{"id":10837,"date":"2025-10-06T12:57:13","date_gmt":"2025-10-06T10:57:13","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-social-06-02-2024\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:57","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:57","slug":"stsj-pais-vasco-social-06-02-2024","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-social-06-02-2024\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 6 de febrero de 2024"},"content":{"rendered":"

<\/a>Roj: STSJ PV 285\/2024<\/strong> – ECLI:ES:TSJPV:2024:285<\/strong><\/p>\n

<\/a>Id Cendoj: 48020340012024100149<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 1<\/strong><\/p>\n

<\/a>Fecha: 06\/02\/2024<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 2153\/2023<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 268\/2024<\/strong><\/p>\n

<\/a>Procedimiento: Recurso de suplicaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Ponente: JUAN CARLOS ITURRI GARATE<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

<\/a>Resoluciones del caso: SJS, Eibar, 19-09-2023 (proc. 251\/2023),<\/strong><\/p>\n

STSJ PV 285\/2024<\/strong><\/p>\n

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco<\/p>\n

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia Lan-Arloko Sala<\/p>\n

C\/ Barroeta Aldamar, 10 7\u00aa Planta – Bilbao<\/p>\n

94-4016656 – tsj.salasocial@justizia.eus<\/a><\/p>\n

NIG: 2003044420230000252<\/p>\n

0002153\/2023 Secci\u00f3n: FT9 Recursos de Suplicaci\u00f3n \/ Erregutze-errekurtsoak<\/p>\n

Juzgado de lo Social \u00fanico de Eibar 0000251\/2023 – 0 Seguridad Social en materia prestacional 0000251\/2023 – 0<\/p>\n

RECURSO N.\u00ba:<\/strong> Recursos de Suplicaci\u00f3n, 0002153\/2023<\/p>\n

NIG PV 2003044420230000252<\/p>\n

NIG CGPJ 2003044420230000252<\/p>\n

SENTENCIA N.\u00ba: 000268\/2024<\/em><\/strong><\/p>\n

<\/a>SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA<\/strong><\/p>\n

DE LA COMUNIDAD AUT\u00d3NOMA DEL PA\u00cdS VASCO<\/strong><\/p>\n

En la Villa de Bilbao, a seis de febrero de dos mil veinticuatro.<\/p>\n

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, formada por los Ilmos. Sres. don Juan Carlos Iturri Garate, Presidente en funciones, don Florentino Eguaras Mendiri y do\u00f1a Maite Alejandro Aranzamendi, Magistrados, ha pronunciado<\/p>\n

EN NOMBRE DEL REY<\/p>\n

la siguiente<\/p>\n

S E N T E N C I A<\/em><\/strong><\/p>\n

En el recurso de suplicaci\u00f3n interpuesto por do\u00f1a Rosaura<\/strong> contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Eibar, de fecha 19 de septiembre de 2023, dictada en los autos 251\/2023, en proceso sobre PRESTACI\u00d3N POR VIUDEDAD<\/em>, y entablado por do\u00f1a Rosaura frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORER\u00cdA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.<\/strong><\/p>\n

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Juan Carlos Iturri Garate, quien expresa el criterio de la Sala.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO<\/strong>.- La \u00fanica instancia del proceso en curso se inici\u00f3 por demanda y termin\u00f3 por sentencia, cuya relaci\u00f3n de hechos probados es la siguiente:<\/p>\n

” PRIMERO<\/em>.- Que en fecha 13 de diciembre de 2022 la demandante present\u00f3 solicitud en reclamaci\u00f3n de pensi\u00f3n de viudedad ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social.<\/p>\n

SEGUNDO<\/em>.- Que mediante resoluci\u00f3n de fecha 13\/01\/2023, notificada el dia 20 de enero de 2023, la Direcci\u00f3n Provincial del INSS de Gipuzkoa deniega la solicitud, argumentando los siguientes motivos:<\/p>\n

“Por no haberse constituido formalmente como pareja de hecho al menos dos a\u00f1os antes del fallecimiento, de acuerdo con el art\u00edculo 174.3 p\u00e1rrafo cuarto de la LGSS, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1\/1994, de 20 de junio (BOE 29\/06\/1994), en la redacci\u00f3n dada por la Ley 40\/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.<\/p>\n

Por no ser o haber sido c\u00f3nyuge del fallecido, no existiendo imposibilidad legal para haber contra\u00eddo matrimonio con anterioridad a la fecha del fallecimiento seg\u00fan lo establecido en la Disposici\u00f3n Adicional d\u00e9cima n\u00famero 2 de la Ley 30\/1981, de 7 de julio (BOE 20\/07\/81), en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 174 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por Real Decreto Legislativo 1\/1994, de 20 de junio (B0E 29\/06\/94)”<\/p>\n

TERCERO.<\/em>– Que examinada la reclamaci\u00f3n previa presentada por la demandante, la Entidad gestora resuelve desestimarla, fundament\u00e1ndolo en que no se hab\u00eda aportado documento que certificara tal uni\u00f3n en el momento del hecho causante, ni tampoco documentos que acreditaran la inscripci\u00f3n como pareja de hecho.<\/p>\n

CUARTO<\/em>.- Que la convivencia en pareja se inici\u00f3 el 13\/11\/2003.<\/p>\n

QUINTO<\/em>.- Que la pareja tuvo un hijo, Rogelio , con fecha NUM000 -2005.<\/p>\n

SEXTO.<\/em>– Que el fallecimiento del causante, Jose Ignacio , tuvo lugar el 30\/07\/2011.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO<\/em>.- Que se ha agotado la v\u00eda administrativa previa.<\/p>\n

OCTAVO<\/em>.- Que la base reguladora asciende a 1489,39\u20ac\/mes, con un porcentaje del 52% y una pensi\u00f3n inicial de 774,48\u20ac\/mes.”<\/p>\n

SEGUNDO<\/strong>.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:” Que desestimando la demanda interpuesta por Rosaura frente a INSS y TGSS, debo absolver y absuelvo a los demandados de todos los pedimentos en aquella contenidos.”<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> Do\u00f1a Rosaura formaliz\u00f3 en tiempo y forma recurso de suplicaci\u00f3n contra tal resoluci\u00f3n, recurso que fue impugnado por Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, tambi\u00e9n en tiempo y forma.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> En fecha 6 de noviembre de 2023se recibieron las actuaciones en esta Sala, dict\u00e1ndose providencia el 24 de noviembre de 2023, acord\u00e1ndose -entre otros extremos- que se deliberara y se decidiera el recurso el d\u00eda 30 de enero de 2024.<\/p>\n

Habi\u00e9ndose llevado a cabo tal deliberaci\u00f3n, de inmediato se dicta esta sentencia.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Do\u00f1a Rosaura formula recurso de suplicaci\u00f3n contra la sentencia que desestima la demanda que, en reclamaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de viudedad por la defunci\u00f3n del que fue don Jose Ignacio , reclam\u00f3 al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social en el a\u00f1o 2022, desestimando el Juzgado de lo Social eibarr\u00e9s tal demanda por entender que a ello obsta el hecho de que dicha pareja no hubiese formalizado su condici\u00f3n de pareja de hecho en el Registro de parejas de hecho o hubiesen constituido la misma en documento p\u00fablico, citando al efecto el contenido del art\u00edculo 221 de la vigente Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8\/2015, de 30 de octubre).<\/p>\n

Considera que, en este punto, se mantiene el requisito que antes se conten\u00eda en el art\u00edculo 173, punto 3 cuarto p\u00e1rrafo de la Ley General de la Seguridad Social en la redacci\u00f3n dada a tal precepto por la Ley 40\/2007, de 4 de diciembre, que en este punto -a su vez- modific\u00f3 el previo Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/1994, de 20 de junio.<\/p>\n

La Magistrada cita a favor de esa soluci\u00f3n, nuestra precedente sentencia de fecha 9 de mayo de 2023 (recurso 2943\/22) que efectivamente considera la necesidad de que, en estos casos, la Ley, impone que medie previa inscripci\u00f3n de tal pareja en los espec\u00edficos registros existentes en la comunidad aut\u00f3noma o ayuntamiento de<\/p>\n

la localidad de residencia o constituci\u00f3n como tal en documento p\u00fablico, en todo caso, requisito que se ha de cumplir antes de dos a\u00f1os de la fecha de fallecimiento del causante de la pensi\u00f3n, tal y como se prev\u00e9 en el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 221, punto 2 de la vigente Ley General de la Seguridad Social. En tal sentencia se citaba diversa jurisprudencia que daba esa ex\u00e9gesis a esta \u00faltima norma.<\/p>\n

La parte recurrente estructura su recurso en tres motivos de impugnaci\u00f3n, de los que el primero es enfocado por la v\u00eda del apartado b del art\u00edculo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n de lo Social (Ley 36\/2011, de 10 de octubre) y los otros dos, por la de su apartado c.<\/p>\n

Tal recurso es impugnado por las demandadas. Se oponen a los tres motivos de impugnaci\u00f3n y terminan pidiendo que se desestime el recurso y se confirme la sentencia recurrida. En su caso, de reconocerse la pensi\u00f3n, la misma tendr\u00eda fecha de efectos retroactivos a tres meses desde la petici\u00f3n 16 de diciembre de 2022, es decir, debieran fijarse sus efectos al d\u00eda 16 de septiembre de tal a\u00f1o y en todo caso, considera que no procede la indemnizaci\u00f3n adicional por da\u00f1o moral que la demandante cifra en 30.000 euros, al entender que as\u00ed se deduce del precedente que supone nuestra sentencia de fecha 19 de julio de 2022 (recurso 1182\/2022).<\/p>\n

SEGUNDO.- Primer motivo de impugnaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Se pretende la adici\u00f3n al hecho probado sexto de la sentencia un dato del que ya se advert\u00eda en demanda, el cu\u00e1l se aleg\u00f3 expresamente.<\/p>\n

Partiendo de que consta la muerte de don Jose Ignacio el d\u00eda 30 de julio de 2011, dicha parte recurrente pretende a\u00f1adir que la demandante ya hab\u00eda solicitado la pensi\u00f3n de viudedad considerando dicho causante al Instituto Nacional de la Seguridad Social en fecha 26 de septiembre de 2011, siendo denegada la pensi\u00f3n por resoluci\u00f3n de fecha 5 de octubre de 2011 y ello por no haberes constituido formalmente como pareja de hecho con el difunto al menos con dos a\u00f1os de antelaci\u00f3n a la defunci\u00f3n del mismo, cit\u00e1ndose entonces al efecto el art\u00edculo 173, punto 3, p\u00e1rrafo 4 de la Ley General de la Seguridad Social entonces vigente, que era el texto derivado de la reforma que la Ley 40\/2007, de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social hizo de aquel Real Decreto Legislativo 1\/1994, de 20 de junio.<\/p>\n

Las demandadas no niegan que sea cierto lo indicado en el primer motivo de impugnaci\u00f3n, si bien entienden que es ineficaz lo pretendido a\u00f1adir en orden a modificar el fallo, puesto afirman que en este proceso se trata de ver la procedencia de la petici\u00f3n nuevamente planteada en el a\u00f1o 2022 y no la que ya se deneg\u00f3 en el a\u00f1o 2011.<\/p>\n

En todo caso, es cierto que se formul\u00f3 aquella petici\u00f3n y se deneg\u00f3 la misma en raz\u00f3n de aquella causa por ello y por ello, partimos de estos datos f\u00e1cticos, pues la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica de la demandante parte de tal presupuesto en alguno de sus alegatos y es necesario valorar los mismos para hacer la adecuada ponderaci\u00f3n normativa de la alegaci\u00f3n en derecho que se esgrime.<\/p>\n

TERCERO.- Segundo motivo de impugnaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

1 .- La parte recurrente sostiene que la resoluci\u00f3n recurrida infringe los art\u00edculos 220 y 221 de la vigente Ley General de la Seguridad Social, afirm\u00e1ndose que no son considerados en la sentencia y si se debieron considerar para resolver el caso los art\u00edculos 9, punto 3 y 14 de la Constituci\u00f3n de 27 de diciembre de 1978, en relaci\u00f3n con su art\u00edculo 149, punto 1, 17 y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 26 y 19 de enero de 2023 ( TEDH 2023\/15 y 2023\/12) y la sentencia del Tribunal Constitucional 40\/2014.<\/p>\n

Considera que la sentencia recurrida se limita a aplicar el vigente art\u00edculo 221 de la Ley General de la Seguridad Social, considerando la corriente jurisprudencial que atribuye al requisito de inscripci\u00f3n registral o constituci\u00f3n en documento p\u00fablico de la pareja de hecho la condici\u00f3n de requisito “ad solemnitatem” (sic) con pleno olvido de que la demandante ya pidi\u00f3 aquella pensi\u00f3n en 2011 y que se ha de juzgar conforme aquella legislaci\u00f3n, citando aquel antiguo art\u00edculo 174, punto 3, derivado de la redacci\u00f3n de aquella Ley 40\/2007.<\/p>\n

Recuerda c\u00f3mo el Tribunal Constitucional anul\u00f3 el p\u00e1rrafo quinto de esa Ley en su sentencia 40\/2014 , de 11 de marzo (publicada en el Bolet\u00edn Oficial del Estado de fecha 10 de abril de 2014) y si bien es cierto que, en nuestra comunidad aut\u00f3noma, el requisito de inscripci\u00f3n registral de la pareja de hecho tiene condici\u00f3n de condici\u00f3n constitutiva de tal pareja, no era \u00e9ste el caso de Catalu\u00f1a, donde se reconoc\u00edan los derechos equiparativos al matrimonio de la pareja de hecho sin la esa previa inscripci\u00f3n.<\/p>\n

Citando aquellas dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considera que esa sentencia del Tribunal Constitucional impon\u00eda un tratamiento igualitario y a la vista de la nulidad acordada de la remisi\u00f3n que se hac\u00eda en la norma al Derecho Civil propio de las Comunidades aut\u00f3nomas, la soluci\u00f3n adecuada pasar\u00eda por imponer la normativa menos exigente en esta materia y por tanto, que la pareja de hecho no inscrita registralmente puede acceder a la pensi\u00f3n siempre que prueba su existencia en los plazos marcados en la Ley por cualquier medio de prueba y ello con respecto de todo el Estado..<\/p>\n

Como es de ver, la recurrente da muestra de un profundo conocimiento de la jurisprudencia emanada al respecto e incluso de otras materias, puesto que tambi\u00e9n alude al art\u00edculo 3 de la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho (Ley del Parlamento Vasco), precepto que en su p\u00e1rrafo primero, efectivamente, fija esa condici\u00f3n constitutiva de la inscripci\u00f3n para aplicarse los efectos que la Ley prev\u00e9.<\/p>\n

2 . Por nuestra parte, a\u00f1adir dos extremos para un adecuado enjuiciamiento del argumento de la recurrente.<\/p>\n

De un lado, que aquellas sentencia del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos ha de ser completado por la reciente sentencia de 20 de julio de 2023 que tratan de similares casos a los dos que cita la parte recurrente, pero con respecto de supuestos en los que las defunciones se produjeron despu\u00e9s de aquella declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, pero en el plazo inferior a dos a\u00f1os.<\/p>\n

De otro, que aquel art\u00edculo 3 de la Ley 2\/2003 tiene una redacci\u00f3n acomodada a la condici\u00f3n tambi\u00e9n constitutiva que la inscripci\u00f3n registral de la pareja de hecho que fija el derecho civil vasco. As\u00ed se dispone en la disposici\u00f3n adicional segundo de la Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.<\/p>\n

3 .- Y antes de entrar al argumento, se\u00f1alar que la decisi\u00f3n judicial se ajustar\u00eda a la doctrina jurisprudencial existente en el caso de que no se hubiese formulado aquella reclamaci\u00f3n ya en el a\u00f1o 2011.<\/p>\n

Tal doctrina es recogida en la reciente sentencia de la Sala Cuarta de fecha 12 de diciembre de 2023 (recurso 2234\/2022) donde se itera la perseverancia en seguir considerando que esa inscripci\u00f3n registral o constituci\u00f3n en documento p\u00fablico con car\u00e1cter previo en dos a\u00f1os a la defunci\u00f3n de la persona causante de la pensi\u00f3n es requisito imprescindible para que la persona vinculada con relaci\u00f3n de pareja de hecho con la premuerta, pueda acceder a la pensi\u00f3n de viudedad, si concurren los dem\u00e1s requisitos.<\/p>\n

Sobre ello volveremos al tratar del tercer motivo de impugnaci\u00f3n.<\/p>\n

4 .- Pero es de destacar que, como se ha expuesto, el argumento de la demandante en este motivo, no descansa en su reclamaci\u00f3n de 2022, sino en la de 2011.<\/p>\n

Entiende que debiera considerarse que entonces si que ten\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n, pues aquella declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del p\u00e1rrafo quinto de art\u00edculo 174, punto 3 de la Ley General de la Seguridad Social entonces vigente, debiera dar lugar a un tratamiento igualitario entre todas las parejas de hecho y por ello, reclama como indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios lo que entonces se le deneg\u00f3, seg\u00fan afirma, de forma indebida, invocando aquella sentencia del Tribunal de Estrasburgo.<\/p>\n

Lo cierto es que el Tribunal de Derechos Humanos de Europa fija indemnizaciones mucho menores a lo pretendido en este recurso en estos casos y lo hace siempre en relaci\u00f3n a peticionarios a los que se les aplicaba el derecho catal\u00e1n, que equiparaba a las parejas de hecho, estuviesen o no inscritas, a diferencia de nuestro derecho vasco, que impon\u00eda la inscripci\u00f3n registral para el reconocimiento de efectos a la pareja de hecho, como asume la propia recurrente.<\/p>\n

Por tanto, aquellas demandantes catalanas si que ten\u00edan perfecto derecho seg\u00fan la norma declarada ilegal a percibir su pensi\u00f3n, puesto que albergaban la leg\u00edtima confianza de que percibir\u00edan esa pensi\u00f3n, dada la redacci\u00f3n de la Norma anulada por el Tribunal Constitucional, ten\u00edan confianza leg\u00edtima a percibirla, ya que la Ley -antes de su derogaci\u00f3n por inconstitucional- remit\u00eda a una normativa civil, la catalana, que hac\u00eda tal equiparaci\u00f3n entre parejas de hecho, estuviesen o no registradas.<\/p>\n

Sin embargo, en nuestro caso, la norma civil vasca ya impon\u00eda la inscripci\u00f3n registral y no exist\u00eda norma equiparativa de parejas inscritas y no inscritas que pueda considerarse parangonable a la catalana. La normativa vasco fijaba precisamente una regulaci\u00f3n cualitativamente diversa, seg\u00fan es de ver. En nuestro particular caso, tanto antes como despu\u00e9s de aquella sentencia del Tribunal Constitucional 40\/2014, tanto el art\u00edculo 173, p\u00e1rrafo cuarto de la entonces vigente Ley General de la Seguridad Social como la normativa vasca impon\u00edan la inscripci\u00f3n registral como requisito constitutivo y no cab\u00eda apelar al p\u00e1rrafo quinto, puesto que la Norma vasca no fijaba equiparaci\u00f3n alguna entre parejas de hecho, estuviesen o no inscritas.<\/p>\n

En su consecuencia, consideramos que no procede estimar este segundo motivo de impugnaci\u00f3n.<\/p>\n

CUARTO.- Tercer motivo de impugnaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

En este caso, la demandante aduce infracci\u00f3n de aquellos art\u00edculos 220 y 221 de la vigente Ley General de la Seguridad Social y los art\u00edculos 24, 14 y 39, punto 2 de la Constituci\u00f3n, para alegar a su favor los contenidos de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 21 de abril de 2023 (recurso 1342\/2022) que ampliamente transcribe.<\/p>\n

Ciertamente esa sentencia sigue la l\u00ednea marcada por otras previas del mismo Tribunal y Sala, como es la de 28 de febrero de 2022 (recurso 1070\/2021), que tambi\u00e9n estim\u00f3 la demanda en caso similar al de entonces y por semejantes razonamientos.<\/p>\n

Pues bien resulta que precisamente esta \u00faltima es la que ha sido la revocada por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de diciembre de 2023 (recurso 2234\/2022) citada anteriormente.<\/p>\n

Reiterando un criterio que cita de forma profusa, mantiene la necesidad del requisito de la inscripci\u00f3n registral de la pareja de hecho. De tal forma que podemos considerar que existe jurisprudencia unificada en la materia que se ha de acatar.<\/p>\n

Las razones que se dan en tal sentencia son las siguientes: “En dichas resoluciones ya razon\u00e1bamos (si bien en relaci\u00f3n con el pen\u00faltimo p\u00e1rrafo del apartado 3 del art. 174 LGSS aprobada por Real Decreto Legislativo 1\/1994, de 20 de junio, pero cuya redacci\u00f3n es id\u00e9ntica a la mantenida en el art\u00edculo 221.2 de la LGSS actualmente vigente) que la norma establece la exigencia de dos simult\u00e1neos requisitos para que el miembro sup\u00e9rstite de la ” pareja de hecho” pueda obtener la pensi\u00f3n de viudedad: a) de un lado, la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco a\u00f1os; y b) de otro la publicidad de la situaci\u00f3n de convivencia more uxorio, imponiendo -con car\u00e1cter constitutivo y antelaci\u00f3n m\u00ednima de dos a\u00f1os al fallecimiento- la inscripci\u00f3n en el registro de parejas de hecho (en alguno de los registros espec\u00edficos existentes en las Comunidades Aut\u00f3nomas o Ayuntamientos del lugar de residencia) o la constancia de su constituci\u00f3n como tal pareja en documento p\u00fablico.<\/em><\/p>\n

La soluci\u00f3n por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo, tal y como pudiera deducirse de la confusa redacci\u00f3n del precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos a otras tantas exigencias diferentes: a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el m\u00ednimo de cinco a\u00f1os; y b) la formal – ad solemnitatem – de su verificaci\u00f3n de que la pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de “an\u00e1loga relaci\u00f3n de afectividad a la conyugal”, con dos a\u00f1os de antelaci\u00f3n al hecho causante (en forma muy similar a la que se produce en el matrimonio).<\/em><\/p>\n

De ah\u00ed que concluy\u00e9ramos que ” la pensi\u00f3n de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas “de hecho” con cinco a\u00f1os de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho “registradas” cuando menos dos a\u00f1os antes [o que han formalizado su relaci\u00f3n ante Notario en iguales t\u00e9rminos temporales] y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensi\u00f3n- \u00fanicamente corresponde a las ” parejas de derecho” y no a las genuinas ” parejas de hecho “.<\/em><\/p>\n

Por ello hemos sostenido que, aunque la acreditaci\u00f3n de la convivencia puede realizarse por cualquier medio de prueba que tenga fuerza suficiente para procurar convicci\u00f3n al respecto, sin que necesariamente haya de serlo por el certificado de empadronamiento, la existencia de la pareja de hecho debe acreditarse en los concretos t\u00e9rminos establecidos en la norma, no teniendo validez a esos efectos otro tipo de documentos, como la tarjeta sanitaria en la que la demandante figura como beneficiaria del causante, emitida por el INSS ( STS 1-6-16, rcud.207\/15 ); el certificado de empadronamiento ( STS 07-12-16. rcud.3765\/14 ) como es nuestro caso; el Libro de Familia ( STS 03\/05\/11, rcud.2170\/10 ; 23\/01\/12, rcud.1929\/11 , 23\/02\/16, rcud.3271\/14 -); el testamento nombrando heredera a la persona con la que se convive ( STS 26-11-12, rcud.4072\/11 ); las disposiciones testamentarias de los convivientes en las que, adem\u00e1s de legar una cuota del 30% de su herencia al otro, manifiestan que ambos conviv\u00edan maritalmente ( STS 9-10-12, rciud.3600\/11 ); el certificado municipal de la reserva para la ceremonia nupcial ( STS 23-6-15, rcud.2578\/14 ; o la condici\u00f3n de beneficiaria del Plan Pensiones del causante ( STS 17-12-15, rcud.2882\/14 ).<\/em><\/p>\n

3 .- Para terminar, procede recordar que no existe exigencia legal alguna que obligue a un orden jurisdiccional a seguir la jurisprudencia de otro orden jurisdiccional distinto (as\u00ed, STS 608\/2020, de 28 de mayo, recurso 6304\/2017 de la Sala Tercera ); pero en todo caso, la doctrina sentada en la Sentencia de la Sala Tercera que maneja la resoluci\u00f3n recurrida para desestimar el recurso de suplicaci\u00f3n entablado por la gestora (contenida en la sentencia de 1668\/2019, de 3 de diciembre, recurso 5178\/2017 ) fue rectificada por el propio Tribunal en STS Sala Tercera 608\/2020, de 28 de mayo, recurso 6304\/2017) donde vino a concluir (armoniz\u00e1ndose con la doctrina de esta Sala Cuarta ) que la prueba de la existencia de una pareja de hecho solamente puede acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensi\u00f3n de viudedad mediante los medios se\u00f1alados en el p\u00e1rrafo cuarto del art\u00edculo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670\/1987 , es decir mediante la inscripci\u00f3n en un registro espec\u00edfico auton\u00f3mico o municipal del lugar de residencia o mediante un documento p\u00fablico y que ambos deben ser anteriores, al menos, en dos a\u00f1os al fallecimiento del causante.”<\/em><\/p>\n

Vinculados por esa doctrina unificada, hemos de desestimar tambi\u00e9n este motivo.<\/p>\n

Por agotar todos los temas, de estimarse este tercer motivo y en cuanto a si debiera aplicarse al caso lo dispuesto en el art\u00edculo 53 de la Ley General de la Seguridad Social y considerar la retroacci\u00f3n de tres meses desde la solicitud, no lo considerar\u00edamos, puesto que se hab\u00eda solicitado la prestaci\u00f3n en el a\u00f1o 2011 y no hubo<\/p>\n

retraso alguno de la demandante, que, de forma diligente, tambi\u00e9n act\u00faa esta demanda conocidas aquellas sentencias del Tribunal de Estrasburgo y de forma inmediata a su publicaci\u00f3n. La indemnizaci\u00f3n que fija el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no alcanza tampoco a los importes de los treinta mil euros y de proceder indemnizaci\u00f3n, la fijar\u00edamos en siete mil euros, importe medio de las fijadas en la \u00faltima de aquellas tres sentencias.<\/p>\n

En todo caso, como quiera que se desestiman tambi\u00e9n las argumentaciones de este tercer motivo de impugnaci\u00f3n, entendemos que la sentencia recurrida ha de ser confirmada en cuanto a su fallo y por ello, desestimamos el recurso.<\/p>\n

<\/a>QUINTO.- Costas.<\/strong><\/p>\n

Desestim\u00e1ndose el recurso, no procede pronunciamiento sobre costas procesales de esta instancia en atenci\u00f3n al art\u00edculo 235 punto 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n de lo Social y el art\u00edculo 2, letra d de la Ley de Asistencia Jur\u00eddica Gratuita, (Ley 1\/996, de 10 de enero) dado el derecho que asiste a la parte recurrente (beneficio de justicia gratuita).<\/p>\n

VISTOS:<\/strong> los art\u00edculos citados y los dem\u00e1s que son de general y pertinente aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que desestimamos<\/strong> el recurso de suplicaci\u00f3n formulado en nombre y representaci\u00f3n de do\u00f1a Rosaura contra la sentencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s, dictada por el Juzgado de lo Social de Eibar en el proceso 251\/2023 seguido ante ese Juzgado y en el que tambi\u00e9n han sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social.<\/p>\n

En su consecuencia, confirmamos<\/strong> la misma.<\/p>\n

Cada parte deber\u00e1 abonar las costas del recurso que hayan sido causadas a su instancia.<\/p>\n

Notif\u00edquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, inform\u00e1ndoles de que no es firme, pudiendo interponer recurso de casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de la doctrina en los t\u00e9rminos y con los requisitos que se detallan en las advertencias legales que se adjuntan.<\/p>\n

Una vez firme lo acordado, devu\u00e9lvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos<\/p>\n

E\/<\/p>\n

La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/strong><\/p>\n

Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.<\/strong><\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N.-<\/strong> Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia en el mismo d\u00eda de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.<\/p>\n

<\/a>ADVERTENCIAS LEGALES.-<\/strong><\/p>\n

Contra esta sentencia cabe recurso de casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deber\u00e1 prepararse por escrito firmado por Letrado<\/strong> dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> siguientes al de su notificaci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deber\u00e1 acompa\u00f1ar<\/strong>, al preparar<\/em> el recurso, el justificante de haber ingresado en esta Sala el importe de la condena; o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensi\u00f3n de Seguridad Social, el ingreso de \u00e9ste habr\u00e1 de hacerlo en la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, una vez se determine por \u00e9sta su importe, lo que se le comunicar\u00e1 por esta Sala.<\/p>\n

Igualmente y en todo caso, salvo los supuestos exceptuados, el recurrente deber\u00e1 acreditar mediante resguardo entregado en la secretar\u00eda de esta Sala de lo Social al tiempo de preparar<\/em> el recurso, la consignaci\u00f3n de un dep\u00f3sito<\/strong> de 600 euros<\/strong>.<\/p>\n

Los ingresos<\/strong> a que se refieren los p\u00e1rrafos anteriores se deber\u00e1n efectuar, o bien en entidad bancaria del BANCO SANTANDER, o bien mediante transferencia o por procedimientos telem\u00e1ticos de la forma siguiente:<\/p>\n

A) Si se efect\u00faan en una oficina del BANCO SANTANDER, se har\u00e1 en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones de dicho grupo n\u00famero 4699000066215323.<\/p>\n

B) Si se efect\u00faan a trav\u00e9s de transferencia o por procedimientos telem\u00e1ticos, se har\u00e1 en la cuenta n\u00famero ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el campo reservado al beneficiario el nombre de esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, y en el campo reservado al concepto el n\u00famero de cuenta 4699000066215323.<\/p>\n

Est\u00e1n exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades P\u00fablicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en raz\u00f3n a su condici\u00f3n de trabajador o beneficiario del r\u00e9gimen p\u00fablico de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestaci\u00f3n de Seguridad Social de pago peri\u00f3dico, al anunciar el recurso deber\u00e1 acompa\u00f1ar certificaci\u00f3n acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguir\u00e1 puntualmente mientras dure su tramitaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El art. 3 Ley 2\/2003 tiene una redacci\u00f3n acomodada a la condici\u00f3n tambi\u00e9n constitutiva que la inscripci\u00f3n registral de la pareja de hecho que fija el derecho civil vasco. As\u00ed se dispone en la disposici\u00f3n adicional segundo de la Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[1053,787],"materia":[1204],"organo":[1879],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10837","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-inscripcion-constitutiva","tag-pareja-de-hecho","materia-parejas-de-hecho","organo-sala-de-lo-social","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10837"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10837"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10837"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10837"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}