{"id":11337,"date":"2025-10-06T18:37:45","date_gmt":"2025-10-06T16:37:45","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sts-de-30-de-abril-de-1957\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:19","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:19","slug":"sts-de-30-de-abril-de-1957","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sts-de-30-de-abril-de-1957\/","title":{"rendered":"STS de 30 de abril de 1957"},"content":{"rendered":"

\n STS de 30 de abril de 1957<\/strong>\n<\/p>\n

\n En la villa de Madrid, a 30 de abril de 1957, en el juicio declarativo de mayor cuant\u00eda seguido en el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero tres de Bilbao, y en la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, por don Carlos Gregorio Imaz San Crist\u00f3bal, empleado y vecino de Bilbao, contra don Luis, don Adolfo, do\u00f1a Blanca y don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal, los varones empleados y do\u00f1a Blanca sin profesi\u00f3n especial, casada y asistida de su esposo don Ram\u00f3n Maguregui y Goicoechea y contra don Javier Imaz Garay, menor de edad y representado por su madre do\u00f1a Rosario Garay Vidaurrazaga, todos ellos vecinos de Guecho, excepto don Arturo, que lo es de Santurce, sobre caducidad de poder testatorio y otros extremos, pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de Ley interpuesto por la demandada do\u00f1a Blanca Imaz San Crist\u00f3bal, representada por el Procurador don Antonio Zorrilla Odavilla y defendida por el Letrado don Juli\u00e1n de Arrien; habiendo comparecido el demandante y recurrido don Carlos Gregorio Imaz, bajo la representaci\u00f3n del Procurador don Juan Corujo L\u00f3pez-Villamil, con direcci\u00f3n del Letrado don Joaqu\u00edn D\u00edaz.\n<\/p>\n

\n Resultando que la representaci\u00f3n de don Carlos Gregorio Imaz San Crist\u00f3bal, formul\u00f3 demanda por medio de su escrito de 17 de abril de 1951, presentado el d\u00eda 21 del mismo mes y a\u00f1o y que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado de Primera Instancia n\u00famero tres, de Bilbao, contra don Luis, don Adolfo, do\u00f1a Blanca, \u00e9sta asistida de su esposo don Ram\u00f3n Maguregi y Goicoechea y don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal y contra don Javier Imaz Garay, menor de edad, y representado por su madre do\u00f1a Rosario Garay Vidaurrazaga, sobre caducidad de poder, testatorio y otros extremos; alegando concretamente como hechos:\n<\/p>\n

\n Primero.<\/strong>– Que don Casimiro Imaz y Galaza, padre que fue de su representada, contrajo matrimonio en Castro Urdiales (Santander) el d\u00eda 30 de noviembre de 1901, domicili\u00e1ndose despu\u00e9s en Algorta anteiglesia de Guecho (Vizcaya) donde residieron sin interrupci\u00f3n hasta el d\u00eda de su respectivo fallecimiento.\n<\/p>\n

\n Segundo.<\/strong>– Que dichos c\u00f3nyuges no otorgaron capitulaciones matrimoniales, y para evitar las consecuencias de una muerte intestada, resolvieron acogerse al Fuero de Vizcaya, como vecinos que eran a la saz\u00f3n de la tierra llana e infanzonado vizca\u00edno, y, a tal efecto, el d\u00eda 28 de julio de 1931, se confirieron mutua y rec\u00edprocamente el m\u00e1s amplio poder testatorio a medio de escritura p\u00fablica otorgada en Algorta (barrio de Guecho), en cuya virtud el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite queda facultado plenamente para poder disponer de los bienes del premuerto en la forma que tuviera por conveniente, sin limitaci\u00f3n ninguna de tiempo, pues en el mismo constaba que el comisario podr\u00eda hacer uso de sus facultades aun fuera del t\u00e9rmino legal que expresamente prorrogaban por tiempo indefinido.\n<\/p>\n

\n Tercero.<\/strong>– Que el don Casimiro Imaz Galarza falleci\u00f3 en Guecho, en 31 de agosto de 1931, en estado de casado en \u00fanicas nupcias con do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal Zaballa, de cuyo matrimonio dej\u00f3 seis hijos llamados Carlos Gregorio (el demandante), Luis Francisco, Adolfo, Juli\u00e1n Blanca y Aruto Imaz San Crist\u00f3bal, de los cuales eran mayores de edad los tres primeros y menores los otros tres.\n<\/p>\n

\n Cuarto.<\/strong>– Que el \u00faltimo los hijos, o sea Arturo, alcanz\u00f3 la mayor\u00eda de edad el 12 de febrero de 1937, fecha en que por haber cumplido veintitr\u00e9s a\u00f1os dej\u00f3 de estar sometido a la potestad de su madre viuda do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal.\n<\/p>\n

\n Quinto.<\/strong>– Que el otro hijo Juli\u00e1n sufri\u00f3 un accidente en acto de servicio, a consecuencia del cual falleci\u00f3 en Castell\u00f3n, el 8 de febrero de 1939, a los veintiocho a\u00f1os de edad, en estado de casado con do\u00f1a Rosario Garay Vidaurr\u00e1zaga dejando un hijo llamado Javier Imaz Garay, actualmente menor de edad.\n<\/p>\n

\n Sexto.<\/strong>– Que do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal ni hizo uso del poder testatorio aludido hasta el 16 de agosto de 1946, en cuyo d\u00eda otorg\u00f3 testamento como comisada del finado consorte, ante el Notario de Portugalete legando a su hija do\u00f1a Blanca Imaz la mitad indivisa perteneciente a la herencia de su esposo don Casimiro Imaz, en los siguientes bienes: casa denominada de Imaz, radicante en la anteiglesia de Guecho, barrio de Algorta, se\u00f1alada con el n\u00famero 22, de la calle del Capit\u00e1n Murga, con el terreno que ha rodeado de todas las ropas, enseres y mobiliario que constitu\u00edan el ajuar y se hallaban dentro de la casa y del pante\u00f3n que les pertenec\u00eda en el cementerio, si bien le impon\u00eda la condici\u00f3n de que en \u00e9l recibieran sepultura los hijos y nietos de la testadora (cl\u00e1usula segunda). En el remanente de todos los dem\u00e1s bienes, derechos y acciones de la herencia de su finado esposo, instituy\u00f3 herederos a sus otros cuatro hijos y su nieto Javier Imaz, hijo de su finado hijo de su finado hijo don Juli\u00e1n, por iguales partes, y en defecto de alguno de ellos a su leg\u00edtima representaci\u00f3n, separando y apartando de esta herencia a su hija Blanca con un palmo de tierra una teja y un real de vell\u00f3n y lo legado anteriormente y ordenando que sus herederos no trajeran colaci\u00f3n lo que hubiesen recibido anteriormente de la herencia de su padre (cl\u00e1usula tercera). Nombr\u00f3 albaceas testamentarios con el car\u00e1cter de contadores partidores y comisarios solidariamente, a don Antonio Inchausti Sait\u00faa y a don Deogracias Inchausti Sait\u00faa, con las facultades que se expresaban, prorrog\u00e1ndoles el plazo del albaceazgo por un a\u00f1o a contar del fallecimiento de la testadora (cl\u00e1usula cuarta).\n<\/p>\n

\n S\u00e9ptimo.<\/strong>– Que la referida comisada muri\u00f3 en su domicilio en Algorta (Guecho) el d\u00eda 3 de mayo de 1950, en el mismo estado de viuda del aludido don Casimiro Imaz Galaza, sobrevivi\u00e9ndole los cinco hijos y el nieto antes nombres, en cuyo favor hab\u00eda dispuesto de la herencia del comitente, como se hab\u00eda dicho.\n<\/p>\n

\n Octavo.<\/strong>– Que mediante escritura p\u00fablica otorgada en Las Arenas, el d\u00eda 5 de agosto del indicado a\u00f1o, ante el Notario de Guecho don Antonio Inchausti Sait\u00faa, como contador, partidor solitario de la comisada, practic\u00f3 las operaciones divisorias del caudal relicto al fallecimiento de don Casimiro Imaz Galarza y. en su virtud, hizo aqu\u00e9l 2\n<\/p>\n

\n adjudicaci\u00f3n y entrega a la legataria do\u00f1a Blanca Imaz San Crist\u00f3bal del caudal \u00edntegro partible de que no hab\u00eda dispuesto anteriormente la testadora, el cual estaba integrado por los siguientes bienes: Primero. La mitad indivisa del edificio chalet denominado casa Imaz, se\u00f1alado hoy al n\u00famero 22 de la calle de Capit\u00e1n Murga, en la anteiglesia de Guecho, barrio de Algorta, con la distribuci\u00f3n y cabida que se detallaban, as\u00ed como sus linderos valorada dicha mitad en la suma de 18.750 pesetas. Segundo. La mitad indivisa del pante\u00f3n familiar del cementerio de Guecho, valorado en 500 pesetas. Tercero. La mitad de las ropas, enseres y mobiliario que constitu\u00edan el ajuar de la casa del finado, valorado en 500 pesetas. Que el mismo albacea contador partidor adjudic\u00f3 en la propia escritura nominalmente a los herederos don Carlos, don Luis, don Adolfo y don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal y a Javier Imaz San Crist\u00f3bal por quintas e iguales partes, cualesquiera otros bienes que pudieran aparecer en lo sucesivo como de la pertenencia del causante don Casimiro Imaz, quedando as\u00ed terminada su testamentaria.\n<\/p>\n

\n Noveno.<\/strong>– Que su representado en modo alguno hab\u00eda dado su aprobaci\u00f3n al testamento que otorg\u00f3 su fallecida madre como comisada de su finado esposo y padre del demandante, ni prestado tampoco consentimiento a la partici\u00f3n del caudal hereditario de dicho causante, cuyos actos consideraba inv\u00e1lidos y sin trascendencia legal ninguna. Y que hab\u00edan sido in\u00fatiles las gestiones realizadas cerca de do\u00f1a Blanca para que se aviniese a hacer la partici\u00f3n conforme a las disposiciones que regulaban la sucesi\u00f3n leg\u00edtima, y el mismo resultado hab\u00eda dado el acto de conciliaci\u00f3n celebrado antes de iniciar este pleito. Que en jurisdicci\u00f3n de lo expuesto se un\u00edan diecisiete documentos que se relacionaban y que correspond\u00edan a los hechos expuestos, significando que en per\u00edodo de prueba se unir\u00edan copias fehacientes de poder testatorio y del testamento abierto otorgado por la viuda como comisaria de su esposo.\n<\/p>\n

\n D\u00e9cimo.<\/strong>– Que a los efectos arancelarios hac\u00eda constar que el valor de la demanda era el de 50.000 pesetas. Aleg\u00f3 los fundamentos de derecho que estim\u00f3 aplicables y termin\u00f3 con la s\u00faplica de que se dictara sentencia declarando: Primero. Caducado y carente de todo valor y efecto legal con posterioridad al 13 de febrero de 1988 y, por tanto, a partir del d\u00eda siguiente el poder testatorio a comisario conferido por don Casimiro Imaz Galarza a su mujer do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal Zaballa en escritura p\u00fablica otorgada ante el Notario de la anteiglesia de Guecho el 28 de julio de 1931 y que en aquel momento hab\u00eda transcurrido el a\u00f1o y d\u00eda de haber llegado a la mayor edad el menor de los hijos de dicho matrimonio don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal. Segundo. Nulo y carente de todo valor y efecto el testamento abierto otorgado por do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal Zaballa, como comisaria de su finado esposo por Casimiro Imaz Galarza, con fecha 16 de agosto de 1946, ante el Notario de la villa de Portugalete, en cuya virtud la testadora comisaria leg\u00f3 a su hija los bienes relacionados en el hecho sexto de la demanda. Tercero. Nula y asimismo carente de todo valor y efecto jur\u00eddico legal, la partici\u00f3n del caudal hereditario dejado a su fallecimiento por el causante don Casimiro Imaz Galarza, practicada por el albacea contador partidor don Antonio Inchausti Sait\u00faa, designado por la viuda y comisada en su relacionado testamento, en la escritura autorizada en Las Arenas, por el Notario de la anteiglesia de Guecho, el 5 de agosto de 3\n<\/p>\n

\n 1950 y en virtud de la cual fueron adjudicados todos los bienes inventariados en aquella testamentaria a la hija y legataria do\u00f1a Blanca Imaz San Crist\u00f3bal. Cuarto. Nulas y sin valor legal ni efecto alguno la inscripci\u00f3n o inscripciones que hubieran podido practicarse en el Registro de la Propiedad de Bilbao de los bienes inmuebles adjudicados a la referida legataria por consecuencia de la partici\u00f3n de la herencia relacionada en el inciso anterior. Quinto. Que, en su consecuencia, proced\u00eda abrir la sucesi\u00f3n leg\u00edtima del causante don Casimiro Imaz Galarza, con objeto de que los bienes recayentes en su herencia, fuesen distribuidos por quintas e iguales partes entre los cinco hijos y herederos de aqu\u00e9l, don Carlos, don Luis, don Adolfo, do\u00f1a Blanca y don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal, con exclusi\u00f3n del nieto don Javier Imaz Garay, a cuyo efecto la legataria do\u00f1a Blanca Imaz San Crist\u00f3bal deber\u00eda reintegrar a la masa hereditaria los bienes que le fueron adjudicados en pago de legado dispuesto por la comisaria en su totalidad descritos en el hecho octavo de la demanda, por ser los \u00fanicos conocidos como de la pertenencia del causante don Casimiro Imaz Galarza. Sexto. Condenar a los demandados don Luis, don Adolfo, do\u00f1a Blanca y don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal y a don Javier Imaz Garay, a estar y pasar por las precedentes declaraciones en cuanto respectivamente le afectase y al pago de las costas a qui\u00e9n de ellos se opusiere a esta pretensi\u00f3n. Por un otros\u00ed interes\u00f3 la anotaci\u00f3n preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad.\n<\/p>\n

\n Resultando que con el anterior escrito de demanda se presentaron los documentos aludidos en los hechos, entre los cuales se hallan, se\u00f1alado con el n\u00famero 13, copia del poder testatorio otorgado por los c\u00f3nyuges clon Casimiro Imaz Galarza y do\u00f1a Mar\u00eda San Cristobal y Zaballa, ante el Notario de Algorta (Guecho) el 28 de julio de 1931 y se\u00f1alado con el n\u00famero 14, copia simple del testamento abierto otorgado por do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal Zaballa el 16 de agosto de 1946, ante el Notario de Portugalete, en cuyos documentos se consignan los datos que aparecen de los hechos de la demanda referida.\n<\/p>\n

\n Resultando que admitida la demanda y emplazados los demandados, comparecieron los mismos en forma en los autos bajo la misma representaci\u00f3n y defensa, por medio de su escrito de 15 de junio de 1941, contestaron el escrito inicial, haciendo constar en s\u00edntesis como hechos:\n<\/p>\n

\n Primero.<\/strong>– Que estaban de acuerdo con todos los de la demanda en cuanto se limitaban a la relaci\u00f3n de los que serv\u00edan de base al pleito, ya que aparec\u00edan documentalmente acreditados pero se rechazaba por inexacta la afirmaci\u00f3n del hecho noveno sobre que el actor no hubiese aprobado el testamento que otorg\u00f3 su finada madre como comisaria de su esposo, pues por el contrario lo cierto era que, en una reuni\u00f3n familiar celebrada en la Casa Imaz, en el mes de julio de 1950, se dio por todos ellos, e incluso el actor, la plena aprobaci\u00f3n a las disposiciones testamentarias citadas o incluso don Carlos Imaz, solicit\u00f3 de los reunidos que le permitieron disponer del testamento de su madre para consultar con su Abogado la manera m\u00e1s f\u00e1cil y econ\u00f3mica posible para llevar a efecto tal disposici\u00f3n testamentaria; como tampoco podr\u00eda negar\n<\/p>\n

\n dicho se\u00f1or que todos, de acuerdo, convinieron en vender sus participaciones en la finca Imaz a do\u00f1a Blanca, a cuyo fin se valor\u00f3 el inmueble en 550.000 pesetas. Que m\u00e1s tarde \u00e9l, don Carlos, vari\u00f3 de opini\u00f3n, y al ser llamado como todos los herederos por el albacea testamentario a la Notaria para examinar las operaciones divisorias de la herencia y dar su aprobaci\u00f3n, no se person\u00f3 en dicha Notaria y fue el \u00fanico heredero que no aprob\u00f3 las citadas operaciones, designando a fines de prueba el protocolo correspondiente.\n<\/p>\n

\n Segundo.<\/strong>– Que el demandante no solamente manten\u00eda su proceder d\u00edscolo frente a las disposiciones testamentarias de su madre, las cuales por ser de ella le deb\u00edan merecer respeto, sino que por otra parte se negaba a satisfacer la parte proporcional de los gastos comunes correspondientes a la Casa Imaz, que, en proindivisi\u00f3n con sus hermanos le pertenec\u00eda. Y as\u00ed, su hermana do\u00f1a Blanca tuvo que sufragar los gastos de contribuci\u00f3n territorial de los trimestres tercero y cuarto de 1950 y primero y segundo del corriente a\u00f1o de 1951 (documentos 1 al 4) por un importe total de 528,90 pesetas, las facturas de consumo de agua de los meses de noviembre y diciembre de 1950 y enero a abril de 1951 (documentos 5 al 10) por un total de 33 pesetas, las facturas del Ayuntamiento por el alcantarillado, por pesetas 45 (documentos 11 y 12), las facturas del propio Ayuntamiento por la recogida de basuras, por pesetas 42 (documento 13) el Seguro de Incendios por pesetas 132, 15 pesetas (documento 14), de la C\u00e1mara de la Propiedad Urbana de Guecho por pesetas 60 (documentos 15 y 16), los recibos girados por Iberduero (documentos 17 y 18) por pesetas 10,90 y la factura del industrial de Algorta don Ambrosio Igual (documento 19); por trabajos de pintura, por pesetas 365, de todos cuyos gastos y de otros que no se reclamaban pero que se har\u00eda oportunamente, correspond\u00eda abonar al demandante su parte con arreglo a su participaci\u00f3n en la propiedad de la casa; y como a pesar de ser m\u00ednimos estos gastos y la parte a \u00e9l correspondiente se negaba a satisfacerlos, se ve\u00eda esta parte en la necesidad de formular la correspondiente reconvenci\u00f3n en el suplico de este escrito. Que igualmente por do\u00f1a Blanca Imaz San Crist\u00f3bal hab\u00eda satisfecho al industrial don Luis Mugancelaya, de Guecho, el importe de la l\u00e1pida de m\u00e1rmol blanca para la tumba de su finada madre, por un importe de 161 pesetas (documento 20) y cuya parte proporcional se negaba a pagar el demandante don Carlos Imaz San Crist\u00f3bal, por lo que tambi\u00e9n se formulaba la oportuna reconvenci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Tercero.<\/strong>– Que la obstinaci\u00f3n del actor no se limitaba a la negativa del pago de lo expresado, sino que tambi\u00e9n se prove\u00eda de g\u00e9neros en el establecimiento de ultramarinos de su hermano don Adolfo Imaz, neg\u00e1ndose a pagar la factura correspondiente, que ascend\u00eda en la actualidad a la suma de 3.722,35 pesetas (documento n\u00famero 21). Y por ello, en ejercicio de un leg\u00edtimo derecho que asist\u00eda al tambi\u00e9n demandado, su representado, don Adolfo Imaz San Crist\u00f3bal de exigir a su hermano el demandante don Carlos Imaz San Crist\u00f3bal el pago de esta cantidad, se formular\u00eda en el lugar correspondiente la petici\u00f3n reconvencional. Invoc\u00f3 en derecho los fundamentos legales que estim\u00f3 pertinentes y termin\u00f3 con la s\u00faplica de que se dictara sentencia declarando: a) No haber lugar a admitir la demanda y en consecuencia 5\n<\/p>\n

\n desestimada, por ser totalmente l\u00edcito y por tanto v\u00e1lido y eficaz el ejercicio por do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal Zaballa en escritura otorgada ante el Notario de Portugalete el 16 de agosto de 1946, del poder testatorio que le fue conferido por su esposo don Casimiro Imaz Galarza, y siendo tambi\u00e9n por ello v\u00e1lido y eficaz la escritura de divisi\u00f3n de los bienes de la herencia otorgada por el albacea el 5 de agosto de 1950 ante el Notario de Guecho y la inscripci\u00f3n o inscripciones que como consecuencia de dicha escritura se hubieran causado en el Registro de la Propiedad de Bilbao. b) Que en el improbable supuesto de que el Juzgado estimara como caducado y, por tanto, nulo e ineficaz el poder testatorio aludido en el transcurso del plazo se\u00f1alado en el fuero de Vizcaya, que la sucesi\u00f3n intestada del causante del causante habr\u00eda de diferirse por los preceptos del C\u00f3digo Civil y no por los del Fuero de Vizcaya. c) Que el demandante don Carlos Imaz San Crist\u00f3bal estaba obligado a reembolsar a su hermana do\u00f1a Blanca el importe por \u00e9sta satisfecho de la parte correspondiente a dicho demandante en los gastos comunes de la Casa Imaz y en la l\u00e1pida colocada en la tumba de su madre do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal estaba obligado a abonar a su hermano, el demandado don Arturo, la suma de 3.722,35 pesetas, como importe de los g\u00e9neros comprados en el establecimiento de ultramarinos de la propiedad del referido demandado y condenando al referido demandante don Carlos Imaz San Crist\u00f3bal: A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones y a cumplir y ejecutar cuanto en ellas se comprendiera. Y B) Al pago de las costas de este juicio.\n<\/p>\n

\n Resultando que con el anterior escrito de demanda se presentaron los 21 documentos aludidos en los hechos, o sea, las facturas y recibos objeto de la reconvenci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Resultando que conferido traslado para r\u00e9plica, la representaci\u00f3n del demandante lo evacu\u00f3 insistiendo en los hechos y fundamentos de derecho de su demanda y contestando sucintamente a los hechos de la reconvenci\u00f3 expuso: Que era incierto que do\u00f1a Blanca Imaz hubiese jam\u00e1s pretendido de su hermano don Carlos Gregorio que \u00e9ste le pagase cantidad alguna ni por ning\u00fan concepto de los gastos comunes de la casa Imaz, y no por amor a su hermano precisamente, sino porque este \u00faltimo ten\u00eda a su favor cr\u00e9ditos de valor muy superiores a los que se reclamaban derivados de la propia copropiedad, as\u00ed como tambi\u00e9n de la herencia de la madre de ambos, contra la intitulada acreedora. Que para refrescar la memoria de \u00e9sta se hac\u00eda constar que al fallecer do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal hab\u00eda en la cuenta corriente de la difunta en un Banco que se cita un saldo a favor de pesetas 3.771, suma que extrajo de la cuenta con un tal\u00f3n firmado por la titular, antes de su muerte, las cuales se qued\u00f3 do\u00f1a Blanca para gastos urgentes de la testamentaria. El hecho de que este met\u00e1lico no figurase en el inventario de los bienes era la prueba de que la hija dispuso que tal efectivo; limit\u00e1ndose por ahora a se\u00f1alar los archivos del Banco a fines de prueba. Que por ello do\u00f1a Blanca es deudora a su representado de la quinta parte del citado caudal, o sea, de 674,21 pesetas que do\u00f1a Blanca se hab\u00eda olvidado tambi\u00e9n de incluir en la cuenta la renta correspondiente a los meses de mayo a septiembre de 1950 por el disfrute pleno y exclusivo de la totalidad del chalet llamado casa Imaz, en el que do\u00f1a Blanca residi\u00f3 guapamente esos cinco 6\n<\/p>\n

\n meses, hasta que determin\u00f3 mudarse a una casa de su esposo y los productos obtenidos por tal condue\u00f1a con la explotaci\u00f3n de la huerta de la casa, de los cuales don Carlos Imaz no hab\u00eda participado. Que atendiendo al valor en venta del chalet se estimaba su renta mensual de 1.500 pesetas, y, por tanto, los alquileres citados ascend\u00edan a la suma de 7.500 pesetas, a las que hab\u00eda que a\u00f1adir otras 2.000 pesetas m\u00e1s por los frutos de la huerta en el pasado a\u00f1o y en el corriente, de suerte que ambos descubiertos alcanzaban la total suma de 9.500 pesetas, y de esta suma correspond\u00eda percibir a su representado. sin perjuicio de la sentencia que se dictase, una d\u00e9cima parte como heredero que era de su madre, o sea, 950 pesetas, a cuyo cobro no hab\u00eda renunciado tampoco su representado. Que las tres partidas sumadas importaban 1.624,21 pesetas, y como quiera que el haber de do\u00f1a Blanca Imaz era el se\u00f1alado de 167 pesetas, era neto que todav\u00eda estaba debiendo a su hermano don Carlos las restantes 1.467,21 pesetas, cuya suma se ve\u00eda precisado a reclamar a la misma en este tr\u00e1mite por v\u00eda de ampliaci\u00f3n de demanda. Que era una frescura que para hacer el juego a do\u00f1a Blanca, y de paso soslayar la cuesti\u00f3n de derecho actual, don Adolfo Imaz estimase l\u00f3gico y natural y como el caso no mereciera r\u00e9plica se limitaba a negar que su mandan-te presentara una cuenta de art\u00edculos alimenticios de naturaleza desconocida hubiese recibido los g\u00e9neros que se dec\u00edan, ni que adeudase nada a su hermano por tales conceptos. Por \u00faltimo, esta parte termin\u00f3 suplicando se dictara sentencia en los t\u00e9rminos contenidos en la demanda y teniendo por ampliadas las peticiones contenidas en la misma, se condenase adem\u00e1s a do\u00f1a Blanca Imaz San Crist\u00f3bal a que pagase a su mandante la cantidad de 1.457,05 pesetas, o, en su defecto, la que resultase de la prueba que se practicar\u00eda; desestimando la reconvenci\u00f3n y absolviendo de la misma a su representado, con imposici\u00f3n de costas a los demandados. La representaci\u00f3n de los demandados, al evacuar el traslado de d\u00faplica que les fue conferido reprodujo \u00edntegramente su contestaci\u00f3n y en torno a la ampliaci\u00f3n de los hechos de la demanda, expuso: Que no causaba asombro a sus mandantes el desparpajo del actor pidiendo cuentas de la cantidad de 3.371,05 pesetas extra\u00eddas de la cuenta corriente de do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal y pretender el cobro de cantidades en conceptos de rentas del chalet, ya sus hermanos, pues a todos les ten\u00eda acostumbrados; pero bueno ser\u00eda decir a don Carlos, que fue precisamente quien cobr\u00f3 del Banco la suma citada, luego \u00e9l mismo era quien deb\u00eda dar cuenta de ella a sus hermanos; y en cuanto a la pretensi\u00f3n de que do\u00f1a Blanca pagase rentas, era tan absurdo que no merec\u00eda la pena rebatirla. Y, por \u00faltimo, que negaba todas las dem\u00e1s afirmaciones de contrario. Reprodujo los fundamentos legales aducidos en su contestaci\u00f3n a la demanda y suplic\u00f3 sentencia por la que se estimasen las pretensiones de su mentado escrito de contestaci\u00f3n y desestimando, asimismo, las pretensiones deducidas de contrario en su escrito de r\u00e9plica, en orden al pago al demandante de las cantidades que expresaba con todo lo dem\u00e1s procedente.\n<\/p>\n

\n Resultando que recibido el pleito a prueba, se practic\u00f3, a instancia de la parte demandante, la confesi\u00f3n judicial; la documental, consistente en la documental aportada con la demanda y r\u00e9plica; y la reclamada en per\u00edodo probatorio y la pericial; y por la\n<\/p>\n

\n representaci\u00f3n de los demandados la documental presentada, la confesi\u00f3n en juicio del demandante y la testifical.\n<\/p>\n

\n Resultando que unidas a los autos las pruebas practicadas y seguido el pleito por sus restantes tr\u00e1mites, en 29 de marzo de 1952, el Juez de Primera Instancia n\u00famero 3 de Bilbao dict\u00f3 sentencia por la que, y estimando en parte la demanda formulada por don Carlos Imaz San Crist\u00f3bal contra don Luis, don Adolfo, do\u00f1a Blanca \u2013representada por su esposo don Ram\u00f3n Maguregui\u2013 y don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal y contra don Javier Imaz Garay, representado por su madre do\u00f1a Rosario Garay Vidaurrazaga. declar\u00f3 nulo y carente de todo valor el testamento abierto otorgado por do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal Zaballa como comisaria de su difunto marido don Casimiro Imaz Galarza, con fecha 16 de agosto de 1946, ante el Notario de Portugalete, don Manuel Lugarreta, y en el que legaba a su hija do\u00f1a Blanca Imaz San Crist\u00f3bal la mitad indivisa perteneciente a dicho poderdante en la casa denominada Imaz, inscrita \u00e9sta en el Registro de la Propiedad de Bilbao, al tomo 762, libro 81, de Guecho, folio 124, finca 2.685; y que, en su consecuencia, proced\u00eda abrir la sucesi\u00f3n leg\u00edtima del causante don Casimiro Imaz para la divisi\u00f3n del haber hereditario, entre sus hijos y herederos don Carlos, don Luis, don Adolfo, do\u00f1a Blanca, don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal, su nieto don Javier Imaz Gara, en su representaci\u00f3n de su fallecido padre de Julio Imaz San Crist\u00f3bal, por sextas e iguales partes; declarando asimismo no haber lugar a la reconvenci\u00f3n, sin hacer expresa condena de costas a ninguna de las partes.\n<\/p>\n

\n Resultando que la representaci\u00f3n de la parte demandante acudi\u00f3 al Juzgado solicitando la aclaraci\u00f3n de la anterior sentencia sobre el extremo de que, declar\u00e1ndose que el poder testatorio otorgado por don Casimiro Imaz Galarza a su esposa do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal Zaballa, hab\u00eda perdido su eficacia al momento de utilizarlo, sin embargo de lo cual no se hac\u00eda pronunciamiento alguno en el fallo que se refiriese a tal extremo, que constitu\u00eda el primer punto de la demanda que adem\u00e1s se omit\u00eda la declaraci\u00f3n sobre la nulidad de la partici\u00f3n del caudal dejado por don Casimiro Imaz; dict\u00e1ndose por el propio Juzgado n\u00famero 3 de Bilbao, su auto de 3 de abril del propio a\u00f1o 1952, en el sentido de aclarar la sentencia citada de 29 de marzo anterior, declarando tambi\u00e9n nula la partici\u00f3n del caudal dejado a su fallecimiento por don Casimiro Imaz Galarza, practica por el albacea contador-partidor don Antonio Inchausti Sait\u00faa, en escritura autorizada en Las Arenas por el Notario de la anteiglesia de Guecho, don Ignacio Mar\u00eda de Berestiain, el d\u00eda 5 de agosto de 1950.\n<\/p>\n

\n Resultando que apelada dicha sentencia por la representaci\u00f3n de los demandados, se remitieron los autos originales a la Audiencia Territorial de Burgos, ante la cual comparecieron la representaci\u00f3n de do\u00f1a Blanca, don Luis, don Adolfo y don Arturo Imaz San Crist\u00f3bal, no verific\u00e1ndolo do\u00f1a Rosario Garay en representaci\u00f3n de su hijo menor don Javier Imaz; pero si la parte demandante y apelada.\n<\/p>\n

\n Resultando que seguida la alzada con arreglo a derecho en 21 de septiembre de 1953, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos dict\u00f3 sentencia\n<\/p>\n

\n confirmando en todas sus partes la apelada y el auto que la aclaraba, sin hacer condena de costas a ninguna de las partes en ambas instancias.\n<\/p>\n

\n Resultando que previa consignaci\u00f3n de dep\u00f3sito de 3.000 pesetas, el Procurador don Antonio Zorrilla Ondovilla, a nombre de la demandada do\u00f1a Blanca Imaz San Crist\u00f3bal, asistida la misma de su esposo don Ram\u00f3n Maguregui Igoicoechea, ha interpuesto recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley como comprendido en los n\u00fameros primero, segundo y tercero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando sustancialmente en su apoyo los siguientes motivos:\n<\/p>\n

\n Primer motivo<\/strong>.- Comprendido en el n\u00famero segundo del referido art\u00edculo 1.692 de la Ley, por no ser congruente la sentencia con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes; as\u00ed como en el tercero del mencionado art\u00edculo de la referida Ley, dado que no contiene declaraci\u00f3n sobre alguno de aquellos pedimentos, pretensiones oportunamente deducidas en el pleito. Esto supone, a juicio del recurrente, la infracci\u00f3n del art\u00edculo 359 de la Ley Adjetiva Civil. Alude el recurso a los antecedentes del recurso, de los que deduce que la sentencia recurrida, que acepta integramente la del Juez de Instancia, no declara en ninguno de los t\u00e9rminos de su fallo de nulidad y carencia de valor por caducidad del poder testatorio conferido por don Casimiro Imaz Galarza a su esposa do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal. Esta falta dejando de decidir extremos tan fundamentales en el litigio es grande, puesto que deja de resolver un punto b\u00e1sico y esencial dentro del objeto y finalidad del mismo. No hay que esforzarse mucho para que resalte la condici\u00f3n de hecho esencial relativa al poder testatorio de referencia. El testamento por comisario, una de las cosas aceptadas por la legislaci\u00f3n com\u00fan o general por el C\u00f3digo Civil, no puede, al ser abordada como en el presente caso, tratar\u00eda en los t\u00e9rminos de una resoluci\u00f3n en las razones que se pongan para ser considerada dentro de la obligada l\u00f3gica jur\u00eddica como una tesis subalterna y como simple punto de referencia para determinar posiciones de propia virtualidad y efectos inatacables de principios que tocan la evidencia. Esto no puede ser as\u00ed en la l\u00f3gica con la que obligadamente hemos de discurrir en el caso que se estudia con lo que quiere decir que la sentencia recurrida olvida y deja sin decidir el punto b\u00e1sico sobre nulidad del poder testatorio conferido por el testador a su esposa. Y al pedirse aclaraci\u00f3n acerca del silencio tan importante en relaci\u00f3n con lo pedido en la demanda, se dijo como aclaraci\u00f3n que al resolverse en aquella sentencia la nulidad del testamento otorgado en el ejercicio de aquel poder, se sobreentend\u00eda la relativa al “poder comisario”, que por causa de aquel empleo y de su consecuencia, habr\u00eda de estimarse inv\u00e1lido al serlo aqu\u00e9l y todos los efectos derivados del mismo. El Juzgado, cuyos t\u00e9rminos todos acepta la Audiencia, a\u00f1ade que para lograr la previsi\u00f3n y claridad deseadas en el texto de toda resoluci\u00f3n como \u00e9sta de que se recurre, se cortan aspectos y consideraciones como los que requer\u00eda, dentro del cuerpo de la sentencia, el examen del poder testatorio. Por esto no es admisible. La claridad, la concisi\u00f3n y la precisi\u00f3n, son circunstancias y cualidades que, dentro de un mismo texto, cambian la presentaci\u00f3n de lo que sea su objeto o sustancia. Pero no la descartan ni eliminan. Y esto es lo que ha sucedido aqu\u00ed. No se trata de que el Juzgado ni la Audiencia hayan buscado y 9\n<\/p>\n

\n conseguido en la redacci\u00f3n de sus sentencias guardando silencio sobre la validez del poder testatorio y proclamado la validez del testamento y de las consiguientes operaciones particulares. Son cosas adem\u00e1s relacionadas, pero diferentes. Una cosa es el poder testador y otra el testamento otorgado con el ejercicio de aqu\u00e9l y las operaciones particionales realizadas como efecto \u00faltimo. Toda la precisi\u00f3n y claridad relativa al tes\u00adtamento y a estas operaciones pueden ser alcanzadas sin tocar para nada el poder testatorio. Y viceversa. Pero si se deja de declarar lo que procede sobre el poder testatorio, causa de un testamento, se habr\u00e1 conseguido oscurecer la cuesti\u00f3n, lejos de aclararla, sea cual fuere el intento de precisar los conceptos y de simplificar el texto que los comprende. b) Por eso se pidi\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la sentencia, porque produjo los efectos contrarios a lo que se dice por el Juzgado; pero, a pesar de ello, no se ha incluido en el fallo de una ni otra instancia la aclaraci\u00f3n de nulidad del poder testatorio. A pesar de que sus razones agravan la importancia de la omisi\u00f3n, porque declarar que al pronunciarse sobre los efectos \u2013testamento y operaciones particionales\u2013 no hab\u00eda por qu\u00e9 hacer lo mismo sobre el poder testatorio, porque era su causa sacrificar lo m\u00e1s importante a lo que es menos y equivale tanto como a decir que habi\u00e9ndose declarado la nulidad de unos asientos del Registro derivados de una escritura p\u00fablica, no hay necesidad de hacer id\u00e9ntico pronunciamiento sobre ellas, “porque es la causa de los mismos”. Sobre todo, aqu\u00ed estamos en la necesidad de cumplir la Ley y abandonar las consideraciones que emanan del propio criterio personal, sea cual fuese el valor que tuvieran. Y como el art\u00edculo 359 de la Ley ordena decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, de aqu\u00ed no lo han sido ni aun despu\u00e9s de la aclaraci\u00f3n solicitada, parece indudable la infracci\u00f3n que se denuncia.\n<\/p>\n

\n Segundo motivo.-<\/strong> Por a\u00f1adidura esta aclaraci\u00f3n de la que se hace tambi\u00e9n eco el fallo de la sentencia recurrida, viene a encajar otro motivo de casaci\u00f3n, en el primero de los n\u00fameros del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el concepto de violaci\u00f3n de su art\u00edculo 363. Toda aclaraci\u00f3n y toda subsanaci\u00f3n de sentencia debe contener aquellos t\u00e9rminos y conceptos de tal esclarecimiento. Dado que aqu\u00ed no se trata de aclarar ni subsanar elementos o piezas de la redacci\u00f3n de la l\u00f3gica de la resoluci\u00f3n dictada; sino de incorporar a su composici\u00f3n aspectos y elementos nuevos de l\u00f3gica y fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que no estaban en el original. Y esto no es ni la aclaraci\u00f3n ni la subsanaci\u00f3n a que se refiere la Ley; porque \u00e9sta proh\u00edbe toda aclaraci\u00f3n y subsanaci\u00f3n a que se refiere la Ley; porque \u00e9sta proh\u00edbe toda aclaraci\u00f3n y subsanaci\u00f3n que modifique y altere los conceptos de la sentencia que, a trav\u00e9s de la llevada a cabo en la ocasi\u00f3n de autos, ha quedado alterada en su estructura y en sus consecuencias. En efecto; no cabe dar en ning\u00fan orden de cosas un paso m\u00e1s decisivo que el de pasar, respecto de unos instrumentos p\u00fablicos objeto de una disputa judicial, el aniquilamiento completo de los mismos: a su nulidad o invalidez absolutas. Se dir\u00e1 que esta raz\u00f3n es inocente y que la subsanaci\u00f3n de lo omitido no es otra cosa sino a\u00f1adir lo olvidado a lo que carece de ello. Pero los t\u00e9rminos de la Ley son claros, dado que la subsanaci\u00f3n supone una doble operaci\u00f3n, que consiste en dar existencia en el cuerpo de la sentencia \u2013en el fallo\u2013 a lo que no la ten\u00eda y despu\u00e9s distribuirlo bajo los efectos de su ineficacia o invalidez. La\n<\/p>\n

\n obligaci\u00f3n ser\u00e1 \u00e9sta: huelga todo este razonamiento en cuanto al testamento y a las operaciones particionales de que la Audiencia sea pronunciado sobre ambos extremos \u2013 aunque innegablemente no sobre el poder testatorio\u2013, pero no es menos cierto que aqu\u00e9lla confirma en todos sus extremos la sentencia de Primera Instancia, lo que supone la incongruencia de aceptar cosas contradictorias \u2013la sentencia originaria y la aclarada\u2013 seg\u00fan criterio arriba mentado \u2013por lo menos dos cosas bastante distintas\u2013, lo que coloca el caso dentro del caso cuarto del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y quita todo valor a la resoluci\u00f3n de la Audiencia.\n<\/p>\n

\n Tercer motivo.-<\/strong> Otro motivo de casaci\u00f3n est\u00e1 constituido por la violaci\u00f3n de la ley y del derecho consuetudinario, a la vez que por la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de \u00e9ste y la doctrina que le es de aplicaci\u00f3n en el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 12 del C\u00f3digo Civil, el art\u00edculo 6.\u00b0 del propio cuerpo legal y la jurisprudencia que los ha consagrado. Alude el recurso al texto del p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 12 del C\u00f3digo Civil y a la doctrina de la sentencia de 9 de abril de 1898 y a la 1.\u00b0 de abril de 1891, normas y decisiones con las cuales \u2013contin\u00faa\u2013, aunque en un aspecto muy inferior, se coordina el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 6.\u00b0 del C\u00f3digo Civil, en cuanto a que ante la falta de la Ley al punto controvertido, se aplicar\u00e1 la costumbre del lugar. Aunque est\u00e1 claro que al entrar ya a, considerar el derecho consuetudinario de Vizcaya, no se har\u00e1 de la costumbre del lugar, precisamente dicha, sino de la costumbre de una provincia, que a su fuero de Derecho privado lo llama colecci\u00f3n de usos y costumbres, se ha recordado en los hechos o antecedentes del recurso, que don Casimiro Imaz Galarza y su mujer do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal, se confirieron mutua y rec\u00edprocamente poder el 28 de julio de 1931, en cuya virtud el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite quedaba facultado para disponer plenamente de los bienes del fallecido en la forma que tuviera por conveniente, sin limitaci\u00f3n de tiempo y aun fuera del t\u00e9rmino legal, que expresamente se prorrog\u00f3, por tiempo indefinido. Habiendo llegado a la mayor\u00eda de edad el menor de los hijos quedados al fallecimiento del poderdante don Casimiro Imaz, llamado don Arturo el 12 de febrero de 1937, y no habiendo, la comisaria de aqu\u00e9l, do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal, hecho uso de aquel mandato hasta el 16 de agosto de 1946, el actor ataca la de nulidad aquel poder testatorio desde el a\u00f1o y d\u00eda de la mayor\u00eda de edad del referido don Arturo. O sea, que la cl\u00e1usula de pr\u00f3rroga sin l\u00edmite inserto en aquel poder, con relaci\u00f3n a todo plazo y a todo tiempo, no confiere validez al uso del mismo hecho, despu\u00e9s del a\u00f1o y d\u00eda de la mayor\u00eda de edad del menor de los hijos del poderdante. Las sentencias, ya se ha dicho, no aluden para nada a este poder testatorio en sus fallos, pero en sus considerandos se ha desarrollado una teor\u00eda que, a pesar de la ausencia de pronunciamiento en la parte dispositiva, quiere presentarse como equivalente a su nulidad. A lo que sobre este extremo se ha dicho m\u00e1s arriba, se a\u00f1ade aquellos que vengan a acreditar la vibraci\u00f3n del derecho consuetudinario de Vizcaya que constituye tal posici\u00f3n. Lo que proclaman las costumbres en este particular del derecho civil de Vizcaya, est\u00e1 dicho por este Alto Tribunal que constituye el derecho a aplicar en casos como el de autos. Y la realidad y existencia de estas normas consuetudinarias, nadie puede autenticar m\u00e1s que los libros,\n<\/p>\n

\n cuya existencia est\u00e1 consagrada a su investigaci\u00f3n y examen y el protocolo de los nota\u00adrios, juntamente con la Jurisprudencia.\n<\/p>\n

\n Cuarto motivo.-<\/strong> Otro motivo, aplicaci\u00f3n indebida de la Ley tercera, t\u00edtulo 11, del Fuero Civil de Vizcaya, que encaje en el caso primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que la sentencia recurrida, al aceptar la del Juez de Instancia, hace aplicaci\u00f3n indebida de dicha Ley tercera del t\u00edtulo 11 del Fuero Civil de Vizcaya, en cuanto estatuye que el poder comisario que autoriza para testar, caduca al a\u00f1o y d\u00eda de haberse llegado a la mayor\u00eda de edad el menor de los sucesores o herederos del causante. Porque en tanto esta Ley se refiere al poder comisario sin pr\u00f3rroga ni ampliaci\u00f3n de plazo para su ejercicio, el documento notarial que se examina se refiere a un mandato prorrogado, sin limitaci\u00f3n de tiempo para su empleo. Y as\u00ed como su utilizaci\u00f3n nace del derecho consuetudinario de una costumbre inmemorial, aquella forma primera constituye el derecho escrito. A continuaci\u00f3n copia el recurso frases de una conocida obra del derecho civil de Vizcaya; y despu\u00e9s de ello (sigue afirmando) se comprende que seg\u00fan la autoridad m\u00e1xima en el derecho civil de Vizcaya, la pr\u00f3rroga de plazo se\u00f1alado por la Ley tercera del t\u00edtulo 21 del Fuero, el poder comisario para su ejercicio es norma y pr\u00e1ctica consagrada por la costumbre inmemorial; a lo que debe a\u00f1adirse que el derecho supletorio m\u00e1s id\u00f3neo en relaci\u00f3n con el fuero de Vizcaya en cuanto contiene el testamento por comisario que se haya desautorizado por el C\u00f3digo Civil, no puede ser \u00e9ste, sino el derecho civil anterior, las Leyes de Toro a este respecto, siquiera dice aqu\u00e9l, considerado como derecho consuetudinario; Leyes de las que sus mejores comentaristas estiman que permiten al poderdante prorrogar el plazo que al comisario se\u00f1ala la Ley.\n<\/p>\n

\n Quinto motivo.-<\/strong> Comprendido en el caso primero del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracci\u00f3n de esta costumbre inmemorial del derecho consuetudinario de Vizcaya, sobre la pr\u00f3rroga del poder testatorio o poder comisario. Insistiendo en lo dicho en el motivo anterior sostiene el recurrente que no existe modo m\u00e1s positivo de acreditar la existencia de una norma consuetudinaria, que la de los libros de los que han consagrado su vida a la investigaci\u00f3n de su realidad vigente, as\u00ed como en su pr\u00e1ctica aplicaci\u00f3n, cuando en la zona nacional a que se contrae se les tiene presente para tal efecto. Cuando quien los proclama con sus normas vivas y de constante aplicaci\u00f3n les haya revestido de un prestigio un\u00e1nime que data de muchos a\u00f1os; y este Tribunal Supremo conoce perfectamente la honestidad y el prestigio del jurisconsulto vizca\u00edno fallecido don Rodrigo Jado Ventades. Todos los dem\u00e1s juris\u00adconsultos conocidos como de esta especialidad, que se citan, forman grupo con el citado respecto del particular que se examina, y confirman la realidad inmemorial de aquella costumbre de la pr\u00f3rroga del poder testatorio. Y si no se toma como abuso de argumentaci\u00f3n, se alude tambi\u00e9n a los protocolos de los Notarios donde existen documentos p\u00fablicos que han de ser buscados. Y ah\u00ed est\u00e1n el poder testatorio \u2013en discusi\u00f3n\u2013 otorgado ante el Notario se\u00f1or Herr\u00e1n Torriente; el testamento subsiguiente conferido ante el Notario de Portugalete y las operaciones particionales realizadas por el contador-partidor y protocolizadas ante el Notario de Las Arenas-Guecho. Hay, pues, 12\n<\/p>\n

\n tres Notarios que en ocasiones distintas autorizan bajo su fe tres instrumentos p\u00fablicos que dan cuerpo a un poder testatorio con pr\u00f3rroga sin limitaci\u00f3n de tiempo, para poner en ejercicio a aquel mandato; a un testamento que nace sobre esta pr\u00f3rroga del plazo concreto que establece el Fuero para su empleo cuando no existe esta pr\u00f3rroga y unas operaciones particionales confeccionadas sobre id\u00e9nticas circunstancias. Con esto bien se puede admitir, sin riesgo, que se est\u00e1 ante una inscripci\u00f3n consuetudinaria, la costumbre inmemorial de la pr\u00f3rroga de aquel plazo para el ejercicio del poder testatorio. Esto nos llevar\u00e1 a la distinci\u00f3n entre los poderes para testar sin pr\u00f3rroga, que es a los que se refiere el texto escrito del Fuero de Vizcaya en la Ley tercera del t\u00edtulo 21; y los poderes con pr\u00f3rroga del plazo que es el objeto de este recurso. Ya en el proyecto de ap\u00e9ndice del C\u00f3digo Civil elaborado el a\u00f1o 1900, estableci\u00f3 en su art\u00edculo 27 por el testamento por comisario: “El comisario se atendr\u00e1 para designar heredero y otorgar las dem\u00e1s disposiciones testamentarias, a las facultades que el testador le hubiere conferido, de las cuales no podr\u00e1 excederse”.\n<\/p>\n

\n Sexto motivo.-<\/strong> Comprendido en el n\u00famero primero del mismo art\u00edculo 1.692 de la Ley por violaci\u00f3n del caso octavo del art\u00edculo 52 del Reglamento de Derechos Reales. Aunque viene a reformar lo dicho sobre la realidad de la pr\u00f3rroga del poder testatorio como costumbre existente en el derecho consuetudinario de Vizcaya se presenta con separaci\u00f3n para que se vea c\u00f3mo la existencia de aqu\u00e9lla resulta tan cierta que, hasta en las leyes \u2013Reglamento de Derechos Reales\u2013, encuentra repercusi\u00f3n su pr\u00e1ctica viva e indiscutible. La sentencia intenta restar importancia a este vigoroso comprobante, por la finalidad fiscal de aquel Reglamento y el car\u00e1cter especial de las normas de Hacienda, que tienden a cerrar por todos los medios el camino a los defraudadores. Pero esto no debilita, a juicio del recurrente, la realidad de aquella instituci\u00f3n consuetudinaria. En manera alguna ser\u00eda ese texto legal de una pr\u00e1ctica no existente, mucho menos si fuera viciosa ni habr\u00eda de contribuir a su divulgaci\u00f3n y conocimiento con innegable da\u00f1o del inter\u00e9s p\u00fablico; porque ser\u00eda tanto como promulgar la verdadera contraley, que es exactamente lo que no hace nunca ning\u00fan estado. Por eso se hace el Reglamento eco de esta pr\u00e1ctica viva de la costumbre, en cuanto regla que para su complemento consiente y acepta la aplicaci\u00f3n del Fuero de Vizcaya en la parte escrita y la que por no haber alcanzado esta forma se mantiene en la costumbre viva de las pr\u00e1cticas en los instrumentos notariales.\n<\/p>\n

\n S\u00e9ptimo motivo.<\/strong>– Amparado en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 del la Ley de Enjuiciamiento Civil por violaci\u00f3n de la ley en los art\u00edculos 1.053 y 1.067 del C\u00f3digo Civil, y 1.092 de la Ley civil rituaria. En efecto, los herederos no tienen la titularidad de los bienes que les fueron adjudicados en las operaciones particionales, a tenor de aquellos preceptos, hasta que sean due\u00f1os quieta y pac\u00edficamente de los bienes mencionados y a juicio del recurrente, entretanto, s\u00f3lo el contador-partidor representa a la masa hereditaria y puede responder en su nombre a cuantas cuestiones se planteen, m\u00e1xime si es ante los Tribunales, en relaci\u00f3n con aquella masa de bienes y en cualquiera de las situaciones en que se pudieran encontrar. Esto es exactamente lo que se hace cuando se tramita ante un Tribunal cualquiera transmisi\u00f3n de bienes por 13\n<\/p>\n

\n sucesi\u00f3n hereditaria en la que hubiese habido un contador-partidor. Nada se hace sin \u00e9l sin o\u00edrlo para que exponga sus razones y dict\u00e1menes sobre cualquier pretensi\u00f3n que toque a los bienes partidos. Pero aqu\u00ed no se ha hecho nada de eso. El contador-partidor ha estado ausente, lo que da lugar a que se estimen infringidos 22 de abril de 1955, se dio traslado a las partes, el que evacuaron haciendo las manifestaciones que estimaron oportunas.\n<\/p>\n

\n Siendo ponente el Magistrado don Manrique Mariscal de Gante y de Gante.\n<\/p>\n

\n Considerando que ser\u00eda suficiente para desestimar los motivos primero y segundo de este recurso el hecho de que en contra de lo prevenido en el art\u00edculo 1.720 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se fundan; el primero de ellos en los n\u00fameros primero y tercero del art\u00edculo 1.692 de dicha Ley y el segundo en los n\u00fameros primero y cuarto del mismo art\u00edculo; cuando en el citado 1.720 se dispone para que exista la claridad debida en la impugnaci\u00f3n de la sentencia que se combate que si fueren dos o m\u00e1s los fundamentos o motivos del recurso se expresar\u00e1n en p\u00e1rrafos separados y numerados; estando reiteradamente declarado por este Tribunal Supremo que todos los requisitos de forma se\u00f1alados en ese art\u00edculo son esenciales y su omisi\u00f3n o incumplimiento dan lugar a la inadmisi\u00f3n del recurso o de los motivos en que se haya incurrido en esa falta; pero si prescindiendo de este defecto procesal se entra en el examen de esos dos motivos, de igual modo procede rechazarlos, porque no se ha infringido por el Tribunal de instancia como se sostiene en su contra por la recurrente en el primero de ellos, lo ordenado en el art\u00edculo 359 de la Ley de Tr\u00e1mites referente a que en las sentencias deben decidirse todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, pues como se tiene dicho numerosas veces por esta Sala, entre otras sentencias en las de 13 de febrero y 16 de diciembre de 1941, la congruencia que deben tener los pronunciamientos del fallo con lo solicitado por las partes se cumple siempre que sus declaraciones tengan la eficacia jur\u00eddica necesaria para que quedan resueltos en uno u otro sentido todos los pedimentos de los litigantes, lo que se ha verificado en este juicio toda vez que corno se razona por el Juez de Primera Instancia en el auto aclaratorio de su sentencia, los pronunciamientos que contienen recogen todos y cada uno de los pedimentos de la parte actora, sin necesidad de que se haga en ellos una declaraci\u00f3n expresa de la carencia de valor del poder testatorio conferido por don Casimiro Imaz Galarza a su mujer do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal Zaballa; y en cuanto a la otra infracci\u00f3n que tambi\u00e9n se le atribuye en el motivo segundo del art\u00edculo 363 de la mencionada Ley que proh\u00edbe variar ni modificar las sentencias despu\u00e9s de firmadas, pero s\u00ed permite aclarar alg\u00fan concepto obscuro o suplir cualquier omisi\u00f3n que contenga sobre punto discutido en el juicio basta tener presente, como viene a reconocer en su escrito la propia recurrente, que toda la impugnaci\u00f3n que en este motivo hace, se refiere al fallo de la sentencia del Juzgado y a su aclaraci\u00f3n que estima se encuentran en oposici\u00f3n; resoluciones que no son ni pueden ser las recurridas al no haber quedado firmes por su apelaci\u00f3n, teniendo \u00fanicamente ese car\u00e1cter lo resuelto por la Audiencia, la que adem\u00e1s no se ha limitado a confirmar de un modo gen\u00e9rico lo resuelto en Primera Instancia, sino que procediendo debidamente ha\n<\/p>\n

\n consignado en su fallo con toda claridad los pronunciamientos que en \u00e9l se hacen entre los que no existe la menor contradicci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Considerando que establecido en los Fueros, Franquezas y Libertades de Vizcaya, confirmados el 7 de junio de 1.527 por el Rey don Carlos I de Espa\u00f1a, que en los testamentos por comisario que regulan en la Ley III, T\u00edtulo 21 de este Cuerpo legal “la elecci\u00f3n e instituci\u00f3n y nombramiento de heredero o herederos, si los hijos o descendientes o profincos o tronqueros del testador fueren al tiempo que el testador fallece de edad de poderse casar, en tal caso tengan los tales comisarios t\u00e9rmino de a\u00f1o y d\u00eda para hacer tal instituci\u00f3n o instituciones; pero si los tales hijos o sucesores fueren de edad pupilar, los comisarios tengan t\u00e9rmino para instituir todo el tiempo que tales hijos o sucesores fueren menores de edad, y disposici\u00f3n de se poder casar; o dende un a\u00f1o cumplido y dentro de este t\u00e9rmino, en cualquier tiempo que ellos quisieren, hagan la tal elecci\u00f3n o instituci\u00f3n”; el Tribunal de instancia ha estimado aplicando esa Ley que no puede legalmente el testador ampliar esos plazos, llegando como se ha hecho en el testamento de que se trata en este juicio a conceder al comisario para cumplir su mandato todo el tiempo que tuviera por conveniente aun fuera y excediendo el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el citado art\u00edculo y que otorgado el testamento por la comisaria do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal el 16 de agosto de 1946, cuando el m\u00e1s joven de los herederos hab\u00eda alcanzado la mayor\u00eda de edad el 12 de febrero de 1937, transcurrido por lo tanto m\u00e1s de nueve a\u00f1os desde que \u00e9ste hab\u00eda dejado de ser menor debe declararse como se ha declarado en la sentencia, nulo y carente de todo valor ese testamento.\n<\/p>\n

\n Considerando que la parte recurrente sosteniendo doctrina contraria impugna en los motivos tercero, cuarto y quinto de este recurso esa resoluci\u00f3n alegando que se han infringido en ella por aplicaci\u00f3n indebida la mencionada Ley III del T\u00edtulo 21 de los Fueros de Vizcaya, y por su no aplicaci\u00f3n lo dispuesto: a) En el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 12 del C\u00f3digo Civil, en el que se ordena “que en las provincias y territorios en que subsiste Derecho Foral lo conservar\u00e1n por ahora en toda su integridad sin que sufra alteraci\u00f3n su actual r\u00e9gimen jur\u00eddico o escrito o consuetudinario, por la publicaci\u00f3n de ese C\u00f3digo, que regir\u00e1 tan s\u00f3lo como derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aqu\u00e9llas por sus leyes especiales. b) En el p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 6.\u00b0 de dicho C\u00f3digo, en el que se establece “que cuando no haya Ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicar\u00e1 la costumbre del lugar y en su defecto los principios generales del Derecho”; y c) La doctrina sustentada por este Tribunal Supremo en sus sentencias de 19 de septiembre de 1863.\n<\/p>\n

\n Considerando que al modificarse la recopilaci\u00f3n del llamado Fuero antiguo de Vizcaya vigente desde el a\u00f1o 1452 ya se hizo constar en la Junta celebrada bajo el \u00e1rbol de Guernica el 5 de abril de 1526 que el mencionado Fuero “fue antiguamente escrito e ordenado en tiempo en que no hab\u00eda tanto sosiego e justicia ni tanta copia de Letrados ni experiencia de causas en el dicho Se\u00f1or\u00edo como el presente, escribi\u00e9ndose en \u00e9l cosas que no son necesarias, otras que son superfluas y que no se practican, dejando de consignarse otras que son necesarias para la paz y sosiego de la tierra y buena\n<\/p>\n

\n administraci\u00f3n de justicia, las que se practican por uso y costumbre, siendo muchas veces, dif\u00edcil y costoso probar esos usos y costumbres y que hac\u00eda falta tambi\u00e9n clasificar las leyes del fuero quitando de ellas lo superfluo y no provechoso ni necesario, e a\u00f1adiendo y escribiendo en dicho Fuero todo lo que se estaba sin escribir que por uso y costumbre se practica, para que as\u00ed e reformado dicho Fuero en las leyes de \u00e9l en todo lo necesario, sobre que el dicho Fuero estuviese escrito, no hay necesidad ninguna de las partes hacer probanza alguna sobre si el dicho Fuero, e las leyes de \u00e9l son usadas, e guardadas o no, e que las partes sean relevadas de semejantes probanzas e costas”; y en la reuni\u00f3n de 21 de agosto del mismo a\u00f1o de la Junta reformadora del Fuero, ante el corregidor del Se\u00f1or\u00edo de Vizcaya con asistencia de dos escribanos, se present\u00f3 ya por los nombrados para la reforma el nuevo Fuero escrito manifestando: que en \u00e9l quitaron del viejo lo que era superfluo, a\u00f1adiendo lo que por costumbre ten\u00edan y se usaba, como mejor les hab\u00eda parecido; acord\u00e1ndose despu\u00e9s de le\u00eddo con la conformidad de todos, que dicho Fuero estaba bien y conforme con los privilegios y libertades, Fueros y costumbres de Vizcaya, disponi\u00e9ndose en la Ley 13 del T\u00edtulo s\u00e9ptimo de este Fuero, que los Jueces que han de aplicar sus leves lo hagan al pie de la letra, en el condado y se\u00f1or\u00edo, sin atenerse a cualquier ley del Fuero, uso, costumbre o ceremonia que anteriormente se haya guardado, si est\u00e1 en contra de lo confirmado entonces en los fueros, teni\u00e9ndolo por revocado, anulado y sin ning\u00fan valor ni efecto, salvo en determinadas demandas que se\u00f1ala y que en modo afectan a lo discutido en este juicio; y orden\u00e1ndose en la Ley III del T\u00edtulo 36 que ning\u00fan Juez que resida en Vizcaya, Corte o Chanciller\u00eda, ni en el Consejo Real, ni en ning\u00fan otro “en los pleitos que entre ellos fueren de entre los vizca\u00ednos, sentencien, determinen ni libren por otras leves, ni ordenanzas algunas, salvo por las leyes de este Fuero de Vizcaya (lo que por ellas se pueden determinar) y los que por ellas no se pudieren determinar, determinen por las leves del reino e pragm\u00e1ticas de su alteza \u2013El Rey\u2013; que las leves de este Fuero de Vizcaya en la decisi\u00f3n de los pleitos de Vizcaya y Encartaciones siempre se prefieran a todas las otras leyes y pragm\u00e1ticas del reino y del derecho com\u00fan y que todo lo que en contrario se sentenciare y determinare o se proveyere, sea en s\u00ed ninguno v de ning\u00fan valor y efecto”.\n<\/p>\n

\n Considerando que para interpretar debidamente la citada Ley III del T\u00edtulo 21 del Fuero de Vizcaya, no puede olvidarse que en la tierra llana de dicha provincia en que tiene aplicaci\u00f3n, las herencias se defieren en virtud del principio de troncalidad, especialmente a lo que se hace la debida referencia en dicha Ley cuando para expresar el principal motivo de la misma se dice textualmente: “que fallecido el que hab\u00eda de testar hagan los tales comisarios el tal testamento e instituci\u00f3n o instituciones de herederos; y que puede ser que el tal fallecido haya dejado hijos o descendientes o propincuos que le han de suceder, pupilos y peque\u00f1os y de tal edad y condici\u00f3n y calidad que los comisarios no puedan convenientemente elegir ni instituir entre los tales menores, cual es el m\u00e1s id\u00f3neo o h\u00e1bil o suficiente o conveniente a la casa para herederar o regir toda la casa y caser\u00eda, y a esta causa por facerse las tales elecciones entre ni\u00f1os y tan breve y a veces no sucede bien; por ende que establec\u00edan, que el tal\n<\/p>\n

\n poder y comisi\u00f3n valiese”; haciendo la elecci\u00f3n de heredero o herederos el comisario en la forma que antes quede dicha; sin que pueda el testador ampliar los t\u00e9rminos se\u00f1alados en dicha Ley, en cuyo encabezamiento se hace constar que en ella se establec\u00eda lo que ya “hab\u00edan por fuero, uso y costumbre”; Ley que hab\u00eda de ser aplicada al pie de la letra en obediencia a lo ordenado en la tambi\u00e9n citada Ley XIII del T\u00edtulo 7.\u00b0: siendo perfectamente l\u00f3gico que en casos como \u00e9ste as\u00ed se disponga, teniendo presente: que los derechos a la sucesi\u00f3n de una persona por causa de herencias, es norma general se transmitan desde el momento del fallecimiento del que se va a heredar y, por lo tanto, todo retraso en el percibo de la herencia impuesto por el cumplimiento de disposiciones legales, ha de tener una interpretaci\u00f3n restrictiva; y que como acertadamente se razona en uno de los considerandos de la sentencia recurrida, si el comisario pudiera realizar durante tiempo indefinido la designaci\u00f3n de heredero o herederos que se le hab\u00eda confiado podr\u00eda haber muchos casos en que falleciera sin haber cumplido su misi\u00f3n y ser\u00eda forzoso en contra de lo querido por el testador que se abriera su sucesi\u00f3n intestada.\n<\/p>\n

\n Considerando que respecto al orden de prelaci\u00f3n de las fuentes legales que rigen el derecho en la parte de Vizcaya sujeta al Fuero, como ya se ha hecho constar establece la Ley III del T\u00edtulo 36, que sean en primer lugar las leyes de ese Fuero de Vizcaya, y lo que por ellas no se pudiera determinar que se haga por las leyes o pragm\u00e1ticas del reino, por el derecho com\u00fan como actualmente se le denomina, sin hacerse en dicho art\u00edculo la menor alusi\u00f3n al derecho consuetudinario; pero en el supuesto de que este derecho debiera aplicarse preferentemente despu\u00e9s de las leyes del Fuero, no podr\u00eda prosperar tampoco la pretensi\u00f3n de la parte recurrente, pues siendo un requisito esencial para que una costumbre pueda considerarse como norma jur\u00eddica, “que se manifieste una voluntad de ese orden en una colectividad determinada, que igual puede ser la de un lugar, que la de una regi\u00f3n o naci\u00f3n a trav\u00e9s de los hechos de la propia vida jur\u00eddica y principalmente de los usos uniformes duraderos”, no est\u00e1 probado en autos que esas circunstancias concurr\u00edan en el t\u00e9rmino indefinido que concedi\u00f3 a do\u00f1a Mar\u00eda San Crist\u00f3bal y Zaballa su marido don Casimiro lmaz y Galarza para hacer como comisaria la designaci\u00f3n de heredero o herederos de este \u00faltimo; pues el dictamen de un Letrado citado en la contestaci\u00f3n de la demanda con ese fin, lejos de justificar que existe unanimidad en la creencia por comisario, lleva a la convicci\u00f3n de lo contrario, al expresarse en \u00e9l que hay, distintas opiniones sobre esa validez de la pr\u00f3rroga que excede de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la tantas veces citada Ley III del T\u00edtulo 21 del Fuero de Vizcaya, y que \u00e9l se inclina por dicha validez, por estimar que es la opini\u00f3n m\u00e1s corriente y que cuenta con m\u00e1s probabilidades de ser cierta, lo que puede justificar su conducta pero que no revela la existencia de una costumbre jur\u00eddica y la controversia de las partes acerca de la legislaci\u00f3n del reino, que es aplicable como supletoria, si la antigua que reg\u00eda en Castilla cuando se estableci\u00f3 el Fuero de Vizcaya vigente o el actual C\u00f3digo Civil, est\u00e1 resuelta de una manera clara y terminante por este Tribunal Supremo en sus sentencias de 18 de junio de 1896 en favor del C\u00f3digo Civil; y si se creyera por el contrario que hab\u00eda de atenerse a la legislaci\u00f3n castellana anterior, aplic\u00e1ndose por analog\u00eda las leyes de Toro, de igual manera habr\u00eda de desestimar la\n<\/p>\n

\n validez de la pr\u00f3rroga concedida por el testador, pues lo que se trata de aplicar por analog\u00eda, no es lo dispuesto en la Ley XXXIII de Toro, que obedece a motivos distintos de la III del T\u00edtulo 21 de los Fueros de Vizcaya, sino la interpretaci\u00f3n dada a dicha Ley en una sentencia de esta Sala de 19 de septiembre de 1863, cuando a\u00fan no exist\u00eda el vigente C\u00f3digo Civil, y reg\u00edan, por lo tanto, en Castilla entre otras leyes las de Toro, cuya doctrina desde que ces\u00f3 su vigencia no es aplicable al caso que se discute en este litigio; sin que en el C\u00f3digo Civil vigente pueda encontrar apoyo la pretensi\u00f3n de la recurrente al no admitirse por precepto expreso contenido en su art\u00edculo 670 esta clase de testamentos, deduci\u00e9ndose de todo lo dicho que la Ley III del T\u00edtulo 21 del Fuero de Vizcaya tiene un car\u00e1cter imperativo, es una norma legal que se impone a la voluntad particular del que, sujeto a esta legislaci\u00f3n foral de Vizcaya, trate de hacer el testamento por comisario; sin que por ende pueda ser el tiempo que le conceda el testador para hacerlo distinto de lo autorizado y se\u00f1alado en la expresada Ley; obligando todo lo expuesto a determinar los motivos de casaci\u00f3n tercero, cuarto y quinto de este recurso.\n<\/p>\n

\n Considerando que no pueden servir de fundamento para un recurso de esta clase las disposiciones de car\u00e1cter meramente administrativo, como lo es el n\u00famero ocho del art\u00edculo 62 del Reglamento para la aplicaci\u00f3n del impuesto de Derechos Reales de 7 de noviembre de 1947, en el que se trata de la forma de satisfacer ese impuesto en las herencias diferidas en virtud del Fuero de Vizcaya, y por esta causa hay que rechazar el motivo sexto; as\u00ed como el s\u00e9ptimo y \u00faltimo, en el que se alega como infracci\u00f3n de derecho el no haber demandado en este juicio al albacea contador-partidor don Antonio Inchausti y Sait\u00faa, lo que s\u00f3lo podr\u00eda impugnarse en un recurso de casaci\u00f3n por quebrantamiento de forma al amparo del n\u00famero segundo del art\u00edculo 1.693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1.058, 1.067 y 1.902 del C\u00f3digo Civil, sin concretar ni razonar en qu\u00e9 ha consistido esa violaci\u00f3n, art\u00edculos adem\u00e1s, que no guardan relaci\u00f3n alguna con las cuestiones discutidas.\n<\/p>\n

\n FALLAMOS<\/strong>\n<\/p>\n

\n Que debemos declarar y declaramos, no haber lugar al recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley interpuesto por do\u00f1a Blanca D\u00edaz y San Crist\u00f3bal, a quien condenamos al pago de las costas causadas, y a la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito constituido, al que se dar\u00e1 el destino que previene la ley; y l\u00edbrese a la Audiencia Territorial de Burgos la certificaci\u00f3n correspondiente, con devoluci\u00f3n del apuntamiento.\n<\/p>\n

\n As\u00ed por esta nuestra sentencia, que se publicar\u00e1 en el “Bolet\u00edn Oficial del Estado” e insertar\u00e1 en la “Colecci\u00f3n Legislativa”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.\u2013 Saturnino L\u00f3pez Peces.\u2013 Manrique Mariscal de Gante.\u2013 Juan Serada.\u2013 Pablo Murga.\u2013 Joaqu\u00edn Dom\u00ednguez.\u2013 Rubricados.\n<\/p>\n

\n Publicaci\u00f3n: Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el excelent\u00edsimo se\u00f1or don Manrique Mariscal de Gante y de Gante, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo y ponente que ha sido en estos autos, celebrando Audiencia\n<\/p>\n

\n p\u00fablica la misma en el d\u00eda de su fecha, de que como Secretario certifico.\u2013 Jos\u00e9 Molina Candelero.\u2013 Rubricado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un matrimonio de Getxo se otorga poder testatorio rec\u00edproco con pr\u00f3rroga indefinida del plazo, y la viuda lo ejercita m\u00e1s de nueve a\u00f1os despu\u00e9s de la mayor\u00eda de edad del hijo menor, legando a una hija la mitad de la casa familiar. El Tribunal Supremo no da lugar a la casaci\u00f3n: los plazos de la ley 3.\u00aa del t\u00edtulo 21 del Fuero de Vizcaya son imperativos y el testador no puede ampliarlos, no se prob\u00f3 una costumbre contraria y el testamento del comisario y la partici\u00f3n son nulos.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[952,564,662,566,569],"materia":[1226,1223,1221],"organo":[1874],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11337","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-derecho-supletorio","tag-poder-testatorio","tag-sucesion-testada","tag-testamento-por-comisario","tag-troncalidad","materia-el-testamento-por-comisario","materia-la-sucesion-en-bizkaia-clases","materia-la-troncalidad","organo-tribunal-supremo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11337"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11337"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11337"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11337"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}