{"id":11046,"date":"2025-10-06T18:37:10","date_gmt":"2025-10-06T16:37:10","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/dictamen-de-consejo-de-estado-ley-2-2003-de-7-de-mayo-reguladora-de-las-parejas-de-hecho\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:21","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:21","slug":"dictamen-del-consejo-de-estado-de-11-de-diciembre-de-2003","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/dictamen-del-consejo-de-estado-de-11-de-diciembre-de-2003\/","title":{"rendered":"Dictamen del Consejo de Estado de 11 de diciembre de 2003"},"content":{"rendered":"

\n Dictamen de Consejo de Estado<\/strong>\n<\/p>\n

\n N\u00famero de expediente: 3013\/2003 (ADMINISTRACIONES PUBLICAS)<\/strong>\n<\/p>\n

\n Referencia:<\/strong> 3013\/2003\n<\/p>\n

\n Procedencia:<\/strong> ADMINISTRACIONES PUBLICAS\n<\/p>\n

\n Asunto:<\/strong> Adecuaci\u00f3n al orden de competencias derivado de la Constituci\u00f3n y Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco de la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.\n<\/p>\n

\n Fecha de Aprobaci\u00f3n:<\/strong> 11\/12\/2003\n<\/p>\n

\n TEXTO DEL DICTAMEN<\/strong>\n<\/p>\n

\n Resulta de antecedentes:\n<\/p>\n

\n Primero.- En el Bolet\u00edn Oficial del Pa\u00eds Vasco de 23 de mayo de 2003 fue publicada la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho. Consta de una exposici\u00f3n de motivos, 19 art\u00edculos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposici\u00f3n derogatoria y dos disposiciones finales.\n<\/p>\n

\n La exposici\u00f3n de motivos comienza afirmando que, en el ejercicio de la libertad personal, “muchas personas constituyen unidades de relaci\u00f3n afectivo-sexuales de car\u00e1cter estable sin llegar a formalizarlas en un contrato matrimonial, bien porque no desean sujetarse a este r\u00e9gimen, bien porque, al tratarse de parejas del mismo sexo, no tienen la posibilidad de casarse”. Tras subrayar la ausencia de regulaci\u00f3n, destaca que sufren especial desprotecci\u00f3n “los grupos familiares en los que la pareja est\u00e1 compuesta por dos hombres o dos mujeres, que se ven discriminados frente al resto de parejas por ejercer una opci\u00f3n afectivo-sexual tan leg\u00edtima como cualquier otra al ver negado por el ordenamiento jur\u00eddico el acceso al matrimonio y, en algunos casos, el ejercicio de los mismos derechos de que gozan las parejas no casadas compuestas por un hombre y una mujer”. Invoca los art\u00edculos 39, 9.2, 10.1 y 14 de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Considera que el principio de no discriminaci\u00f3n se incumple, especialmente, en el caso de las personas homosexuales, que se ven excluidas del derecho a contraer matrimonio, a pesar de que dicha exclusi\u00f3n no figura en el texto constitucional y que resulta contraria a la resoluci\u00f3n de 1 de octubre de 1981 aprobada por la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, relativa a los derechos de los homosexuales, que el Parlamento Vasco hizo suya mediante una proposici\u00f3n no de ley aprobada el 28 de mayo de 1982; a la resoluci\u00f3n adoptada por el Parlamento Europeo en 1984, en la que se hac\u00eda eco de la evoluci\u00f3n de la realidad social en la Uni\u00f3n Europea y aprobaba la primera iniciativa a favor de la adopci\u00f3n de medidas tendentes a promover la igualdad de lesbianas y gays; a la resoluci\u00f3n del Consejo de Europa de 7 de mayo de 1988, que postula el reconocimiento de la eficacia de los contratos y pactos matrimoniales entre convivientes de hecho; a la resoluci\u00f3n del Parlamento Europeo de 6 de febrero de 1994 sobre igualdad de derechos de los homosexuales en la UE, que el Parlamento Vasco hizo suya mediante la aprobaci\u00f3n de una proposici\u00f3n no de ley de 23 de junio de 1995;\n<\/p>\n

\n al art\u00edculo 13 del Tratado de Amsterdam que faculta al Consejo a luchar contra la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de la orientaci\u00f3n sexual. A\u00f1ade que el 26 de septiembre de 2000 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha recomendado a los Gobiernos de los Estados miembros que adopten medidas para poner fin a la discriminaci\u00f3n de las personas homosexuales.\n<\/p>\n

\n M\u00e1s adelante cita el art\u00edculo 9 del Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco, seg\u00fan el cual los poderes p\u00fablicos vascos deben velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, as\u00ed como adoptar las medidas necesarias para promover y remover los obst\u00e1culos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, facilitando la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica, cultural y social del Pa\u00eds Vasco. Asimismo, los poderes p\u00fablicos vascos velar\u00e1n y garantizar\u00e1n el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos e impulsar\u00e1n particularmente una pol\u00edtica tendente a la mejora de las condiciones de vida.\n<\/p>\n

\n La Comunidad Aut\u00f3noma ostenta competencias en diversas materias que afectan a la situaci\u00f3n de las parejas de hecho, tales como la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del derecho civil foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los territorios hist\u00f3ricos que integran el Pa\u00eds Vasco, y la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de su vigencia (art\u00edculo 10.5); organizaci\u00f3n, r\u00e9gimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protecci\u00f3n y tutela de menores (art\u00edculo 10.14); sanidad interior (art\u00edculo 18.1); y, especialmente, asistencia social (art\u00edculo 10.12). A\u00f1ade que “es necesario, por tanto, hacer menci\u00f3n expl\u00edcita en el derecho positivo a la aplicaci\u00f3n del principio de no discriminaci\u00f3n a la libre constituci\u00f3n de modelos familiares distintos al tradicional, para que en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Aut\u00f3noma de Euskadi nadie pueda ser discriminado por raz\u00f3n del grupo familiar del que forme parte, tenga \u00e9ste su origen en la filiaci\u00f3n, en el matrimonio o en la uni\u00f3n afectiva y sexual de dos personas, sean del mismo o distinto sexo.\n<\/p>\n

\n La Ley pretende contribuir y avanzar hacia la superaci\u00f3n de todas las discriminaciones que por raz\u00f3n de la condici\u00f3n o circunstancia personal o social de los componentes de la familia, entendida en la diversidad de formas de expresar la afectividad y la sexualidad admitidas culturalmente en nuestro entorno social, perduran en la legislaci\u00f3n, y perfeccionar el desarrollo normativo de los principios constitucionales de no discriminaci\u00f3n, libre desarrollo de la personalidad y protecci\u00f3n social, econ\u00f3mica y jur\u00eddica de la familia, adecuando la normativa a la realidad social del momento hist\u00f3rico.\n<\/p>\n

\n Al sintetizar el contenido de la Ley, la exposici\u00f3n de motivos reitera que la Ley pretende poner fin a la discriminaci\u00f3n legal que padecen muchas personas al hacer uso de su libertad de configurar el modelo de familia que se adecua al desarrollo de su personalidad, dentro de un marco de respeto a todas las opciones afectivo-sexuales y a los principios de pluralidad, igualdad y libertad. El Cap\u00edtulo III regula la adopci\u00f3n y el acogimiento familiar de menores, as\u00ed como el r\u00e9gimen sucesorio aplicable a las parejas inscritas. En el primer caso, se trata de poner fin a la discriminaci\u00f3n que padecen \u00fanicamente las parejas compuestas por dos hombres o por dos mujeres, que son las que se ven privadas en el actual ordenamiento jur\u00eddico de la posibilidad de adoptar o acoger\n<\/p>\n

\n conjuntamente; en el segundo, la Ley equipara el r\u00e9gimen de las parejas de hecho inscritas con el de los matrimonios.\n<\/p>\n

\n La estructura de la Ley es la siguiente:\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo I. Disposiciones generales (art\u00edculos 1 a 4).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo II. Contenido de la relaci\u00f3n de pareja (art\u00edculos 5 y 6).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo III. Adopci\u00f3n, acogimiento y r\u00e9gimen sucesorio\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo IV. R\u00e9gimen de Derecho p\u00fablico- administrativo (art\u00edculos\n<\/p>\n

\n 10 a 17).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo V. Extinci\u00f3n de la pareja de hecho (art\u00edculos 18 y 19).\n<\/p>\n

\n Segundo.- Figura en el expediente la propuesta de acuerdo por la que se solicita del Presidente del Gobierno la interposici\u00f3n de recurso de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 8 (“de la adopci\u00f3n”) de la Ley del Parlamento Vasco 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, con expresa invocaci\u00f3n del art\u00edculo 161.2 de la Constituci\u00f3n, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 30 de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional, a fin de que se produzca la suspensi\u00f3n del precepto de la ley objeto del recurso. Se indica que en la reuni\u00f3n del Consejo de Ministros celebrada el 1 de agosto de 2003 se aprob\u00f3 la propuesta citada.\n<\/p>\n

\n Las razones que fundamentan la interposici\u00f3n del recurso son las siguientes:\n<\/p>\n

\n a) La regulaci\u00f3n de la adopci\u00f3n en el seno de las parejas de hecho forma parte del \u00e1mbito propio del derecho civil. A la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia (SSTC 121\/1992, 182\/1992, 88\/1993, 156\/1993,\n<\/p>\n

\n 226\/1993), el desarrollo del derecho civil foral o especial debe producirse en un marco previo de referencia que, en el caso de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, se contiene en la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, y dem\u00e1s leyes especiales.\n<\/p>\n

\n Las \u00fanicas referencias a la instituci\u00f3n de la adopci\u00f3n en el derecho civil foral del Pa\u00eds Vasco se concretan en la inclusi\u00f3n de los hijos adoptivos entre los parientes tronqueros (art\u00edculos 20.1 y 4 y 53.1 de la Ley 3\/1992, de 1 de julio), siguiendo el sentido de la Ley del Parlamento Vasco 6\/1988, de 18 de marzo, sobre libertad de otorgamiento de capitulaciones matrimoniales e igualdad de hijos a efectos sucesorios, sin que exista en el derecho civil foral del Pa\u00eds Vasco regulaci\u00f3n especifica alguna sobre la instituci\u00f3n de la adopci\u00f3n. Tal regulaci\u00f3n carece de antecedentes en el \u00e1mbito de la legislaci\u00f3n civil del Pa\u00eds Vasco, de modo que una regulaci\u00f3n como la del art\u00edculo 8 de la Ley 2\/2003 no puede encontrar amparo en la competencia exclusiva del Pa\u00eds Vasco reconocida en el art\u00edculo 10.5 del Estatuto de Autonom\u00eda, dado que no desarrolla ninguna disposici\u00f3n del derecho civil foral de la Comunidad Aut\u00f3noma ni es posible establecer una instituci\u00f3n conexa con la regulaci\u00f3n aprobada, en los t\u00e9rminos establecidos por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 88\/1993. Todo ello determina la vulneraci\u00f3n de la\n<\/p>\n

\n competencia estatal del art\u00edculo 149.1.8\u00aa CE, ejercida a trav\u00e9s de la regulaci\u00f3n contenida en los art\u00edculos 175 y siguientes del C\u00f3digo Civil y en la Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de 15 de enero, de protecci\u00f3n jur\u00eddica del menor.\n<\/p>\n

\n Asimismo, la Ley 2\/2003, en la medida que introduce una regulaci\u00f3n de derecho civil, modifica la propia legislaci\u00f3n civil foral del Pa\u00eds Vasco, constituida por la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, la cual establece taxativamente (art\u00edculo 1) que el derecho civil foral de los territorios del Pa\u00eds Vasco est\u00e1 constituido por las disposiciones de la propia Ley 3\/1992, a la vez que regula espec\u00edficamente (art\u00edculos 5, 131, 146 y 148), de forma diferente para cada territorio hist\u00f3rico, la cuesti\u00f3n del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de ese derecho civil foral. Por ello, el art\u00edculo 8 de la Ley 2\/2003 supone una doble vulneraci\u00f3n del derecho civil foral, dado que se trata de una regulaci\u00f3n de car\u00e1cter civil no incluida en la Ley 3\/1992 y, al tratarse de una norma de aplicaci\u00f3n general, tampoco respeta los criterios de aplicaci\u00f3n territorial de los derechos civiles de los distintos territorios hist\u00f3ricos incluidos en la Ley 3\/1992.\n<\/p>\n

\n b) Finalmente, el art\u00edculo 8 de la Ley 2\/2003 es contrario al mandato contenido en el art\u00edculo 39.2 de la Constituci\u00f3n, en la medida en que dicho precepto desconoce la prevalencia del inter\u00e9s del menor sobre el inter\u00e9s en adoptar de los miembros de la pareja de hecho; dicha prevalencia del inter\u00e9s del menor, que se desconoce en este art\u00edculo al considerar como prevalente el inter\u00e9s en adoptar y no hacer ninguna referencia al inter\u00e9s del menor adoptado, se encuentra consagrada como principio rector de la adopci\u00f3n en el art\u00edculo 176.1 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como en los tratados internacionales sobre la materia ratificados por Espa\u00f1a (Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del ni\u00f1o y Convenio de La Haya sobre la protecci\u00f3n del ni\u00f1o y la cooperaci\u00f3n en materia de adopci\u00f3n internacional).\n<\/p>\n

\n Tercero.- Figura en el expediente el informe de la Direcci\u00f3n General de Pol\u00edtica Auton\u00f3mica de 15 de septiembre de 2003. Indica que la Ley fue examinada por la Comisi\u00f3n de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Aut\u00f3nomas en su reuni\u00f3n de 26 de junio de 2003. Las razones que justifican la impugnaci\u00f3n son las mismas que figuran en el antecedente anterior.\n<\/p>\n

\n Cuarto.- El Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de agosto de 2003 (BOE de 20 de agosto), ha admitido a tr\u00e1mite el recurso de inconstitucionalidad n\u00famero 5174\u00ad2003, promovido por el Presidente del Gobierno contra el art\u00edculo 8 de la Ley del Parlamento Vasco 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho. Hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art\u00edculo 161.2 de la Constituci\u00f3n, lo que produce la suspensi\u00f3n de la vigencia y aplicaci\u00f3n del precepto impugnado desde la fecha de interposici\u00f3n del recurso -4 de agosto de 2003- para las partes del proceso y desde la publicaci\u00f3n del correspondiente edicto en el Bolet\u00edn Oficial del Estado para los terceros.\n<\/p>\n

\n En tal situaci\u00f3n el expediente, se ha requerido la consulta del Consejo de Estado.\n<\/p>\n

\n 1. Se efect\u00faa la consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 22.6 de la Ley Org\u00e1nica de 22 de abril de 1980, del Consejo de Estado.\n<\/p>\n

\n La cuesti\u00f3n que se suscita en el expediente radica en determinar si existen fundamentos jur\u00eddicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionaldad interpuesto contra el art\u00edculo 8 de la Ley del Parlamento Vasco 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, que establece que “los miembros de parejas formadas por dos personas del mismo sexo podr\u00e1n adoptar de forma conjunta, con iguales derechos y deberes que las parejas formadas por dos personas de distinto sexo y las parejas unidas por matrimonio. La hija o hijo adoptivo o biol\u00f3gico de una de las partes de la pareja tendr\u00e1 derecho a ser adoptado por la otra parte”.\n<\/p>\n

\n 2. La Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, en la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 2\/2003, invoca los art\u00edculos 39, 9.2, 10.1 y 14 de la Constituci\u00f3n. Cita diversos art\u00edculos del Estatuto de Autonom\u00eda como el 9.2, seg\u00fan el cual los poderes p\u00fablicos vascos, en el \u00e1mbito de su competencia, “velar\u00e1n y garantizar\u00e1n el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos ” (a) y “adoptar\u00e1n aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obst\u00e1culos para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales” (d). Invoca, tambi\u00e9n, la competencia exclusiva reconocida por el art\u00edculo 10.5 de dicho Estatuto sobre “conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del Derecho civil foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los Territorios Hist\u00f3ricos que integran el Pa\u00eds Vasco y la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de su vigencia”. Asimismo hace referencia a la competencia exclusiva sobre “organizaci\u00f3n, r\u00e9gimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protecci\u00f3n y tutela de menores, penitenciarios y de reinserci\u00f3n social, conforme a la legislaci\u00f3n general en materia civil, penal y penitenciaria” (art\u00edculo 10.14 EAPV). Se refiere igualmente a la competencia de desarrollo legislativo y ejecuci\u00f3n de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica del Estado en materia de sanidad interior (art\u00edculo 18.1 EAPV) y a la competencia exclusiva en materia de asistencia social (art\u00edculo 10.12 EAPV).\n<\/p>\n

\n Debe tenerse en cuenta tambi\u00e9n que la exposici\u00f3n de motivos reitera que la Ley pretende superar toda discriminaci\u00f3n en la configuraci\u00f3n del modelo de familia y apela a diversas resoluciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa dirigidas a la superaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n de los homosexuales, as\u00ed como menciona el art\u00edculo 13 del Tratado de Amsterdam que faculta al Consejo a luchar contra la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de la orientaci\u00f3n sexual.\n<\/p>\n

\n El acuerdo del Consejo de Ministros y el informe de la Direcci\u00f3n General de Pol\u00edtica Auton\u00f3mica del Ministerio de Administraciones P\u00fablicas fundamentan la impugnaci\u00f3n de la referida Ley 2\/2003 en la vulneraci\u00f3n del t\u00edtulo competencial establecido en el art\u00edculo 149.1.8\u00aa y de lo dispuesto en el art\u00edculo 39.2 de la Constituci\u00f3n. Primariamente se considera infringida la competencia estatal sobre la “legislaci\u00f3n civil, sin perjuicio de la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo por las Comunidades Aut\u00f3nomas de los derechos civiles, forales o especiales, all\u00ed donde existan” y sobre “las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas, relaciones jur\u00eddico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenaci\u00f3n de los registros e instrumentos p\u00fablicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver conflictos de leyes y determinaci\u00f3n de las fuentes del Derecho, con respeto, en este \u00faltimo caso, a las del derecho foral o especial”. Tambi\u00e9n estiman vulnerado el precepto constitucional que se refiere a la protecci\u00f3n integral de los hijos (art\u00edculo 39.2).\n<\/p>\n

\n Por tanto, son dos los motivos de impugnaci\u00f3n: uno desde el punto de vista competencial y otro desde la perspectiva del contenido material del precepto recurrido. Ambos aspectos han de ser examinados separadamente.\n<\/p>\n

\n 3. En cuanto al t\u00edtulo competencial, la cuesti\u00f3n esencial radica en determinar el alcance que ha de tener el “desarrollo del derecho civil foral o especial”, ya que, a juicio de los \u00f3rganos preinformantes, la regulaci\u00f3n de la adopci\u00f3n carece de antecedentes en el derecho civil foral del Pa\u00eds Vasco, de modo que el art\u00edculo 8 de la Ley 2\/2003 no desarrolla ninguna disposici\u00f3n del derecho civil foral de la Comunidad Aut\u00f3noma ni es posible establecer una instituci\u00f3n conexa con la regulaci\u00f3n aprobada.\n<\/p>\n

\n El Tribunal Constitucional ha tenido ya ocasi\u00f3n de pronunciarse sobre esta materia. En las Sentencias 88\/1993, de 12 de marzo, y 156\/1993, de 6 de mayo, ha declarado que la Constituci\u00f3n permite “que los derechos forales o especiales preexistentes puedan ser objeto de una acci\u00f3n legislativa que haga posible su crecimiento org\u00e1nico, reconociendo as\u00ed no solo la historicidad y la actual vigencia, sino tambi\u00e9n la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos. Ese crecimiento, con todo, no podr\u00e1 impulsarse en cualquier direcci\u00f3n ni sobre cualesquiera objetos, pues no cabe aqu\u00ed olvidar que la posible legislaci\u00f3n auton\u00f3mica en materia civil se ha admitido por la Constituci\u00f3n, no en atenci\u00f3n a una valoraci\u00f3n general y abstracta de lo que pudieran demandar los intereses respectivos (art\u00edculo 137 CE) de las Comunidades Aut\u00f3nomas en cuanto tales, sino a fin de garantizar, m\u00e1s bien, determinados derechos forales o especiales vigentes en ciertos territorios. Es claro, en todo caso, que la noci\u00f3n constitucional de un desarrollo permite una ordenaci\u00f3n legislativa de \u00e1mbitos hasta entonces no normados por aquellos derechos y, as\u00ed, esta competencia no queda r\u00edgidamente vinculada al contenido actual de las Compilaciones o de otras normas de los ordenamientos civiles o especiales; cabe, por ello, que las Comunidades Aut\u00f3nomas dotadas de derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilaci\u00f3n, dentro de una actualizaci\u00f3n o innovaci\u00f3n de los contenidos de \u00e9sta, seg\u00fan los principios informadores peculiares del derecho foral. Lo que no significa, claro est\u00e1, en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a la disponibilidad de las Comunidades Aut\u00f3nomas, que pugnar\u00eda con lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.8\u00aa CE, por lo mismo que no podr\u00eda reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constituci\u00f3n ha querido, por v\u00eda competencial, garantizar”.\n<\/p>\n

\n La segunda de dichas Sentencias a\u00f1ade que las competencias auton\u00f3micas para desarrollar el propio derecho civil “pueden dar lugar a la actualizaci\u00f3n y crecimiento org\u00e1nico de \u00e9ste y, en concreto, a la regulaci\u00f3n de materias que, aun ausentes del texto originario de la Compilaci\u00f3n, guarden una relaci\u00f3n de conexi\u00f3n suficiente con institutos jur\u00eddicos ya disciplinados en aqu\u00e9lla o en otras normas integrantes del propio ordenamiento civil”. En parecido sentido se hab\u00eda manifestado el Consejo de Estado en sus dict\u00e1menes 50.452, 51.040, 52.372, 55.463 y 1.134\/91.\n<\/p>\n

\n De la citada jurisprudencia resulta la posibilidad de que las Comunidades Aut\u00f3nomas con derecho civil foral o especial regulen ex novo instituciones no reguladas en la Compilaci\u00f3n pero conexas con las ya reguladas, dentro de la actualizaci\u00f3n o innovaci\u00f3n de su derecho civil propio y seg\u00fan sus principios informadores peculiares. El problema\n<\/p>\n

\n radica en determinar el alcance de dicha conexi\u00f3n. El Tribunal Constitucional en las referidas Sentencias 88\/1993 y 156\/1993 ha considerado instituciones conexas:\n<\/p>\n

\n a) La Ley 3\/1988, de las Cortes de Arag\u00f3n, por la que se da contenido al art\u00edculo 19.1 de la Compilaci\u00f3n para la equiparaci\u00f3n de los hijos adoptivos a los hijos por naturaleza. Dicha Ley no disciplina la constituci\u00f3n de la adopci\u00f3n sino un aspecto general de sus efectos “y, en cuanto tal, aunque se proyecte sobre un instituto ajeno, hasta su incorporaci\u00f3n, al vigente derecho civil aragon\u00e9s, no puede calificarse, s\u00f3lo por ello, de inconstitucional. Existe una relaci\u00f3n entre la adopci\u00f3n y el derecho propio de Arag\u00f3n que legitima constitucionalmente la regulaci\u00f3n que se contiene en la Ley impugnada, que no puede considerarse ajena o desvinculada del derecho civil foral, sino m\u00e1s bien como una norma que se incardina en el derecho familiar y sucesorio de Arag\u00f3n. Para demostrarlo basta, en efecto, con advertir que la actual Compilaci\u00f3n aragonesa ordena relaciones e institutos jur\u00eddicos respecto de los cuales el status familiae del adoptado aparece en indiscutible conexi\u00f3n”. As\u00ed ocurre, a\u00f1ade, con la regulaci\u00f3n de las relaciones entre ascendientes y descendientes, con la regulaci\u00f3n de las relaciones parentales y tutelares o la sucesi\u00f3n por causa de muerte, regulaciones en las que la Compilaci\u00f3n se refiere, expresa o t\u00e1citamente, a la posici\u00f3n jur\u00eddica de los hijos y descendientes, normativa que puede decirse complementada o integrada (esto es, desarrollada) por la que introduce la Ley que no puede tacharse de inconexa respecto del ordenamiento que viene a innovar parcialmente.\n<\/p>\n

\n b) La intervenci\u00f3n de testigos en el testamento notarial regulada por el art\u00edculo 52 del texto refundido de la Compilaci\u00f3n de derecho civil de las Islas Baleares en la redacci\u00f3n dada por el Decreto Legislativo 79\/1990, de 6 de septiembre. Aunque la Compilaci\u00f3n balear no conten\u00eda, en el momento de entrar en vigor la Constituci\u00f3n, especialidad alguna en materia de intervenci\u00f3n de testigos en los testamentos notariales, el Tribunal Constitucional entiende que dicha regulaci\u00f3n guarda conexi\u00f3n suficiente con instituciones ya reguladas. “La regulaci\u00f3n de las sucesiones -y, dentro de ella, de la sucesi\u00f3n testada- forma parte principal\u00edsima del derecho civil propio de las Islas Baleares y as\u00ed se reflej\u00f3 en el texto inicial de la Compilaci\u00f3n ( ) Ninguna de estas\n<\/p>\n

\n regulaciones contempl\u00f3, cierto es, especialidad alguna en lo que se refiere a la intervenci\u00f3n testifical en los testamentos notariales, pero no cabe negar que la norma que sobre esta materia contiene el actual art. 52 de la Compilaci\u00f3n guarda una evidente conexi\u00f3n org\u00e1nica con aquellas regulaciones originarias y basta con reconocerlo as\u00ed para concluir en que, al adoptar tal precepto, los \u00f3rganos de la Comunidad Aut\u00f3noma no han venido a ordenar un \u00e1mbito enteramente ajeno al hasta entonces regulado por el derecho civil propio de las Islas ni han incurrido, por ello, en un desbordamiento competencial que permitiera calificar de inconstitucional a esta norma legal. La competencia auton\u00f3mica para el “desarrollo” del derecho civil, especial o foral, ampara ( … ) regulaciones de este g\u00e9nero que, partiendo de institutos ya integrados en el propio ordenamiento civil, disciplinen aspectos en conexi\u00f3n con ellos aunque ausentes, hasta entonces, del texto de la Compilaci\u00f3n”.\n<\/p>\n

\n En el caso ahora consultado, la impugnaci\u00f3n se produce, como ha quedado dicho, contra el art\u00edculo 8 de la Ley 2\/2003 del Pa\u00eds Vasco que permite la adopci\u00f3n conjunta por parejas formadas por dos personas del mismo sexo y la adopci\u00f3n de la hija o hijo adoptivo o biol\u00f3gico de una de las partes de la pareja por la otra.\n<\/p>\n

\n La Ley impugnada no procede a una regulaci\u00f3n completa de la adopci\u00f3n sino que, al regular las parejas de hecho y los efectos de su constituci\u00f3n, equipara, a los efectos de la adopci\u00f3n conjunta, a las parejas formadas por dos personas del mismo sexo con las parejas formadas por dos personas de distinto sexo y con las parejas unidas por matrimonio. La competencia para regular las parejas de hecho no ha sido cuestionada ni respecto de las Comunidades Aut\u00f3nomas que tienen competencia sobre su derecho civil foral o especial propio ni respecto de las que no lo tienen, habiendo dictado Leyes sobre la materia las siguientes Comunidades Aut\u00f3nomas: Catalu\u00f1a (Ley 10\/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja), Arag\u00f3n (Ley 6\/1999, de 26 de marzo, de parejas estables no casadas), Navarra (Ley Foral 6\/2000, de 3 de julio, de igualdad jur\u00eddica de las parejas estables), Comunidad Valenciana (Ley 1\/2001, de 6 de abril, de uniones de hecho), Madrid (Ley 11\/2001, de 19 de diciembre, de regulaci\u00f3n de uniones de hecho), Principado de Asturias (Ley 4\/2002, de 23 de mayo, de parejas estables), Andaluc\u00eda (Ley 5\/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho), Canarias (Ley 5\/2003, de 6 de marzo, de regulaci\u00f3n de las parejas de hecho), Extremadura (Ley 5\/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho). Ninguna de estas Leyes ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Naci\u00f3n y s\u00f3lo ha sido impugnada la Ley Foral de Navarra 6\/2000. Varias de estas leyes contienen algunos preceptos relativos a la adopci\u00f3n y acogimiento de menores (para reconocer la posibilidad de adopci\u00f3n conjunta s\u00f3lo a la pareja heterosexual, como es el caso de las Leyes de Catalu\u00f1a y de Arag\u00f3n, o para reconocer tal posibilidad a cualquier pareja estable, como la Ley de Navarra); otras se refieren a la posibilidad de acogimiento de menores de forma conjunta cuando la modalidad del acogimiento familiar sea simple o permanente (Leyes del Principado de Asturias, Andaluc\u00eda y Extremadura).\n<\/p>\n

\n Lo que se cuestiona es si la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco tiene competencia para dictar una norma sobre la adopci\u00f3n. Como reconoce la Direcci\u00f3n General de Pol\u00edtica Auton\u00f3mica, la Ley del Parlamento Vasco 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, hace referencia expresa a la adopci\u00f3n en dos de sus art\u00edculos: 20 y 53. La exposici\u00f3n de motivos de dicha Ley indica, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 17 a 20, que “la novedad, en el aspecto personal, es la inclusi\u00f3n de los hijos adoptivos entre los parientes tronqueros, siguiendo el sentido de la Ley del Parlamento Vasco 6\/1988, de 18 de marzo”. Dicha Ley establec\u00eda, a efectos sucesorios, la igualdad de los hijos, independientemente de su procedencia matrimonial o extramatrimonial. El art\u00edculo 20 de la Ley 3\/1992 determina que son parientes tronqueros, en la l\u00ednea descendiente, los hijos y dem\u00e1s descendientes, incluso los adoptivos (apartado 1), y que el parentesco troncal para los hijos adoptivos se determinar\u00e1, en las l\u00edneas ascendente y colateral, como si el adoptado fuese hijo por naturaleza del adoptante; el art\u00edculo 53 prescribe que “la sucesi\u00f3n forzosa, sin perjuicio de lo dispuesto para la troncalidad, se defiere por el siguiente orden: 1- a los hijos, incluso adoptivos, y dem\u00e1s descendientes”. La exposici\u00f3n de motivos de dicha Ley, al referirse a la regulaci\u00f3n del cap\u00edtulo II del T\u00edtulo II, se\u00f1ala que se regula el derecho de alimentos de los descendientes (art\u00edculo 66), sin hacer distinci\u00f3n entre clases de filiaci\u00f3n, incluyendo, a todos los efectos, los hijos adoptivos. Esa inclusi\u00f3n de los hijos adoptivos fue discutida porque su omisi\u00f3n por la Compilaci\u00f3n de 1959 se estimaba coherente con un r\u00e9gimen basado en la troncalidad, si bien alguna Sentencia del Tribunal Supremo, como la de 30 de noviembre de 1977, ya consider\u00f3 a los hijos adoptivos entre los llamados por los art\u00edculos 31 y 32 de la Compilaci\u00f3n. Adem\u00e1s, en el Fuero de Bizkaia se conten\u00edan disposiciones en materia de derecho de familia como el T\u00edtulo 22, dedicado a los\n<\/p>\n

\n menores, sus bienes y gobierno, o el 23, que se ocupaba de los alimentos y mantenimiento de los padres y abuelos.\n<\/p>\n

\n A juicio del Consejo de Estado, aun cuando no existiera en la Compilaci\u00f3n una regulaci\u00f3n sustancial de la adopci\u00f3n como la contenida en las Leyes 73 y 74 de la Compilaci\u00f3n del derecho civil foral de Navarra (el art\u00edculo 8 de cuya Ley Foral 6\/2000, de 3 de julio, permite adoptar conjuntamente a los miembros de una pareja estable, habiendo sido objeto tal precepto del recurso de inconstitucionalidad 5297\/2000, promovido por ochenta y tres diputados del Grupo Parlamentario Popular), a la vista de las Sentencias citadas del Tribunal Constitucional, s\u00ed cabe entender que existe una conexi\u00f3n entre el derecho civil foral del Pa\u00eds Vasco y la regulaci\u00f3n que se trata de introducir. La adopci\u00f3n no puede considerarse una materia completamente ajena o desvinculada del derecho civil foral, ya que aparecen normas relativas al status familiae de los hijos adoptivos en la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, y su regulaci\u00f3n se conecta con el derecho familiar y sucesorio propio.\n<\/p>\n

\n Las Comunidades Aut\u00f3nomas vienen dictando normas que regulan aspectos de la adopci\u00f3n (Ley del Parlamento de Catalu\u00f1a 37\/1991, de 30 de diciembre, de medidas de protecci\u00f3n de los menores desamparados y de la adopci\u00f3n, Ley de Extremadura 4\/1994, de 10 de noviembre, que establece las normas reguladoras de protecci\u00f3n de menores, Ley de la Comunidad Valenciana 7\/1994, de 5 de diciembre, sobre la infancia, Ley del Principado de Asturias 1\/1995, de 27 de enero, de protecci\u00f3n de menores, Ley de la Regi\u00f3n de Murcia 3\/1995, de 21 de marzo, de la infancia Ley de la Asamblea de Madrid 6\/1995, de 28 de marzo, sobre las garant\u00edas de los derechos de la infancia y la adolescencia, Ley de la Comunidad Aut\u00f3noma de Canarias 1\/1997, de 7 de febrero, que establece normas sobre atenci\u00f3n integral de menores, Ley del Parlamento de Galicia 3\/1997, de 9 de junio, sobre protecci\u00f3n jur\u00eddica, econ\u00f3mica y social de la familia, la infancia y la adolescencia, Ley del Parlamento de Catalu\u00f1a 9\/1998, de 15 de julio, C\u00f3digo de familia, Ley de la Comunidad Aut\u00f3noma de La Rioja 4\/1998, de 18 de marzo, que regula los derechos del menor, Ley de Castilla-La Mancha 3\/1999, de 31 de marzo, que regula las competencias en materia de menores, Ley de Cantabria 7\/1999, de 28 de abril, de protecci\u00f3n de la infancia y la adolescencia, Ley de las Cortes de Arag\u00f3n 12\/2001, de 2 de julio, sobre la infancia y la adolescencia, Ley del Parlamento de Andaluc\u00eda 1\/1998, de 20 de abril, que regula los derechos y la atenci\u00f3n al menor, Ley de Castilla y Le\u00f3n 14\/2002, de 25 de julio, de promoci\u00f3n, atenci\u00f3n y protecci\u00f3n a la infancia). La mayor\u00eda de tales normas se refieren al proceso de valoraci\u00f3n de las solicitudes de los adoptantes, a la selecci\u00f3n e idoneidad de los adoptantes y a la adopci\u00f3n internacional. No obstante, algunas Comunidades Aut\u00f3nomas regulan materias como las personas que pueden adoptar (Catalu\u00f1a, Galicia) o los requisitos de los solicitantes de adopci\u00f3n o acogimiento preadoptivo (Decreto 81\/1994 de la Comunidad Aut\u00f3noma de Murcia, Decreto 79\/1995 de la Comunidad Aut\u00f3noma de Arag\u00f3n, Ley 6\/1995 de Madrid, Ley 4\/1998 de La Rioja, Decreto 13\/1999 de la Comunidad Aut\u00f3noma de Extremadura y Decreto 46\/2000 del Principado de Asturias). Dichas disposiciones, en ocasiones, vienen a modular los requisitos para la constituci\u00f3n de la adopci\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 175 del C\u00f3digo Civil, sin que hayan sido cuestionadas.\n<\/p>\n

\n Asimismo, no debe olvidarse que la Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de 15 de enero, sobre protecci\u00f3n jur\u00eddica del menor, que modifica parcialmente el C\u00f3digo Civil y la Ley de\n<\/p>\n

\n Enjuiciamiento Civil y procede a dar nueva redacci\u00f3n a diversos preceptos de dicho C\u00f3digo sobre la adopci\u00f3n, como los art\u00edculos 175.1, 176 y 177, se\u00f1ala que tales revisiones del C\u00f3digo Civil “se dictan al amparo del art\u00edculo 149.1.8\u00aa de la Constituci\u00f3n y se aplicar\u00e1n sin perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Aut\u00f3nomas con competencia en materia de derecho civil foral o especial”.\n<\/p>\n

\n A la vista de las anteriores consideraciones es posible percibir una conexi\u00f3n suficiente entre la adopci\u00f3n y las instituciones reguladas por el derecho civil foral del Pa\u00eds Vasco, siempre teniendo en cuenta que cualquier invocaci\u00f3n del derecho foral no puede ser homog\u00e9nea para todo el territorio del Pa\u00eds Vasco, como resulta de la propia Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n 4. El examen del precepto impugnado tambi\u00e9n requiere referirse a su contenido a la vista de la Constituci\u00f3n, ya que la fundamentaci\u00f3n de su impugnaci\u00f3n no se realiza s\u00f3lo desde una perspectiva competencial, sino que se basa igualmente en la posible vulneraci\u00f3n material del principio de protecci\u00f3n de los hijos.\n<\/p>\n

\n El acuerdo del Gobierno y el informe de la Direcci\u00f3n General de Pol\u00edtica Auton\u00f3mica consideran que el art\u00edculo 8 de la Ley 2\/2003 desconoce la prevalencia del inter\u00e9s del menor sobre el inter\u00e9s en adoptar de los miembros de la pareja de hecho. El inter\u00e9s del menor se encuentra consagrado como principio rector de la adopci\u00f3n en el art\u00edculo 176.1 del C\u00f3digo Civil y en el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del ni\u00f1o y el Convenio de La Haya sobre la protecci\u00f3n del ni\u00f1o y la cooperaci\u00f3n en materia de adopci\u00f3n internacional.\n<\/p>\n

\n Para el an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n es preciso examinar las disposiciones relativas a la protecci\u00f3n del inter\u00e9s del menor y la regulaci\u00f3n de la adopci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n La Constituci\u00f3n, en su art\u00edculo 39.2, establece que los poderes p\u00fablicos aseguran, asimismo, la protecci\u00f3n integral de los hijos, iguales \u00e9stos ante la ley con independencia de su filiaci\u00f3n, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. El apartado 4 a\u00f1ade que los ni\u00f1os gozar\u00e1n de la protecci\u00f3n prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.\n<\/p>\n

\n La Convenci\u00f3n sobre los derechos del ni\u00f1o, hecha en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, establece en su art\u00edculo 21 que los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopci\u00f3n cuidar\u00e1n de que el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o sea la consideraci\u00f3n primordial y velar\u00e1n porque la adopci\u00f3n del ni\u00f1o s\u00f3lo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinar\u00e1n, con arreglo a las leyes y procedimientos aplicables y sobre la base de toda la informaci\u00f3n pertinente y fidedigna, que la adopci\u00f3n es admisible en vista de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o en relaci\u00f3n con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando as\u00ed se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopci\u00f3n sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario. El Convenio relativo a la protecci\u00f3n del ni\u00f1o y a la cooperaci\u00f3n en materia de adopci\u00f3n internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, reconoce, como primer objeto del Convenio, “establecer garant\u00edas para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideraci\u00f3n al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional”. Su art\u00edculo 5 determina que las adopciones consideradas por el Convenio s\u00f3lo pueden tener\n<\/p>\n

\n lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de recepci\u00f3n han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y se han asegurado de que han sido convenientemente asesorados. El art\u00edculo 15 prev\u00e9 la elaboraci\u00f3n de un informe sobre tal aptitud por la Autoridad Central del Estado de recepci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n La Ley 21\/1987, de 11 de noviembre, que modific\u00f3 el C\u00f3digo Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, considera, como destaca su exposici\u00f3n de motivos, que el sistema anterior no estaba suficientemente fundado en la necesaria primac\u00eda del inter\u00e9s del adoptado, que debe prevalecer, sin prescindir totalmente de ellos, sobre los dem\u00e1s intereses en juego en el curso de la adopci\u00f3n, como son los de los adoptantes y los de los padres o guardadores del adoptado. Dicha Ley se bas\u00f3 en el principio del beneficio del adoptado que, seg\u00fan dicha exposici\u00f3n de motivos, “se sobrepone, con el necesario equilibrio, a cualquier otro inter\u00e9s leg\u00edtimo subyacente en el proceso de constituci\u00f3n”. El art\u00edculo 175 del C\u00f3digo Civil, en la redacci\u00f3n dada por esta Ley, estableci\u00f3, en cuanto a los requisitos del adoptante, que tenga veinticinco a\u00f1os. “En la adopci\u00f3n por ambos c\u00f3nyuges basta que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, el adoptante habr\u00e1 de tener, por lo menos, catorce a\u00f1os m\u00e1s que el adoptado”. El apartado 4 de este art\u00edculo establece que, “fuera de la adopci\u00f3n por ambos c\u00f3nyuges, nadie puede ser adoptado por m\u00e1s de una persona”. No obstante, la disposici\u00f3n adicional tercera de dicha Ley a\u00f1ade que las referencias a la capacidad de los c\u00f3nyuges para adoptar simult\u00e1neamente a un menor ser\u00e1n tambi\u00e9n aplicables al hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relaci\u00f3n de afectividad an\u00e1loga a la conyugal.\n<\/p>\n

\n Por lo tanto, a partir de 1987 se reconoce por el C\u00f3digo Civil la posibilidad de que, no s\u00f3lo matrimonios sino tambi\u00e9n parejas constituidas por un hombre y una mujer unidas de forma permanente por una relaci\u00f3n de afectividad an\u00e1loga a la conyugal, adopten de forma conjunta.\n<\/p>\n

\n La Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de 15 de enero, de protecci\u00f3n jur\u00eddica del menor y de modificaci\u00f3n parcial del C\u00f3digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establece, como principio general, que en su aplicaci\u00f3n “primar\u00e1 el inter\u00e9s superior de los menores sobre cualquier otro inter\u00e9s leg\u00edtimo que pudiera concurrir”. La supremac\u00eda del inter\u00e9s del menor es igualmente un principio rector de la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos, seg\u00fan su art\u00edculo 11. El art\u00edculo 3 declara que los menores gozar\u00e1n de los derechos que les reconocen la Constituci\u00f3n y los tratados internacionales de los que Espa\u00f1a sea parte, especialmente la Convenci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o de Naciones Unidas. Tambi\u00e9n prescribe que dicha Ley y las normas relativas a las personas menores de edad se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales y la citada Convenci\u00f3n. Su disposici\u00f3n final d\u00e9cima da una nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo Civil y prescribe que la adopci\u00f3n se constituye por resoluci\u00f3n judicial que tendr\u00e1 en cuenta siempre el inter\u00e9s del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad y que para iniciar el expediente de adopci\u00f3n es necesaria la propuesta previa de la entidad p\u00fablica a favor de adoptante o adoptantes que dicha entidad haya declarado id\u00f3neos para el ejercicio de la patria potestad, pudiendo ser dicha declaraci\u00f3n previa a la propuesta.\n<\/p>\n

\n Por lo que se refiere a la regulaci\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas, como se ha visto, han dictado leyes en materia de protecci\u00f3n del menor que vienen a recoger el principio\n<\/p>\n

\n de supremac\u00eda del inter\u00e9s superior del menor. Alguna Ley ha incorporado normas dirigidas a evitar eventuales medidas discriminatorias en este \u00e1mbito. As\u00ed, el art\u00edculo 28 de la Ley de la Comunidad Valenciana 7\/1994, de 5 de diciembre, sobre la infancia, cuya r\u00fabrica es “adopci\u00f3n de los menores”, establece que “no ser\u00e1 en ning\u00fan caso considerada una medida discriminatoria, para conceder una adopci\u00f3n, el tipo de n\u00facleo de convivencia familiar por el que hayan optado libremente aquellos o aquellas que soliciten la adopci\u00f3n”. La Ley del Parlamento de Andaluc\u00eda 5\/2002, de 16 de diciembre, de parejas de hecho, en su art\u00edculo 9 y al referirse al acogimiento familiar, indica que, a efectos de lo dispuesto en el art\u00edculo 33 de la Ley 1\/1998, en relaci\u00f3n con los criterios de valoraci\u00f3n de la idoneidad aplicados en dichos procedimientos, “en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser utilizado como factor discriminatorio la opci\u00f3n o identidad sexual de los solicitantes”. En otros casos no se exige expresamente el car\u00e1cter heterosexual de la pareja. As\u00ed, el art\u00edculo 32.1.a) de la Ley de Galicia 3\/1997, de 9 de junio, dice que, para poder ser adoptante, se requerir\u00e1 tener como m\u00ednimo 25 a\u00f1os cumplidos y que, en caso de “solicitudes conjuntas por c\u00f3nyuges o parejas con relaci\u00f3n estable an\u00e1loga a la conyugal, bastar\u00e1 con que uno de ellos tenga dicha edad”. La Ley Foral de Navarra 6\/2000, por su parte y como se ha dicho, admite la adopci\u00f3n conjunta por parejas del mismo sexo. Otras Leyes, sin embargo, s\u00f3lo permiten la adopci\u00f3n conjunta por parejas heterosexuales, como el C\u00f3digo de Familia de Catalu\u00f1a o la Ley de Arag\u00f3n 6\/1999.\n<\/p>\n

\n En derecho comparado, cabe destacar que en Dinamarca, desde la Ley de 2 de junio de 1999, se permite al miembro de una pareja registrada adoptar al hijo del otro miembro de la pareja, salvo que se trate de un hijo adoptivo de otro pa\u00eds. En Holanda, desde la Ley de 21 de diciembre de 2000, se admite la posibilidad de adoptar conjuntamente, por parte de una pareja del mismo sexo, siempre que el ni\u00f1o haya nacido en Holanda. Tambi\u00e9n se permite en algunos Estados norteamericanos como Vermont, California, Alaska, Massachusetts, Oregon o New Jersey, entre otros.\n<\/p>\n

\n En el \u00e1mbito europeo hay que recordar la Resoluci\u00f3n del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994 sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea, que pide a los Estados miembros que se ponga fin al trato desigual de las personas de orientaci\u00f3n homosexual en las disposiciones jur\u00eddicas y administrativas y solicita de la Comisi\u00f3n que presente una propuesta de recomendaci\u00f3n sobre la igualdad de derechos de las lesbianas y homosexuales en la que, como m\u00ednimo, se deber\u00eda tratar de poner fin “a la prohibici\u00f3n de contraer matrimonio o de acceder a reg\u00edmenes jur\u00eddicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendaci\u00f3n deber\u00eda garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripci\u00f3n de la convivencia” y poner fin tambi\u00e9n a toda restricci\u00f3n de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar ni\u00f1os.\n<\/p>\n

\n A la vista de las disposiciones anteriores, es preciso determinar si puede considerarse materialmente inconstitucional la posibilidad de adopci\u00f3n conjunta de menores por parejas formadas por dos personas del mismo sexo.\n<\/p>\n

\n Ha de tenerse en cuenta que el estatuto de la adopci\u00f3n es de configuraci\u00f3n legal. Precisamente las normas que regulan la adopci\u00f3n y, en especial, los requisitos de los adoptantes son cambiantes, habiendo sido objeto de sucesivas reformas legislativas como se pone de manifiesto, a t\u00edtulo de ejemplo, en la modificaci\u00f3n de la edad para\n<\/p>\n

\n adoptar a lo largo del pasado siglo (45, 30 y 25 a\u00f1os). De la regulaci\u00f3n de la adopci\u00f3n no resulta la existencia de un derecho a adoptar. La legislaci\u00f3n de la adopci\u00f3n se basa, como se ha dicho, en la protecci\u00f3n de los derechos e intereses del menor que el art\u00edculo 39.2 de la Constituci\u00f3n garantiza, por lo que la cuesti\u00f3n a resolver es si la admisi\u00f3n de la posibilidad de adopci\u00f3n conjunta por personas del mismo sexo supone la quiebra de la protecci\u00f3n del menor, de modo que no deba ni siquiera valorarse, en caso alguno, la idoneidad de sus miembros para la adopci\u00f3n. Si se aprecia que tal posibilidad es intr\u00ednsecamente perjudicial para el menor quedar\u00e1 excluida de la adopci\u00f3n conjunta una completa categor\u00eda de parejas de hecho: las constituidas por personas del mismo sexo.\n<\/p>\n

\n El dato de partida es que en la realidad social actual aparecen nuevas formas de convivencia con vocaci\u00f3n de alcanzar efectos que hoy s\u00f3lo se reconocen al matrimonio. La tolerancia y aceptaci\u00f3n de tales parejas por la sociedad va evolucionando. Las parejas heterosexuales more uxorio se reconocen por el ordenamiento jur\u00eddico como expresi\u00f3n de una convivencia estable y como \u00e1mbito aceptable para el desarrollo del menor. En algunos ordenamientos jur\u00eddicos se ha culminado el proceso equiparador entre las parejas heterosexuales y las formadas por personas de un mismo sexo, admitiendo la posibilidad de adopci\u00f3n de menores, consider\u00e1ndose que el grado de integraci\u00f3n y de reconocimiento social de las parejas del mismo sexo no impiden una adecuada integraci\u00f3n familiar del menor.\n<\/p>\n

\n El legislador del Pa\u00eds Vasco (y tambi\u00e9n el de Navarra) vienen a considerar que, desde la realidad social, resulta poco acorde con el sentir actual de la sociedad excluir a radice toda posibilidad de adopci\u00f3n conjunta por una pareja de personas del mismo sexo y que el reconocimiento de tal posibilidad de adopci\u00f3n elimina una posible discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de la condici\u00f3n personal o social de los componentes de la pareja. Ello no excluye el examen de idoneidad realizado por la entidad p\u00fablica y su valoraci\u00f3n judicial en cada caso, al igual que ocurre en los supuestos de adopci\u00f3n individual por un miembro de una pareja que conviva more uxorio con otra persona del mismo sexo. Se llega a una situaci\u00f3n parecida a la creada por la reproducci\u00f3n asistida realizada por una mujer que convive con otra (el art\u00edculo 6 de la Ley 35\/1988, de 22 de noviembre, que regula las t\u00e9cnicas de reproducci\u00f3n asistida permite tal supuesto). El desarrollo y maduraci\u00f3n personal del menor ser\u00e1 igual en las parejas del mismo sexo cuando uno s\u00f3lo de sus miembros es el adoptante que cuando sean los dos, porque la unidad de convivencia es la misma. Incluso puede considerarse, tambi\u00e9n desde esta perspectiva, que, en el caso de que falleciese el miembro de la pareja adoptante, los intereses del menor ser\u00edan mejor garantizados al mantener su entorno familiar y tener los derechos y beneficios de un hijo en relaci\u00f3n con el otro miembro de la pareja: la seguridad de la unidad familiar resultar\u00eda protegida.\n<\/p>\n

\n Tal medida no quebrar\u00eda la garant\u00eda constitucional del instituto de la familia a que se refiere el art\u00edculo 39.1 de la Constituci\u00f3n pues, como ha declarado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 116\/1999, de 17 de junio, “nuestra Constituci\u00f3n “no ha identificado la familia a la que manda proteger con la que tiene su origen en el matrimonio” ni existe ninguna “constricci\u00f3n del concepto de familia a la de origen matrimonial por relevante que sea en nuestra cultura -en los valores y en la realidad de los comportamientos sociales- esa modalidad de vida familiar. Existen otras junto a ella, como responde a una sociedad plural ( … )” (STC 222\/1992, fundamento jur\u00eddico 5\u00ba, reiterada en la STC 47\/1993, fundamento jur\u00eddico 2\u00ba)”. En el mismo sentido la\n<\/p>\n

\n Sentencia 47\/1993, de 8 de febrero, afirma que la Constituci\u00f3n no identifica a la familia (…) con la que tiene su origen en el matrimonio, conclusi\u00f3n que se impone no s\u00f3lo por la regulaci\u00f3n bien diferenciada de una instituci\u00f3n y otra (arts. 32 y 39), sino tambi\u00e9n, junto a ello, por el mismo sentido amparador o tuitivo con el que la norma fundamental considera siempre a la familia y, en especial, en el repetido art\u00edculo 39, protecci\u00f3n que corresponde a imperativos ligados al car\u00e1cter “social” de nuestro Estado y a la atenci\u00f3n, por consiguiente, de la realidad efectiva de los modos de convivencia que en la sociedad se expresen”. M\u00e1s adelante a\u00f1ade que, “en correspondencia con el pluralismo de opciones personales existente en la sociedad espa\u00f1ola y la preeminencia que posee el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1.CE), la Constituci\u00f3n no s\u00f3lo protege a la familia que se constituye mediante el matrimonio -aunque a \u00e9sta la proteja especialmente (STC 45\/1989)- sino tambi\u00e9n a la familia como realidad social, entendida por tal la que se constituye voluntariamente mediante la uni\u00f3n de hecho, afectiva y estable, de una pareja”. El Auto del Tribunal Constitucional 222\/1994, de 11 de julio, tras reconocer que los poderes p\u00fablicos pueden otorgar un trato de privilegio a la uni\u00f3n familiar constituida por hombre y mujer frente a una uni\u00f3n homosexual, afirma que ello no excluye “que por el legislador se pueda establecer un sistema de equiparaci\u00f3n por el que los convivientes homosexuales puedan llegar a beneficiarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio, tal y como propugna el Parlamento Europeo”.\n<\/p>\n

\n La consecuencia de la posibilidad de adopci\u00f3n conjunta por dos personas del mismo sexo es la constituci\u00f3n de una relaci\u00f3n de filiaci\u00f3n entre dos padres o dos madres y un hijo, es decir, se llega a una situaci\u00f3n a la que de modo exclusivamente natural no podr\u00eda llegarse. El principio adoptio imitatur naturam quedar\u00eda superado. La cuesti\u00f3n esencial es, como se ha dicho, la incidencia de tal circunstancia en los menores adoptados y la determinaci\u00f3n de si es posible, al menos en algunos casos, crear una comunidad de vida estable y un entorno familiar propicio para el libre e integral desarrollo de la personalidad del menor adoptado, cuesti\u00f3n que, a la vista de las aptitudes educativas de los adoptantes y de su situaci\u00f3n puede ser apreciada al valorar la idoneidad de los solicitantes de la adopci\u00f3n tanto por la entidad p\u00fablica correspondiente como por el juez.\n<\/p>\n

\n Aun cuando la apreciaci\u00f3n de la incidencia en el menor de su integraci\u00f3n como hijo adoptivo en un n\u00facleo familiar formado por una pareja del mismo sexo podr\u00eda determinarse en cada caso al valorar la idoneidad de los adoptantes, entiende el Consejo de Estado, a la vista de las relevantes consecuencias que tiene la posibilidad de adopci\u00f3n conjunta de menores por personas del mismo sexo y su incidencia en los intereses de los ni\u00f1os, que es conveniente que el Tribunal Constitucional valore la norma impugnada la cual, junto con la Ley Foral 6\/2000 sometida ya a su enjuiciamiento, vienen a abrir un nuevo camino que puede ser recorrido por otras Comunidades Aut\u00f3nomas o por el legislador estatal y que requiere una pronta respuesta jur\u00eddica. Cabe, adem\u00e1s, que en dicha valoraci\u00f3n el Tribunal Constitucional pondere cuanto concierne a las competencias auton\u00f3micas para la regulaci\u00f3n de las uniones de hecho en relaci\u00f3n con la competencia estatal ex art\u00edculo 149.1.8\u00aa CE sobre las relaciones jur\u00eddico civiles relativas a las formas de matrimonio, por cuanto, aunque se trata de situaciones distintas, es perceptible la tendencia a fijar el despliegue de sus efectos por referencia a los que son propios del matrimonio.\n<\/p>\n

\n En definitiva, la naturaleza del problema, sus implicaciones pol\u00e9micas en la doctrina y en la conciencia social, la heterogeneidad de las iniciativas adoptadas por las distintas Comunidades Aut\u00f3nomas, su incidencia en la invocada defensa y protecci\u00f3n de los intereses del menor y la circunstancia de estar ya residenciada la cuesti\u00f3n ante el Tribunal Constitucional, en relaci\u00f3n con la Ley Foral de Navarra 6\/2000, aconsejan mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parlamento Vasco 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.\n<\/p>\n

\n En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:\n<\/p>\n

\n Que existen fundamentos jur\u00eddicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el art\u00edculo 8 de la Ley del Pa\u00eds Vasco 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.”\n<\/p>\n

\n V.E., no obstante, resolver\u00e1 lo que estime m\u00e1s acertado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Consejo de Estado examina si procede mantener el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el art. 8 de la Ley vasca 2\/2003, de parejas de hecho, que permite la adopci\u00f3n conjunta por parejas del mismo sexo. Ve conexi\u00f3n suficiente entre la adopci\u00f3n y el Derecho civil foral vasco (la Ley 3\/1992 incluye a los adoptivos entre los parientes tronqueros), pero, por su trascendencia para el inter\u00e9s del menor y por estar ya recurrida una ley navarra similar, aconseja mantener el recurso.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[1116],"materia":[1204],"organo":[1906],"tipo_resolucion":[1913],"ambito":[1915],"class_list":["post-11046","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-parejas-de-hecho","materia-parejas-de-hecho","organo-consejo-de-estado","tipo_resolucion-dictamen","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11046"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11046"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11046"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11046"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}