los bienes privativos del mismo, como pretende la demanda, y no el precio obtenido por la venta de parte de su patrimonio forestal como esta parte sostiene, al admitir la protesta de la viuda a la aplicaci\u00f3n dada por la heredera a esas 1.244.894 pesetas con 60 c\u00e9ntimos pagadas por don Juan Jos\u00e9 Llasera por la \u00faltima corta “por pie” efectuada en vida del causante, e incorporar no s\u00f3lo esa cantidad, sino tambi\u00e9n las que, procedentes de cortas efectuadas con anterioridad, fueron aplicadas a aquel pago de las tres primeras anualidades, importantes \u00e9stas en junto 2.178.889 pesetas con 26 c\u00e9ntimos, es de todo punto evidente que s\u00f3lo ha podido hacerlo la sentencia, encuadrando err\u00f3neamente el precio de esos aprovechamientos extraordinarios en ese n\u00famero tercero del art\u00edculo 1.401, con manifiesta infracci\u00f3n del mismo, como van a demostrar.\n<\/p>\n

\n Dice el expresado precepto en su n\u00famero tercero que son gananciales “los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio procedente de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los c\u00f3nyuges”. Excluido el supuesto de que a tal ingreso pueda asignarse la calificaci\u00f3n de rentas o intereses, lo que no estiman exige demostraci\u00f3n, s\u00f3lo queda un concepto por el cual pudiera reputarse ganancial el precio obtenido de esas ventas de pinos: su consideraci\u00f3n como frutos; y ello no es admisible.\n<\/p>\n

\n Por frutos ha de entenderse, a los fines de su incorporaci\u00f3n al patrimonio de la sociedad de gananciales, los que de modo ordinario y por ciclos peri\u00f3dicos se obtengan de los bienes patrimoniales sin utilizaci\u00f3n o menoscabo de los mismos a los fines de su conservaci\u00f3n. Pero que un pino que tarda veinte o treinta a\u00f1os en crecer pueda ser aprovechable como “fruto” cort\u00e1ndole de muerte a matarrasa, sin que jam\u00e1s pueda ya obtenerse de \u00e9l rendimiento alguno, siendo preciso para sustituir esa riqueza incorporada al predio por sucesi\u00f3n el que se plante uno de nuevo y se espere igual per\u00edodo de tiempo para volver a cortarle, es desvirtuar por completo la condici\u00f3n legal atribuible a la riqueza forestal. Que no puede considerarse esa riqueza como fruto aprovechable a capricho del propietario lo evidencia la especial regulaci\u00f3n, que no s\u00f3lo de los montes p\u00fablicos, sino de los montes privados, ha merecido por estimarse de inter\u00e9s nacional en todas las legislaciones, sujetando las cortas a ordenaciones e imponiendo obligaciones de reposici\u00f3n para sustituir los \u00e1rboles cortados, cuando el aprovechamiento haga indispensable que esas cortas se efect\u00faen “a mata-nasa”. Y que se consideran esas arboledas no como frutos, sino como parte integrante de la propiedad inmueble, cuando su valor, como en el caso de estos pinares ocurre, rebasa con exceso 39\n<\/p>\n

\n el del suelo en que se hallan enraizados, se encuentra reconocido en las propias disposiciones del C\u00f3digo Civil reguladoras del usufructo.\n<\/p>\n

\n V\u00e9ase, seg\u00fan el art\u00edculo 471, el usufructuario tendr\u00e1 derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes usufructuados, aclarando despu\u00e9s en el 472, que los frutos naturales o industriales, pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, pertenecen al usufructuario y que los pendientes, al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. V\u00e9ase, c\u00f3mo esta palabra de “pendientes” matiza por s\u00ed sola el car\u00e1cter circunstancial ordinario del aprovechamiento de esos frutos y excluye aprovechamientos extraordinarios que consuman o menoscaben la riqueza permanente del inmueble. As\u00ed en el art\u00edculo 483 se establece que el usufructuario de vi\u00f1as, olivares y otros \u00e1rboles o arbustos podr\u00e1 aprovecharse de los pies muertos y aun de los tronchados o arrancados por accidente, pero con la obligaci\u00f3n de reemplazarlos por otros. Y ya concretamente, al referirse a los montes, establece el art\u00edculo 485 que, siendo el monte talar o de maderas de construcci\u00f3n podr\u00e1 el usufructuario hacer en \u00e9l las talas o las cortas ordinarias que sol\u00eda hacer el due\u00f1o, y en su defecto las har\u00e1 acomod\u00e1ndose en el modo, porci\u00f3n y \u00e9pocas a la costumbre del lugar; a\u00f1adiendo que, en todo caso, har\u00e1 las talas o las cortas de modo que no perjudiquen a la conservaci\u00f3n de la finca, para terminar diciendo que el usufructuario no podr\u00e1 cortar \u00e1rboles por el pie, como no sea para reponer o mejorar alguna de las cosas usufructuadas, y en este caso har\u00e1 saber previamente al propietario la necesidad de la obra.\n<\/p>\n

\n Es decir, que s\u00f3lo en el caso en que sea necesario para el mejoramiento de la finca \u2013sustituci\u00f3n de \u00e1rboles da\u00f1ados de peor clase por otros mejores\u2013podr\u00e1 el usufructuario cortar \u00e1rboles por el pie; y esta prohibici\u00f3n impuesta en la legislaci\u00f3n civil com\u00fan, al tratarse de fincas acogidas al Fuero de Vizcaya, como lo son las que aqu\u00ed se contemplan, se halla tambi\u00e9n expresamente consignada en la Ley segunda, t\u00edtulo 20, del Fuero de Vizcaya, precisamente al regular el usufructo de la viuda, a la cual al concederle la permanencia en la caser\u00eda durante un a\u00f1o, y para hacer suyos los aprovechamientos, excluye de los mismos la corta de \u00e1rboles “por el pie”, limitaci\u00f3n que en esta clase de cortas constituye no un acto de administraci\u00f3n del dominio \u00fatil, sino un acto de pleno dominio; discriminaci\u00f3n doblemente obligada trat\u00e1ndose de fincas reguladas por legislaciones forestales, como acertadamente se declara en la sentencia de 3 de febrero de 1925 en relaci\u00f3n con bienes sitos en Catalu\u00f1a.\n<\/p>\n

\n Y no se busque equivalencia a este aprovechamiento extraordinario, para el que requiere un largo proceso de crecimiento del \u00e1rbol, el aprovechamiento que se ofrece de \u00e1rboles como el alcornoque; como tampoco en la explotaci\u00f3n resinera de pinares, al sangrado de los mismos les inhabilita para un posterior aprovechamiento de sus jugos. Con nada de eso admite parang\u00f3n el corte a matarrasa de pinares, aunque se lleve a cabo una posterior repoblaci\u00f3n. Y que puede constituir una importante porci\u00f3n patrimonial el arbolado lo confirman las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil al regular el aseguramiento de bienes litigiosos, disponiendo en su art\u00edculo 1.419 que el que, presentando los documentos justificativos de su derecho, demandare en juicio la\n<\/p>\n

\n propiedad de montes cuya principal riqueza consista en el arbolado, podr\u00e1 pedir que se intervenga judicialmente la administraci\u00f3n de las cosas litigiosas. Y precisamente sobre estos montes de la testamentar\u00eda de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, al demandarse la nulidad de las adjudicaciones de los mismos a los hijos de don Carlos Solano y don Rodrigo, se estableci\u00f3 dicho aseguramiento \u2013de ello hay constancia en el pleito\u2013 nombr\u00e1ndose un interventor judicial, del cual hubieron de solicitarse las necesarias autorizaciones para esas cortas y otras aun de mucha mayor importancia llevadas a cabo por los se\u00f1ores Solano por la necesidad de satisfacer las anualidades del impuesto de derechos reales que gravaban la adjudicaci\u00f3n de esas fincas, entre las que se hallaban las cinco correspondientes a las adjudicadas a don Rodrigo, a que se han referido en los anteriores motivos.\n<\/p>\n

\n Y ya que se aluden a las expresadas liquidaciones, ser\u00e1 forzoso tambi\u00e9n invocar como una raz\u00f3n m\u00e1s y extremadamente poderosa la de la apreciaci\u00f3n que en el orden fiscal mereci\u00f3 ese arbolado, con cuyo valor por su corta a matarrasa acrece la sentencia el capital de gananciales de la extinguida sociedad conyugal. De las apreciaciones periciales efectuadas para fijar la base imponible en dichas adjudicaciones de bienes, el porcentaje en que fue apreciado a los fines de la valoraci\u00f3n total de estos bienes se aplic\u00f3 al suelo el 30 por 100 del valor imponible, reconoci\u00e9ndose el 70 por 100 restante como valor del arbolado. Esta apreciaci\u00f3n tan trascendental para el adeudo de ese impuesto transmisorio que \u00edntegramente se pretende cargar sobre la heredera despu\u00e9s de beneficiar a la viuda con la mitad de su importe, estiman constituye argumento decisivo para evidenciar que no pueden, sin incurrir en las infracciones legales que se denuncian en este motivo, considerar gananciales las cantidades ingresadas en la cuenta corriente del causante por el comprador de esos pinos, don Juan Jos\u00e9 Llasera, que ascienden en junto en dinero efectivo m\u00e1s de seis millones de pesetas como frutos naturales y ordinarios de las expresadas fincas.\n<\/p>\n

\n Con la err\u00f3nea incorporaci\u00f3n del precio de esas ventas al capital de gananciales no solamente, pues, se infringe por indebida aplicaci\u00f3n el n\u00famero tercero del art\u00edculo 1.401 del C\u00f3digo Civil, sino que adem\u00e1s, y ello alcanza grave trascendencia, se infringe tambi\u00e9n, por falta de aplicaci\u00f3n, el n\u00famero primero del art\u00edculo 396 del mismo.\n<\/p>\n

\n Sexto.\u2013<\/strong> Nueva infracci\u00f3n, tambi\u00e9n por indebida aplicaci\u00f3n, del art\u00edculo 1.410 del C\u00f3digo Civil, y en este caso falta de aplicaci\u00f3n del n\u00famero segundo del 1.408, al considerar que las deudas del causante por impuesto de derechos reales y la contra\u00edda a favor de do\u00f1a Rosario Arana no deben pesar sobre la sociedad conyugal, en vez de estimar dichos pagos como atrasos sin solventar por la misma, y en todo caso por descargar a la sociedad conyugal en perjuicio de la heredera, no s\u00f3lo de las cuotas y honorarios del impuesto de derechos reales exigidos a don Rodrigo por la adquisici\u00f3n de bienes troncales Ad\u00e1n de Yarza, sino tambi\u00e9n de las cantidades que en cada anualidad de las cinco en que se fraccion\u00f3 el pago se adicionaron a las cuotas tributarias como intereses de demora a favor de la Hacienda, r\u00e9ditos satisfechos por don Rodrigo\n<\/p>\n

\n en cuanto a las tres primeras anualidades y por su heredera en cuanto a las dos \u00faltimas. (Amparado este motivo igualmente en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).\n<\/p>\n

\n Busc\u00e1ndose el origen de la deuda por pago de la sucesi\u00f3n de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, y no en la de la liquidaci\u00f3n practicada a la vista de las operaciones o convencionales de testamentar\u00eda, cabr\u00eda encuadrar la misma en el art\u00edculo 1.410 del C\u00f3digo Civil, pues en tal supuesto, que s\u00f3lo “ad cautelam”, y de modo subsidiario admiten tambi\u00e9n, deber\u00eda pesar sobre la sociedad de gananciales el cumplimiento de ambas obligaciones, ya que, conforme al n\u00famero segundo del art\u00edculo 1.408, habr\u00edan de considerar como pago de los “atrasos” a que este precepto alude.\n<\/p>\n

\n Quiso el legislador al gravar la sociedad conyugal con el pago de estos “atrasos” buscar compensaci\u00f3n equitativa entre los beneficios que mediante la contracci\u00f3n de esa obligaci\u00f3n pudiera obtener la sociedad de gananciales en cada caso concreto y los perjuicios que pudieran irrogarle. Ello lo confirma la apreciaci\u00f3n hecha por el Tribunal Supremo; entre otras, en la sentencia de 23 de enero de 1947.\n<\/p>\n

\n El error en que incurre la demandante es el olvidar que la sociedad conyugal, que durante tan cortos a\u00f1os la lig\u00f3 al causante, era de car\u00e1cter moral; que el \u00fanico capital fundacional de la misma fue el aportado por el esposo, proveniente de la herencia de sus padres, aumentado despu\u00e9s de contra\u00eddo el matrimonio con la adjudicaci\u00f3n en pleno dominio de los bienes troncales de Ad\u00e1n de Yarza. Y pregunta el recurrente c\u00f3mo puede considerarse legitimada por t\u00edtulo alguno para reclamar a la muerte de su esposo una participaci\u00f3n de cerca de dos millones de pesetas en ese capital, despu\u00e9s de haber consumido en los cuatro a\u00f1os y medio de matrimonio varios m\u00e1s, obtenidos mediante la venta de una important\u00edsima porci\u00f3n del patrimonio troncal del esposo. Que al entrar \u00e9sta en posesi\u00f3n en pleno dominio de esos bienes troncales \u2013que no es as\u00ed como se los leg\u00f3 la testadora\u2013, para poder beneficiarse de esos bienes no s\u00f3lo el esposo, sino la sociedad conyugal, hab\u00eda que satisfacer en concepto de atrasos el impuesto de derechos reales originado por tal sucesi\u00f3n es indudable, como lo es asimismo que por llamarse do\u00f1a Rosario Arana y sus hijos a la participaci\u00f3n en dichos bienes, al no lograr \u00e9sta esa participaci\u00f3n abintestato en la herencia por incapacidad de la testadora, para defender la herencia troncal recibida contrajo la obligaci\u00f3n de pagar a do\u00f1a Rosario otra cantidad importante.\n<\/p>\n

\n Pero el que pesasen sobre el caudal privativo del esposo esas obligaciones \u2013tesis de la demandante\u2013 no pueden justificar que do\u00f1a Purificaci\u00f3n, que se lucr\u00f3 durante el matrimonio y despu\u00e9s de fallecido su esposo en cifra de tanta monta, obtenida no de frutos de las expresadas fincas labradas en per\u00edodos normales sino cortando pinos que constitu\u00edan la mayor riqueza de las mismas, que durante treinta a\u00f1os hab\u00edan venido acumulando con el aumento de su altura y grosor su aprovechamiento maderable, se llama ahora a la participaci\u00f3n en esos bienes troncales en otros dos millones de pesetas, cuando en el caso m\u00e1s favorable del aprovechamiento de esos montes s\u00f3lo podr\u00edan\n<\/p>\n

\n considerase gananciales el aumento de valor de esos pinos en el per\u00edodo comprendido desde la fecha del matrimonio a la en que se efectu\u00f3 la corta, aumento \u00e9ste casi inapreciable.\n<\/p>\n

\n Es indiferente, pues, a los fines de la imputaci\u00f3n de esos atrasos a la sociedad de gananciales el que se consideren o no obligaciones contra\u00eddas por don Rodrigo en estado de soltero. El pago con cargo a la misma constituir\u00eda contrapartida obligada a los cuantiosos beneficios reportados a los c\u00f3nyuges, y, por tanto, en una mitad a la esposa por la adquisici\u00f3n por don Rodrigo en pleno dominio de esos bienes. Porque han de insistir en que de no haberlos adquirido en pleno dominio, gracias al convenio transaccional y s\u00ed s\u00f3lo en usufructo, hubiera podido entrar siquiera en posesi\u00f3n de los bienes en usufructo, pues que por los albaceas se le exig\u00eda para ello la previa formaci\u00f3n de inventario y la constituci\u00f3n de una fianza que no le hubiera sido dable prestar.\n<\/p>\n

\n Pero la infracci\u00f3n de este n\u00famero segundo del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo Civil, que en este motivo se denuncia, llega al l\u00edmite m\u00e1ximo, carente de la m\u00e1s elemental justificaci\u00f3n, al declararse que es la heredera y no la sociedad conyugal la obligada no tan s\u00f3lo a pagar la cantidad girada por impuesto de derechos reales contra don Rodrigo con su adici\u00f3n de timbre, honorarios, etc., sino adem\u00e1s los “r\u00e9ditos” que Hacienda exige pague el contribuyente cuando se acoge al beneficio del fraccionamiento de pago, r\u00e9ditos que se liquidan por separado para cada anualidad bajo la r\u00fabrica de “intereses de demora”.\n<\/p>\n

\n No remediar\u00eda la falta de equidad a que la mencionada sentencia del Tribunal Supremo alude ni justificar\u00eda la falta de imputaci\u00f3n del resto de esa obligaci\u00f3n fiscal a la sociedad de gananciales, como el n\u00famero primero del citado art\u00edculo 1.408 reclama, la deducci\u00f3n en favor de la heredera de estos intereses de demora, para trasladar su importe total al proyecto de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales como una partida m\u00e1s de su pasivo. Las 254.202 pesetas con 10 c\u00e9ntimos a que ascienden en junto los intereses de demora de esas cinco anualidades, seg\u00fan consta en la certificaci\u00f3n de la Oficina Liquidadora a que se refiere la sentencia en su s\u00e9ptimo considerando, y que han sido satisfechas por don Rodrigo las tres primeras anualidades y por la heredera las dos \u00faltimas, junto con las cuotas anuales fijas de 631.901 pesetas con 90 c\u00e9ntimos y dem\u00e1s conceptos acumulados representar\u00edan bien escaso alivio para do\u00f1a Clotilde, si fuera s\u00f3lo esa cantidad la que se cargase a la sociedad conyugal. Pero sea lo que quiera, su cuant\u00eda (y tampoco esta cifra puede considerarse despreciable), lo que no cabe admitir es que en el supuesto m\u00e1s desfavorable para la heredera, el de considerar que ese impuesto s\u00f3lo deber\u00eda gravitar sobre los bienes privativos del marido, nunca sin una rotunda y manifiesta infracci\u00f3n del n\u00famero tercero del citado art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo Civil, podr\u00eda oblig\u00e1rsele al pago de esos intereses de demora en descargo de la sociedad de gananciales. Es por ello por lo que aparte la infracci\u00f3n que de dicho precepto legal se invoca en la primera parte del presente motivo, han de confiar que aun cuando s\u00f3lo fuere por la imputaci\u00f3n que la sentencia hace del d\u00e9bito de estos intereses de demora a la heredera, la misma ha de ser casada.\n<\/p>\n

\n S\u00e9ptimo.\u2013<\/strong> Infracci\u00f3n de las leyes primera y segunda del t\u00edtulo 16 del Fuero de Vizcaya, en relaci\u00f3n con las primera y segunda del t\u00edtulo 18 y de la 25 del 11 del mismo y de la doctrina legal establecida entre otras, en las sentencias de primero de julio de 1922 y 3 de julio de 1896, preceptos y doctrina que amparan el principio de troncalidad de los bienes situados en tierra llana e infanzonada de Vizcaya y el derecho del sucesor en los mismos de adquirirlos libres de grav\u00e1menes, preceptos y doctrina que quedan incumplidos en la sentencia al imponer a la heredera de los bienes troncales Ad\u00e1n de Yarza el satisfacer con cargo a los mismos el impuesto de Derechos Reales contra el causante por las adjudicaciones que le fueron hechas en la testamentar\u00eda de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y Mazarredo (amparado este motivo en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). No se desconoce en la sentencia recurrida la necesidad de aplicar a esa transmisi\u00f3n de bienes troncales la legislaci\u00f3n foral de Vizcaya, ya que ante la petici\u00f3n formulada en este mismo juicio por la demandante de que la heredera del causante constituyese usufructo a su favor sobre la mitad de todos los bienes de la herencia de aqu\u00e9l, excluye el correspondiente a las fincas de car\u00e1cter troncal heredadas por do\u00f1a Clotilde como \u00fanica m\u00e1s pr\u00f3xima heredera \u2013por la repudiaci\u00f3n de su hermano\u2013 de dicho tronco. El fundamento de la exclusi\u00f3n del usufructo de estas fincas lo es el considerar ya pagado el mismo usufructo con arreglo a lo previsto en la Ley segunda del t\u00edtulo 21 del Fuero de Vizcaya, que s\u00f3lo le otorga el derecho “disuelto el matrimonio sin hijos” a la mujer que fue a la caser\u00eda con dote o arreo” a estar hasta a\u00f1o y d\u00eda en ella y gozar m\u00e1s que para proveer su casa de le\u00f1a”. Y como no s\u00f3lo ese a\u00f1o y d\u00eda, sino varios meses m\u00e1s se ha permitido a la demandante permanecer en la finca de Ichascaldegui en la que resid\u00eda el matrimonio habitualmente, fue absuelta la demandada de constituir el usufructo que tambi\u00e9n sobre este patrimonio troncal se la demandaba. En las leyes primera y segunda del t\u00edtulo 17, al regularse la forma en que han de venderse los bienes ra\u00edces, ya se proclama ese principio en que se apoya esta especial legislaci\u00f3n, de que “el tronco vuelve al tronco y la ra\u00edz a la ra\u00edz”, adopt\u00e1ndose cautelosas previsiones a fin de evitar el incumpilmiento o burla de esa modalidad patrimonial. Y as\u00ed, en la ley segunda de dicho t\u00edtulo se prev\u00e9 la posibilidad de que puede hacerse “trueque en fraude de los profincos” llegando su rigor en la preservaci\u00f3n lo m\u00e1s \u00edntegramente posible de ese patrimonio foral en la transmisi\u00f3n hereditaria, que despu\u00e9s de prevenir en la Ley quinta del t\u00edtulo 21 la forma en que se pudiera disponer de los bienes ra\u00edces “por los que tuvieran ascendientes o descendientes o el que no los tuviera” proh\u00edbe la ley s\u00e9ptima que se pongan grav\u00e1menes a los hijos en perjuicio del patrimonio foral que les corresponda, llegando en la ley 25 del t\u00edtulo 21, al tratar de las deudas que pudieran hacerse efectivas contra estos bienes, a establecer qu\u00e9 bienes pueden ser confiscados los que fueron de “siempre ac\u00e1 troncales y tales que seg\u00fan el privilegio por fuero de la tierra el tronco vuelve al tronco y la ra\u00edz a la ra\u00edz, no pueden ser confiscados, ni aplicados, ni adjudicados en poco ni en mucho por la C\u00e1mara y Fisco de su Alteza, antes suceden en ellos los hijos o descendientes o ascendientes de los otros pronficuos de la l\u00ednea de donde dependen y seg\u00fan el Fuero tienen derecho a suceder”, disposici\u00f3n del Fuero que, aunque referida a deudas contra\u00eddas en la esfera papal califica elocuentemente el rigor con que ampara esos bienes troncales, que si a\u00fan 44\n<\/p>\n

\n trat\u00e1ndose de obligaciones a favor de la C\u00e1mara y del Fisco de su Alteza los considera embargables en perjuicio de los futuros tronqueros. Y, pues, si ni el Fisco, ni la Hacienda del Pr\u00edncipe, pueden gravar esos bienes y habr\u00eda de procederse s\u00f3lo contra el met\u00e1lico o los muebles que poseyera el deudor \u2013pregunta el recurrente\u2013 c\u00f3mo pueden armonizarse con las exigencias de esta especial legislaci\u00f3n amparadora del patrimonio familiar, sobre el que tradicionalmente se asienta la grandeza de esta regi\u00f3n \u2013seg\u00fan se ha reconocido recientemente en las Cortes Espa\u00f1olas\u2013 la entrega a la heredera del causante no ya s\u00f3lo disminuido en m\u00e1s de un cincuenta por ciento el valor de esos bienes troncales, sino teniendo que probar como adquiriente de ellos con los grav\u00e1me\u00adnes fiscales correspondientes a la transmisi\u00f3n de los mismos a su antecesor, cuando a\u00fan conservaba \u00edntegra su riqueza arb\u00f3rea y adem\u00e1s con el de una elevada deuda contra\u00edda durante el matrimonio para afianzar el causante esa adjudicaci\u00f3n. No es, pues, ya s\u00f3lo porque las deudas, cuyo pago se exige a la heredera no eran privativas del causante, sino de la sociedad conyugal con arreglo a la legislaci\u00f3n com\u00fan, ni porque ni aun aceptando que de acuerdo con dicha legislaci\u00f3n no pudiera en ning\u00fan caso eximirse a dicha sociedad del pago de los intereses de demora con que se recargaban las anualidades que habr\u00edan de satisfacerse durante el matrimonio, ni porque no cupiere considerar como pagadas esas deudas fiscales con la venta del patrimonio arb\u00f3reo de los bienes consider\u00e1ndolos indebidamente frutos no obstante constituir aprovechamientos extraor\u00addinarios acumulados tras largos a\u00f1os en beneficio del adquirente de los bienes, adem\u00e1s de todas las infracciones del C\u00f3digo Civil denunciadas en los anteriores motivos, bastar\u00eda la invocaci\u00f3n de estos preceptos del Fuero y doctrina legal que los ha desenvuelto, para que nunca pudiera considerarse l\u00edcito despu\u00e9s de exigir a la heredera que adem\u00e1s de recibir los esquilmados en su aprovechamientos, cargue tambi\u00e9n con la obligaci\u00f3n de responder a cargos fiscales y deudas que excedan del valor de la transmisi\u00f3n y cuyas obligaciones contrajo el causante durante el matrimonio. Las infracciones de los preceptos del Fuero, de obligada observancia en la regulaci\u00f3n de los derechos de la viuda, seg\u00fan reconoce la sentencia, exigir\u00eda, por s\u00ed sola, la casaci\u00f3n de la sentencia, ya que no se compadece el que la misma considere que aqu\u00e9lla ha recibido ya todo lo que el Fuero puede otorgarle al permanecer y disfrutar de sus aprovechamientos durante un a\u00f1o la finca Ichascaldegui, con, por medios indirectos, considerando apro\u00advechamientos a beneficio de la sociedad conyugal la tala de los montes troncales, otorgarle una participaci\u00f3n en perjuicio de la heredera troncal, en esos bienes privativos del marido y de los que tanto se lucr\u00f3 en vida de aqu\u00e9l, en pugna con el esp\u00edritu que informa esta instituci\u00f3n foral, con burla de las previsiones establecidas en el Fuero de Vizcaya, que denuncia como infringidos. y no tan s\u00f3lo se ha infringido el esp\u00edritu que informa estos preceptos del Fuero de Vizcaya, se ha infringido tambi\u00e9n la doctrina legal que sanciona los principios en que esa instituci\u00f3n troncal se asienta, sentencias del Tribunal Supremo que citan como infringidas, en la primera de las cuales, en la de fecha primero de julio de 1922, se dice que las leyes primera y segunda del t\u00edtulo 17 del Fuero de Vizcaya, responden a los esenciales v\u00ednculos de estrecha solidaridad que por tradiciones informadas en la constituci\u00f3n \u00edntima del pueblo vasco, estableci\u00f3 el Fuero entre la familia y los bienes ra\u00edces procedentes de ella, rindiendo tributo al precepto de 45\n<\/p>\n

\n troncalidad en que estas leyes forales se inspiran; justific\u00e1ndose as\u00ed la declaraci\u00f3n contenida en la primeramente invocada y la de 3 de julio de 1896 en la que literalmente se dice: “Que los bienes troncales constituyen una leg\u00edtima a favor de los parientes tronqueros que no pueden ser gravados y menos dejados en usufructo, que equivale a la transmisi\u00f3n temporal del dominio, a la mujer ni a nadie que no sea pariente pr\u00f3ximo tronquero, pues de otra suerte, el que como tal hubiere de heredarlos, quedar\u00eda privado de una muy importante parte de la plena propiedad que por ministerio de la ley adquiere a la muerte del titular”. La sentencia recurrida niega a la demandante el usufructo que sobre esos bienes pide y con tal pronunciamiento observa esa doctrina legal, pero luego grava a la heredera troncal con obligaciones que no le incumben y que reducen el valor de la herencia troncal y al hacerlo infringe el Fuero y la doctrina legal que sanciona sus preceptos en la materia.\n<\/p>\n

\n Octavo.\u2013<\/strong> Infracci\u00f3n legal por incongruencia de la sentencia recurrida declarando con infracci\u00f3n de las prescripciones del art\u00edculo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil \u2013 que los 2.178.089,26 pesetas, pagadas por don Rodrigo durante el matrimonio por impuesto de Derechos Reales, deben rebajarse como pasivo de la sociedad conyugal y ser reintegradas por la heredera del causante, aumentando con ello el haber de gananciales en 1.089.444,73 pesetas, declaraci\u00f3n no solicitada por la reconvencida do\u00f1a Purificaci\u00f3n en la s\u00faplica de su escrito de contestaci\u00f3n a la reconvenci\u00f3n, \u00faltimo que formul\u00f3 en periodo de alegaciones. (Amparado este motivo en el n\u00famero segundo del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La sentencia recurrida se halla viciada de nulidad por haberse dictado con exceso de poder, ya que en ella se concede a la demandante m\u00e1s de lo que la misma solicita, al excluir la Sala del pasivo de la sociedad de gananciales (pese a no figurar en el proyecto de liquidaci\u00f3n como partida del mismo) las cantidades satisfechas por don Rodrigo constante al matrimonio por anualidades de los Derechos Reales correspondientes a los a\u00f1os 1952, 53 y 54, importantes en junto 2.178.889,26 pesetas; declaraci\u00f3n que no correspond\u00eda a petici\u00f3n alguna concreta, ni figuraba en la s\u00faplica de los escritos formulados por la demandante reconvenida en per\u00edodo de alegaciones, no obstante lo cual, al declararse en la sentencia cu\u00e1l es el haber de gananciales, se aumenta a la misma su haber por tal concepto en la mitad de tal exorbitante cantidad. Y afirman que no se hab\u00eda formulado tal petici\u00f3n por la demandante, porque no cabe considerar como petici\u00f3n en forma, a los fines de la aprobaci\u00f3n y modificaci\u00f3n del proyecto de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal ofrecido por la demandada do\u00f1a Clotilde, pues que, al contestar a la reconvenci\u00f3n a la que se acompa\u00f1aba dicho proyecto, termin\u00f3 suplicando, s\u00f3lo, seg\u00fan se transcribe en la relaci\u00f3n de antecedentes antes consignados, que se dictara sentencia “en los t\u00e9rminos interesados en la demanda, con expresa imposici\u00f3n de las costas”. Y como en la demanda nada pudo suplicar en la relaci\u00f3n con la reconvenci\u00f3n, puesto que \u00e9sta hubo de formularse como es preceptivo en el escrito de contestaci\u00f3n es de todo punto indudable que tal declaraci\u00f3n de la sentencia rebasa las peticiones de la demandante, la que en el suplico de la demanda se limitaba a pedir se declarase que do\u00f1a Clotilde ven\u00eda obligada a practicar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, entreg\u00e1ndole la mitad de los bienes\n<\/p>\n

\n gananciales que resultasen de la misma y pidiendo que sin perjuicio de dicha liquidaci\u00f3n le fuese constituido el usufructo vidual en la mitad de los bienes que constitu\u00edan la herencia de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza. S\u00f3lo se hace una referencia en el hecho quinto de la r\u00e9plica, al proyecto de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, presentado por do\u00f1a Clotilde, para afirmar que no puede admitirse dicho proyecto porque no se comprenden en su activo la totalidad de los bienes y porque la mayor parte del pasivo no es de cargo de la sociedad, referencia completada en el hecho segundo de la contestaci\u00f3n a la reconvenci\u00f3n, en el que afirma que no reconoce como obligaci\u00f3n de la sociedad conyugal, el pago del impuesto de los Derechos Reales, por la adjudicaci\u00f3n de los bienes troncales, no ya en cuanto a las dos \u00faltimas anualidades, sino ninguno de tales pagos “puesto que aun siendo obligaciones contra\u00eddas por don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza durante su matrimonio, no lo fueron para atenciones de la familia”; a\u00f1adiendo “por lo que tales pagos al ser un cr\u00e9dito contra la herencia y en favor de la sociedad conyugal, han de constar a efectos de su liquidaci\u00f3n, en el activo de \u00e9sta y reintegrarse por tanto en legal proporci\u00f3n a su titular do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte”. Nada de lo que bajo este n\u00famero se hace constar en dicho escrito, que m\u00e1s que afirmaciones de hecho constituyen gratuitas apreciaciones de orden jur\u00eddico de la demandante, hubo de traducirse, como antes se ha hecho notar, en la “s\u00faplica” de ese escrito de contestaci\u00f3n a la reconvenci\u00f3n \u2013que es donde hab\u00eda de concretarse el “petito”, puesto que carec\u00eda de traslado de s\u00faplica donde poder en otro caso solicitarlo. Por no existir, pues, petici\u00f3n en forma en orden a esta cuesti\u00f3n, el Juzgado no se crey\u00f3 en la necesidad de considerarla, ni menos a\u00fan de dictar un pronunciamiento encaminado a conceder a do\u00f1a Purificaci\u00f3n en ese aumento de 2.178.889,26 pesetas su mitad de gananciales, las que aun eliminadas del pasivo las anualidades pagadas por do\u00f1a Clotilde y el d\u00e9bito a do\u00f1a Rosario Arana, se elevaban ya con la sentencia de primera instancia a la muy estimable cifra de 822.425,98 pesetas, apreciable ahorro para tan escasos a\u00f1os de matrimonio. Claro es que para la efectividad de esta declaraci\u00f3n la Sala deber\u00eda haber ordenado en el fallo que se incorporase el inventario de bienes de la sociedad de gananciales, ese supuesto cr\u00e9dito contra don Rodrigo y por su fallecimiento contra sus herederos, a favor de la misma; pues s\u00f3lo con un pronunciamiento revocatorio de esa aprobaci\u00f3n del inventario, en la que no luce esa partida contenida en la sentencia apelada podr\u00eda operar a efectos del aumento de los gananciales reconocidos a la viuda en la misma. Pero no es ello lo que se hace en la dictada por la Audiencia. En el considerando octavo, despu\u00e9s de razonarse la exclusi\u00f3n en el apartado a) del pasivo del d\u00e9bito a 1.550.000 pesetas a favor de do\u00f1a Rosario Arana y de hacer constar en el apartado b) que procede asimismo la exclusi\u00f3n de la partida de 1.346.720,07 pesetas, importe de las dos anualidades pagadas por los herederos con arreglo al art\u00edculo 1.410 del C\u00f3digo Civil a\u00f1ade en el apartado c) “por los mismos motivos deben ser baja en el pasivo todas las cantidades satisfechas por don Rodrigo entre las fechas de 17 de enero de 1949 y 11 de agosto de 1954 (celebraci\u00f3n y disoluci\u00f3n del matrimonio) en concepto de impuesto de Derechos Reales, que no se ha justificado fueran pagadas con dinero de su exclusiva pertenencia y totalizan 2.178.889,27 pesetas. Como se ve, la sentencia recurrida en este considerando lo que patrocina es una baja en el “pasivo” de la sociedad en liquidaci\u00f3n, de esos pagos 47\n<\/p>\n

\n efectuados por don Rodrigo, no un aumento del activo de la sociedad de gananciales, y as\u00ed, de acuerdo con tal razonamiento, en el primer pronunciamiento del fallo, despu\u00e9s de declarar que las operaciones de liquidaci\u00f3n y divisi\u00f3n de la sociedad de gananciales existente entre do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte y don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar, deben ser ultimadas en este procedimiento y resumirse en los extremos siguientes, declara bajo la letra A) que “el activo est\u00e1 formado por los bienes inventariados en 4.332.848,68 pesetas” (entre los que no figura, claro es, este supuesto cr\u00e9dito), para declarar despu\u00e9s en la letra B) que “el pasivo de la sociedad de gananciales est\u00e1 constituido por las cantidades detalladas en dicho proyecto, excepto las de los apartados a) y c) y rebaj\u00e1ndose igualmente la suma de pesetas 2.178.089,26 a que se refiere el oportuno considerando en concepto de pago del impuesto de Derechos Reales, por lo que el pasivo queda reducido a la cantidad de 509.160,45 pesetas; declarando bajo la letra E) que el saldo ganancial es de 3.823.741,23 pesetas, cuya mitad es de 1.911.870,71 pesetas, hacen caso omiso de la contradicci\u00f3n que resulta entre las declaraciones contenidas en estos pronunciamientos de la sentencia. Ello ser\u00e1 objeto de estudio en otro motivo. En \u00e9ste han de limitarse a hacer constar que ese exceso de 1.089.444,63 pesetas que sobre las 822.425,98 pesetas reconocidas por la sentencia del Juzgado como gananciales a do\u00f1a Purificaci\u00f3n, despu\u00e9s de excluir del pasivo dos partidas que figuraban en el proyecto, se le concede a la demandante sin que la misma lo hubiere solicitado en forma en el per\u00edodo de alegaciones del pleito, vicia por incongruencia la sentencia, ya que ha sido dictada con “exceso de poder”, vicio que impone la anulaci\u00f3n y casaci\u00f3n de la misma por no reunir los requisitos exigidos por el art\u00edculo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y contradecir la doctrina legal reiteradamente establecida por este Tribunal Supremo en sus sentencias de 5 de junio de 1887, 9 de abril de 1919 y 1 de diciembre de 1944, de que es incongruente la sentencia que concede a las partes m\u00e1s de lo pedido. Y no intenta disculpar tal infracci\u00f3n en las manifestaciones contenidas en la contestaci\u00f3n al hecho sexto de la reconvenci\u00f3n, oponi\u00e9ndose a que se hiciera figurar en el pasivo de la sociedad de gananciales las 1.346.720,07 pesetas pagadas por do\u00f1a Clotilde por anualidades del impuesto de 1955 y 1956 y alud\u00eda a que deb\u00edan figurar en el activo las cantidades que por igual concepto satisfizo don Rodrigo durante el matrimonio, pues aunque ello sea cierto, tambi\u00e9n es cierto que rechaz\u00f3 de plano la totalidad del proyecto sin ofrecer otro alguno que pudiera servir de base a la liquidaci\u00f3n, ni formul\u00f3 reparos concretos a las diferentes partidas del mismo, y cierto \u2013y ello es lo que interesa a los fines de la incongruencia que se denuncia\u2013 que en la s\u00faplica de ese \u00faltimo escrito aportado a los autos en per\u00edodo de alegaciones del juicio, por la demandante reconvenida no se pidi\u00f3 ni que en el pasivo de las operaciones de la sociedad de gananciales que en su d\u00eda aprobase el Juzgado, se rebajase dicha partida, ni tampoco que se condenase a do\u00f1a Clotilde como heredera de la causante a reintegrar al capital de la extinta sociedad conyugal para incremento de sus gananciales esos 2.178.889,26 pesetas que la sentencia elimina del pasivo de la sociedad. Y ello era absolutamente indispensable para incluir tal pronunciamiento en el fallo de la sentencia. Aun cabr\u00eda admitir, que aunque no se pidiese en la s\u00faplica de dicho escrito, el Juzgado, primero, y la Audiencia despu\u00e9s, al pronunciarse sobre las 48\n<\/p>\n

\n operaciones comprendidas en el proyecto de liquidaci\u00f3n presentado por la demandada do\u00f1a Clotilde eliminase del pasivo de la deuda el 1.346.720,07 pesetas satisfechas por la heredera correspondientes a las anualidades de 1955 y 1956, si estimase \u2013aunque fuese err\u00f3neamente\u2013 que no estaba justificada su inclusi\u00f3n, pues ello aun sin petici\u00f3n expresa y concreta suplicada en forma podr\u00eda caer dentro de sus facultades en este caso concreto, pronunciamiento que incluso podr\u00eda \u2013si err\u00f3neamente tampoco la creyera justificada\u2013extender a esa otra partida del pasivo representada por la deuda a do\u00f1a Rosario Arana. Pero esos 2.178.889,26 pesetas de las tres anualidades pagadas por don Rodrigo, ni figuran en el pasivo de dicho proyecto, \u00fanico ofrecido a la consideraci\u00f3n del Juzgado (y el cual con las modificaciones anteriormente consignadas aprob\u00f3) y por ello y por constituir un factor nuevo ajeno al proyecto no pueden ser eliminadas de \u00e9l como dispone la sentencia. Y como para vincular a dicho proyecto como un cr\u00e9dito a favor de la sociedad de gananciales, esa important\u00edsima suma, ser\u00eda preciso lo primero, incorporarla al inventario de bienes de la sociedad conyugal y esto ni se suplica al contestar la reconvenci\u00f3n ni tampoco en. la sentencia se acuerda como colaci\u00f3n de esa cantidad por la heredera a tal fin, antes bien, en el extremo A) del pronunciamiento primero de la misma se dice que el activo estar\u00e1 formado por los bienes inventariados en el proyecto de 30 de septiembre de 1957, valorados en 4.332.848,78 pesetas, es obvio que en dicha cifra que corresponde a una concreta especificaci\u00f3n de los elementos de ese activo no figuraba ese supuesto cr\u00e9dito de que la sentencia pretende hacer responsable a la heredera do\u00f1a Clotilde, y aparte la contradicci\u00f3n de ambos pronunciamientos, constitutivos de una infracci\u00f3n de ley m\u00e1s, la incongruencia que denuncian queda de manifiesto.\n<\/p>\n

\n Noveno.\u2013<\/strong> Segunda infracci\u00f3n legal por incongruencia de la sentencia recurrida al no resolver en los pronunciamientos de su fallo contra lo prevenido en el art\u00edculo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la cuesti\u00f3n planteada en el per\u00edodo de alegaciones por esta parte de que la venta de los pinos con vida de unos treinta a\u00f1os, cortados a “matarrasa” en las fincas troncales, no correspond\u00eda a un aprovechamiento ordinario de frutos de dichas fincas, sino a una enajenaci\u00f3n de una parte patrimonial de dichos montes cuyo mayor valor es el arbolado. (Amparado este motivo tambi\u00e9n en el n\u00famero segundo del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).\n<\/p>\n

\n No incurre s\u00f3lo en incongruencia la sentencia recurrida por haberse dictado con exceso de poder. Tambi\u00e9n est\u00e1 viciada por defecto del mismo, ya que contra lo que dispone el art\u00edculo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no ha resuelto una cuesti\u00f3n trascendental para la decisi\u00f3n del pleito, respecto a la cual se hab\u00eda formulado una petici\u00f3n, concretada en el apartado b) de la s\u00faplica de su escrito fecha 12 de diciembre de 1957, al replicar a la contestaci\u00f3n a la reconvenci\u00f3n de la demandada do\u00f1a Clotilde, proponi\u00e9ndose y practic\u00e1ndose abundante prueba en relaci\u00f3n con la misma, pedimento que literalmente interesaba se declarase “que los productos extraordinarios obtenidos con corta, tala o a “matarrasa” de \u00e1rboles existentes en los montes de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, cuyo crecimiento hab\u00eda requerido unos treinta a\u00f1os, dejando el terreno totalmente calvo en forma que requiere su repoblaci\u00f3n artificial, no pueden ser 49\n<\/p>\n

\n considerados como frutos de dichos montes, sino como dimanantes de la enajenaci\u00f3n de una de las partes integrantes del Patrimonio Forestal de la m\u00e1s valiosa de ellas. \u00danicamente en la sentencia de primera instancia en el n\u00famero 2 del considerando s\u00e9ptimo se hace una alusi\u00f3n a los aprovechamientos forestales, afirmando que no se pod\u00eda excluir del proyecto de operaciones el cr\u00e9dito que procedente de dichos aprovechamientos se hizo figurar en el inventario, porque dice la sentencia “para que se d\u00e9 paso a las prolijas razones contenidas en la s\u00faplica sobre esta materia, esto supone una modificaci\u00f3n esencial de las bases de la demanda reconvencional que no puede ser tenida en cuenta”.\n<\/p>\n

\n No se puede admitir que ese particular de la s\u00faplica que anteriormente se transcribe, relacionado a las manifestaciones contenidas en el hecho segundo de la contestaci\u00f3n a la demanda reconvencional de do\u00f1a Clotilde, rechazando la aplicaci\u00f3n dada por \u00e9sta al precio de la \u00faltima venta de pinos adeudada por don Juan Jos\u00e9 Llasera y pretendiendo que dicha suma y adem\u00e1s todas las satisfechas durante el matrimonio por don Rodrigo para pago del impuesto de Derechos Reales, ingresen en el capital de gananciales como frutos de los bienes privativos del esposo, puede haber modificado esencialmente las bases de la demanda reconvencional, como establece la sentencia para excusar un pronunciamiento sobre extremo tan trascendental a los fines del pleito, cuales son calificar legalmente la naturaleza jur\u00eddica de ese excepcional y cuantioso aprovechamiento hecho por don Rodrigo en unos bienes afectados por una reserva troncal. Las bases de la demanda reconvencional de do\u00f1a Clotilde fueron simplemente las de frente a falsas imputaciones de la demandante, que volviendo la oraci\u00f3n pasiva la acusaba de entorpecer la pr\u00e1ctica de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, ofrecer a examen de la misma y a la consideraci\u00f3n del Juzgado un proyecto de liquidaci\u00f3n que pudiera servir de ponencia para que dentro del pleito se efectuase la pr\u00e1ctica de dicha liquidaci\u00f3n, con la conformidad de ambas partes, si pudieran llegar a un acuerdo o con la dirimencia del Juzgado en caso de discrepancia.\n<\/p>\n

\n Frente a esa propuesta pudo, al contestar la reconvenci\u00f3n la viuda do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar, formular otra, ya que aunque lo niegue, al haberse incautado de todos los papeles del causante, pudo disponer de cuantos datos considerase precisos y respecto a los cuales, adem\u00e1s en lo concerniente a fincas, pod\u00eda en el Registro de la Propiedad hallar cuantos le interesasen, como asimismo en los Bancos. Prefiri\u00f3 seguir obstaculizando, rechazando de plano el proyecto presentado por do\u00f1a Clotilde, afirmando que eran inexactos el activo y el pasivo, aunque si cuidando de recabar para la sociedad de gananciales las cantidades obtenidas por don Rodrigo mediante la tala de la mayor parte de su patrimonio forestal.\n<\/p>\n

\n En nada, pues, ha alterado las bases en que la reconvenci\u00f3n se fundamentaba, que no eran otras que las de llegar a la pr\u00e1ctica, bien convencionalmente o bien mediante resoluci\u00f3n judicial de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, extinta por muerte de don Rodrigo, los que a la hora de fijar definitivamente el activo y el pasivo de esa sociedad se pide al Juzgado califique legalmente esos aprovechamientos forestales, sobre cuya\n<\/p>\n

\n condici\u00f3n de enajenaci\u00f3n patrimonial o de meros frutos hay disconformidad entre las partes y de cuya calificaci\u00f3n ha de depender la determinaci\u00f3n de si exist\u00edan o no bienes gananciales y en su caso a qu\u00e9 cifra pudieran ascender. Ello aparte de que mientras se halla abierto el per\u00edodo de alegaciones las partes pueden modificar su posici\u00f3n en el debate judicial y alterar las peticiones de la primitiva s\u00faplica.\n<\/p>\n

\n Las consecuencias de esta omisi\u00f3n de la sentencia podr\u00edan ser irremisibles. Es decir, por ello por lo que han de insistir en la concurrencia de este vicio de incongruencia en que la sentencia incurre y que exige la casaci\u00f3n de la misma.\n<\/p>\n

\n D\u00e9cimo.\u2013<\/strong> Infracci\u00f3n legal en que incurre la sentencia al contener en su fallo pronunciamientos contradictorios (amparado este motivo en el n\u00famero tercero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).\n<\/p>\n

\n Ya se ha hecho constar anteriormente que la sentencia recurrida en su apartado A) del primer pronunciamiento del fallo aprob\u00f3 el inventario de bienes contenido en el proyecto de liquidaci\u00f3n acompa\u00f1ado a la demanda reconvencional de do\u00f1a Clotilde, cuyo valor se fij\u00f3 en dicho inventario en 4.332.848,68 pesetas, y tambi\u00e9n han aludido que en el apartado D) del mismo pronunciamiento se afirma que el pasivo de la sociedad de gananciales est\u00e1 constituido por las partidas detalladas en dicho proyecto, excepto las de los apartados a) y c) y rebaj\u00e1ndose igualmente la suma en pesetas 2.178.889,26, a que se refiere el oportuno considerando, en concepto de pago del impuesto de Derechos reales, por lo que el pasivo queda reducido a 509.107,45 pesetas.\n<\/p>\n

\n Entienden que estos dos particulares del fallo se hallan en abierta contradicci\u00f3n. Y, en efecto, ni del pasivo del proyecto, como ya se ha comentado anteriormente, se pueden rebajar esas pesetas 2.178.889,26, porque tal partida no figuraba en el mismo, ni se puede considerar tal suma como una partida del activo, puesto que no figuraba como tal en el proyecto de liquidaci\u00f3n aceptado en el apartado a), ni la sentencia ordena la inclusi\u00f3n de dicho inventario como cr\u00e9dito del causante a favor de la sociedad conyugal, ni a base de esa rebaja del pasivo, que no tiene como contrapartida una alta en el activo, se puede llegar a la consecuencia establecida en el apartado E) de que el saldo ganancial es de 3.823.741,23 pesetas.\n<\/p>\n

\n La sentencia ha de ser casada, no ya s\u00f3lo por estos vicios de incongruencia, que acogi\u00e9ndose en el n\u00famero 2 del art\u00edculo 1.692 de la Ley Procesal Civil denuncian, sino tambi\u00e9n por hallarse incurra en el vicio previsto en el n\u00famero tercero de dicho art\u00edculo que en el presente articulan.\n<\/p>\n

\n Und\u00e9cimo.\u2013<\/strong> Error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba con infracci\u00f3n de la doctrina legal establecida entre otras sentencias del Tribunal Supremo, en las de 3 de junio de 1935, 30 de julio de 1942 y 19 de febrero de 1945, sancionadoras del principio de que la prueba incumbe al que alegue o al que excepcione y al que opone hechos “impeditivos” al cumplimiento de la obligaci\u00f3n cuyo cumplimento se exige o el derecho que se invoca, error en el que incurre la sentencia al imponer a la heredera la carga de la\n<\/p>\n

\n prueba de que el 1.550.000 pesetas que hab\u00eda de figurar en el pasivo de la sociedad de gananciales como obligaci\u00f3n contra\u00edda por el causante durante la vigencia de aqu\u00e9lla y acreditada en el documento otorgado en dicho per\u00edodo, no tiene origen en una deuda anterior al matrimonio. (Amparado este motivo en el n\u00famero s\u00e9ptimo del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).\n<\/p>\n

\n La raz\u00f3n por la cual, tanto en la sentencia de primera instancia como en la de apelaci\u00f3n, se acuerda la eliminaci\u00f3n de la deuda a favor de do\u00f1a Rosario Arana del pasivo de la sociedad de gananciales, es la de que el 1.550.000 pesetas que don Rodrigo se obligaba a satisfacer a do\u00f1a Rosario Arana \u2013caso de no prosperar la demanda que la misma ten\u00eda preparada para conseguir la nulidad de los testamentos y las operaciones particionales por incapacidad de la testadora do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza\u2013 se lo adeudaba don Rodrigo a aqu\u00e9lla cuando el documento se suscribi\u00f3 por desprenderse as\u00ed del contenido del mismo, y que no constando en \u00e9l, si la deuda estaba contra\u00edda antes o despu\u00e9s del matrimonio, y no habiendo probado la heredera de don Rodrigo que fue despu\u00e9s de su celebraci\u00f3n, no pod\u00eda figurar en el pasivo del proyecto de liquidaci\u00f3n por impedirlo el art\u00edculo 1.410 del C\u00f3digo Civil. Al imponer la carga de la prueba de ese extremo de hecho a la heredera de don Rodrigo, se infringen normas de derecho reguladoras de la apreciaci\u00f3n de la misma.\n<\/p>\n

\n Para justificar que esa obligaci\u00f3n de pago hab\u00eda sido contra\u00edda por el causante durante el matrimonio, \u00fanica exigencia impuesta por el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo Civil, para inculcarla en el pasivo de la sociedad conyugal, basta la lectura de ese documento aportado a los autos, a requerimiento de do\u00f1a Clotilde, por do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar, que era quien lo ten\u00eda en su poder, documento autorizado con las firmas del causante, de do\u00f1a Rosario Arana y de don Juan Jos\u00e9 Llasera, que garantizando el pago hubo tambi\u00e9n de asumir dicha obligaci\u00f3n, firma cuya autenticidad no ha puesto en duda la parte contraria, como tampoco el contenido del documento, limit\u00e1ndose la reconvenida do\u00f1a Purificaci\u00f3n a afirmar que no sab\u00eda ni conoc\u00eda lo que hab\u00eda dentro de ese convenio. Pues bien, si en ese documento don Rodrigo contrae una obligaci\u00f3n condicionada al resultado de aquel pleito, si cuando esa obligaci\u00f3n aparece contra\u00edda es durante la vigencia de la sociedad conyugal, si dentro tambi\u00e9n del per\u00edodo de la sociedad conyugal se promovi\u00f3 el litigio y recay\u00f3 en \u00e9l sentencia firme, la que por ser adversa a las pretensiones de do\u00f1a Rosario, di\u00f3 lugar a que se estimase cumplida la condici\u00f3n a que esa obligaci\u00f3n de pago estaba sujeta, qu\u00e9 m\u00e1s se le puede exigir a la heredera de don Rodrigo para que haga figurar esa deuda en el pasivo de la sociedad conyugal. Es principio de derecho que la prueba incumbe al que afirma no al que niega; do\u00f1a Clotilde ha afirmado que don Rodrigo adeudaba a do\u00f1a Rosario Arana, a la fecha de su fallecimiento, 1.550.000 pesetas, como consecuencia del documento otorgado por el causante durante su matrimonio, que no pod\u00eda presentar porque se hallaba en poder de la viuda. Aportado por \u00e9sta a los autos el documento y desprendi\u00e9ndose de su con\u00adtenido de manera clara y precisa la existencia de esa obligaci\u00f3n de pago contra\u00edda dos a\u00f1os despu\u00e9s de su matrimonio, para mantener en el pasivo de la sociedad de gananciales esa deuda, do\u00f1a Clotilde no necesitaba probar m\u00e1s; se hallaba amparada por 52\n<\/p>\n

\n la presunci\u00f3n legal establecida en ese n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408, que sin distingos dice que ser\u00e1n de cargo de la sociedad de gananciales todas las deudas y obligaciones contra\u00eddas durante el matrimonio por el marido y tambi\u00e9n las que contrajera la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la sociedad. Para destruir, pues, esta presunci\u00f3n legal “juris tantum”, era preciso que quien la impugnara probase que don Rodrigo deb\u00eda ya esa cantidad cuando se cas\u00f3 con do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar, pues eso ya se puede presumir frente a la presunci\u00f3n legal, pues el simple supuesto de que pudiera hallarse adeudando esa suma don Rodrigo al contraer matrimonio, por el s\u00f3lo hecho de que en el documento no se hiciera constar lo contrario, no es suficiente para enervar aquella presunci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Y no es ya s\u00f3lo porque la prueba incumbe a quien afirma, no el que niega \u2013y aqu\u00ed para destruir la presunci\u00f3n legal se precisa afirmar que esa deuda no la contrajo don Rodrigo en el documento que acredita y aprueba la obligaci\u00f3n, sino en fecha muy anterior, y eso no lo ha probado ni siquiera lo ha intentado probar la demandante\u2013; es que adem\u00e1s la oposici\u00f3n a la presunci\u00f3n citada y el supuesto de que la deuda fue anterior al matrimonio es en t\u00e9cnica procesal oponer un hecho “obstativo” a la presunci\u00f3n legal. Y no basta afirmar, como se hace en la reconvenci\u00f3n por la demandada, que el contenido de dicho documento es una verdadera complicaci\u00f3n que la misma es incapaz de aclarar, para a\u00f1adir despu\u00e9s que en el mismo “se solventaron diferencias en orden a la interpretaci\u00f3n del testamento impugnado por do\u00f1a Rosario”, apreciaci\u00f3n esta \u00faltima que demuestra que del texto del documento no se desprende lo que se conven\u00eda. La condici\u00f3n a la que quedaba sujeta la obligaci\u00f3n de pago no admit\u00eda dudas y no hay por qu\u00e9 buscar interpretaciones enrevesadas. Si a alguna hubiere que acudir para averiguar el alcance de esa frase a la que pretende acogerse la parte contraria para situar el nacimiento de la obligaci\u00f3n durante el celibato de don Rodrigo, es \u00e9sta que se reconoce de contrario; que mediante ese documento se solventaron diferencias relacionadas con la testamentar\u00eda de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de.<\/sup> Yarza. El hecho de que para que la obligaci\u00f3n de pago fuera exigible habr\u00eda de resolverse previamente ante los Tribunales si eran o no v\u00e1lidos los testamentos de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y, por tanto, si pod\u00edan o no heredar abintestato a dicha se\u00f1ora la viuda y los hijos de don Ram\u00f3n Solano, proclama que no exist\u00eda deuda en met\u00e1lico alguna anterior a la firma del documento, cualquiera que fuera el alcance que pretendiera darse a los t\u00e9rminos de \u00e9ste; que lo que hab\u00eda era una adjudicaci\u00f3n de bienes troncales en el pleno dominio a don Rodrigo a los que se lleva a la participaci\u00f3n, no obstante hallarse excluido en el testamento de la finada, el esposo de do\u00f1a Rosario, don Ram\u00f3n Solano; y claro es, de declararse v\u00e1lidos los testamentos y firma esa adjudicaci\u00f3n al llamarse a la participaci\u00f3n en esos bienes los herederos de don Ram\u00f3n se colocaban en la situaci\u00f3n de acreedores de don Rodrigo. Esta situaci\u00f3n les hubiera podido ser m\u00e1s favorable si en prevenci\u00f3n de que no se hubieran anulado los testamentos, hubieran podido lograr por lo menos la anulaci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n de esos bienes troncales a don Rodrigo por falta de cl\u00e1usula de “apartamiento”, que opera en Vizcaya en relaci\u00f3n con los bienes troncales. Para obviar este peligro, don Rodrigo contrajo la obligaci\u00f3n\n<\/p>\n

\n que ese documento claramente refleja. Eso es todo. Ya se ha dicho que no precisa de interpretaci\u00f3n el mismo, pero si se creyera necesario, los actos coet\u00e1neos (promoci\u00f3n del pleito) y posteriores (acatamiento de do\u00f1a Rosario no intentando la anulaci\u00f3n de la adjudicaci\u00f3n troncal y avini\u00e9ndose a percibir la indemnizaci\u00f3n pactada, que no otra calificaci\u00f3n legal puede darse a esa deuda), aclarar\u00e1n a quien lo pueda necesitar todas las dudas que pudieran suscitarse en el texto del mismo, conforme al art\u00edculo 1.282 del C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n La infracci\u00f3n de esos principios de derecho reguladores de la prueba, antes invocados, sancionados en reiterada jurisprudencia de esta Sala, que no precisa puntualizar, evidencian el error de derecho en que la sentencia incurre al eliminar esa deuda del pasivo de la sociedad de gananciales, contra la presunci\u00f3n legal del n\u00famero primero del art\u00edculo 1,408, porque no ha probado do\u00f1a Clotilde un hecho negativo, cuya prueba no la incumbe; que no hab\u00eda contra\u00eddo esa deuda su hermano don Rodrigo antes de su matrimonio.\n<\/p>\n

\n Duod\u00e9cimo.\u2013<\/strong> Error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, que resulta de documentos y actos aut\u00e9nticos obrantes en los autos al eliminar del pasivo de la sociedad de gananciales el d\u00e9bito a la Hacienda de las anualidades del impuesto de Derechos Reales de 1955 y 1956 pagado por la heredera con aplicaci\u00f3n del precio satisfecho a la misma por don Juan Jos\u00e9 Llasera por la \u00faltima corta de pinos “a matarrasa”, efectuada en vida del causante en sus montes troncales, y declarar que aqu\u00e9lla viene obligada a reintegrar a la sociedad de gananciales los 2.178.889,26 pesetas, satisfechas por el marido por las tres anualidades de 1952, 1953 y 1954, por no haberse probado que se pagaron con bienes privativos del mismo y error de hecho en el que asimismo incurre al eliminar la sentencia del pasivo la deuda a favor de do\u00f1a Rosario Arana, por suponerla contra\u00edda con anterioridad al matrimonio, el que resulta tambi\u00e9n acreditado en el pleito con actos y documentos aut\u00e9nticos. (Amparado este motivo en el n\u00famero s\u00e9ptimo del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.)\n<\/p>\n

\n A) Error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba en relaci\u00f3n con la condici\u00f3n de los bienes aplicados al pago de Derechos Reales.\n<\/p>\n

\n Se han denunciado en los seis primeros motivos de este recurso las infracciones de las disposiciones de la legislaci\u00f3n com\u00fan y foral y de la doctrina del Tribunal Supremo en que la sentencia incurre, al descargar a la sociedad de gananciales de las cantidades satisfechas con el precio obtenido por la corta de pinos a matarrasa en los bienes troncales del causante para pago del impuesto de Derechos Reales que grav\u00f3 su adquisici\u00f3n, aprovechamientos extraordinarios a los que as\u00ed se otorga la condici\u00f3n de gananciales, y no como \u00e9sta parte estima el de privativos del marido, pues entienden que la calificaci\u00f3n de esos aprovechamientos en relaci\u00f3n con la sociedad conyugal implica una cuesti\u00f3n de derecho.\n<\/p>\n

\n Pero por si se estimara que para calificar los mismos como bienes privativos del marido se precisar\u00eda combatir con documentos o actos aut\u00e9nticos la apreciaci\u00f3n hecha 54\n<\/p>\n

\n por el Juzgado en que se apoya esa err\u00f3nea calificaci\u00f3n de gananciales, afrontar la cuesti\u00f3n tambi\u00e9n, por el cauce de la causa s\u00e9ptima del art\u00edculo 1.692, ya que existen en los autos numerosos documentos y actos aut\u00e9nticos que evidencian el error del juzgador al apreciar el origen y naturaleza de esos aprovechamientos.\n<\/p>\n

\n Han de invocar en primer t\u00e9rmino el oficio del Distrito Forestal de Vizcaya obrante al folio 6986, en el que contestando a la pregunta que se le hac\u00eda de que si el producto obtenido por la corta a matarrasa de un pinar de la provincia cuya edad fuera de treinta a\u00f1os habr\u00eda de considerarse como aprovechamiento correspondiente al a\u00f1o de la corta, dice literalmente: “Que el producto de la corta a matarrasa en pinos insignis de treinta a\u00f1os no puede tener consideraci\u00f3n del producto del a\u00f1o en que se efect\u00fae la corta, sino al de una acumulaci\u00f3n de rentas producidas durante los treinta a\u00f1os, extingui\u00e9ndose el capital vuelo y quedando el monte desprovisto de su principal valor si no se repuebla nuevamente”.\n<\/p>\n

\n Obran asimismo oficios de la Diputaci\u00f3n Provincial de Vizcaya y del Ayutamiento de Gald\u00e1cano, folios 415 y 445, tra\u00eddos a los autos como prueba documental propuesta de contrario, en el primero de los cuales se dice: “Que el importe obtenido por la corta a hecho o matarrasa tiene el car\u00e1cter de enajenaci\u00f3n del capital vuelo, resultante de la suma de los productos o rendimientos anuales desde la plantaci\u00f3n del monte y no percibidos hasta el momento de su corta”.\n<\/p>\n

\n Afirmaciones estas que igualmente aparecen contenidas en el oficio del Ayuntamiento de Gald\u00e1cano, obrante al folio 445.\n<\/p>\n

\n Esta calificaci\u00f3n de dos organismos propietarios de montes poblados de pinos insignis de aprovechamiento an\u00e1logo al efectuado por don Rodrigo, acredita por s\u00ed sola que al adquirir \u00e9ste los bienes troncales de los que formaba parte la m\u00e1s importante riqueza del vuelo arb\u00f3reo de sus montes, esa acumulaci\u00f3n lograda durante treinta o m\u00e1s a\u00f1os en el aprovechamiento maderable de los pinos insignis, le fue ya transmitido, y al hacerlo efectivo mediante las cortas a matarrasa efectuadas en los dos o tres a\u00f1os posteriores a su adquisici\u00f3n, cort\u00f3 de lo suyo, de sus bienes privativos, no del incremento que esos aprovechamientos maderables hubiera alcanzado en el cort\u00edsimo espacio de tiempo transcurrido desde la aportaci\u00f3n de esos bienes a la sociedad conyugal y el momento de la corta, aumento \u00e9ste inapreciable dado el largo per\u00edodo de crecimiento que ya dichos \u00e1rboles ten\u00edan. Y en cuanto a que fue con el producto de esas cortas con el precio obtenido de los aprovechamientos con que ya fueron transmitidos cada uno de los montes a don Rodrigo, con lo que se han pagado esas anualidades del impuesto de Derechos Reales, no ya s\u00f3lo las satisfechas por la heredera do\u00f1a Clotilde, sino tambi\u00e9n las abonadas por don Rodrigo otros documentos aut\u00e9nticos obrantes en el pleito lo confirman. Esos documentos son:\n<\/p>\n

\n a) El acompa\u00f1ado a la contestaci\u00f3n a la demanda con el n\u00famero 11, en el que aparecen relacionadas todas las autorizaciones de cortas de pinos expedidas por el Distrito Forestal de Vizcaya desde 4 de marzo de 1950 a 24 de agosto de 1953, junto 55\n<\/p>\n

\n con los justificantes de ingreso en la Tesorer\u00eda de la Diputaci\u00f3n Provincial de las tasas, derechos y arbitrios correspondientes a dichos aprovechamientos (este documento obra a los folios 514 a 520 de los autos).\n<\/p>\n

\n b) Los acompa\u00f1ados con los n\u00fameros 2 y 3 a la contestaci\u00f3n de la demanda, en el primero de los cuales se comprenden los extractos legalmente autorizados, en los que se refleja el movimiento de fondos desde julio de 1954 a 2 de diciembre de 1957 de la cuenta corriente que don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza ten\u00eda abierta en el Banco de Bilbao de Lequeitio; conteniendo el segundo el extracto de la cuenta corriente que el mismo don Rodrigo ten\u00eda abierta en el Banco de Vizcaya, correspondiente al per\u00edodo comprendido desde el 25 de agosto de 1954 a fines de junio de 1957. En el haber de estos extractos de cuentas lucen todos los abonos hechos por don Juan Jos\u00e9 Llasera por pago del precio de los pinos cortados a virtud de las anteriores autorizaciones y adquiridos por el mismo por compra al causante, y, asimismo, en el debe, los pagos efectuados por el Banco a cargo del titular de la cuenta don Rodrigo en contrapartida a esos abonos o transferencias de don Juan Jos\u00e9 Llasera acreditados en el haber, pagos referentes a las citadas anualidades del impuesto de Derechos Reales de 1952, 1953 y 1954, que la sentencia afirma no se ha justificado se pagasen con bienes privativos del causante y las presume satisfechas con bienes de la sociedad conyugal.\n<\/p>\n

\n El error en que con esta apreciaci\u00f3n de la prueba incurra el Juzgado no puede quedar m\u00e1s de manifiesto. Estos extractos de cuenta no han sido impugnados por la parte contraria, ni en cuanto a su autenticidad ni a la certeza de su contenido, autenticidad y certeza aceptadas en la sentencia, aunque para deducir de tales abonos una consecuencia abiertamente opuesta a la realidad: la de que con esos abonos se incrementaba el caudal de gananciales, como percepci\u00f3n de frutos de los bienes privativos del esposo, con lo que se llegar\u00eda al absurdo de admitir que esos 3.525.609,07 pesetas obtenidas por el esposo a costa de la venta de una important\u00edsima parte de su patrimonio forestal, cuya transmisi\u00f3n a su favor represent\u00f3 a juicio de la Oficina Liquidadora, un 70 por 100 de la base imponible en dicha transmisi\u00f3n, lucrar\u00edan a la esposa en un per\u00edodo de cuatro a\u00f1os y medio en una mitad, quedando a cambio a cargo de su marido y por fallecimiento de su heredera el pago de la totalidad del impuesto, obligaci\u00f3n que unida a satisfacer dicha heredera adem\u00e1s el importe del impuesto por la transmisi\u00f3n a su favor, har\u00edan ilusoria la herencia.\n<\/p>\n

\n c) Pero no son s\u00f3lo estos documentos los que de modo aut\u00e9ntico demuestran el error, al no estimar la sentencia justificado el pago con bienes privativos del esposo durante la vigencia de la sociedad conyugal y con el importe tambi\u00e9n de bienes privativos suyos en cuanto a las dos \u00faltimas anualidades. Existen otros con an\u00e1loga trascendencia legal en orden a la estimaci\u00f3n de la prueba que lo evidencian de modo inequ\u00edvoco. Se refieren de modo concreto a la carta dirigida por el Banco de Bilbao de Lequeitio a los se\u00f1ores herederos de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, con fecha 5 de mayo de 1955, documento obrante al folio 511 de los autos, en el que literalmente se dice: “En relaci\u00f3n con el pago de los Derechos Reales correspondientes a la participaci\u00f3n de don\n<\/p>\n

\n Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza en la herencia de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, anualidades de 1955 a 1956, nuestra direcci\u00f3n nos ense\u00f1a el deseo de que la testamentar\u00eda de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza no se demore hasta esperar el resultado del pleito.” (En aquella fecha se hallaba en tramitaci\u00f3n el pleito sobre nulidad del testamento de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza.)\n<\/p>\n

\n Documento complementado con otro obrante al folio 512, que lo es la letra de cambio librada en Lequeitio en 12 de mayo de 1955 por do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza con el consentimiento de su marido, contra don Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza, aceptada por \u00e9ste, importante 700.000 pesetas a noventa d\u00edas fecha, a la orden de don Mariano Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar, en la que al respaldo dice: “P\u00e1guese a la orden del Banco de Bilbao. Lequeitio, 12 de mayo de 1955. Mariano Ad\u00e1n de Yarza. Rubricado”.\n<\/p>\n

\n Tambi\u00e9n al folio 513 existe un documento que dice: “Banco de Bilbao. Lequeitio, 18 de mayo de 1956. Don Juan Llasera Ad\u00e1n de Yarza. Cuenta corriente n\u00famero 24. Abonamos a usted en su cuenta V\/ ma\u00f1ana pesetas 660, heredero de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza. Quedamos de usted atentos seguros servidores. Banco de Bilbao. Lequeitio. Ilegible, rubricado”.\n<\/p>\n

\n Estos tres documentos demuestran de manera plena por s\u00ed solos que los pagos correspondientes a las anualidades de 1955 y 1956 han sido satisfechos por los herederos de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, condici\u00f3n legal que, aun cuando s\u00f3lo correspond\u00eda a do\u00f1a Clotilde por la repudiaci\u00f3n de herencia de su hermano, el Banco extendi\u00f3 a los dos para robustecimiento de la garant\u00eda de la letra; pago efectuado en cuanto a la anualidad de 1956 por don Juan Jos\u00e9 Llasera mediante situaci\u00f3n de fondos por cuenta de los herederos de don Rodrigo en su cuenta corriente.\n<\/p>\n

\n Y por si se entendiera que estos documentos lo \u00fanico que justifican es el pago con cargo al precio de venta a don Juan Jos\u00e9 Llasera de los pinos, de las anualidades de 1955 a 1956, pero no las anteriores, habr\u00e1n de a\u00f1adir que al folio 628, y como documento n\u00famero 5 de los acompa\u00f1ados a la contestaci\u00f3n a la demanda, obra una certificaci\u00f3n expedida por el referido director del Banco de Bilbao de Lequeitio, fecha 30 de noviembre de 1957, en la que dice: “Certifico que don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e9zar solicit\u00f3 del Banco en carta fecha 7 de abril de 1952 un aval que garantizara a la Hacienda el pago fraccionado del impuesto de Derechos Reales que le hab\u00eda sido girado por su parte en la herencia de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, el cual le fue concedido y se formaliz\u00f3 por contrato fecha 3 de mayo del mismo a\u00f1o; que al mismo tiempo solicit\u00f3 un cr\u00e9dito para hacer efectiva la primera anualidad del citado impuesto, que tambi\u00e9n le fue concedido, por importe de 800.000 pesetas, garantizando su pago con la aceptaci\u00f3n de una letra por dicho importe, y que fue librada por don Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza, de quien se exig\u00eda la fianza “por ser el comprador de los montes”, con cuyo importe habr\u00eda de amortizarse el cr\u00e9dito. Dicha letra fue objeto hasta su cancelaci\u00f3n de las siguientes renovaciones y amortizaciones parciales” (det\u00e1llense en el certificado a continuaci\u00f3n la cantidad y fechas de negociaci\u00f3n y de vencimiento).\n<\/p>\n

\n Una certificaci\u00f3n del Banco de Bilbao en la que se acredita que en 7 de abril de 1952 fue solicitado del mismo un aval que garantizase a la Hacienda el pago fraccionado del impuesto de Derechos Reales de que trata, obliga a relacionar todas las anualidades satisfechas por tal concepto a esta garant\u00eda del banco que exig\u00eda la Hacienda para conceder el fraccionamiento, fraccionamiento indispensable para evitar que en la imposibilidad del heredero de satisfacer de una vez y dentro del plazo reglamentario la totalidad de la cantidad girada, y no pudiendo sin previo pago del impuesto disponer \u2013en este caso de su patrimonio forestal\u2013, se siguiera procedimiento de apremio contra el adjudicatario; el que, en cambio, pod\u00eda ir enajenando paulatinamente una parte de este patrimonio forestal adjudicado a su favor, cumpliendo en cinco anualidades esa obligaci\u00f3n fiscal.\n<\/p>\n

\n Pero precisamente porque habr\u00eda de pagarse esa anualidad y las sucesivas a que se extend\u00eda el aval, con el precio que se obtuviera de la venta de los pinos, es por lo que el Banco exigi\u00f3 que a su vez garantizase el cr\u00e9dito demandado por don Rodrigo, su sobrino don Juan Jos\u00e9 Llasera Ad\u00e1n de Yarza, por ser (dice la certificaci\u00f3n) el comprador de los montes con cuyo importe hab\u00eda de amortizarse el cr\u00e9dito y siendo el instrumento de dicho cr\u00e9dito las letras de cambio con sus sucesivas renovaciones, cuyo importe, por descuento bancario se destinase al pago de cada anualidad. Este aval y la consecuente aceptaci\u00f3n de letras para su descuento constituyen adem\u00e1s actos aut\u00e9nticos que evidencian el error de hecho del juzgador. Mal puede, pues, atribuirse el ingreso de las cantidades obtenidas por el descuento de esas letras a una aportaci\u00f3n a la sociedad de gananciales de frutos de los bienes troncales Ad\u00e1n de Yarza. A esos efectos el Banco no hubiera concedido el cr\u00e9dito y descontado las letras. La certificaci\u00f3n que dejan transcrita lo proclama que conced\u00edan esos cr\u00e9ditos para pago del impuesto de Derechos Reales, porque iban a ser amortizados con el importe de la venta de los pinos comprados a don Rodrigo a tal fin, conforme fueran realizando las cortas, venta que sin pagar la primera anualidad concedida del fraccionamiento no hubiera podido efectuar.\n<\/p>\n

\n A la vista, pues, de todos estos documentos y actos de los cuales cada uno por s\u00ed solo ser\u00eda bastante para demostrar el error del juzgador no cabe ya afirmar, como lo hace la sentencia, que do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza “no ha justificado” que esas anualidades del impuesto de Derechos Reales se han pagado con cargo a los bienes privativos del esposo y, por tanto, ha de presumirse que son bienes gananciales con arreglo al n\u00famero tercero del art\u00edculo 1.401 del C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n Y que esta presunci\u00f3n no cabr\u00eda establecerla en ning\u00fan caso sin incurrir en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba resultante de documentos aut\u00e9nticos, lo evidencia otro documento, tambi\u00e9n obrante al folio 629 de los autos, y que se acompa\u00f1\u00f3 bajo el n\u00famero 6 al escrito de contestaci\u00f3n. Se trata de un certificado expedido por el Banco de Vizcaya de Lequeitio, fecha 29 de noviembre de 1957, en el que se dice: “Que examinados los libros de cuentas corrientes a la vista de esta sucursal en el per\u00edodo comprendido entre el 8 de enero de 1949 al 20 de agosto de 1954, aparecen abonados en concepto de rendimientos de valores a don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza varios importes, por\n<\/p>\n

\n la suma total de 22.262,66 pesetas”. Relacionada esta cifra a los valores adjudicados al causante en la testamentar\u00eda de sus padres, que se hallan relacionados en el testimonio de las operaciones particionales aportadas al pleito por la demanda, se aprecia cuan imposible era que con los ingresos de que pudiera disponer la sociedad de gananciales, correspondientes al n\u00famero tercero del art\u00edculo 1.401, o sea los de frutos o rentas, no existiendo como no exist\u00edan (en ello est\u00e1n conformes las dos partes) ingresos de ninguna clase de los previstos en los dem\u00e1s n\u00fameros de dicho art\u00edculo, se pudiera en el espacio de tres a\u00f1os pagar una cifra que fiscalmente casi absorb\u00eda el valor asignado como base imponible a todos los bienes troncales Ad\u00e1n de Yarza adjudicados a don Rodrigo.\n<\/p>\n

\n Las presunciones legales a las que s\u00f3lo alcanza la calificaci\u00f3n de presunciones “juris tantum” requieren para su estimaci\u00f3n que no pugnen con hechos notorios que las contradigan. De aplicarse a esta sociedad conyugal, cuyas vicisitudes econ\u00f3micas han quedado de manifiesto con el menor detalle a todo lo largo del pleito, el supuesto de que se hab\u00edan pagado con cargo a los bienes gananciales esos 3.525.609,07 pesetas de impuesto de Derechos Reales es inadmisible, y m\u00e1s inadmisible a\u00fan admitiendo la sentencia que el piso de Lequeitio y el autom\u00f3vil adquiridos durante el matrimonio por don Rodrigo se pagaron tambi\u00e9n con fondos de dicha sociedad y que a cuenta de los fondos de la misma se realizaron los important\u00edsimos gastos de sostenimiento del hogar conyugal.\n<\/p>\n

\n B) Error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba en relaci\u00f3n con el cr\u00e9dito de do\u00f1a Rosario Arena. Incide tambi\u00e9n la sentencia en este error de hecho al admitir el supuesto de que dicho cr\u00e9dito tuviera por origen una deuda de don Rodrigo anterior a su matrimonio, cuyo pago no puede imputarse a la sociedad conyugal.\n<\/p>\n

\n Que esa deuda se contrajo constante el matrimonio lo prueba de manera plena el propio documento suscrito por don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y do\u00f1a Rosario Arena, viuda de don Ram\u00f3n Solano y Ad\u00e1n de Yarza y con la concurrencia tambi\u00e9n de don Juan Jos\u00e9 Llasera. Que se pagaron a cuenta de ese cr\u00e9dito por el causante 250.000 pesetas es hecho reconocido por las dos partes, y que el resto de 1.250.000 pesetas adeudadas a do\u00f1a Rosario por el causante acreditado est\u00e1 tambi\u00e9n por los documentos obrantes a los folios 631, 632 y 633, acompa\u00f1ados bajo el n\u00famero 8 a la contestaci\u00f3n de la demanda.\n<\/p>\n

\n Acreditado, pues, el pago de esa cantidad, s\u00f3lo resta considerar si cuando don Rodrigo, como admite la sentencia, contrajo matrimonio con do\u00f1a Purificaci\u00f3n, adeudaba esas 1.550.000 pesetas a do\u00f1a Rosario o si en aquella fecha no exist\u00eda tal deuda. La base en que el Juzgado se apoya para establecer la presunci\u00f3n de que ese cr\u00e9dito no se contrajo por don Rodrigo durante el matrimonio es la referencia que en el documento en que el mismo se acredita, que est\u00e1 fechado en 20 de junio de 1951, se hace a una deuda anterior sobre la que no se aclara ni el origen, ni la fecha, ni el ingreso efectivo de su importe en el patrimonio del deudor, por lo que, en estas condiciones,\n<\/p>\n

\n dice la sentencia, no se puede tener en cuenta como carga deducible del haber ganancial.\n<\/p>\n

\n Ya se explic\u00f3 en el pleito, en la r\u00e9plica de la reconvenci\u00f3n, cu\u00e1l fue el origen de esa deuda, y tal explicaci\u00f3n qued\u00f3 autentificada en el testimonio de las operaciones testamentarias de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, aportadas al pleito.\n<\/p>\n

\n No exist\u00eda deuda alguna en met\u00e1lico y s\u00ed s\u00f3lo un prop\u00f3sito de hacer participar a don Ram\u00f3n, y por su muerte a sus herederos, enel patrimonio troncal Ad\u00e1n de Yarza; y esta obligaci\u00f3n no tuvo efectividad hasta el momento en que fue suscrito el citado documento, en el que, adem\u00e1s, la entrega de esa cantidad se hallaba sujeta a condici\u00f3n, que no se cumpli\u00f3 hasta que el pleito fue fallado. Todo ello se desprende del propio documento, y lo confirma el contenido del supuesto octavo del cuaderno particional. Si en ese documento es donde se reconoce la obligaci\u00f3n de pago condicionada y si tuvo lugar constante el matrimonio, el pretender dar a la frase contenida en dicho documento para buscar el origen de una simple manifestaci\u00f3n con el contenido, en apreciar con error ese documento y el testimonio del supuesto particional obrante en los autos, los cuales ofrecen autenticidad sobrada para acreditar esa deuda como de la sociedad conyugal, habiendo, por tanto, sufrido error de hecho justificado con documentos aut\u00e9nticos el Juzgado al gravar con esa deuda a la heredera del causante.\n<\/p>\n

\n Decimotercero.\u2013<\/strong> Error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba que resulta de documentos aut\u00e9nticos al estimar la sentencia que la deuda del causante por impuesto de Derechos Reales se contrajo con anterioridad al matrimonio, ya en cuanto hubiera de gravar el usufructo de los bienes Ad\u00e1n de Yarza transmitidos por la instituci\u00f3n de legado condicional, sino el pleno dominio adquirido por el convenio transaccional celebrado durante el matrimonio; y no s\u00f3lo tambi\u00e9n en relaci\u00f3n con la cuota liquidada, honorarios y timbre, sino adem\u00e1s en cuanto a los intereses de demora, incluidos reglamentariamente en la liquidaci\u00f3n al solicitarse despu\u00e9s del matrimonio el fraccionamiento de pago; y finalmente al afirmar que su pago no report\u00f3 beneficios a la sociedad de gananciales (amparado tambi\u00e9n este motivo en el n\u00famero s\u00e9ptimo del art\u00edculo 1.692 de la Ley procesal).\n<\/p>\n

\n A) El impuesto sin el convenio transaccional sobre gravaba el usufructo. En el motivo tercero estudian en derecho este problema; pero no quieren esquivar su planteamiento tambi\u00e9n a trav\u00e9s de la causa s\u00e9ptima del art\u00edculo 1.692, por si se alegase de adverso que se trataba de una cuesti\u00f3n de hecho.\n<\/p>\n

\n Tal alegaci\u00f3n s\u00f3lo podr\u00eda apoyarse en el equ\u00edvoco de suponer que los bienes sobre cuya transmisi\u00f3n hab\u00eda de gravitar el impuesto como legados a don Rodrigo por la testadora bajo instituci\u00f3n condicional eran los mismos y se adquirieron por igual t\u00edtulo que los que sirvieron de base a la liquidaci\u00f3n girada al mismo despu\u00e9s de su matrimonio; y ese equ\u00edvoco queda deshecho con la simple lectura de la cl\u00e1usula testamentaria de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza y del “supuesto” octavo del cuaderno particional inserto \u00edntegramente en el testimonio acompa\u00f1ado a la demanda como documento n\u00famero 10 \u2013I del que se transcribe en el antecedente A) de este recurso su 60\n<\/p>\n

\n parte m\u00e1s esencial\u2013. En ese “supuesto” se explica perfectamente por qu\u00e9 en vez de adjudicarse a don Rodrigo s\u00f3lo en usufructo las fincas del tronco Ad\u00e1n de Yarza, como ordenaba el testamento, se le adjudicaron \u2013con excepci\u00f3n del Palacio de Zubieta\u2013 cuatro quintas partes de los mismos en pleno dominio y la quinta parte restante tambi\u00e9n en pleno dominio a otros parientes tronqueros. Constituye, pues, un documento aut\u00e9ntico demostrativo de que aun situando el origen de esta deuda fiscal en el momento de abrirse la sucesi\u00f3n, cuando no hab\u00eda sido a\u00fan aceptada la herencia gravada con el impuesto, los bienes sobre los que \u00e9ste hab\u00eda de gravitar no eran los mismos, ni en su cuant\u00eda, ni en cuanto a la forma de adjudicaci\u00f3n, ni en cuanto al t\u00edtulo transmisorio que los que se adjudicaron mediante la aprobaci\u00f3n de las operaciones particionales despu\u00e9s de contra\u00eddo su matrimonio.\n<\/p>\n

\n Lo que al abrirse la sucesi\u00f3n pod\u00eda gravar la Hacienda era s\u00f3lo un usufructo a favor de herederos de m\u00e1s de treinta a\u00f1os de edad y menos de sesenta. para el que se fija un porcentaje del 30 por 100 en la cuota se\u00f1alada para el pleno dominio. Lo que se grav\u00f3 en las liquidaciones correspondientes a esos pagos de que descarga la sentencia a la sociedad conyugal fue \u2013con excepci\u00f3n del Palacio de Zubieta\u2013 un pleno dominio, o sea el total de la cuota, sobre cuatro quintas partes del caudal, y como este pleno dominio no lo adquiri\u00f3 hasta que fue incorporado el convenio transaccional a las particiones, constante el matrimonio, la sentencia incurre en error de hecho al suponer a efectos fiscales que el pleno dominio de esos bienes hab\u00eda pertenecido al heredero desde que se abri\u00f3 la sucesi\u00f3n; error que da lugar al reconocimiento a la demandante de unes gananciales que no exist\u00edan de haber pasado el gravamen fiscal sobre la socia–dad conyugal a lo menos de ese 70 por 100 de diferencia, y no en su totalidad sobre el marido como propugna la sentencia.\n<\/p>\n

\n Ese error lo evidencia ese testimonio parcial de las operaciones particionales antes mencionado, al que a los efectos de casaci\u00f3n es obligado reconocer la condici\u00f3n de “aut\u00e9nticos”, ya que contiene el t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n de los bienes objeto de la liquidaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n B) Error de hecho al fundir en este d\u00e9bito fiscal lo pagado por cuenta del impuesto con lo pagado por intereses de demora que gravan reglamentariamente el fraccionamiento de pago. Tambi\u00e9n se plante\u00f3 esta cuesti\u00f3n como infracci\u00f3n del n\u00famero segundo del art\u00edculo 1.408, pero tambi\u00e9n “ad cautelam” quieren encauzarlo en la v\u00eda de la causa s\u00e9ptima.\n<\/p>\n

\n La sentencia confunde dos conceptos distintos que tienen cabida en la exacci\u00f3n tributaria que se discute. La cuota, con sus obligados aditamentos de honorarios y timbre y los intereses por la demora en el pago al. fraccionarse en cinco anualidades, sin discriminar uno de otro al remontar la obligaci\u00f3n de pago del impuesto al momento del fallecimiento de la causante do\u00f1a Mar\u00eda, remonta tambi\u00e9n a esa fecha un d\u00e9bito que pudo no originar esa sucesi\u00f3n y que no naci\u00f3 hasta que, girada la liquidaci\u00f3n a don Rodrigo, \u00e9ste, no pudiendo pagar de una vez en el perentorio plazo que se le se\u00f1al\u00f3 la\n<\/p>\n

\n suma que se le exig\u00eda, acogi\u00e9ndose a un arbitrio reglamentario, pidi\u00f3 que se le autorizase a satisfacerla fraccionada en cinco anualidades. Claro es que esta concesi\u00f3n lleva aneja una obligaci\u00f3n impuesta por el Reglamento, la de indemnizaci\u00f3n a la Hacienda por el retraso en la percepci\u00f3n de esos fondos p\u00fablicos con el abono de unos intereses de demora. Y pregunta el recurso si son impuesto de Derechos Reales esos intereses; respondiendo: evidentemente, no.\n<\/p>\n

\n Es la compensaci\u00f3n que paga el deudor por el lucro que durante el tiempo que retras\u00f3 el pago le proporciona la cantidad debida y que deja de aprovechar el Estado. Es, en fin, el r\u00e9dito de la deuda. Que en las cantidades pagadas por don Rodrigo durante el matrimonio y por su heredera despu\u00e9s de fallecido aqu\u00e9l est\u00e1 incluido ese r\u00e9dito lo proclama esa certificaci\u00f3n de la Oficina Liquidadora a que hace referencia el considerando octavo de la sentencia recurrida, obrante al folio 34 vuelto de la certificaci\u00f3n, documento que obra en autos, referido a las liquidaciones 7.309, documento n\u00famero 56.810-51, y liquidaci\u00f3n n\u00famero 7.308, documento n\u00famero 56.810-52, tra\u00eddos a instancia de la parte contraria y a la vista de la cual la Sala declara como obligaciones privativas del marido el pago de su total importe descargando a la sociedad de gananciales de su pago no s\u00f3lo de las cuotas, honorarios y timbre, sino tambi\u00e9n de esos intereses de demora. Y al no excluir \u00e9stos es indudable que incurre en el error de hecho de considerarlos como una porci\u00f3n del impuesto y no como un concepto distinto \u2013r\u00e9ditos de la deuda\u2013 que s\u00f3lo hay que satisfacer por una demora en su pago, r\u00e9ditos que no hubiera habido que abonar si ese pago se hubiera realizado dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado a tal fin, ya que en la cantidad girada claro es que no hubiera figurado tal partida de intereses originados s\u00f3lo por haber pedido el fraccionamiento de pago.\n<\/p>\n

\n Invocan, pues, a todo evento este error de hecho que como documento aut\u00e9ntico evidencia la mencionada certificaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n C) Finalmente, se colman los errores de hecho en la sentencia con una que no precisar\u00eda de denuncia, pues de los propios t\u00e9rminos de la misma se desprende en forma reiterada, pero cuya menci\u00f3n no quieren omitir en este motivo. Se refieren al supuesto de que el pago de la deuda por impuesto de Derechos reales no ha reportado beneficios a la sociedad conyugal.\n<\/p>\n

\n Si s\u00f3lo con el previo pago de ese impuesto pod\u00edan ser inscritos los montes en el Registro de la Propiedad, sin cuya inscripci\u00f3n no hubiera podido solicitarse autorizaci\u00f3n de la Jefatura Forestal para las cortas; y sin efectuarse esas cortas el matrimonio s\u00f3lo podr\u00eda haber disfrutado de las rentas del escaso patrimonio heredado de sus padres por don Rodrigo.\n<\/p>\n

\n Pregunta el recurso c\u00f3mo habr\u00eda podido gastar la sociedad de gananciales los millones que consumi\u00f3 procedentes de las cortas de esos pinos.\n<\/p>\n

\n Ello aparte que, de no haber cumplido don Rodrigo esa obligaci\u00f3n fiscal \u2013lo que\n<\/p>\n

\n sin esas cortas no hubiera podido cumplir\u2013, hubiera dado motivo a procedimientos de apremio, en los que lo primero que se hubiera embargado hubiera sido el met\u00e1lico de la sociedad conyugal.\n<\/p>\n

\n Y sigue preguntando: Con qu\u00e9 se hubiera comprado el piso en Lequeitio y el autom\u00f3vil, que cost\u00f3 cerca de 200.000 pesetas, y las alhajas regaladas a do\u00f1a Purificaci\u00f3n; y c\u00f3mo \u00e9sta habr\u00eda encontrado en las cuentas corrientes las 239.993,44 pesetas que se apropi\u00f3 antes de liquidarse la sociedad de gananciales.\n<\/p>\n

\n Si los pinos no se hubiesen cortado, entreg\u00e1ndose arrasados los montes a la herencia troncal, no hubiera podido do\u00f1a Purificaci\u00f3n, en los cuatro a\u00f1os y medio que fue esposa de don Rodrigo, haber participado en todos sus gastos.\n<\/p>\n

\n Incurre en notorio error de grave trascendencia el fallo de la sentencia recurrida al no estimarlo as\u00ed.\n<\/p>\n

\n Este error lo comprueban, en primer lugar, los extractos de cuentas corrientes de los Bancos de Bilbao y Vizcaya a que se alude en el motivo anterior, que justifican el movimiento de fondos de que dispuso la sociedad conyugal y de cuyo saldo se lucr\u00f3 la viuda.\n<\/p>\n

\n En segundo lugar, con las certificaciones de la Jefatura Forestal tambi\u00e9n invocadas como documentos aut\u00e9nticos en el anterior motivo, que justifican el volumen de las ventas de pinos realizadas, cuyo precio, s\u00f3lo en menos de dos terceras partes, se aplic\u00f3 a los pagos de testamentar\u00eda.\n<\/p>\n

\n Tambi\u00e9n con la escritura de compra del piso de Lequeitio, que prueba que cuando menos \u2013en el extracto de cuenta corriente del Banco de Bilbao consta que fue mucho m\u00e1s\u2013 constituy\u00f3 una inversi\u00f3n a favor de do\u00f1a Purificaci\u00f3n o de la sociedad conyugal de 86.000 pesetas.\n<\/p>\n

\n Y finalmente, y en ellas se halla la m\u00e1s completa demostraci\u00f3n de lo que la sociedad conyugal se benefici\u00f3 con la corta de esos pinos, en los autos est\u00e1n las cuentas rendidas por el demandado don Jos\u00e9 Llasera, cuentas con sus estados adjuntos que ha aprobado el Juzgado primero y la Sala despu\u00e9s al dictar la sentencia en el presente pleito, y en cuyas cuentas lucen con el m\u00e1s m\u00ednimo detalle todos los abonos hechos por aqu\u00e9l en la cuenta corriente de don Rodrigo y las aplicaciones dadas por \u00e9ste a esos fondos; a la vista de cuyas partidas s\u00f3lo incurriendo en el error de hecho que denuncian puede afirmarse que las deudas fiscales incluidas en el pasivo del proyecto de liquidaci\u00f3n presentado por la heredera no beneficiaron a la sociedad conyugal:\n<\/p>\n

\n Resultando que admitidos los recursos y conferido traslado para instrucci\u00f3n de los mismos a las partes, por la representaci\u00f3n de la recurrente do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza al evacuar dicho tr\u00e1mite se solicit\u00f3 se reclamaran de la Audiencia determinados documentos, a cuya petici\u00f3n accedi\u00f3 la Sala, remiti\u00e9ndose por el Tribunal de Instancia los siguientes:\n<\/p>\n

\n Certificaci\u00f3n del Distrito Forestal de Vizcaya, obrante al folio 279 de los autos, comprensiva de las autorizaciones de corta concedidas para los montes que figuran a nombre de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza en las fechas comprendidas entre 16 de noviembre de 1950 y 9 de junio de 1956, de las cortas autorizadas en montes de la testamentar\u00eda de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza entre 12 de diciembre de 1955 y 10 de octubre de 1956, de las cortas autorizadas en montes de do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n Yarza procedentes de don Rodrigo Ad\u00e1n Yarza en 15 de noviembre de 1956, de las cortas autorizadas a nombre de herederos de Ad\u00e1n de Yarza en 29 de abril de 1957 y de las cortas autorizadas en montes que figurando a nombre de don Juan Ad\u00e1n de Yarza proced\u00eda de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza entre 2 de enero de 1958 y 17 de febrero de 1958; haci\u00e9ndose constar que una autorizaci\u00f3n concedida en 16 de abril de 1953, expediente 626, no lleg\u00f3 a realizarse (folio 279); certificaci\u00f3n expedida por el Secretario de la Diputaci\u00f3n Provincial de Vizcaya de un informe de un Ingeniero de Montes sobre la explotaci\u00f3n normal de los montes (folio 414); otra certificaci\u00f3n, tambi\u00e9n expedida por el Secretario de la Diputaci\u00f3n de Vizcaya, de un informe de un Ingeniero de Montes acerca de la edad en que se ha realizado corta en montes de dicha Corporaci\u00f3n; importe de la corta y costo medio de la repoblaci\u00f3n (folio 415);un oficio del Ayuntamiento de Gald\u00e1cano en el que se hace constar que la plantaci\u00f3n de pinos en los montes comunales constituye actualmente su principal y normal explotaci\u00f3n; que el aprovechamiento se pretende sea cada veinticinco o treinta a\u00f1os y que durante el desarrollo del pinar permita realizar entresacas o solareos (folio 273): una certificaci\u00f3n del Ayuntamiento de Bilbao en la que se dice que la plantaci\u00f3n de pinares y su aprovechamiento constituye la explotaci\u00f3n normal de los montes propiedad de dicha Corporaci\u00f3n y que dichos apro\u00advechamientos se realizan peri\u00f3dicamente de acuerdo con el ciclo normal y ordinario de la explotaci\u00f3n de la propiedad (folio 280); una relaci\u00f3n de los pinares adjudicados por don Juan Jos\u00e9 Llasera y Ad\u00e1n de Yarza a don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar desde el 4 de marzo de 1953, con expresi\u00f3n del precio de compra de cada uno y las fechas de las autorizaciones de corte concedidas por el Distrito Forestal que acompa\u00f1a la misma, de la que aparece que el precio de la compra fue de 6.565.000 pesetas los gastos y arbitrios suplidos por cuenta de don Rodrigo fueron para el Distrito Forestal de 43.676,30 pesetas y para la Diputaci\u00f3n 98.641,95 pesetas, y el l\u00edquido a percibir por don Rodrigo, descontados los gastos, 6.422.681,75 pesetas (folio 621); autorizaci\u00f3n de cortas concedida por el Distrito Forestal de Vizcaya a do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza en 16 de noviembre de 1950, 22 de noviembre y 23 de diciembre de 1950, 18 de abril de 1951 y a favor de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza en 2 de junio de 1951; do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza 7 de diciembre, 7 y 18 de septiembre de 1951 y 20 de junio de 1952; a favor de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, 20 y 19 de junio de 1952 y 7 de enero y 16 de abril de 1953; don Rodrigo, 9de octubre de 1953; as\u00ed como recibos de la Jefatura de Montes de Vizcaya por honorarios y gastos para el reconocimiento previo de las fincas; y recibos de la Hacienda Provincial de Vizcaya por arbitrio sobre aprovechamientos forestales correspondientes a las autorizaciones de cortas (folio 514 al 620); extractos de cuenta corriente de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza en el Banco de Bilbao desde julio de 1954 a 2 de diciembre de 1957, que presenta un saldo final de 661,08 pesetas (folio 623);\n<\/p>\n

\n extracto de cuenta corriente de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza en el Banco de Vizcaya desde 25 de agosto de 1954 a 16 de junio de 1957, con un saldo final de 4.081,80 pesetas; un extracto de cuenta por cupones e intereses de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza Cort\u00e1zar en el Banco de Bilbao de Lequeitio desde 1959 a 7 de julio de 1953, con un total de 25.356,50 pesetas (folio 630); una carta dirigida por el Banco de Bilbao, Lequeitio, fecha 5 de mayo de 1955, a se\u00f1ores herederos de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza cuyo contenido ya ha sido rese\u00f1ado en esta nota (folio 511); una letra de cambio librada en Lequeitio, de abono en cuenta de herederos de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza de 660.000 pesetas siguiendo instrucciones de don Juan Llasera Ad\u00e1n de Yarza de fecha 18 de mayo de 1956 (folio 513); una certificaci\u00f3n expedida por el Director de la sucursal del Banco de Bilbao en Lequeitio con fecha 30 de noviembre de 1957, en la que se hace constar: Que don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza y Cort\u00e1zar solicit\u00f3 del Banco, en carta de fecha 7 de abril de 1952, un aval que garantizara a la Hacienda el pago fraccionado del impuesto de Derechos Reales que le hab\u00eda sido girado por su parte en la herencia de do\u00f1a Mar\u00eda Ad\u00e1n de Yarza, el cual le fue concedido y se formaliz\u00f3 por contrato de fecha 3 de mayo del mismo a\u00f1o.\n<\/p>\n

\n Que al mismo tiempo solicit\u00f3 un cr\u00e9dito para hacer efectiva la primera anualidad del citado impuesto, que tambi\u00e9n le fue concedido, por importe de 800.000 pesetas, garantizando su pago con la aceptaci\u00f3n de una letra por dicho importe y que fue librada por don Juan Llasera Ad\u00e1n de Yarza, de quien se exigi\u00f3 la firma por ser el comprador de los montes con cuyo importe hab\u00eda de amortizarse el cr\u00e9dito, cuyo detalle de renovaciones y amortizaciones parciales-ya se han hecho contar, as\u00ed como respecto al que solicit\u00f3 en 18 de abril de 1953, que le fue concedido en igual forma.\n<\/p>\n

\n Y una certificaci\u00f3n del Registrador de la Propiedad de Marquina (Vizcaya) de las siguientes cartas de pago n\u00famero 2.924, de fecha Madrid 8 de mayo de 1952, ingreso de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza de 726.692,43 pesetas, concepto herencia, primer plazo fraccionado; n\u00famero 2.925, fecha Madrid 8 de mayo de 1952, por 2.839,12 pesetas, concepto herencia, primer plazo fraccionado ingresado por don Domingo Ad\u00e1n de Yarza; n\u00famero 1.031, fecha 4 de mayo de 1953, ingresado por don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, 733.011,10 pesetas, concepto herencia, segundo plazo fraccionado; n\u00famero 1.032, ingreso de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza por 3.872,42 pesetas, concepto herencia, fecha 4 de mayo de 1953; n\u00famero 1.642, ingresado por don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, 3.739,10 pesetas, fecha Madrid 6 de mayo de 1954, tercer plazo fraccionado; n\u00famero 1.641, ingreso de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, 707.735 pesetas, concepto herencia, fecha Madrid 5 de mayo de 1954; n\u00famero 3.174, ingreso de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, 628.459 pesetas, por concepto herencia, cuarto plazo fraccionado, fecha Madrid 17 de mayo de 1955; n\u00famero 3.175, ingreso de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, por 360.574 pesetas, concepto herencia, cuarto plazo fraccionado, Madrid 17 mayo de 1955; n\u00famero 4.177, ingreso de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza 657.182,98, \u00faltimo plazo fraccionado, fecha Madrid 22 de mayo de 1956; n\u00famero 4.178, ingreso de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, por 3.472,38 pesetas, concepto herencia, \u00faltimo plazo fraccionado, fecha Madrid 22 de mayo de 1956:\n<\/p>\n

\n Resultando que instruidas las partes de los expresados documentos, la Sala declar\u00f3 conclusos los autos y mand\u00f3 traerlos a la vista con las debidas citaciones y previa formaci\u00f3n de nota, cuyo acto ha tenido lugar en uno del corriente mes, con asistencia de los letrados de las partes que informaron postulando la estimaci\u00f3n de su respectivo recurso y la repulsa del adverso:\n<\/p>\n

\n Visto siendo Ponente el Magistrado don Joaqu\u00edn Dom\u00ednguez de Molina.\n<\/p>\n

\n Considerando que es bien conocida la jurisprudencia de este Tribunal, establecida, entre otras, en las sentencias de 19 y 30 de diciembre de 1942, 3 de enero, 3 de abril y 24 de mayo de 1945, 29 de marzo de 1955, primero de febrero de 1958 y 11 de octubre de 1960, que viene sustentando la doctrina de que el r\u00e9gimen de sucesi\u00f3n abintestato del Derecho foral fue derogado primero por la llamada Ley de Mostrencos de 18 de mayo de 1835 y despu\u00e9s por el C\u00f3digo civil, que en esta materia antes de las salvedades de las nuevas compilaciones constitu\u00eda a la saz\u00f3n de los hechos del pleito la norma aplicable en todo el territorio nacional, incluso en Vizcaya, como expresamente reconoci\u00f3 la sentencia de esta Sala de 31 de enero de 1950, sin que a ello obste lo preceptuado en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 10 de dicho C\u00f3digo, que \u00fanicamente se refiere a la Ley 15 del t\u00edtulo 20 del Fuero vizca\u00edno relativa a los actos dispositivos del propietario de los bienes troncales, ya por actos “inter vivos”, ya “mortis causa”, sin que el precepto del C\u00f3digo mencione para nada la Ley octava del t\u00edtulo 21 de dicho Fuero, que es la que hace relaci\u00f3n a las sucesiones abintestato, ni tampoco aluda a la Ley segunda del t\u00edtulo 20, que se refiere al usufructo del sup\u00e9rstite; debiendo en su virtud regirse el correspondiente a la viuda en este caso por las disposiciones de los art\u00edculos 837 y 953 del C\u00f3digo seg\u00fan el texto vigente antes de su reforma por la Ley de abril de 1958, y sin distinci\u00f3n entre bienes troncales y no troncales; y al no haberlo entendido as\u00ed la sentencia recurrida deben ser acogidos los dos motivos del recurso interpuesto por la representaci\u00f3n de do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte en que, al amparo del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 10, p\u00e1rrafo tercero, 837 y 953 del C\u00f3digo civil antes de su reforma por la Ley de 24 de abril de 1958, y las leyes segunda y decimoquinta del t\u00edtulo 20 y octava del t\u00edtulo 21 del Fuero de Vizcaya, as\u00ed como la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias que antes se citan; pero habr\u00e1 de tenerse en cuenta:\n<\/p>\n

\n Primero.-<\/strong> Que en el recurso se pretende y en la demanda se solicita que el demandado don Juan Jos\u00e9 Llasera constituya tambi\u00e9n el usufructo en los bienes que se hallen en su poder, lo que impl\u00edcitamente lleva consigo el reconocimiento de la validez y eficacia de la escritura de 14 de octubre de 1956, inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao, por la que la heredera do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza le transmiti\u00f3 el pleno dominio de esos bienes, cuya nulidad o ineficacia no se ha pedido en la demanda; sin que se invoque ning\u00fan precepto legal espec\u00edfico ni pacto alguno de dicha escritura que imponga el adquiriente la obligaci\u00f3n que se le exige, por lo que han de quedar excluidos del mencionado usufructo.\n<\/p>\n

\n Segundo.<\/strong>– Que ignor\u00e1ndose en los autos del recurso cu\u00e1les y cu\u00e1ntos son esos bienes, no pueden determinarse cuantitativamente los que est\u00e9n en posesi\u00f3n de la do\u00f1a Clotilde.\n<\/p>\n

\n Tercero.<\/strong>– Que las deudas privativas del causante pendientes a su defunci\u00f3n han de tener influjo en la fijaci\u00f3n del caudal relicto, por cuyas razones s\u00f3lo puede declararse el derecho de usufructo en cuanto a los bienes que constituyan el saldo de dicho caudal y correspondan por herencia a la do\u00f1a Clotilde.\n<\/p>\n

\n Considerando que en cuanto al recurso interpuesto por los demandados lo primero que ha de tenerse en cuenta es que seg\u00fan dispon\u00eda el art\u00edculo 59 del Reglamento de 29 de marzo de 1941; reiterado en el de 7 de noviembre de 1947 y en el hoy vigente, el impuesto de Derechos Reales se satisfar\u00e1 por regla general por el que adquiera los bienes o derechos gravados, por lo que no puede ofrecer duda que acaecida la muerte de la causante en 7 de octubre de 1947, antes del matrimonio de don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza, celebrado el 17 de enero de 1949, ha de considerarse una deuda privativa del mismo, puesto que la adquisici\u00f3n tiene lugar, conforme al art\u00edculo 661 del C\u00f3digo civil, y ya que lo que viene discuti\u00e9ndose es el alcance de los art\u00edculos 1.408 y 1.410 del propio C\u00f3digo, cuya aplicaci\u00f3n en este particular la admiten ambas partes, por el solo hecho de la muerte del causante, y aunque requiera la aceptaci\u00f3n por el institu\u00ed-do no puede olvidarse que, seg\u00fan el art\u00edculo 989 del expresado C\u00f3digo los efectos de la aceptaci\u00f3n se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda; sin que la circunstancia del aplazamiento del pago en per\u00edodos vencidos constante el matrimonio convierta el d\u00e9bito tributario en deuda, contra\u00edda posteriormente al mismo, pues el impuesto se deveng\u00f3 por el hecho de la trasmisi\u00f3n, o sea, por la muerte de la causante ocurrida con anterioridad; no apareciendo en el motivo debidamente acreditado que el impuesto tenga su origen en pactos convencionales o transaccionales, conceptos que no constan en la certificaci\u00f3n de las respectivas cartas de pago de la Abogac\u00eda del Estado a que para este efecto se alude y en que s\u00f3lo consigna el de “herencia”; ni tienen base cierta y definida en las declaraciones de la sentencia, en la que por el contrario se afirma que el art\u00edculo 1.410 exonera a la sociedad conyugal del pago de estas deudas contra\u00eddas antes del matrimonio; sin que baste la referencia que en el cap\u00edtulo de antecedentes del recurso \u2013cap\u00edtulo que no est\u00e1 autorizado por el art\u00edculo 1.720 de la Ley Tributaria\u2013 se hace a la escritura de protocolizaci\u00f3n de 28 de noviembre de 1950, y cuya referencia por s\u00ed sola no es suficiente para demostrarlo, ni en el apuntamiento se consigna el texto de la escritura aludida; no suponiendo nada en contrario de la tesis antes expuesta el art\u00edculo 1.003 del C\u00f3digo Civil, pues se refiere a las deudas hereditarias y en este caso, adem\u00e1s, no se trataba de aceptaci\u00f3n a beneficio de inventario; ni se se\u00f1ala determinadamente el documento que justifique fehacientemente la fecha en que la aceptaci\u00f3n tuvo lugar, no siendo cierto que mientras no haya adjudicaci\u00f3n est\u00e1 la herencia yacente; reconoci\u00e9ndose finalmente en el primer motivo, amparado en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley procesal, denunciando la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 1.408, n\u00famero primero, 1.003 y 1.410 del C\u00f3digo civil, que la sentencia de primera instancia estim\u00f3 “que esta deuda fue contra\u00edda 67\n<\/p>\n

\n por el esposo antes del matrimonio”; manteni\u00e9ndolo la Audiencia al referirse a estas deudas como contra\u00eddas por el marido antes del matrimonio; declaraciones de hecho que para desvirtuarlas es preciso combatirlas por el cauce del n\u00famero s\u00e9ptimo del art\u00edculo 1.692 de la Ley Procesal, y aunque en el motivo decimotercero se pretende desvirtuar por dicha v\u00eda y por error de hecho la afirmaci\u00f3n de las sentencias, se apoya como documento aut\u00e9ntico en la referida escritura de protocolizaci\u00f3n de 28 de noviembre de 1950, cuyo texto no consta en el apuntamiento, as\u00ed como tampoco el del testamento, por lo que el expresado motivo decimotercero pierde viabilidad; sin que mediante conjeturas y complejidades de razonamientos, como se hace en el apartado C) del mismo, puedan combatirse con eficacia las declaraciones del Tribunal sentenciador, y por todas estas consideraciones deben ser desestimados los motivos primero y tercero del recurso:\n<\/p>\n

\n Considerando que en el motivo segundo, al amparo igualmente del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley Procesal se acusa la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 1.408, n\u00famero primero, 1.003 y 1.410 del C\u00f3digo civil, y en el fondo se combate la sentencia recurrida por acordar la baja en el pasivo de todas las partidas satisfechas por don Rodrigo Ad\u00e1n de Yarza durante su matrimonio en concepto de Derechos Reales y que totalizan la suma de 2.178.889,26 pesetas, ya que seg\u00fan el Tribunal “a quo” no se ha justificado que fueran pagadas con dinero de su exclusiva propiedad, llam\u00e1ndose la atenci\u00f3n en el motivo sobre la circunstancia de que la Sala ordena la baja en el pasivo del proyecto de liquidaci\u00f3n de esas partidas que no se han hecho figurar como deuda de la sociedad de gananciales porque se trataba de pagos ya efectuados; es decir, que ello m\u00e1s que una baja en el pasivo representa un aumento en el activo como un cr\u00e9dito de la expresada sociedad contra el capital del marido, pero este concepto como tal y en el sentido en que acaba de exponerse no es objeto del presente motivo, que lo remite a otros del recurso, limitando el que ahora se examina, seg\u00fan en \u00e9l se expresa, a dar por reproducidos los razonamientos del motivo primero relativos a que la deuda de las dos \u00faltimas anualidades del impuesto no eran una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del matrimonio y con mucha m\u00e1s raz\u00f3n respecto a \u00e9sta en que no se trata de una deuda dejada por el finado a su fallecimiento contra la sociedad de gananciales, sino satisfecha por el mismo en vida en cumplimiento de una obligaci\u00f3n de pago de las expresadas anualidades; pero por lo mismo ha de serle aplicable la argumentaci\u00f3n del Considerando precedente para no estimarla comprendida en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 del C\u00f3digo, desestimando el motivo en los t\u00e9rminos en que se formula:\n<\/p>\n

\n Considerando que tambi\u00e9n procede la desestimaci\u00f3n del cuarto motivo en que se acusa la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 1.408, n\u00famero primero, y 1.410 del C\u00f3digo civil, al eliminar la sentencia de la relaci\u00f3n de deudas de la sociedad conyugal en el proyecto de liquidaci\u00f3n presentado por la heredera la obligaci\u00f3n de pago contra\u00edda por el causante a favor de do\u00f1a Rosario Arana por valor de 1.550.000 pesetas, pues el Tribunal sentenciador, en uso de sus facultades en la apreciaci\u00f3n del contenido del documento de fecha 20 de junio de 1951 declara que se refiere a una deuda anterior a su fecha, que no consta contra\u00edda durante el matrimonio y que tuvo su origen o causa en el 68\n<\/p>\n

\n fallecimiento de do\u00f1a Mar\u00eda Adan de Yarza, acontecido en 7 de octubre de 1947; declaraciones de hecho que s\u00f3lo pueden ser combatidas por el cauce del n\u00famero s\u00e9ptimo del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Tr\u00e1mites, y aunque en el motivo duod\u00e9cimo, apartado B, se impugne esta apreciaci\u00f3n como error de hecho al amparo del n\u00famero s\u00e9ptimo del citado art\u00edculo 1.692 de la Ley Procesal, se alude para comprobarlo a ciertos documentos que se dicen acompa\u00f1ados con el n\u00famero 8 a la contestaci\u00f3n a la demanda, y el que ocupa este n\u00famero no coincide con el punto de que se trata, y aunque se citan los folios del pleito, \u00e9stos en la referencia del apuntamiento consisten en tres recibos de cantidad de do\u00f1a Rosario Arana, que, aunque relativos a la aludida deuda, no pueden considerase aut\u00e9nticos para demostrar con evidencia por s\u00ed mismos la fecha en que aqu\u00e9lla se contrajo; no constando tampoco fehacientemente el supuesto octavo del cuaderno particional a que tambi\u00e9n se alude; sin que pueda ser eficaz el propio documento en que se consigne la deuda que en primer lugar se cita, porque en este caso ha sido objeto de interpretaci\u00f3n por la Sala sentenciadora y esta interpretaci\u00f3n ha de prevalecer si no se demuestra por la v\u00eda del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que infringe de modo patente las normas de hermen\u00e9utica establecidas en el C\u00f3digo civil, de las que s\u00f3lo se invoca el art\u00edculo 1.282, que ni se refiere al texto del documento de que se trata ni evidencia, seg\u00fan requiere la jurisprudencia, el criterio err\u00f3neo de la Sala; y sin que el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 establezca una presunci\u00f3n, sino un precepto que exige la justificaci\u00f3n del supuesto en que descansa:\n<\/p>\n

\n Considerando que el motivo quinto tiene por base la consideraci\u00f3n de bienes gananciales que se dice que han merecido a la Sala la corta o tala a matarrasa de los pinos de los montes propios de don Rodrigo, negando los recurrentes que tengan el car\u00e1cter de frutos o rentas; pero en el motivo se prescinde de que este extremo ha sido rechazado en la sentencia recurrida por estimar que el pedimento H) formulado en la d\u00faplica pretendiendo que se declare que tales productos no pueden ser considerados como frutos, sino como dimanantes de la enajenaci\u00f3n de una de las partes integrantes del patrimonio forestal, es una pretensi\u00f3n que constituye una alteraci\u00f3n de los que son objeto principal del pleito prohibida por el art\u00edculo 548 de la Ley Procesal que no puede ser aceptada; sin que este precepto haya sido especialmente invocado como infringido en ninguno de los motivos del recurso y menos en el que ahora se examina; por lo que es obligado prescindir del mismo, as\u00ed como del apartado A) del motivo duod\u00e9cimo, en que se impugna la sentencia recurrida por error de hecho al estimar como frutos gananciales dichas cortas; aparte de que en el mismo motivo se reconoce que ello envuelve m\u00e1s bien una cuesti\u00f3n de derecho y sin que, finalmente, puedan considerase documentos aut\u00e9nticos para los fines de la casaci\u00f3n los informes t\u00e9cnicos, autorizaciones de corta y dem\u00e1s en que se apoya el motivo:\n<\/p>\n

\n Considerando que en el motivo sexto vuelve a citarse como infringido el art\u00edculo 1.410 del C\u00f3digo Civil, y adem\u00e1s el n\u00famero segundo del 1.408 del mismo, y para la desestimaci\u00f3n de la infracci\u00f3n de aqu\u00e9l basta lo ya razonado en los primeros considerandos relativos a este recurso, si bien se impone acoger el motivo respecto al 69\n<\/p>\n

\n segundo en cuanto se relaciona a los intereses de demora devengados durante el matrimonio por las cuotas del impuesto de Derechos Reales aplazadas y satisfechas, como comprendidos en el n\u00famero segundo del citado art\u00edculo 1.408, que se refiere a los r\u00e9ditos de las obligaciones a que estuvieren afectos tanto los bienes privativos de los c\u00f3nyuges como los gananciales, aunque haya de observarse que en la certificaci\u00f3n de las cartas de pago a que se alude no aparece determinado el importe de los intereses de demora satisfechos, pero que necesariamente los supone el aplazamiento del pago de las cuotas; y sin que el concepto de “atrasos” pueda entenderse en oposici\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 1.410 como parte de las obligaciones anteriormente contra\u00eddas:\n<\/p>\n

\n Considerando que el motivo s\u00e9ptimo, amparado en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley Procesal, denuncia la infracci\u00f3n de determinadas leyes del Fuero de Vizcaya, as\u00ed como la doctrina legal de las dos sentencias que cita; pero es obligado rechazarlo porque en \u00e9l no se expresa con la debida precisi\u00f3n y claridad el concepto de las infracciones que se denuncian, contraviniendo lo dispuesto en el art\u00edculo 1.720 de dicha Ley e incurriendo en la causa de inadmisi\u00f3n que se\u00f1ala el n\u00famero cuarto del art\u00edculo 1.729 de la misma Ley, omisi\u00f3n que en la fase decisoria del recurso, seg\u00fan conocida y uniforme jurisprudencia, se convierte en causa de desestimaci\u00f3n (sentencias de 2 de abril y 14 de octubre de 1948, 10 de marzo y 12 de diciembre de 1949; 10 de noviembre de 1953, 20 de octubre de 1956, 19 de enero de 1957 y otras); aparte de que ya se ha razonado antes sobre la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1.410 del C\u00f3digo Civil:\n<\/p>\n

\n Considerando que en el motivo octavo, y con la cita del art\u00edculo 359, se denuncia como incongruente la sentencia recurrida por declararse en ella que los 2.178.889,26 pesetas pagados por don Rodrigo Ad\u00e1n durante el matrimonio por el impuesto de Derechos Reales deben rebajarse como pasivo de la sociedad conyugal y ser reintegradas por la heredera del causante, aumentando con ello el haber de gananciales en un 1.089.444,63, declaraci\u00f3n que seg\u00fan el motivo no fue solicitada por la actora en la s\u00faplica de su contestaci\u00f3n a la reconvenci\u00f3n; a\u00f1adiendo el motivo que “al declararse en la sentencia cu\u00e1l es el haber de gananciales se aumenta a la demandante su haber por tal concepto en la mitad de tan exorbitante cantidad”; lo que sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda significa que seg\u00fan los propios recurrentes se otorga a la actora m\u00e1s de lo pedido por la misma; y ello no puede plantearse en casaci\u00f3n por el cauce del n\u00famero segundo del art\u00edculo 1.692 de la Ley Procesal como se hace en el motivo, sino por el n\u00famero tercero de la misma; pero adem\u00e1s en el propio motivo se reconoce que en el hecho quinto de la r\u00e9plica se afirma por la demandante que no puede admitirse el proyecto liquidatorio, porque no se comprenden en su activo todos los bienes y porque la mayor parte del pasivo no es de cargo de la sociedad, y ello impon\u00eda al Tribunal sentenciador la obligaci\u00f3n de establecer el saldo con arreglo a Derecho; por todo lo cual procede la desestimaci\u00f3n del motivo:\n<\/p>\n

\n Considerando que el motivo noveno denuncia igualmente por incongruencia la\n<\/p>\n

\n sentencia recurrida con infracci\u00f3n del art\u00edculo 359 de la Ley Procesal, por no haber resuelto una cuesti\u00f3n trascendental para la decisi\u00f3n del pleito, respecto a la cual se hab\u00eda formulado una petici\u00f3n concreta en el apartado H) de la s\u00faplica del escrito de d\u00faplica de los recurrentes, pedimento en que literalmente se interesaba “que los productos extraordinarios obtenidos con corta, tala o a matarrasa de \u00e1rboles existentes en los montes de don Rodrigo, no pueden ser considerados como frutos de los mismos, sino como dimanantes de la enajenaci\u00f3n de una de las partes integrantes del patrimonio forestal”; pero al razonar as\u00ed se prescinde de que como antes se ha dicho la sentencia recurrida ha declarado que esa petici\u00f3n no pod\u00eda aceptarse por constituir una alteraci\u00f3n de las que son objeto principal del pleito, prohibida por el art\u00edculo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la aplicaci\u00f3n de este precepto legal, como antes se ha dicho, no se ha denunciado en el recurso como constitutiva de una infracci\u00f3n, por lo que ha de subsistir en los t\u00e9rminos en que la sentencia lo aplica; y adem\u00e1s, si lo que se denuncia en el motivo es que la sentencia no ha resuelto sobre una de las pretensiones concretas formuladas en el escrito de d\u00faplica, tal supuesto est\u00e1 expresamente previsto tambi\u00e9n en el n\u00famero tercero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Tr\u00e1mites, que comprende el caso de que el fallo no contenga declaraci\u00f3n sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito y, por tanto, no puede ser viable el motivo, que se apoya en el n\u00famero segundo de dicho art\u00edculo:\n<\/p>\n

\n Considerando que el motivo d\u00e9cimo denuncia “infracci\u00f3n legal en que incurre la sentencia al contraer en su fallo pronunciamientos contradictorios”, pero sin indicar la disposici\u00f3n legal infringida, que no pod\u00eda ser otra que la del art\u00edculo 359 de la Ley de Procedimientos; incurriendo adem\u00e1s el motivo en el defecto de ampararse, seg\u00fan se expresa en su primer p\u00e1rrafo y se reitera al final del \u00faltimo, en el n\u00famero tercero del repetido art\u00edculo 1.692 de dicha Ley, y no en el cuarto, en el que el caso se halla expl\u00edcitamente comprendido:\n<\/p>\n

\n Considerando que el motivo 11, amparado en el n\u00famero s\u00e9ptimo del art\u00edculo 1.692, denuncia error de Derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, con infracci\u00f3n de la doctrina legal de las sentencias de este Tribunal de 3 de junio de 1935, 30 de julio de 1942 y 19 de febrero de 1945, que sancionan el principio de que la prueba incumbe al que alega o al que excepciona, y al que opone hechos impeditivos, error en que incurre la sentencia \u2013seg\u00fan los recurrentes\u2013 al imponer a la heredera la carga de la prueba de que el 1.550.000 pesetas que hac\u00eda figurar en el pasivo no tiene origen en una deuda anterior al matrimonio; es decir, que en lo que en realidad se denuncia es un caso de incumbencia del “onus probandi” objeto del art\u00edculo 1.214 del C\u00f3digo Civil, que es el que se cita. e interpreta en las sentencias que en el motivo se invocan, salvo la segunda, de fecha equivocada, y que debe ser la de 30 de junio de 1942; pero el art\u00edculo 1.214, que s\u00f3lo regula la carga de la prueba, no es precepto de valoraci\u00f3n de la misma (sentencias de 3 de mayo y 27 de octubre de 1944, 18 de abril y 14 de diciembre de 1945 y otras); y como ning\u00fan precepto de esta \u00faltima clase se alega en el motivo, el error de Derecho denunciado al amparo del n\u00famero s\u00e9ptimo del art\u00edculo 1.692 de la Ley Procesal no puede ser acogido; habiendo declarado la jurisprudencia (sentencias de 8 de 71\n<\/p>\n

\n diciembre de 1933, 16 de mayo de 1942, 31 de octubre de 1946, 4 de junio de 1947 y 19 de enero de 1957, entre otras), que para demostrar el error de Derecho es preciso citar la disposici\u00f3n legal referente a la valoraci\u00f3n de la prueba que haya sido infringida, y aunque en el motivo que se examina se invocan el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.408 y el 1.282, ambos del C\u00f3digo Civil, ninguno de los dos tiene el car\u00e1cter de preceptos de valoraci\u00f3n de prueba, refiri\u00e9ndose el 1.282 a la interpretaci\u00f3n de los contratos y limit\u00e1ndose el n\u00famero primero del 1.408 a establecer una ordenaci\u00f3n legal, no una presunci\u00f3n, y tanto uno como otro han de invocarse por el cauce del n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Tr\u00e1mites, pero no por la v\u00eda del n\u00famero s\u00e9ptimo, como en este caso se hace:\n<\/p>\n

\n Considerando que el motivo 12, acogido tambi\u00e9n al n\u00famero s\u00e9ptimo de dicho art\u00edculo 1.692, denuncia errores de hecho en relaci\u00f3n, por una parte, con la condici\u00f3n de los bienes aplicados al pago del impuesto de Derechos Reales, y por otra, con el cr\u00e9dito de do\u00f1a Rosario Arana, que ya han sido objeto de apreciaci\u00f3n en anteriores considerandos, sin que, adem\u00e1s, como ya se advirti\u00f3, los documentos en que se apoya puedan reputarse aut\u00e9nticos para los efectos de la casaci\u00f3n porque no demuestran por s\u00ed mismos, con la evidencia que requiere el citado n\u00famero s\u00e9ptimo, el error del juzgador:\n<\/p>\n

\n Considerando que igualmente ha de rechazarse el motivo 13 y \u00faltimo del recurso, en que se acusa de nuevo error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba al estimar el Tribunal de Instancia que la deuda del causante por el impuesto de Derechos Reales se contrajo con anterioridad al matrimonio, no ya en cuanto hubiera de gravar, como se dice en el recurso, al usufructo de los bienes Ad\u00e1n Yarza transmitidos por legado condicional, que no consta en los autos del recurso en forma eficaz, sino tambi\u00e9n el pleno dominio, bastando con dar en este lugar por reproducido lo razonado en anteriores considerandos respecto a estos temas y sin que en realidad se ofrezcan verdaderos documentos aut\u00e9nticos que evidencien la equivocaci\u00f3n del juzgador; y en cuanto al particular de los intereses de demora, ya fue estimado el recurso al examinar el motivo sexto, por lo que el presente carece de trascendencia en este extremo:\n<\/p>\n

\n FALLAMOS<\/strong>\n<\/p>\n

\n Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley interpuesto a nombre de do\u00f1a Purificaci\u00f3n Alc\u00edbar Uriarte contra la sentencia que en 24 de noviembre de 1959, dict\u00f3 la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, sin hacer especial pronunciamiento respecto a las costas. Asimismo, debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley contra la citada sentencia por do\u00f1a Clotilde Ad\u00e1n de Yarza y don Juan Jos\u00e9 Llasera, salvo en cuanto al extremo relativo a los intereses de demora objeto del motivo sexto, no haci\u00e9ndose tampoco expresa condena de las costas y con devoluci\u00f3n a los recurrentes \u00faltimamente nombrados del dep\u00f3sito que constituyeron “ad cautelam”; y casamos y anulamos la sentencia recurrida en cuanto a los particulares a que se contraen los motivos acogidos. A su tiempo, con devoluci\u00f3n del apuntamiento y documentos\n<\/p>\n

\n remitidos, l\u00edbrese a la mencionada Audiencia certificaci\u00f3n de esta resoluci\u00f3n y de la que seguidamente se pronuncia, con carta orden.\n<\/p>\n

\n As\u00ed por esta nuestra sentencia, que se publicar\u00e1 en el “Bolet\u00edn Oficial del Estado” e insertar\u00e1 en la “Colecci\u00f3n Legislativa”, pas\u00e1ndose las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.\u2013 Juan Serrada.\u2013 Joaqu\u00edn Dom\u00ednguez.\u2013 Francisco R. Valcarce.\u2013 Diego de la Cruz.\u2013 Tom\u00e1s Og\u00e1yar (rubricados).\n<\/p>\n

\n Publicaci\u00f3n.\u2013 Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el excelent\u00edsimo se\u00f1or Magistrado Ponente don Joaqu\u00edn Dom\u00ednguez de Molina celebrando audiencia p\u00fablica en el d\u00eda de su fecha la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de que certifico.\u2013 Ram\u00f3n Morales (rubricado).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una viuda reclama a la hermana heredera abintestato de su marido, vizca\u00edno de Mendeja, la liquidaci\u00f3n de gananciales y su cuota usufructuaria, que se le negaba sobre los bienes troncales. El Tribunal Supremo da la raz\u00f3n a la viuda: la sucesi\u00f3n intestada se rige por el C\u00f3digo Civil, tambi\u00e9n en Vizcaya, y el usufructo alcanza a troncales y no troncales. Rechaza el recurso de la heredera: el impuesto sucesorio y otra deuda anteriores al matrimonio son privativos, salvo los intereses de demora.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[1115,1149,1130,679,826],"materia":[1220,1228,1259],"organo":[1874],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11367","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-aplicacion-personal","tag-ley-aplicable-sucesion","tag-sucesion-forzosa","tag-sucesion-intestada","tag-usufructo-del-conyuge-viudo","materia-ambito-de-aplicacion-personal","materia-la-sucesion-intestada","materia-usufructo-del-conyuge-viudo","organo-tribunal-supremo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11367"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11367"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11367"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11367"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}