{"id":11193,"date":"2025-10-06T18:37:27","date_gmt":"2025-10-06T16:37:27","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/resolucion-de-la-dgrn-de-11-de-mayo-de-1903\/"},"modified":"2026-10-19T16:20:00","modified_gmt":"2026-10-19T14:20:00","slug":"resolucion-de-la-dgrn-de-11-de-mayo-de-1903","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/resolucion-de-la-dgrn-de-11-de-mayo-de-1903\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la DGRN\/DGSJFP de 11 de mayo de 1903"},"content":{"rendered":"<p>\n  <strong>Resoluci\u00f3n de la DGRN de 11 de mayo de 1903<\/strong>\n<\/p>\n<p>\n  Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo promovido por el Notario don Pedro Pascual de Areitio contra la negativa del Registrador de la propiedad de Guernica a inscribir una escritura de cancelaci\u00f3n de hipoteca, pendiente en este Centro en virtud de apelaci\u00f3n de dicho Registrador:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que por escritura de 24 de enero de 1876, otorgada ante el Notario de Guernica don Pedro Pablo de Arresti, e inscrita en el Registro de la propiedad, don Jos\u00e9 Claudio de Apraiz y Luzarraga, don Juan Domingo de Urresti y Gorostiza, don Juan Bautista Oleaga y Arteche y don Domingo Oleaga y Arteche, se obligaron a satisfacer a don Ignacio Ventura de Arechederreta la cantidad de 2.750 pesetas que hab\u00edan recibido en pr\u00e9stamo, constituyendo hipoteca don Jos\u00e9 Claudio de Apraiz, en garant\u00eda de dicho pr\u00e9stamo, sobre la caser\u00eda r\u00fastica titulada de &#8220;Parecibecoa&#8221;, sita en la anteiglesia de Busturia:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que don Ignacio Ventura de Arechederreta falleci\u00f3 dejando subsistente y en todo su vigor el poder testatorio que confiri\u00f3 a su esposa do\u00f1a Ana Teresa de Arribalzaga, la cual, haciendo uso de ese poder, instituy\u00f3 universal heredero de todos los bienes a su hijo don Juli\u00e1n:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que fallecido \u00e9ste, fueron declarados herederos abintestato del mismo sus hermanos don Domingo, don Francisco, do\u00f1a Clara y do\u00f1a Teresa de Arechederreta y Arribalzaga:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que con fecha 17 de febrero de 1892, don Domingo de Arechederreta, para s\u00ed y a nombre de su hermano, don Francisco y do\u00f1a Clara y do\u00f1a Teresa, con licencia estas \u00faltimas, de sus respectivos maridos, otorgaron escritura de cancelaci\u00f3n ante Notario de Guernica don Pedro Pascual Areitio, previo el pago que se les hizo de la cantidad de 2.750 pesetas de la citada hipoteca:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que presentada dicha escritura con los dem\u00e1s documentos de que se ha hecho menci\u00f3n, en el Registro de la propiedad de Guernica, puso el Registrador al pie nota suspendiendo la cancelaci\u00f3n por lo que hace a la mitad de cr\u00e9dito de 1.375 pesetas, correspondiente a don Domingo y don Francisco de Arechederreta, por no haber concurrido las mujeres de los mismos al otorgamiento de la escritura y del poder que en la misma se inserta, en conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1.<sup>a<\/sup> y 9.\u00aa del t\u00edt. XX del Fuero de Vizcaya:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que contra esta calificaci\u00f3n interpuso recurso gubernativo el Notario autorizante don Pedro Pascual Areitio, en solicitud de que se declare que el documento de cancelaci\u00f3n de hipoteca, se hallaba extendido con arreglo a las formalidades y prescripciones legales, sin necesidad de que concurran las mujeres de don Domingo y don Francisco de Arechederreta, declarando asimismo que es inscribible, y alegando, en 1\n<\/p>\n<p>\n  apoyo de su pretensi\u00f3n, que la hipoteca es un derecho real y sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone al cumplimiento de la obligaci\u00f3n para cuya seguridad se constituye, seg\u00fan el art. 105 de la Ley Hipotecaria; que la comunicaci\u00f3n foral establecida por la Ley 1<sup>a<\/sup>, t\u00edt. XX del Fuero de Vizcaya, s\u00f3lo existe cuando se disuelve el matrimonio, quedando hijos o descendientes; y que la prohibici\u00f3n impuesta al marido por la Ley 9.\u00aa del citado t\u00edtulo es para vender bienes ra\u00edces, muebles y semovientes que no sean ganados durante el matrimonio, pero no para cancelar un cr\u00e9dito hipotecario perteneciente al marido, por ser muy distinto el acto de cancelar una hipoteca mediante el cumplimiento de la obligaci\u00f3n a que estaba afecta, del acto de vender los bienes que cita dicha Ley, a la cual, por ser prohibitiva, no se la debe dar mayor alcance que el que en s\u00ed misma tiene:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que el Registrador inform\u00f3 que la hipoteca es un bien inmueble, seg\u00fan los art\u00edculos 333 y 334, n\u00fam. 10 del C\u00f3digo civil, vigente como derecho supletorio en aquel antiguo Se\u00f1or\u00edo, a tenor de la ley 3.\u00aa del t\u00edt. XXXVI del Fuero de Vizcaya; que la cancelaci\u00f3n de la hipoteca es la enajenaci\u00f3n que el acreedor hipotecario hace de dicho derecho real en favor del due\u00f1o de la finca gravada, exigiendo la extinci\u00f3n de la hipoteca, en el que la consiente el derecho de enajenar, seg\u00fan doctrina consignada en varias Resoluciones de esta Direcci\u00f3n, entre ellas, las de 9 de octubre de 1880 y 14 de marzo de 1887; que esta cancelaci\u00f3n requiere dos requisitos esenciales: que el cr\u00e9dito resulte inscrito en favor del cancelante o de su causahabiente, y que tenga capacidad jur\u00eddica para enajenar conforme al derecho civil; que las Leyes reguladoras de la capacidad jur\u00eddica de las personas, y las que afectan a los derechos y deberes de familia, constituyen el estatuto personal, y, en su virtud, atendido el car\u00e1cter de vizca\u00ednos del Infanzonado que tienen los cancelantes, y al car\u00e1cter de bien inmueble que tiene la hipoteca de que se trata, es notorio que, tanto por el estatuto personal como por el real, las Leyes reguladoras de la capacidad jur\u00eddica de aqu\u00e9llos son las especiales vigentes en el Se\u00f1or\u00edo, o sea la y la 9.\u00aa del t\u00edt. XX del Fuero; que seg\u00fan la 9.<sup>a<\/sup>, el marido, constante el matrimonio, no puede vender bienes ra\u00edces, muebles o semovientes que no sean ganados durante el matrimonio sin otorgamiento de la mujer, aunque los bienes provengan de parte del marido; que siendo esta Ley clara y no conteniendo excepci\u00f3n alguna, comprende toda clase de bienes, ya sean muebles, inmuebles o semovientes, y, por tanto, los cr\u00e9ditos hipotecarios, que han de estar comprendidos en alguna de estas clases, no pueden ser enajenados sin consentimiento de la mujer:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que el Juez Delegado dict\u00f3 auto confirmando la calificaci\u00f3n del Registrador, fund\u00e1ndose en razones an\u00e1logas a las expuestas por este funcionario:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que el Notario recurrente apel\u00f3 de esta resoluci\u00f3n ante el Presidente de la Audiencia, reproduciendo algunas de sus alegaciones y exponiendo adem\u00e1s que seg\u00fan tiene declarado repetidamente la Audiencia de Burgos, la comunicaci\u00f3n foral no existe sino cuando se disuelve el matrimonio, con hijos o descendientes leg\u00edtimos, y que seg\u00fan el art. 82 de la Ley Hipotecaria procede la cancelaci\u00f3n de las inscripciones hechas en virtud de escritura p\u00fablica, si en ello consiente la persona a cuyo favor est\u00e1n\n<\/p>\n<p>\n  extendidas:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que el Presidente de la Audiencia revoc\u00f3 la providencia apelada y la calificaci\u00f3n del Registrador, y declar\u00f3 que la escritura se hallaba extendida con arreglo a derecho, siendo inscribible la cancelaci\u00f3n, fundando su acuerdo en que seg\u00fan tiene declarado la Audiencia, conforme a la opini\u00f3n sustentada por el se\u00f1or Lecanda al redactar la Memoria por acuerdo del Gobierno sobre el Fuero de Vizcaya, la Ley 1 t\u00edt. XX del Fuero, establece la comunicaci\u00f3n foral de bienes tan s\u00f3lo a la disoluci\u00f3n del matrimonio con hijos; en que la Ley 9.\u00aa del t\u00edt. XX emplea el vocablo ven\u00eda y no enajenaci\u00f3n, y no permitiendo los Fueros interpretaci\u00f3n extensiva, no puede invocarse con \u00e9xito cuando se trata de una cancelaci\u00f3n de hipoteca que no es jur\u00eddicamente una venta, aunque s\u00ed una enajenaci\u00f3n:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que el Registrador de la propiedad apel\u00f3 de dicho acuerdo por entender que trat\u00e1ndose de garantir los derechos de la mujer en el consorcio de Vizcaya, el verbo vender se usa en la citada Ley como sin\u00f3nimo de enajenar, ya que en otro caso resultar\u00eda que el marido podr\u00eda donar, permutar, gravar o hipotecar los mismos bienes que la Ley proh\u00edbe vender sin la concurrencia de la mujer; es decir, que autorizar\u00eda lo m\u00e1s (donar) y prohibir\u00eda lo menos (vender), y alegando que esta misma interpretaci\u00f3n se da por la Comisi\u00f3n especial de Codificaci\u00f3n de Vizcaya en el art\u00edculo 81 del Proyecto de Ap\u00e9ndice al C\u00f3digo civil, en contra de la opini\u00f3n del expresado jurisconsulto:\n<\/p>\n<p>\n  Vistos el art. 82 de la Ley Hipotecaria; las leyes 1.<sup>a<\/sup> y 9.\u00aa del t\u00edt. XX del Fuero de Vizcaya, y la Resoluci\u00f3n de 15 de marzo de 1902:\n<\/p>\n<p>\n  Considerando que la citada Ley 1.\u00aa s\u00f3lo establece la comunicaci\u00f3n de bienes cuando se disuelve el matrimonio quedando hijos o descendientes, y estando subsistentes los contra\u00eddos, respectivamente, por don Domingo y don Francisco de Arechederreta, otorgantes de la escritura de cancelaci\u00f3n que ha motivado el presente recurso, no cabe aplicar dicha Ley, dictada para el expresado caso de estar disuelto el matrimonio:\n<\/p>\n<p>\n  Considerando que la Ley 9.<sup>a<\/sup> tambi\u00e9n citada se limita a prohibir al marido la venta de bienes inmuebles sin el consentimiento de la mujer, y aun concediendo que bajo la palabra vender se comprenda toda clase de enajenaci\u00f3n de bienes inmuebles, podr\u00eda entenderse aplicable al caso en que se hubiera enajenado el derecho real de hipoteca, pero en manera alguna al caso del recurso en que no hay tal enajenaci\u00f3n, sino simplemente la expresi\u00f3n del consentimiento para que se cancele la inscripci\u00f3n de la misma, por haberse extinguido en el cobro de la cantidad prestada la obligaci\u00f3n principal que garantizaba:\n<\/p>\n<p>\n  Considerando que no prohibiendo la repetida Ley 9.\u00aa que el marido perciba sin consentimiento de la mujer el importe del pr\u00e9stamo garantizado y consienta en la cancelaci\u00f3n, no cabe, dado el car\u00e1cter restrictivo de aqu\u00e9lla, interpretarla extensivamente, seg\u00fan la doctrina establecida en caso an\u00e1logo en Resoluci\u00f3n de 15 de\n<\/p>\n<p>\n  marzo de 1902;\n<\/p>\n<p>\n  Esta Direcci\u00f3n general ha acordado confirmar la providencia apelada.\n<\/p>\n<p>\n  Lo que con devoluci\u00f3n del expediente original, comunico a V.I. a los efectos consiguientes.\u2013 Dios guarde a V.I. muchos a\u00f1os. Madrid, 11 de mayo de 1903.\u2013 El Director general, Rafael Andrade.\u2013 Sr. Presidente de la Audiencia de Burgos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunicaci\u00f3n foral. Disoluci\u00f3n del matrimonio con hijos.\u2014 Enajenaci\u00f3n de inmuebles. Consentimiento conyugal.\u2014 Hipoteca. 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