{"id":11187,"date":"2025-10-06T18:37:27","date_gmt":"2025-10-06T16:37:27","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sts-de-27-de-octubre-de-1900\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:19","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:19","slug":"sts-de-27-de-octubre-de-1900","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sts-de-27-de-octubre-de-1900\/","title":{"rendered":"STS de 27 de octubre de 1900"},"content":{"rendered":"

\n STS de 27 de octubre de 1900<\/strong>\n<\/p>\n

\n En la villa y corte de Madrid, a 27 de octubre de 1900, en los autos declarativos de mayor cuant\u00eda seguidos en el Juzgado de primera instancia de Valmaseda y la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos por D. Manuel de Unzueta y Urrengoechea, Farmac\u00e9utico, vecino de Bilbao, como marido y legal representante de Do\u00f1a Br\u00edgida de Iza y Hornes, y por Do\u00f1a Dominga, Do\u00f1a Antonia, Do\u00f1a Elo\u00edsa y Do\u00f1a Maximina de Iza y Hornes, en nombre de las cuales, mediante su menor edad, litig\u00f3 su ya difunto tutor D. V\u00edctor Ch\u00e1varri y Salazar, litigando hoy por s\u00ed mismas, como mayores, las dos primeras, y hall\u00e1ndose representadas las dos \u00faltimas, o sean las Do\u00f1a Elo\u00edsa y Do\u00f1a Maximina de Iza, a\u00fan menores, por su nuevo tutor, que lo es actualmente en Don Manuel de Unzueta, marido de la Do\u00f1a Br\u00edgida, contra D. Eugenio Solano y Corcuera, propietario, vecino de Abanto y Ci\u00e9rvana, por s\u00ed y como legal representante de su hijo menor de edad D. Agust\u00edn Solano y Hornes, \u00e9ste declarado en rebeld\u00eda por haber comparecido aqu\u00e9l \u00fanicamente en su propio nombre, sobre rescisi\u00f3n de particiones por restituci\u00f3n in integrum: pleito pendiente ante Nos, en recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley que ha interpuesto el demandado D. Eugenio Solano, a quien representa y defiende el Procurador D. Alberto Santa Mar\u00eda del Alba y el Letrado D. Trinitario Ruiz Capdep\u00f3n, representando y defendiendo a las demandantes y recurridas el Procurador D. Luis Lumbreras y el Letrado D. Antonio Maura, sin que haya comparecido en este Tribunal Supremo el otro demandado, D. Agust\u00edn Solano y Hormes:\n<\/p>\n

\n Resultando que en 9 de junio de 1887 sin testamento Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes y Gamboa, natural de Santurce y domiciliada en Gallarta, casada en primeras nupcias con Pedro Fern\u00e1ndez, de quien tuvo una hija, ya difunta; en segundas nupcias con D. Fernando de Iza Rementer\u00eda, de cuyo matrimonio dej\u00f3 cinco hijos, llamados Do\u00f1a Br\u00edgida, mujer de D. Manuel Unzueta; Do\u00f1a Dominga, Do\u00f1a Antonia, Do\u00f1a Elo\u00edsa y Do\u00f1a Maximina de Iza y Hornes, solteras las cuatro \u00faltimas, menores de edad y demandantes las cinco en el pleito origen de este recurso; y en terceras nupcias estaba casada Do\u00f1a Pl\u00e1cida, al tiempo de su fallecimiento, con D. Eugenio Solano Corcuera, hoy demandado y recurrente, dejando un hijo llamado Agust\u00edn Solano y Hornes, tambi\u00e9n demandado en este pleito:\n<\/p>\n

\n Resultando que el matrimonio de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes con su segundo marido D. Fernando de Iza tuvo lugar en 19 de marzo de 1871, disolvi\u00e9ndose el 30 de agosto de 1885, en que falleci\u00f3 D. Fernando bajo testamento nuncupativo, nombrando a sus mencionadas cinco hijas, Do\u00f1a Br\u00edgida, Do\u00f1a Dominga, Do\u00f1a Antonia, Do\u00f1a Elo\u00edsa y Do\u00f1a Maximina, leg\u00edtimas sucesoras y universales herederas por quintas e iguales partes de todos sus bienes, derechos y acciones, excepci\u00f3n hecha de los que por ley correspondiesen a su esposa, a la cual nombr\u00f3 tutora y curadora de sus referidas hijas, y tambi\u00e9n albacea, con facultades para que una vez ocurrido su fallecimiento, procediese\n<\/p>\n

\n a la formaci\u00f3n del inventario e hijuelas extrajudicialmente, dentro de un a\u00f1o, que se entender\u00eda prorrogado por el tiempo necesario, relev\u00e1ndola de fianza; y haciendo uso de tales facultades, procedi\u00f3 la Do\u00f1a Pl\u00e1cida a practicar las operaciones divisorias del caudal relicto por su difunto marido, que import\u00f3 en l\u00edquido 313.464 pesetas 94 c\u00e9ntimos, correspondi\u00e9ndole a ella la mitad, o sean 156.732 pesetas 47 c\u00e9ntimos, igual cantidad y en junto a las cinco hijas, que hubieron de tocar, por consiguiente, a 31.346 pesetas 494 mil\u00e9simas de peseta cada una; cuyas operaciones particionales fueron aprobadas por el Juez de primera instancia de Valmaseda en auto de 1.\u00b0 de abril de 1887:\n<\/p>\n

\n Resultando que en pago de las 156.732 pesetas 47 c\u00e9ntimos del haber de Do\u00f1a Pl\u00e1cida, se la adjudicaron, entre otros bienes, todos los \u00fatiles y herramientas, etc., de las minas n\u00fameros 1 al 158 inclusive del inventario, y siendo este extremo materia especial de uno de los motivos del presente recurso de casaci\u00f3n, conviene recordar los supuestos de la partici\u00f3n que a pel se refiern, y son los siguientes: que D. Fernando de Iza era contratista de minas, y como tal, ten\u00eda a su cargo diversos contratos de explotaci\u00f3n, y para verificar esto, hab\u00eda adquirido los \u00fatiles y herramientas necesarios a tal fin, y entre ellos los semovientes indispensables para el arrastre de los vagones; que adem\u00e1s, cumpliendo sus compromisos de contratista, dej\u00f3 practicadas labores de explotaci\u00f3n, y como de ellas, cantidades m\u00e1s o menos considerables de escombro y mineral, que deb\u00edan serle abonadas por los propietarios de las minas respectivas; que al ocurrir el fallecimiento de D. Fernando, la viuda se encontr\u00f3 por un lado con un capital en \u00fatiles y herramientas de alguna importancia, sobre todo si a su importe se a\u00f1ad\u00eda el de las labores hechas y lo correspondiente a los escombros y mineral extra\u00eddos; y como por su sexo no era apta para seguir por s\u00ed la empresa o negociaciones del marido, otorg\u00f3 con sus cu\u00f1ados, hermanos de aqu\u00e9l, un convenio privado, mediante el cual, ella les facilitar\u00eda los \u00fatiles y herramientas, cedi\u00e9ndoles parte de lo debido por los escombros y mineral, recibiendo en cambio una cantidad, como as\u00ed se verific\u00f3, practic\u00e1ndose oportunas compensaciones, valor de 8.000 metros c\u00fabicos de escombros, que el difunto no hab\u00eda transportado a\u00fan, cuyos 8.000 metros se encarg\u00f3 de transportar la Sociedad formada por sus hermanos, o sea la raz\u00f3n A. Iza y Compa\u00f1\u00eda, con lo cual el importe de los \u00fatiles y labores de las minas San Jos\u00e9 y Perseguida qued\u00f3 reducido a pesetas 35.307 con 82 c\u00e9ntimos, es decir, que se bajaron 10.000 pesetas; que unida la primera cantidad a 58.861 con 59 c\u00e9ntimos que importaban los \u00fatiles de la mina San Miguel, ascend\u00edan aqu\u00e9llos en junto, los de todas las minas, a 94.169 pesetas con 41 c\u00e9ntimos, de la cual hubo que deducir la de pesetas 31.250 que por las herramientas de que se hizo cargo abon\u00f3 a cuenta hasta el 20 de junio, entonces \u00faltimo, la referida Sociedad A. Iza y Compa\u00f1\u00eda, cantidad unida a la de pesetas 10.750, viene a dar la de 42.000 pesetas, que son los fondos que como existentes en caja aparecen en el inventario por raz\u00f3n de aquel ingreso; que de aqu\u00ed el que se adjudicaran a la viuda la totalidad de las herramientas, comprendiendo en esta denominaci\u00f3n, no s\u00f3lo los \u00fatiles del trabajo, sino las labores practicadas, importe del mineral y escombro arrancado y semovientes empleados en el arrastre de vagones; todo, en una palabra; que otra cosa habr\u00eda sido imposible, pues\n<\/p>\n

\n parte de esas herramientas y labores han desaparecido, pasando a formar parte del capital de la Sociedad citada; y que les han adjudicado en la cantidad de 62.919 pesetas y 41 c\u00e9ntimos, porque realmente a esto nada m\u00e1s queda reducido lo que la viuda aport\u00f3 a la Sociedad, toda vez que \u00e9sta le abon\u00f3 31.250 pesetas, que, como es natural, deben deducirse del valor de las herramientas y valores calculados en pesetas 94.169 con 41 c\u00e9ntimos:\n<\/p>\n

\n Resultando que el matrimonio de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes con su tercer marido D. Eugenio Solano Concuera \u2013hoy recurrente\u2013 se celebr\u00f3 en la anteiglesia de Bego\u00f1a el d\u00eda 1.\u00b0 de marzo de 1887, y fallecida aqu\u00e9lla sin testamento en 9 de junio del mismo a\u00f1o, dejando de este enlace un hijo llamado Agust\u00edn Solano Hornes, el Juez de primera instancia de Valmaseda, en auto de 9 de noviembre siguiente, declar\u00f3 herederos abintestato de la finada, por sextas e iguales partes, a sus leg\u00edtimos hijos Do\u00f1a Br\u00edgida, Do\u00f1a Dominga, Do\u00f1a Antonia, Do\u00f1a Elo\u00edsa y Do\u00f1a Maximina de Iza y Hornes, habidas de su matrimonio con D. Fernando de Iza, y a D. Agust\u00edn Solano, procreado con su tercer marido D. Eugenio; prev\u00ednose despu\u00e9s el correspondiente juicio necesario de testamentar\u00eda, en el que estuvieron debidamente representados los menores; form\u00f3se judicialmente el oportuno inventario, con el cual mostraron las partes su conformidad, siendo aprobado por auto de 24 de febrero de 1888; y por designaci\u00f3n de los interesados, fue nombrado contador el Letrado D. Carlos de la Plaza, que en 14 de junio de 1888 cumpli\u00f3 su cometido bajo los siguientes supuestos, entre otros, que no es preciso relacionar: que al contraer matrimonio la Do\u00f1a Pl\u00e1cida con el D. Eugenio no se otorgaron capitulaciones matrimoniales; que el marido no aport\u00f3 bienes algunos; que aplicable \u2013y esta es la cuesti\u00f3n esencial del d\u00eda\u2013 la ley 1a<\/sup>, t\u00edt. 20 del Fuero de Vizcaya, que establece la comuni\u00f3n de bienes cuando el matrimonio se disuelve con hijos, la divisi\u00f3n de aqu\u00e9llos es f\u00e1cil; que por ello, los bienes se dividen por mitad, correspondiendo el total por iguales partes al c\u00f3nyuge viudo y a los hijos del premuerto; que en virtud, el D. Eugenio recibir\u00e1 el 50 por 100 del caudal, y el otro 50 por 100 se repartir\u00e1 por sextas e iguales partes entre los seis hijos de la Do\u00f1a Pl\u00e1cida; y que el l\u00edquido partible importaba 128.319 pesetas 34 c\u00e9ntimos, correspondiendo al viudo por su mitad 64.159 pesetas 67 c\u00e9ntimos, y a cada uno de los seis hijos, 10.693 pesetas 27 c\u00e9ntimos:\n<\/p>\n

\n Resultando que en las declaraciones de la partici\u00f3n de que se trata, se consigna, adem\u00e1s de las generales: que nada se dice en las adjudicaciones del producto del arranque, por cuanto no habiendo sido valorado, no era menester tenerlo en cuenta para la comprobaci\u00f3n; pero se declaraba que adem\u00e1s de lo que se adjudica a cada cual, los interesados ten\u00edan derecho y deber\u00edan haber por este concepto el viudo el 12 por 100 de su importe, y cada uno de los seis hijos la sexta parte del otro 12 por 100; que en la Sociedad A. Iza y Compa\u00f1\u00eda, la finada se reserv\u00f3 por s\u00ed y para sus hijos el 50 por 100 por cada parte, entregando el otro 50 por 100 a sus cu\u00f1ados, de manera que en la Sociedad A. Iza y Compa\u00f1\u00eda los interesados en ella tienen la participaci\u00f3n siguiente: los cu\u00f1ados de la finada, hermanos de D. Fernando, el 50 por 100; los hijos de D. Fernando, por herencia de su padre, el 5 por 100; por \u00eddem de su madre, el 2,82 por 100, igual a 3\n<\/p>\n

\n 7,83 por 100 cada uno, que hacen entre los cinco un 34,415 por 100; el D. Eugenio Solano, el 12,50 por 100, y su hijo el Don Agust\u00edn, el 2,83 por 100; y presentadas por el contador al Juzgado de Valmaseda estas operaciones particionales, se mandaron poner de manifiesto a los interesados, que dijeron estar hechas con arreglo derecho, siendo aprobadas por auto de 20 de junio de 1888, y protocolizadas el mismo d\u00eda:\n<\/p>\n

\n Resultando que en relaci\u00f3n con los antecedentes expuestos, a dos pueden reducirse las cuestiones fundamentales objeto del presente pleito y del recurso de casaci\u00f3n interpuesto: primera, qu\u00e9 legislaci\u00f3n \u2013si la foral de Vizcaya o la com\u00fan de Castilla\u2013 debi\u00f3 aplicarse a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal habida entre D. Eugenio Solano Corcuera y Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes Gamboa; y segunda, si aplicado, como se aplic\u00f3, el Fuero de Vizcaya, procede o no, y en qu\u00e9 extensi\u00f3n y con qu\u00e9 alcance en su caso, el beneficio de la restituci\u00f3n in integrum, que es la acci\u00f3n que en la demanda se ejercita, para que vuelvan las cosas al ser y estado que ten\u00edan antes de aprobarse y practicarse las operaciones particionales referentes a dicha sociedad conyugal:\n<\/p>\n

\n Resultando que en 27 de noviembre de 1896, D. Manuel de Unzueta, como marido de Do\u00f1a Aquilina Br\u00edgida de Iza y Hornes, y D. V\u00edctor de Ch\u00e1varri, como tutor y curador ad bona de las menores Do\u00f1a Dominga, Do\u00f1a Antonia, Do\u00f1a Elo\u00edsa y Do\u00f1a Maximina de Iza y Hornes, formularon ante el Juzgado de primera instancia de Valmaseda demanda ordinaria de mayor cuant\u00eda contra D. Eugenio Solano y su hijo D. Agust\u00edn Solano y Hornes, menor de edad, solicitando que en su d\u00eda se dictara sentencia, por la que se declarase haber lugar a la restituci\u00f3n in integrum, y en su consecuencia, rescindidas y de ning\u00fan valor las operaciones divisorias practicadas a la muerte de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes en el juicio de testamentar\u00eda seguido en el Juzgado de Valmaseda por ante el Escribano D. Isidoro de Llano, y el auto de aprobaci\u00f3n de las mismas dictado en 20 de junio de 1888; mandando que se queden las cosas restituidas al ser y estado que ten\u00edan antes de la pr\u00e1ctica, y aprobaci\u00f3n de dichas operaciones divisorias, y que \u00e9stas se practiquen de nuevo, aplicando al matrimonio de D. Eugenio Solano y Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes el r\u00e9gimen de gananciales establecido en el derecho castellano o com\u00fan anterior al C\u00f3digo civil, adjudicando, por tanto, a los seis hijos de Do\u00f1a Pl\u00e1cida los bienes aportados por la misma a dicho matrimonio que existiesen y el importe de los dem\u00e1s aportados que no existiesen, y de todos los intereses, rentas, frutos y productos de cualquier g\u00e9nero que de todos los bienes aportados procedan; y condenando a D. Eugenio Solano y su hijo D. Agust\u00edn Solano y Hornes a que no pongan obst\u00e1culo a la rescisi\u00f3n de las referidas operaciones divisorias y auto de su aprobaci\u00f3n, ni a la pr\u00e1ctica de las nuevas operaciones divisorias, adem\u00e1s a D. Eugenio Solano a que entregue a Do\u00f1a Aquilina Br\u00edgida, Do\u00f1a Dominga, Do\u00f1a Antonia, Do\u00f1a Elo\u00edsa y Do\u00f1a Maximina de Iza y Hornes las cinco sextas partes de todos los bienes aportados por Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes al matrimonio, y que a \u00e9l le fueron adjudicados, y a que les pague el importe de lo que falte para cubrir aquella aportaci\u00f3n en las cinco sextas partes; y a que les restituya las cinco sextas partes de las rentas, intereses, frutos y productos de cualquier g\u00e9nero procedentes de aquellos bienes aportados y su importe que haya percibido, 4\n<\/p>\n

\n incluso los dividendos o ganancias repartidas, correspondientes al 12 1\/2 de\n<\/p>\n

\n participaci\u00f3n en la Sociedad A. Iza y Compa\u00f1\u00eda, que se le adjudic\u00f3, con imposici\u00f3n de costas al demandado que no se allanara a la demanda:\n<\/p>\n

\n Resultando que en apoyo de estas pretensiones, la representaci\u00f3n de las cinco hermanas Iza y Hornes expuso diferentes extremos ya mencionados en los precedentes, tales como el matrimonio del demandado con Do\u00f1a Pl\u00e1cida de Hornes; el fallecimiento de \u00e9sta dejando como hijo de su tercer matrimonio al menor, tambi\u00e9n demandado, Agust\u00edn Solano y Hornes; la declaraci\u00f3n de herederos abintestato de la Do\u00f1a Pl\u00e1cida, hecho a favor de D. Agust\u00edn y de las cinco demandantes; la prevenci\u00f3n del juicio de testamentar\u00eda de la finada, y una relaci\u00f3n sint\u00e9tica del inventario, divisi\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes relictos, consignando adem\u00e1s sustancialmente los hechos que siguen: que D. Eugenio Solano naci\u00f3 el d\u00eda 15 de noviembre de 1868 en la villa de Ayuelas, pueblo de la provincia de Burgos, vecindad tambi\u00e9n de sus padres D. Zacar\u00edas y Do\u00f1a Estefan\u00eda Corcuera, cuyos consortes eran naturales, el primero de dicho Ayuelas y la segunda de Leci\u00f1ana del Camino; que igualmente hab\u00edan sido naturales y vecinos de pueblos de Castilla los abuelos paternos y maternos del D. Eugenio; que \u00e9ste, cuando cas\u00f3 con Do\u00f1a Pl\u00e1cida en 1.\u00b0 de marzo de 1887, no hab\u00eda cumplido los veinticinco a\u00f1os necesarios para ser mayor de edad y quedar fuera de la patria potestad; que los aludidos padres del D. Eugenio, despu\u00e9s que \u00e9ste naci\u00f3, continuaron residiendo en Castilla en el citado pueblo de Ayuelas, pudiendo asegurar que ni antes ni despu\u00e9s del matrimonio del hijo trasladaron su residencia a territorio del Infanzonado de Vizcaya; que de lo consignado en la partici\u00f3n de bienes por \u00f3bito de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes se desprende que la inmensa mayor\u00eda de los bienes relictos fueron aportados por ella, y en cambio que su marido D. Eugenio no aport\u00f3 caudal alguno; que, sin embargo, aquellos bienes se distribuyeron a medias entre el viudo de una parte y de otras los seis hijos de la finada, por haberse entendido err\u00f3neamente que se trataba de un matrimonio al cual era aplicable el r\u00e9gimen de comunidad establecido en el Fuero de Vizcaya; que como consecuencia de tales operaciones divisorias, y a virtud de un matrimonio que s\u00f3lo hab\u00eda durado tres meses y medio incompletos, D. Eugenio Solano se hizo due\u00f1o de la mitad del cuantioso capital que perteneci\u00f3 a su mujer Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes; que despu\u00e9s de esto, el viudo contrajo nuevo matrimonio, del cual tiene hijos; que la demandante Do\u00f1a Agustina Br\u00edgida de Iza y Hornes, antes de cumplir los veintitr\u00e9s a\u00f1os, cas\u00f3 con D. Manuel Unzueta, y las otras cuatro demandantes, hermanas de aqu\u00e9lla y menores de edad, contin\u00faan bajo la guarda de su curador Don V\u00edctor Ch\u00e1varri, a quien se le hab\u00eda discernido el cargo en forma; que formado posteriormente el consejo de familia de dichas cuatro menores, \u00e9ste ha otorgado a su citado curador la autorizaci\u00f3n correspondiente para entablar este pleito; y que de estos hechos se desprende a favor de las demandantes la acci\u00f3n o beneficio de la restituci\u00f3n in integrum que ejercitan:\n<\/p>\n

\n Resultando que como fundamentos de derecho, aleg\u00f3 la parte demandante: que era principio de derecho antes de publicarse el C\u00f3digo civil, consagrado hoy por \u00e9ste en el apartado 3.\u00b0 de su art. 15 y en el art. 18, que los hijos emancipados siguen la condici\u00f3n y nacionalidad de sus padres, y hall\u00e1ndose D. Eugenio Solano cuando se cas\u00f3 5\n<\/p>\n

\n con Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, por no haber cumplido los veinticinco a\u00f1os, bajo la potestad de su padre, y siendo la ley personal de \u00e9ste entonces la del derecho com\u00fan o castellano, en cuyo territorio hab\u00eda nacido y ten\u00eda su vecindad, y en el cual tambi\u00e9n nacieron y residieron sus progenitores, dicho derecho com\u00fan y no el Fuero de Vizcaya era la ley personal del D. Eugenio al contraer su aludido matrimonio: que es tambi\u00e9n principio anterior al C\u00f3digo civil que la mujer sigue la condici\u00f3n y nacionalidad del marido, desprendi\u00e9ndose de ello que la ley personal de \u00e9ste es por la que se rigen los matri\u00admonios, sin que nada en contrario diga el Fuero de Vizcaya, ni tal precepto, de existir, podr\u00eda sobreponerse a los del derecho com\u00fan cuando se trata de uno que no es vizca\u00edno y sobre materia de estatuto personal, que \u00e9ste sigue al individuo regulando sus distintos derechos, entre ellos el r\u00e9gimen de su matrimonio, por lo que no puede ejercer influencia el que \u00e9ste lo contraiga en pa\u00eds distinto del de su ley personal, seg\u00fan tiene declarado este Tribunal Supremo en sentencias anteriores al C\u00f3digo civil, como son las de 6 de noviembre de 1867, 6 de junio de 1872, 29 de enero de 1875 y otras varias que se citan, omiti\u00e9ndose, entre ellas, hacer menci\u00f3n de la de 27 de noviembre de 1868, porque en \u00e9sta no s\u00f3lo se sanciona aquella doctrina, sino que se la aplica a un caso muy semejante al de que se trata; que siendo, como era, de Castilla D. Eugenio Solano, esto es, de territorio sujeto al derecho com\u00fan, que establec\u00eda para los matrimonios el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de gananciales, las operaciones divisorias que se practicaron a la disoluci\u00f3n del consorcio por defunci\u00f3n de su mujer Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes debieron haberse llevado a cabo con arreglo a ese r\u00e9gimen, entregando, por tanto, a los herederos de la Do\u00f1a Pl\u00e1cida el importe total de los bienes aportados por la misma, en vez de limitarse a entregarles la mitad de los bienes de que se compon\u00eda el caudal de la testamentar\u00eda, que por cierto era menor que el aportado por la finada; que quedaba demostrado con esto el da\u00f1o y menoscabo inferido a las cinco demandantes y al demandado D. Agust\u00edn Solano en la divisi\u00f3n de bienes practicada al fallecimiento de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, madre de los seis, por haber aplicado en lugar del r\u00e9gimen de gananciales, \u00fanico legal, el estable\u00adcido en el Fuero de Vizcaya de la comunidad, recibiendo as\u00ed aqu\u00e9llos una importante cantidad menos, mientras que el demandado D. Eugenio Solano adquiri\u00f3 injustamente de m\u00e1s; que no s\u00f3lo est\u00e1 probada la lesi\u00f3n sufrida por los menores, sino que se demuestra que \u00e9sta es de grand\u00edsima importancia: primero, porque a la finada Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes se le adjudicaron en pago de su haber en la testamentar\u00eda de su marido D. Fernando de Iza 156.732 pesetas 460 mil\u00e9simas, y aparte el 25 por 100 de participaci\u00f3n en la Sociedad A. Iza y Compa\u00f1\u00eda, y el caudal repartido a la muerte de aquella adjudicataria, fuera de dicha participaci\u00f3n en la indicada Sociedad, s\u00f3lo import\u00f3 128.319 pesetas 340 mil\u00e9simas, es decir 28.415 con 130 mil\u00e9simas menos que las que recibi\u00f3, diferencia inexplicable, porque cuando menos deb\u00eda de existir a la muerte de Do\u00f1a Pl\u00e1cida el caudal que se le dio en la testamentar\u00eda de su marido, terminada en abril de 1887, durante su segundo matrimonio y dos meses y medio antes de la muerte de ella, cuando con las cantidades recibidas de A. Iza y Compa\u00f1\u00eda por utilidades ascendentes a miles de pesetas y hasta de duros, tuvo la Do\u00f1a Pl\u00e1cida lo suficiente y sobrado para cubrir con creces todas sus necesidades y las del nuevo matrimonio; segundo, porque las utilidades que se han repartido al D. Eugenio Solano por su 6\n<\/p>\n

\n participaci\u00f3n del 12 1\/2 por 100 en la Sociedad A. Iza y Compa\u00f1\u00eda desde el 30 de junio de 1887 hasta el 31 de mayo de 1896 ascienden a 133.078 pesetas 50 c\u00e9ntimos, percibiendo adem\u00e1s al liquidarse dicha Sociedad, por ese 12 1\/2 por 100, 9.300 pesetas; tercero, porque las fincas y dem\u00e1s bienes que se adjudicaron al D. Eugenio han estado produciendo intereses que importaran algunos miles de pesetas; y cuarto, porque, aun sin constar la \u00faltima partida, cuyo importe ni siquiera aproximadamente puede conocerse por ahora, resulta que a los hijos de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes se les ha privado de 225.000 pesetas, con inclusi\u00f3n de las 28.413 con 130 mil\u00e9simas que hay de diferencia entre el caudal aportado por ella y el repartido a su muerte, de la cual debe responder el marido D. Eugenio Solano, por ser de su exclusivo cargo, y no de la mujer, las p\u00e9rdidas que haya en la sociedad conyugal, y la satisfacci\u00f3n de todas las necesidades y obligaciones de la misma; que concedido por las leyes del t\u00edt. 19, Partida 6.a<\/sup>, a los menores de edad en beneficio de la restituci\u00f3n in integrum, este derecho surgi\u00f3 para las demandantes en el momento que se practic\u00f3 y aprob\u00f3 la divisi\u00f3n de bienes por fallecimiento de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, cuyas operaciones tan gran lesi\u00f3n les ocasionaran; que pudiendo los menores reclamar por v\u00eda de restituci\u00f3n durante el tiempo que les falta para cumplir los veinticinco a\u00f1os y aun cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, seg\u00fan la ley 8.\u00aa del t\u00edtulo y Partida antecitada, las actoras se hallan comprendidas dentro de esos per\u00edodos de tiempo; y, por \u00faltimo, que no se oponen a esto las disposiciones del C\u00f3digo civil, pues \u00e9ste, que no tiene efecto retroactivo, no ha despojado a aqu\u00e9llas de un derecho que adquirieron el a\u00f1o 1887, o sea antes de publicarse aquel cuerpo legal, el cual, a mayor abundamiento, lo declara as\u00ed expl\u00edcitamente en las reglas 1.a<\/sup> y 4.a<\/sup> de sus disposiciones transitorias al consignar que quedan a salvo las acciones y derechos nacidos y no ejercitados al regir el C\u00f3digo, con la extensi\u00f3n y en los t\u00e9rminos que les reconociera la legislaci\u00f3n precedente; habiendo acompa\u00f1ado la parte actora a su demanda varios documentos \u2013algunos de ellos en forma de copias simples\u2013 relativos a lo anteriormente relacionado, tanto en los precedentes como al hacer menci\u00f3n del aludido escrito originario del pleito:\n<\/p>\n

\n Resultando que el demandado D. Eugenio Solano y Corcuera acudi\u00f3 al Juzgado con dos escritos fecha 18 y 27 de enero de 1897, interesando por el primero se le tuviera por parte en los autos, y por el segundo, que se nombrase a su hijo y codemandado el menor D. Agust\u00edn Solano y Hornes un defensor judicial, toda vez que las necesidades del debate podr\u00edan hacer tal vez incompatible la defensa de ambos bajo una misma direcci\u00f3n, y que mientras ten\u00edan lugar las diligencias que esto requiriera se suspendiese el t\u00e9rmino concedido al D. Agust\u00edn para formular su contestaci\u00f3n; y habi\u00e9ndose denegado ambas solicitudes, la parte actora acus\u00f3 la rebeld\u00eda del \u00faltimo, y el Juzgado tuvo, en efecto, por contestada la demanda de referencia a nombre del aludido menor:\n<\/p>\n

\n Resultando que conferido traslado para igual tr\u00e1mite a D. Eugenio Solano, lo evacu\u00f3 \u00e9ste en escrito de 17 de abril de dicho a\u00f1o 97; y despu\u00e9s de aceptar algunos de los hechos de la demanda, negando otros, ya en parte, ya por completo, estableci\u00f3 de contrario los que siguen: que sus padres D. Zacar\u00edas Solano y Do\u00f1a Estefan\u00eda Corcuera moraron en Ayuelas, partido judicial de Miranda de Ebro, provincia de Burgos, y en 7\n<\/p>\n

\n dicha villa tuvo lugar el nacimiento del contestante; pero aqu\u00e9llos, en 1877 mudaron de residencia, avecind\u00e1ndose en el concejo de Abanto y Ci\u00e9rvana, partido judicial de Valmaseda, donde ejercieron el comercio y tuvieron casa abierta en el barrio de La Barga del expresado concejo; que adem\u00e1s el D. Zacar\u00edas hab\u00eda desempe\u00f1ado en dicho barrio de La Barga el cargo de estanquero para que se le nombr\u00f3 en 5 de octubre de 1880, ejerci\u00e9ndolo por lo menos hasta el 26 de abril de 1887, o sea cerca de dos meses despu\u00e9s del matrimonio de D. Eugenio; que menor el mismo demandado cuando sus padres eran vecinos de Vizcaya, adquiri\u00f3 el domicilio y vecindad de \u00e9stos, la cual conserv\u00f3 siempre y conserva hoy sin interrupci\u00f3n alguna; que el D. Eugenio fue incluido en el alistamiento para el reemplazo del Ej\u00e9rcito de 1883 por el cupo de Abanto y Ci\u00e9rvana, y habi\u00e9ndosele declarado soldado, se redimi\u00f3 a met\u00e1lico; resultando as\u00ed demostrado que el dicente era en dicho a\u00f1o 83 domiciliado, morador y ciudadano de Vizcaya e hijo de vecinos de este territorio; pues de lo contrario se le hubiera alistado en Ayuelas, pueblo de su naturaleza, seg\u00fan se ordenaba en la ley de Reemplazos entonces vigente; que antes de casarse D. Eugenio con Do\u00f1a Pl\u00e1cida de Hornes administr\u00f3 los bienes de la misma, consign\u00e1ndose en el poder que al efecto se otorg\u00f3 que aqu\u00e9l era vecino de Abanto; que tambi\u00e9n en la partida del aludido matrimonio, transcrita en el Registro civil, se hizo constar que el contrayente era feligr\u00e9s de la parroquia de Santa Juliana de la citada poblaci\u00f3n; que al disolverse aquel consorcio por defunci\u00f3n de la Do\u00f1a Pl\u00e1cida, qued\u00f3 un hijo leg\u00edtimo, que es el otro demandado D. Agust\u00edn Solano Hornes; y, finalmente, que desde el a\u00f1o 1879, D. Eugenio Solano y Corcuera es morador y vecino, sin interrupci\u00f3n alguna, de Abanto y Ci\u00e9rvana, en donde viene dedicado al comercio, y de cuya poblaci\u00f3n fue nombrado en 12 de agosto de 1889 Fiscal municipal, desempe\u00f1ando el cargo de Juez a la fecha del escrito que se relaciona:\n<\/p>\n

\n Resultando que para fundamentar D. Eugenio Solano su oposici\u00f3n a la demanda, hizo varias citas legales, y adujo diversas consideraciones de derecho, figurando entre ellas, sint\u00e9ticamente expuestas, las siguientes, que seg\u00fan la ley 13, t\u00edt. 1.\u00b0 del Fuero de Vizcaya, se gana vecindad en este territorio a los sesenta d\u00edas no descendiendo de moros ni de jud\u00edos; que el domicilio de los empleados es el pueblo donde sirven sus destinos, seg\u00fan la ley org\u00e1nica del Poder judicial y las sentencias de este Tribunal Supremo de 28 de julio de 1858 y 29 de septiembre de 1864; que hasta los presupuestos de 1892, y desde fecha muy anterior a \u00e9sta, los estanqueros fueron empleados p\u00fablicos con nombramiento del Gobierno o sus delegados, y no pod\u00edan ejercer su cargo sino en el pueblo para que hab\u00edan sido designados; que aunque los preceptos de la ley Municipal son obligatorios en las provincias Vascongadas desde el a\u00f1o de 1841, basta para este caso con que lo sean desde las leyes de 21 de julio y 16 de diciembre de 1876; que el beneficio de la restituci\u00f3n in integrum no es tan absoluto e ilimitado como se aduce de contrario, invocando la ley 2.a<\/sup>, t\u00edt. 19 de la Partida 6.a<\/sup>, ya que la regla 14, t\u00edt. 24 de la Partida 7.a<\/sup>, dice que no causa da\u00f1o a otro quien usa de su derecho; que el poseedor de buena fe hace suyos los frutos civiles hasta la contestaci\u00f3n de la demanda, y es poseedor de buena fe el que no duda ni puede dudar de su modo o t\u00edtulo de adquirir; y \u00faltimamente, que las obligaciones que nacen de los contratos no se presumen, e\n<\/p>\n

\n incumbe la prueba al que afirma la existencia de la obligaci\u00f3n:\n<\/p>\n

\n Resultando que con este escrito, en el que el demandado Solano Corcuera solicit\u00f3 se le absolviera de la demanda, con imposici\u00f3n de las costas a la parte actora, acompa\u00f1\u00f3 el mismo los siguientes documentos: A, una certificaci\u00f3n expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Ayuelas, con el V.\u00b0 B.\u00b0 del Alcalde, de la que consta que en 1870, sin que pueda precisarse el mes, D. Zacar\u00edas Solano traslad\u00f3 su residencia a la provincia de Vizcaya, y fue baja en la matr\u00edcula industrial, siendo aqu\u00e9l el \u00faltimo a\u00f1o que aparece empadronado en la mencionada villa; B, tres certificaciones, de las que consta: primero, que en 5 de octubre de 1880, la Delegaci\u00f3n de Hacienda de Vizcaya nombr\u00f3 estanquero de Abanto y Ci\u00e9rvana a D. Zacar\u00edas Solano, quien tom\u00f3 posesi\u00f3n de su cargo el expresado d\u00eda; segundo, que por orden de la Direcci\u00f3n general de Rentas Estancadas, y con fecha l .\u00b0 de abril de 1883, se expidi\u00f3 al D. Zacar\u00edas el t\u00edtulo correspondiente a aquel cargo, de cuyo documento hab\u00eda carecido hasta entonces; y tercero, que entre los pedidos de tabacos que se hac\u00edan a la Administraci\u00f3n, aparece uno firmado en La Barga en 26 de abril de 1887, suscrito por D. Zacar\u00edas Solano en concepto de estanquero: C, una certificaci\u00f3n expedida por el Secretario del Ayuntamiento de Abanto y Ci\u00e9rvana, y avisada por el Alcalde, de la que resulta que en las listas cobratorias de los individuos sujetos al impuesto de c\u00e9dulas personales en aquel t\u00e9rmino municipal, correspondientes a los a\u00f1os econ\u00f3micos de 1884 y 1887, figura D. Zacar\u00edas Solano y Navas, viudo y mayor de edad, como vecino con casa abierta, dedicado al comercio en el barrio de La Barga, sin que pueda extenderse la certificaci\u00f3n a a\u00f1os anteriores en que era vecino el D. Zacar\u00edas, por haber desaparecido los antecedentes respectivos a consecuencia de un incendio; D, otra certificaci\u00f3n expedida en 17 de febrero de 1883 por la Comisi\u00f3n provincial de Vizcaya, acreditativa de que D. Eugenio Solano y Corcuera, vecino de San Pedro Abanto, comprendido en el alistamiento para el reemplazo del Ej\u00e9rcito en aquel a\u00f1o, se hab\u00eda redimido del servicio militar mediante la entrega en la Caja de la Administraci\u00f3n Econ\u00f3mica la cantidad de 1.500 pesetas; E, otra certicificaci\u00f3n del Juzgado municipal de Bego\u00f1a, que comprende la partida transcrita del matrimonio verificado en aquella anteiglesia el d\u00eda 1.\u00b0 de marzo de 1887 entre Don Eugenio Solano y Corcuera y Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes Gamboa, en cuya partida se hizo constar ser el contrayente feligr\u00e9s de Santa Juliana de Abanto; F, un nombramiento hecho a favor del D. Eugenio Solano Corcuera de Fiscal municipal de Abanto y Ci\u00e9rvana durante el bienio que princip\u00f3 en 1.\u00b0 de agosto de 1889; G, una certificaci\u00f3n, en la que el Secretario del Ayuntamiento de aquella localidad hace constar que el dicho D. Eugenio, seg\u00fan los antecedentes que obran en aquel archivo, viene dedic\u00e1ndose a los negocios de comercio desde el a\u00f1o de 1879, sin que durante este transcurso de tiempo haya variado su vecindad de aquel Municipio; y H, un documento fechado en Abanto el 24 de julio de 1887, y suscrito por D. Agust\u00edn Iza, en que \u00e9ste declara haber liquidado ciertas cuentas con su convecino D. Eugenio Solano:\n<\/p>\n

\n Resultando que las partes, al formular sus escritos de r\u00e9plica y d\u00faplica, no expusieron ning\u00fan nuevo hecho que produjese alteraci\u00f3n en los t\u00e9rminos del debate planteado, e insistieron en que sus respectivas pretensiones; y habi\u00e9ndose recibido el 9\n<\/p>\n

\n pleito a prueba, emplearon aqu\u00e9llas varios medios, entre ellos el de documentos; en su virtud, y adem\u00e1s de otros de \u00e9stos sin influencia notoria en el pleito, se unieron a los autos, a instancia de las demandantes, dos certificaciones expedidas, una por el Jefe de los trabajos estad\u00edsticos de la provincia de Vizcaya, acreditativo de que entre las c\u00e9dulas del censo de poblaci\u00f3n de 1887, correspondientes al Ayuntamiento de Abanto y Ci\u00e9rvana, no hay ninguna en que D. Zacar\u00edas Solano y Navas figure inscrito bajo concepto alguno; y la otra por el Secretario del aludido Ayuntamiento, comprensiva de cuatro extremos, a saber: que el D. Zacar\u00edas no figura inscrito en los padrones formados desde 1888 hasta la fecha de la certificaci\u00f3n \u20134 de agosto de 1897\u2013; que durante el mismo per\u00edodo de tiempo, tampoco aparece acuerdo alguno de la Corporaci\u00f3n municipal en que se declare vecino de Abanto y Ci\u00e9rvana al D. Zacar\u00edas Solano y Navas; que \u00e9ste no aparece como elector ni como elegible en las listas electorales que han regido en la \u00e9poca antes expresada; y que D. Eugenio Solano y Corcuera aparece en diciembre de 1889 declarado y clasificado por vez primera como vecino de aquel Municipio; y a instancia del demandado se hizo constar documentalmente lo que sigue: que en el Archivo de la Administraci\u00f3n de Hacienda de la provincia de Vizcaya existen, firmadas por el estanquero D. Zacar\u00edas Solano Navas, las carpetas relativas a los pedidos que para surtir el estanco establecido en La Barga -San Pedro Abanto- hizo aqu\u00e9l en 10 de febrero de 1881; 18 de enero y 10 de febrero del 82; 18 de enero, 10 de febrero y 10 de marzo del 83; 26 de julio y 18 de septiembre del 84; 3 de febrero y 10 de marzo del 85; 2 de enero y 3 de febrero del 86, y en los d\u00edas 2 de cada uno de los meses de marzo, abril, mayo y agosto del mismo a\u00f1o y 26 de abril del de 1887; que en el libro del Censo electoral para Diputados provinciales del partido de Valmaseda, correspondiente al a\u00f1o 1884, hojas respectivas a Abanto y Ci\u00e9rvana y concepto “electoral” aparece escrito con l\u00e1piz “Solano Zacar\u00edas”, cuya anotaci\u00f3n debi\u00f3 hacerse para que figurara como alta en la lista subsiguiente, pues en efecto consta ya como elector en el censo formado en 1887 para 1888, si bien en la casilla respectiva a “Domicilio del elector” se hallan escritas con l\u00e1piz las palabras “Cambio de domicilio”, equivalentes a una llamada, para indicar deberse dar de baja en las listas inmediatas al referido elector; y que en los padrones de los individuos sujetos al impuesto de c\u00e9dulas personales de Abanto y Ci\u00e9rvana, correspondientes a los a\u00f1os de 1884, 85 y 86, figura D. Zacar\u00edas Solano con 1.100 pesetas de renta, sueldo o haber anual, y c\u00e9dula de 9.a<\/sup> clase en el primero, y con 80 pesetas de alquiler anual y ac\u00e9dula de la misma clase en el segundo:\n<\/p>\n

\n Resultando que unidas las pruebas a los autos, y evacuados por las partes los traslados de conclusi\u00f3n, el Juzgado de Valmaseda, en 23 de mayo de 1898, pronunci\u00f3 sentencia, por la que declar\u00f3 haber lugar al beneficio de restituci\u00f3n por entero, y por \u00e9l rescindidas y sin valor las operaciones divisiorias del caudal dejado por Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, y el auto en que fueron aprobadas, mandando que las cosas se restituyan al estado que ten\u00edan antes de la divisi\u00f3n y aprobaci\u00f3n expresadas y que se practiquen otras, aplicando la legislaci\u00f3n castellana anterior al C\u00f3digo civil vigente; teniendo D. Eugenio Solano y Corcuera que llevar a la masa de bienes hereditarios los que se le adjudicaron:\n<\/p>\n

\n que conserve el precio de los que haya enajenado, y los intereses, rentas y frutos y productos l\u00edquidos que hayan dado estos bienes, que ser\u00e1n distribuidos por sextas partes entre los hijos de do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes que la sobrevivieron, y cuyas cinco sextas partes de todos los bienes adjudicados a Don Eugenio Solano a la defunci\u00f3n de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, y los productos l\u00edquidos de todas las clases que haya tenido de ellos ser\u00e1n entregados desde luego a los demandantes, la quinta parte a cada uno, sin hacer expresa imposici\u00f3n de costas; e interpuesta apelaci\u00f3n por D. Eugenio Solano Corcuera, y tramitado en forma el recurso, la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos dict\u00f3 sentencia en 30 de noviembre del a\u00f1o anterior, por la cual declar\u00f3 haber lugar a la restituci\u00f3n in integrum, rescindidas y de ning\u00fan valor las operaciones divisorias practicadas a la muerte de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, y aprobadas en 20 de junio de 1888 en auto que dict\u00f3 el Juez de Valmaseda; mand\u00f3 que queden las cosas restitu\u00eddas al ser y estado que ten\u00edan antes de la pr\u00e1ctica y aprobaci\u00f3n de dichas operaciones divisorias; conden\u00f3 a D. Eugenio Solano y a su hijo D. Agust\u00edn a que no pongan obst\u00e1culo a la rescisi\u00f3n de las referidas operaciones y auto de su aprobaci\u00f3n, y adem\u00e1s a D. Eugenio Solano a que entregue a los demandantes las cinco sextas partes de todos los bienes aportados por Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes al matrimonio, y que a \u00e9l le fueron adjudicados, y a que pague a las mismas el importe de lo que falte para cubrir aquella aportaci\u00f3n en las cinco sextas partes, y a que las restituya las cinco sextas partes de las rentas, intereses, frutos y productos de cualquier g\u00e9nero, procedentes de aquellos bienes aportados y su importe que haya percibido, incluso los dividendos o ganancias repartidas correspondientes al 12 1\/2 por 100 de participaci\u00f3n en la sociedad de A. Iza y Compa\u00f1\u00eda, que se le adjudic\u00f3; declar\u00f3 asimismo que se proceda de nuevo a la pr\u00e1ctica de las operaciones divisorias del haber quedado al fallecimiento de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, aplicando al matrimonio de D. Eugenio Solano y Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes el r\u00e9gimen de gananciales establecido en el derecho com\u00fan anterior al C\u00f3digo civil; adjudicando a los seis hijos de Do\u00f1a Pl\u00e1cida los bienes aportados por la misma a dicho matrimonio que existieren, y el importe de los dem\u00e1s aportados que no existieren, y todos los intereses, rentas, frutos y productos de cualquier g\u00e9nero que de todos los bienes aportados procedan, entendi\u00e9ndose subordinadas a las reglas de derecho las declaraciones referentes al importe de los bienes no existentes, y los intereses, rentas y dem\u00e1s de que acaba de hacerse m\u00e9rito; y conden\u00f3, por \u00faltimo, a Don Eugenio y a D. Agust\u00edn Solano a que no pongan obst\u00e1culo a la pr\u00e1ctica de las nuevas operaciones divisorias; en cuyos t\u00e9rminos, y con imposici\u00f3n de las costas de segunda instancia al D. Eugenio Solano, confirm\u00f3 dicha Sala la sentencia apelada en cuanto se halle conforme con la que se acaba de relacionar:\n<\/p>\n

\n Resultando que D. Eugenio Solano Corcuera ha interpuesto, con el dep\u00f3sito de 1.000 pesetas, recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley, como comprendido en los n\u00fameros 1.\u00b0 y 4.\u00b0 del art. 1692 de la de Enjuiciamiento civil, refiriendo concretamente todos los motivos que alega a dos cuestiones fundamentales, a saber: averiguar y estudiar cu\u00e1l sea la legislaci\u00f3n con arreglo a la que debi\u00f3 liquidarse la sociedad conyugal habida entre D. Eugenio Solano y Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes; y resolver si procede\n<\/p>\n

\n o no, y en qu\u00e9 extensi\u00f3n y con qu\u00e9 alcance, en su caso, el beneficio de restituci\u00f3n in integrum, que es la acci\u00f3n utilizada en la demanda:\n<\/p>\n

\n Resultando que en orden a la primera de estas dos cuestiones, afirma en s\u00edntesis el recurrente que la \u00fanica legislaci\u00f3n que pudo y debi\u00f3 aplicarse a la sociedad conyugal que tuvo con Do\u00f1a Pl\u00e1cida, fue y no pod\u00eda ser otra que el Fuero de Vizcaya, ya por tratarse de bienes que radican en dicha provincia, ya por ser \u00e9l vizca\u00edno, como vecino o morador de aqu\u00e9lla, ya en fin, por haberse realizado los hechos que determinan la aplicaci\u00f3n del derecho con las solemnidades y requisitos que constituyen la parte formal de tales actos; y en lo tocante a la cuesti\u00f3n segunda, alega sustancialmente D. Eugenio Solano que la causa o motivo en que se funda el beneficio de restituci\u00f3n in integrum que como acci\u00f3n se ejercita en la demanda de este pleito, no tiene realidad jur\u00eddica; mejor dicho, de lo que tal demanda llama enga\u00f1o, o sea la aplicaci\u00f3n de la ley foral de Vizcaya a la liquidaci\u00f3n de la referida sociedad conyugal, lejos de merecerse nombre, constituy\u00f3 un acto leg\u00edtimo y v\u00e1lido, realizado con todas las solemnidades que prescribe el derecho, y no adolece, por tanto, de vicio alguno que lo invalide, y que en caso de proceder la restituci\u00f3n no podr\u00eda tener legalmente la extensi\u00f3n que le atribuye la sentencia:\n<\/p>\n

\n Resultando que, por consecuencia de lo expuesto, c\u00edtanse como infringidas en el recurso de que se trata las disposiciones legales siguientes:\n<\/p>\n

\n Primera.-<\/strong> La ley 1.a<\/sup> \u2013debe ser la 2.a<\/sup>\u2013 t\u00edt. I.\u00b0 del Fuero de Vizcaya, en cuanto exige que el Rey y Se\u00f1or promete “de guardar a la Tierra llana de Vizcaya y Villa y Ciudad del Se\u00f1or\u00edo y Durangueses y Encartaciones y a los moradores en ellas y en cada una de ellas todos sus Privilegios, Franquezas y Libertades, Fueros y usos y costumbres y tierras y mercados: que de \u00e9l han, seg\u00fan los hubieron en tiempos pasados y les fueron guardados”:\n<\/p>\n

\n Segunda.-<\/strong> En el mismo concepto, la ley 4.a<\/sup> de dicho t\u00edt. 1.\u00b0, cuyo ep\u00edgrafe dice: “Los derechos y rentas que el Se\u00f1or de Vizcaya tiene y que los vizca\u00ednos son libres de otros pedidos e imposiciones”; siendo indiscutible que dicho Fuero es la ley porque se rigen la propiedad, las transacciones y enajenaciones de la misma, las transmisiones de ella en todos los \u00f3rdenes, y cuanto a bienes inmuebles y derechos reales en Vizcaya pueda discutirse:\n<\/p>\n

\n Tercera.-<\/strong> Tambi\u00e9n se infringe en el propio concepto la doctrina legal admitida por este Tribunal Supremo en sentencias de 16 de marzo de 1865, 8 de junio de 1874 y 29 de enero de 1875, que exigen que para que puedan regir las leyes generales del Reino sobre bienes de los aforados de Vizcaya han de radicar dichos bienes en punto en donde no rija la legislaci\u00f3n foral:\n<\/p>\n

\n Cuarta.<\/strong>– La ley 3.a<\/sup>, t\u00edt. 11, libro 6.\u00b0 de la Nov\u00edsima Recopilaci\u00f3n, que determina qui\u00e9n debe considerarse vecino de una poblaci\u00f3n, y entre las circunstancias que exige para que se gane vecindad por un extranjero en Espa\u00f1a, dice: “Debe considerarse por\n<\/p>\n

\n vecino… el que, viviendo sobre s\u00ed, establece su domicilio en una poblaci\u00f3n; el que se casa con mujer natural de estos Reinos y habita domiciliado en ellos”; a\u00f1adiendo que deben pagar como los naturales del pueblo, y que han de declararse por comprendidos \u2013 salvo los testamentos\u2013 todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias que quedan expresadas:\n<\/p>\n

\n Quinta.-<\/strong> La doctrina legal que considera como vecino al que reside habitualmente en una poblaci\u00f3n con casa abierta por m\u00e1s de un a\u00f1o; debiendo, al efecto, de tenerse presente que por Real orden de 27 de agosto de 1849, expedida por el Ministerio de la Gobernaci\u00f3n, de acuerdo con el Consejo de Estado, se dictaron varias reglas para determinar la calidad de vecinos, y entre esas reglas, a falta de declaraci\u00f3n expl\u00edcita de la voluntad, se establece que se tenga por dicha declaraci\u00f3n presunta e impl\u00edcita, pero eficaz: primera, la residencia habitual con casa abierta por m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que el interesado declare que es su \u00e1nimo conservar el domicilio anterior;…; tercera, la aceptaci\u00f3n de un cargo retribuido por el Estado, la provincia o el pueblo, que exija residencia, no admiti\u00e9ndose en este caso declaraci\u00f3n en contrario, aunque el interesado solicite conservar la vecindad en otro pueblo; reglas \u00e9stas que sirven de fundamento a la doctrina legal admitida por las sentencias de este Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1862, 18 de agosto de 1864, 10 de mayo de 1867, 14 de abril de 1882, 31 de diciembre de 1890 y 29 de marzo de 1892, porque si se exige que el padre del recurrente, dada la menor edad de \u00e9ste, fuese vecino de Vizcaya, para estimar en su hijo dicha condici\u00f3n, es m\u00e1s que suficiente que desempe\u00f1ara aqu\u00e9l muchos a\u00f1os un estanco en Vizcaya, y adem\u00e1s, que durante ellos residiera habitualmente con casa abierta en dicha provincia, para deber considerar vecinos al padre y al hijo, el cual por s\u00ed solo habr\u00eda ganado vecindad con su residencia habitual y en las condiciones que la misma sentencia recurrida acepta:\n<\/p>\n

\n Sexta.-<\/strong> Los arts. 12, 15 y 16 de la ley Municipal de 2 de octubre de 1877, que establece que la vecindad se gana por la sola residencia continuada por espacio de seis meses, estimando adem\u00e1s el primero de dichos art\u00edculos que basta para ser tenido como domiciliado la residencia habitual aun no estando emancipado, formando parte de la casa o familia de un vecino, sin exigir t\u00e9rmino al efecto, y sin que tampoco pueda decirse que para ser vecino es tambi\u00e9n necesaria una declaraci\u00f3n del Ayuntamiento, porque una falta de la Corporaci\u00f3n municipal no debe perjudicar al vecino que no la ha cometido:\n<\/p>\n

\n S\u00e9ptima.-<\/strong> Las leyes 6.a<\/sup>, 15 y 16 del t\u00edt. 1.0<\/sup>; 7.a<\/sup> del t\u00edt. 9.\u00b0, y 1.a<\/sup> del t\u00edt. 30 del Fuero de Vizcaya; en cuanto el Tribunal sentenciador niega el car\u00e1cter de aforados a los moradores de Vizcaya, y claro es que aun cuando el recurrente no fuera, que lo es, vecino de aquella comarca, bastar\u00eda que fuese morador en ella para disfrutar del Fuero de que se trata:\n<\/p>\n

\n Octava.<\/strong>– La ley 47 de Toro y el art. 65 de la ley de Matrimonio civil, que declaran emancipado al hijo por el matrimonio; el art. 313 de la ley org\u00e1nica del Poder judicial, y\n<\/p>\n

\n las sentencias de este Tribunal Supremo de 28 de julio de 1858 y 29 de septiembre de 1864, reconociendo que el domicilio de los empleados es el punto en donde se sirve un destino, consider\u00e1ndose como tal empleado a los estanqueros por las leyes hasta la del presupuesto de 1892; toda vez que de autos resulta probado: que Don Eugenio Solano se alist\u00f3 para el reemplazo del Ej\u00e9rcito en Abanto, pueblo de Vizcaya, el a\u00f1o 1883; que su padre, D. Zacar\u00edas Solano, traslad\u00f3 su residencia a dicha provincia de Vizcaya en el a\u00f1o 1879; que en 1.\u00b0 de abril de 1883 se le expidi\u00f3 al D. Zacar\u00edas el t\u00edtulo de estanquero de Abanto y Ci\u00e9rvana, tomando posesi\u00f3n de ese cargo en 5 de octubre de 1880 -as\u00ed dice-, en el cual continuaba en 26 de abril de 1887; que en los a\u00f1os de 1884 a 1887, el mismo D. Zacar\u00edas Solano pagaba su c\u00e9dula personal como vecino de Abanto; que en esa poblaci\u00f3n ejerc\u00eda el comercio con casa abierta en el barrio de La Barga; y, finalmente, que en la partida del matrimonio can\u00f3nico, celebrado el 1.\u00b0 de marzo de 1887 entre el D. Eugenio Solano y Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, se hace constar que el primero era feligr\u00e9s de Santa Juliana de Abanto:\n<\/p>\n

\n Novena.<\/strong>– La ley 1.a<\/sup>, t\u00edt. 25, Partida 3.\u00b0, porque el beneficio conocido en nuestro antiguo derecho con el nombre de restituci\u00f3n in integrum tiene el car\u00e1cter de subsidiario, y no puede ejercitarse cuando compete alg\u00fan medio o acci\u00f3n ordinaria; y pidiendo las demandantes que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban a la muerte de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, no han propuesto, sin embargo, recurso alguno de nulidad contra el auto que aprob\u00f3 las operaciones divisorias de que se trata en este pleito:\n<\/p>\n

\n D\u00e9cima.<\/strong>– Por el mismo concepto, la doctrina legal admitida por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo en las sentencias de 14 de enero y 4 de junio de 1864, 12 de diciembre de 1865 y 9 de mayo y 11 de julio de 1868, que declaran que para que se pueda aprovechar el beneficio de la restituci\u00f3n in integrum no ha de caber otro medio ordinario, pues como extraordinario no puede usarse de \u00e9l, sino cuando se han agotado todos los recursos contra el da\u00f1o o enga\u00f1o que se experiment\u00f3:\n<\/p>\n

\n Und\u00e9cima.<\/strong>– Las leyes 1.a<\/sup>, 25 y 26, t\u00edt. 11 de la Partida 4.a<\/sup>, en cuanto la sentencia recurrida manda que D. Eugenio Solano entregue cuanto aport\u00f3 su mujer al matrimonio, o su importe si algo se ha consumido o desaparecido, con los frutos que hubieran podido producir, y a\u00f1ade luego, incurriendo en una notoria contradicci\u00f3n, que las declaraciones referentes al importe de los bienes no existentes y a los intereses, rentas y dem\u00e1s que la misma sentencia exige, se entiendan subordinadas las reglas de derecho, porque sabido es que cuando un matrimonio se disuelve por la muerte de la mujer, y el c\u00f3nyuge viudo debe entregar a los herederos el capital que aqu\u00e9lla aport\u00f3 al enlace; pero si \u00e9ste es m\u00e1s o menos parte se ha consumido, y el marido no hab\u00eda constituido hipoteca en garant\u00eda de la aportaci\u00f3n de su consorte, y adem\u00e1s carece de bienes propios, como ocurr\u00eda a D. Eugenio Solano, dada la legislaci\u00f3n de Castilla, que aqu\u00ed se invoca, no viene obligado a reintegrar a la herencia de su mujer de lo gastado o consumido de su capital; a pesar de lo cual, el Tribunal sentenciador condena al recurrente a ese pago, y luego, anulando esa condena, expresa que \u00e9sta se entienda subordinada a las reglas del derecho, creando as\u00ed una verdadera dificultad, que es todav\u00eda mucho m\u00e1s grave, al\n<\/p>\n

\n condenar a Solano que pague rentas, frutos o intereses de los bienes que Do\u00f1a Pl\u00e1cida aport\u00f3 a su matrimonio, cuando cualquiera que sea el car\u00e1cter dotal o parafernal de dicha aportaci\u00f3n, los frutos, rentas e intereses de los bienes que la constituyeron pasaron al dominio de la sociedad conyugal y estuvieron destinados por las leyes de Castilla a sostener las cargas matrimoniales:\n<\/p>\n

\n Duod\u00e9cima.<\/strong>– La ley 39, t\u00edt. 28, Partida 3.a<\/sup>, y la doctrina admitida por las sentencias de este Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1862 y 23 de septiembre y 12 de diciembre de 1864, porque siendo el D. Eugenio poseedor de buena fe, se le condena, sin embargo, a la entrega y devoluci\u00f3n de todos los frutos; y que no puede dudarse de la buena fe conque aqu\u00e9l pose\u00eda, lo reconocen los mismos demandantes y el Tribunal sentenciador, puesto que si D. Eugenio entr\u00f3 en posesi\u00f3n de los bienes que se le adjudicaron por muerte de su mujer, fue mediante unas operaciones divisorias que \u00e9l no practic\u00f3, sino que llev\u00f3 a efecto un Abogado recto e imparcial, como contador nombrado por todos los part\u00edcipes de la herencia, que procedi\u00f3 de acuerdo tambi\u00e9n con todos ellos, y cuya divisi\u00f3n aprob\u00f3 el Juzgado sin queja ni reclamaci\u00f3n de nadie; y\n<\/p>\n

\n Decimotercera.<\/strong>– La ley 12, t\u00edt. 11, Partida 5.a<\/sup>, porque entre las condenas que la sentencia recurrida impone a D. Eugenio Solano se comprende la de una participaci\u00f3n del 12 1\/2 por 100 en la Sociedad Agust\u00edn Iza y Compa\u00f1\u00eda, relativa al arranque de mineral de cierta mina, y le manda devolver a las demandantes cuanto por ese concepto percibi\u00f3; siendo as\u00ed que esa participaci\u00f3n se adjudic\u00f3 a D. Eugenio como mitad de la que su difunta esposa Do\u00f1a Pl\u00e1cida representaba, continuando la Sociedad hasta que aqu\u00e9l se separ\u00f3, percibiendo una cantidad determinada por las herramientas correspondientes a ese 12 1\/2 por 100 que dej\u00f3 en favor de los dem\u00e1s; desprendi\u00e9ndose de esto que el recurrente hubo de adquirir por derecho propio las utilidades correspondientes a su citada participaci\u00f3n, puesto que el contrato de Sociedad minera en que figur\u00f3 Do\u00f1a Pl\u00e1cida hab\u00eda terminado por muerte de \u00e9sta y naci\u00f3 otro nuevo contrato; siendo adem\u00e1s indudable que el celebrado por la Sociedad Agust\u00edn Iza y Compa\u00f1\u00eda con D. V\u00edctor Ch\u00e1varri, que se comprometi\u00f3 al arranque del mineral, constitu\u00eda el de arrendamiento de obras y servicios que mencionan las leyes 1.a<\/sup> y 3.a<\/sup>, t\u00edt. 8.\u00b0, Partida 5.a.\n<\/p>\n

\n Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Jos\u00e9 de Garnica:\n<\/p>\n

\n Considerando, en cuanto a los motivos primero, segundo, tercero y s\u00e9ptimo, que los derechos de familia, entre los que se comprenden los relativos a la respectiva participaci\u00f3n en los bienes de los individuos que la forman y los de sucesi\u00f3n testada e intestada con ellos conexos, se regulan primordialmente por la ley de las personas, y que a este concepto pertenece todo lo referente a la capacidad para adquirir y disfrutar por raz\u00f3n de matrimonio los bienes aportados por los c\u00f3nyuges o ganados durante la sociedad conyugal:\n<\/p>\n

\n Considerando que a este principio, que es el fundamento esencial de la sentencia para decidir que, no siendo vizca\u00edno D. Eugenio Solano cuando contrajo el matrimonio, 15\n<\/p>\n

\n ni cuando \u00e9ste se disolvi\u00f3, debi\u00f3 aplicarse la legislaci\u00f3n com\u00fan, en nada se oponen las leyes invocadas en dichos motivos, que unas, al ordenar el juramento del Se\u00f1or de Vizcaya y referir la extensi\u00f3n del fuero, empleen en general las palabras de “tierra, villas, vizca\u00ednos, vecinos y moradores”, a todo lo cual ha de alcanzar y alcanza esta legislaci\u00f3n, pero seg\u00fan sus leyes concretas determinen; y otras al limitar la concesi\u00f3n de mercedes, o al mantener la hidalg\u00eda de los vizca\u00ednos fuera del Se\u00f1or\u00edo, o al exponer la conveniencia general de impedir el establecimiento de cristianos nuevos en Vizcaya, o al determinar c\u00f3mo se debe hacer el llamamiento de los delincuentes, o al decir c\u00f3mo los habitantes de la “tierra llana” se han de amparar contra las prendas y talas que les hicieren los Concejos de las villas, usan las palabras de “vecinos y moradores”, ya calificando, ya ampliando el concepto de vizca\u00ednos naturales; y que menos, si cabe, se opone la jurisprudencia citada, de que para regir las leyes generales del Reino sobre los bienes de los aforados de Vizcaya han de radicar dichos bienes en punto extra\u00f1o a la legislaci\u00f3n foral:\n<\/p>\n

\n Considerando, en cuanto a los motivos cuarto, quinto, sexto y octavo, que ninguna de las leyes del Fuero de Vizcaya que se invocan en diferentes motivos del recurso determinan las condiciones con que se adquiere la cualidad de vizca\u00edno, sino que se limitan a legislar para \u00e9stos sobre las diferentes materias que en ellas se tratan; y que aun cuando se pretenda aplicar por analog\u00eda y reciprocidad lo que las leyes de Partida y de la Nov\u00edsima Recopilaci\u00f3n, establecida para los extranjeros que aspirasen a ganar la nacionalidad espa\u00f1ola, tampoco es exacto que por la mera vecindad obtenida en pueblo del territorio espa\u00f1ol se consiguiese desde luego aqu\u00e9lla, ya porque la circunstancia de la vecindad tiene efectos propios que no trascienden al cambio de la naturaleza de origen, y porque lo mismo las leyes 8.a<\/sup> y 9.”, t\u00edt. 11 de la Nov\u00edsima Recopilaci\u00f3n, que los arts. 96 al 102 de la ley del Registro civil y el 65 del reglamento, que actualmente el 25 del C\u00f3digo, han exigido constantemente del extranjero alg\u00fan acto que revele su prop\u00f3sito de abandonar la cualidad originaria por la de espa\u00f1ol, acto que es garant\u00eda, no s\u00f3lo de la concurrencia de las condiciones requeridas por la ley para realizar este cambio, sino principalmente de los derechos del mismo extranjero que no quiera perder su naturaleza aunque se haya puesto en dichas condiciones, siendo \u00e9ste el sentido de toda la jurisprudencia que sobre dicha materia ha tenido que resolver casos concretos; y que en el presente recurso, si bien consta que D. Zacar\u00edas Solano, padre del menor D. Eugenio, era vecino de un pueblo de Vizcaya cuando se cas\u00f3 su citado hijo, a quien \u00fanicamente correspond\u00eda por esta circunstancia la misma vecindad, no s\u00f3lo no es conocida su voluntad de variar por esto la condici\u00f3n de su naturaleza, sino que patentiza lo contrario el hecho de haber regresado a Castilla poco despu\u00e9s del matrimonio de aqu\u00e9l y algunos a\u00f1os antes de cumplirse los diez a\u00f1os de moranza que mencionan para determinados efectos las leyes 32, t\u00edt. 2.\u00b0 de la Partida 3.”, la 2.”, t\u00edt. 24 de la Partida 4.”; la 3.”, t\u00edt. 11, libro 6.\u00b0 de la Nov\u00edsima Recopilaci\u00f3n, y 4.a<\/sup>, t\u00edt. 7.\u00b0 del mismo cuerpo legal; lapso de tiempo que hoy constituye una presunci\u00f3n de voluntad expresamente establecida con el C\u00f3digo para la determinaci\u00f3n del estado del espa\u00f1ol en las relaciones interprovinciales, con la condici\u00f3n de reciprocidad consignada por primera vez en el\n<\/p>\n

\n mismo; todo lo cual demuestra que no se ha cometido la infracci\u00f3n de las disposiciones legales y jurisprudencia expresadas en dichos motivos, relativas a la vecindad y a la naturaleza, ni tampoco las referentes a la emancipaci\u00f3n por matrimonio, puesto que la sentencia reconoce que D. Eugenio Solano se emancip\u00f3 por el suyo, llevando a \u00e9l la condici\u00f3n que entonces ten\u00eda:\n<\/p>\n

\n Considerando, en cuanto a los motivos noveno y d\u00e9cimo, que sentado que la legislaci\u00f3n aplicable a la sucesi\u00f3n de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes y a la liquidaci\u00f3n de la sociedad de la misma con Solano es la com\u00fan, y que por haberse ajustado a la ley de Vizcaya se priv\u00f3 indebidamente a los hijos de aqu\u00e9lla de la mitad de los bienes que constitu\u00edan su haber, se concede justamente el beneficio de restituci\u00f3n, con arreglo a la ley y jurisprudencia citadas, puesto que no se demuestra, ni se alega siquiera, que aqu\u00e9lla tuviera acci\u00f3n de nulidad, ni otro remedio para mantener la integridad de su derecho:\n<\/p>\n

\n Considerando, en cuanto al motivo once, que al mandarse en la sentencia recurrida que se adjudique a los hijos de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes el importe de los bienes aportados al matrimonio que no existieren, declarando al mismo tiempo que esta adjudicaci\u00f3n y las dem\u00e1s que comprende el fallo se subordinen a las reglas de derecho, se incurre en una palmaria contradicci\u00f3n, porque se resuelve, al parecer, desde luego sobre un extremo que la misma Sala sentenciadora somete a continuaci\u00f3n a las condiciones de un derecho indeterminado que pueda ser aplicable, siendo tanto m\u00e1s de notar y apreciar esta contradicci\u00f3n cuanto que el hecho de la desaparici\u00f3n de parte de los bienes aportados al matrimonio por Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes, y responsabilidad que de ello pudiera en su caso derivarse, es realmente independiente del fundamento legal en que apoya la parte actora la acci\u00f3n de restituci\u00f3n:\n<\/p>\n

\n Considerando, en cuanto dicho motivo se refiere, especialmente a los frutos, rentas e intereses de los bienes durante el matrimonio, que la sentencia no contiene la condenaci\u00f3n que se supone de los frutos constante matrimonio, sino que dice expresamente, lo mismo en la parte dispositiva que un considerando que corresponde, “los que haya percibido”, lo cual demuestra que condena s\u00f3lo a la devoluci\u00f3n de los posteriores a la muerte de Do\u00f1a Pl\u00e1cida, puesto que los anteriores, trat\u00e1ndose de bienes que no fueron dotales ni parafernales entregados, debi\u00f3 legalmente percibirlos la mujer; y por lo tanto, que no ha lugar al agravio que se alega:\n<\/p>\n

\n Considerando, en cuanto al motivo doce, que el poseedor de buena fe de una herencia hace suyos los frutos de la misma hasta la contestaci\u00f3n de la demanda, con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo que se invoca, conforme con la ley 4.a<\/sup>, t\u00edt. 14, Partida 6.a<\/sup>, y que la sentencia, al condenar al recurrente a la devoluci\u00f3n de los frutos de los bienes que le fueron adjudicados, a pesar de que no niega la buena fe de la posesi\u00f3n en que estuvo en virtud de las particiones que hizo un Letrado y aprob\u00f3 el Juzgado de primera instancia, infringe la jurisprudencia citada:\n<\/p>\n

\n Considerando, en cuanto al motivo trece, que la sentencia, en lo que, por virtud de 17\n<\/p>\n

\n la restituci\u00f3n concedida condena al recurrente a devolver el 12 1\/2 por 100 de la participaci\u00f3n en la Sociedad A. Iza y Compa\u00f1\u00eda, que se le adjudic\u00f3 como mitad del 25 por 100 que en la misma correspond\u00eda a su mujer, se ajusta a las consecuencias de la restituci\u00f3n, que lo mismo han de alcanzar a esta participaci\u00f3n que a las adem\u00e1s cosas de la herencia, sin infringir en concepto alguno las disposiciones de la ley 12 del t\u00edt. 11, Partida 5.a<\/sup>, en que se definen las varias maneras de promisiones, por no haberse probado que hubo promisi\u00f3n ni contrato diferente de la constituci\u00f3n de la Sociedad A. Iza y Compa\u00f1\u00eda por Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes y sus cu\u00f1ados; y que en cuanto haya percibido el recurrente con el car\u00e1cter de frutos o productos de tal haber, hay que estar a lo expuesto en el considerando que antecede;\n<\/p>\n

\n FALLAMOS<\/strong>\n<\/p>\n

\n Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley que ha interpuesto D. Eugenio Solano y Corcuera, en cuanto a los motivos once y doce, y no haber lugar respecto a los dem\u00e1s; en su consecuencia, casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia de Burgos en 30 de noviembre de 1899, en cuanto condena a D. Eugenio Solano y Corcuera a que pague a los demandantes el importe de lo que falte para cubrir las aportaciones de Do\u00f1a Pl\u00e1cida Hornes; y en cuanto le condena a que restituya cinco sextas partes de las rentas, intereses, frutos y productos de cualquier g\u00e9nero procedentes de los bienes aportados; y devu\u00e9lvase el dep\u00f3sito constituido.\n<\/p>\n

\n As\u00ed por esta nuestra sentencia, que se publicar\u00e1 en la Gaceta e insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa, pas\u00e1ndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.\u2013 Jos\u00e9 de Aldecoa.\u2013 Jos\u00e9 de Garnica.\u2013Francisco Toda.\u2013 Joaqu\u00edn Gonz\u00e1lez de la Pe\u00f1a.\u2013 Pedro Lav\u00edn.\u2013 Ricardo Molina.\u2013 Vicente de Pini\u00e9s.\n<\/p>\n

\n Publicaci\u00f3n.\u2013 Le\u00edda y publicada fue la precedente sentencia por el Excmo. Sr. D. Jos\u00e9 de Garnica, Magistrado del la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, celebrando audiencia p\u00fablica la misma en el d\u00eda de hoy, de que certifico como Escribano de C\u00e1mara.\n<\/p>\n

\n Madrid, 27 de octubre de 1900.\u2013 Rogelio Gonz\u00e1lez Montes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Muerta intestada una mujer tres meses despu\u00e9s de casarse con un joven castellano, la partici\u00f3n aplic\u00f3 la comunicaci\u00f3n foral y dio al viudo la mitad del caudal; sus hijas de un matrimonio anterior piden la restituci\u00f3n. El Tribunal Supremo confirma que rige la sociedad de gananciales del derecho com\u00fan, pues el r\u00e9gimen matrimonial sigue la ley personal y el viudo no era vizca\u00edno, pero casa la condena a reponer las aportaciones perdidas y a devolver los frutos, percibidos de buena fe.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[1115,645],"materia":[1220,1223],"organo":[1874],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11187","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-aplicacion-personal","tag-vecindad-civil","materia-ambito-de-aplicacion-personal","materia-la-sucesion-en-bizkaia-clases","organo-tribunal-supremo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11187"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11187"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11187"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11187"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}