{"id":11043,"date":"2025-10-06T18:37:09","date_gmt":"2025-10-06T16:37:09","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/dictamen-de-consejo-de-estado-ley-3-1992-de-1-de-julio-del-derecho-civil-foral\/"},"modified":"2026-10-21T15:59:21","modified_gmt":"2026-10-21T13:59:21","slug":"dictamen-del-consejo-de-estado-de-27-de-mayo-de-1993","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/dictamen-del-consejo-de-estado-de-27-de-mayo-de-1993\/","title":{"rendered":"Dictamen del Consejo de Estado de 27 de mayo de 1993"},"content":{"rendered":"

\n Dictamen de Consejo de Estado<\/strong>\n<\/p>\n

\n N\u00famero de expediente: 1537\/1992 (ADMINISTRACIONES P\u00daBLICAS)<\/strong>\n<\/p>\n

\n Referencia:<\/strong> 1537\/1992\n<\/p>\n

\n Procedencia:<\/strong> ADMINISTRACIONES P\u00daBLICAS\n<\/p>\n

\n Asunto:<\/strong> Adecuaci\u00f3n al orden de competencias derivado de la Constituci\u00f3n y Estatuto de Autonom\u00eda del PAIS VASCO de la Ley 3\/1992, de 1 de julio del Derecho Civil Foral.\n<\/p>\n

\n Fecha de Aprobaci\u00f3n:<\/strong> 27\/5\/1993\n<\/p>\n

\n TEXTO DEL DICTAMEN<\/strong>\n<\/p>\n

\n La Comisi\u00f3n Permanente del Consejo de Estado, en sesi\u00f3n celebrada el d\u00eda de la fecha, emiti\u00f3, por mayor\u00eda, el siguiente dictamen:\n<\/p>\n

\n “El Consejo de Estado, en cumplimiento de la Orden de V.E. ha examinado el expediente relativo a la adecuaci\u00f3n al orden de competencias derivado de la Constituci\u00f3n y del Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral.\n<\/p>\n

\n De antecedentes resulta:\n<\/p>\n

\n Primero.- En el Bolet\u00edn Oficial del Pa\u00eds Vasco fue publicada la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco. Consta de una Exposici\u00f3n de Motivos, 147 art\u00edculos, una disposici\u00f3n adicional, cuatro transitorias, una derogatoria y otra final.\n<\/p>\n

\n En la Exposici\u00f3n de Motivos se se\u00f1ala que el Parlamento Vasco que, conforme al art\u00edculo 10.5 del Estatuto, tiene libertad para se\u00f1alar el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de las instituciones forales, no puede hacerlo arbitrariamente, y; aunque en el futuro -seg\u00fan los estudios lo aconsejen y la sociedad lo reclama- podr\u00e1 hacer modificaciones y seguramente deber\u00e1 hacerlas, en esta primera elaboraci\u00f3n de nuestro derecho, a la que se llega tras profunda meditaci\u00f3n de la Ley, se limita a hacer la necesaria adaptaci\u00f3n del Derecho a nuestros tiempos, eliminando algunos anacronismos que la Compilaci\u00f3n de 1959 a\u00fan manten\u00eda y restaurando instituciones muy arraigadas de las que prescind\u00eda.\n<\/p>\n

\n La estructura de la Ley es la siguiente:\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo Preliminar: De las fuentes del Derecho Foral (art\u00edculos 1 a 4)\n<\/p>\n

\n – Libro I: Del Fuero Civil de Bizkaia:\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo I: De la aplicaci\u00f3n de las normas forales. Comprende los siguientes Cap\u00edtulos:\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo I: \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n (art\u00edculos 5 a 15)\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo II: De los conflictos de leyes (art\u00edculo 16)\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo II: De la troncalidad (art\u00edculos 17 a 26)\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo III: De las sucesiones. Un primer ep\u00edgrafe se refiere a las disposiciones generales e incluye los art\u00edculos 27 y 28. Comprende los siguientes Cap\u00edtulos:\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo I: De la Sucesi\u00f3n testada (art\u00edculos 29 a 52).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo II: De la sucesi\u00f3n forzosa (art\u00edculos 53 a 66).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo III: De la sucesi\u00f3n “ab intestato” (art\u00edculos 67 a 73).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo IV: De los pactos sucesorios (art\u00edculos 74 a 83).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo V: Disposiciones comunes a las distintas formas de suceder (art\u00edculos 84 a 92).\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo IV: Del r\u00e9gimen de bienes en el matrimonio, de la comunicaci\u00f3n foral. Comprende los siguientes Cap\u00edtulos:\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo I: Disposiciones generales (art\u00edculos 93 y 94).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo II: De la comunicaci\u00f3n foral de bienes (art\u00edculos 95 a 103)\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo III: De la disoluci\u00f3n del r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n de bienes (art\u00edculos 104 a 111).\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo V: De la saca foral y dem\u00e1s derechos de adquisici\u00f3n preferente (art\u00edculos 112 a 127).\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo VI: De las servidumbres de paso (art\u00edculos 128 a 130).\n<\/p>\n

\n – Libro II Del Fuero Civil de \u00c1lava:\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo I: Del Fuero de Ayala. Comprende los siguientes Cap\u00edtulos:\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo I: \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n (art\u00edculos 131 a 133).\n<\/p>\n

\n – Cap\u00edtulo II: (art\u00edculos 134 a 145).\n<\/p>\n

\n – T\u00edtulo II: Del derecho civil foral aplicable en Llodio y Aramaio (art\u00edculo 146).\n<\/p>\n

\n – Libro III Del Fuero Civil de Guipuzkoa (art\u00edculo 147)\n<\/p>\n

\n Segundo.- Figuran en el expediente los siguientes informes y propuestas:\n<\/p>\n

\n 1\u00ba. Informe de la Direcci\u00f3n General de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Ministerio para las\n<\/p>\n

\n Administraciones P\u00fablicas, de 5 de noviembre de 1992, en el que se indica que la\n<\/p>\n

\n Comisi\u00f3n de Seguimiento de los Actos y Disposiciones de las Comunidades Aut\u00f3nomas, en su reuni\u00f3n de 1 de octubre de 1992, propuso la impugnaci\u00f3n ante el Tribunal Constitucional de la Ley del Pa\u00eds Vasco 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral. Los art\u00edculos objeto de impugnaci\u00f3n ser\u00edan los siguientes:\n<\/p>\n

\n a) En primer lugar, los que establecen las reglas relativas a la determinaci\u00f3n de la vecindad civil, pues la misma es el determinante de la sujeci\u00f3n al derecho civil com\u00fan o al especial o foral, competencia del Estado por formar parte de las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas. La Ley Vasca crea un nuevo supuesto de vecindad civil foral al crear la vecindad civil vizca\u00edna no aforada. Por tal motivo se propone la impugnaci\u00f3n de los art\u00edculos 11; 12; 13; 14, p\u00e1rrafo segundo; 30 y 94 de la Ley 3\/1992.\n<\/p>\n

\n b) En segundo lugar, los preceptos en los que se prev\u00e9 la ampliaci\u00f3n o extensi\u00f3n del \u00e1mbito territorial de vigencia del Derecho Foral Vasco. El art\u00edculo 10.5 del Estatuto del Pa\u00eds Vasco que atribuye a \u00e9ste la competencia para la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de vigencia del Derecho Foral ha de enmarcarse dentro de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n, por lo que no faculta a dicha Comunidad para la fijaci\u00f3n en abstracto de dicho \u00e1mbito territorial, sino que la habilita para la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo de las previsiones que en relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n se recogen en la Compilaci\u00f3n. Por estos motivos se propone la impugnaci\u00f3n de los art\u00edculos 6, p\u00e1rrafo segundo, inciso “salvo en cuanto sea aplicable el presente Fuero”; art\u00edculo 10; art\u00edculo 11; y 132 de la Ley 3\/1992.\n<\/p>\n

\n c) En tercer lugar, los preceptos que inciden en el r\u00e9gimen jur\u00eddico delos testamentos notariales y dem\u00e1s instrumentos p\u00fablicos. Tales preceptos invaden la competencia estatal sobre la ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos (art. 149.1.8 CE y Sentencia del Tribunal Constitucional 74\/1989, de 21 de abril). Por tal motivo, se propone la impugnaci\u00f3n del art\u00edculo 14, p\u00e1rrafo primero, y del art\u00edculo 30 de la Ley 3\/1992.\n<\/p>\n

\n d) En cuarto lugar, los preceptos de la Ley Vasca que afectan al \u00e1mbito de la legislaci\u00f3n procesal reservada con car\u00e1cter exclusivo al Estado por el art\u00edculo 149.1.6 de la Constituci\u00f3n. Por este motivo, se propone dirigir el recurso contra los art\u00edculos 102, segunda 2, y 123, p\u00e1rrafos segundo y tercero.\n<\/p>\n

\n 2\u00ba. Informe de la Secretar\u00eda General T\u00e9cnica del Ministerio de Justicia\n<\/p>\n

\n Considera que el art\u00edculo 10.5 del Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco debe ser necesariamente entendido en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 149.1.8\u00aa de la Constituci\u00f3n, “de forma que la omisi\u00f3n en \u00e9l de toda referencia a aquellos \u00e1mbitos de competencia estatal exclusiva (aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas, etc.), no puede ser interpretada sino por la no necesidad de reiterar en sede de Ley Org\u00e1nica principios y preceptos ya sancionados en sede constitucional”.\n<\/p>\n

\n La referencia del Estatuto a la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de vigencia del Derecho Foral se debe al problema de la dualidad legislativa. Esta cuesti\u00f3n se abord\u00f3 en la Compilaci\u00f3n de 1959 en la que se dispuso que el derecho civil de Vizcaya rige en el Infanzonado o Tierra Llana de Vizcaya que comprende la actual provincia. Se except\u00faan de esta aplicaci\u00f3n y se someten al Derecho com\u00fan las villas de Bermeo,\n<\/p>\n

\n Durango, Ermua, Guernica y Luno, Lanestosa, Lequeitio, Marquina, Ond\u00e1rroa, Ochandiano, Portugalete, Plencia, Valmaseda, la ciudad de Ordu\u00f1a y el t\u00e9rmino municipal de Bilbao. Esta distribuci\u00f3n territorial obedece al hecho de que hist\u00f3ricamente Vizcaya nunca lleg\u00f3 a tener unidad legislativa civil. El art\u00edculo 10.5 del Estatuto s\u00f3lo puede entenderse, pues, en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n “all\u00ed donde existan” recogida en el art\u00edculo 149.1.8\u00aa de la Constituci\u00f3n. Estando desde 1959 definido el \u00e1mbito territorial del Derecho Foral y del derecho civil en Vizcaya, no puede procederse a ampliar la vigencia territorial del Fuero vizca\u00edno a la zona no aforada de la provincia de Vizcaya. As\u00ed las cosas, no habr\u00eda obst\u00e1culo que plantear al contenido de los art\u00edculos 7, 8 y 9 de la Ley Vasca en cuanto pretenden una racionalizaci\u00f3n y una ordenaci\u00f3n m\u00e1s l\u00f3gica del hecho de la convivencia territorial de dos legislaciones civiles, pero s\u00ed a la expansi\u00f3n territorial que prev\u00e9 el art\u00edculo 10.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 6\u00ba de la Ley del Pa\u00eds Vasco determina la aplicaci\u00f3n de sus principios e instituciones fuera de su \u00e1mbito territorial natural (el Infanzonado). La propia Ley contempla algunos supuestos concretos de esta previsi\u00f3n como los art\u00edculos 13, 30 y 112. Ello supone la expansi\u00f3n unilateral del Fuero fuera de su \u00e1mbito hist\u00f3rico de vigencia y sin que, en este caso, la Ley Vasca justifique o pretenda justificar esta ampliaci\u00f3n en supuestos de vigencia hist\u00f3rica de normas m\u00e1s o menos obsoletas. Este art\u00edculo resulta inconstitucional, ya que la expresi\u00f3n “all\u00ed donde existan” del art\u00edculo 140.1.8\u00aa de la Constituci\u00f3n significa que donde no existan tales especialidades forales regir\u00e1 sin excepci\u00f3n el derecho com\u00fan, no pudiendo una Ley auton\u00f3mica superponerse a \u00e9ste y ampliar sin m\u00e1s el \u00e1mbito de eficacia de aqu\u00e9l.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 10 contempla una ampliaci\u00f3n de futuro del \u00e1mbito territorial de aplicaci\u00f3n del Derecho Civil Foral, lo que en modo alguno resulta permitido por la Constituci\u00f3n ni por el Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco, “sin que quepa aducir aqu\u00ed la obsoleta aplicaci\u00f3n de la Concordia de 1630, que devino ineficaz al aprobarse la Compilaci\u00f3n de 1959, y, en todo caso, con las previsiones al respecto contenidas en las normas constitucionales y estatutarias”. No cabe interpretar que el art\u00edculo 10.5 del Estatuto permita extender el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Fuero a municipios que se han venido regulando por el derecho com\u00fan. Y ello por diversas razones:\n<\/p>\n

\n a) En primer lugar, la expresi\u00f3n de fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial que se contiene en el Estatuto debe interpretarse, no en su simpleza literal, sino en el adecuado contexto constitucional en que se enmarca la competencia de la Comunidad Aut\u00f3noma, que no permite la regulaci\u00f3n “in toto” del Derecho Foral del Pa\u00eds Vasco sino en lo concerniente a su “conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo”; que en lo que afecta al \u00e1mbito espacial supone producir las delimitaciones contenidas en los art\u00edculos 7, 8 y 9 de la Ley Vasca, como contrapunto de las previsiones establecidas en los art\u00edculos 3 y 4 de la Compilaci\u00f3n de 1959, pero no una indefinida ampliaci\u00f3n del \u00e1mbito de vigencia de aqu\u00e9l.\n<\/p>\n

\n b) Entenderlo de otro modo es tanto como interpretar que la competencia en la materia por parte del Pa\u00eds Vasco alcanza a la posibilidad de regular dentro de su Derecho Foral cualquier instituto jur\u00eddico del orden civil, lo que evidentemente comportar\u00eda un exceso competencial siempre que el aspecto a normar no se integre en los precedentes normativos del Derecho Foral, constituyendo una ampliaci\u00f3n sustantiva equiparable a la territorial que con el precepto objetado se pretende lograr.\n<\/p>\n

\n c) Del contenido del art\u00edculo 1 de la Ley Vasca y de la elaboraci\u00f3n de la misma se desprende que el propio legislador vasco no tiene claro el sentido interpretativo del art\u00edculo 10.5 de su Estatuto en los t\u00e9rminos antes explicitados. Y ello porque si la finalidad de dicho precepto fuera claramente la de posibilitar una ampliaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de vigencia del Derecho Foral no ser\u00eda necesario acudir a la obsoleta Concordia de 1630 ni a la disposici\u00f3n adicional primera de la Constituci\u00f3n, bastando para ello con prever su ampliaci\u00f3n a trav\u00e9s de un acto legislativo del Parlamento Vasco, con el exclusivo apoyo del citado precepto estatutario, tal y como se preve\u00eda en la disposici\u00f3n adicional segunda de la Ley Vasca en fase de proyecto y que, por cierto, desapareci\u00f3 del texto aprobado.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 11 incurre en vicio de inconstitucionalidad porque prev\u00e9 una causa de obtenci\u00f3n de la vecindad civil foral, cuya regulaci\u00f3n corresponde al Estado, competente para establecer las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 13 contraviene las disposiciones contenidas en los art\u00edculos 14 y 16 del C\u00f3digo Civil, que proclaman la vecindad civil como determinante de la ley personal del individuo, y ser ello una regla relativa a la aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas a la par que una norma resolutoria del conflicto de leyes, de exclusiva competencia estatal seg\u00fan el art\u00edculo 149.1.8a de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 14 interfiere la competencia exclusiva del Estado relativa a la ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos (art\u00edculo 149.1.8 CE), en la medida en que establece con car\u00e1cter general determinados aspectos de obligada integraci\u00f3n de \u00e9stos. El p\u00e1rrafo segundo se superpone a la competencia exclusiva del Estado para establecer las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas as\u00ed como para dirimir los conflictos de leyes (art. 149.1.8 CE), que tiene su reflejo en cuanto a la materia en cuesti\u00f3n en los art\u00edculos 14 y 16 del C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n El p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 15 resulta contrario a la competencia exclusiva del Estado sobre ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos proclamada por el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 16 infringe la competencia exclusiva del Estado para resolver los conflictos de leyes. No cabe excepcionar la generalidad de su aplicaci\u00f3n mediante la expresi\u00f3n “a falta de normas especiales” que se contiene en este precepto. El p\u00e1rrafo segundo contraviene lo dispuesto en el art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Civil y, por tanto, la competencia del Estado para establecer las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas. El art\u00edculo 30 invade la competencia exclusiva del Estado en materia de ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos. Merece la misma observaci\u00f3n que se hizo al art\u00edculo 6.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 66, al imponer a los sucesores del causante la obligaci\u00f3n de prestar alimentos a los descendientes de \u00e9ste, siempre que no exista otro obligado conforme a la legislaci\u00f3n general, invade la competencia del Estado en materia de legislaci\u00f3n civil, por cuanto del instituto de los alimentos entre parientes o existe el menor vestigio en el Derecho Foral Vasco, no pudiendo integrar, por tanto, la competencia del Pa\u00eds Vasco relativa a la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo de su Derecho Civil Foral y especial. La normaci\u00f3n desarrollada contradice los principios contenidos en los art\u00edculos\n<\/p>\n

\n 142 y siguientes del C\u00f3digo Civil que no contempla la obligaci\u00f3n de alimentos, sino entre personas ligadas por v\u00ednculo de parentesco.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 94 vulnera la competencia exclusiva del Estado sobre soluci\u00f3n de conflictos de leyes y, en concreto, las previsiones del art\u00edculo 16.3 en relaci\u00f3n con el 9.2 del C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 132 otorga al Derecho Foral una aut\u00e9ntica posici\u00f3n de prevalencia frente al derecho com\u00fan, imbuy\u00e9ndole de una clara “vis expansiva” que todo lo impregna y preservando su vigencia en aquellos supuestos en que la racionalidad del precepto demandar\u00eda su postergaci\u00f3n en favor de la normativa com\u00fan. Para llevar a cabo semejante extensi\u00f3n territorial no alude la Ley Vasca a la competencia que le otorga el art\u00edculo 10.5 del Estatuto, ni a la disposici\u00f3n adicional primera de la Constituci\u00f3n, ni a Concordia alguna, tal y como se vio en la necesidad de hacer en el art\u00edculo 10. Evidencia un exceso competencial porque la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo no puede suponer ampliaci\u00f3n y, adem\u00e1s, no se compagina con las propias previsiones de la Ley Vasca cuando en su art\u00edculo 9 afirma que “las modificaciones administrativas en los l\u00edmites de los t\u00e9rminos municipales de Vizcaya no alterar\u00e1n el derecho civil aplicable a los territorios afectados”.\n<\/p>\n

\n La disposici\u00f3n adicional en su \u00faltimo p\u00e1rrafo atribuye de forma indirecta el ejercicio de una funci\u00f3n al Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, en cuanto \u00e9ste deber\u00e1 adoptar las medidas oportunas para que las copias de los planos remitidos puedan ser consultadas por los interesados. Tal previsi\u00f3n supone no s\u00f3lo una intromisi\u00f3n en la competencia del Estado sobre la materia, sino que tambi\u00e9n contraviene el art\u00edculo 117.4 de la Constituci\u00f3n que no permite a los Juzgados y Tribunales ejercer funciones distintas a las jurisdiccionales, salvo que expresamente se les atribuya en una ley en garant\u00eda de un derecho.\n<\/p>\n

\n Finalmente, se refiere a los preceptos procesales y, tras enunciar todos los que cuentan con alg\u00fan aspecto procesal, considera que quedan fuera del marco de distribuci\u00f3n competencial contenido en la Constituci\u00f3n los art\u00edculos 102, 107, 11 y 123. Los art\u00edculos 95, 99 y 106 tampoco son admisibles al no concurrir en ellos la nota de la “inevitabilidad” a que hace referencia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La Ley analizada no viene a configurar ex novo instituciones, sino a regular moderniz\u00e1ndolas, las existentes. La comunicaci\u00f3n foral, como modalidad de r\u00e9gimen econ\u00f3mico de la sociedad conyugal, ya estaba prevista en la Compilaci\u00f3n de 1959 y ninguna necesidad existe de configurar ahora especialidades procesales cuando las mismas no han sido necesarias para depurar la litigiosidad que ha existido en la materia hasta ese momento.\n<\/p>\n

\n Tercero.- Seg\u00fan certificaci\u00f3n del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretar\u00eda del Gobierno, en el acto del Consejo de Ministros celebrado el 6 de noviembre de 1992 figura la aprobaci\u00f3n de un acuerdo por el que se solicita del Presidente del Gobierno la interposici\u00f3n de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco (art\u00edculo 6, p\u00e1rrafo segundo, inciso “salvo en cuanto sea aplicable el presente Fuero”; art\u00edculo 10; art\u00edculo 11; art\u00edculo 12; art\u00edculo 13; art\u00edculo 14; art\u00edculo 30; art\u00edculo 94; art\u00edculo 102, segunda, punto 2; art\u00edculo 123, p\u00e1rrafos segundo y tercero; y art\u00edculo 132), con expresa\n<\/p>\n

\n invocaci\u00f3n del art\u00edculo 161.2 de la Constituci\u00f3n, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 30 de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional, a fin de que se produzca la suspensi\u00f3n de los preceptos de la Ley objeto del recurso. El Presidente del Gobierno dispuso la interposici\u00f3n del recurso de inconstitucionalidad en los t\u00e9rminos en que se manifiesta la solicitud del Consejo de Ministros.\n<\/p>\n

\n Finalmente, el Gobierno acord\u00f3 que por el Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretar\u00eda del Gobierno se d\u00e9 traslado de lo anteriormente acordado al Director General del Servicio Jur\u00eddico del Estado para que por dicho Servicio se interponga la correspondiente demanda ante el Tribunal Constitucional, en virtud de la decisi\u00f3n del Presidente del Gobierno adoptada a solicitud del propio Gobierno.\n<\/p>\n

\n Cuarto.- Por providencia de 11 de noviembre de 1992 (Bolet\u00edn Oficial del Estado de 18 de noviembre de 1992), el Tribunal Constitucional ha admitido a tr\u00e1mite el recurso de inconstitucionalidad n\u00fam. 2685\/1992, planteado por el Presidente del Gobierno contra el inciso final del p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 6 (“salvo en cuanto sea aplicable el presente Fuero”),los art\u00edculos 10, 11, 12, 13, 14, 30 y 94, la regla o punto 2 del art\u00edculo 102, segunda, los p\u00e1rrafos segundo y tercero del art\u00edculo 123 y el art\u00edculo 132, de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco. Mediante esta providencia se hace saber que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el art\u00edculo 161.2 de la Constituci\u00f3n, lo que produce la suspensi\u00f3n de la vigencia y aplicaci\u00f3n de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposici\u00f3n del recurso para las partes del proceso y desde su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial del Estado para los terceros.\n<\/p>\n

\n En tal estado el expediente, ha sido remitido al Consejo de Estado para consulta.\n<\/p>\n

\n A la vista de los anteriores antecedentes, el Consejo de Estado formula las siguientes consideraciones:\n<\/p>\n

\n I .- El asunto sometido a consulta se refiere al planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados art\u00edculos de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, por entender que no se ajusta al orden de competencias establecido en la Constituci\u00f3n y en el Estatuto de Autonom\u00eda.\n<\/p>\n

\n La Comisi\u00f3n Permanente del Consejo de Estado informa preceptivamente, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 22.6 de su Ley Org\u00e1nica de 22 de abril de 1980.\n<\/p>\n

\n II .- La cuesti\u00f3n suscitada en el presente expediente consiste en determinar si existen fundamentos jur\u00eddicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra los art\u00edculos 6, p\u00e1rrafo 2\u00ba; 10; 11; 12; 13; 14; 30; 94; 102, segunda, 2; 123.2 y 3; y 132 de la Ley sobre Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n Centrada as\u00ed la cuesti\u00f3n, procede examinar previamente los preceptos constitucionales y estatutarios relacionados con el caso. La Constituci\u00f3n dedica el art\u00edculo 149.1.8\u00aa a la delimitaci\u00f3n de las competencias entre el Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas respecto del derecho civil. Dice as\u00ed:\n<\/p>\n

\n “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:\n<\/p>\n

\n 8\u00aa. Legislaci\u00f3n civil; sin perjuicio de la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo por las Comunidades Aut\u00f3nomas de los derechos civiles, forales o especiales, all\u00ed donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas, relaciones jur\u00eddico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenaci\u00f3n de los registros e instrumentos p\u00fablicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinaci\u00f3n de las fuentes del Derecho, con respeto, en este \u00faltimo caso, a las normas del Derecho Foral o especial”.\n<\/p>\n

\n La disposici\u00f3n adicional primera de la Constituci\u00f3n, contiene lo que se ha calificado como una aut\u00e9ntica “garant\u00eda institucional de la foralidad” al decir que:\n<\/p>\n

\n “La Constituci\u00f3n ampara y respeta los derechos hist\u00f3ricos de los territorios forales.\n<\/p>\n

\n La actualizaci\u00f3n general de dicho r\u00e9gimen foral se llevar\u00e1 a cabo, en su caso, en el marco de la Constituci\u00f3n y de los Estatutos de Autonom\u00eda”.\n<\/p>\n

\n Sobre la base del reparto constitucional de competencias, el Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco establece en su art\u00edculo 10.5 lo siguiente:\n<\/p>\n

\n “La Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:\n<\/p>\n

\n (…)\n<\/p>\n

\n 5. Conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Hist\u00f3ricos que integran el Pa\u00eds Vasco y la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de su vigencia”.\n<\/p>\n

\n En el Estatuto se contienen otras apelaciones al Derecho Foral o especial como las del art\u00edculo 14.1, que en su apartado a), al tratar de la competencia en el orden civil de los \u00f3rganos jurisdiccionales en el Pa\u00eds Vasco, menciona las materias del “Derecho Civil Foral propio del Pa\u00eds Vasco”, y en el apartado e), al tratar de los recursos sobre calificaci\u00f3n de documentos que deban tener acceso al Registro de la Propiedad, se refiere al “Derecho privativo vasco”.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 20.6 establece que, “salvo disposici\u00f3n expresa en contrario, todas las competencias mencionadas en los art\u00edculos anteriores y otros del presente Estatuto se entienden referidas al \u00e1mbito territorial del Pa\u00eds Vasco”.\n<\/p>\n

\n La disposici\u00f3n adicional del Estatuto dice que:\n<\/p>\n

\n “La aceptaci\u00f3n del r\u00e9gimen de autonom\u00eda que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podr\u00e1n ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jur\u00eddico”.\n<\/p>\n

\n IV.- A la luz de los preceptos constitucionales y estatutarios es preciso analizar la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n En primer lugar, hay que destacar que la Comunidad Aut\u00f3noma, al dictar esta Ley, ha ejercitado su competencia sobre el desarrollo del derecho civil foral y especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Hist\u00f3ricos que integran el Pa\u00eds Vasco y sobre la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de su vigencia. La Ley 3\/1992, de 1 de julio, deroga expresamente la Ley de 30 de julio de 1959 sobre Compilaci\u00f3n del Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava y la Ley del Parlamento Vasco de 18 de marzo de 1988 de Modificaci\u00f3n parcial del Derecho Civil Foral especial.\n<\/p>\n

\n Como ya se puso de relieve por el Consejo de Estado en sus dict\u00e1menes 50.452, de 7 de mayo de 1987, 51.040, de 7 de abril de 1988, 52.372, de 30 de marzo de 1989, 55.463, de 23 de mayo de 1991 y 1.134\/91, de 27 de febrero de 1992, “hay que partir del dato de que la Comunidad Aut\u00f3noma puede, en ejercicio de sus competencias sobre “conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo” del Derecho Civil Foral y especial, regular en determinados casos instituciones no contenidas en la vigente Compilaci\u00f3n, sin que ello pueda suponer que tal regulaci\u00f3n pueda extenderse a “todo” el derecho civil”.\n<\/p>\n

\n El \u00e1mbito de las competencias de la Comunidad Aut\u00f3noma no queda, as\u00ed, r\u00edgidamente limitado por la Compilaci\u00f3n, sino que podr\u00e1 extenderse a:\n<\/p>\n

\n a) Las instituciones civiles que puedan identificarse hist\u00f3ricamente en la tradici\u00f3n jur\u00eddica vasca, a\u00fan no compiladas, cuando mantengan su vigencia al margen de la Compilaci\u00f3n por no haber sido recogidas en ella.\n<\/p>\n

\n b) Las instituciones conexas con las ya reguladas, que presenten posibles perfiles propios respecto del derecho general.\n<\/p>\n

\n La cuesti\u00f3n esencial radica, por consiguiente, en determinar el alcance que ha de tener el “desarrollo del derecho civil foral o especial”, sin que el l\u00edmite de la competencia auton\u00f3mica pueda ser tan s\u00f3lo el constituido por las materias que el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n reserva “en todo caso” al Estado; est\u00e1 limitado tambi\u00e9n por los t\u00e9rminos en que se define la “conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del derecho civil foral o especial”, fuera de cuyo \u00e1mbito la competencia corresponder\u00e1 al Estado, en cuanto “legislaci\u00f3n civil”, todo ello sin menoscabo del car\u00e1cter supletorio que, adem\u00e1s, en t\u00e9rminos generales, tiene la legislaci\u00f3n estatal, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 149.3 de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Pero, a la vista de las consideraciones anteriores, tampoco cabe restringir la competencia auton\u00f3mica sobre la “conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo” del derecho civil foral o especial al derecho contenido en la Compilaci\u00f3n en la redacci\u00f3n vigente en el momento de promulgarse la Constituci\u00f3n, de modo que s\u00f3lo fuera constitucionalmente admisible una mera modificaci\u00f3n de cada uno de sus art\u00edculos, dentro del \u00e1mbito material de lo regulado en los mismos, convirtiendo as\u00ed a la Compilaci\u00f3n en la “medida” de la competencia auton\u00f3mica sobre el Derecho Foral, que quedar\u00eda reducido al puro derecho escrito vigente en tal momento hist\u00f3rico.\n<\/p>\n

\n Tal interpretaci\u00f3n resultar\u00eda contradictoria con el car\u00e1cter preponderantemente hist\u00f3rico de los derechos forales y con la propia literalidad del art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n, que no utiliza el t\u00e9rmino “legislaci\u00f3n civil” para referirse al derecho propio de las Comunidades Aut\u00f3nomas, sino el de “derecho civil, foral o especial”, al\n<\/p>\n

\n igual que el Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco que utiliza la expresi\u00f3n Derecho civil foral y especial.\n<\/p>\n

\n Por consiguiente, el l\u00edmite al desarrollo del derecho civil foral o especial, que opera desde los t\u00e9rminos en que se formula la propia competencia auton\u00f3mica, no s\u00f3lo est\u00e1 constituido por la reserva estatal absoluta sobre las materias referidas en el segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 149.1.8, sino tambi\u00e9n por el respeto a la identidad hist\u00f3rica del derecho civil especial de la Comunidad Aut\u00f3noma.\n<\/p>\n

\n Esta parece ser la interpretaci\u00f3n del Tribunal Constitucional en sus primeras sentencias de 27 de julio de 1982, de 26 de julio de 1984, de 31 de enero de 1986 y 19 de octubre de 1989, en cuanto ponen de manifiesto que la competencia estatal comprende la legislaci\u00f3n civil, sin que se reduzca a las concretas materias rese\u00f1adas en el segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n, quedando a salvo la propia de la Comunidad Aut\u00f3noma en el \u00e1mbito del derecho civil foral o especial, competencia que existe dentro de los l\u00edmites a que antes se hizo referencia, recogidos en reiterados dict\u00e1menes de este Consejo de Estado.\n<\/p>\n

\n Las posteriores Sentencias del Tribunal Constitucional 121\/1992, de 28 de septiembre, sobre la Ley de Arrendamientos Hist\u00f3ricos Valencianos, y 182\/1992, de 16 de noviembre, sobre la Ley de pr\u00f3rroga en el r\u00e9gimen de arrendamientos r\u00fasticos para Galicia, no contradicen la doctrina antes se\u00f1alada del Consejo de Estado. La primera de ellas afirma que la salvedad de los “Derechos civiles forales o especiales” permite entender que alcanza, no s\u00f3lo a aquellos derechos forales que hab\u00edan sido objeto de compilaci\u00f3n al tiempo de la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, sino tambi\u00e9n a normas civiles de \u00e1mbito regional o local y de formaci\u00f3n consuetudinaria preexistentes a la Constituci\u00f3n, por m\u00e1s que fueran aquellos derechos ya legislados, sin duda, los que se situaron como referencia principal para el constituyente a la hora de articular, en este punto, las competencias del Estado y las que pudieran ser asumidas por las Comunidades Aut\u00f3nomas en sus Estatutos respectivos.\n<\/p>\n

\n La Sentencia 182\/1992, de 16 de noviembre, analiza la posibilidad de regulaci\u00f3n de instituciones fuera de la Compilaci\u00f3n. Dice el Tribunal Constitucional que la competencia auton\u00f3mica para la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del propio derecho civil puede dar lugar a “una recepci\u00f3n y formalizaci\u00f3n legislativa de costumbres y usos efectivamente vigentes en el respectivo territorio auton\u00f3mico”.\n<\/p>\n

\n La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de marzo de 1993, sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley 3\/1988, de 25 de abril, de las Cortes de Arag\u00f3n, se\u00f1ala expresamente que la Constituci\u00f3n permite que los derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto “no ya de “conservaci\u00f3n” y “modificaci\u00f3n”, sino tambi\u00e9n de una acci\u00f3n legislativa que haga posible su crecimiento org\u00e1nico, y reconoce, de este modo, no s\u00f3lo la historicidad y la actual vigencia, sino tambi\u00e9n la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos preconstitucionales”. “La noci\u00f3n constitucional de “desarrollo” permite una ordenaci\u00f3n legislativa de \u00e1mbitos hasta entonces no normados por aquel Derecho, pues lo contrario llevar\u00eda a la inadmisible identificaci\u00f3n de tal concepto con el m\u00e1s restringido de “modificaci\u00f3n”. El “desarrollo de los derechos civiles forales o especiales enuncia, pues, una competencia auton\u00f3mica en la materia que no debe vincularse\n<\/p>\n

\n r\u00edgidamente al contenido actual de la Compilaci\u00f3n u otras normas de su ordenamiento. Cabe, pues, que las Comunidades Aut\u00f3nomas dotadas de Derecho civil foral o especial regulen instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilaci\u00f3n dentro de una actualizaci\u00f3n o innovaci\u00f3n de los contenidos de \u00e9sta seg\u00fan los principios informadores peculiares del Derecho Foral”.\n<\/p>\n

\n Las consideraciones anteriores acerca de las competencias reconocidas por el art\u00edculo 149.1.8 se recogen en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 1993, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Texto Refundido de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil de las Islas Baleares, aprobado por Decreto Legislativo 79\/1990, de 6 de septiembre, del Gobierno Balear.\n<\/p>\n

\n Sobre estas premisas habr\u00e1n de analizarse los art\u00edculos de la Ley 1\/1992, de 1 de julio, sobre Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, objeto del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, tratando separadamente de las distintas materias a que se refiere el citado recurso:\n<\/p>\n

\n a) La determinaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial del Derecho Foral o especial de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n b) La regulaci\u00f3n de aspectos relativos a la vecindad civil.\n<\/p>\n

\n c) La presencia de testigos en los testamentos otorgados ante Notario.\n<\/p>\n

\n d) La regulaci\u00f3n de aspectos procesales contenida en los art\u00edculos 102, segunda, 2 y 123, apartados segundo y tercero.\n<\/p>\n

\n 1 .- La determinaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial del Derecho Foral o especial del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n El primer motivo de impugnaci\u00f3n de la Ley sobre Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco es la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Derecho Foral que hacen esencialmente los art\u00edculos 6, 10, 11 y 132 de la Ley.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 6\u00ba, tras determinar en su p\u00e1rrafo primero que el Infanzonado o Tierra Llana designa a todo el territorio hist\u00f3rico de Bizkaia con excepci\u00f3n de la parte no aforada de las Villas de Balmaseda, Bermeo, Durango, Ermua, Gernika-Lumo, Lanestosa, Lekeitio, Markina-Xemein, Ondarroa, Otxandio, Portugalete y Plentzia, de la ciudad de Ordu\u00f1a y del actual t\u00e9rmino municipal de Bilbao, establece en su p\u00e1rrafo segundo que “el territorio exceptuado se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n civil general, salvo en cuanto sea aplicable el presente Fuero”.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 10 de la Ley permite, a los municipios en los que rige la legislaci\u00f3n civil general, optar por la aplicaci\u00f3n de este Fuero Civil en todo su t\u00e9rmino, en virtud de la Concordia de 1630 y de conformidad a lo establecido en la disposici\u00f3n adicional primera de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 10.5 del Estatuto de Autonom\u00eda para el Pa\u00eds Vasco, cumpliendo los siguientes requisitos:\n<\/p>\n

\n a) Acuerdo de la Corporaci\u00f3n adoptado por mayor\u00eda simple.\n<\/p>\n

\n b) Audiencia de las Juntas Generales de Bizkaia.\n<\/p>\n

\n c) Aprobaci\u00f3n de los vecinos, por mayor\u00eda simple de los votos v\u00e1lidamente emitidos, mediante consulta convocada por el Ayuntamiento.\n<\/p>\n

\n d) Aprobaci\u00f3n por Ley del Parlamento Vasco.\n<\/p>\n

\n A\u00f1ade que la iniciativa, en caso de no prosperar, s\u00f3lo podr\u00e1 reiterarse transcurridos cinco a\u00f1os.\n<\/p>\n

\n Por su parte, el art\u00edculo 132 establece que:\n<\/p>\n

\n “1 . La incorporaci\u00f3n de uno o m\u00e1s Municipios a algunos en los que se aplica el Fuero de Ayala supondr\u00e1 la extensi\u00f3n del mismo al municipio incorporado.\n<\/p>\n

\n 2. La incorporaci\u00f3n de un municipio aforado a otro no aforado, o la segregaci\u00f3n de parte de su t\u00e9rmino municipal, no afectar\u00e1n al derecho civil que era aplicable en el terreno incorporado o segregado.\n<\/p>\n

\n 3. Si alguno de los municipios aforados se fusiona con otro u otros no aforados, el Fuero de Ayala ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n en el municipio resultante”.\n<\/p>\n

\n Estos art\u00edculos vienen a permitir la aplicaci\u00f3n de normas propias del derecho civil foral al territorio de Vizcaya en el que rige o ha regido el derecho civil general, a trav\u00e9s del ejercicio, por parte del Municipio sometido al r\u00e9gimen del derecho civil general, de la opci\u00f3n de someterse en su integridad al derecho civil foral mediante el procedimiento regulado en el art\u00edculo 10, con el consiguiente cambio de la vecindad civil de sus habitantes (art\u00edculo 11).\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 132 establece unas reglas para determinar el sometimiento o no al Fuero de Ayala, en los casos de incorporaci\u00f3n de un Municipio en el que no rige dicho Fuero a alguno de los Municipios en que s\u00ed rige (y viceversa) y en los casos de fusi\u00f3n de un Municipio en el que sea aplicable dicho Fuero con otro en que no resultase aplicable.\n<\/p>\n

\n La impugnaci\u00f3n se fundamenta, seg\u00fan los informes que figuran en el expediente, en que la Constituci\u00f3n, al reconocer la competencia de las Comunidades Aut\u00f3nomas para la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo de los derechos forales o especiales “all\u00ed donde existan”, se ci\u00f1e al concreto \u00e1mbito territorial en que tuviese vigencia el Derecho Foral en el momento de aprobarse el texto constitucional, debiendo interpretarse que la competencia reconocida por el art\u00edculo 10.5 del Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco (sobre “la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial” de vigencia del Derecho Foral) se refiere a la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo de las previsiones que en relaci\u00f3n con esta cuesti\u00f3n se recogen en la Compilaci\u00f3n de 1959, lo cual impide no s\u00f3lo la ampliaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial del Fuero Civil de Vizcaya, sino tambi\u00e9n del de Ayala.\n<\/p>\n

\n La Comunidad Aut\u00f3noma fundamenta su competencia en los art\u00edculos 149.1.8 y disposici\u00f3n adicional primera de la Constituci\u00f3n, 10.5 de su Estatuto (preceptos todos ellos citados en la Exposici\u00f3n de Motivos de la primera Ley del Parlamento Vasco dictada en materia del derecho civil, Ley 6\/1988, de 18 de marzo, de modificaci\u00f3n\n<\/p>\n

\n parcial del derecho civil foral) y tambi\u00e9n, respecto de este punto, en la Concordia de 1630 que, seg\u00fan la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley de 1992, autorizaba a las Villas de Vizcaya a reclamar la vigencia de la Ley Foral en su territorio.\n<\/p>\n

\n La determinaci\u00f3n del alcance de las competencias de la Comunidad Aut\u00f3noma Vasca sobre la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de aplicaci\u00f3n de las normas de derecho civil foral exige recordar la evoluci\u00f3n hist\u00f3rica de esta cuesti\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Como es sabido, en el territorio de Vizcaya y en materia de derecho civil no ha habido uniformidad en el r\u00e9gimen civil aplicable; han convivido dos legislaciones -la com\u00fan y la foral- y han pervivido normas consuetudinarias. Tradicionalmente se ha distinguido la aplicaci\u00f3n del Fuero de Vizcaya en el llamado “Infanzonado o Tierra Llana” y la aplicaci\u00f3n del derecho civil de Castilla a las villas, territorio discontinuo inicialmente integrado por veintiuna villas y una ciudad.\n<\/p>\n

\n El origen del diferente r\u00e9gimen jur\u00eddico privado aplicable en cada uno de estos territorios radica en la forma de fundaci\u00f3n de las poblaciones. Las villas eran fundadas por los se\u00f1ores en tierras adquiridas leg\u00edtimamente de los vizca\u00ednos para constituir unas poblaciones; las cartas de fundaci\u00f3n les conceden el Fuero de Logro\u00f1o (salvo Ordu\u00f1a que ten\u00eda el de Vitoria) y posteriormente se les aplic\u00f3 el Ordenamiento de Alcal\u00e1 y el Fuero Real. En la Tierra Llana (por la inexistencia de murallas o fortificaciones de defensa, como se pone de manifiesto en las leyes 2\u00aa y 3\u00aa del t\u00edtulo XXIV del Fuero de Vizcaya, que contrapone la “casa llana” a la “casa fuerte”), las poblaciones constitu\u00edan asentamientos antiguos en los que reg\u00edan las costumbres y despu\u00e9s (1452) el Fuero. Estaba constituida por merindades, de las que m\u00e1s tarde formar\u00edan parte las llamadas anteiglesias, y se extendi\u00f3 a territorios que inicialmente no formaban parte del Se\u00f1or\u00edo de Vizcaya (la llamada Vizcaya nuclear, territorio comprendido entre los r\u00edos Nervi\u00f3n y Deva), como el Duranguesado y el de las Encartaciones. La diferencia entre villas y tierra llana se expresaba en los Fueros (as\u00ed en el T\u00edtulo XXX, Ley 1\u00aa del Fuero de Vizcaya) y tambi\u00e9n aparecer\u00eda en el art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil, cuyo \u00faltimo p\u00e1rrafo (introducido en la edici\u00f3n reformada de 24 de julio de 1889) dec\u00eda: “los vizca\u00ednos aunque residan en las villas, seguir\u00e1n sometidos, en cuanto los bienes que posean en la tierra llana, a la Ley 15, t\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya” (fue suprimido con la reforma del T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo Civil efectuada por la Ley de 17 de marzo de 1973 y Decreto del 31 de mayo de 1974).\n<\/p>\n

\n Entre las villas y la tierra llana se produjeron frecuentes conflictos; como la retirada de las villas del gobierno del Se\u00f1or\u00edo mediante el cap\u00edtulo de 22 de junio de 1487 que acabar\u00edan con la Escritura de Uni\u00f3n y Concordia de 11 de septiembre de 1630, aprobada por Real C\u00e9dula de Felipe IV de 3 de enero de 1632, en cuyo cap\u00edtulo primero permit\u00eda a las villas acogerse al Fuero. Dec\u00eda as\u00ed:\n<\/p>\n

\n “Que las villas y ciudad vengan a esta uni\u00f3n en el estado en que se hallan en sus gobiernos particulares, gobern\u00e1ndose como hasta aqu\u00ed y con las mismas leyes; y que si alguna de dichas villas y ciudad quisiere dejar alguna ley de las que ha tenido y tomar otras de las que usa el Se\u00f1or\u00edo, pidiendo al Se\u00f1or\u00edo en Junta General haga las leyes que se pidieron conform\u00e1ndose con las del Fuero, lo hayan de hacer, y las apelaciones de sus pleitos vayan ante los Se\u00f1ores Corregidores y Diputados Generales, as\u00ed del Se\u00f1or\u00edo como de sus villas y ciudad y de los dichos diez mil maraved\u00edes arriba, los dichos\n<\/p>\n

\n se\u00f1ores Corregidor y Diputados Generales de la misma forma que de las apelaciones de las anteiglesias del dicho Se\u00f1or\u00edo”.\n<\/p>\n

\n El cap\u00edtulo cuarto de la Concordia dispon\u00eda que las villas y ciudad “entraran en las elecciones de oficios de Diputados Generales, Regidores, S\u00edndicos, Secretarios y Tesoreros, cada uno con su voto; y el Se\u00f1or\u00edo y merindad con los que tiene como hasta aqu\u00ed, para elegir y ser elegidos, y sin diferencia de Se\u00f1or\u00edo o villas; porque todo ha de ser una rep\u00fablica, sin ninguna distinci\u00f3n en s\u00f3lo dos que tiene el Se\u00f1or\u00edo, y en los llamamientos, asientos y puestos, se le ha de observar la forma acostumbrada”.\n<\/p>\n

\n El cap\u00edtulo XV declaraba extinguidos todos los pleitos generales que hab\u00eda entre el Se\u00f1or\u00edo, las villas y la ciudad, en el momento en el que el Rey aprobase la Concordia.\n<\/p>\n

\n Este privilegio de acogerse al Derecho Foral fue utilizado en las siguientes ocasiones:\n<\/p>\n

\n 1\u00ba) La villa de Elorrio en 6 de julio 1712 pidi\u00f3 y le fue concedido usar en la sucesi\u00f3n de bienes, de las leyes del Fuero.\n<\/p>\n

\n 2\u00ba) El 17 de julio de 1734 dos anteiglesias de la jurisdicci\u00f3n de Bermeo, San Pedro de Baqu\u00edo y Alb\u00f3niga, solicitan regirse por el Fuero en los contratos intervivos, actos mortis causa y pleitos que pudieran ofrecer, concedi\u00e9ndoseles en similares t\u00e9rminos.\n<\/p>\n

\n 3\u00ba) Ochandiano en 1818 obtiene la manera foral de suceder.\n<\/p>\n

\n 4\u00ba) Villaro en 1825 y 1829 obtiene usar en la sucesi\u00f3n, en cuanto a bienes ra\u00edces, muebles, semovientes y cr\u00e9ditos, de las leyes forales.\n<\/p>\n

\n Estas opciones parciales por el Derecho Foral, esencialmente referidas al derecho de sucesiones, plantearon numerosos problemas en torno a si el Derecho Foral, a partir de dicha opci\u00f3n, hab\u00eda de aplicarse en todo caso o si el sometimiento al mismo era voluntario; prevaleci\u00f3 el car\u00e1cter obligatorio del mismo.\n<\/p>\n

\n La dualidad legislativa ha planteado siempre la cuesti\u00f3n de la concreta delimitaci\u00f3n de los territorios sometidos al Derecho Foral y al derecho civil com\u00fan; cuesti\u00f3n que se agrav\u00f3 en los casos de anexiones y segregaciones de lugares aforados a las villas y en los casos de las llamadas caser\u00edas censuarias. En las villas el derecho com\u00fan reg\u00eda s\u00f3lo en el n\u00facleo urbano, lo que daba lugar a numerosos problemas; se dec\u00eda que hab\u00eda casas en Bilbao en que una de las fachadas daba a territorio sometido al derecho com\u00fan y la opuesta se reg\u00eda por el Fuero de Vizcaya. La Ley de Ensanche de 7 de abril de 1861 establec\u00eda que “si no conviniese algunas de las anteiglesias en ceder el terreno de su actual jurisdicci\u00f3n que por efecto del ensanche se conceda a Bilbao, pasar\u00e1 con todo su territorio y con todos sus derechos y obligaciones a formar parte de la citada villa, en cuyo caso continuar\u00e1 rigi\u00e9ndose como hasta aqu\u00ed por las Leyes del Fuero en materia de contratos, troncalidad de bienes y heredamientos y dem\u00e1s derechos civiles”. Las anexiones a Bilbao de determinadas anteiglesias, como las de Abando (1890), Bego\u00f1a y Deusto (1924) y Erandio (1940), entre otras, se produjeron conservando el Derecho Foral propio.\n<\/p>\n

\n La Ley de Bases de 11 de mayo de 1888, en su Base sexta, previ\u00f3 la existencia de ap\u00e9ndices del C\u00f3digo Civil en los que se contuviesen las instituciones forales que conven\u00eda conservar. En el proyecto de Ap\u00e9ndice del Derecho Civil de Vizcaya, elaborado por la Comisi\u00f3n Especial de Codificaci\u00f3n de Vizcaya y luego sometido a informe del Ilustre Colegio de Abogados de Bilbao, uno de los temas m\u00e1s discutidos era el relativo a las reglas de determinaci\u00f3n de la vigencia territorial del Derecho Foral. As\u00ed, en el proyecto elaborado por la Comisi\u00f3n Especial de Codificaci\u00f3n de Vizcaya se conten\u00edan reglas a aplicar en los casos de anexiones parciales y totales con supresi\u00f3n de un pueblo o por fusi\u00f3n. En el art\u00edculo 5\u00ba de dicho proyecto se manten\u00eda la posibilidad de que las villas y ciudad de r\u00e9gimen general pudieran optar en cualquier tiempo por el r\u00e9gimen foral de conformidad con lo dispuesto por la Concordia de 1630 que se consideraba vigente. Esta posibilidad de opci\u00f3n se pretendi\u00f3 ampliar en dicho informe en sentido inverso, admitiendo que los municipios de la tierra llana pudieran pedir la legislaci\u00f3n civil, como muestra del respeto a la libertad de los pueblos. La aplicaci\u00f3n de este criterio de reciprocidad en la opci\u00f3n dio lugar a una gran controversia ya que estaba excluida por la propia Concordia de 1630.\n<\/p>\n

\n La Compilaci\u00f3n del Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava, aprobada por Ley de 30 de julio de 1959, tambi\u00e9n se hizo eco del problema de la dualidad legislativa y de la consiguiente delimitaci\u00f3n territorial. Su Exposici\u00f3n de Motivos reconoce que “la eficacia funcional del derecho vizca\u00edno sigue estando gravemente comprometida por o que, hist\u00f3ricamente, ha constituido la debilidad interna del propio sistema: la imprecisi\u00f3n de la base territorial del Fuero, la permanente colisi\u00f3n de los dos reg\u00edmenes jur\u00eddico-civiles coexistentes en el territorio”. A\u00f1ade lo siguiente:\n<\/p>\n

\n “Ciertamente, esa falta de adecuaci\u00f3n del derecho a su aut\u00e9ntica base territorial constituye una tara \u00edntima y consustancial del Estatuto foral vizca\u00edno, porque, originariamente concentrado el Derecho com\u00fan en el recinto urbano de las villas no aforadas, el lento proceso de interpolaci\u00f3n de lo urbano en el espacio rural circundante provoca una autom\u00e1tica colisi\u00f3n del C\u00f3digo y el Fuero, trastornando, permanentemente, tanto la condici\u00f3n objetiva troncal de los bienes ra\u00edces como el estatuto personal sucesorio y econ\u00f3mico-matrimonial de los aforados.\n<\/p>\n

\n Con mayor fuerza perturbadora ha contribuido a crear esa incertidumbre jur\u00eddica un error hist\u00f3rico permanente: el de subordinar el derecho privado a las fluctuaciones topogr\u00e1ficas del derecho municipal, desarraigando el fuero de las zonas rurales conquistadas por la expansi\u00f3n administrativa de las villas no aforadas.\n<\/p>\n

\n Problemas son \u00e9stos ante los que no puede inhibirse el arbitrio legislativo en la coyuntura que le depara la promulgaci\u00f3n de la Compilaci\u00f3n foral, sin riesgo de dejar abandonada la vitalidad institucional del Derecho vizca\u00edno a un proceso de paulatina desintegraci\u00f3n”.\n<\/p>\n

\n Seg\u00fan el art\u00edculo primero de la Compilaci\u00f3n, las disposiciones del Libro Primero rigen en el Infanzonado o tierra llana de Vizcaya que el art\u00edculo segundo define como “todo el territorio que comprende la actual provincia de Vizcaya, excepci\u00f3n hecha de las doce villas de Bermeo, Durango, Erm\u00faa, Guernica y Lumo, Lanestosa, Lequeitio, Marquina, Ochandio, Ond\u00e1rroa, Portugalete, Plencia y Balmaseda, la ciudad de Ordu\u00f1a y todo el\n<\/p>\n

\n t\u00e9rmino municipal de Bilbao”, a\u00f1adiendo que el territorio exceptuado se regir\u00e1 por el C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo tercero se\u00f1ala que, en la denominaci\u00f3n de villa, respecto de las doce no aforadas, se comprende todo el territorio incluido en el per\u00edmetro actual o futuro de sus respectivos n\u00facleos urbanos, y que las heredades y tierras inmediatamente contiguas a los n\u00facleos urbanos de las doce villas no aforadas se presumen anexas a los mismos por subordinaci\u00f3n o destino y estar\u00e1n regidas, por tanto, por el C\u00f3digo Civil, salvo que, constituyendo pertenecidos de un caser\u00edo, respondan a la unidad de explotaci\u00f3n agr\u00edcola del mismo. Tambi\u00e9n presume anejos al n\u00facleo urbano de las doce villas no aforadas y regidas por el C\u00f3digo Civil:\n<\/p>\n

\n a) Las construcciones y espacios de terrenos enclavados en su t\u00e9rmino municipal, cuando est\u00e9n destinados a una explotaci\u00f3n industrial, a usos o actividades distintas de las meramente agr\u00edcolas o no constituyan pertenecidos de un caser\u00edo.\n<\/p>\n

\n b) Los espacios de terreno enclavados en su t\u00e9rmino municipal afectados por planes de urbanizaci\u00f3n oficialmente aprobados, con arreglo a la actual o futura legislaci\u00f3n sobre el suelo.\n<\/p>\n

\n A\u00f1ade que estas reglas se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n a la ciudad de Ordu\u00f1a.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo cuarto recoge el criterio, ya admitido por la conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1927, seg\u00fan la cual “las modificaciones administrativas en los l\u00edmites de los t\u00e9rminos municipales de Vizcaya no alterar\u00e1n el derecho civil aplicable a los territorios afectados”.\n<\/p>\n

\n La regulaci\u00f3n de los l\u00edmites territoriales de vigencia del Derecho Foral de Vizcaya contenida en la Compilaci\u00f3n no estuvo exenta de cr\u00edticas, fundamentalmente por la ampliaci\u00f3n de los territorios no aforados como consecuencia del crecimiento de las villas, por la variaci\u00f3n del r\u00e9gimen civil que supon\u00edan las modificaciones de los planes urban\u00edsticos y que ten\u00eda como fundamento la incompatibilidad entre Derecho Foral y concentraci\u00f3n urbana y por la imposibilidad de desarrollo del Derecho Foral que se consideraba como una pura reminiscencia hist\u00f3rica a conservar. No obstante, dicha delimitaci\u00f3n territorial del \u00e1mbito foral de la propia Compilaci\u00f3n tuvo que reconocer que el Derecho Foral tambi\u00e9n pod\u00eda afectar a los vizca\u00ednos no aforados, recogiendo, en parte, la Ley 15 del T\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya de 1526 que proclamaba el principio de territorialidad (“que los vecinos de las villas que tuvieren bienes en la Tierra Llana guarden el Fuero en disponer de ellos”), que fue aplicada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 8 de junio de 1874 y que, como se dijo anteriormente, figuraba expresamente en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 10 del C\u00f3digo Civil. En este sentido, la Compilaci\u00f3n, en su art\u00edculo 10, establec\u00eda que “los vizca\u00ednos, aunque residan en territorio distinto del foral de Vizcaya, si hubiere parientes tronqueros, s\u00f3lo podr\u00e1n disponer a t\u00edtulo gratuito inter vivos o mortis causa de los bienes troncales en favor de aqu\u00e9llos”.\n<\/p>\n

\n A la vista de esta variable y dif\u00edcil determinaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de aplicaci\u00f3n del derecho de Vizcaya, el alcance territorial de la competencia de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco ha de interpretarse partiendo del art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n y de\n<\/p>\n

\n la propia asunci\u00f3n de competencias en la materia contenida en el Estatuto de Autonom\u00eda. Seg\u00fan el art\u00edculo 10.5 de \u00e9ste, la Comunidad Aut\u00f3noma tiene competencia sobre la “conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del Derecho Civil Foral y especial, escrito o consuetudinario, propio de los Territorios Hist\u00f3ricos que integran el Pa\u00eds Vasco, y la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de su vigencia”. No parece, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, en especial, de la reciente Sentencia de 15 de marzo de 1993, que pueda tomarse en consideraci\u00f3n, a efectos competenciales, la invocaci\u00f3n que la Exposici\u00f3n de Motivos y el art\u00edculo 10 de la Ley hacen de la disposici\u00f3n adicional primera de la Constituci\u00f3n puesto que, seg\u00fan aquel Alto Tribunal, su sentido “no es el de garantizar u ordenar el r\u00e9gimen constitucional de la foralidad civil (contemplado exclusivamente en el art\u00edculo 149.1.8 y en la disposici\u00f3n adicional segunda C.E.), sino el de permitir la integraci\u00f3n y actualizaci\u00f3n en el ordenamiento postconstitucional, con los l\u00edmites que dicha disposici\u00f3n marca, de algunas de las peculiaridades jur\u00eddicas-p\u00fablicas que en el pasado singularizaron a determinadas partes del territorio de la Naci\u00f3n”.\n<\/p>\n

\n El problema de la determinaci\u00f3n del alcance del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco radica en la falta de coincidencia entre el \u00e1mbito territorial de aplicaci\u00f3n del Derecho Foral compilado, a la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, y el territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma. Y a\u00fan m\u00e1s, porque en el Pa\u00eds Vasco ni el r\u00e9gimen foral es \u00fanico, ni la foralidad se extiende a todo \u00e9l.\n<\/p>\n

\n Es necesario, en consecuencia, fijar el alcance de la expresi\u00f3n “all\u00ed donde existan”, contenida en el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n. Dicha expresi\u00f3n aparece como un presupuesto de la competencia auton\u00f3mica, de modo que la subsistencia de alg\u00fan Derecho Foral, aun consuetudinario, es un requisito imprescindible para la propia asunci\u00f3n de la competencia. Pero cabe preguntarse si act\u00faa no s\u00f3lo como presupuesto de la asunci\u00f3n -y, por lo tanto, del ejercicio- de la competencia sino, seg\u00fan parecen entender los informes que obran en el expediente, como un l\u00edmite territorial de su vigencia, como criterio delimitador y medida de la competencia auton\u00f3mica, de suerte que si en un territorio determinado no existe Derecho Foral escrito o consuetudinario no cabe su “conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o desarrollo”. Para resolver esta cuesti\u00f3n es importante recordar que la subsistencia del Derecho Foral se tuvo en cuenta en nuestra historia legislativa. El art\u00edculo 5 de la Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 dec\u00eda que “las provincias y territorios en que subsiste Derecho Foral lo conservar\u00e1n por ahora en toda su integridad”, f\u00f3rmula que pasar\u00eda en similares t\u00e9rminos al art\u00edculo 12 del C\u00f3digo Civil que, en su redacci\u00f3n reformada de 24 de julio de 1889, a\u00f1adi\u00f3, al referirse al r\u00e9gimen jur\u00eddico foral, la especificaci\u00f3n “escrito o consuetudinario”. El art\u00edculo 6 de la Ley de Bases, al tratar de los ap\u00e9ndices del C\u00f3digo Civil, establec\u00eda que en ellos habr\u00edan de contenerse “las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen”. La Base 7a de la Ley de 17 de marzo de 1973 se refer\u00eda al “pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que est\u00e1n vigentes”, palabras que se recogieron en el art\u00edculo 13.2 del actual T\u00edtulo Preliminar, aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1974.\n<\/p>\n

\n En estas normas se trataba \u00fanicamente de conservar el Derecho Foral en un sistema de unidad legislativa. No exist\u00eda problema alguno competencial puesto que hab\u00eda un \u00fanico legislador. Ahora no se trata s\u00f3lo de conservar o respetar el Derecho Foral subsistente, sino tambi\u00e9n de modificarlo y desarrollarlo m\u00e1s all\u00e1 del Derecho Foral vigente a la\n<\/p>\n

\n entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1, por tanto, del puro derecho compilado, como ha declarado el Tribunal Constitucional en las tres sentencias recientes anteriormente citadas, por lo que alg\u00fan \u00e1mbito ha de tener la posibilidad de recuperaci\u00f3n y crecimiento del Derecho Foral que la Constituci\u00f3n reconoce precisamente como competencia de cada Comunidad Aut\u00f3noma en la que exista tal derecho.\n<\/p>\n

\n El Tribunal Constitucional, desde un punto de vista material, ha reconocido que la expresi\u00f3n “all\u00ed donde existan”, a que se refiere el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n al delimitar la competencia auton\u00f3mica en la materia, ha de entenderse m\u00e1s por referencia al Derecho Foral en su conjunto que a instituciones forales concretas. Parecer\u00eda l\u00f3gico entender tambi\u00e9n, en lo que hace al \u00e1mbito territorial del Derecho Foral, que aquella expresi\u00f3n constitucional se refiere, no al concreto \u00e1mbito territorial de una instituci\u00f3n foral, sino a la totalidad del territorio auton\u00f3mico, si bien dentro de ciertos l\u00edmites.\n<\/p>\n

\n S\u00f3lo as\u00ed tiene cabal sentido una previsi\u00f3n de desarrollo del Derecho Foral. Si se considerara que el \u00e1mbito territorial de una instituci\u00f3n foral existente a la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n es inmutable, la propia capacidad de desarrollo del Derecho Foral se ver\u00eda limitada a un desarrollo meramente org\u00e1nico.\n<\/p>\n

\n S\u00f3lo admitiendo que la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco tiene competencia para, dentro del territorio de la Comunidad, fijar el l\u00edmite territorial de la vigencia del Derecho Foral, puede desplegar todos sus efectos el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 10.5 del Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco. Por otra parte, es una cuesti\u00f3n regulada por la propia Compilaci\u00f3n vigente a la entrada en vigor de la Constituci\u00f3n, forma parte del Derecho Foral de Vizcaya y, por tanto, se conecta con la propia competencia sobre el Derecho Foral.\n<\/p>\n

\n Todo ello no significa que tal competencia para la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Derecho Foral sea ilimitada y pueda ser ejercitada de cualquier modo por parte de la Comunidad Aut\u00f3noma. Al igual que la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del Derecho Foral o especial, desde un punto de vista material o sustantivo, requiere cierta vinculaci\u00f3n con el sentido y los principios informadores del Derecho Foral, tambi\u00e9n la extensi\u00f3n o modificaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial necesitar\u00e1 una patente conexi\u00f3n con las singularidades identificadoras del derecho civil foral o especial. Esto es lo que la Constituci\u00f3n en su art\u00edculo 149.1.8 pretende garantizar.\n<\/p>\n

\n Desde esta perspectiva, por consiguiente, habr\u00e1n de analizarse los art\u00edculos de la Ley del Parlamento Vasco que se refieren al \u00e1mbito territorial de su vigencia.\n<\/p>\n

\n A juicio del Consejo de Estado, la soluci\u00f3n adoptada -establecer la posibilidad de opci\u00f3n- ha tenido hist\u00f3ricamente una prolongada vigencia, hasta el punto de que figuraba en el anteproyecto de Ap\u00e9ndice al C\u00f3digo Civil, y responde a la conveniencia de clarificar el \u00e1mbito territorial de aplicaci\u00f3n del Derecho Foral y a la tendencia expansiva propia del mismo. Es una f\u00f3rmula que resulta conforme con el Derecho Foral de Vizcaya, ya que fue la primera soluci\u00f3n arbitrada para la cuesti\u00f3n de la dualidad legislativa. Por otra parte, no debe olvidarse que el Derecho Foral se ha venido aplicando en parte de las villas sometidas al derecho com\u00fan. As\u00ed, hasta la entrada en vigor de la Compilaci\u00f3n, las anteiglesias de Bermeo de Alb\u00f3niga, Zubiaur y San Pelayo\n<\/p>\n

\n manten\u00edan su sometimiento al Derecho Foral en aplicaci\u00f3n de la Concordia de 1630 y en Bilbao reg\u00eda el Fuero en Deusto, Arandio y parte de las anteiglesias de Abando y Bego\u00f1a. Tambi\u00e9n reg\u00eda el Derecho Foral en Lumo y en Ajanguiz, incorporadas a Guernica, en el barrio de Barinaga de Marquina, en determinados barrios de Ochandio y de Plencia, y en la anteiglesia de Yurreta de Durango, entre otros. Adem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 4\u00ba de la Compilaci\u00f3n de 1959 ha servido para mantener la dualidad legislativa en villas sometidas a derecho com\u00fan. As\u00ed, por ejemplo, en Bilbao se mantiene el Derecho Foral en los territorios que ocupaban los municipios de Derio, Lujua, Sondica y Zamudio; en Guernica se aplica en Arrazua, Cont\u00e9zubi, Forua, Murueta y Nav\u00e1rniz; en Marquina rige en Cenarruza y en Ond\u00e1rroa en Barriat\u00faa.\n<\/p>\n

\n Por lo que se refiere a la determinaci\u00f3n de los criterios de aplicaci\u00f3n del Fuero de Ayala en los casos de anexi\u00f3n, fusi\u00f3n o segregaci\u00f3n de municipios con diferente Fuero, no parece plantear problema alguno competencial. La tierra de Ayala ocupaba el territorio de la antigua Hermandad de Ayala que formaba parte de la cuadrilla de Ayala que comprend\u00eda tambi\u00e9n las Hermandades de Arceniega, Llodio, Arrastaria y Urcabustaiz y comprend\u00eda las cuadrillas de Sope\u00f1a (con los pueblos de Respaldiza, Maro\u00f1o, Agui\u00f1iga, Madaria, Salamant\u00f3n, Menoyo, Oceca, Lejarzo, A\u00f1es, Sojo, Ervi y Lujo), de Lezama (con los pueblos de Barambio, Ast\u00f3viza, Larrimbe, Lecama\u00f1a, Saracho, Echegoyan, Lezama e Izoria), de Amurrio (con los pueblos de Ol\u00e1vezar, Murga, Luyando y Amurrio), de Llanteno (con Quejana, Menagaray, Retes de Llanteno, Costera, Mendieta, Retes de Tudela, Sojoguti, Santa Coloma y Llanteno) y de Oquendo (con Be\u00f3tegui, Valle de Zuaza y Oquendo). Posteriormente, las cuadrillas de Lezama, Amurrio y Oquendo pasaron a ser municipios con el mismo nombre; el municipio de Ayala se form\u00f3 con la cuadrilla de la Sope\u00f1a y con los pueblos de Be\u00f3tegui, Zuaza, Echegoyen e Izoria, Ol\u00e1vezar, Murga, Retes de Llanteno, Costera, Menagaray y Quejana; por su parte, los pueblos de Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma y Sojoguti pasaron a formar parte del municipio de Arceniega.\n<\/p>\n

\n En la Compilaci\u00f3n de 1959, el art\u00edculo 61 se limitaba a enumerar los t\u00e9rminos municipales (“Ayala, Amurrio, Lezama y Oquendo”) y pueblos (“Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma y Sojoguti del t\u00e9rmino municipal de Arceniega, pero no esta villa y caser\u00edo de su t\u00e9rmino”) en los que reg\u00eda el Fuero de Ayala, sin que hubiera norma alguna similar a las contenidas en los art\u00edculos tercero y cuarto de la Compilaci\u00f3n respecto de la aplicaci\u00f3n del derecho civil de Vizcaya. No cabe duda, aun desde las tesis m\u00e1s restrictivas, que la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco tiene competencia para dictar las normas relativas a los l\u00edmites de aplicaci\u00f3n del Fuero de Ayala en los casos de incorporaci\u00f3n o fusi\u00f3n de Municipios, aun cuando para ello se parta de la fuerza expansiva del Derecho Foral. Precisamente, algunos de los art\u00edculos no impugnados de la Ley 3\/1992 del Parlamento Vasco cumplen una funci\u00f3n similar a la del art\u00edculo 132, en relaci\u00f3n con la delimitaci\u00f3n de las villas sitas en el territorio hist\u00f3rico de Vizcaya; as\u00ed, los art\u00edculos 7, 8 y 9 respecto de los cuales se afirma, en alguno de los informes que figuran en el expediente, que “pretenden una racionalizaci\u00f3n y una ordenaci\u00f3n m\u00e1s l\u00f3gica del hecho de la convivencia territorial de dos legislaciones civiles”.\n<\/p>\n

\n 2.- La regulaci\u00f3n de aspectos relativos a la vecindad civil contenida en los art\u00edculos 11, 12, 13, 14y94.\n<\/p>\n

\n Las consideraciones anteriores no excluyen, desde el punto de vista competencial, que esta cuesti\u00f3n haya de examinarse con atenci\u00f3n a otros aspectos. Ello se pone de manifiesto advirtiendo que algunos de los art\u00edculos impugnados lo son no s\u00f3lo por afectar a la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de aplicaci\u00f3n del Derecho Foral, sino tambi\u00e9n por la relevancia sobre ellos de otros t\u00edtulos competenciales. No puede olvidarse que, seg\u00fan el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n, corresponde al Estado la competencia exclusiva “en todo caso” sobre “las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas” y sobre las “normas para resolver los conflictos de leyes”.\n<\/p>\n

\n Con base en estos t\u00edtulos competenciales, se impugnan parte de los art\u00edculos que regulan la eficacia territorial del Derecho Civil Foral vasco y otros preceptos de la Ley del Parlamento Vasco. Los informes que figuran en el expediente consideran que los art\u00edculos 11, 12, 13, 14.2, 30 y 94 de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, infringen las competencias estatales derivadas del art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n y, en especial, por lo que se refiere a la vecindad civil, criterio determinante de la sujeci\u00f3n al derecho civil com\u00fan o al especial o foral, cuando se trata de cuestiones afectadas al estatuto personal, de conformidad con el art\u00edculo 14.1 del C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n Como ya se dijo en el dictamen n\u00ba 55.463, de 23 de mayo de 1991, la vecindad civil constituye un elemento b\u00e1sico para resolver los conflictos de leyes, puesto que se configura como punto de conexi\u00f3n en los conflictos interregionales en los casos en que haya de aplicarse la ley personal de alguna de las partes, de conformidad con el citado art\u00edculo 14.1 del C\u00f3digo Civil y con el art\u00edculo 16.1.1 del mismo cuerpo legal que establece que en tales conflictos “ser\u00e1 ley personal la determinada por la vecindad civil”.\n<\/p>\n

\n En efecto, \u00e9sta es la funci\u00f3n esencial de la vecindad civil y, por ello, aparece regulada en el T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo Civil (que lleva por r\u00fabrica “de las normas jur\u00eddicas, su aplicaci\u00f3n y eficacia”) y, dentro de \u00e9l, en su cap\u00edtulo V dedicado a regular (art\u00edculos 13 a 16) “el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de los reg\u00edmenes jur\u00eddicos civiles coexistentes en el territorio nacional”, siendo de “aplicaci\u00f3n general y directa en toda Espa\u00f1a”, seg\u00fan el propio art\u00edculo 13 del C\u00f3digo Civil. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que la mayor parte de los preceptos que integran el t\u00edtulo preliminar del C\u00f3digo civil son aplicables a todo el ordenamiento y s\u00f3lo por tradici\u00f3n hist\u00f3rica conservan su encaje normativo en dicho C\u00f3digo (Sentencia 37\/1987, de 26 de marzo, fundamento jur\u00eddico 8\u00ba).\n<\/p>\n

\n Por consiguiente, ha de considerarse que la vecindad civil, al constituir un punto de conexi\u00f3n en los conflictos interregionales de leyes en los casos en que deban resolverse en funci\u00f3n de la ley personal de alguna de las partes, forma parte de la competencia estatal para resolver tales conflictos; competencia que se extiende al r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n y p\u00e9rdida que, en todo caso, habr\u00e1 de ser uniforme.\n<\/p>\n

\n El problema, una vez m\u00e1s, radica en que, dentro del territorio de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco y en particular de Vizcaya, coexisten diversos reg\u00edmenes jur\u00eddicos aplicables seg\u00fan el lugar de que se trate, con los consiguientes conflictos de leyes internas, en el seno de una misma Comunidad Aut\u00f3noma.\n<\/p>\n

\n Junto a una vecindad civil general del territorio hist\u00f3rico de Vizcaya, puede distinguirse una vecindad local especial o subvecindad de “aforado o infanz\u00f3n” (la de los vecinos de la Tierra Llana) y otra subvecindad civil de vizca\u00edno no aforado (la de quienes no se encontrasen en la situaci\u00f3n anterior). Esta distinci\u00f3n de “subvecindades” civiles dentro del territorio de Vizcaya, de vizcain\u00edas, no es nueva; la propia Compilaci\u00f3n, como se ha indicado anteriormente, distingu\u00eda entre ambas al no ser equiparable la condici\u00f3n de vizca\u00edno no aforado y la de vecino de un territorio de derecho com\u00fan. El art\u00edculo 10 de la citada Compilaci\u00f3n somet\u00eda a las leyes de la troncalidad, en lo relativo a sucesi\u00f3n a t\u00edtulo gratuito inter vivos y mortis causa, a los vizca\u00ednos no aforados en aplicaci\u00f3n del principio de territorialidad. En principio al menos, no puede, pues, decirse que la aplicaci\u00f3n de algunas normas de Derecho Foral a los vizca\u00ednos no aforados constituya una innovaci\u00f3n y resulte, por lo tanto, contraria al orden constitucional de competencias.\n<\/p>\n

\n Para examinar los art\u00edculos impugnados por contradecir el r\u00e9gimen estatal general de vecindad civil habr\u00e1 tambi\u00e9n de tenerse en cuenta cu\u00e1l es el punto de conexi\u00f3n que ha de regir ante un determinado conflicto, puesto que la vecindad civil funciona como punto de conexi\u00f3n s\u00f3lo cuando el conflicto haya de resolverse, como se ha dicho, atendiendo a la ley personal de alguna de las partes y no en todo caso; se plantea, adem\u00e1s, el subsiguiente problema competencial acerca de si la Comunidad Aut\u00f3noma, con un sistema plural intracomunitario, puede regular los conflictos internos de normas, es decir, los producidos en el seno del \u00e1mbito territorial del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n Al respecto, ha de recordarse que la \u00faltima Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 1993, al analizar la competencia estatal reconocida en el art\u00edculo 149.1.8a de la Constituci\u00f3n sobre “las normas para resolver conflictos de leyes” en relaci\u00f3n con la vecindad civil, ha se\u00f1alado que se refiere al sector del ordenamiento integrado por el derecho interregional y el Derecho Internacional privado, que “preserva, muy destacadamente, la seguridad jur\u00eddica en el tr\u00e1fico interregional” y no permite alterar la unidad del r\u00e9gimen jur\u00eddico relativo al punto de conexi\u00f3n determinante de la ley personal en los conflictos interregionales. El legislador estatal, en el derecho interregional, ha basado la aplicaci\u00f3n de la ley personal en la noci\u00f3n de vecindad civil (art. 16.1.1 del C\u00f3digo Civil) y, a este fin, ha establecido un r\u00e9gimen legal espec\u00edfico de su adquisici\u00f3n y p\u00e9rdida (arts. 14 y 15 del mismo C\u00f3digo).\n<\/p>\n

\n a) El art\u00edculo 11 de la Ley 3\/1992 del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n Como se ha dicho, este art\u00edculo establece que, cuando a consecuencia del ejercicio del derecho de opci\u00f3n regulado en el art\u00edculo anterior, el Fuero en su integridad pase a regir en el territorio no aforado de una Villa, los vecinos de la misma, por tal hecho, “ganar\u00e1n de inmediato la vecindad civil foral”. Los p\u00e1rrafos segundo y tercero abordan los efectos del cambio de legislaci\u00f3n en las distintas relaciones matrimoniales, personales y sucesorias de los afectados.\n<\/p>\n

\n En este precepto, m\u00e1s que una nueva causa de adquisici\u00f3n de la vecindad foral, se regula la consecuencia del sometimiento de un territorio determinado a un nuevo r\u00e9gimen jur\u00eddico. Vecinos de dicho territorio (titulares de la vizcain\u00eda no aforada, como vecindad civil propia adquirida por las causas generales de adquisici\u00f3n de la vecindad civil, no simplemente la vecindad administrativa), seguir\u00e1n siendo los que con\n<\/p>\n

\n anterioridad lo fueren, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo Civil, que se limita a declarar qui\u00e9nes tienen vecindad civil en territorio de derecho com\u00fan o en uno de los de derecho especial o foral y presupone un determinado \u00e1mbito territorial de aplicaci\u00f3n para el Derecho Foral. La norma auton\u00f3mica afecta s\u00f3lo a los vizca\u00ednos que pasan de una subvecindad civil no aforada a una aforada. No cambia la causa en virtud de la cual se adquiri\u00f3 dicha vecindad civil, ni la funci\u00f3n de la vecindad civil como punto de conexi\u00f3n; lo que ocurre es que el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a los vizca\u00ednos no aforados se sustituye por el de los vizca\u00ednos aforados y como tales pasar\u00e1n a considerarse a partir del ejercicio de ese derecho de opci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n A juicio del Consejo de Estado, partiendo de la posibilidad, dentro de los l\u00edmites anteriormente rese\u00f1ados, de alteraci\u00f3n del territorio sometido al Derecho Foral vizca\u00edno, cabe admitir tambi\u00e9n esta norma en cuanto consecuencia natural de tal alteraci\u00f3n, sin incidencia sobre el r\u00e9gimen jur\u00eddico b\u00e1sico de la vecindad civil y de los conflictos de leyes interregionales.\n<\/p>\n

\n b) El art\u00edculo 12 de la Ley 3\/1992 del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 12 establece que, a los efectos del Fuero Civil, son vizca\u00ednos quienes tengan vecindad civil en el Territorio Hist\u00f3rico de Bizkaia y que, “Aforado o Infanz\u00f3n es quien tenga su vecindad civil en territorio aforado”.\n<\/p>\n

\n Este art\u00edculo presupone una vecindad civil com\u00fan foral de todo vizca\u00edno que tenga la vecindad civil en el territorio hist\u00f3rico de Vizcaya, identificando en el segundo p\u00e1rrafo a los vizca\u00ednos aforados o infanzones que son quienes tienen la vecindad civil en territorio aforado (como se ha dicho, una vecindad foral local en el interior de la propia Comunidad Aut\u00f3noma). Puede afirmarse que el precepto considerado constituye un presupuesto del propio art\u00edculo 14 del C\u00f3digo Civil, que determina la forma de adquisici\u00f3n de la vecindad civil en funci\u00f3n de que se trate de un territorio sometido al derecho com\u00fan o a uno de los de derecho especial o foral.\n<\/p>\n

\n c) El art\u00edculo 13 de la Ley 3\/1992 del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 13 de la Ley de referencia establece que “los vizca\u00ednos no aforados podr\u00e1n testar mancomunadamente y por comisario, con arreglo a las disposiciones de este Fuero”.\n<\/p>\n

\n Este precepto ata\u00f1e, pues, a quienes carezcan de la vecindad civil vizca\u00edna. Como se ha dicho repetidamente, una norma foral aplicable a vizca\u00ednos no aforados no es una novedad en el derecho civil foral vizca\u00edno, pues el art\u00edculo 10 de la Compilaci\u00f3n tambi\u00e9n se aplicaba a los no aforados. Esta norma tampoco altera el r\u00e9gimen de vecindad civil del C\u00f3digo Civil y respeta las normas de conflicto establecidas en el mismo, pues responde a la regla “locus regit actum” que rige las formas testamentarias, seg\u00fan el art. 11.1 del C\u00f3digo Civil adaptada al interior del territorio de Vizcaya.\n<\/p>\n

\n d) El art\u00edculo 14 de la Ley 3\/1992 sobre Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 14.1 establece que “en los instrumentos p\u00fablicos que otorguen los vizca\u00ednos se har\u00e1 constar su vecindad civil, su car\u00e1cter de aforado o no, y, en su caso, el r\u00e9gimen de bienes por el que se rige su matrimonio, seg\u00fan resulte de sus manifestaciones”.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 14.2 dispone que, “a falta de manifestaci\u00f3n, se entender\u00e1, salvo prueba en contrario, que la vecindad civil del otorgante es la que corresponde al lugar de su nacimiento, y el r\u00e9gimen de bienes del matrimonio el legal en el lugar del \u00faltimo domicilio com\u00fan de los c\u00f3nyuges, y, a falta del mismo, del lugar de celebraci\u00f3n del matrimonio”.\n<\/p>\n

\n Este art\u00edculo, en su primer apartado, fija unos datos que habr\u00e1n de constar en los instrumentos p\u00fablicos que otorguen los vizca\u00ednos. Si lo establecido se reputara una regla propia de tales instrumentos p\u00fablicos, podr\u00eda cuestionarse la competencia de la Comunidad Aut\u00f3noma para dictarla, puesto que “la ordenaci\u00f3n de los registros e instrumentos p\u00fablicos” constituye, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n, un l\u00edmite absoluto de la competencia del legislador auton\u00f3mico en materia de derecho civil, formando parte tal ordenaci\u00f3n de la competencia exclusiva del Estado.\n<\/p>\n

\n Pero el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 74\/1989, de 24 de abril, ha declarado que la “reserva al Estado de la ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos tiende al aseguramiento de un tratamiento normativo unitario y com\u00fan de los documentos p\u00fablicos notarialmente autorizados, y, por tanto, de las escrituras p\u00fablicas, uniformando a tal fin el r\u00e9gimen de su naturaleza y contenido, de sus requisitos internos y formales, de su validez y eficacia y, en general, de todos aquellos aspectos que comprometan la unidad de su disciplina jur\u00eddica, de modo que una regla definitoria de las reglas ordenadoras de los instrumentos p\u00fablicos, y, por tanto, de las escrituras p\u00fablicas, ha de ser la de servir, en relaci\u00f3n de necesidad, al establecimiento y uniformidad de su r\u00e9gimen jur\u00eddico”.\n<\/p>\n

\n En este sentido, en la reciente Sentencia de 6 de mayo de 1993, el Tribunal Constitucional ha afirmado en relaci\u00f3n con esta competencia estatal que “el int\u00e9rprete ha de cuidar aqu\u00ed de salvar la concordancia entre la exclusiva competencia del Estado en este \u00e1mbito y la que pueda ostentar determinada Comunidad Aut\u00f3noma para legislar sobre institutos integrados en su Derecho civil propio, o conexos con el mismo, lo que significa, ante todo, que no ser\u00e1 aceptable un entendimiento tan lato de aquella competencia estatal que venga a impedir toda ordenaci\u00f3n auton\u00f3mica sobre actos o negocios jur\u00eddicos con el s\u00f3lo argumento que unos u otros pueden o deben formalizarse mediante instrumentos p\u00fablicos”.\n<\/p>\n

\n Por tanto, en el presente caso, puede considerarse que la regla sobre los instrumentos p\u00fablicos contenida en la Ley del Pa\u00eds Vasco responde a la propia diversidad de reg\u00edmenes jur\u00eddicos civiles aplicables en el interior de Vizcaya y que no es relevante para el r\u00e9gimen de la naturaleza y contenido de los instrumentos p\u00fablicos ni para la disciplina de los requisitos y condiciones de su validez y eficacia, aspectos que s\u00f3lo en el caso de resultar afectados ser\u00edan determinantes, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, para considerar que la competencia prevalente ejercitada es precisamente la relativa a la ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos que corresponde al\n<\/p>\n

\n Estado. Pero la norma de que se trata no altera ni el r\u00e9gimen espec\u00edfico de los instrumentos p\u00fablicos ni el de adquisici\u00f3n, conservaci\u00f3n y p\u00e9rdida de la vecindad civil.\n<\/p>\n

\n Podr\u00eda pensarse que el art\u00edculo 14, en su apartado segundo, afecta a la prueba de la vecindad civil. El Consejo de Estado, en el dictamen n\u00fam. 55.463, de 23 de mayo de 1991, consider\u00f3 que la prueba y presunci\u00f3n de la vecindad civil formaba parte de la competencia estatal “en todo caso” sobre “las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas” y sobre las “normas para resolver los conflictos de leyes”, en tanto la vecindad civil es, como se ha dicho, un punto de conexi\u00f3n en los conflictos interregionales de leyes en los que haya de aplicarse la ley personal de alguna de las partes, por lo que su prueba afectar\u00e1 de modo esencial al estatuto personal. La existencia de diferentes presunciones en torno a la vecindad civil producir\u00eda numerosos conflictos en la propia aplicaci\u00f3n de las normas de resoluci\u00f3n de los conflictos de leyes.\n<\/p>\n

\n No obstante, debe advertirse que las presunciones acerca de la vecindad civil establecidas en este art\u00edculo no se refieren a los conflictos interregionales, sino a los que puedan producirse en el interior de la propia Comunidad dada la existencia de diversos reg\u00edmenes de derecho civil. Desde esta perspectiva, tales normas resultan necesarias para la aplicaci\u00f3n del propio Derecho Foral y presuponen el r\u00e9gimen general com\u00fan, por lo que no infringen el orden constitucional de competencias.\n<\/p>\n

\n e) El art\u00edculo 94 de la Ley 3\/1992 sobre Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 94 establece que, “a falta de pacto, se entender\u00e1n sujetos a comunicaci\u00f3n foral los matrimonios en que ambos contrayentes sean vizca\u00ednos aforados o, a falta de vecindad com\u00fan, si fijan la residencia habitual com\u00fan inmediatamente posterior a su celebraci\u00f3n en la Tierra Llana, y, a falta de dicha residencia com\u00fan, si en ella ha tenido lugar la celebraci\u00f3n del matrimonio”.\n<\/p>\n

\n El precepto constituye claramente una norma de conflicto que contiene diversos puntos de conexi\u00f3n subsidiarios para la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral de bienes, es decir, de los efectos econ\u00f3micos del matrimonio. Se trata de una materia regulada en el art\u00edculo 16.3 del C\u00f3digo Civil seg\u00fan el cual “los efectos del matrimonio entre espa\u00f1oles se regular\u00e1n por la ley espa\u00f1ola que resulte aplicable seg\u00fan los criterios del art\u00edculo 9 y, en su defecto, por el C\u00f3digo Civil. En este \u00faltimo caso se aplicar\u00e1 el r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes del C\u00f3digo Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separaci\u00f3n”.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 9 del C\u00f3digo Civil, al que se remite el 16.3, establece, en su apartado 2, que “los efectos del matrimonio se regir\u00e1n por la ley personal com\u00fan de los c\u00f3nyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento aut\u00e9ntico otorgado antes de la celebraci\u00f3n del matrimonio; a falta de esta elecci\u00f3n, por la ley de la residencia habitual com\u00fan inmediatamente posterior a la celebraci\u00f3n, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebraci\u00f3n del matrimonio”.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 94 de la Ley del Pa\u00eds Vasco s\u00f3lo contiene, pues, una norma de resoluci\u00f3n de los conflictos que coincide exactamente con el juego de puntos de conexi\u00f3n establecido en el C\u00f3digo Civil con car\u00e1cter general. Cabe admitir una interpretaci\u00f3n constitucional\n<\/p>\n

\n de la misma, considerando que su aplicaci\u00f3n ha de producirse dentro de la propia vecindad civil foral, es decir, no ser\u00eda una norma de resoluci\u00f3n de los conflictos interregionales, sino de los propios conflictos que pudieran suscitarse por la diversidad de reg\u00edmenes jur\u00eddicos civiles existentes en el Pa\u00eds Vasco. Desde este punto de vista, no se aprecian fundamentos jur\u00eddicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionalidad.\n<\/p>\n

\n 3 . La presencia de testigos en los testamentos otorgados ante Notario regulada en el art\u00edculo 30.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 30 de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, establece que “en ning\u00fan testamento notarial otorgado en todo el territorio de Bizkaia ser\u00e1 precisa la intervenci\u00f3n de testigos, salvo que expresamente lo requieran el testador o el Notario autorizante”.\n<\/p>\n

\n Los informes de la Comisi\u00f3n de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Aut\u00f3nomas y de la Secretar\u00eda General T\u00e9cnica del Ministerio de Justicia consideran que esta disposici\u00f3n est\u00e1 viciada de incompetencia por regular una materia que afecta a la competencia estatal exclusiva sobre la ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos.\n<\/p>\n

\n La primera cuesti\u00f3n que se plantea en torno a este tema es, pues, como ya se dijo en el dictamen n\u00ba 55.463, de 23 de mayo de 1991, al examinar la nueva redacci\u00f3n dada al art\u00edculo 52 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil de Baleares por la Ley 8\/1990 de dicha Comunidad Aut\u00f3noma, la de determinar cu\u00e1l es el t\u00edtulo competencial afectado. A juicio del Consejo de Estado, la cuesti\u00f3n no puede centrarse en el t\u00edtulo competencial relativo a la ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos que el art\u00edculo 149.1.8 atribuye “en todo caso” al Estado, pues, si as\u00ed se hiciese, toda disposici\u00f3n auton\u00f3mica acerca de esta materia resultar\u00eda, por ello, inconstitucional cualquiera que fuese su contenido.\n<\/p>\n

\n Para las diferentes clases de testamentos se establecen diversos requisitos formales (cada vez m\u00e1s simplificados) atendiendo a las condiciones de tiempo y lugar en que se encuentra el testador y tratando de asegurar la veracidad y autenticidad de la \u00faltima voluntad de aqu\u00e9l y de facilitar la libre expresi\u00f3n de la misma. La determinaci\u00f3n de los requisitos formales que corresponden a cada una de las distintas modalidades testamentarias es una materia que forma parte del derecho civil, regulada en el propio C\u00f3digo Civil y en los Derechos Forales, y que no incide de modo directo en la ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos en s\u00ed mismos considerados ni interfiere la competencia exclusiva estatal cuya atribuci\u00f3n tiene como finalidad, seg\u00fan la Sentencia 74\/1989, de 24 de abril, del Tribunal Constitucional, asegurar un tratamiento normativo unitario y com\u00fan de los documentos p\u00fablicos notarialmente autorizados.\n<\/p>\n

\n As\u00ed resulta de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, que, tras regular los instrumentos p\u00fablicos, establece en su art\u00edculo 29 que “lo dispuesto en los art\u00edculos que preceden, relativamente a la forma de los instrumentos y al n\u00famero y cualidad de los testigos y a la capacidad de adquirir lo dejado o mandado por el testador, no es aplicable a los testamentos y dem\u00e1s disposiciones mortis causa en las cuales regir\u00e1 la ley o leyes especiales del caso”. En el mismo sentido, el art\u00edculo 143 del Reglamento Notarial prescribe, en su p\u00e1rrafo segundo, que “los testamentos y actos de \u00faltima voluntad se regir\u00e1n, en cuanto a su forma y requisitos o solemnidades, por los preceptos de la\n<\/p>\n

\n legislaci\u00f3n civil, acopl\u00e1ndose a los mismos la notarial, como norma supletoria en todo cuanto no implique modificaci\u00f3n de aqu\u00e9llos”.\n<\/p>\n

\n Por otra parte, ya se plante\u00f3 una cuesti\u00f3n similar, acerca de si determinada modalidad testamentaria afectaba a la legislaci\u00f3n civil o a la ordenaci\u00f3n notarial, con motivo de la entrada en vigor de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862. La Real Orden de 15 de diciembre de 1863 declar\u00f3 la subsistencia en Catalu\u00f1a del privilegio mencionado en la Real Provisi\u00f3n de 29 de noviembre de 1736, en cuya virtud los Curas, Rectores o sus Tenientes, en el antiguo Principado de Catalu\u00f1a, pueden otorgar testamentos o \u00faltimas voluntades cada uno en su distrito o feligres\u00eda, no habiendo en ella Escribano Real o Numerario,\n<\/p>\n

\n “Considerando que el derecho o privilegio foral de que se trata se halla fuera del alcance de la citada Ley (del Notariado), porque, limitada \u00e9sta a determinar las funciones propias del Notario, a establecer el r\u00e9gimen y organizaci\u00f3n del ejercicio notarial, no es aplicable a aquellos actos que como el presente pueden celebrarse v\u00e1lidamente con arreglo a la legislaci\u00f3n especial de Catalu\u00f1a, sin la intervenci\u00f3n de aquel funcionario. Considerando que la testamentifacci\u00f3n, tanto respecto del derecho como del modo, inseparable de aqu\u00e9l, es de la competencia exclusiva de la ley civil, por lo cual, cualesquiera que sean las razones que pudieran alegarse en contra de la conveniencia del privilegio de que se trata, nunca habr\u00eda lugar a tomarlas en consideraci\u00f3n sino al reformarse esa parte del derecho”.\n<\/p>\n

\n El dictamen del Pleno del Consejo de Estado n\u00famero 18.952, de 9 de diciembre de 1863, acerca de la citada Real Orden, indicaba igualmente que el art\u00edculo 29 de la Ley del Notariado demuestra y reconoce “no ser de su incumbencia el innovar ni estatuir acerca de un punto peculiar del Derecho Civil”, consignando “su respecto a lo existente en lo relativo a la materia de instrumentos y \u00faltimas voluntades que para su forma se rigiesen por leyes especiales”. En el mismo sentido se manifest\u00f3 la jurisprudencia del Tribunal Supremo al aplicar determinadas especialidades forales tras la vigencia de la Ley del Notariado (Sentencias de 21 de junio de 1909, 27 de junio de 1917, 18 de diciembre de 1934 y 24 de marzo de 1937, entre otras).\n<\/p>\n

\n El Tribunal Constitucional, en la Sentencia de 6 de mayo de 1993, al analizar la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 52 de la Compilaci\u00f3n del Derecho Civil de Baleares, referido, precisamente, a la supresi\u00f3n, con car\u00e1cter general, de la presencia de testigos en los testamentos otorgados ante Notario, afirma que “ni en nuestra tradici\u00f3n jur\u00eddica, ni en nuestro ordenamiento actual ha formado parte dicha regulaci\u00f3n (la intervenci\u00f3n de testigos en los testamentos notariales) de la legislaci\u00f3n notarial ni, por tanto, de la ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos, ello sin perjuicio de que no todos y cada uno de los contenidos de tal regulaci\u00f3n notarial, en su actual contenido, deban estimarse comprendidos en la norma competencial aqu\u00ed considerada” (ordenaci\u00f3n de los instrumentos p\u00fablicos).\n<\/p>\n

\n Por consiguiente, dado que la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco no ha procedido a ordenar los instrumentos p\u00fablicos, sino a determinar los casos en que es necesaria la presencia de testigos en los testamentos notariales otorgados en Vizcaya, como materia propia de la legislaci\u00f3n civil, la cuesti\u00f3n habr\u00e1 de centrarse en el alcance de la competencia auton\u00f3mica respecto del derecho civil foral o especial. Habr\u00e1 de\n<\/p>\n

\n determinar si puede considerarse que la regulaci\u00f3n de las formalidades testamentarias forma parte del Derecho Civil Foral de Vizcaya que puede ser objeto de “conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o desarrollo”, conforme al reparto constitucional y estatutario de competencias en la materia. Es decir, si la regulaci\u00f3n de la presencia de testigos en el testamento notarial puede identificarse hist\u00f3ricamente como una materia que, aun no compilada, mantiene su vigencia al margen de la Compilaci\u00f3n o guarda conexi\u00f3n con las ya reguladas.\n<\/p>\n

\n Para ello, basta analizar las normas sobre las formas testamentarias contenidas en la Compilaci\u00f3n del Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava aprobada por Ley de 30 de julio de 1959. El T\u00edtulo tercero del Libro primero de la Compilaci\u00f3n, bajo la r\u00fabrica “De las formas de los testamentos”, dedica los art\u00edculos 13 a 20 sustancialmente a la regulaci\u00f3n del testamento “il-buruko” y el testamento por comisario.\n<\/p>\n

\n El primero de estos art\u00edculos, el 13, contiene una disposici\u00f3n de car\u00e1cter general no integrada ni en el cap\u00edtulo primero ni en el segundo del T\u00edtulo III del que forma parte. Dice as\u00ed: ” Adem\u00e1s de las formas de testar que regula el C\u00f3digo Civil, se admiten en el Infanzonado el testamento il-buruko y el testamento por comisario, llamado tambi\u00e9n poder testatorio”.\n<\/p>\n

\n Tal disposici\u00f3n supone una remisi\u00f3n a la regulaci\u00f3n sobre formas testamentarias contenida en el C\u00f3digo Civil, lo cual viene a significar que se incorpora a la Compilaci\u00f3n un determinado contenido normativo, desde la perspectiva de que se trata de una materia propia del Derecho Civil Foral. La propia Compilaci\u00f3n de 1959 reconoce expresamente como una forma especial de testar el llamado testamento “il- buruko” (a la cabecera de la muerte) a que se refer\u00eda el Cap\u00edtulo CXXVIII del Fuero Viejo de Vizcaya y la Ley 4a del T\u00edtulo XXI del Fuero de 1526 (bajo el ep\u00edgrafe “Del testamento que se hace sin Escribano”), seg\u00fan la cual dicho testamento no requer\u00eda la intervenci\u00f3n de Notario, s\u00f3lo la presencia de tres testigos, “dos hombres buenos, varones, y una mujer, que sean de buena fama, rogados y llamados para ello…” El art\u00edculo 14 de la Compilaci\u00f3n que integra el cap\u00edtulo primero del T\u00edtulo III del Libro primero, regula esta forma de testar en los siguientes t\u00e9rminos: “El que se hallare en peligro de muerte, alejado de poblaci\u00f3n y de la residencia del Notario p\u00fablico, podr\u00e1 otorgar testamento ante tres testigos, bien en forma escrita o de palabra. La validez de este testamento quedar\u00e1 subordinada al cumplimiento de las formalidades de su adveraci\u00f3n prevenidas en el T\u00edtulo VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.\n<\/p>\n

\n No son \u00e9stas las \u00fanicas normas referidas a las formas de los testamentos contenidas en la Compilaci\u00f3n. As\u00ed, el art\u00edculo 16, relativo al testamento por comisario (regulado en la Ley 127 del Fuero Viejo y en la Ley 4a del T\u00edtulo XXI del Fuero de 1526), establece que el nombramiento de comisario \u00fanicamente se podr\u00e1 hacer en testamento ante Notario, pudiendo los c\u00f3nyuges nombrarse, rec\u00edprocamente, comisarios en la escritura de capitulaciones.\n<\/p>\n

\n Se observa, por consiguiente, que la regulaci\u00f3n de las formas testamentarias ha sido y es materia propia del Derecho Foral Civil o especial de Vizcaya, cuya conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o desarrollo forma parte de la competencia asumida por la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco en el art\u00edculo 10.5 de su Estatuto de Autonom\u00eda, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n 4 .- La regulaci\u00f3n de aspectos procesales contenida en los art\u00edculos 102, segunda, 2 y 123, apartados segundo y tercero.\n<\/p>\n

\n La impugnaci\u00f3n de estos dos preceptos se fundamenta en la vulneraci\u00f3n de la competencia estatal exclusiva sobre la “legislaci\u00f3n procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Aut\u00f3nomas”, a que se refiere el art\u00edculo 149.1.6 de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 10.6 del Estatuto de Autonom\u00eda establece que corresponde a la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco la competencia exclusiva sobre “normas procesales y de procedimiento administrativo y econ\u00f3mico-administrativo que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organizaci\u00f3n propia del Pa\u00eds Vasco”.\n<\/p>\n

\n El primero de los preceptos impugnados establece que “la adjudicaci\u00f3n de los bienes por disoluci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n foral se llevar\u00e1 a cabo, en pieza separada, en el mismo procedimiento de ejecuci\u00f3n, por las normas establecidas para la partici\u00f3n de las herencias”.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 123, en sus p\u00e1rrafos segundo y tercero, establece lo siguiente:\n<\/p>\n

\n “Cuando se diere lugar a la saca, el tronquero deber\u00e1 consignar en el Juzgado el precio en que se valore la ra\u00edz, sobre el cual tendr\u00e1 el comprador preferencia respecto de cualquier otro acreedor del vendedor para reintegrarse del precio de compra con sus intereses”.\n<\/p>\n

\n “Las cuestiones entre el vendedor y el comprador, relativas a la responsabilidad por da\u00f1os y perjuicios, ser\u00e1n resueltas en per\u00edodo de ejecuci\u00f3n de sentencia, y en pieza separada, por los tr\u00e1mites de los incidentes”.\n<\/p>\n

\n El Tribunal Constitucional ha indicado, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 149.1.6a de la Constituci\u00f3n, que responde a la necesidad de salvaguardar “la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales” (Sentencia 56\/1990, de 29 de marzo). En cualquier caso, no es aceptable una interpretaci\u00f3n que suponga vaciar de contenido o privar de todo significado a la especificidad con que la materia procesal se contempla en el art\u00edculo 149.1.6a de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n Como indica la expresi\u00f3n “necesarias especialidades”, se tienen en cuenta tan s\u00f3lo las que inevitablemente se deduzcan, desde el punto de vista de la defensa judicial, de las regulaciones jur\u00eddicas sustantivas configuradas por la norma auton\u00f3mica en virtud de las particularidades del derecho creado por la propia Comunidad Aut\u00f3noma (Sentencias del Tribunal Constitucional 83\/1986, de 26 de junio, y 121\/1992, de 28 de septiembre).\n<\/p>\n

\n A juicio del Consejo de Estado, en el presente caso la norma auton\u00f3mica se limita a designar las normas procesales aplicables a dos instituciones civiles forales -la comunicaci\u00f3n foral de bienes y la saca foral- sin alterar la propia ordenaci\u00f3n procesal general. Del mismo modo que en el C\u00f3digo Civil existen normas procesales adheridas al r\u00e9gimen sustantivo en materia de r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial (art\u00edculos 1394 o 1410) y en materia de compraventa en el saneamiento por evicci\u00f3n (1482), parece\n<\/p>\n

\n admisible que la Comunidad Aut\u00f3noma pueda determinar el procedimiento aplicable y establecer normas an\u00e1logas a las que en el C\u00f3digo Civil regulan el r\u00e9gimen de disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales o particularidades procesales indisolublemente ligadas a instituciones civiles. No cabe, por consiguiente, apreciar fundamentos jur\u00eddicos suficientes para impugnar estos dos preceptos de la Ley del Parlamento Vasco.\n<\/p>\n

\n En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, por mayor\u00eda, es de dictamen:\n<\/p>\n

\n Que no existen fundamentos jur\u00eddicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.”\n<\/p>\n

\n VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PERMANENTE DON MIGUEL VIZCA\u00cdNO M\u00c1RQUEZ AL DICTAMEN N\u00ba1.537\/92, RELATIVO A LA ADECUACI\u00d3N AL ORDEN DE COMPETENCIAS DERIVADO DE LA CONSTITUCI\u00d3N Y DEL ESTATUTO DE AUTONOM\u00cdA DEL PA\u00cdS VASCO DE LA LEY 3\/92 DEL DERECHO CIVIL FORAL.\n<\/p>\n

\n El dictamen precedente de la Comisi\u00f3n Permanente del Consejo de Estado llega a la conclusi\u00f3n, sin reserva alguna, de que no existen fundamentos jur\u00eddicos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 3\/92 del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n Por dicho recurso se impugnan:\n<\/p>\n

\n Art\u00edculo 6 de la Ley, p\u00e1rrafo 2\u00ba. El territorio exceptuado se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n civil general “salvo en cuanto sea aplicable el presente Fuero”. Art\u00edculo 10. Por el que se reconoce opci\u00f3n a los municipios para adoptar por la aplicaci\u00f3n del Fuero en todos sus t\u00e9rminos, en virtud de la Concordia de 1630 y de conformidad a la Disposici\u00f3n Adicional Primera de la Constituci\u00f3n y art\u00edculo 10.5 del Estatuto de Autonom\u00eda para el Pa\u00eds Vasco. Art\u00edculo 11. Aplicaci\u00f3n del Fuero en su integridad al territorio no aforado por la voluntad de los vecinos de un municipio.\n<\/p>\n

\n Art\u00edculo 12. Que define quienes son vecinos y aforados. Art\u00edculo 13. Sobre la facultad de testar mancomunada- mente sobre los vizca\u00ednos no aforados. Art\u00edculo 14. Sobre la vecindad civil en relaci\u00f3n con los instrumentos p\u00fablicos que otorguen los vizca\u00ednos. Art\u00edculo 30. Sobre la no intervenci\u00f3n de testigos en los testamentos notariales. Art\u00edculo 94. Sobre la comunicaci\u00f3n foral de los matrimonios, cuando ambos contrayentes sean vizca\u00ednos aforados o, a falta de vecindad com\u00fan. Art\u00edculo 102. Sobre comunicaci\u00f3n foral de bienes en el matrimonio. Art\u00edculo 123, p\u00e1rrafos 2\u00bay 3\u00ba. Relativos al deber del tronquero y a las cuestiones y responsabilidad por da\u00f1os entre el vendedor y el comprador. Art\u00edculo 132. Sobre la extensi\u00f3n del Fuero de Ayala por incorporaci\u00f3n de uno o m\u00e1s municipios.\n<\/p>\n

\n El Consejero que suscribe considera que se ha producido una invasi\u00f3n de competencias del Gobierno Vasco que afecta a la legislaci\u00f3n civil, en la parte que es de competencia exclusiva del Estado, y que existen fundamentos jur\u00eddicos suficientes para mantener el\n<\/p>\n

\n recurso de inconstitucionalidad, dicho sea con el m\u00e1ximo respeto para el dictamen mayoritario.\n<\/p>\n

\n Consideraciones de car\u00e1cter general\n<\/p>\n

\n La lectura de la exposici\u00f3n de motivos de la Ley del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco refleja de forma clara el punto de partida en los objetivos que se se\u00f1alan en orden al desarrollo del Derecho Foral del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n “Al modo que el viejo Derecho Com\u00fan espa\u00f1ol se modernizaba, en el C\u00f3digo Civil y las numerosas leyes posteriores era obligada la acomodaci\u00f3n a las t\u00e9cnicas y a las necesidades de una sociedad actual del Derecho Foral”. “All\u00ed donde exista, el precepto constitucional”, y existe en el Pa\u00eds Vasco, en unos territorios en forma escrita, como en Vizcaya y \u00c1lava y en otros, como en Guip\u00fazcoa, en forma consuetudinaria, con unos usos muy similares, en muchos aspectos, a los del resto del pa\u00eds, que se mantienen pese a las dificultades que plantea un Derecho Com\u00fan inspirado en principios opuestos. El legislador vasco tiene, por tanto, la tarea de dar forma nueva, adaptada al mundo de hoy, del viejo Derecho Foral que, en Vizcaya y \u00c1lava es derecho escrito y en Guip\u00fazcoa es derecho consuetudinario como se ha dicho. El Parlamento Vasco, que, conforme al art\u00edculo 10.5 del Estatuto, tiene libertad para se\u00f1alar el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de las instituciones forales no puede hacerlo arbitrariamente, aunque en el futuro, seg\u00fan los estudios aconsejen y la sociedad le reclame, podr\u00e1 hacer modificaciones y seguramente deber\u00e1 hacerlas en esta primera elaboraci\u00f3n de nuestro derecho. Se apunta la posibilidad de alcanzar s\u00edntesis mas perfectas en el futuro con Europa. Al hablar de “denominaci\u00f3n” Ley sobre el Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, se dice, Civil porque se limita al Derecho Privado; Foral para distinguirla del Derecho Com\u00fan y no porque resucite instituciones antiguas y del Pa\u00eds Vasco por su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n a\u00fan cuando existan territorios de Derecho Com\u00fan.\n<\/p>\n

\n De la lectura de la exposici\u00f3n de motivos y, particularmente de los puntos expuestos, parece que se hace caso omiso, para el futuro, de la existencia de la Legislaci\u00f3n Civil en los territorios no aforados de las provincias de Vizcaya y \u00c1lava, y con las referencias de un derecho consuetudinario en la provincia de Guip\u00fazcoa, se da la sensaci\u00f3n de que, el Derecho Civil vigente en las provincias citadas estar\u00e1 constituido por el Derecho Civil Foral.\n<\/p>\n

\n Partiendo de la expresi\u00f3n “all\u00ed donde existan” parece llegarse a una soluci\u00f3n maximalista por lo que, basta que en una provincia o territorio exista Derecho Foral, como en Vizcaya o en \u00c1lava o en Guip\u00fazcoa Derecho Consuetudinario, para llegar a reconocer la potestad de la Comunidad para regular las relaciones civiles quedando desvirtuado el principio de la competencia exclusiva del Estado en los t\u00e9rminos definidos en el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n La cuesti\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la norma 8a del art\u00edculo 149.1.8 competencia exclusiva del Estado en “legislaci\u00f3n civil, sin perjuicio de la conservaci\u00f3n, modificaciones y desarrollo por las Comunidades Aut\u00f3nomas de los derechos civiles, forales o especiales, all\u00ed donde existan”, preocupa y divide a la doctrina y se repite a medida que las Comunidades en las que existe el Derecho Foral trata de su aplicaci\u00f3n y desarrollo. Se puede decir que las distintas interpretaciones van desde una posici\u00f3n restringida a otra\n<\/p>\n

\n amplia o maximalista. En una se pone el acento en la “conservaci\u00f3n del derecho foral” reduciendo su alcance a los t\u00e9rminos “conservaci\u00f3n y desarrollo”.\n<\/p>\n

\n La concepci\u00f3n amplia a la que responde la Ley de referencia, muy consolidada en la doctrina por los territorios forales, entiende que del precepto constitucional se deriva una atribuci\u00f3n de competencia legislativa extensiva a las comunidades aut\u00f3nomas que tengan reconocido el Derecho Civil propio con las excepciones que en el propio art\u00edculo se recogen a favor del Estado.\n<\/p>\n

\n Del tenor literal del art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n se desprende:\n<\/p>\n

\n Art\u00edculo 149.1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:\n<\/p>\n

\n 8\u00aa “Legislaci\u00f3n Civil; sin perjuicio de la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo por las Comunidades Aut\u00f3nomas de los derechos civiles, forales o especiales, all\u00ed donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas, relaciones jur\u00eddico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenaci\u00f3n de los registros e instrumentos p\u00fablicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinaci\u00f3n de las fuentes del Derecho, con respeto, en este \u00faltimo caso, a las normas de derecho foral o especial.”\n<\/p>\n

\n Hay una regla general: competencia exclusiva del Estado en materia de Legislaci\u00f3n Civil.\n<\/p>\n

\n Una especialidad, con la misma fuerza de obligar, a la regla general: la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo del Derecho Civil Foral o Especial all\u00ed donde exista.\n<\/p>\n

\n A continuaci\u00f3n se establece una excepci\u00f3n a lo expuesto :\n<\/p>\n

\n El Estado tiene competencia sobre:\n<\/p>\n

\n – Aplicaci\u00f3n y eficacia de la norma jur\u00eddica.\n<\/p>\n

\n – Relaciones jur\u00eddico-civiles relativas a las formas del matrimonio.\n<\/p>\n

\n – Ordenaci\u00f3n del registro e instrumentos p\u00fablicos.\n<\/p>\n

\n – Bases de las obligaciones contractuales.\n<\/p>\n

\n – Normas para resolver los conflictos de leyes y,\n<\/p>\n

\n – Determinaci\u00f3n de la fuente del derecho, con la salvedad al respecto de las normas del Derecho Foral o Especial.\n<\/p>\n

\n Estas cuestiones no agotan la excepci\u00f3n a la excepci\u00f3n, ya que el p\u00e1rrafo correspondiente se inicia “en todo caso”, lo que indica que es un contenido m\u00ednimo indeclinable de la competencia estatal. El ordenamiento civil espa\u00f1ol lo forman:\n<\/p>\n

\n a) Los subordenamientos que forman las legislaciones civiles de las Comunidades Aut\u00f3nomas con el Derecho Civil propio y el del Estado en las Comunidades no aforadas.\n<\/p>\n

\n b) Las normas estatales que desarrollan la materia que el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n atribuye a la competencia exclusiva del Estado.\n<\/p>\n

\n Es de significar, adem\u00e1s, que la Constituci\u00f3n ha tenido en cuenta el hecho que debe tenerse presente siempre la subsistencia de los Derechos Civiles, Forales o Especiales, “all\u00ed donde existan”. La tesis maximalista encontraba ajuste adecuado en la previsi\u00f3n constitucional del a\u00f1o 1.931, pero no resulta conforme a los preceptos de la Constituci\u00f3n seg\u00fan puede deducirse recordando la elaboraci\u00f3n legislativa hasta llegar a la redacci\u00f3n vigente del repetido precepto. En las regiones aut\u00f3nomas se atribu\u00eda la competencia en materia civil, con independencia de que en ella hubiera o no un Derecho Civil propio persistente, lo que no ocurre en la Constituci\u00f3n de 1.978. Cualquier interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 149.1.8, debe situar en su justo valor la atribuci\u00f3n exclusiva de competencias en materia civil del Estado en cuanto a la modificaci\u00f3n o desarrollo. Hay que partir de que tales modificaciones se correspondan con instituciones que tengan alguna regulaci\u00f3n propia en la Legislaci\u00f3n Foral, incluso extendi\u00e9ndose a instituciones conexas o colindantes, con cuanta amplitud sea conveniente o necesaria para el respeto debido al Derecho Foral y facilitar su desarrollo a nivel de las exigencias sociales de cada momento.\n<\/p>\n

\n La Constituci\u00f3n de 1931 en su art\u00edculo 15 reservaba al Estado la “legislaci\u00f3n penal, social, mercantil y procesal y en cuanto a la legislaci\u00f3n civil la forma del matrimonio, la ordenaci\u00f3n de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulaci\u00f3n de los Estatutos personal, real y formal para coordinar la aplicaci\u00f3n y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de Espa\u00f1a” y conforme al art\u00edculo 16, en las materias no comprendidas en los dos art\u00edculos anteriores, podr\u00e1 corresponder a la competencia de las regiones aut\u00f3nomas la legislaci\u00f3n exclusiva y la ejecuci\u00f3n directa conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes. En el art\u00edculo 14, materias de la exclusiva competencia del Estado, no se comprend\u00eda la legislaci\u00f3n civil.\n<\/p>\n

\n Los conceptos citados de la Constituci\u00f3n de 1931 han tenido su reflejo literal en la vigente Constituci\u00f3n, si bien con un sentido distinto y para el examen de su contenido interesa tener en cuenta las vicisitudes de su redacci\u00f3n en el proceso parlamentario.\n<\/p>\n

\n En el proyecto de Constituci\u00f3n, art\u00edculo 137, se dec\u00eda: “la regulaci\u00f3n y administraci\u00f3n de las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constituci\u00f3n, podr\u00e1 corresponder a los Territorios Aut\u00f3nomos, en virtud de sus respectivos\n<\/p>\n

\n Estatutos. Las materias no asumidas expresamente en los Estatutos por el territorio aut\u00f3nomo se entender\u00e1n, en todo caso, como de competencia propia del Estado, pero \u00e9ste podr\u00e1 distribuir o transmitir las facultades por medio de una “ley”, a\u00f1adiendo en el art\u00edculo siguiente que “a los efectos de lo prevenido en el precedente art\u00edculo se entienden como de la exclusiva competencia del Estado las siguientes materias: … 7. Relaciones jur\u00eddico-civiles relativas a la forma del matrimonio; ordenaci\u00f3n de los registros e hipotecas; bases de las obligaciones contractuales y la regulaci\u00f3n de los\n<\/p>\n

\n Estatutos personal, real y formal para coordinar la aplicaci\u00f3n y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de Espa\u00f1a”.\n<\/p>\n

\n Puede observarse la coincidencia del proyecto con la Constituci\u00f3n de 1931, de que la legislaci\u00f3n civil, con car\u00e1cter general, corresponde a las Comunidades Aut\u00f3nomas, salvo en las materias que se especifican y que son las de la regla 1a del art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n del 31. Todas podr\u00edan ser de la competencia de las Comunidades Aut\u00f3nomas y todas, tuvieran o no Derecho Foral o Especial, podr\u00e1n legislar en materia civil, salvo en aquellas cuestiones excluidas expresamente en dicho precepto. El proyecto se cambia introduciendo la expresi\u00f3n inicial de que la legislaci\u00f3n civil corresponde en exclusiva al Estado y la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo de los Derechos civiles forales es atribuci\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas “all\u00ed donde existan”. En vista de este giro se ha podido afirmar que se pas\u00f3 del autonomismo en materia civil al foralismo.\n<\/p>\n

\n Por primera vez en un texto constitucional se hace un reconocimiento expreso de los Derechos Forales o especiales y en un p\u00e1rrafo no exento de complicaci\u00f3n. Se trata de una referencia un tanto amplia, a la legislaci\u00f3n civil como competencia exclusiva atribuida al Estado y se atribuye a las Comunidades Aut\u00f3nomas la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo de los Derechos Civiles Forales o Especiales “all\u00ed donde existan”.\n<\/p>\n

\n A los efectos del presente voto particular y sin olvidar la distinta orientaci\u00f3n y lo que representan hist\u00f3ricamente las disposiciones de 1959 y la Ley 3\/1992, s\u00ed conviene recordar lo expuesto en la exposici\u00f3n de motivos de las de 1959 en relaci\u00f3n con algunas materias que son objeto de nueva regulaci\u00f3n.\n<\/p>\n

\n “La Ley de Bases de 11 de mayo de 1988 dispuso, en su art\u00edculo 5\u00ba, que las provincias y territorios en que subsist\u00eda el Derecho Foral lo conservar\u00edan por ahora en toda su integridad, sin que sufriera alteraci\u00f3n su r\u00e9gimen jur\u00eddico por la publicaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, “que regir\u00e1 tan solo como derecho supletorio en defecto del que lo sea en cada una de aqu\u00e9llas por sus leyes especiales…” “El estudio de la vigencia y aplicabilidad de las normas reguladoras de las instituciones en los territorios no aforados no plantea problema sustancial en Vizcaya y \u00c1lava, por cuanto su derecho privado conserva el m\u00e1s profundo arraigo en la entra\u00f1a econ\u00f3mica, familiar y social del pa\u00eds…”. “La promulgaci\u00f3n de la Compilaci\u00f3n del Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava no cumplir\u00eda con eficacia su cometido si se limitara a inventariar y articular en un cuerpo org\u00e1nico aquellas instituciones tradicionales de su Derecho privado que, conserv\u00e1ndose intactas en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del pa\u00eds, permanecen actualmente al servicio de su peculiar organizaci\u00f3n econ\u00f3mica, familiar y social. La eficacia funcional del derecho vizca\u00edno sigue estando gravemente comprometida, por lo que, hist\u00f3ricamente, ha constituido la debilidad interna del propio sistema, la imprecisi\u00f3n de la base territorial del Fuero, la permanente colisi\u00f3n de los dos reg\u00edmenes jur\u00eddico-civiles coexistentes sobre el territorio. Ciertamente, esa falta de adecuaci\u00f3n del derecho a su aut\u00e9ntica base territorial constituye una tara \u00edntima y consustancial del Estatuto Foral Vizca\u00edno, porque originariamente concentrado el Derecho com\u00fan en el recinto urbano de las villas no aforadas, el lento proceso de interpolaci\u00f3n de lo urbano en el espacio rural circundante provoca una autom\u00e1tica colisi\u00f3n del C\u00f3digo y el Fuero, trastornando permanentemente tanto la condici\u00f3n objetiva troncal de los bienes ra\u00edces como el estatuto personal\n<\/p>\n

\n sucesorio y econ\u00f3mico matrimonial de los aforados. Con mayor fuerza perturbadora ha contribuido a crear esa incertidumbre jur\u00eddica un error hist\u00f3rico permanente el de subordinar el derecho privado a las fluctuaciones topogr\u00e1ficas del derecho municipal, desarraigando el Fuero de las zonas rurales conquistadas por la expansi\u00f3n administrativa de las villas no aforadas…”. “Pero esa misma sumisi\u00f3n a la idea central del Fuero impone un examen especial de la expansi\u00f3n urbana de Bilbao, villa que ha avanzado sin soluci\u00f3n de continuidad hasta los l\u00edmites de su actual t\u00e9rmino municipal. Todo el t\u00e9rmino de la capital es urbano en el sentido t\u00e9cnico de la palabra, y lo que no lo es ha perdido la esencia de su ruralidad y est\u00e1 impregnado de urbanismo por su inmediaci\u00f3n o su inminente destino. En todo el t\u00e9rmino ha desaparecido, pues, la raz\u00f3n de ser del fuero. Y, sin embargo, a pesar de la importancia de su capitalidad, del ritmo de su expansi\u00f3n inmobiliaria y del enorme desarrollo de su econom\u00eda industrial, toda la intensa vida jur\u00eddica bilba\u00edna sigue descansando sobre el movedizo terreno de la dualidad legislativa, cuyas fronteras han pasado a ser meros vestigios entregados a la conjetura y a la imaginaci\u00f3n. Cabe, pues, declarar, excepcionalmente, de Derecho com\u00fan todo el t\u00e9rmino municipal de Bilbao, porque no hay aqu\u00ed retroceso alguno del Fuero, ya que en todo el t\u00e9rmino municipal ha desaparecido la raz\u00f3n de ser de su existencia. Y para completar las medidas de estabilizaci\u00f3n que se condensan en el t\u00edtulo primero, el art\u00edculo 4\u00ba cierra definitivamente el paso a toda posible intromisi\u00f3n administrativa en la jurisdicci\u00f3n del Fuero. Aunque por razones de t\u00e9cnica legislativa aparezca el Derecho foral vizca\u00edno polarizado en torno a instituciones de configuraci\u00f3n aut\u00f3noma, como la troncalidad, la libertad testatoria y la comunicaci\u00f3n foral, debe reconocerse que, en el fondo, el principio supremo de la concentraci\u00f3n patrimonial invade y preside, con id\u00e9ntica fuerza, todo el \u00e1mbito del Derecho civil de Vizcaya, agot\u00e1ndolo exhaustivamente, ya que todos los preceptos del Fuero deben servir directamente a aquel principio central, y los que no lo sirven quedan al margen del equilibrio interno del sistema”.\n<\/p>\n

\n Como resumen de lo expuesto conviene recordar la conclusi\u00f3n del Congreso de Juristas de Zaragoza de 1981, lo siguiente:\n<\/p>\n

\n “Las leyes que al efecto emanen de las Comunidades Aut\u00f3nomas, dentro del \u00e1mbito de su competencia, tienen el mismo rango y fuerza que las leyes de las Cortes Generales, y est\u00e1n s\u00f3lo sujetas a la Constituci\u00f3n y a los preceptos de sus respectivos Estatutos de Autonom\u00eda.”\n<\/p>\n

\n Las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n desarrollar el Derecho Foral hoy vigente acomod\u00e1ndolo a las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad, con la misma libertad con que las Cortes Generales pueden alterar y modificar el C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n La Constituci\u00f3n garantiza la pluralidad de reg\u00edmenes jur\u00eddicos civiles coexistentes en el territorio nacional, entendi\u00e9ndolo no ya como un problema, sino como un bien enriquecedor.\n<\/p>\n

\n La Constituci\u00f3n de 1978, a diferencia de otras disposiciones anteriores, no establece como un “desideratum” la unificaci\u00f3n del Derecho civil. La Constituci\u00f3n es garant\u00eda y l\u00edmite de los Derechos civiles forales o especiales como lo es del resto del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol.\n<\/p>\n

\n Las leyes de las Comunidades Aut\u00f3nomas en materia de Derecho civil est\u00e1n subordinadas a los preceptos constitucionales y sujetas al control de constitucionalidad en los mismos t\u00e9rminos que las emanadas de las Cortes Generales. La eficacia derogatoria de la Constituci\u00f3n respecto de cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en ella alcanza a las Compilaciones y a las nuevas disposiciones vigentes, del mismo modo que a las dem\u00e1s leyes espa\u00f1olas. La disposici\u00f3n adicional primera de la Constituci\u00f3n ampara y respeta los derechos hist\u00f3ricos de los territorios forales. La actualizaci\u00f3n general de dicho r\u00e9gimen foral se llevar\u00e1 a cabo, en su caso, en el marco de la Constituci\u00f3n y de los Estatutos de Autonom\u00eda.\n<\/p>\n

\n La realidad hist\u00f3rica es que en Espa\u00f1a nunca lleg\u00f3 a producirse la unidad jur\u00eddica en el mundo del Derecho privado y, por tanto, hay que estar a las consecuencias de esta diversidad de ra\u00edces hist\u00f3ricas, indiscutibles y con una gran base consuetudinaria. Se ha dicho: “Si hubo fueros es porque exist\u00eda Derecho com\u00fan”. La consecuencia inmediata de la disposici\u00f3n adicional es la derogaci\u00f3n definitiva, en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, de las leyes de 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876 en lo que pudieran afectar a las provincias de \u00c1lava, Guip\u00fazcoa y Vizcaya, sin que de lo anterior puede derivarse una negaci\u00f3n absoluta de todo lo acaecido durante siglo y medio pasado. Se trata de una vuelta pura y simple al estado de cosas anterior a estas fechas. La disposici\u00f3n derogatoria no pretende resucitar un pasado anterior a 1839, ni tampoco prescindir de \u00e9l, ya que todo este pasado contiene partes irrenunciables y elementos imprescindibles para el desarrollo de las disposiciones constitucionales citadas, vigentes en la Constituci\u00f3n en su disposici\u00f3n adicional y en el Estatuto de Autonom\u00eda y de ambas hay que partir para la actualizaci\u00f3n general del r\u00e9gimen foral. No se trata de alcanzar la recuperaci\u00f3n de las normas derogadas y cuando la Constituci\u00f3n asume los derechos hist\u00f3ricos de los territorios forales, se refiere al contenido actualizado de los mismos, ajustado todo ello a la Constituci\u00f3n y al Estatuto. El principio general de respeto a los derechos hist\u00f3ricos, por lo que se refiere a los derechos civiles se concreta en el art\u00edculo 149.1.8 y no se puede al amparo de la disposici\u00f3n adicional dar nueva vida a principios de Derecho Foral hist\u00f3rico que han dejado de existir.\n<\/p>\n

\n 1 .- La determinaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial del Derecho Foral o Especial del Pa\u00eds Vasco.\n<\/p>\n

\n La fijaci\u00f3n del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del Derecho Civil Foral es la base del recurso de inconstitucionalidad a que se refiere el expediente. El art\u00edculo 6, en cuanto que establece en su segundo p\u00e1rrafo que “el territorio exceptuado se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n civil general, salvo en cuanto sea aplicable el presente Fuero”; el art\u00edculo 10, por el que se autoriza al municipio en que rige la legislaci\u00f3n civil general para optar por la aplicaci\u00f3n del Fuero en todos sus t\u00e9rminos, por aplicaci\u00f3n de la Concordia de 1.630, estableciendo los requisitos al efecto. El art\u00edculo 132, por el que se prev\u00e9 la incorporaci\u00f3n de uno o m\u00e1s municipios al Fuero de Ayala, son la base de la impugnaci\u00f3n en raz\u00f3n a que al reconocer la competencia de las Comunidades Aut\u00f3nomas, para la conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo de los derechos forales o especiales, “all\u00ed donde existan”, se ci\u00f1e al concreto \u00e1mbito territorial en que tuviese vigencia el Derecho Foral cuando se aprueba el texto constitucional, teniendo presente, en todo caso, que la existencia del Derecho Foral es mas amplia, a juicio del que suscribe, que los l\u00edmites se\u00f1alados en la Compilaci\u00f3n de 1.959.\n<\/p>\n

\n La Constituci\u00f3n y el Estatuto de Autonom\u00eda determinan la atribuci\u00f3n de competencias “all\u00ed donde existan” los derechos civiles, forales y especiales, terminando el n\u00famero 5 del art\u00edculo 10 del Estatuto con la frase: “y la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de su vigencia”. Los art\u00edculos referenciados de la Ley 3\/92 del Pa\u00eds Vasco, plantean la cuesti\u00f3n trascendente de fondo, la de saber si la Comunidad Aut\u00f3noma con Derecho Foral vigente puede extender su competencia a otras zonas del mismo territorio, en las que no teniendo Derecho Civil propio o habi\u00e9ndolo tenido haya desaparecido, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 10.5 del Estatuto.\n<\/p>\n

\n No puede mantenerse que el concepto “desarrollo” se refiere tanto a la materia como al t\u00e9rmino territorial o zona geogr\u00e1fica en las que existan los derechos forales o especiales; “donde existan” no puede comprender a todo el Derecho Civil hist\u00f3rico y no puede ser de aplicaci\u00f3n en cuanto a tal derecho hist\u00f3rico la disposici\u00f3n adicional de la Constituci\u00f3n. Hay que estar al tenor literal de los preceptos y a su finalidad. La disposici\u00f3n adicional no se refiere directamente a los derechos civiles forales sino al r\u00e9gimen que afecta a los derechos hist\u00f3ricos de los territorios forales en el orden pol\u00edtico y administrativo. El respeto a los derechos civiles viene declarado en el art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n y la disposici\u00f3n adicional no puede llegar a resucitar disposiciones que tuvieron su vigencia en la historia y que han quedado modificadas por la propia Constituci\u00f3n y el Estatuto, o perdieron su valor en el tiempo. Los derechos existen cuando est\u00e1n vigentes y los derechos forales lo son en cuanto han seguido actuales y vivos y pueden ser objeto de conservaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y desarrollo. El concepto desarrollo tiene como contenido propio el de los derechos civiles forales existentes.\n<\/p>\n

\n La atribuci\u00f3n final del n\u00famero 5 del art\u00edculo 10 del Estatuto Vasco “la fijaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial de su vigencia” no supone por s\u00ed atribuci\u00f3n y competencia para extender la aplicaci\u00f3n del Derecho Foral o territorio en el que hoy se aplica la legislaci\u00f3n civil general. La Comunidad Aut\u00f3noma puede conservar, modificar y desarrollar el Derecho Foral donde exista: Infanzonado, Tierra Llana de Vizcaya, Llodio y Aramayona y la Tierra de Ayala, pero no puede llegar a territorios donde no exista Derecho Foral, extendi\u00e9ndolo, por ejemplo, al territorio municipal de Bilbao o a otras zonas de \u00c1lava o Guip\u00fazcoa. El Estatuto autoriza para especificar los l\u00edmites territoriales a los que afecta la legislaci\u00f3n foral, pero por amplia que sea su aplicaci\u00f3n no puede, por ejemplo, afectar al municipio de Bilbao, cambiando su Derecho Civil pero sin fijar sus l\u00edmites en relaci\u00f3n con villas. La fijaci\u00f3n del l\u00edmite no supone el extender la legislaci\u00f3n foral de all\u00ed donde exista a donde no exista.\n<\/p>\n

\n En la exposici\u00f3n de motivos se hace la declaraci\u00f3n de que la experiencia de ordenamientos civiles muy diversos en Europa, algunos de ellos mas cercanos a nuestras Instituciones vizca\u00ednas y vascas, es una realidad enriquecedora, y el hecho de que algunas Instituciones se mantengan diferenciadas respecto al C\u00f3digo Civil es una nota de contraste que, en el futuro permite esperar s\u00edntesis mas perfectas. Es cierto que, tanto la legislaci\u00f3n civil, como la general, han de tener en cuenta los movimientos en la Comunidad Europea y dem\u00e1s pa\u00edses, pero no quiere decir que en materia de la competencia exclusiva del Estado en la legislaci\u00f3n civil, puedan admitirse reformas que no vengan a trav\u00e9s del C\u00f3digo Civil o legislaci\u00f3n de esta naturaleza, de la competencia exclusiva del Estado.\n<\/p>\n

\n La impugnaci\u00f3n de los art\u00edculos 6, 10, 11 y 132, tiene su fundamento porque afecta a la determinaci\u00f3n del \u00e1mbito territorial que viene determinado por la expresi\u00f3n: “all\u00ed donde existan” del art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n en concordancia con el principio de las competencias exclusivas del Estado.\n<\/p>\n

\n 2 .- La regulaci\u00f3n de aspectos relativos a la vecindad civil, art\u00edculos 11, 12, 13, 14 y 94.\n<\/p>\n

\n Conforme al art\u00edculo 149.1.8. de la Constituci\u00f3n corresponde al Estado “en todo caso” la competencia exclusiva sobre las reglas relativas a la aplicaci\u00f3n y eficacia de las normas jur\u00eddicas” y sobre las “normas para resolver los conflictos de leyes”, en raz\u00f3n a este mandato se impugnan los art\u00edculos referidos de la Ley 3\/1992 del Pa\u00eds Vasco, por considerar que infringen la norma de competencia de los preceptos constitucionales y por lo que se refiere a la vecindad civil, conforme adem\u00e1s con lo dispuesto en el art\u00edculo 14.1 del C\u00f3digo Civil. Como se dice en el dictamen mayoritario, la vecindad civil aparece regulada en el t\u00edtulo preliminar del C\u00f3digo Civil, “de las normas jur\u00eddicas, su aplicaci\u00f3n y eficacia”, y en los art\u00edculos 13 y 16 se regula “el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de los reg\u00edmenes jur\u00eddicos coexistentes en el territorio nacional”, siendo de “aplicaci\u00f3n general y directa en toda Espa\u00f1a”, seg\u00fan el art\u00edculo 13. La vecindad civil constituye un punto de conexi\u00f3n en los conflictos interregionales de leyes, en los casos que deban resolverse en funci\u00f3n de la ley personal de algunas de las partes y corresponde al Estado la resoluci\u00f3n de tales conflictos, competencia que se extiende al r\u00e9gimen de adquisici\u00f3n y p\u00e9rdida que, en todo caso, habr\u00e1 de ser uniforme. Dentro del territorio vasco, existen a su vez diversos reg\u00edmenes jur\u00eddicos aplicables, seg\u00fan el lugar que se trate, con los consiguientes conflictos de leyes a que se refieren los art\u00edculos epigrafiados. El art\u00edculo 14 del C\u00f3digo Civil dispone: “La sujeci\u00f3n al Derecho Civil Com\u00fan o al Especial o Foral se determina por la vecindad civil y en \u00e9l se dispone la forma de adquirir la vecindad civil, com\u00fan o foral, siendo \u00e9sta determinante de la aplicaci\u00f3n de uno u otro derecho”.\n<\/p>\n

\n Al disponer la ley auton\u00f3mica que un determinado hecho supone la inmediata obtenci\u00f3n de la vecindad civil foral est\u00e1 invadiendo una competencia exclusiva del Estado y, por tanto, incurre en vicio de inconstitucionalidad. En el art\u00edculo 15.4 del C\u00f3digo Civil se dice que la dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad general o propia o distinta dentro de la legislaci\u00f3n especial o foral del territorio correspondiente, se regir\u00e1 por la disposici\u00f3n de este art\u00edculo y las del anterior, precepto de aplicaci\u00f3n general que no puede ser modificado por la Ley Foral.\n<\/p>\n

\n Por lo que respecta al art\u00edculo 13 de la Ley Vasca, se refiere a personas no aforadas y es consecuencia del p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 6 de la propia Ley, que ha sido objeto de observaci\u00f3n en el n\u00famero anterior y que permitir\u00eda aplicar normas forales en territorios de Derecho Com\u00fan, en contra de lo dispuesto en los art\u00edculos 14 y 16 que regulan la vecindad civil como determinante de la ley personal.\n<\/p>\n

\n Las normas relativas a la aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas son de la competencia exclusiva del Estado. El texto de los art\u00edculos 14 y 15 del C\u00f3digo Civil responden a los criterios que se derivan del art\u00edculo 149.1.8 de la Constituci\u00f3n y regulan materias, normas para resolver los conflictos y leyes que son de la competencia exclusiva del Estado.\n<\/p>\n

\n Igualmente interfiere la competencia exclusiva del Estado el art\u00edculo 14 por lo que se refiere a la vecindad civil en orden al otorgamiento de instrumentos p\u00fablicos y a sus efectos en cuanto a la celebraci\u00f3n del matrimonio. La vecindad civil se regula, como se ha dicho, con las normas establecidas en los art\u00edculos 13 a 16 del C\u00f3digo Civil.\n<\/p>\n

\n El art\u00edculo 94 viene a regular los criterios para dirimir los posibles conflictos de leyes en cuanto a los efectos econ\u00f3micos del matrimonio, en raz\u00f3n a que los contrayentes, sean vizca\u00ednos aforados o, a falta de vecindad com\u00fan. Precepto que es contrario a la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 16.3, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 9.2 del C\u00f3digo Civil, que determina las relaciones personales entre los c\u00f3nyuges. Los efectos del matrimonio se regir\u00e1n por la ley personal o de la residencia de cualquiera de los contrayentes, y, cuando falta la elecci\u00f3n, operar\u00e1n el resto de las presunciones. El precepto de la Ley Vasca puede generar una situaci\u00f3n contradictoria con las presunciones del C\u00f3digo Civil, y, en definitiva, se trata de materia reservada a la competencia exclusiva del Estado\n<\/p>\n

\n Por lo que respecta a los art\u00edculos 30 de la Ley Foral, procedencia de los testigos en los testamentos, 102, deudas de los c\u00f3nyuges y 123, normas procesales, el Consejero que suscribe muestra su conformidad a lo expuesto en el dictamen mayoritario.\n<\/p>\n

\n En virtud de lo expuesto el Consejero que suscribe es de dictamen:\n<\/p>\n

\n Que existen fundamentos suficientes para mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 30\/92, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, en sus art\u00edculos 6, 11, 12, 13, 14, 94 y 132\n<\/p>\n

\n V.E., no obstante, resolver\u00e1 lo que estime m\u00e1s acertado.\n<\/p>\n

\n Madrid, 13 de julio de 1993\n<\/p>\n

\n EL SECRETARIO GENERAL,\n<\/p>\n

\n EL PRESIDENTE,\n<\/p>\n

\n EXCMO. SR. MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES P\u00daBLICAS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Consejo de Estado examina el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios art\u00edculos de la Ley 3\/1992 de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco: \u00e1mbito territorial y opci\u00f3n de las villas por el Fuero, vecindad civil, testigos en el testamento notarial y normas procesales de comunicaci\u00f3n foral y saca foral. Por mayor\u00eda dictamina que no hay fundamentos suficientes, pues son desarrollo leg\u00edtimo del Derecho foral; un voto particular discrepa sobre \u00e1mbito territorial y vecindad civil.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[],"materia":[1218],"organo":[1906],"tipo_resolucion":[1913],"ambito":[1915],"class_list":["post-11043","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","materia-las-fuentes-del-derecho-civil-foral-del-pais-vasco-la-ley-3-1992-de-derecho-foral-del-pais-vasco-antecedentes-y-reformas","organo-consejo-de-estado","tipo_resolucion-dictamen","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/11043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11043"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=11043"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=11043"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=11043"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=11043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}