{"id":11178,"date":"2025-10-06T18:37:25","date_gmt":"2025-10-06T16:37:25","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sts-de-26-de-noviembre-de-1897\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:21","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:21","slug":"sts-de-26-de-noviembre-de-1897","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sts-de-26-de-noviembre-de-1897\/","title":{"rendered":"STS de 26 de noviembre de 1897"},"content":{"rendered":"<p>\n  <strong>STS de 26 de noviembre de 1897<\/strong>\n<\/p>\n<p>\n  En la villa y corte de Madrid, a 26 de noviembre de 1897, en el incidente seguido en el Juzgado de primera instancia de Bilbao y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por D. Miguel Antonio de Luz\u00e1rraga y Luz\u00e1rraga, marino retirado, vecino de Bilbao, como tutor de D. Domingo de Larrinaga y de Luz\u00e1rraga, con el Ministerio fiscal, sobre declaraci\u00f3n de mayor\u00eda de edad; pendiente ante Nos, en virtud de recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley, interpuesto por el Ministerio p\u00fablico; habiendo estado dirigida y representada la parte recurrida por el Licenciado D. Francisco Silvela y el Procurador D. Luis Garc\u00eda Ortega:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que los c\u00f3nyuges D. Ram\u00f3n de Larrinaga y Do\u00f1a Telesfora de Luz\u00e1rraga fueron vizca\u00ednos infanzones, como nacidos en la anteiglesia de Mundaca, en la cual vivieron hasta trasladarse a Liverpool, donde fallecieron, primero ella y luego, en agosto de 1888, D. Ram\u00f3n, que estuvo dedicado a la industria naviera en la citada ciudad inglesa:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que de dicho matrimonio quedaron, entre otros hijos menores de edad, Do\u00f1a Mar\u00eda, D. Miguel y D. Domingo, nacido \u00e9ste en 4 de agosto de 1875, para los que, como para los dem\u00e1s que estaban en iguales circunstancias, su mencionado padre nombr\u00f3 en su testamento tutores y curadores de mancom\u00fan et in solidum a D. Miguel A. de Luz\u00e1rraga y D. Jos\u00e9 de Larrinaga, t\u00edos de aqu\u00e9llos; a quienes el Juzgado de primera instancia de Guernica y Luno, por auto de 4 de septiembre del expresado a\u00f1o 1888, les mand\u00f3 discernir el cargo con relevaci\u00f3n de fianza y les fue, en efecto, discernido en 6 de diciembre del mismo a\u00f1o:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que el Juzgado municipal de Bilbao, en 6 de diciembre de 1889, declar\u00f3 constituido el consejo de familia de los precitados menores Larrinaga, nombrando como vocales a D. F\u00e9lix Ram\u00f3n, D. Pedro y D. Florentino de Larrinaga, D. Teodoro de Arana y D. Jos\u00e9 Antonio de Basterrechea:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que a petici\u00f3n de Do\u00f1a Mar\u00eda de Larrinaga y de Luz\u00e1rraga, el Juzgado de primera instancia de Bilbao, en auto de 31 de mayo de 1892, la declar\u00f3 mayor de edad, por haber acreditado, conforme a la legislaci\u00f3n foral de Vizcaya, suficiencia bastante para obtener el beneficio de la dispensa de edad; y a fin de que pudiera gozar de ese beneficio y de los derechos civiles, que eran consecuencia inalterable de lo prevenido por la ley del Fuero, de que gozaba como vizca\u00edna, y lo hiciese valer ante su curador y consejo de familia, formado en virtud de la octava de las disposiciones transitorias del C\u00f3digo civil, con otros pronunciamientos; y una vez ejecutoriado este auto, a solicitud de la Do\u00f1a Mar\u00eda, de conformidad con lo ordenado, se acord\u00f3 en providencia de 27 de junio posterior requerir al curador D. Miguel Antonio de Luz\u00e1rraga para que la entregara sus bienes, con los frutos y rentas, y le rindiera cuentas de su administraci\u00f3n; requerimiento que tuvo lugar en 23 del inmediato mes de julio:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que por otro auto del mismo Juzgado de primera instancia de Bilbao de 31 de enero de 1894, que se hizo tambi\u00e9n firme, se declar\u00f3, como lo hab\u00eda pretendido D. Miguel de Larrinaga y de Luz\u00e1rraga; que \u00e9ste, mayor de dieciocho a\u00f1os, era de entendimiento sagaz y diligente, que bien pod\u00eda por s\u00ed regir, guardar, ali\u00f1ar y administrar su persona y bienes sin los curadores; y se mand\u00f3 sacarle de su poder\u00edo y que se le dieran y entregaran todos sus bienes, con sus frutos y rentas; declar\u00e1ndole, como consecuencia de ello, con capacidad legal para el ejercicio de todos sus derechos civiles en cuanto a su persona y bienes:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que en escrito de 22 de febrero de 1895, D. Domingo de Larrinaga y de Luz\u00e1rraga, asistido de su tutor D. Miguel Antonio de Luz\u00e1rraga, acudi\u00f3 al propio Juzgado de primera instancia de Bilbao, exponiendo varios de los antecedentes referidos, y adem\u00e1s, que fallecido al poco tiempo de discern\u00edrseles el cargo su tutor, D. Jos\u00e9 de Larrinaga, qued\u00f3 solo el otro compareciente, habiendo surgido desde los primeros tiempos entre ambos y algunos parientes disidencias y rivalidades tales, que a\u00fan no se hab\u00edan podido ver libres de cuestiones, tanto judiciales como extrajudiciales, que hab\u00edan entorpecido la gesti\u00f3n del tutor y refundado en perjuicio de los intereses de los menores; por lo que el viv\u00edsimo deseo de todos los hermanos hab\u00eda sido naturalmente salir de tal situaci\u00f3n, para lo que Do\u00f1a Mar\u00eda y D. Miguel se acogieron a las disposiciones del Fuero de Vizcaya; y ahora D. Domingo buscaba lo mismo concedido a sus hermanos, por militar en su favor id\u00e9nticas razones; pues se consideraba bastante capaz para regir su persona y administrar sus bienes, no s\u00f3lo por los h\u00e1bitos comerciales que hab\u00eda podido contraer desde su ni\u00f1ez, sino por los conocimientos que supon\u00edan el grado de Bachiller que ten\u00eda y los estudios superiores que estaba haciendo; invocando como fundamentos de derecho, aparte de otros, el art. 15 del C\u00f3digo civil, la ley 2.<sup>a<\/sup>, t\u00edt. 22 del Fuero de Vizcaya, cuya subsistencia dijo estar reconocida por repetidas resoluciones de aquel Juzgado, confirmadas por la Audiencia de aquel territorio, entre ellas las dos reca\u00eddas en los expedientes incoados por sus hermanos, especialmente en el relativo a Do\u00f1a Mar\u00eda, en el que el Ministerio fiscal combati\u00f3 desde distintos puntos de vista la vigencia de la ley Foral, sobre todo en lo respectivo al procedimiento en la misma se\u00f1alado para llegar a la concesi\u00f3n de la mayor\u00eda de edad, y sin embargo, la Audiencia declar\u00f3 que dicha ley estaba vigente en todas sus partes y el procedimiento aplicable era el seguido; y ofreciendo acerca de su capacidad informaci\u00f3n de testigos, termin\u00f3 suplicando se mandara recibir \u00e9sta, con intervenci\u00f3n del Ministerio fiscal, y en su d\u00eda se declarase a D. Domingo de Larrinaga y de Luz\u00e1rraga mayor de edad, en la plenitud de sus derechos civiles y con capacidad para por s\u00ed solo poder regir y guardar, ali\u00f1ar y administrar su persona y bienes; y se ordenara sacarle de poder del tutor, protutor y consejo de familia, y que el tutor le diera y entregara todos sus bienes, con sus frutos y rentas, absteni\u00e9ndose en lo sucesivo de ejercer acto alguno de tutela:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que el Fiscal municipal, en escrito de 8 de abril, propuso, sin perjuicio de solicitar otras diligencias, que se ampliara la informaci\u00f3n testifical ofrecida, a los extremos comprendidos en la repreguntas que formulaba, a lo que accedi\u00f3 el Juzgado, 2\n<\/p>\n<p>\n  declarando D. Francisco S\u00e1inz, Sacerdote; D. Miguel Mamolagoitia, Profesor de segunda ense\u00f1anza; D. Atanasio Lasala, Catedr\u00e1tico del Instituto provincial; Don Quirino Pinedo, comerciante; D. Gast\u00f3n Poirier, del comercio, y D. Eustaquio Urrutia, quienes un\u00e1nimemente afirmaron concurrir en D. Domingo de Larrinaga las condiciones de aptitud y sagacidad exigidas por la citada ley del Fuero:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que con fecha 16 del mismo mes de abril, el Fiscal municipal, a quien se entreg\u00f3 el expediente para que informara, present\u00f3 escrito, diciendo ser indispensable para poder por su parte dictaminar y por la del Juzgado resolver con conocimiento del caso, que se requiriese al tutor de D. Domingo de Larrinaga para que manifestase por escrito clara y taxativamente el n\u00famero, clase y cuant\u00eda de todos y cada uno de los bienes pertenecientes a dicho menor, con toda clase de datos y noticias por lo que se pudiera deducir con exactitud las condiciones que hab\u00eda de reunir la persona que los manejara, y que con citaci\u00f3n del propio Ministerio fiscal, a presencia del Juzgado y a tenor de las preguntas que se reservaba presentar, se practicara una nueva informaci\u00f3n a que concurrieran D. Atanasio Lasala y las personas que compon\u00edan el consejo de familia del mismo menor; todo ello sin que este escrito se entendiera como dictamen fiscal, pues que s\u00f3lo ped\u00eda la pr\u00e1ctica de diligencias, una vez hechas las cuales, se le deb\u00eda conceder nuevo traslado:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que a este escrito provey\u00f3 el Juzgado, teniendo por evacuado el traslado conferido al Ministerio fiscal, declarando no haber lugar a la pr\u00e1ctica de las diligencias solicitadas por el mismo, y ordenando quedaran los autos sobre la mesa del Juzgado para acordar lo procedente; y pedida reforma por el Ministerio fiscal para que se proveyera como aten\u00eda pretendido, toda vez que no hab\u00eda emitido informe alguno, sino que tan s\u00f3lo hab\u00eda pedido pr\u00e1ctica de diligencias, salvando el derecho a informar posteriormente, la representaci\u00f3n del menor Larrinaga impugn\u00f3 el recurso, que deneg\u00f3 el Juzgado en auto de 30 de dicho abril, mandando estar a la providencia del 19:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que por otro auto de 6 de mayo siguiente resolvi\u00f3 el Juzgado, declarando que D. Domingo de Larrinaga y de Luz\u00e1rraga, mayor de dieciocho a\u00f1os, es de entendimiento sagaz y diligente, que bien puede por s\u00ed regir, guardar, ali\u00f1ar y administrar su persona y bienes sin los curadores, y debe salir del poder\u00edo de \u00e9stos, entreg\u00e1ndole sus bienes, frutos y rentas; y que como consecuencia de ello, se le ha como mayor de edad y en la plenitud de sus derechos civiles, y con capacidad legal para por s\u00ed solo ejercitar sus derechos, en cuanto a su persona y bienes; y se manda sacarle del poder\u00edo de sus guardadores y curadores, y que el tutor le entregue todos sus bienes, con sus frutos y rentas; y que apelado este auto por el Ministerio fiscal y sustanciado el recurso, fue confirmado, con las costas, por la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por otro de 15 de enero de 1896:\n<\/p>\n<p>\n  Resultando que el Ministerio fiscal ha interpuesto recurso de casaci\u00f3n por infracci\u00f3n de ley, expresando fundarlo en los n\u00fameros 1.\u00b0, 3.\u00b0, 6.\u00b0 y 7.\u00b0 del art. 1692 de la de Enjuiciamiento civil, y citando como infringidos:\n<\/p>\n<p>\n  <strong>Primero.<\/strong>&#8211; La ley 2.<sup>a<\/sup>, t\u00edt. 22 del Fuero de Vizcaya; la ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 1815, y los arts. 201, 269, n\u00fam. 13, y 309 del C\u00f3digo civil, en el concepto de que, constituyendo todas estas disposiciones un conjunto legislativo de ineludible cumplimiento para la eficaz protecci\u00f3n de los menores de edad que aspiran a obtener los beneficios de la mayor\u00eda, prescindi\u00e9ndose por el Juez y por la Audiencia de Burgos del dictamen por escrito del Ministerio fiscal acerca de la solicitud de D. Domingo de Larrinaga, no obstante haber \u00e9ste pedido la intervenci\u00f3n de aqu\u00e9l, y a pesar de las reservas y protestas de dicho Ministerio, y haci\u00e9ndose caso omiso tambi\u00e9n de la autorizaci\u00f3n del consejo de familia para que el referido menor entablase su demanda relativa al cambio de estado civil, peligroso para su persona y bienes, se aplica al Fuero como si por s\u00ed solo y aisladamente tuviese virtualidad, d\u00e1ndose de este modo absoluto predominio a la atribuci\u00f3n del Juez para resolver cuanto ha menester, como elementos sustantivos e integrantes del acierto, en fuerza de las leyes invocadas, de la previa autorizaci\u00f3n del consejo de familia para que el tutor comparezca a nombre del pupilo y del asesoramiento del Ministerio fiscal; garant\u00edas de que carece la habilitaci\u00f3n de edad otorgada, que es completamente nula, conforme al art. 4.\u00b0 del C\u00f3digo civil, como acto ejecutado con infracci\u00f3n manifiesta de dichas leyes:\n<\/p>\n<p>\n  <strong>Segundo.<\/strong>&#8211; Error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la suficiencia y sagacidad, que se declara en la parte dispositiva del auto-sentencia, respecto del menor Larrinaga, para regirse por s\u00ed, con infracci\u00f3n del art. 1816 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el concepto de que, estableciendo \u00e9sta que se admitir\u00e1n sin necesidad de solicitud ni otra solemnidad alguna los documentos que se presentaren y las justificaciones que se ofrecieren, y habi\u00e9ndose pedido en escrito de 16 de abril de 1895 por el Ministerio fiscal diligencias que consideraba indispensables para dictaminar con conocimiento del caso de que se trataba, y entre ellas una informaci\u00f3n del consejo de familia, la Audiencia de Burgos y el Juez han formado su juicio por una prueba de todo punto incompleta; ya que el legislador quiso que se compusiera, no s\u00f3lo de la que con arreglo al Fuero ofrezca el menor interesado, sino tambi\u00e9n de la que en observancia de la ley procesal ofrezca el imparcial Delegado del Poder Supremo, m\u00e1xime llam\u00e1ndose por el Fiscal a esa justificaci\u00f3n el auxilio del consejo de familia, para subsanar a la vez el vicio de nulidad de su total olvido, constitutivo de la infracci\u00f3n de ley expresada en el primer motivo:\n<\/p>\n<p>\n  <strong>Tercero.<\/strong>&#8211; El art. 359 de la misma ley de Enjuiciamiento civil, en el concepto de que hall\u00e1ndose el menor D. Domingo de Larrinaga al deducir su demanda sometido al consejo de familia, como de autos consta, y habiendo pedido en la s\u00faplica de su demanda que se le libertara del poder\u00edo, no ya del tutor, sino del protutor y de dicho consejo, y siendo la tutela hoy un organismo complejo a virtud del C\u00f3digo civil posterior al Fuero de Vizcaya, tutela que se ejerce bajo la vigilancia del protutor y del consejo, seg\u00fan el art. 201, en relaci\u00f3n con el 309 del mencionado C\u00f3digo, el Juez ni la Audiencia han hecho declaraci\u00f3n sobre dicha pretensi\u00f3n oportunamente deducida, dando a la ley del Fuero un alcance que por s\u00ed solo no puede tener respecto de instituciones en \u00e9l no previstas; omisi\u00f3n, la del fallo, que no debe tolerarse, porque para 4\n<\/p>\n<p>\n  nada considera al consejo, que ha debido tener intervenci\u00f3n en una demanda a primera vista inadmisible, o que no pod\u00eda admitirse sino cuando, denegada al tutor en su caso la autorizaci\u00f3n que requiere el art. 269, n\u00fam. 13, del citado C\u00f3digo, hubiese reca\u00eddo resoluci\u00f3n firme en la alzada, prevista en el art. 310 del mismo C\u00f3digo, no siendo el consejo de familia, que ha venido a sustituir en gran parte en la tutela la antigua autoridad del Juez, con una autoridad bien definida, una instituci\u00f3n que pueda darse por extinguida ante la \u00fanica eficacia de la ley Foral, toda vez que \u00e9sta, como se ha demostrado, \u00fanicamente rige en correcta relaci\u00f3n con otras leyes que resultan infringidas:\n<\/p>\n<p>\n  <strong>Cuarto.<\/strong>&#8211; Exceso que por raz\u00f3n de la materia ha habido en la Sala sentenciadora, al conocer de la condena de costas contra el Ministerio fiscal, con infracci\u00f3n del art. 53 de la ley de Enjuiciamiento civil, que exige, para que los Jueces y Tribunales tengan competencia, que el conocimiento de los actos en que intervengan est\u00e9n atribuidos por la ley a la autoridad que ejerzan; el concepto de que, imponiendo las costas al Ministerio fiscal, cuerpo oficial independiente para corregir sus actos, que juzga obra de la temeridad, la potestad que se atribuye le est\u00e1 expresamente vedada por el art. 448 de la misma ley, que resulta infringido en cuanto la condena, como correcci\u00f3n disciplinaria que es, seg\u00fan el art. 450, cuando se aplica a funcionarios, corresponder\u00eda al superior jer\u00e1rquico del infractor, a tenor de los arts. 852 y concordantes de la ley provisional sobre organizaci\u00f3n del Poder judicial:\n<\/p>\n<p>\n  <strong>Quinto.<\/strong>&#8211; Los arts. 35, 36, 37, 38 y 39 del C\u00f3digo civil, que definen las personas jur\u00eddicas, o s\u00e9ase sujetos de derechos y obligaciones, y las sentencias de este Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1879 y 26 de mayo de 1890, en relaci\u00f3n con los arts. 1.\u00b0 y 2.\u00b0 del Real decreto de 16 de marzo de 1886 y todos los del de 25 de abril de 1893; en el concepto de que, no siendo el Ministerio fiscal una persona jur\u00eddica que litigie en defensa de asunto propio, y estando hoy excluido de la defensa del estado en juicio, que incumbe a otros funcionarios, la condena recae sobre una entidad que por el esp\u00edritu y letra de los textos mencionados y del art. 1815 de la ley de Enjuiciamiento civil, no tiene otro car\u00e1cter que el de mero representante de una abstracci\u00f3n, la ley, para velar con su asesoramiento a los Jueces y Tribunales por su exacta observancia en bien de las personas cuya protecci\u00f3n compete a la Autoridad, sin que haya, por tanto, materia sobre que pueda hacerse efectiva la condena:\n<\/p>\n<p>\n  <strong>Sexto.<\/strong>&#8211; El art. 1168 del C\u00f3digo civil, que define que respecto de los gastos judiciales decidir\u00e1 el Tribunal, no por s\u00ed, sino con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil; siendo esta ley la \u00fanica vigente hoy en la materia y a cuyo texto est\u00e1n obligados a acomodarse los Jueces y Tribunales; por cuanto, seg\u00fan este Tribunal Supremo tienen declarado en sentencias de 4 de marzo de 1893 y 5 y 6 de octubre de 1894, las leyes de Partida y recopiladas, relativas a las condenas de costas, no son aplicables a los pleitos incoados despu\u00e9s de estar en vigor el referido C\u00f3digo; infracci\u00f3n padecida, as\u00ed como la del art. 53 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque no existiendo en aquella disposici\u00f3n alguna que autorice tal condena en casos concretos de apelaci\u00f3n, como se demuestra por\n<\/p>\n<p>\n  el contenido de los arts. 359, 360, 372, 873 y 887, la Audiencia, al condenar en costas de la segunda instancia, hace uso de su particular criterio sobreponi\u00e9ndose al de la ley procesal, taxativamente marcado por dicho art\u00edculo 1168 del C\u00f3digo; y\n<\/p>\n<p>\n  <strong>S\u00e9ptimo.<\/strong>&#8211; El art. 53 de la repetida ley de Enjuiciamiento, y los 260 al 266 y 835 de la org\u00e1nica del Poder judicial, si la condena de costas se entiende impuesta al Ministerio fiscal como una responsabilidad civil para reparar perjuicios; toda vez que esa responsabilidad s\u00f3lo puede exigirse a los funcionarios de dicho Ministerio en los casos all\u00ed previstos, a instancia de la parte perjudicada y en juicio ordinario ante el Tribunal inmediatamente superior al del en que act\u00fae el funcionario que hubiese incurrido en ella; siendo, en tal concepto, notorio el exceso de jurisdicci\u00f3n por raz\u00f3n de la materia que el fallo recurrido contiene, tanto m\u00e1s, cuanto que, no habiendo procedido el Fiscal municipal ni el de la Audiencia por actos voluntarios, sino ineludibles y con perfecta correcci\u00f3n, carece de toda base la supuesta falta en el cumplimiento de sus delicados deberes oficiales; no infiriendo, por otra parte, perjuicios quien a \u00e9stos se atienen, como sucede en estos autos, para responder a los altos fines de su instituto.\n<\/p>\n<p>\n  Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Enrique de Illana y Mier:\n<\/p>\n<p>\n  Considerando que no se debe confundir, como hace el Ministerio fiscal en el primer motivo del recurso, los defectos procesales que puedan cometerse en la sustanciaci\u00f3n de un expediente instruido para sacar a un menor del poder\u00edo de su curador y entregarle la administraci\u00f3n de sus bienes con arreglo a la ley del Fuero de Vizcaya, con lo que constituye la sustantividad de \u00e9sta, a cuyo precepto se ha ajustado estrictamente la Audiencia de Burgos, pues las faltas que dicho Ministerio se\u00f1ala, consistentes en haber comparecido el curador del menor en el respectivo juicio sin la autorizaci\u00f3n del consejo de familia, y haber resuelto el Juez la pretensi\u00f3n sin que el Fiscal diese dictamen sobre el fondo, aun suponiendo que fuesen apreciables, no son por su naturaleza de las que pueden motivar un recurso por infracci\u00f3n de ley, completamente diferente del que la de Enjuiciamiento civil establece y regula para los quebrantamientos de forma:\n<\/p>\n<p>\n  Considerando que el hecho de que un Juez o Tribunal rechace elementos de prueba propuestos por alguna de las partes de un juicio, puede servir de fundamento en su caso para recurrir en casaci\u00f3n, al tenor de lo dispuesto en el art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, pero no para suponer que por esto haya cometido el Tribunal sentenciador error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, s\u00f3lo apreciable cuando en la estimaci\u00f3n de la practicada se haya desconocido la fuerza y eficacia de alguna ley que la regule:\n<\/p>\n<p>\n  Considerando que tampoco ha cometido la Audiencia de Burgos la incongruencia que se le atribuye en el tercer motivo del recurso, porque siendo el consejo de familia un elemento del organismo de la tutela, la resoluci\u00f3n recurrida, ajustada a los t\u00e9rminos de la ley 2.&#8221; del t\u00edt. 22 del Fuero, implica necesariamente sin necesidad de mayor expresi\u00f3n, que el menor relevado del poder\u00edo de su curador para constituirlo en persona 6\n<\/p>\n<p>\n  sui juris, lo est\u00e1 necesariamente e ipso facto de las dem\u00e1s entidades que completan dicho organismo:\n<\/p>\n<p>\n  Considerando que no porque el Ministerio fiscal no represente ni defienda intereses particulares de alguna personalidad natural o jur\u00eddica, desde el instante en que interviene en un juicio, puede dejar de estimarse su actitud como la de cualquiera otro litigante para el efecto de apreciar la raz\u00f3n, sinraz\u00f3n o temeridad de sus pretensiones, con todas las consecuencias legales mientras la ley no distinga, y siendo indudable que la Audiencia de Burgos no ha impuesto las costas al Ministerio fiscal como correcci\u00f3n, ni por raz\u00f3n de la responsabilidad civil a que est\u00e1n sujetos todos los funcionarios, sino en el concepto de litigante temerario, sea o no acertada dicha calificaci\u00f3n, no ha cometido consiguientemente ninguna de las infracciones se\u00f1aladas en los motivos cuarto, quinto y s\u00e9ptimo del recurso, as\u00ed como tampoco la del sexto, pues aun cuando hoy est\u00e1n derogadas las leyes de Partida y de la Nov\u00edsima que regulaban las imposiciones de costas en determinados casos, no por esto se ha desconocido nunca la facultad que tienen los Tribunales de apreciar la temeridad de los litigantes para el efecto de la condena de costas dentro del respectivo juicio, a cuya facultad no se opone ning\u00fan art\u00edculo de la ley de Enjuiciamiento civil, y est\u00e1 en consonancia con el precepto del art. 1092 del C\u00f3digo civil;\n<\/p>\n<p>\n  <strong>FALLAMOS<\/strong>\n<\/p>\n<p>\n  Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Ministerio fiscal, a quien condenamos en las costas; y l\u00edbrese a la Audiencia de Burgos la certificaci\u00f3n correspondiente, con devoluci\u00f3n del apuntamiento que ha remitido, y lo acordado.\n<\/p>\n<p>\n  As\u00ed, por esta nuestra sentencia, que se publicar\u00e1 en la Gaceta e insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa, pas\u00e1ndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.= Jos\u00e9 de Aldecoa.= Jos\u00e9 de Garnica.= Diego Montero de Espinosa.= Enrique Lass\u00fas.= Joaqu\u00edn Gonz\u00e1lez de la Pe\u00f1a.= Pedro Lac\u00edn.= Enrique de Illana y Mier.\n<\/p>\n<p>\n  Publicaci\u00f3n.= Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jos\u00e9 de Aldecoa, Presidente de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, celebrando audiencia p\u00fablica la misma en el d\u00eda de hoy, de que certifico como Relator Secretario de ella.\n<\/p>\n<p>\n  Madrid, 26 de noviembre de 1897.= Licenciado Jorge Mart\u00ednez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un joven vizca\u00edno mayor de dieciocho a\u00f1os, sujeto a tutela, pide que se le declare capaz de regir su persona y bienes conforme a la ley 2.\u00aa del t\u00edtulo XXII del Fuero de Vizcaya. El Tribunal Supremo desestima el recurso del fiscal: la falta de autorizaci\u00f3n del consejo de familia o de dictamen fiscal ser\u00edan defectos procesales ajenos a este recurso; salir del poder del curador libera de todo el organismo tutelar, y cabe condenar en costas al fiscal como litigante temerario.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[1132,1124,650,679,1002],"materia":[1233],"organo":[1874],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-11178","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-administracion-bienes","tag-curatela","tag-regimen-economico-matrimonial","tag-sucesion-intestada","tag-tutela","materia-el-regimen-economico-matrimonial-determinacion","organo-tribunal-supremo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11178"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11178"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11178"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11178"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}