{"id":11271,"date":"2025-10-06T18:37:37","date_gmt":"2025-10-06T16:37:37","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sts-de-8-de-mayo-de-1926-2\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:20","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:20","slug":"sts-de-8-de-mayo-de-1926-2","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sts-de-8-de-mayo-de-1926-2\/","title":{"rendered":"STS de 8 de mayo de 1926"},"content":{"rendered":"

\n STS de 8 de mayo de 1926<\/strong>\n<\/p>\n

\n En la villa y Corte de Madrid, a 8 de mayo de 1926, en los autos juicio declarativo de mayor cuant\u00eda seguidos en el Juzgado de primera instancia del distrito del ensanche, de Bilbao, y ante la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de Burgos, por don Antonio de Acha y Uriarte, comerciante y propietario y vecino de Guecho, contra do\u00f1a Carmen Corrons y Aldecoa, sin profesi\u00f3n determinada y de la misma vecindad; y D. Eladio Ibarra Sustacha y D. Policarpo Eguiraun Cortina, comerciantes y vecinos igualmente de Guecho, como albaceas de D. Juan Antonio de Acha y Encera, sobre declaraci\u00f3n de derechos y otros extremos; pendiente ante Nos en virtud de recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley, interpuesto por el demandante, don Antonio de Acha y Uriarte, bajo la representaci\u00f3n del Procurador D. Victorino Sanz y la direcci\u00f3n del Letrado D. Julio Wais, habiendo comparecido los demandados y recurridos bajo la del Procurador D. Santos de Gandarillas y la direcci\u00f3n de los Letrados D. Enrique Ocio y D. Rafael Salazar, respectivamente:\n<\/p>\n

\n Resultando que en 19 de octubre de 1908, D. Juan Antonio de Acha y Encera, vecino de la anteiglesia de Guecho, y do\u00f1a Carmen Corrons Aldecoa, otorgaron en Bilbao, ante el Notario D. Laureano Tejada, escritura de capitulaciones matrimoniales, estipul\u00e1ndose en la misma, entre otras, las siguientes cl\u00e1usulas: “Segunda. Que dicho matrimonio \u2013el que hab\u00edan de celebrar los otorgantes\u2013 se entender\u00e1 que se contrae bajo el r\u00e9gimen de la sociedad legal de gananciales, sin que la contrayente, do\u00f1a Carmen Corrons, aporte al consorcio, por su parte, cosa ni cantidad alguna.\u2013 Tercera. El D. Juan Antonio Acha aporta a su proyectado matrimonio la cantidad de 673.941,75 pesetas, a que asciende hoy su capital l\u00edquido, seg\u00fan consta en el inventario suscrito por el mismo, que con referencia a sus libros me presenta y deja unido a la presente escritura, for\u00admando parte de ella, y copiado a la letra, es como sigue”: haci\u00e9ndose a continuaci\u00f3n una detallada relaci\u00f3n de todos los bienes de la propiedad del se\u00f1or Acha, que aparecen clasificados bajo los cap\u00edtulos Valores, Propiedades mineras, Cr\u00e9ditos, Mobiliario y Seguro de vida.\u2013 Cuarta. Que en consideraci\u00f3n a las circunstancias personales que concurr\u00edan en la contrayente, do\u00f1a Carmen Corrons, su futura esposa, el D. Juan Antonio Acha constituida dote estimada, a favor de la misma, en la cantidad de 25.000 pesetas efectivas, cuya suma habr\u00eda de considerarse deducida de la aportaci\u00f3n hecha por el mismo D. Juan Antonio en el precedente p\u00e1rrafo. Que la presente dote no ser\u00eda asegurada con hipoteca por el donante, Sr. Acha, ya que \u00e9sta era voluntad del mismo.\u2013 Quinta. Que para el caso de que el proyectado matrimonio del D. Juan Antonio Acha y do\u00f1a Carmen Corrons se disolviera sin sucesi\u00f3n, por muerte de la \u00faltima, dote volver\u00eda \u00edntegra al D. Juan Antonio Acha; pero que si ese matrimonio se disolviese sin sucesi\u00f3n por fallecimiento del D. Juan Antonio Acha, quedar\u00eda la dote en beneficio de do\u00f1a Carmen Corrons.\u2013 y Sexta. Que do\u00f1a Carmen Corrons y Aldecoa reconoc\u00eda como capital privativo del D. Juan Antonio Acha la suma dicha que \u00e9l aportaba al matrimonio, con la deducci\u00f3n de las 25.000 pesetas expresadas, a fin de que, a la\n<\/p>\n

\n disoluci\u00f3n del matrimonio, le fuese pagada aquella suma, una vez satisfecha la dote a la do\u00f1a Carmen, quedando el resto de los bienes, si resultase escaso, con la cualidad de gananciales del consorcio”:\n<\/p>\n

\n Resultando que en 18 de enero de 1915, y ante el Notario de Bilbao D. Felipe Barrena, D. Francisco Moreno Acha y Uriarte, hijo del D. Juan Antonio de Acha y Encera, cedi\u00f3 a \u00e9ste los bienes que en la escritura otorgada en dicha fecha se relacionan, a cambio de una pensi\u00f3n vitalicia de 700 pesetas mensuales, que su padre deb\u00eda pagarle mientras el D. Francisco estuviese sometido a su curaci\u00f3n en el Sanatorio de Busot, provincia de Alicante, o de 300 pesetas, tambi\u00e9n mensuales, si no tuviera aqu\u00e9l necesidad de permanecer en dicho establecimiento, siendo de inter\u00e9s reproducir la cl\u00e1usula tercera de dicha escritura, que dice as\u00ed: “Convienen tambi\u00e9n los otorgantes en que cuando el D. Francisco concluya su carrera de Farmac\u00e9utico y quiera instalar una farmacia para el ejercicio de su profesi\u00f3n, as\u00ed como si contrae matrimonio can\u00f3nico, siempre que ambas cosas las haga, o cualquiera de ellas, con las anuencia, y consentimiento de su padre, el D. Juan Antonio de Acha, se obliga \u00e9ste con todos sus bienes, presentes y futuros, a entregarle al don Francisco la cantidad l\u00edquida en met\u00e1lico que ambos convengan, en cuyo caso cesar\u00eda por completo la obligaci\u00f3n de entregarle dicha pensi\u00f3n vitalicia, consignada anteriormente”: constando tambi\u00e9n de autos que por documento aut\u00e9ntico, otorgado en 23 de junio de 1918, el D. Juan Antonio de Acha y Encera confiri\u00f3 a su hijo D. Juan Antonio de Acha y Uriarte, demandante que ha sido en encargo de prestar consentimiento al matrimonio que \u00e9ste pudiera intentar celebrar, a los fines de que se cumpliera dicha condici\u00f3n tercera de la escritura referida anteriormente:\n<\/p>\n

\n Resultando que en 30 de junio de 1918 falleci\u00f3 el D. Juan Antonio de Acha y Encera en la anteiglesia de Guecho, bajo testamento, otorgado ante el Notario de Bilbao D. Francisco Hurtado de Saracho el 5 de junio de 1917, en el cual despu\u00e9s de instituir diversos legados, declar\u00f3 como \u00fanicos universales herederos a sus nombrados hijos D. Antonio y D. Francisco, por partes iguales; y nombrando en el mismo testamento albaceas contadores partidores y a D. Policarpo Eguiraun Cortin\u00e1 y D. Hilario Ibarra Sustacha, facult\u00e1ndoles para que, una vez ocurrido el fallecimiento del otorgante, se apoderasen de sus bienes y “reciban cr\u00e9ditos, renta e intereses; paguen legados y deudas leg\u00edtimas: “den, tomen y liquiden cuentas; extraigan cantidades, valores o efectos de todas clases que se hallaren en Bancos, Cajas de Ahorros, Sociedades o particulares hagan nuevas imposiciones, y practiquen y formalicen las operaciones de inventario, aval\u00fao, liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bines con arreglo a las leyes y a este testamento; todo ello con la misma fuerza y valor como si fuera hecho por el testador, quien proh\u00edbe en absoluto la intervenci\u00f3n judicial”.\n<\/p>\n

\n Resultando que, a pesar de esto, el D. Antonio de Acha y Uriarte y su hermano D. Francisco promovieron, con fecha 6 de mayo de 1919, ante el Juzgado de primera instancia del distrito del Ensanche, de Bilbao, juicio voluntario de testamentaria, que se tuvo por promovido por providencia dictada por el juzgado al siguiente d\u00eda,\n<\/p>\n

\n notific\u00e1ndose esa resoluci\u00f3n en la misma fecha a los albaceas testamentarios del difunto; y \u00e9stos, a su vez, con intervenci\u00f3n de do\u00f1a Carmen Corrons y Aldecoa, otorgaron en 13 de junio del mismo a\u00f1o de 1919 una escritura particional de los bienes dejados por el don Juan Antonio de Acha y Encera, marido que fue de la do\u00f1a Carmen, estim\u00e1ndose como gananciales el mayor valor de los bienes, a la muerte del causante, del que se les asign\u00f3 en la escritura de capitulaciones, y tambi\u00e9n como gananciales los aumentos de valor de los bienes cedidos al Don Juan Antonio de Acha por su hijo D. Francisco; y los mismos albaceas dieron despu\u00e9s cuenta al Juzgado de la protocolizaci\u00f3n de las operaciones divisorias del caudal relicto, solicitando la suspensi\u00f3n de las diligencias del juicio voluntario de testamentaria promovida por los hermanos D. Antonio y D. Francisco, a cuya pretensi\u00f3n se adhiri\u00f3 la do\u00f1a Carmen Corrons, oponi\u00e9ndose a la misma la representaci\u00f3n de aquellos herederos, quienes solicitaron que se prosiguieran las diligencias que hab\u00edan incoado en el juicio de testamentaria y que se ordenaran las oportunas medidas para la seguridad de los bienes:\n<\/p>\n

\n Resultando que sustanciado este incidente por sus tr\u00e1mites, el Juzgado, con fecha 24 de Diciembre de 1920, dict\u00f3 auto no dando lugar a sobreseer en el juicio voluntario de testamentaria, no obstante lo cual, dispuso se librar\u00e1n comunicaciones al Banco de Bilbao, al Cr\u00e9dito de la Uni\u00f3n Minera y al Banco Hispano-Americano, particip\u00e1ndoles que los valores y met\u00e1lico existentes en dichos establecimientos bancarios que pertenec\u00edan a D. Juan Antonio de Acha y Encera quedasen libres de toda retenci\u00f3n, por virtud de este acuerdo; y no dando lugar a tramitar y decidir la solicitud de alimentos formulada por do\u00f1a Carmen Corons, ni a lo dem\u00e1s interesado practicadas por D. Policarpo Eguiraun y D. Eladio Ibarra, como albaceas contadores y partidores nombrados por el causante, don Juan Antonio de Acha y Encera, con el concurso y aprobaci\u00f3n de la viuda, do\u00f1a Carmen Corrons, las operaciones de inventario, particionales y de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y del caudal relicto, que fueron protocoladas por instrumento p\u00fablico de 13 de Junio de 1919, y autorizadas por el Notario de Bilbao D. Celestino Mar\u00eda del Arenal, se hab\u00eda creado un estado de derecho, nacido del cumplimiento de la voluntad del testador, y al amparo del art\u00edculo 1.057 del C\u00f3digo civil, que mientras subsistiese, ten\u00eda que producir las consecuencias legales inherentes a su naturaleza, tanto entre los part\u00edcipes de la herencia como en el incidente que se sustanciaba; y la primera de estas consecuencias era que los herederos forzosos de D. Juan Antonio Acha estaban obligados a pasar por la expresada partici\u00f3n, en tanto no obtuviesen su rescisi\u00f3n o anulaci\u00f3n en el juicio ordinario correspondiente, por perjudicar su leg\u00edtima o por otras causas establecidas en las leyes, lo que tambi\u00e9n supon\u00eda, de acuerdo con el art\u00edculo 1.046 de la ley procesal, que en este juicio no pod\u00eda practicarse el inventario, aval\u00fao, liquidaci\u00f3n y divisi\u00f3n de los bienes relictos, operaciones, que, por otra parte, serian ineficaces y carecer\u00edan de todo valor; y que si la partici\u00f3n legalmente hecha, a tenor del art\u00edculo 1.068 del C\u00f3digo civil, como era la practicada por albaceas contadores, con la intervenci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del c\u00f3nyuge sobreviviente, confer\u00eda a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hab\u00edan sido adjudicados; y si, adem\u00e1s, D. Policarpo Eguiraun y D. Eladio Ibarra estaban\n<\/p>\n

\n facultados por el testador para apoderarse de sus bienes, reclamar y percibir cr\u00e9ditos, rentas e intereses, pagar legados, deudas leg\u00edtimas, dar, tomar y liquidar cuentas, y extraer cantidades, valores y efectos de todas clases que se hallasen en Bancos, Cajas de Ahorros, Sociedades o particulares, y hacer nuevas imposiciones, resultaba evidente que, sin infringir el art\u00edculo 1.096 de la ley de enjuiciamiento civil, no pod\u00eda decretarse nada que contrariase las normas fijadas por el testador para la administraci\u00f3n de su caudal hasta entregarlo a los herederos; y en consecuencia, proced\u00eda desde luego dejar sin efecto las intervenciones y retenciones de valores acordadas en estos autos, y librar las comunicaciones solicitadas por do\u00f1a Carmen Corrons:\n<\/p>\n

\n Resultando que D. Antonio Acha y Uriarte solicit\u00f3 reforma de dicho auto, que le fue denegada, interponiendo entonces el oportuno recurso de apelaci\u00f3n, y tramitada \u00e9sta con arreglo a derecho, la Sala de lo Civil de la Audiencia, territorial de Burgos, por el suyo de fecha 11 de febrero de 1922, confirm\u00f3 el del inferior, de 13 de enero de 1921, que declar\u00f3 no haber lugar a reponer el de fecha 24 de diciembre de 1920, de que se ha hecho relaci\u00f3n, y en cuanto por \u00e9l se acord\u00f3 hacer saber a diferentes entidades bancarias que quedaban libres de toda retenci\u00f3n los valores objeto del incidente; y con imposici\u00f3n de costas al apelante:\n<\/p>\n

\n Resultando que durante la sustanciaci\u00f3n de este incidente, don Francisco de Acha y Uriarte contrajo matrimonio, y en 2 de mayo de 1920 falleci\u00f3 sin dejar descendientes ni ascendientes, quedando, por lo tanto, como \u00fanico heredero su hermano D. Antonio, que fue declarado tal por el Juzgado de primera instancia del distrito del Centro, de Bilbao, en fecha 30 de diciembre de 1920:\n<\/p>\n

\n Resultando que con estos antecedentes el Procurador D. Mariano de Ar\u00f3stegui, a nombre del D. Antonio de Acha y Uriarte, dedujo ante el Juzgado de primera instancia del distrito del Ensanche, de Bilbao, demanda en juicio declarativo de mayor cuant\u00eda contra los albaceas testamentarios nombrados por su difunto padre, en su relacionado testamento y contra la viuda do\u00f1a Carmen Corrons, solicitando que se dictase sentencia en la que se declarase: primero, que como heredero de su padre era propietario proindiviso de todos los bienes y derechos de aqu\u00e9l; segundo, que tambi\u00e9n lo era de los libros y documentos del causante, pose\u00eddos por los albaceas, quienes deb\u00edan ponerlos a disposici\u00f3n del demandante; tercera, que las operaciones divisorias del caudal relicto practicadas por los albaceas testamentarios demandados, en 13 de junio de 1919, eran ineficaces y a nada le obligaban, debi\u00e9ndose practicar las que correspondieran en el juicio voluntario de testamentaria, que el demandante hab\u00eda iniciado: cuarto, que al liquidarse la sociedad conyugal, deb\u00edan adjudicarse a D. Antonio de Acha los bienes que se rese\u00f1aban en la escritura de capitulaciones matrimoniales, sin consideraci\u00f3n al mayor o menor valor que tuvieran, o al precio obtenido en la enajenaci\u00f3n de ellos, sin hacer m\u00e1s deducciones que las de la dote a la viuda, y los abonos y expensas de todas clases realizados durante el consorcio; quinto, que se devolviera al demandante D. Antonio de Acha como heredero de su hermano D. Francisco, los bienes que \u00e9ste cedi\u00f3 a su padre por la referida escritura; y sexto, que las operaciones particionales realizadas\n<\/p>\n

\n por los albaceas carec\u00edan de eficacia y deb\u00edan modificarse con arreglo a lo que dejaba consignado en los n\u00fameros precedentes; y condenando en consecuencia, a dichos alba- ceas y a la Do\u00f1a Carmen Corrons a estar y pasar por estas declaraciones y hacer lo que en virtud de ellas les incumbiera, y con imposici\u00f3n de costas, haciendo en apoyo de estas pretensiones una relaci\u00f3n de hechos, sustancialmente conforme con la expuesta, y a\u00f1adiendo en derecho: que aunque el art\u00edculo 1.039 de la ley de Enjuiciamiento civil s\u00f3lo proh\u00edbe a los herederos voluntarios y a los acreedores de parte al\u00edcuota promover el juicio voluntario de testamentaria cuando el testador lo haya prohibido expresamente, no incluye en la prohibici\u00f3n a los herederos forzosos, los cuales siempre tienen expedito su derecho para promover el juicio universal; que en la escritura de capitulaciones matrimoniales, se pact\u00f3 expresamente el r\u00e9gimen de la Sociedad de gananciales, y en parte alguna de dicha escritura de desprendi\u00f3 el marido de la propiedad de los bienes que eran privativos suyos, ni se los cedi\u00f3 a su esposa, ni en todo ni en parte, sino que hizo constar simplemente que los aportaba al matrimonio, bajo el r\u00e9gimen de esa sociedad de gananciales; y hubiera sido necesario que expresamente se hubiera pactado la cesi\u00f3n de parte de esos bienes, y la comunicaci\u00f3n de la propiedad de los mismos a la esposa para que pudiera ser \u00e9ste el sentido de la cl\u00e1usula y para que se admitiera la realidad de la enajenaci\u00f3n, aunque fuera parcial; y que lo \u00fanico que cedi\u00f3 el padre del demandante a su esposa D.\u00aa Carmen fueron las 25.000 pesetas con que la dot\u00f3 sobre las cuales por lo tanto no exist\u00eda cuesti\u00f3n; que era terminante la cl\u00e1usula 2.\u00aa de la escritura de capitulaciones matrimoniales y ni sus palabras ni su esp\u00edritu ofrec\u00edan duda alguna de que se constituy\u00f3 como se ha repetido la sociedad de gananciales; debiendo tenerse presente que, seg\u00fan la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando en los contratos se emplean palabras que tienen una significaci\u00f3n jur\u00eddica determinada, deb\u00edan entenderse en ese mismo sentido legal y no en cualquiera otra acepci\u00f3n distinta de la que se presum\u00eda quisieron darle los otorgantes, que si en dicha escritura se hizo la valoraci\u00f3n de los bienes, fue para completar su descripci\u00f3n y apreciarlos de una manera exacta, para el momento de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, y esta valoraci\u00f3n se hac\u00eda siempre y serv\u00eda para la liquidaci\u00f3n futura cuando los bienes no existen y se ignora el producto que con su enajenaci\u00f3n se obtuvo; que no reg\u00edan en este particular los preceptos de la ley referentes a la dote estimada o inestimada, pues el marido conserva la propiedad de los bienes que aporta el matrimonio, aunque afect\u00e1ndolos, a las cargas bienes que aporta el matrimonio, aunque afect\u00e1ndolos a las cargas de \u00e9ste, en la medida y el orden establecidos por la misma ley; y en cuanto al contrato de cesi\u00f3n de bienes celebrado entre el Sr. Acha, padre, y su hijo D. Francisco, la interpretaci\u00f3n racional del mismo era considerar a aqu\u00e9l como un mero administrador de los bienes que recibi\u00f3 del hijo, y que, por tanto, la escritura le impon\u00eda, por ser \u00e9sta su intenci\u00f3n, la obligaci\u00f3n de entregar al D. Francisco, en los casos fijados en dicha escritura, los bines mismos recibidos la cantidad l\u00edquida equivalente a su valor en la fecha en que fueron devueltos, y estimar que igualmente entr\u00f3 en la intenci\u00f3n de los contratantes considerarse como celebrado a satisfacci\u00f3n de su padre D. Juan Antonio el matrimonio can\u00f3nico que pudiera celebrar el D. Francisco con consentimiento de su hermano el demandante; y que eran ineficaces, por todo lo dicho, las operaciones testamentarias realizadas por los\n<\/p>\n

\n albaceas y por la viuda do\u00f1a Carmen Corrons, realizadas por los albaceas y por la viuda do\u00f1a Carmen Corrons, quienes no deb\u00edan dificultar las operaciones de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugar y testamentarias del D. Juan de Acha y Encera; invocando numerosos art\u00edculos del C\u00f3digo civil y sentencias del Tribunal Supremo, y terminando con la s\u00faplica expuesta; habiendo acompa\u00f1ado con el escrito varios documentos en relaci\u00f3n con los extremos alegados:\n<\/p>\n

\n Resultando que el procurador D. Jos\u00e9 P\u00e9rez Salazar, en representaci\u00f3n de los albaceas D. Policarpo Eguiraun y D. Eladio Ibarra, contest\u00f3 a la anterior demanda oponi\u00e9ndose a la misma, por entender que no ten\u00edan personalidad para intervenir en el litigio, ya que llamados al pleito como tales albaceas del D. Juan Antonio Acha y Encera, seg\u00fan expresi\u00f3n textual del encabezamiento de la demanda y contenido de la s\u00faplica, era evidente esa falta de personalidad que alegaban, ya que, adem\u00e1s, hab\u00edan cesado hac\u00eda tiempo en su doble cargo de albaceas y contadores partidores, por haber dado t\u00e9rmino a su cometido protocolizando las operaciones testamentarias el 13 de Junio de 1919, y por haber expirado el d\u00eda 30 del mismo mes y a\u00f1o el plazo legal del albaceazgo y la contaduria, sin haber sido prorrogado; y terminando, en consecuencia, por suplicar se dictara sentencia, en la que, estim\u00e1ndose esa excepci\u00f3n de falta de personalidad que alegaba, o bien la falta de acci\u00f3n contra ellos, se desestimara la demanda, con imposici\u00f3n de costas al actor; habiendo acompa\u00f1ado varios documentos:\n<\/p>\n

\n Resultando que, a su vez, el Procurador D. Amancio Gonz\u00e1lez, en representaci\u00f3n de do\u00f1a Carmen Corrons, contest\u00f3 a la demandada, invocando esa misma falta de personalidad en los albaceas demandados, y manifestando, en cuanto a lo que ella concern\u00eda, que estaba conforme con los hechos alegados por el demandante, que se deduc\u00eda de las escrituras de capitulaciones matrimoniales y dem\u00e1s acompa\u00f1adas con la demanda, pero no de la interpretaci\u00f3n que daba el actor de determinadas cl\u00e1usulas de aqu\u00e9lla en apoyo de sus pretensiones, y alegando, por su parte, en cuanto es esencial: que promovido el juicio de testamentaria por los hermanos Acha a los diez meses y seis d\u00edas del fallecimiento del causante, y al ver contrariadas sus ambiciones con el criterio de los testamentarios, basado en dict\u00e1menes de eminentes Letrados, la representaci\u00f3n de la demandada, con escrito de 4 de Mayo de 1920, formul\u00f3 incidente de sobreseimiento de las diligencias de dicho juicio, fund\u00e1ndole en el car\u00e1cter obligatorio de las particiones verificadas por las personas nombradas por el testador, aun para los herederos forzosos; dict\u00e1ndose por el Juzgado, en el incidente promovido, el auto de que se ha hecho referencia, del cual se pidi\u00f3 reforma por el demandante, a la que no se dio lugar, como tampoco a la apelaci\u00f3n que interpuso; que los albaceas testamentarios, cuando lograron reunir todos los elementos necesarios para el desempe\u00f1o de sus funciones, se pusieron al habla con los interesados en la herencia, d\u00e1ndoles a conocer su criterio sobre la liquidaci\u00f3n, y viendo con disgusto que entre los hermanos Acha y la do\u00f1a Carmen Corrons surg\u00edan discrepancias, que trataron de evitar que entonces pensaron que lo m\u00e1s acertado era acudir al consejo de eminentes letrados, que les dieran la norma legal de la liquidaci\u00f3n, y en este sentido acudieron en consulta a D. Pedro F. Garc\u00eda de los R\u00edos, de Burgos, y a D. Antonio Goicoechea y D. Antonio Marura, de 6\n<\/p>\n

\n Madrid, de quienes eran, respectivamente, los dict\u00e1menes que acompa\u00f1aron aquellos albaceas con su escrito, y daba esta parte por reproducidos; que al mismo tiempo hicieron constar los albaceas contadores en las operaciones particionales que el causante, Sr. Acha, naci\u00f3 y vivi\u00f3 en la anteiglesia de Guecho (Vizcaya), conservando siempre su cualidad de infanz\u00f3n, por lo que, en la sucesi\u00f3n era de aplicaci\u00f3n el Fuero de Vizcaya \u2013cap\u00edtulo quinto\u2013, seg\u00fan el cual, cuando el matrimonio se disuelve con hijos, todos los bienes de hacen comunes y a medias; pero en el caso actual, el matrimonio de D. Juan Antonio de Acha con do\u00f1a Carmen Corrons se hab\u00eda disuelto sin hijos, y no hab\u00eda lugar a la comunicaci\u00f3n; y por lo tanto cada uno conservaba el dominio de lo que aport\u00f3 al consorcio, si bien la dote de do\u00f1a Carmen deb\u00eda quedar en beneficio de \u00e9sa, con arreglo a lo pactado en la cl\u00e1usula quinta de la repetida escritura de capitulaciones matrimoniales; como fundamentos de derecho invoc\u00f3 los art\u00edculos 1.051, 1.056, 1.057, 1.065, 1.251 y 1.252 del C\u00f3digo civil, en relaci\u00f3n con el 408 de la ley Procesal, a\u00f1adiendo que no pod\u00eda considerarse este pleito como incidente o consecuencia del juicio voluntario de testamentar\u00eda promovido por los hermanos Acha, porque si as\u00ed fuera, hubiera acudido directamente a \u00e9l el Procurador Arostegui, del actor, sin que pudiera enervar esta excepci\u00f3n el hecho de haberse decretado la acumulaci\u00f3n de ambos procedimientos, puesto que esta acumulaci\u00f3n hab\u00eda sido acordada a instancia de la demandada con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda; y terminando por suplicar se dictara sentencia absolviendo de la demanda, y terminando por suplicar se dictara sentencia absolviendo de la demanda a la demandada, y con imposici\u00f3n al actor de las costas del juicio.\n<\/p>\n

\n Resultando que el Procurador D. Mariano Arostegui, en representaci\u00f3n del demandante, con escrito de 23 de Octubre de 1922, evacu\u00f3 el traslado que se le confiri\u00f3 para r\u00e9plica, a\u00f1adiendo a lo manifestado: que los albaceas testamentarios hab\u00edan practicado, seg\u00fan manifestaban, las operaciones con arreglo a un criterio muy respetable; pero que lo que el demandante deb\u00eda alegar en contra de su gesti\u00f3n era el apresuramiento que \u00e9stos hab\u00edan puesto en eliminar la decisi\u00f3n judicial sobre esta materia e impedir que en los tr\u00e1mites del juicio voluntario de testamentar\u00eda se decidiese la cuesti\u00f3n a plena luz y por un Juez competente o por un Tribunal asistido igualmente de la necesaria competencia, y despu\u00e9s de o\u00edr cumplidamente a las dos partes interesadas y pesar los argumentos expuestos por cada una con los desenvolvimientos necesarios; que, aparte de las razones testamentarias, una vez promovido el juicio voluntario de testamentaria e intervino el caudal a los efectos de formar los inventarios, parec\u00eda que un sentimiento de imparcialidad les deber\u00eda haber hecho ver con gusto la intervenci\u00f3n del Juzgado, que hab\u00eda de dar a ambas partes la garant\u00eda satisfactoria, libr\u00e1ndoles a su vez a ellos del compromiso y la responsabilidad de decidir por si solos un asunto complicado y enojoso: que en caso de duda, la solicitud de una pr\u00f3rroga, que el Juzgado no les hubiera negado, hubiera puesto a los albaceas a cubierto de cualquier escr\u00fapulo sobre la posibilidad de que su aquietamiento a los tr\u00e1mites judiciales y su espera a que el Juzgado les se\u00f1alase el momento oportuno de hacer las particiones se interpretara como una deserci\u00f3n del deber, que por el contrario, el apresuramiento con\n<\/p>\n

\n que pocos d\u00edas despu\u00e9s de notificarles la incoaci\u00f3n del juicio de testamentaria formalizaron y protocolizaron dichas operaciones testamentarias revelaba que no s\u00f3lo ten\u00edan el criterio, sino tambi\u00e9n un verdadero empe\u00f1o de practicarlas conforme a c\u00e1nones y reglas que fueran favorables a los intereses de do\u00f1a Carmen Corrons; que era de suponer que los dict\u00e1menes presentados por los albaceas eran aut\u00e9nticos, pero que a su vez pod\u00eda pensarse veros\u00edmilmente que no eran los \u00fanicos que hab\u00edan obtenido de los diferentes Letrados a quienes hubiesen consultado; que los albaceas opusieron repetidas negativas a los requerimientos de exhibici\u00f3n de los libros y cuentas referentes a la testamentar\u00eda que se les hizo por el Juzgado; que los albaceas testamentarios y la Do\u00f1a Carmen alegaban que el D. Juan Antonio Acha no hab\u00eda aportado en esencia a su matrimonio bienes ni valores determinados, sino una cantidad l\u00edquida deducida de la estimaci\u00f3n de aqu\u00e9llos; pero esto no era exacto, pues aqu\u00e9l no aport\u00f3 a su matrimonio la cantidad de 673.941 pesetas con 75 c\u00e9ntimos en met\u00e1lico, sino en bienes concretos y determinados, y al mismo tiempo haciendo relaci\u00f3n de las deudas que ten\u00eda, con se\u00f1alamiento de acreedores y conceptos, y de la comparaci\u00f3n de su importe met\u00e1lico del capital l\u00edquido que aportaba; que insist\u00eda el replicante en que los bienes que constitu\u00edan el capital finado y que segu\u00edan en \u00e9l a su muerte, val\u00edan en general mucho m\u00e1s que cuando aqu\u00e9l contrajo matrimonio y tambi\u00e9n que en la \u00e9poca de la defunci\u00f3n, y sobre este punto, ni la viuda ni los albaceas manifestaban nada, a pesar de que se trataba de un extremo de verdadero inter\u00e9s; que la representaci\u00f3n de do\u00f1a Carmen reconoc\u00eda que con fondos de la sociedad de gananciales se adquirieron valores y se satisfacieron dividendos, y por su parte, el replicante volv\u00eda a hacer referencia a los libros del finado para que se practicase con la base de ellos durante el periodo de prueba, las compulsas y c\u00e1lculos periciales que procediesen; que tanto la representaci\u00f3n de do\u00f1a Carmen como la de los albaceas se limitaban a referir la forma en que en la escritura de operaciones testamentarias se efectu\u00f3 la devoluci\u00f3n, forma que coincid\u00eda con el relato hecho por el exponente, y a consignar su apreciaci\u00f3n de que con esa soluci\u00f3n D. Francisco de Acha, entonces, y despu\u00e9s D: Antonio, su hermano y heredero, resultaban favorecidos, pero ni una ni otra parte afirmaban ni negaban si con la realizaci\u00f3n de parte de los valores y con la retenci\u00f3n de otros, abandonando \u00fanicamente la estimaci\u00f3n del tiempo en que fueron entregados, resultaba realizada una ganancia por la sociedad de gananciales; y en derecho aleg\u00f3 insistiendo en lo manifestado en la demanda, que era indiscutible el derecho del exponente y de su hermano, como herederos forzosos que eran de su difunto padre, a promover el juicio voluntario de testamentar\u00eda, aun contra la voluntad expresa del testador, y a que precisamente en ese juicio fuera donde se practicasen las operaciones particionales de su padre y donde el Juzgado determinara la cuant\u00eda de su leg\u00edtima, sin cuya determinaci\u00f3n no podr\u00eda darse cumplimiento a ninguna otra partici\u00f3n practicada extrajudicialmente ni prescindir de las garant\u00edas y seguridades que en beneficio del derecho de todos debieran adoptarse, dentro del mismo juicio, por lo que tampoco cesaba hasta entonces la proindivisi\u00f3n de la herencia; que a esto opon\u00eda la representaci\u00f3n de do\u00f1a Carmen que los derechos legitimarios no pod\u00edan ser defendidos en el juicio voluntario de testamentar\u00eda; pero esta doctrina era opuesta a las repetidas\n<\/p>\n

\n declaraciones del Tribunal Supremo, que si reconoce constantemente a los herederos forzosos el derecho a promover ese juicio voluntario de testamentar\u00eda, a\u00fan contra la voluntad expresa del testador, es cabalmente por entender que no se les puede mermar ni condicionar su derecho a la leg\u00edtima, y que en tal juicio es donde pueden y deben determinarla y reivindicarla; y, si no fuera s\u00ed, el juicio de testamentar\u00eda, no constituir\u00eda el procedimiento adecuado para esa determinaci\u00f3n y vindicaci\u00f3n en los derechos legitimarios; que insist\u00eda en que los albaceas ten\u00edan personalidad para ser demandados, y por consiguiente hab\u00eda acci\u00f3n, por parte del demandante, contra los mismos; que no pod\u00edan, por lo tanto, tenerse en cuenta las razones alegadas de contrario, ni la jurisprudencia invocada respecto de la validez de las operaciones practicadas extrajudicialmente por los albaceas y contadores testamentarios, porque en los casos a que se refer\u00edan los demandados, las formalidades debidas unas operaciones que, con criterio acertado o equivocado, constitu\u00edan el cumplimiento de su misi\u00f3n; y eran los interesados entonces quienes deb\u00edan discutir entre si si las operaciones estaban bien o mal practicadas; pero \u00e9ste no era el caso de autos, en el que, una vez promovido el juicio voluntario de testamentar\u00eda y notificada su promoci\u00f3n a los albaceas contadores, estos ten\u00edan ya facultades para hacer extrajudicialmente la partici\u00f3n, sino que, como se ha repetido, debieron hacerlo dentro del juicio; por lo que era evidente que tales operaciones, practicadas en esa forma, eran nulas, e ineficaces e inexistentes en derecho; y finalmente, que en cuanto al contrato entre D: Juan Antonio de Acha y Encera, de una parte, y de otra su hijo D. Francisco, deb\u00eda advertir el exponente que no era nulidad ni la rescisi\u00f3n del mismo lo que pretend\u00eda, sino fijar claramente su interpretaci\u00f3n, poniendo de manifiesto los prop\u00f3sitos de uno y otro contrayente, pues en que el contrato se comprometi\u00f3 el padre a entregar hijo la suma que, de com\u00fan acuerdo, fijaron, cuando sucedieran ciertos acontecimientos, uno de los cuales era la boda del D. Francisco a satisfacci\u00f3n de su padre, y \u00e9sta se efectu\u00f3, y aunque el padre ya hab\u00eda muerto, lo fue a satisfacci\u00f3n de su hermano el replicante, a quien aqu\u00e9l hab\u00eda encomendado la protecci\u00f3n y vigilancia del joven; y por lo tanto, se trataba de determinar que suma deb\u00eda fijarse como objeto de entrega, y para ello hab\u00eda aportado el exponente los antecedentes demostrativos de cu\u00e1l fue el prop\u00f3sito de los contrayentes al celebrar el contrato, que nunca fue ni pudo ser el de que el patrimonio del padre se lucrara a expensas del hijo, como se lucraba con la soluci\u00f3n dada por los albaceas en su escritura, que tanto beneficiaba a la viuda al aumentar de esa manera los beneficios que constitu\u00edan la sociedad de gananciales; y terminando por suplicar se dictara sentencia de conformidad con las peticiones de la demanda; y a\u00f1adiendo que si el Juzgado entendiera no ser los albaceas con la viuda los que, conforme se ped\u00eda en la demanda, deb\u00edan modificar las operaciones testamentarias, se declarase que deb\u00eda hacerlo la do\u00f1a Carmen Corrons, en uni\u00f3n del exponente, extendiendo la condena a lo que arreglo a esta petici\u00f3n correspondiese:\n<\/p>\n

\n Resultando que el Procurador P\u00e9rez Salazar, en nombre de los albaceas testamentarios, evacu\u00f3 el traslado para d\u00faplica, insistiendo en que carec\u00edan de personalidad para ser demandados y en la falta de acci\u00f3n, por lo tanto, por parte del\n<\/p>\n

\n actor, y a\u00f1adiendo que, aunque a ellos no les correspond\u00eda la discusi\u00f3n de los problemas del fondo del pleito, no pod\u00edan por menos de discutir de las apreciaciones que en derecho hac\u00eda el demandante sobre los diversos puntos objeto del litigio; y que, por su parte, ellos hab\u00edan cumplido su misi\u00f3n con arreglo a las disposiciones del testador y asesorados por eminentes Letrados, con objeto de que fuera revestida de la mayor competencia y rectitud posibles; y terminando por suplicar se dictara sentencia en los t\u00e9rminos interesados en su escrito de contestaci\u00f3n; y a su vez el Procurador D. Amancio Gonz\u00e1lez, a nombre de la demandada Do\u00f1a Carmen, evacu\u00f3 el traslado para d\u00faplica insistiendo en sus manifestaciones y negando que los albaceas esquivaran la intervenci\u00f3n del Juzgado y el conocimiento de los libros, papeles y documentos de la herencia que hab\u00edan sido todos ellos entregados al Notario para la formalizaci\u00f3n de las particiones; que en cuanto a la escritura de capitulaciones matrimoniales que era el objeto principal sobre que versaba, por su distinta interpretaci\u00f3n en este -pleito, deb\u00eda insistir tambi\u00e9n la exponente en que don Juan Antonio de Acha aport\u00f3 por la misma a su matrimonio, no bienes ciertos, sino una cantidad en met\u00e1lico; y que de cualquier suerte, fue pacto expreso de la aludida escritura, que a la disoluci\u00f3n del matrimonio se le pagara al Sr. Acha una suma determinada de dinero y no otra cosa; que los bienes especificados en el balance de la escritura en cuesti\u00f3n no fueron aportados, pues la aportaci\u00f3n, en este caso, consisti\u00f3 en el valor activo sobre el pasivo; y en derecho aleg\u00f3, entre otros particulares, que el contrato entre el causante D. Juan Antonio de Acha y su hijo D: Francisco, tuvo por objeto ceder el hijo al padre determinados bienes, y en compensaci\u00f3n el padre se oblig\u00f3 a satisfacerle una pensi\u00f3n vitalicia de 700 pesetas al mes, mientras el pensionista necesitara permanecer para su curaci\u00f3n en el Sanatorio de Busot, y de 300 pesetas si no tuviera necesidad de \u00e9l; y que en caso de que el hijo terminara su carrera de farmac\u00e9utico o se casase, ambas cosas con la avenencia del padre, a entregarle “la cantidad l\u00edquida en met\u00e1lico que ambos convengan”, en cuyo caso cesar\u00eda la pensi\u00f3n; y no cab\u00eda, por lo tanto, mayor claridad en las estipulaciones de ese contrato, a pesar de lo cual la parte adversa insist\u00eda en que deb\u00eda interpretarse en el sentido de que D. Juan Antonio de Acha deb\u00eda entregar a su hijo, ocurrido el caso de matrimonio, los bienes mismos que fueron objeto de cesi\u00f3n o la cantidad l\u00edquida equivalente a su valor en la fecha en que fueron devueltos; y para llegar a esa interpretaci\u00f3n, establec\u00eda la base de que D. Francisco Acha no cedi\u00f3, en realidad, los bienes a su padre, sino que se los entreg\u00f3 en administraci\u00f3n; pero esto no era una caso de interpretaci\u00f3n, como f\u00e1cilmente se apreciaba, sino de nulidad de un contrato de cesi\u00f3n, aunque se le llamara de otro modo, porque para llegar a establecer que fue una entrega en administraci\u00f3n, y no cesi\u00f3n, era preciso destruir el t\u00edtulo en que \u00e9sta constaba, ya que en contra de la letra terminante de un contrato no cab\u00edan interpretaciones que pudieran alterar sustancialmente su naturaleza; y terminando por suplicar se dictara sentencia, estimando las excepciones de la contestaci\u00f3n a la demanda y declarando no haber lugar a la misma, tal como fue propuesta, ni como hab\u00eda sido modificada en la r\u00e9plica, y absolviendo, por consiguiente, de la misma a la demandada do\u00f1a Carmen Corrons y con imposici\u00f3n de costas al actor:\n<\/p>\n

\n Resultando que practicada prueba y seguido el pleito por los restantes tr\u00e1mites de dos instancias, en 7 de Julio del pasado a\u00f1o de 1925, la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de Burgos dict\u00f3 sentencia en discordia, confirmando la pronunciada por el Juez de primera instancia del distrito del Ensanche, de Bilbao, por la que, estimando s\u00f3lo D. Antonio de Acha y Uriarte, como en parte la demanda, declar\u00f3 que heredero de D. Juan Antonio de Acha y Encera, es copropietario y comunero, con los dem\u00e1s interesados, de los libros de contabilidad y de la documentaci\u00f3n del finado causante, expresamente rese\u00f1ados en la demanda y tiene derecho como tal a que los albaceas los pongan a su disposici\u00f3n y a la de los Tribunales que entienden de la testamentaria y del presente pleito, para verificar comprobaciones necesarias respecto al caudal del difunto; condenando, en consecuencia, a los albaceas, D. Policarpo Eguiraun Cortina y D. Eladio Ibarra Sustacha, y a la viuda do\u00f1a Carmen Corrons y Aldecoa a estar y pasar por dicha declaraci\u00f3n, y a hacer los albaceas lo necesario para su ejecuci\u00f3n y absolviendo a todos los demandados de las dem\u00e1s pretensiones de la demanda, y sin hacer especial condena de costas en ninguna de las dos instancias:\n<\/p>\n

\n Resultando que previo dep\u00f3sito de 1.000 pesetas, el Procurador don Victoriano Sanz, a nombre de D. Antonio de Acha y Uriarte, ha interpuesto recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley, fundado en el n\u00famero primero del art\u00edculo 1.692 de la de Enjuiciamiento civil, por los siguientes motivos:\n<\/p>\n

\n Primero.<\/strong>– Por infringir la Sala sentenciadora el art\u00edculo 1.038 de dicha ley Procesal 4.\u00aa del C\u00f3digo civil; debiendo previamente recogerse antes de entrar a razonar esas infracciones legales, a puntualizar el alcance y significaci\u00f3n de las pretensiones deducidas por el recurrente en la suplica de la demanda, ya que se dice que \u00e9ste, no ha pedido la nulidad de las operaciones particionales; y efectivamente bien es cierto, que la petici\u00f3n no se hizo con palabras claras y precisas, o sea que en la s\u00faplica de la demanda, se contuviese la palabra “nulidad”, tambi\u00e9n es notorio que no es indispensable determinar nominalmente la acci\u00f3n que se ejercita, sino que basta que la naturaleza de ella se desprenda de los hechos y fundamentos de derecho, siendo el Juez competente para determinar la que en cada caso se ha utilizado, m\u00e1xime teniendo en cuenta que las acciones no se califican por las palabras, m\u00e1s o menos acertadas, con que los actores las anuncian, sino por el fondo de la pretensi\u00f3n que \u00e9stos formulen (sentencias de 7 de octubre de 1858; 8 de mayo de 1919; 7 de noviembre de 1914; 9 de noviembre de 1888, 11 de mayo de 1895, y otras muchas, en las que se contiene la misma doctrina); y en este sentido, es de recordar que el recurrente pidi\u00f3 concretamente que se declarase, que no le obligaban las operaciones particionales, o lo que es lo mismo, que para el carec\u00edan de virtualidad y eficacia, y que tales operaciones no ten\u00edan fuerza de obligar, emplease o no la palabra nulidad, pero calificando desde luego, de nulas dichas operaciones discutidas; y basta leer cualquiera de los pasajes de los escritos, presentados en autos por el recurrente, y se observar\u00e1 que en todos ellos se habla sin rebozo alguno, de la nulidad de las operaciones en cuesti\u00f3n; hasta el punto de que razonando sobre por qu\u00e9 dirigi\u00f3 su acci\u00f3n contra los albaceas testamentarios, se expresa as\u00ed: ” Me he visto obli\u00adgado a demandar a los se\u00f1ores Eguiraun e Ibarra, primero, por ser nulas en la forma, 11\n<\/p>\n

\n tiempo y solemnidades de su pr\u00e1ctica las operaciones sucesorias que hicieron, Etc\u00e9tera”, y lo mismo que este pasaje se podr\u00edan citar otros muchos en los que se expresa en el mismo sentido; y por consiguiente, es indudable, que no existe la omisi\u00f3n que se ha querido suponer en la s\u00faplica der la demanda; porque adem\u00e1s, insistiendo en lo dicho, lo importante es consignar, y as\u00ed se hizo de modo preciso y categ\u00f3rico, que uno de los objetivos de la demanda era que se declarase la falta de obligatoriedad, o sea la absoluta ineficacia de esas operaciones particionales y la precisi\u00f3n en que est\u00e1n, por lo mismo, los herederos del finado D. Juan Antonio de Acha, de practicar otras nuevas en el procedimiento que corresponda y con sujeci\u00f3n a los preceptos legales que sean aplicables por lo que respecta al fondo de las operaciones mismas; y una vez dicho esto, y entrando en el fondo de lo que sustituye propiamente el recurso de casaci\u00f3n; en cuanto a este motivo, debe tenerse presente que el art\u00edculo 1.038 de la ley de Enjuiciamiento civil declara el derecho de que est\u00e1n asistidos los herederos del finado para promover el juicio voluntario de testamentar\u00eda, derecho que no est\u00e1 en modo alguno limitado, y a cuya virtualidad no afecta la circunstancia de que el testador proh\u00edba las intervenciones judiciales en las operaciones divisorias de su caudal, si como aqu\u00ed sucede, se trata de herederos forzosos. Se ha hablado mucho de la absoluta impertinencia de acudir al juicio voluntario de testamentar\u00eda, cuando los albaceas contadores, designados por el causante, tienen ya practicadas y aun protocoladas esas particiones, y as\u00ed lo declaran las sentencias citadas en apoyo de ese aserto y otras muchas m\u00e1s que podr\u00edan a\u00f1adirse, pues resultaba indudable, y en efecto, ser\u00eda bald\u00edo y hasta contraproducente, el intentar realizar un acto que con anterioridad ya est\u00e1 ejecutado, pareciendo aludir a ello, aun cuando no lo expresa de un modo preciso, el Considerando tercero de la sentencia recurrida, ya que a tanto equivale el decir: “que no pudi\u00e9ndoseles privar los albaceas testamentarios, investidos adem\u00e1s del car\u00e1cter de contadores partidores de su cargo, ni pudi\u00e9ndoseles tampoco imponer un criterio determinando para que realicen la partici\u00f3n, era indiferente que \u00e9sta tuviese lugar dentro o fuera del juicio de testamentar\u00eda”; pero a esto s\u00ed que no puede asentirse, porque las leyes procesales se dictaron para garantizar a los litigantes interesados, y de ellas no puede privarse a heredero forzoso que desea someterse a su amparo; porque en realidad, el caso presente, dista mucho de aquellos a que se refieren las aludidas sentencias, porque aqu\u00ed no se ha promovido el juicio, despu\u00e9s de practicadas las operaciones divisorias del caudal relicto, sino antes y en ocasi\u00f3n en que todav\u00eda no se hab\u00edan llevado a efecto esas operaciones testamentarias; y no puede sostenerse, que promovido un juicio y notificada su incoaci\u00f3n a los albaceas testamentarios, se prescinda por \u00e9stos del Juzgado, y con absoluto olvido y hasta con menosprecio de lo que establecen las leyes, y aun del respeto y sumisi\u00f3n debido a la autoridad judicial; y practiquen por su sola iniciativa y sin intervenci\u00f3n alguna de ese heredero interesado, las operaciones divisorias del caudal relicto; no siendo indiferente en manera alguna como se dice en dicho Considerando tercero del fallo recurrido, que las operaciones se realicen en el juicio, voluntaria o extrajudicialmente, sino que es important\u00edsimo para quienes consideran indispensable revestirlas de todas las solemnidades de que la ley las rodea, que no se prescinda de ellas, cercenando el derecho a que esas operaciones se acomoden a las disposiciones establecidas para el\n<\/p>\n

\n caso por dicha ley Rituaria; porque las operaciones practicadas por los albaceas desde el instante en que \u00e9stos comparecen ante el Notario, y las protocolan, son una hecho consumado, pues desde ese momento, sin necesidad de otro nuevo requisito, se consideran realizadas y son tales particiones, y tienen fuerza de obligar; pero en cambio, en las operaciones practicadas en el juicio voluntario de testamentar\u00eda, aparte de que son m\u00e1s solemnes en cuanto a la garant\u00eda que se ofrece a los herederos interesados en la pr\u00e1ctica de ellas (inventario, avalu\u00f3, etc.). tienen la particularidad de que no llegan a ser particiones con fuerza de obligar, mientras no recaiga a ellas la oportuna aprobaci\u00f3n del Juzgado; y si bien es cierto que puede promoverse tambi\u00e9n y tiene que seguirse en el mismo procedimiento ordinario de mayor cuant\u00eda, la impugnaci\u00f3n que se crean en el caso de hacer los herederos interesados, la aprobaci\u00f3n judicial no recae, ni la protocoli\u00adzaci\u00f3n se efect\u00faa, hasta tanto que quedan totalmente sustanciadas y decididas todas las oposiciones de aqu\u00e9llos y los incidentes que hayan podido surgir en el curso del juicio voluntario de testamentar\u00eda; y por lo tanto, nada representar\u00eda ese derecho que reconoce el art\u00edculo 1.038, ni la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo; si estuviese en mano de los albaceas testamentarios anular la acci\u00f3n para seguir dicho juicio voluntario de testamentar\u00eda e impedir la efectividad y la satisfacci\u00f3n de derecho tan leg\u00edtimo, y ser\u00eda verdaderamente inconcebible que se pudiera de modo tan sencillo, como es, prescindir de los Tribunales de justicia, que los albaceas testamentarios, vinieran a suprimir por su sola iniciativa esas garant\u00edas y esos derechos; y as\u00ed en efecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecido que en el caso de existir contadores partidores, designados por el testador, y de promoverse el oportuno juicio voluntario, los albaceas est\u00e1n en el deber de practicar “dentro de \u00e9l” las operaciones particionales, no teniendo en ella m\u00e1s intervenci\u00f3n que las que con arreglo a su fun\u00adciones y a su cargo les atribuye las leyes, y a\u00fan esto, en la oportunidad que la propia ley se\u00f1ala; pudiendo servir de ejemplo las sentencias de 11 de enero de 1910 y 7 de octubre de 1893, 1.\u00b0 de diciembre de 1901, 14 de mayo y 28 de diciembre de 1895; que proclaman de un modo m\u00e1s o menos expl\u00edcito ese derecho de los herederos; y la de 24 de febrero de 1905, que se refiere al \u00fanico paoel, que corresponde en el juicio voluntario al albacea contador partidor, y el derecho de \u00e9ste a intervenir a pesar de estar incoado el juicio, seg\u00fan expresa la sentencia de 22 de enero de 1913; de manera que si con arreglo al art\u00edculo 4.\u00b0 del C\u00f3digo civil son nulos todos los actos realizados en contra de lo que ordenan las leyes, y el repetido art\u00edculo 1.038 de la ley Procesal, precepto que tiene car\u00e1cter substantivo, establece el derecho a la incoaci\u00f3n del procedimiento, y a que ese procedimiento se tramite precisamente en la forma que regulan los art\u00edculos siguientes al citado, es evidente que todo lo que se haga en contra de dicho precepto, y con intenci\u00f3n manifiesta de destruir su eficacia y su virtualidad, es nulo e ineficaz y no puede quedar cohonestado con las consideraciones de conveniencia o utilidad de proseguir el juicio voluntario de testamentar\u00eda; factores que adem\u00e1s solamente los interesados son los llamados a apreciar; por lo cual ha debido declararse que una vez que se inco\u00f3 el procedimiento antes de que se otorgara la escritura particional de los bienes de D. Juan Antonio de Acha en ese procedimiento, es donde \u00fanicamente pueden y deben realizarse las operaciones testamentarias, careciendo por completo de valor las 13\n<\/p>\n

\n que se hayan realizado a espaldas de lo que previene la ley Procesal.\n<\/p>\n

\n Segundo.<\/strong> Infracci\u00f3n de la ley primera, t\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya, aplicable al caso de autos, y de los art\u00edculos 1.401 y 1.404 del C\u00f3digo civil, que determinan cu\u00e1les son los bienes que tienen el concepto de gananciales, y de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo referente a la materia; pues, en efecto, se ha debatido extensamente sobre si los esposos Acha-Corrons, por ser vecinos de la Anteiglesia de Guecho, hab\u00edan de considerarse o no sometidos a las leyes forales; estimaci\u00f3n de hecho que no se puede poner en duda, leyes forales; estimaci\u00f3n de hecho que no se puede poner en duda, pero que no tiene en este pleito, corno indica acertadamente el fallo recurrido, ninguna trascendencia. teniendo en cuenta que dicho matrimonio se disolvi\u00f3 a la muerte del Sr. Acha sin dejar descendientes; cuya discusi\u00f3n se manten\u00eda para determinar si los bienes aportados al matrimonio por el padre del recurrente pasaron o no al dominio de la sociedad conyugal, como algunos pretenden sostener que sucedi\u00f3 al amparo en lo que supone la citada ley primera del t\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya, aunque desde luego se pueden alegar argumentos valiosos en pro de la tesis que sostiene que esa comunicaci\u00f3n foral no comienza hasta que el matrimonio se disuelve, sin que a ello obste la limitaci\u00f3n ganancial establecida en favor de la mujer, que no es, en definitiva, otra cosa sino una garant\u00eda que el Fuero la procura para impedir que, llegado el caso de tener su verdadero efecto esa participaci\u00f3n en los bienes del marido, no puede \u00e9sta tener realidad alguna por haber desaparecido los que constituyeron la aportaci\u00f3n matrimonial; pero sin que tampoco haya inconveniente en admitir que realmente la comunicaci\u00f3n foral empieza con el matrimonio, como sostienen algunos tratadistas, todos los cuales reconocen que esa comunicaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a una condici\u00f3n resolutoria; es decir, que desaparecen con ella tambi\u00e9n todas las huellas que pudieran quedar, en orden a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, si el matrimonio se disuelve sin hijos, porque esa es la condici\u00f3n de que depende; y en tal caso adquiere todo su imperio la parte de la ley primera, t\u00edtulo XX del Fuero, que ordena que cada conyuge quede con lo que aport\u00f3, y con la “mitad de los mejoramientos y multiplicados en constante matrimonio”: y por consiguiente, el Fuero se encarga, de no existir hijos, de borrar hasta la menor sombre de copropiedad sobre los bienes aportados, y cada c\u00f3nyuge recoge lo que llev\u00f3 y se reparten entre si por mitad los gananciales, reduci\u00e9ndose a esto todo; pero no expresa la ley Foral que se entiende por gananciales, y de acuerdo con lo que previene el art. 12 del C\u00f3digo civil, es preciso acudir a la legislaci\u00f3n com\u00fan como supletoria para determinar este importante extremo: de manera, que es acertada la afirmaci\u00f3n que se contiene en el fallo recurrido sobre la indiferencia, para el caso de este pleito, de que se considere o no aplicable la ley foral, ya que, habiendo fallecido D. Juan Antonio de Acha sin dejar sucesi\u00f3n de su segundo matrimonio, cada c\u00f3nyuge recoge sus bienes, y por eso para determinar los que sean gananciales, hay que acudir a los preceptos de la legislaci\u00f3n com\u00fan, la cual considera como tales los aumentos de valor que hubiesen podido experimentar los bienes de cada uno de los c\u00f3nyuges, si ese aumento es debido a la industria, sueldo o trabajo de cualquiera de ellos y las expensas \u00fatiles hechas en los bienes peculiares de cualquiera de\n<\/p>\n

\n los c\u00f3nyuges, mediante anticipaci\u00f3n de la sociedad, o por la industria del marido o de la mujer (art\u00edculos 1.401 y 1.404 del C\u00f3digo civil); y a este prop\u00f3sito debe recordarse la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1905, por la que declar\u00f3 que para que los bienes adquiridos a t\u00edtulo oneroso durante el matrimonio sean gananciales, es necesario que la adquisici\u00f3n se haga a costa del caudal com\u00fan; y en la de 17 de Noviembre de 1910 deja sentado que en ning\u00fan caso puede atribuirse el car\u00e1cter de gananciales al beneficio obtenido durante la sociedad conyugal en los bienes propios del marido, si no se debe al esfuerzo de los c\u00f3nyuges o a su industria o a sus expensas; y en la de 15 de Marzo de 1887 declara que las mejoras gananciales en las fincas de cada uno de los c\u00f3nyuges consisten exclusivamente en las expensas que se hagan aumentado su valor, pero no en el aumento de valor y puedan tener los bienes por su naturaleza o por otras causas, y la Direcci\u00f3n general de los Registros ha proclamado a su vez en multitud de resoluciones que las causas del mayor valor que asigna a una finca, en relaci\u00f3n con el que ten\u00eda cuando la adquiri\u00f3, como un bien propio, cualquiera de los c\u00f3nyuges, no puede determinarse como condici\u00f3n que atribuya al inmueble o al exceso de valor el car\u00e1cter de gananciales; y aun las mismas leyes fiscales lo tienen as\u00ed establecido, siendo de citar la resoluci\u00f3n dictada por el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda en 13 de Diciembre de 1921, seg\u00fan la cual el incremento de valor obtenido por la comprobaci\u00f3n administrativa en bienes propios del c\u00f3nyuge viudo no puede estimarse como ganancial a los efectos del impuesto de Derechos reales y, por consiguiente, es indudable que toda nuestra legislaci\u00f3n est\u00e1 informada en, el criterio de que los bienes propios de cada c\u00f3nyuge mejoran y se perjudican para sus due\u00f1os; es decir, que el cre\u00adcimiento o dem\u00e9rito que durante el matrimonio ocurran a esos bienes s\u00f3lo afectan a su propietario y s\u00f3lo para \u00e9ste crecen, disminuyen o se pierden; y as\u00ed el art\u00edculo 1.360 del C\u00f3digo civil lo declara con car\u00e1cter general para los bines con constituyan la dote inestimada; y el 1.391 lo reitera con respecto a los bines parafernales y en forma de referencia general lo repiten tambi\u00e9n los art\u00edculos 1.367, 1.372, 1.373, 1.375, 1.376 y 1.420 y otros muchos, no siendo sino continuaci\u00f3n de esa misma doctrina; y si existe la excepci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1.425, es m\u00e1s aparente que real, y adem\u00e1s exigida por la misma naturaleza de las cosas ya que del mobiliario dom\u00e9stico se sirve la familia entera y no hab\u00eda raz\u00f3n para que los deterioros o las p\u00e9rdidas fuesen costeadas o sufridas por el propietario de esos bienes inmuebles. De manera que siendo as\u00ed, y no estando comprendidos entre los gananciales, a que se refieren los art\u00edculos 1.401 y 1.404, aquellos aumentos de valor que como los acaecidos a esos bienes aportados por el Sr. Acha no provienen del esfuerzo del hombre, sino de las diferencias y circunstancias que rodean a esos bienes o de la naturaleza de los mismos, es indudable que al liquidarse la sociedad legal, como no existen al constituirla bienes ningunos de la mujer, solamente habr\u00e1 que pagar la dote y despu\u00e9s se pagar\u00e1, hasta donde alcance el caudal inventariado, todo el capital del marido, entendiendo por tal, seg\u00fan se ha dicho, los bienes con sus aumentos de valor (art\u00edculos 1.422 y 1.423); infringi\u00e9ndose por lo tanto en el fallo recurrido la doctrina que se deduce de toto lo expuesto por considerarse que esos aumentos de valor tienen el car\u00e1cter de bienes gananciales.\n<\/p>\n

\n Tercero.-<\/strong> Por infringir igualmente, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, no consentida por su texto literal, el contrato de capitulaciones matrimoniales, y con ellos loa art\u00edculos 1.261 y 1.285 del C\u00f3digo civil, dando as\u00ed ocasi\u00f3n a este nuevo motivo de casaci\u00f3n; porque, en efecto, en las cl\u00e1usulas segunda y tercera de dicha escritura de capitulaciones matrimoniales, que no ofrecen lugar a duda posible, se pact\u00f3 de modo expreso que los c\u00f3nyuges de se sometan al r\u00e9gimen econ\u00f3mico de gananciales, y ni las palabras ni el esp\u00edritu que informan esas cl\u00e1usulas pueden ni deben ofrecer duda alguna respecto a ese prop\u00f3sito; y siendo as\u00ed, es un error suponer que quienes de modo tan claro y preciso han establecido el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de gananciales declarasen en la cl\u00e1usula sexta cosa distinta, y por ella tratasen de modificar y de enervar y destruir lo que en las anteriores se hab\u00eda pactado; pues si dichos c\u00f3nyuges hubiesen querido modificar o alterar el sentido y el alcance de ese r\u00e9gimen, a que se somet\u00edan, no lo hubieran expresado as\u00ed de una manera precisa y categ\u00f3rica; pero ni lo hicieron, ni era presumible tampoco que quisieran decirlo, siendo de notar que, con arreglo al citado art\u00edculo 1.281, si los t\u00e9rminos de un contrato son claros, basta estarse a su concepto literal, o, en otro caso, a lo que manifiestamente sea la intenci\u00f3n de los contratantes; y seg\u00fan el 1.285, los contratos deben interpretarse unas cl\u00e1usulas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte de conjunto de todas; y por lo tanto, si hubiere, que no la hay, alguna duda o aparente contradicci\u00f3n entre la cl\u00e1usula sexta y las restantes de dicha escritura de capitulaciones matrimoniales, lo natural ser\u00eda interpretar esa cl\u00e1usula por lo que resultase del sentido de las otras, que es categ\u00f3rico, ya que hacer otra cosa es violar unas reglas de interpretaci\u00f3n que tienen establecidas el C\u00f3digo civil en los art\u00edculos citados, que, por lo tanto, resultan infringidos; y si se ha querido ver cosa distinta en el hecho de que en una cl\u00e1usula se pacte pura y simplemente el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de gananciales, y en la otra se quiere decir que se habla de que se considerar\u00e1n bienes gananciales los que excedan de un determinado valor, que la cl\u00e1usula indica, hay que tener presente que esa cl\u00e1usula no dice tal cosa, porque D. Juan Antonio de Acha no aport\u00f3 ciertamente a su matrimonio una cantidad abstracta, sino unos bienes determinados, de manera concreta rese\u00f1ados, con todas sus particularidades, en el contrato e inventario que se incluye en la cl\u00e1usula tercera; y si bien es cierto que en esa cl\u00e1usula y en la sexta se habla de la cantidad, es decir, del valor a que ascienden esos bienes inventariados, eso no es otra cosa sino una mera expresi\u00f3n aritm\u00e9tica, como lo expresa claramente el hecho de que dicha cl\u00e1usula se\u00f1ale los bienes que son objeto de la partici\u00f3n; y que son los que resultan del inventario que a continuaci\u00f3n se trascribe; y por lo tanto, se aportaron los mismos bienes que constitu\u00edan el patrimonio de D. Juan Antonio de Acha; y esos bienes, y no el valor que entonces tuvieran, es lo que hay que detraer y lo que se debe reputar como propiedad exclusiva del marido, y se debe entregar, por lo tanto, a sus herederos, o el valor que se obtuviera por la venta de esos bienes, dado el supuesto de que con ese valor no se hubieran adquirido otros bienes distintos, porque en ese caso, esos otros ser\u00edan tambi\u00e9n de la propiedad del marido, con arreglo a lo dispuesto en los n\u00fameros tercero y cuarto del art\u00edculo 1.396; sin que signifique nada en contra de esto el argumento de que la valoraci\u00f3n hubiera sido innecesaria, de haberse querido aportar los bines, porque no representa nada, seg\u00fan el art\u00edculo 1.346, que la dote inestimada se haya 16\n<\/p>\n

\n evaluado o no; circunstancia que no influye en el hecho de que siga siendo la mujer propietaria de los bienes, y de que deban, por lo mismo, devolverse a \u00e9sta a la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, con todos aquellos aumentos de la naturaleza de los aludidos; y no habr\u00eda raz\u00f3n que justificase un r\u00e9gimen de desigualdad tan expresivo como el que quiere consagrarse, cuando se sostiene que los bienes aportados por D. Juan Antonio de Acha son el valor que tuvieran al otorgamiento de la escritura, por la circunstancia de que en ella se valoraron; pues sostener esto es ir contra lo que con toda claridad exponen las cl\u00e1usulas de las capitulaciones matrimoniales, con lo cual, como se ha dicho, se infringen los preceptos contenidos en los citados art\u00edculos 1.281 y 1.285 del C\u00f3digo civil; y\n<\/p>\n

\n Cuarto.<\/strong>– Por serlo, finalmente, por la Audiencia de Burgos, el 1.295 del mismo Cuerpo legal; debi\u00e9ndose recordar a este prop\u00f3sito que D. Francisco de Acha cedi\u00f3 a su padre determinados bienes, y que debe tambi\u00e9n decidirse que los contadores partidores advirtieron que esa cesi\u00f3n no fue pura, sino que impon\u00eda al cesionario la obligaci\u00f3n de pagar unas pensiones y de devolver, en su d\u00eda, una cantidad que no lleg\u00f3 a determinarse; pero el fallecimiento del se\u00f1or Acha dej\u00f3 imprecisado un extremo tan esencial como el que, a tenor de lo que dispone el art\u00edculo 1.447 del C\u00f3digo civil, pudiera determinar, y seg\u00fan el recurrente determina, desde luego, la ineficacia del contrato; asunto del que no hay necesidad de ocuparse en este recurso pero que, a pesar de ello, es conveniente dejarlo consignado; y el medio de obviar todas las dificultades fue el de rescindir la obligaci\u00f3n, y en las escrituras particionales as\u00ed se consigna; pero los herederos interesados no repudiaron esa rescisi\u00f3n; y el Juzgado la consider\u00f3 como hecha; y en cuanto a si deben devolverse los bines que constituyeron la cesi\u00f3n, como sostiene el recurrente, con todos sus incrementos o los valores que en venta tuvieron esos bienes, o solamente si procede dar una cantidad alzada que de esos bienes, o solamente si procede dar una cantidad alzada que de manera caprichosa fijaron los contadores, y que el Juzgado estima aceptable, porque en su sentir no lesiona en nada los derechos de D. Francisco \u2013hoy su hermano y heredero\u2013 para llegar a esa conclusi\u00f3n de que un contrato puede rescindirse entregando a quien dio la cosa la cifra que caprichosa y voluntariamente quieran asignarle los representantes del cesionario, ha sido preciso infringir lo preceptuado en dicho art\u00edculo 1.295 del C\u00f3digo civil, porque la rescisi\u00f3n obliga a que se devuelvan las cosas con sus frutos y el precio con sus intereses, no exis\u00adtiendo otro medio, sino ese, para llevar a efecto la rescisi\u00f3n de un contrato, y otra cosa seria, para novarlo a alterarlo, creando obligaciones distintas y acaso contrarias a las que fueron voluntad de los otorgantes; pero esto no es rescindirlo; y si finalmente aqu\u00ed todos est\u00e1n acordes en que la rescisi\u00f3n se llev\u00f3 a efecto, \u00e9sta no puede tener lugar en forma distinta a la que previene dicho precepto legal, que resulta infringido, como se ha demostrado:\n<\/p>\n

\n Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Segundo Fern\u00e1ndez Arg\u00fcelles.\n<\/p>\n

\n Considerando que el art\u00edculo 1.038 de la ley de Enjuiciamiento civil reconoce a los herederos ex testamento el derecho de promover el juicio voluntario de testamentaria\n<\/p>\n

\n y de acogerse, mediante su ejercicio, a las solemnidades y garant\u00edas que tal procedimiento ofrece, a fin de que tengan el m\u00e1s exacto cumplimiento todas aquellas sucesivas operaciones que han de dar como resultado que la herencia quede distribuida con arreglo a la voluntad del causante, ley suprema en la materia:\n<\/p>\n

\n Considerando que el testador, en los art\u00edculos 1.039,-1.045 y 1.046 de la propia ley, est\u00e1 facultado para prohibir que se promueva dicho procedimiento, con tal que haya designado una o varias personas que con el car\u00e1cter de albaceas contadores, o cualquiera otro, practiquen extrajudicialmente todas las operaciones de las testamentar\u00eda, siendo aquella prohibici\u00f3n y las distintas reglas que, separ\u00e1ndose de las ordenadas en la repetida ley Procesal haya podido establecer el causante, de ineludible acatamiento para los herederos forzosos, a menos que estos \u00faltimos resultasen perjudicados o gravados en sus leg\u00edtimas:\n<\/p>\n

\n Considerando que esto mismo es lo que se halla ordenado posteriormente en el C\u00f3digo civil, puesto que, reconociendo en su art\u00edculo 658 la facultad que tiene el testador para establecer la ley que regula la sucesi\u00f3n de sus bienes y derechos, condiciona, sin embargo esta libertad, con la reserva que hace en el 806 en favor de los herederos llamados forzosos; y de ah\u00ed que este Tribunal Supremo, aplicando los art\u00edculos 1.056 y 1.057 del expresado Cuerpo legal, en armon\u00eda con los citados de la ley de Procedimientos, tenga declarado con repetici\u00f3n, que tanto si aqu\u00e9l deja hecha por s\u00ed la partici\u00f3n, como si la encarga a cualquiera persona que no sea uno de los coherederos, esto debe acatarse, mientras no se perjudique la leg\u00edtima de aquellos a quienes no puede privarla ni restringirla el testador:\n<\/p>\n

\n Considerando que aunque pueda aparecer contradictorio el derecho que tienen los hijos a promover el juicio voluntario de testamentaria, con el derecho y consiguiente deber que asiste a los contadores para realizar las operaciones divisorias que les encomend\u00f3 el testador, no puede en realidad decirse que substancialmente pugnen ambos derechos, y que dentro del propio juicio universal los contadores conservan los poderes y encargo que les fueron conferidos por el causante, y pueden, sin merma de facultades, llevar a cabo su misi\u00f3n, toda vez que el art\u00edculo 1.046 rituario salva la dificultad, en cuanto ordena sean respetadas las reglas distintas de las procesales fijadas en el testamento para el inventario, aval\u00fao liquidaci\u00f3n y divisi\u00f3n de los bienes, lo cual equivale a dejar \u00e9stas incorporadas al procedimiento legal:\n<\/p>\n

\n Considerando que, esto sentado, cualquiera que sea la consecuencia que en relaci\u00f3n al procedimiento que para el desempe\u00f1o de su cometido hayan debido seguir los contadores despu\u00e9s de advertidos de la promoci\u00f3n del juicio voluntario de testamentar\u00eda y dado que el resultado de las operaciones divisorias no sufre alteraci\u00f3n porque se realicen dentro o fuera de dicho juicio, ya que los contadores en uno y en otro caso, conservan \u00edntegros los poderes de que se hallan investidos, es innegable que, s\u00f3lo a t\u00edtulo de quedar perjudicados en su leg\u00edtima, pueden los hijos impugnar tales operaciones, debiendo \u00e9stas acatarse y causar estado mientras “a posteriori” no aparezca\n<\/p>\n

\n demostrada la existencia de semejante perjuicio.\n<\/p>\n

\n Considerando que, en su virtud, la sentencia que desestim\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad de las operaciones particionales llevadas a cabo por los contadores albaceas de D. Juan Antonio de Acha en 13 de junio de 1919, no ha infringido el art\u00edculo 1.038 de la citada ley Procesal, ni el 4.\u00b0 del C\u00f3digo civil, ni la doctrina legal, que se invocan en el primer motivo del presente recurso, ya que los hijos de aqu\u00e9l que acudieron a promover el juicio voluntario de testamentar\u00eda de su causante, cuando se convencieron de que los aludidos contadores no estaban dispuestos a compartir su criterio respecto al modo de liquidar los aumentos y ganancias obtenidas durante el matrimonio de aqu\u00e9l con do\u00f1a Carmen Corrons, no han justificado que las discutidas operaciones causen lesi\u00f3n a su leg\u00edtima; por lo cual no es de estimar el indicado primer motivo de casaci\u00f3n:\n<\/p>\n

\n Considerando que, vigente en la provincia o se\u00f1or\u00eda de Vizcaya el C\u00f3digo civil en todo cuanto no se oponga el Fuero especial que rige en la tierra llana o de infanz\u00f3n a la que pertenec\u00edan los esposos Acha, es indiscutible la aplicaci\u00f3n al caso de autos de lo dispuesto en los art\u00edculos 1.315 y 1.316 del C\u00f3digo que desarrollando la estatuido en la base 22 de la ley de 11 de Mayo de 1888 establecen la libertad de estipulaci\u00f3n entre los futuros c\u00f3nyuges respecto del contrato sobre bienes con ocasi\u00f3n del matrimonio, sin otras limitaciones que las se\u00f1aladas en el propio Cuerpo legal y la de no poder acordar nada que sea contrario a los leyes o a las buenas costumbres; de donde se sigue que los entonces prometidos y despu\u00e9s contrayentes 1). Juan Antonio de Acha Encera y do\u00f1a Carmen Corros Aldecoa han podido v\u00e1lidamente combinar con el r\u00e9gimen de gananciales a que expresamente se sometieron en la segunda de las cl\u00e1usulas de su contrato nupcial la estipulaci\u00f3n contenida en la sexta, en la que dejaron establecido un modo especial de liquidar aquella sociedad diferente del que en otro caso habr\u00eda de seguirse, modalidad cuya licitud no ha sido puesta en duda y que por no hallarse en pugna con las disposiciones legales, con la moral, ni con el orden p\u00fablico, es de inexcusable acatamiento para los que del esposo contratante hacen causa:\n<\/p>\n

\n Considerando que, dados los t\u00e9rminos claros y precisos en que se halla redactada la referida cl\u00e1usula sexta y su estrecha relaci\u00f3n con la tercera de la propia escritura de capitulaciones matrimoniales, no puede ofrecer duda alguna al alcance y sentido literal de la misma, que no es ni pudo ser otro que el de fijar como capital privativo aportado por D. Juan Antonio de Acha la cantidad l\u00edquida de 673.941,75 pesetas, resultante del super\u00e1vit del activo sobre el pasivo de lo entonces inventariado, lo que implica un concepto opuesto al de aportaci\u00f3n de cuerpos ciertos, al fin de establecer, cual los contratantes establecieron para el caso sobrevenido de disoluci\u00f3n del matrimonio por fallecimiento del esposo sin hijos de este enlace, una peculiar regla de liquidaci\u00f3n y consiguiente adjudicaci\u00f3n del haber social seg\u00fan la que del caudal relicto habr\u00eda de ser pagada primeramente aquella suma, satisfecha a la esposa la dote se\u00f1alada, quedando el resto de los bienes, si hubiese exceso, con la cualidad de gananciales del consorcio:\n<\/p>\n

\n Considerando que, en fuerza de lo expuesto y en orden al tercero de los motivos\n<\/p>\n

\n de casaci\u00f3n aducidos por D. Antonio de Acha Uriarte, la Sala sentenciadora, al declarar ajustado a derecho el criterio seguido por los contadores en el extremo de separar para los herederos del causante la suma por \u00e9ste aportado a su matrimonio, con independencia de los cuerpos ciertos que entraron a constituirla, y adjudicar por mitad como ganancias el incremento de valor que \u00e9stos ten\u00edan al ocurrir la disoluci\u00f3n, lejos de infringir lo que acerca de la interpretaci\u00f3n de los contratos disponen los art\u00edculos 1.281 y 1.285 del C\u00f3digo civil, que como vulnerados de citan, los ha aplicado con notorio acierto, ya que no ofreciendo duda alguna la intenci\u00f3n de los futuros esposos, con toda claridad reflejada en el sentido literal de las cl\u00e1usulas establecidas en el contrato nupcial, es perfectamente innecesario, con arreglo a los propios preceptos legales que se invocan, acudir a reglas de interpretaci\u00f3n como aqu\u00ed s\u00f3lo cabe fundamentarlas haciendo supuesto de la cuesti\u00f3n; esto es, a base de contradicci\u00f3n y oscuridad que no existen:\n<\/p>\n

\n Considerando que en relaci\u00f3n al segundo de los motivos del presente recurso, declarada la eficacia y alcance de la repetida cl\u00e1usula sexta y modalidad que en la misma se contiene, es igualmente notorio que la sentencia recurrida no incide en las infracciones alegadas en dicho motivo, porque siendo norma atendible con preferencia a la ley contractual, seg\u00fan queda expuesto y no existiendo bienes ra\u00edces afectos a troncalidad, que tampoco se ha invocado, a lo estipulado hay que atenerse con arreglo a los art\u00edculos 1.315 y 1.316, antes examinados; careciendo, en su virtud, de aplicaci\u00f3n las disposiciones de la ley primera del t\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya, los art\u00edculos 1.401 y 1.404 del repetido C\u00f3digo civil y todos los que invocan por D. Antonio Acha referentes a la doctrina de que, mejor\u00e1ndose y perjudic\u00e1ndose los bienes de cada c\u00f3nyuge para su respectivo propietario, el aumento de valor que aqu\u00e9llos experimenten s\u00f3lo en cuanto es debido a esfuerzo, industria o expensas de los esposos, pasan a ser gananciales, puesto que todas estas disposiciones y doctrina ceden y se subordinan ante el pacto contrario estipulado por los contrayentes:\n<\/p>\n

\n Considerando que, por lo expuesto, procede desestimar los motivos segundo y tercero del presente recurso:\n<\/p>\n

\n Considerando que realizadas por los contadores, en uni\u00f3n de la viuda do\u00f1a Carmen Corrons, las operaciones divisorias de los bienes quedados al fallecimiento de D. Juan Antonio de Acha y acordado en las mismas dar por resuelto al contrato de cesi\u00f3n que don Francisco Acha Uriarte hab\u00eda otorgado a su padre, el referido don Juan, en la escritura de 18 de Enero de 1915, es innegable que tal rescisi\u00f3n, en apariencia espont\u00e1nea, pero impuesta sin duda por las circunstancias singulares del caso, han debido llevarse a cabo por las reglas establecidas para las obligadas en el art\u00edculo 1.295 del C\u00f3digo civil; por lo que la Sala sentenciadora, que se limita a reconocer en el cedente D. Francisco el derecho a recibir el simple valor de los bienes cedidos, en vez de restituir los bienes mismos que de \u00e9stos existan en la herencia, infringe el citado precepto legal, que ordena la devoluci\u00f3n de las cosas que fueron objeto del contacto res\u00adcindido, procediendo, en su virtud, a dar lugar a la casaci\u00f3n de la sentencia por el cuarto y \u00faltimo de los motivos alegados:\n<\/p>\n

\n FALLAMOS<\/strong>\n<\/p>\n

\n Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley interpuesto por D. Antonio de Acha y Uriarte, en cuanto al cuarto motivo de los en que se funda; y en su consecuencia casamos y anulamos la sentencia que en 7 de Julio del a\u00f1o \u00faltimo dict\u00f3 la Sala de lo Civil de la Audiencia territorial de Burgos; no ha lugar respecto los tres primeros motivos de dicho recurso; y devu\u00e9lvase al recurrente el dep\u00f3sito constituido.\n<\/p>\n

\n As\u00ed por esta nuestra sentencia, que se publicar\u00e1 en la Gaceta del Madrid, e insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa, pas\u00e1ndose el efecto los copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Rafael Bermejo.\u2013 Ernesto Jim\u00e9nez.\u2013 Mariano Avell\u00f3n.\u2013 Luis Ivarg\u00fcen.\u2013 Segundo F. Arg\u00fcelles.\u2013 Ricardo Salustiano Portal.\u2013 Por el Magistrado D. Jos\u00e9 Garc\u00eda Valdecasas, que vot\u00f3 en Sala y no pudo firmar, Rafael Bermejo.\n<\/p>\n

\n Publicaci\u00f3n.\u2013 Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Segundo Fern\u00e1ndez Arg\u00fcelles, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia p\u00fablica en el d\u00eda de hoy la Sala de lo Civil del mismo, de que certifico como Secretario de ella.\n<\/p>\n

\n Madrid, 8 de mayo de 1926.\u2013 Ante m\u00ed, Domingo Salazar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El hijo de un vecino de Getxo impugna la partici\u00f3n hecha por los albaceas contadores y la liquidaci\u00f3n de los gananciales del segundo matrimonio de su padre, disuelto sin hijos. El Tribunal Supremo mantiene la partici\u00f3n, pues no se prob\u00f3 lesi\u00f3n de la leg\u00edtima, y el pacto capitular que fij\u00f3 la aportaci\u00f3n del marido en una cantidad l\u00edquida: sin hijos no hay comunicaci\u00f3n foral y rige lo pactado. Solo casa la sentencia porque los bienes que otro hijo cedi\u00f3 al padre deben restituirse en especie.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[952,1125,650],"materia":[1233,1223],"organo":[1874],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11271","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-derecho-supletorio","tag-particion-herencia","tag-regimen-economico-matrimonial","materia-el-regimen-economico-matrimonial-determinacion","materia-la-sucesion-en-bizkaia-clases","organo-tribunal-supremo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11271"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11271"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11271"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11271"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}