{"id":11301,"date":"2025-10-06T18:37:41","date_gmt":"2025-10-06T16:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sts-de-6-de-julio-de-1932\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:20","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:20","slug":"sts-de-6-de-julio-de-1932","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sts-de-6-de-julio-de-1932\/","title":{"rendered":"STS de 6 de julio de 1932"},"content":{"rendered":"

\n STS de 6 de julio de 1932<\/strong>\n<\/p>\n

\n En la Villa de Madrid, a 6 de julio de 1932; en el juicio declarativo de mayor cuant\u00eda seguido en el Juzgado de primera instancia de Guernica, y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de Burgos, por do\u00f1a Joaquina Legorburu y Axpe, vecina de Bilbao, por s\u00ed y en representaci\u00f3n legal de su hijo menor Modesto Du\u00f1abeitia Legorburu, contra D. Juan Ugalde y Goiria, D. Jos\u00e9 Aguirre y Orue y D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia y Gallarzagoitia, labradores, y vecinos de Gorocica e Ibarruri, los dos primeros, y de la misma profesi\u00f3n y vecino de Durango el tercero, sobre nulidad de un juicio ejecutivo, reclamaci\u00f3n de bienes y otros extremos; pendiente ante esta Sala en virtud de recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley, interpuesto por la demandante bajo la representaci\u00f3n del Procurador D. Francisco Javier Dago y la direcci\u00f3n del Letrado D. Isidro Zapata; habiendo comparecido el Procurador D. Luis Guinea en representaci\u00f3n de D. Juan Luis Ugalde y D. Jos\u00e9 Muguira, bajo la direcci\u00f3n del Letrado D. Enrique de Ocio.\n<\/p>\n

\n Resultando que con fecha 27 de febrero de 1929, el Procurador D. Juan Elordieta en representaci\u00f3n de do\u00f1a Joaquina Legorburu y Azpe, por s\u00ed y como representante legal de su hijo Modesto Du\u00f1abeitia, dedujo ante el Juzgado de primera instancia de Guernica demanda en juicio declarativo de mayor cuant\u00eda contra D. Juan Luis Ugalde, D. Jos\u00e9 Muguira y D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia, alegando sustancialmente: que en 5 de abril de 1894 falleci\u00f3 la madre del esposo de la actora, D. Jos\u00e9 Du\u00f1abeitia, bajo testamento, en el cual, con arreglo al Fuero de Vizcaya, dej\u00f3 todos sus bienes al referido hijo, con la obligaci\u00f3n de entregar un legado de 3.000 ducados, o sea 8.250 pesetas, a su hermano D. Jos\u00e9 Domingo; que los dos hermanos Jos\u00e9 Ram\u00f3n y Jos\u00e9 Domingo manten\u00edan buenas relaciones, y habiendo contra\u00eddo matrimonio el Jos\u00e9 Ram\u00f3n con la actora en el a\u00f1o 1898, vivi\u00f3 con este matrimonio cerca de doce a\u00f1os, sin pagar nada por el hospedaje, y al contraer matrimonio otorgaron los c\u00f3nyuges, en 11 de agosto del mismo a\u00f1o, escritura de capitulaciones matrimoniales, y en ella el Jos\u00e9 Ram\u00f3n aport\u00f3 al matrimonio el caser\u00edo denominado Erreguena, sito en Ibarruri, y ella aport\u00f3 otros dos sitos en Gald\u00e1cano, habiendo nacido de este matrimonio cinco hijos; que desavenencias surgidas entre los c\u00f3nyuges dieron lugar a que actora solicitara el divorcio el a\u00f1o 1911, y entonces el esposo, para ponerse en condiciones de insolvencia, convino con su hermano el que le llamara al Juzgado y confesara deberle el importe del legado, menos unas pesetas que manifest\u00f3 tener recibidas; y, en efecto, citado judicialmente, compareci\u00f3, y dijo ser cierto que deb\u00eda 6.550 pesetas, y teniendo ya este t\u00edtulo ejecutivo promovi\u00f3 la oportuna demanda, y despachada la ejecuci\u00f3n, se embarg\u00f3 el caser\u00edo Erreguena y las rentas que deb\u00edan pagarle por los caser\u00edos de Gald\u00e1cano, y valorada la finca en 21.000 pesetas, sali\u00f3 a subasta, y fue adjudicada en las dos terceras partes de la tasaci\u00f3n por no presentarse postor al propio ejecutante; y esta finca, menos el monte llamado “Astoaga”, que era uno de sus pertenecidos, fue vendida con posterioridad a D. Juan Luis Ugalde, quien despu\u00e9s la vendi\u00f3 a D. Jos\u00e9 Muguira Orue, actuales\n<\/p>\n

\n demandados, por escritura de 7 de febrero de 1928, otorgada en Guernica, por lo cual el actor extend\u00eda su demanda contra los posteriores adquirentes de dicha finca; que dicho juicio ejecutivo se promovi\u00f3 de acuerdo entre los dos hermanos, y del esta manera se pudieron realizar los prop\u00f3sitos del marido de la demandante, ya que, de otra manera, para vender el caser\u00edo hubiera necesitado la concurrencia de su mujer; y que habi\u00e9ndose vendido la mitad del caser\u00edo que se aport\u00f3 al matrimonio, la venta era nula, y por ello hab\u00eda reclamado la actora varias veces a su hermano pol\u00edtico y a D. Juan Luis Ugalde, sin que su reclamaci\u00f3n hubiese sido atendida, y por ello promov\u00eda esta demanda; y en derecho invoc\u00f3 la actora el art\u00edculo 1.479 de la ley de Enjuiciamiento civil y sentencia de 13 de junio de 1922, para demostrar que el juicio ejecutivo anterior no produc\u00eda la excepci\u00f3n de cosa juzgada, y era nulo; citando la ley primera, t\u00edtulo 20 del Fuero de Vizcaya, que dice que los bienes de marido y mujer se comunicar\u00e1n entre s\u00ed si hubiese hijos o descendientes leg\u00edtimos, o lo que es igual, que todos los bienes sean comunes a medias, y esto es lo que se llama comunicaci\u00f3n foral; y en este caso, los bienes que aport\u00f3 el marido de la actora al matrimonio pertenec\u00edan por mitad a la mujer; y la ley s\u00e9ptima del t\u00edtulo 20 del Fuero de Vizcaya dice que vendida la mitad de los bienes pertenecientes al marido, constante matrimonio, por deuda o delito que hagan y por fianza si quisiera de mediar, haber su mitad en la otra mitad de su mujer, que no lo puede haber; antes sea enteramente de la mujer constante matrimonio, con que de ello se alimenten marido, mujer e hijos, sin lo enajenar; y aunque hubiera alguna discusi\u00f3n respecto a si esta ley se refiere a los bienes aportados al matrimonio y a los gananciales, o s\u00f3lo a los primeros, como en este caso se trataba de aportaci\u00f3n, y respecto a \u00e9sta no hay duda ni discusi\u00f3n, nada hab\u00eda que decir, siendo evidente que si se vend\u00eda una finca de un matrimonio vizca\u00edno, por deuda del marido, no pod\u00eda serlo en su totalidad, corroborando esta doctrina la resoluci\u00f3n invocada por el comentarista del Derecho civil de Vizcaya, en la que se establece que no se pueden vender la mitad de los bienes que no sean gananciales, y como en este caso la finca Erreguena era aportada al matrimonio, no pod\u00eda ser vendida en su totalidad; y terminando por suplicar que se dictase sentencia declarando la nulidad del juicio ejecutivo y de la venta realizada, o, en otro caso, que la mitad del caser\u00edo “Erreguena”, con sus pertenecidos, y la mitad del monte “Astoaga”, sito en Ibarruri, correspond\u00edan a la actora y a sus hijos; y se condenara a D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia, D. Jos\u00e9 Muguira Orue y D. Juan Luis Ugalde, a que otorgasen la correspondiente escritura, y con imposici\u00f3n de costas a dichos demandados si se opusieran:\n<\/p>\n

\n Resultando que el Procurador D. Federico Musatad\u00e9, a nombre de D. Juan Luis Ugalde y D. Jos\u00e9 Muguira, contest\u00f3 a la demanda alegando sustancialmente que la madre del esposo de la actora \u2013D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia\u2013, o sea do\u00f1a Dominga Gallarzagoitia, falleci\u00f3 en efecto el 5 de abril de 1894, bajo testamento, que por s\u00ed, y en uso del poder testatorio que ten\u00eda de su finado esposo, D. Juan Mart\u00edn Du\u00f1abeitia, otorg\u00f3 el 19 de marzo del mismo a\u00f1o, y ante el Notario D. Jos\u00e9 Mendieta, instituyendo heredero a su hijo D. Ram\u00f3n, pero imponi\u00e9ndole la obligaci\u00f3n de entregar la cantidad de 8.250 pesetas a su hermano, el codemandado D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia; y la\n<\/p>\n

\n herencia de dichos consortes difuntos estaba integrada por la finca radicante en la anteiglesia de Ibarruri, constituida por la caser\u00eda denominada “Eguerrena”, y sus pertenecidos, y los bienes muebles de su servicio y explotaci\u00f3n; que en la escritura de capitulaciones que se hizo proceder al matrimonio del nombrado D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia y al actora do\u00f1a Joaquina Legorburu, autorizada por el Notario de Bilbao D. Isidro de Erquiaga, en 11 de agosto de 1898, aport\u00f3 el primero a dicho su matrimonio con la segunda la caser\u00eda expresada de “Eguerrena”, con sus pertenecidos y su contenido de muebles y semovientes, consignando en esta aportaci\u00f3n de los bienes a que se reduc\u00eda la herencia de sus padres, la obligaci\u00f3n con que se la hab\u00edan gravado, o sea la de abonar a su hermano, el demandado D. Jos\u00e9 Domingo, la cantidad de 8.250 pesetas; y, en resumen, resultaba que la finca “Erreguena”, en que consisti\u00f3 la herencia de los padres de D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia, la adquiri\u00f3 \u00e9ste como tal heredero de aqu\u00e9llos, y con la obligaci\u00f3n de entregar a su hermano D. Jos\u00e9 Domingo, demandado, la cantidad de 8.250 pesetas, habi\u00e9ndola luego aportado a su matrimonio la demandante do\u00f1a Joaquina Legorburu, como capital propio y con la misma carga y obligaci\u00f3n: que era cierto que el demandado D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia dedujo dicha demanda ejecutiva en reclamaci\u00f3n del cr\u00e9dito referido de 8.250 pesetas en la parte subsistente del mismo, que importaba por principal e intereses sus 6.650 pesetas, trabando el embargo en dicho caser\u00edo “Erreguena” con sus pertenecidos; que dictada y consentida la sentencia de remate, fecha 14 de mayo de 1911, seguido por sus tr\u00e1mites el procedimiento de apremio, y habiendo quedado desierta la primera subasta, fue adjudicada la finca embargada por las dos terceras partes de su tasaci\u00f3n, y a instancia propia, al acreedor ejecutante D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia, y que \u00e9ste cedi\u00f3 sus derechos a su ahora codemandado D. Jos\u00e9 Luis Ugalde, otorg\u00e1ndose la correspondiente escritura de venta por el Juez, en nombre y por rebeld\u00eda del propietario ejecutado, y ante el Notario de Guernica D. Aurelio Ortiz, en 12 de agosto de 1911, en cuya escritura aparecen relacionados con todo detalle el hecho y las circunstancias referidas; que el comprador D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia hab\u00eda vendido a su vez la finca de que se trataba a su codemandado D. Jos\u00e9 Muguira, por escritura de 7 de febrero de 1928; que la cantidad objeto de la demanda del juicio ejecutivo de referencia fue confesada por el ejecutado como deuda propia en las diligencias preliminares de la ejecuci\u00f3n, desde el momento en que la obligaci\u00f3n de su pago estaba impuesta como cargo de la herencia de los padres del mismo, por haber aceptado la herencia y hab\u00eda adem\u00e1s reconocido expresamente dicha obligaci\u00f3n al aportar la finca a su matrimonio con la actora; y que los demandados no hab\u00edan tenido conocimiento ni pod\u00eda afectarles en modo alguno el acuerdo y armon\u00eda del ejecutante y ejecutado; que no era nula la venta de la mitad del caser\u00edo en cuesti\u00f3n, seg\u00fan se dec\u00eda en la demanda, y por lo que respetaba el monte llamado “Astoaga”, la reclamaci\u00f3n de su mitad que se hac\u00eda en la misma era improcedente, porque ese inmueble formaba parte como pertenecido entre los de la caser\u00eda “Erreguena”, y fue vendido por el propietario de la misma y su esposa, la demandante, concurriendo ambos al otorgamiento de la escritura de venta a D. Ignacio Oarteta y otros, habi\u00e9ndose formalizado la escritura el 17 de septiembre de 1908; y en derecho aleg\u00f3 que, en efecto, estaba conforme con que la sentencia del juicio ejecutivo no produc\u00eda la excepci\u00f3n de\n<\/p>\n

\n cosa juzgada, quedando a salvo el derecho de las partes para promover el juicio ordinario sobre la misma cuesti\u00f3n, siempre que \u00e9sta, seg\u00fan la sentencia citada de adversa, de 13 de junio de 1922, se limitase y concretase a la de fondo, o sea \u00fanicamente a la que ten\u00eda por objeto la validez del t\u00edtulo, en cuya virtud se despach\u00f3 la ejecuci\u00f3n realizada de don Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia, se dict\u00f3 la sentencia de remate y se hizo la venta judicial de la casa “Erreguena”, con sus pertenecidos por otra, y en cuanto a la certeza y realidad de la deuda objeto de la ejecuci\u00f3n, se asienta y reconoce en los hechos mismos de la demanda que el ejecutado D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia hered\u00f3 los bienes de sus padres con la obligaci\u00f3n de entregar a su hermano, el ejecutante, la cantidad de 8.250 pesetas, por cuya deuda, en su parte subsistente de 6.650 pesetas e intereses pendientes, se entabl\u00f3 la ejecuci\u00f3n, sin que se demostrase de adverso ni se ofreciese prueba, ni se hiciese siquiera la menor indicaci\u00f3n de que la deuda hubiera sido antes pagada y extinguida; adem\u00e1s de que al reproducirse la cuesti\u00f3n objeto de un juicio ejecutivo en un declarativo, no pod\u00eda tener el alcance perturbador de privar a las enajenaciones edificadas en los juicio ejecutivos de su estabilidad y firmeza, que era atributo esencial de las mismas, fuera cualquiera que fuese el resultado del declarativo que se promoviera \u2013sentencia de 14 de abril de 1898\u2013, o seg\u00fan la de 15 de octubre de 1907 que el derecho referido no ten\u00eda el alcance de privar a los ejecutivos de su estabilidad y firmeza, que es atributo esencial de enajenaciones y adjudicaciones de bienes verificados en los juicios las mismas cuando \u00e9stas se han realizado en favor de terceros, y por consiguiente era indudable que la venta realizada en el juicio ejecutivo de referencia a nombre del ejecutado D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia, y a favor de D. Juan Luis Ugalde, no pod\u00eda perder su estabilidad y firmeza, cualquiera que fuera el resultado del presente pleito; que la misma parte actora comprend\u00eda que no era viable la reclamaci\u00f3n de nulidad del juicio ejecutivo en s\u00ed mismo y con respecto a terceros, que eran los demandados, cuando a rengl\u00f3n seguido reduc\u00eda sus pretensiones de nulidad a la de la venta judicial de caser\u00edo “Erreguena”, y con relaci\u00f3n tan s\u00f3lo a su mitad, la cual quer\u00eda suponerse la hizo suya do\u00f1a Joaquina en virtud de la comunicaci\u00f3n foral de los bienes de su matrimonio con D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n, a\u00f1adiendo por su parte los alegantes que para ello era preciso, ya que el embargo y la venta de la finca tuvieron lugar durante ese matrimonio, que la comunicaci\u00f3n de los bienes del mismo se entendiera hecha desde su celebraci\u00f3n en lugar de a su disoluci\u00f3n, y la parte contraria hac\u00eda supuesto de la cuesti\u00f3n dando \u00e9sta por resuelta con la sola alusi\u00f3n de la opini\u00f3n de un comentarista, en frente de las que sustentaban otros de no menor significaci\u00f3n, porque, en efecto, la misma ley primera, t\u00edtulo 20 del C\u00f3digo Foral Vizca\u00edno, que en primer t\u00e9rmino se invoca en la demanda, ley capital y fundamentabil\u00edsima en la materia, ya que en ella se estatuye y condiciona el r\u00e9gimen de la comunidad de los bienes del matrimonio, lo hace deter\u00adminando clara y terminantemente, tanto en su texto como en su enunciado de r\u00fabrica, que los bienes de marido y mujer se comuniquen muriendo con hijos, como se dice en el ep\u00edgrafe, o siendo “suelto” el matrimonio, como se a\u00f1ade en el texto, y si era verdad que en la ley s\u00e9ptima del mismo t\u00edtulo, que es la que sugiere la interpretaci\u00f3n contraria, se hablaba de la mitad de los bienes pertenecientes al marido como afectos a obligaciones por deuda o delito incompleta y bald\u00eda de la quinta del propio t\u00edtulo, la cual, haciendo\n<\/p>\n

\n igual la responsabilidad del marido y de la mujer en caso de delito del uno o de la otra, sujetaban a ella los bienes respectivos, sin confundirlos, no era menos cierto, y era f\u00e1cil comprobar, que con la expresi\u00f3n “mitad de bienes” de marido y mujer en el lenguaje a veces tan peculiar como impropio de los legisladores de la Caja de Bilbao, se designa reiteradamente las aportaciones de bienes propios de cada c\u00f3nyuge, aunque no hay entre ellos la ecuaci\u00f3n que supone el sentido meramente literal de los preceptos legales; haciendo notar los alegantes que la ley primera del t\u00edtulo 21, al establecer que en el testamento mancomunado de marido y mujer, si uno de ellos muriera dentro de a\u00f1o y d\u00eda, no podr\u00e1 ser revocado por el sobreviviente, y determinaba que el derecho de \u00e9ste quedar\u00eda limitado al usufructo de su “mitad”, sin que en la designaci\u00f3n con este nombre de “mitad”, de lo correspondiente a cada c\u00f3nyuge, en los bienes del matrimonio, distinga la ley los casos en que haya o no hijos a la disoluci\u00f3n del consorcio y, por consiguiente, si porque la ley s\u00e9ptima del t\u00edtulo 20, tratando de obligaciones contra\u00eddas por el marido “de la meytad”, de \u00e9ste, en los bienes del matrimonio, hab\u00eda de entenderse que la comunicaci\u00f3n de los mismos nac\u00eda con el connubio o se realizaba durante el mismo, por la misma raz\u00f3n deber\u00eda entenderse que porque la ley primera del t\u00edtulo siguiente habla de “la meytad”, de los bienes de un c\u00f3nyuge al fallecimiento del otro, sin distinguir que hubiera o no hijos, la comunicaci\u00f3n foral ten\u00eda lugar a la disoluci\u00f3n del matrimonio con descendencia o sin ella, lleg\u00e1ndose a la conclusi\u00f3n l\u00f3gica, pero absurda, de dejar suprimido casi todo el texto y sentido de la ley misma constituya de la comunicaci\u00f3n de los bienes del matrimonio, para hacerla decir que ten\u00eda \u00e9sta lugar durante el consorcio, sin que quedasen hijos ni descendientes; y si bien era cierto que entre los comentaristas del C\u00f3digo Foral Vizca\u00edno hab\u00edan sido debatidas largas e insistentemente las interpretaciones referidas, fuerza era tambi\u00e9n que se reconociera, en cambio, que aunque hubiera tan buenas razones en un sentido como en otro, la cuesti\u00f3n, como tal, dejar\u00eda de serlo en el hecho y desde el momento en que el derecho com\u00fan, que hac\u00eda de cada c\u00f3nyuge due\u00f1o de los bienes de su respectiva aportaci\u00f3n, limitando la sociedad a los gananciales, era supletorio del derecho foral vizca\u00edno, a cuya declaraci\u00f3n se consagraba la ley tercera del art\u00edculo 36, y as\u00ed ven\u00eda sancion\u00e1ndose en jurisprudencia civil e hipotecaria, seg\u00fan era de ver en sentencias de 28 de junio de 1862, 18 de junio de 1896 y 19 de enero de 1893; que estas pr\u00e1cticas opuestas, lejos de darse en la vida jur\u00eddica vizca\u00edna, en orden a la comunicaci\u00f3n de los bienes del matrimonio, constante el mismo, no se pod\u00eda se\u00f1alar un solo caso en que se hubiesen realizado, ni siquiera intentado, el otorgamiento o registro en el de la Propiedad, de acto y contrato alguno, en cuya virtud se declarase operada la comunicaci\u00f3n referida en vida de marido y mujer, y, de otro modo, no se podr\u00eda comprender ni explicar que la do\u00f1a Joaquina, que dec\u00eda andaba en desavenencias con su esposo, hasta el punto de haber planteado el divorcio, y a\u00f1ad\u00eda que malbarataba aqu\u00e9l los bienes para constituirse en insolvencia, no formalizara la oportuna reclamaci\u00f3n u otorgamiento, y solicitara la inscripci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n de bienes, en cuya virtud hiciera suya la mitad de la caser\u00eda “Erreguena”, si de no hacerlo constar as\u00ed en el Registro de la Propiedad, la enajenaci\u00f3n que hiciera su marido, como titular \u00fanico de la finca, no pod\u00eda, desde luego, ser atacado, con perjuicio de las adquirentes, como terceros hipotecarios, y no iba a cruzarse de brazos ante tales\n<\/p>\n

\n maquinaciones y enajenaciones, y dejar luego pasar hasta dieciocho a\u00f1os si entend\u00eda que el Juez habr\u00eda de decretar, el Notario autorizar y el Registrador inscribir la declaraci\u00f3n o el otorgamiento en que constar\u00eda su derecho a la mitad de finca; que a\u00fan prescindiendo de todo ello, y suponiendo que la comunicaci\u00f3n foral de los bienes del matrimonio tuviera existencia y surtiera sus efectos legales durante el mismo, y que el imperio de la ley s\u00e9ptima, t\u00edtulo 20, del Fuero fuese absoluto e incontrovertible, a\u00fan as\u00ed no pod\u00eda prosperar la pretensi\u00f3n contraria, porque esa ley se refer\u00eda claramente a las deudas que tuviera el marido, constante matrimonio, y la obligaci\u00f3n de que se trataba en el caso de autos fue contra\u00edda por el marido de la actora con mucha anterioridad al matrimonio, y como condici\u00f3n bajo la cual adquiri\u00f3 y aport\u00f3 al mismo la finca en cuesti\u00f3n; que la caser\u00eda “Erreguena”, con sus pertenecidos, y as\u00ed se dec\u00eda en la demanda, la hab\u00eda adquirido D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia, esposo de la actora, como heredero instituido en el testamento de su madre, do\u00f1a Dominga Gallarzagoitia, y con el gravamen impuesto en mismo, y que se le pudo imponer \u2013art\u00edculo 853 de C\u00f3digo civil\u2013, de abonar a su hermano, el demandado D. Jos\u00e9 Domingo, la cantidad de 8.250 pesetas, objeto de \u00e9sta, en la parte a la saz\u00f3n subsistente de la demanda, en cuya virtud, y en el juicio ejecutivo correspondiente, se hizo la venta, cuya nulidad se pretend\u00eda de adverso; y D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n acept\u00f3 la herencia de sus padres al fallecimiento de la sobreviviente de ellos el a\u00f1o 1894, y, por tanto, adquiri\u00f3 la finca de que se trataba, con la obligaci\u00f3n y carga referida a favor de su hermano, y esa finca y esa obligaci\u00f3n constituyeron su aportaci\u00f3n al matrimonio con la demandante a los cuatro a\u00f1os pr\u00f3ximamente, o sea en 1898, y, por lo tanto, si esto fue as\u00ed, la comunicaci\u00f3n entre marido y mujer, si tuvo lugar, de aquellos bienes, hubo de serlo en uni\u00f3n, y a la vez que esta deuda, a la cual estaban sujetos, y de la que ten\u00edan que responder en su totalidad, o dos mitades; que, adem\u00e1s, los demandados Sres. Ugalde y Muguira, aunque no estuvieran amparados de un modo decisivo, por lo dicho anteriormente, lo estar\u00edan en la adquisici\u00f3n de la finca de referencia por el precepto capital de la ley Hipotecaria, que en su art\u00edculo 23 consignaba el principio de que los t\u00edtulos no inscritos en Registro de la Propiedad no pod\u00edan perjudicar a tercero; y por eso, si la actora entend\u00eda que le asist\u00eda el derecho que trataba de hacer valer, lo deb\u00eda haber inscrito antes de la venta judicial de la finca, acreditando, al efecto, su vecindad civil del infanzonado y la consiguiente condici\u00f3n legal de aforada vizca\u00edna, si, en efecto, la ten\u00eda y conservaba, as\u00ed como la existencia de hijos de su matrimonio, y obteniendo en forma aut\u00e9ntica el reconocimiento o la declaraci\u00f3n competentes de su derecho a la mitad de la finca, y si no lo hizo, fue porque no quiso o no pudo, y una vez realizada la enajenaci\u00f3n de la finca, que estaba inscrita a nombre de su marido, sin limitaci\u00f3n alguna de dominio, y registrada esa enajenaci\u00f3n a favor de los compradores, ninguna acci\u00f3n ten\u00eda contra estos terceros, seg\u00fan los m\u00e1s elementales principios del derecho hipotecario; que, por otra parte, la acci\u00f3n de nulidad que la actora ejercitaba no pod\u00eda dirigirla,, no ten\u00eda eficacia, con relaci\u00f3n a los demandados, se\u00f1ores Ugalde y Mugira, seg\u00fan el art\u00edculo 34 de la ley Hipotecaria, porque el contrato otorgado a nombre de persona que como don Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia aparec\u00eda con derecho para ello, una vez inscrito no pod\u00eda invalidarse, en cuanto a las personas que, como el demandado D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia, contrat\u00f3 con el 6\n<\/p>\n

\n primero, por t\u00edtulo oneroso, aunque despu\u00e9s se resolviera el derecho del otorgante, en virtud del t\u00edtulo anterior, no inscrito, como ser\u00eda el supuesto de actora o de causes que, como las que \u00e9sta invocaba, no constaban claramente del mismo Registro; a\u00f1adiendo que a mayor abundamiento, conforme al art\u00edculo 38, no se anularan los contratos en perjuicio de terceros, que como estos demandados hubiesen inscrito su derecho por efecto de cualesquiera acciones que las leyes o fueros especiales concedieran a determinadas personas para rescindir contratos, en virtud de causas que no constasen expresamente de la inscripci\u00f3n; y, finalmente, que opon\u00edan la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n contra la acci\u00f3n de nulidad que ejercitaba de contrario, porque \u00e9sta no ten\u00eda m\u00e1s dura\u00adci\u00f3n que la de los cuatro a\u00f1os que se\u00f1ala el art\u00edculo 1.301 del C\u00f3digo civil, y a\u00fan admitiendo que debieran aplicarse al caso las reglas generales de la prescripci\u00f3n vizca\u00edna, era evidente que habi\u00e9ndose otorgado la venta de la caser\u00eda “Erreguena”, con sus pertenecidos, por escritura de 12 de agosto de 1911, hab\u00eda transcurrido desde entonces, con mucho tiempo, no s\u00f3lo el plazo de diez a\u00f1os que entre presentes fija la ley tercera del t\u00edtulo 20 del Fuero, sino tambi\u00e9n el de quince a\u00f1os que para la extinci\u00f3n de toda clase de acciones reales, personales y mixtas se\u00f1ala la ley primera del mismo t\u00edtulo como plazo m\u00e1ximo, seg\u00fan sentencia de 10 de junio de 1913; y terminando por suplicar que se dictase sentencia desestimando las pretensiones de la demanda y absolviendo en consecuencia de la misma a los demandados, y con imposici\u00f3n de costas a la actora:\n<\/p>\n

\n Resultando que con el anterior escrito acompa\u00f1aron los demandados entre otros documentos la escritura de venta judicial otorgada en 12 de agosto de 1911 ante el Notario de Guernica D. Aurelio Ortiz, y en la que se establece que el caser\u00edo de “Erreguena” fue aportado al matrimonio de do\u00f1a Joaquina de Legorburu y Axpe en virtud de escritura otorgada en Bilbao ante el Notario D. Isidro de Arquiaga, el 11 de agosto de 1898, inscribi\u00e9ndose en el Registro de Propiedad de Durango, al tomo quinto de Ibarruri, folio 30, finca n\u00famero 16, inscripci\u00f3n segunda; habiendo adquirido dicha finca el D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia, por donaci\u00f3n que le hizo su madre do\u00f1a Dominga de Gallarzagoitia, por s\u00ed, como comisaria de finado esposo D. Mart\u00edn de Du\u00f1abeitia, en testamento que otorg\u00f3 en 29 de marzo de 1894, en cuyo testamento nombr\u00f3 la do\u00f1a Dominga por su \u00fanico heredero y de su finado esposo al hijo de ambos D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n, habiendo \u00e9ste practicado la correspondiente informaci\u00f3n posesoria y aport\u00e1ndola despu\u00e9s a su matrimonio, seg\u00fan se ha dicho; acompa\u00f1ando tambi\u00e9n en los demandados copia de la escritura de venta otorgada en Guernica el 7 de febrero de 1928, ante el Notario don Aurelio Ortiz, por D. Juan Luis Ugalde a favor de D. Jos\u00e9 Muguira:\n<\/p>\n

\n Resultando que la actora al replicar mantuvo los hechos de la demanda, aclarando que la petici\u00f3n que hizo respecto al monte “Astoaga”, pertenecido que fue del caser\u00edo “Erreguena”, y cuya mitad se solicitaba en la demanda, se trataba de un error, porque, en efecto, dicho monte fue vendido por la actora en uni\u00f3n de su esposo, pero que no por ello pod\u00eda calificarse de temeraria a la demandante; y en derecho insisti\u00f3 en sus puntos de vista y en la nulidad del juicio ejecutivo de referencia, y caso de que no prosperase esa nulidad, ped\u00eda la de la venta en cuanto a la mitad de los bienes, insistiendo en que la mitad de dicha finca la hizo suya la demandante por virtud de la comunicaci\u00f3n foral;\n<\/p>\n

\n que no estaba conforme en que la ley s\u00e9ptima del t\u00edtulo 20 se refiriera a las deudas que el marido contrajera despu\u00e9s del matrimonio, porque aunque fuesen anteriores a \u00e9ste, y de ellas hubiera de responder con las fincas aportadas, ocurrir\u00eda o que las fincas val\u00edan m\u00e1s que el importe de la deuda, o que val\u00edan menos, y si lo primero, habr\u00eda una aportaci\u00f3n, y si lo segundo, no; pero en esa aportaci\u00f3n la mitad corresponder\u00eda a la mujer, y como en este caso, a\u00fan en el supuesto de que la deuda no estuviese pagada cuando se reclam\u00f3 su importe, la finca aportada val\u00eda mucho mayor cantidad que el legado que ten\u00eda que pagar, siempre resultar\u00eda que la mitad de esa aportaci\u00f3n era para la esposa, y a\u00fan concediendo la raz\u00f3n a la parte contraria, resultar\u00eda que a la mujer corresponder\u00eda la mitad de las fincas, con obligaci\u00f3n de pagar la mitad de legado; y que en cuanto a la prescripci\u00f3n que se alegaba en la contestaci\u00f3n, invocaba la demandante el art\u00edculo 1.973 del C\u00f3digo civil, y probar\u00eda que hab\u00eda reclamado a los demandados, habi\u00e9ndose, por tanto, interrumpido el tiempo para la prescripci\u00f3n a\u00f1adiendo que la actora no pudo ejercitar la acci\u00f3n antes de que muriese su esposo, seg\u00fan lo que dec\u00edan los demandados, puesto que \u00e9stos afirmaban que la comunicaci\u00f3n foral no ten\u00eda lugar hasta la disoluci\u00f3n del matrimonio, y, por consiguiente, hasta despu\u00e9s que falleciera, no pudo actora entablar la acci\u00f3n, y desde entonces no hab\u00edan transcurrido los a\u00f1os que se necesitaban con arreglo al Fuero para que prescribiese dicha acci\u00f3n; y suplicando en consecuencia se dictase sentencia declarando la nulidad del repetido juicio ejecutivo, o que la mitad del caser\u00edo “Erreguena”, con sus pertenecidos, eran de propiedad de la actora y de sus hijos, condenando a los demandados a otorgar la correspondiente escritura:\n<\/p>\n

\n Resultando que a su vez la representaci\u00f3n de los demandados, al duplicar insisti\u00f3 en los hechos y razonamientos de la contestaci\u00f3n, negando que la deuda objeto de dicho juicio ejecutivo estuviera anteriormente pagada al ejecutante; y en derecho insisti\u00f3 en que aunque los int\u00e9rpretes del Fuero no estuvieran de acuerdo en sus dict\u00e1menes sobre el caso de autos, y que, por consiguiente, se tratase de un caso dudoso de interpretaci\u00f3n de una cuesti\u00f3n foral, deb\u00eda dirimirse y resolverse como tal por aplicaci\u00f3n, como derecho supletorio, del general y com\u00fan, seg\u00fan los preceptos y doctrinas forales que se alegaban en la contestaci\u00f3n en la demanda; y que en cuanto a lo que se dec\u00eda de adverso sobre la prescripci\u00f3n, no hab\u00eda tales reclamaciones interruptores de la misma, y, por lo tanto, deb\u00eda prosperar la excepci\u00f3n opuesta en ese sentido, y terminando por suplicar se dictase sentencia de conformidad a lo solicitado en la contestaci\u00f3n a la demanda:\n<\/p>\n

\n Resultando que practicada la prueba, y seguido el juicio por sus restantes tr\u00e1mites, el Juez de primera instancia de Guernica en 28 de diciembre de 1929, dict\u00f3 sentencia, absolviendo a los demandados de la demanda de autos, y sin hacer expresa imposici\u00f3n de costas:\n<\/p>\n

\n Resultando que apelada dicha sentencia por do\u00f1a Joaquina Legorburu, y admitida la apelaci\u00f3n, se elevaron los autos a la Audiencia del territorio, y sustanciada la alzada con arreglo a derecho, en 30 de junio de 1931, la Sala de lo Civil de Audiencia territorial de burgos dict\u00f3 sentencia confirmatoria de la pronunciada por el Juez de\n<\/p>\n

\n primera instancia de Guernica, y, en su virtud, declar\u00f3 que la acci\u00f3n ejercitada por do\u00f1a Joaquina Legorburu, por s\u00ed y en nombre de su hijo menor Modesto Du\u00f1abeitia Legorburu, hab\u00eda prescrito al tiempo de ser deducida, y, por consecuencia, absolvi\u00f3 a los demandados D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia, don Juan Luis Ugalde y D. Jos\u00e9 Muguira y Orue, y sin hacer especial declaraci\u00f3n de costas en ninguna de las dos instancias:\n<\/p>\n

\n Resultando que el Procurador D. Francisco Javier Dago, a nombre de do\u00f1a Joaquina Legorburu, ha interpuesto recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley, fundado en los n\u00fameros primero y s\u00e9ptimo del art\u00edculo 1.692 de la de Enjuiciamiento civil, por los siguientes motivos:\n<\/p>\n

\n Primero.<\/strong>– Porque la sentencia recurrida, al no declarar la nulidad de la adjudicaci\u00f3n hecha en el procedimiento ejecutivo al ejecutante D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia, as\u00ed como la de la cesi\u00f3n que \u00e9ste hiciera al Sr. Ugalde, infringe por no aplicaci\u00f3n las leyes primera, s\u00e9ptima y novena del t\u00edtulo 20 del Fuero de Vizcaya, que determinan que los bienes aportados al matrimonio por el marido se hacen comunes; que en su virtud, el marido no puede vender bienes m\u00e1s que en su mitad, salvo que cuente con el otorgamiento de la mujer; y que una vez vendida esta mitad suya, no puede tener participaci\u00f3n en la otra mitad correspondiente a la mujer; y resultan infringidos estos preceptos, as\u00ed como el art\u00edculo cuarto del C\u00f3digo civil, que declara la mitad de los actos y contratos celebrados contra las disposiciones de la ley, por cuanto que de los documentos p\u00fablicos obrantes en autos, y que son: la escritura de venta judicial otorgada en 12 de agosto de 1911; escritura de compraventa otorgada en Guernica el 7 de febrero de 1928; testimonio de escritura de capitulaciones matrimoniales, se desprende, y queda patente, que el caser\u00edo denominado “Erreguena” se aport\u00f3 al matrimonio por D. Jos\u00e9 Ram\u00f3n Du\u00f1abeitia, mediante escritura p\u00fablica, inscrita en el Registro de la Propiedad, y que esto, no obstante, fue vendido todo ese caser\u00edo en juicio ejecutivo por deudas exclusivas del marido, y sin contar para nada con el consentimiento de la mujer, do\u00f1a Joaquina Legorburu, con lo que se infringen las disposiciones citadas del Fuero de Vizcaya, que proh\u00edben que se vendan los bienes aportados al matrimonio por deudas del marido, a no ser que se concrete la venta a la mitad, pues la otra mitad corresponde a la mujer, y no sale responsable del descubierto; y la sentencia recurrida, al no entenderlo as\u00ed, y al no declarar en consecuencia a la nuli\u00addad de aquella adjudicaci\u00f3n y cesi\u00f3n posterior, por haber sido llevadas a cabo contra una prohibici\u00f3n legal, viola los preceptos legales que se citan en este motivo; y asimismo, y al no tomar en consideraci\u00f3n los elementos de hecho en que descansa este motivo y que constan en los documentos p\u00fablicos que quedan rese\u00f1ados, la sentencia recurrida incide en error de derecho al apreciar esa prueba documental p\u00fablica, con infracci\u00f3n del art\u00edculo 1.218 del C\u00f3digo civil.\n<\/p>\n

\n Segundo.<\/strong>– Porque la sentencia recurrida, al declarar prescrita la acci\u00f3n que se ejercita, pidiendo la nulidad de la adjudicaci\u00f3n y cesi\u00f3n posterior realizada en el juicio ejecutivo, infringe el apotegma jur\u00eddico quod ab initio vitiosum est, non potest tracto tempore convalescere, sancionado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre\n<\/p>\n

\n otras en sentencia de 8 de noviembre de 1890; y, en efecto, trat\u00e1ndose de actos celebrados contra preceptos terminantes de la ley, son nulos de pleno derecho e inexistentes, seg\u00fan proclama el art\u00edculo cuarto de C\u00f3digo civil, que tambi\u00e9n se infringe, y, por tanto, imposibles de confirmaci\u00f3n por representar un estado de hecho contrario a la voluntad del legislador y al orden p\u00fablico y confirmaci\u00f3n supondr\u00eda al admitir que aquellas acciones, encaminadas al restablecimiento de la ley violada, pudieran prescribir, imposibilitando que el Derecho volviera a sus cauces; pues lo nulo de pleno derecho, como inexistente, no puede consolidarse, pues lo que no tiene vida, lo que no existe, con arreglo a la ley, no es posible se consolide; y la sentencia de este tribunal Supremo de 6 de marzo de 1909, viene a confirmar la doctrina que antecede, al decir que no puede perjudicar al demandado, que excepcional la inexistencia de un contrato, el tiempo transcurrido desde su celebraci\u00f3n; y claro es que al ser un derecho perpetuo cuando se ejercita como excepci\u00f3n, ha de serio tambi\u00e9n cuando se intenta como acci\u00f3n, por existir en ambos casos el mismo fundamento de justicia y equidad.\n<\/p>\n

\n Tercero.<\/strong>– Por incurrir adem\u00e1s la Sala sentenciadora en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, al no reconocer como viable la acci\u00f3n reivindicatoria ejercitada en la demanda contra D. Jos\u00e9 Muguira y Orue, como due\u00f1o actual del caser\u00edo “Erreguena”, acci\u00f3n encaminada a que la mitad de este caser\u00edo vuelva a poder de la recurrente, bas\u00e1ndose para desestimar su pretensi\u00f3n en que el t\u00edtulo que ostenta no figura inscrito en el Registro de la Propiedad, y que, por tanto, con arreglo a la ley Hipotecaria, no puede hacerse valer frente al del Sr. Muguira, que est\u00e1 debidamente inscrito; bas\u00e1ndose dicho error en documento aut\u00e9ntico, que es la escritura de venta judicial otorgada en 12 de agosto de 1911, ante el Notario de Guernica D. Aurelio Ortiz, y en la que establece que el caser\u00edo de “Erreguena” fue aportado al matrimonio de la recurrente, do\u00f1a Joaquina Legorburu aportaci\u00f3n que se inscribi\u00f3 en el Registro de la Propiedad de Durango, al torno quinto de Ibarruri, folio 30, finca n\u00famero 216, inscripci\u00f3n segunda, escritura que merece el concepto de documento aut\u00e9ntico, por haber sido presentada por la parte contraria con su escrito de contestaci\u00f3n a la demanda; figurando, por consiguiente, seg\u00fan resulta de ese documento, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, el t\u00edtulo de los demandantes, por lo que es notorio dicho error de hecho y la infracci\u00f3n por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 23 y 34 de la ley Hipotecaria, ya que estos preceptos se refieren y regulan el supuesto de hecho de que t\u00edtulo que se invoque no haya sido inscrito en el Registro de la Propiedad, o que las causas que se aleguen para pedir la nulidad del t\u00edtulo inscrito no consten claramente en el Registro, extremo este \u00faltimo que tampoco se da en este caso, pues inscrita la aportaci\u00f3n matrimonial en el Registro, cuantas transmisiones posteriores se llevaran a cabo, hab\u00edan de serlo con pleno conocimiento de esta aportaci\u00f3n, y, por tanto, de que \u00fanicamente se pod\u00eda transmitir por ambos c\u00f3nyuges de manera conjunta, como estable\u00adcen las disposiciones del Fuero de Vizcaya, que se citan como infringidas en el primer motivo del recurso; e igualmente al rechazar la sentencia recurrida, la acci\u00f3n ejercitada por la recurrente contra el due\u00f1o actual del caser\u00edo, bas\u00e1ndose en que \u00e9ste tiene inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad, mereciendo el concepto de tercero, infringe\n<\/p>\n

\n por no aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 33 de la ley Hipotecaria, que dice que las inscripciones no convalidan los actos o contratos que sean nulas, con arreglo a las leyes; y la jurisprudencia, corroborando este precepto, y contenida en sentencias de 11 de enero de 1888 y 26 de octubre de 1899; y, por \u00faltimo, el art\u00edculo 27 de la ley Hipotecaria, interpretado por el Tribunal Supremo, y seg\u00fan el que no merece el concepto de tercero, ni por tanto goza de las preeminencias contenidas en esta ley, el que si bien no interviene en el acto o contrato inscrito, tuvo, no obstante, conocimiento de las cargas que gravitaban sobre la finca (sentencia de 8 de octubre de 1885 y de febrero de 1896), como tampoco merece el concepto de tercero el que por lo ostensible e indubitado del derecho reclamado no puede alegar ignorancia del mismo (sentencia de 14 octubre de 1905); y como consecuencia, figurando dicho t\u00edtulo inscrito en el Registro de la Propiedad, y constando por consiguiente, que el caser\u00edo “Erreguena” era propiedad de la sociedad matrimonial, los adquirentes posteriores de ese caser\u00edo, de persona distinta a la dicha sociedad matrimonial no pueden atribuirse car\u00e1cter tercero, pues de Registro resulta de manera indudable lo vicioso de su adquisici\u00f3n, sin que puedan pretender que el hecho de haber inscrito \u00e9sta convalide todo defecto, por cuanto que la inscripci\u00f3n carece de esta eficacia y alcance; y al sentencia recurrida, al no consagrar esta doctrina, infringe los preceptos legales en que se fundamente, y debe, en su virtud, ser objeto de casaci\u00f3n; y\n<\/p>\n

\n Cuarto.<\/strong>– Por incurrir finalmente la Sala sentenciadora en infracci\u00f3n, adem\u00e1s de los preceptos legales invocados en los motivos del precepto contenido en la ley primera, t\u00edtulo 11, del Fuero de primero y segundo de este recurso, y que se dan por reproducidos, Vizcaya, que establece para las acciones reales la prescripci\u00f3n de quince a\u00f1os, en cuanto la sentencia recurrida declara prescrita la acci\u00f3n reivindicatoria, por entender que debe partirse para hacer el c\u00f3mputo desde el 20 de julio de 1911, en que tuvo lugar la adjudicaci\u00f3n del caser\u00edo en el procedimiento ejecutivo; y esta infracci\u00f3n, que se da s\u00f3lo en cuanto al poseedor actual de caser\u00edo, D. Jos\u00e9 Muguira y Orue, resulta manifiesta del t\u00edtulo de propiedad del mismo, consistente en la escritura de compraventa otorgada en Guernica en 7 febrero de 1928, ante el Notario don Aurelio Ortiz, pues si la adquisici\u00f3n tuvo lugar en el citado a\u00f1o 1928, hasta la fecha del planteamiento del pleito no han transcurrido los quince a\u00f1os que precept\u00faa al Fuero de Vizcaya en la ley y t\u00edtulo que se invocan como infringidos, sin que pueda hablarse de que al poseedor actual aprovecha la posesi\u00f3n de un causahabiente que lo era D. Juan Luis Ugalde, por cuanto que seg\u00fan los preceptos legales citados en los motivos primero y segundo de este recurso, y que se dan por reproducidos, la posesi\u00f3n de \u00e9ste era ineficaz, porque su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n violaba los preceptos de la ley, siendo en consecuencia, inexistente y nulo de pleno derecho e incapaz de confirmaci\u00f3n por el transcurso del tiempo; y al no proclamar la sentencia recurrida esa doctrina, adem\u00e1s de infringir los preceptos legales que quedando invocados, incurre al prescindir de los elementos de hecho en que descansa este motivo en error de derecho al apreciar la prueba, pues prescinde de la escritura de compraventa antes relacionada, de fecha 7 de febrero de 1928, y no da fuerza ni valor a esta fecha, con infracci\u00f3n del art\u00edculo 1.218 del C\u00f3digo civil:\n<\/p>\n

\n Visto siendo Ponente el Magistrado D. Jos\u00e9 Oppelt.\n<\/p>\n

\n Considerando que la Sala sentenciadora, al no declarar la nulidad de la adjudicaci\u00f3n hecha en el procedimiento ejecutivo al ejecutante D. Jos\u00e9 Domingo Du\u00f1abeitia, as\u00ed como la de la cesi\u00f3n que \u00e9ste hiciera al D. Luis Ugalde de tal adjudicaci\u00f3n, no infringi\u00f3 las leyes primera, s\u00e9ptima y novena del t\u00edtulo 20 del Fuero de Vizcaya, citadas por recurrente, ya que el Tribunal a quo no niega ni desconoce la Comunicaci\u00f3n foral invocada por el recurrente, pues la Sala se limita a declarar que ha prescrito la acci\u00f3n que pretende ejercitar la parte demandada al amparo de dichas disposiciones; y, por tanto, debe ser desestimado el primero de los motivos en que se apoya el presente recurso:\n<\/p>\n

\n Considerando que tampoco infringe la Sala sentenciadora el principio de derecho citado en el segundo de los motivos, pues sea cualquiera la apreciaci\u00f3n que merezca al recurrente, en orden a su validez o nulidad, la adjudicaci\u00f3n de bienes hecha en el juicio de referencia y la cesi\u00f3n de los mismos al demandado se\u00f1or Ugalde, es lo cierto que tales actos jur\u00eddicos no pueden considerarse nulos, a base de su inexistencia; ya que los mismos tuvieron una efectividad generadora de derechos y obligaciones, en orden a la validez o nulidad de los mismos; y estim\u00e1ndose con acierto por el Tribunal a quo que tanto la acci\u00f3n para pedir la nulidad del juicio ejecutivo, como la que pudiera tener la actora para pedir la nulidad de la adjudicaci\u00f3n de bienes hecha en el mismo, han prescrito, por haber transcurrido m\u00e1s de los quince a\u00f1os que la ley primera, t\u00edtulo 12, del Fuero de Vizcaya, se\u00f1ala para el ejercicio de toda clase de acciones reales y personales, es visto que debe tambi\u00e9n ser desestimado el segundo de los motivos en que se funda el recurso interpuesto:\n<\/p>\n

\n Considerando que la Sala sentenciadora no incide en el error de hecho alegado por el recurrente en el tercer motivo del recurso, pues el Tribunal a quo no niega que la finca adjudicada en el juicio ejecutivo fuera aportada por el marido de la recurrente; pues lo que el Tribunal de instancia tiene en cuenta para dictar su fallo es que a\u00fan aportada, han prescrito las acciones ejercitadas en la demanda, sin que tampoco infrinja la Sala los art\u00edculos 23 y 34 de la ley Hipotecaria, pues a\u00fan declarada la nulidad del juicio ejecutivo, las disposiciones de este \u00faltimo art\u00edculo amparar\u00edan siempre a los terceros que adquieran de quien en el Registro aparec\u00eda con derecho para enajenar:\n<\/p>\n

\n Considerando que tampoco infringe la sentencia recurrida la ley primera, t\u00edtulo 12, del Fuero de Vizcaya, que establece para la prescripci\u00f3n de las acciones reales el t\u00e9rmino de quince a\u00f1os; pues es evidente que la posesi\u00f3n del demandado D. Jos\u00e9 Muguira y Orue en finca adquirida por el mismo, a los efectos de la acci\u00f3n reivindicatoria entablada, ha de contarse con referencia a esta prescripci\u00f3n, no desde el momento en que el mismo adquiri\u00f3 la finca, en 7 de febrero de 1928, sino desde el 12 de agosto de 1911, en que adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n de la misma su causante D. Jos\u00e9 Luis Ugalde, todo ello conforme a lo preceptuado en el p\u00e1rrafo primero del art\u00edculo 1.960 del C\u00f3digo civil; y, por tanto, habiendo transcurrido m\u00e1s de quince a\u00f1os desde el 12 de\n<\/p>\n

\n agosto de 1911, el 27 de febrero de 1929, en que se interpuso la demanda, sin que se haya justificado que ese t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n se haya interrumpido, es manifiesto que debe tambi\u00e9n ser desestimado el motivo cuarto del presente recurso:\n<\/p>\n

\n Considerando que los derechos y acciones de seguridad y garant\u00eda que a la demandante pudieran corresponder conforme a las leyes del Fuero de Vizcaya, en orden a los bienes objeto de la Comunicaci\u00f3n foral, pudieron ejercitarse desde el momento en que los bienes de que se trata fueron adjudicados en pago de deudas del marido, o sea desde la fecha 12 de agosto de 1911; y no habi\u00e9ndose ejercitado tal acci\u00f3n desde la interposici\u00f3n de la demanda objeto de este juicio en 27 de febrero de 1929, es visto que habiendo transcurrido con exceso el t\u00e9rmino de quince a\u00f1os que para la prescripci\u00f3n de toda clase de acciones se\u00f1ala la ley primera, t\u00edtulo 12, del Fuero de Vizcaya deben estimarse prescritas cuantas acciones pretende ostentar la demandante en orden a tales derechos, como consecuencia de la Comunicaci\u00f3n foral; y, por tanto, debe ser desestimado el presente recurso:\n<\/p>\n

\n FALLAMOS<\/strong>\n<\/p>\n

\n Que debemos declarar, y declaramos, no haber lugar al recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley interpuesto por do\u00f1a Joaquina Legorburu y Axpe, por s\u00ed, y en representaci\u00f3n legal de su hijo menor Modesto Du\u00f1abeitia Legorburu, a la que condenamos al pago de las costas y a la p\u00e9rdida de la cantidad que por raz\u00f3n de dep\u00f3sito debi\u00f3 constituir, a la que, en su caso, se dar\u00e1 el destino que previene la ley; y l\u00edbrese a la Audiencia territorial de Burgos la certificaci\u00f3n correspondiente, con devoluci\u00f3n del apuntamiento que ha remitido.\n<\/p>\n

\n As\u00ed por nuestra sentencia, que se publicar\u00e1 en la Gaceta de Madrid e insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa, pas\u00e1ndose al efecto las copias necesarias; lo pronunciamos, mandamos y firmamos.\u2013 Jer\u00f3nimo Gonz\u00e1lez.\u2013 Jos\u00e9 Oppelt.- Jos\u00e9 Manuel Puebla.\u2013 Felipe Fern\u00e1ndez y Fern\u00e1ndez de Quir\u00f3s.\u2013 Jos\u00e9 Fern\u00e1ndez Orbeta.\u2013 Aurelio Ballesteros.\u2013 Franciso Javier Elola.\n<\/p>\n

\n Publicaci\u00f3n.\u2013 Leida y publicada fue la sentencia anterior por el Excmo. Sr. D. Jos\u00e9 Oppelt, Magistrado del Tribunal Supremo celebrando audiencia p\u00fablica la Sala de lo Civil del mismo en el d\u00eda hoy, de que certifico como Secretario del misma.\n<\/p>\n

\n Madrid, a 6 de julio de 1932.\u2013 Ante m\u00ed, Domingo Salazar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una mujer casada en comunicaci\u00f3n foral pide anular el juicio ejecutivo en que, por una deuda de su marido con su hermano, se adjudic\u00f3 el caser\u00edo que el marido aport\u00f3 al matrimonio en Ibarruri, o que se le reconozca la mitad. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso: sin negar la comunicaci\u00f3n foral, las acciones prescribieron al pasar m\u00e1s de los quince a\u00f1os de la ley 1 del t\u00edtulo 12 del Fuero desde la adjudicaci\u00f3n, plazo en que el comprador actual suma la posesi\u00f3n de su transmitente.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[657,1112,1127],"materia":[1180,1232],"organo":[1874],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11301","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-comunicacion-foral","tag-liquidacion-comunicacion-foral","tag-prescripcion-de-acciones","materia-derecho-procesal-y-fuero","materia-la-comunicacion-foral-de-bienes-en-bizkaia","organo-tribunal-supremo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11301"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11301"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11301"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11301"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}