{"id":10821,"date":"2025-10-06T12:57:12","date_gmt":"2025-10-06T10:57:12","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-13-10-2022\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:56","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:56","slug":"sap-de-bizkaia-sec-3a-13-10-2022","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-13-10-2022\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 13 de octubre de 2022"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP BI 2379\/2022<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2022:2379<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370032022100281<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 3<\/strong><\/p>\n

Fecha: 13\/10\/2022<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 449\/2021<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 387\/2022<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Recurso de apelaci\u00f3n. Procedimiento ordinario<\/strong> Ponente: MARIA CONCEPCION MARCO CACHO<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

Resoluciones del caso: SJPI, Bilbao, n\u00fam. 3, 25-06-2021 (proc. 38\/2019),<\/strong><\/p>\n

SAP BI 2379\/2022<\/strong><\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA. SECCI\u00d3N TERCERA<\/strong><\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA. HIRUGARREN ATALA<\/strong><\/p>\n

BARROETA ALDAMAR, 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001<\/p>\n

TEL.<\/strong> : 94-4016664 Fax \/ Faxa<\/strong> : 94-4016992<\/p>\n

Correo electr\u00f3nico\/ Helbide elektronikoa: audiencia.s3.bizkaia@justizia.eus<\/a> \/<\/p>\n

probauzitegia.3a.bizkaia@justizia.eus<\/a><\/p>\n

NIG PV \/ IZO EAE: 48.04.2-19\/001063<\/p>\n

NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48020.42.1-2019\/0001063<\/p>\n

Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 \/ Prozedura arrunteko apelazio-errekurtsoa; 2000ko PZL 449\/2021<\/strong><\/p>\n

O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia<\/em> : Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de Bilbao \/ Bilboko Lehen Auzialdiko<\/p>\n

3 zenbakiko Epaitegia<\/p>\n

Autos de Procedimiento ordinario 38\/2019 (e)ko autoak<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea: Ignacio<\/p>\n

Procurador\/a\/ Prokuradorea:SHEILA SOTO LOPEZ DE LETONA<\/p>\n

Abogado\/a \/ Abokatua: JON MORAGUES ZUBIRI<\/p>\n

Recurrido\/a \/ Errekurritua: Micaela , Octavio , Montserrat y Nieves<\/p>\n

Procurador\/a \/ Prokuradorea: XABIER NU\u00d1EZ IRUETA, IKER LEGORBURU URIARTE, JAVIER CANGAS SOROLLA y JAVIER CANGAS SOROLLA<\/p>\n

Abogado\/a\/ Abokatua: SARA PASAMAR URRUTIA, SUSANA RIVAS FERNANDEZ, IGNACIO BARREDO PRESA y IGNACIO BARREDO PRESA<\/p>\n

S E N T E N C I A N.\u00ba 387\/2022<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMAS. SRAS.<\/p>\n

D.\u00aa MAR\u00cdA CONCEPCI\u00d3N MARCO CACHO<\/p>\n

D.\u00aa ANA ISABEL GUTI\u00c9RREZ GEGUNDEZ<\/p>\n

D.\u00aa CARMEN KELLER ECHEVARRIA<\/p>\n

En Bilbao, a trece de octubre de dos mil veintid\u00f3s.<\/p>\n

La Audiencia Provincial de Bizkaia. Secci\u00f3n Tercera, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 38\/2019 del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de Bilbao, a instancia de D. Ignacio , apelante-demandante, representado por la procuradora D.\u00aa SHEILA SOTO LOPEZ DE LETONA y defendido por el letrado D. JON MORAGUES ZUBIRI, contra D\u00aa Micaela , D. Octavio , D\u00aa Montserrat y D\u00aa Nieves , apelados- demandados, representados por los procuradores D. XABIER NU\u00d1EZ IRUETA, D. IKER LEGORBURU URIARTE, y D. JAVIER CANGAS SOROLLA respectivamente, y defendidos por los letrados D.\u00aa SARA PASAMAR URRUTIA, D\u00aa SUSANA RIVAS FERNANDEZ, e IGNACIO BARREDO PRESA respectivamente; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 25 de junio de 2021.<\/p>\n

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Con fecha 25 de junio de 2021 se dict\u00f3 sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “1.- DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda formulada por la representaci\u00f3n procesal de D. Ignacio frente a D. Octavio , D\u00aa Montserrat , D\u00aa Micaela y D\u00aa Nieves , absolvi\u00e9ndoles de las pretensiones de la demanda.<\/p>\n

2.- La parte actora deber\u00e1 abonar las costas causadas en el presente procedimiento.<\/p>\n

Notif\u00edquese la presente resoluci\u00f3n a las partes personadas”.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> Publicada y notificada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de la parte actora se interpuso en tiempo y en forma Recurso de Apelaci\u00f3n que, admitido en ambos efectos por el Juzgado de Instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y dados los oportunos traslados comparecieron las partes por medio de sus Procuradores; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de autos y personamientos efectuados la formaci\u00f3n del presente Rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero 449\/21 de Registro y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de su clase.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> No habi\u00e9ndose propuesto prueba y no estim\u00e1ndose necesaria la celebraci\u00f3n de vista, se se\u00f1al\u00f3 deliberaci\u00f3n y fallo del presente recurso de apelaci\u00f3n para el d\u00eda 11 de octubre de 2022.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> En la tramitaci\u00f3n del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n

VISTOS, siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada D\u00f1a. MAR\u00cdA CONCEPCI\u00d3N MARCO CACHO.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Se interpone recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de D. Ignacio , alegando en esta segunda instancia los mismos motivos por los que en su demanda de nulidad de acuerdo particional de herencia de su madre Sra. Graciela y frente a sus hermanos planteaba y que fueron desestimados; comienza insistiendo en que por parte del contador partidor se modific\u00f3 la voluntad del causante qui\u00e9n en su testamento hab\u00eda designado a dos contadores partidores mencion\u00e1ndoles expresamente, y no se ha aportado circunstancia ni renuncia por parte del designado Sr. \u00cd\u00f1igo y que no ha participado en la elaboraci\u00f3n de la presente partici\u00f3n; lo que evidencia que tal ausencia de consentimiento de esta persona designada conlleva la nulidad de partici\u00f3n realizada \u00fanicamente por el tambi\u00e9n designado Sr. Jeronimo . Las aseveraciones en relaci\u00f3n con dicha intervenci\u00f3n \u00fanica no han quedado acreditadas adem\u00e1s de concurrir manifiestas contradicciones entre el demandado Octavio y el Sr. Jeronimo , en punto a las manifestaciones del tambi\u00e9n designado pero no llamado; tampoco comparte que el dato de no impugnar el cuaderno particional del padre pueda llevar a desestimar su pretensi\u00f3n de nulidad, porque son dos particiones independientes surtiendo el derecho en el momento que se producen los fallecimientos de cada progenitor, y m\u00e1s cuando no resulta cierto que las partidas fueron id\u00e9nticas en ambos cuadernos particionales como as\u00ed constata en su escrito en punto a valoraci\u00f3n del ajuar dom\u00e9stico a\u00f1adiendo que la falta de ausencia del otro contador partidor designado, supone un incumplimiento del demandado en testamento.<\/p>\n

En segundo lugar, mantiene tambi\u00e9n que la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n de la partici\u00f3n presentada invocando infracci\u00f3n y vulneraci\u00f3n de la tutela efectiva por falta de motivaci\u00f3n; incongruencia y err\u00f3nea valoraci\u00f3n de la prueba. Desarrolla este motivo en determinaci\u00f3n a la impugnaci\u00f3n de los fundamentos en los que la sentencia lo desestima e invoca que la ausencia de prueba que imputa la sentencia no es conforme a derecho porque lo cierto es que son los demandados quienes no aportan la prueba de lo que alegan a los efectos de no<\/p>\n

colacionarse las donaciones. Incurriendo en incongruencia extra petitia en cuanto a la desestimaci\u00f3n de no colacionar la vivienda sita en la CALLE000 en cuanto a que de tal pretensi\u00f3n no hubo oposici\u00f3n por las partes; en la sentencia no se ha tenido en cuenta que la causante fallece tras la entrada en vigor de la Ley 5\/2015 del Derecho Civil Vasco, si bien el testamento se otorg\u00f3 en fecha anterior por tanto concurre un conflicto intertemporal de leyes debiendo acudir a disposici\u00f3n transitoria segunda y decimosegunda del C\u00f3digo Civil y as\u00ed en el testamento por voluntad de la causante el mencionado bien no se colacionaba pero s\u00ed que se computase al tercio de mejora sin que se respetase en el cuaderno particional tal voluntad, lo que provoca nuevamente la nulidad de la partici\u00f3n. De los bienes que se interesa se adicione al caudal relicto a nombre de Micaela y que no se estima en la sentencia no concurre prueba de los hechos que alega, siendo que incurre la juzgadora en err\u00f3nea valoraci\u00f3n cuando declara que fue el esposo de la misma (en su momento novio) qui\u00e9n procedi\u00f3 al pago a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos sin aportaci\u00f3n contable alguna e imputando a esta representaci\u00f3n una ausencia de prueba que no le corresponde; mantiene que se produjo un negocio fiduciario entre los padres y esta demandada qui\u00e9n se hace due\u00f1a de los bienes, no siendo realmente due\u00f1a porque a su entender y en amparo de la testifical del Sr. Gervasio se acredita por esta parte recurrente que ni ella ni su marido compraron ni pagaron nada por la adquisici\u00f3n de derechos inmuebles pues ya eran propiedad de forma virtual de sus padres quienes en realidad tampoco los adquirieron, sino que al momento de disolver la sociedad en la que participaba con tercero, se adjudicaron dichos inmuebles que pusieron a nombre de su hija Micaela para evitar impuestos, por ello se tiene que reintegrar al caudal relicto, o si por el contrario se considera una donaci\u00f3n, se deba colacionar.<\/p>\n

Del resto de pedimentos de esta parte apelante que igualmente interesa se colacionen a la herencia incide en infracci\u00f3n del principio de congruencia y error en la valoraci\u00f3n de los elementos probatorios que estima justifica su pretensi\u00f3n y desvirt\u00faan las alegaciones de los demandados errando la juzgadora cuando desestima sus pretensiones por lo que interesa se estime su demanda declarando la nulidad de la partici\u00f3n realizada, o en su caso declare que concurre rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n de sus derechos en la misma.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> De la falta de motivaci\u00f3n e infracci\u00f3n del principio de congruencia<\/p>\n

Como reiteradamente venimos diciendo esta Sala al respecto de la denuncia de los principios antedichos. La congruencia es una cualidad \u00ednsita en la sentencia, no s\u00f3lo exigida por la Ley procesal, sino tambi\u00e9n es exigencia constitucional, como han expresado, entre otras anteriores, las sentencias del Tribunal Constitucional 95\/2005, de 19 de abril EDJ2005\/61637 y 194\/2005, de 18 de julio EDJ2005\/130810. Esta \u00faltima, tras referirse a los tipos de la incongruencia, se centra en la extra petitum y dice, literalmente, que “constituye siempre una infracci\u00f3n del principio dispositivo y de aportaci\u00f3n de las partes que impide al \u00f3rgano judicial, en el proceso civil, donde ahora nos movemos, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser \u00e9stas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, por lo que \u00e9ste deber\u00e1 adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad hist\u00f3rica que les sirve como raz\u00f3n o causa de pedir (causa petendi)”.<\/p>\n

A su vez, la jurisprudencia en sentencias de esta Sala, tambi\u00e9n entre otras, de 13 de mayo de 2002 EDJ2002\/14731 y 29 de septiembre de 2006 dicen:<\/p>\n

“As\u00ed lo exigen los principios de rogaci\u00f3n ( sentencias de 15 de diciembre de 1984, 4 de julio de 1986, 14 de mayo de 1987, 18 de mayo EDJ1996\/2666 y 20 de septiembre de 1996 EDJ1996\/7374, 11 de junio de 1997 EDJ1997\/5246), y de contradicci\u00f3n (sentencias de 30 de enero de 1990 EDJ1990\/769 y 15 de abril de 1991), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla “iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium” ( sentencias de 19 de octubre de 1981 EDJ1981\/1663 y 28 de abril de 1990), sin que quepa modificar los t\u00e9rminos de la demanda (prohibici\u00f3n de la “mutatio libelli”, sentencia de 26 de diciembre de 1997), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia (“pendente apellatione nihil innovetur”, sentencias de 19 de julio de 1989 EDJ1989\/7483 , 21 de abril de 1992 EDJ1992\/3877 y 9 de junio de 1997 EDJ1997\/3440 ).<\/p>\n

La alteraci\u00f3n de los t\u00e9rminos objetivos del proceso genera una mutaci\u00f3n de la “causa petendi”, y determina incongruencia “extra petita” (que en el caso absorbe la omisiva de falta de pronunciamiento sobre el tema realmente planteado), todo ello de conformidad con la doctrina jurisprudencial que veda, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL1881\/1, resolver planteamientos no efectuados ( sentencias de 8 de junio de 1993 EDJ1993\/5471, 26 de enero, 21 de mayo EDJ1994\/4629 y 3 de diciembre de 1994, 9 de marzo de 1995, 2 de abril de 1996 EDJ1996\/2211, 19 de diciembre de 1997 y 21 de diciembre de 1998 EDJ1998\/27965), sin que quepa objetar la aplicaci\u00f3n (aludida en la sentencia de la Audiencia) del principio “iura novit curia”, cuyos m\u00e1rgenes no permiten la mutaci\u00f3n del objeto del proceso, o la extralimitaci\u00f3n en la causa de pedir ( sentencias de 8 de junio de 1993, 7 de octubre de 1994 EDJ1994\/8379 , 24 de octubre de 1995<\/p>\n

EDJ1995\/5670 y 3 de noviembre de 1998 EDJ1998\/23337), ni en definitiva autoriza, como dice la sentencia 25 de mayo de 1995 EDJ1995\/2441 , la resoluci\u00f3n de problemas distintos de los propiamente controvertidos”.<\/p>\n

En definitiva, se produce incongruencia extra petitum cuando se resuelve sobre algo no pedido, no ya aplicando normas no alegadas, que podr\u00eda responder al principio iura novit curia, sino partiendo de pretensi\u00f3n distinta a la ejercitada y apoy\u00e1ndose en supuesto de hecho no alegado; en otras palabras, la sentencia debe ser conforme al planteamiento de la demanda y a los t\u00e9rminos en que las cuestiones se han planteado.<\/p>\n

Cabe indicar que se trata de un principio que disciplina y delimita el grado de vinculaci\u00f3n al que ha de verse sometido el \u00f3rgano jurisdiccional con respecto al objeto del proceso. Es el n\u00facleo esencial del principio de disposici\u00f3n de las partes, el que la parte “deber\u00e1”, “podr\u00e1” y se le reconocer\u00e1 la libertad y poder de inicio del proceso mediante su demanda; es la parte la que determinara y figara cual es el inter\u00e9s que pretende se tutele por el juzgador, siendo tambi\u00e9n ellas- las partes procesales- las \u00fanicas due\u00f1as para finalizar el proceso a su instancia con anterioridad a que se dicte sentencia por el juez. Conjuntamente con lo expuesto e \u00edntimamente ligado a \u00e9l, se encuentra el principio de congruencia rese\u00f1ado en el art 359 de la L.E.C, y conforme al cual al juez le incumbe la carga de ser congruente en sus resoluciones con lo instado y pretendido por las partes , guardando una m\u00ednima relaci\u00f3n con las pretensiones ejercitadas por los litigantes, sin que ello obste a su vez a que el tribunal o el juzgador en virtud del iura novit curia, resuelva la acci\u00f3n ejercitada realmente por el litigante a pesar de la denominaci\u00f3n o confusi\u00f3n que del derecho el mismo pudiera incurrir. A su vez principios de congruencia obligan a que no se conceda ni mayor de lo pretendido – ultra petita-ni distinto de lo instado- extra petita-ni menor de lo interesado – cifra petita-conocido tambi\u00e9n por omisi\u00f3n del juzgador, resultando que la concurrencia de alguno de estos supuestos traer\u00eda a colaci\u00f3n la vulneraci\u00f3n del art 24 de la CE. y subsiguientemente la nulidad de la resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Reiteradamente expuesto el TC (Sta. 169\/2002, de 30 septiembre) “…Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los t\u00e9rminos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo m\u00e1s o cosa distinta de lo pedido, puede entra\u00f1ar una vulneraci\u00f3n del principio de contradicci\u00f3n, lesiva del derecho a la tutela judicial, siempre y cuando la desviaci\u00f3n sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos en que discurri\u00f3 la controversia procesal ( SSTC 177\/1985, de 18 de diciembre; 191\/1987, de 1 de diciembre; 88\/1992, de 8 de junio; 369\/1993, de 13 de diciembre; 172\/1994, de 7 de junio; 311\/1994, de 21 de noviembre; 112\/1997, de 27 de enero y 220\/1997, de 4 de diciembre).<\/p>\n

La congruencia es una categor\u00eda legal y doctrinal cuyos contornos no corresponde determinar a este Tribunal; nuestra funci\u00f3n se limita a garantizar que la tutela que prestan los Juzgados y Tribunales cumple el m\u00ednimo establecido por el art. 24 CE ( SSTC 15\/1987, de 11 de febrero, FJ3; 311\/1994, de 21 de noviembre, FJ2 y 144\/1996, de 16 de septiembre, FJ4). Por lo tanto, la incongruencia es un quebrantamiento de forma del proceso que s\u00f3lo determina vulneraci\u00f3n del art. 24.1 CE si provoca la indefensi\u00f3n de alguno de los justiciables o deja sin resolver el fondo del litigio ( STC 191\/1995, de 18 de diciembre, FJ3).<\/p>\n

En aplicaci\u00f3n de lo expuesto y analizada la sentencia no se aprecia que se incurra en infracci\u00f3n del principio denunciado, siendo que la juzgadora resuelve en punto a la controversia que ambas partes exponen, sin que la concreta contestaci\u00f3n a todas las alegaciones de las partes conlleve falta de motivaci\u00f3n y\/o congruencia, puesto que concreta el objeto de la controversia resolviendo en los l\u00edmites concretados por las partes.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> Valoraci\u00f3n de la prueba<\/p>\n

A diferencia de lo que sucede con el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el ordinario de apelaci\u00f3n en el que nos hallamos el tribunal tiene soberan\u00eda plena para revisar todo lo actuado durante el primer grado jurisdiccional sin m\u00e1s limitaciones objetivas que las marcadas por el contenido de los escritos a que se refieren los arts. 458<\/em> y 461 LECivil<\/em> en relaci\u00f3n a los arts. 456.1<\/em> y 465.5 LECivil<\/em> ( STC 212\/00, de 18\/9<\/em> y SsTS 532\/13 de 19\/9<\/em> , 714\/16, de 29\/11<\/em> y 384\/18 de 21\/6<\/em> ): imposibilidad de perjudicar al apelante, salvo que medie recurso\/impugnaci\u00f3n de la contraparte, y de ampliar el objeto del proceso introduciendo nuevas alegaciones y\/o pretensiones y en todo caso deber\u00e1n ser valorados todos los medios de prueba conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica ( art. 326.2.2.i. f. LECivil<\/em> y SsTS de 507\/19 de 10\/19 y 642\/16 de 26\/10<\/em> ). En el caso que nos ocupa la convicci\u00f3n judicial se ha formado siguiendo esa pauta tras la valoraci\u00f3n conjunta de todo el material probatorio aportado por las partes -ya veremos si de manera acertada- y teniendo en cuenta la regla seg\u00fan la cual a quien demanda corresponde demostrar los elementos constitutivos de su pretensi\u00f3n de tal forma que, en caso de duda -y la discrepancia entre los documentos 3 de la demanda y 19\/20 de la contestaci\u00f3n la abonan-, lo procedente ser\u00e1 el rechazo de aqu\u00e9lla ( art. 217.1<\/em> y 2 LECivil).<\/p>\n

En punto a la valoracion de la prueba recuerda la Audiencia Provincial de Girona, Secci\u00f3n 2\u00aa, Sentencia 40\/2021 de 2 Feb. 2021, Rec. 582\/2020; El art.217 de la LEC ,<\/em> que impone al actor la prueba de la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, seg\u00fan las normas jur\u00eddicas a ellos aplicables, el efecto jur\u00eddico<\/p>\n

correspondiente a las pretensiones de la demanda o de la reconvenci\u00f3n, y a los demandados en \u00e9stas la de los que impidan extingan o enerven la eficacia de los primeros. Es reiterada la jurisprudencia sobre la valoraci\u00f3n de esas pruebas en el sentido de que el criterio valorativo de los tribunales de primer grado debe, por regla general, prevalecer, pero que el expresado criterio, en principio prevalente, debe rectificarse en la segunda instancia cuando por parte del recurrente se ponga de manifiesto un evidente fallo en el razonamiento l\u00f3gico o en el “iter” inductivo del \u00f3rgano de la primera. Es tambi\u00e9n doctrina jurisprudencial la de que ese proceso valorativo de las pruebas es incumbencia de Jueces y Tribunales sentenciadores y no de las partes litigantes, a las que queda vedada toda pretensi\u00f3n de sustituir el criterio objetivo del \u00f3rgano enjuiciador por el suyo propio, dado que la prevalencia de la valoraci\u00f3n realizada por \u00e9ste obedece a la mayor objetividad que la de las partes, pues sus particulares y enfrentados intereses determina la subjetividad y parcialidad de sus planteamientos ( S.T.S. 1 marzo de 1994 ,<\/em> 20 julio de 1995). El Art\u00edculo 316 de la LEC<\/em> regula la valoraci\u00f3n del interrogatorio de las partes “1. Si no lo contradice el resultado de las dem\u00e1s pruebas, en la sentencia se considerar\u00e1n ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente y su fijaci\u00f3n como ciertos le es enteramente perjudicial.2. En todo lo dem\u00e1s, los tribunales valorar\u00e1n las declaraciones de las partes y de las personas a que se refiere el apartado 2 del art\u00edculo 301 seg\u00fan las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de lo que se dispone en los art\u00edculos 304 y 307”.<\/em><\/p>\n

De estas pruebas a valorar, sobre las testificales el art. 376 L.E.C<\/em> dice que los tribunales valorar\u00e1n la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, tomando en consideraci\u00f3n la raz\u00f3n de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran, a\u00f1adiendo su art.370.3 que, cuando el testigo posea conocimientos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos, art\u00edsticos o pr\u00e1cticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, el tribunal admitir\u00e1 las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> Objeto del recurso. Nulidad de partici\u00f3n hereditaria<\/p>\n

En toda cuesti\u00f3n hereditaria lo fundamental es la ley del causante, siempre libre de expresar su voluntad para marcar el contenido y las pautas de lo que haya de hacerse con su caudal hereditario mediante el otorgamiento del correspondiente testamento, que, en todo caso, a tenor de la norma del art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil, ha de interpretarse siempre, primero , en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca, claramente, que fue otra la voluntad del testador (en estos t\u00e9rminos, sentencia de esta Audiencia Provincial, Secci\u00f3n Quinta, de 8 de febrero de 2002). Es claro que en la sucesi\u00f3n testada habr\u00e1 de estarse, ante todo, y sobre todo, a la voluntad y deseos del testador seg\u00fan los ha plasmado en su testamento y cuando sus t\u00e9rminos sean claros y precisos. Por ello, el contador-partidor en el ejercicio de su funci\u00f3n de llevar a la pr\u00e1ctica las disposiciones del testamento est\u00e1 obligado a respetar la voluntad del testador, cumpliendo y ejecutando la correspondiente disposici\u00f3n testamentaria. En esta misi\u00f3n debe interpretar con car\u00e1cter previo el sentido y alcance de tales disposiciones con sujeci\u00f3n a las reglas legales establecidas en el citado art\u00edculo 675 C\u00f3digo Civil ( AP A Coru\u00f1a sentencia 3\/11\/2011)<\/p>\n

Audiencia Provincial de Madrid, Secci\u00f3n 18\u00aa, Sentencia 211\/2019 de 28 May. 2019, Rec. 498\/2018<\/strong> . La jurisprudencia sobre la base de la aplicaci\u00f3n a la partici\u00f3n de las normas de la ineficacia contractual considera existente nulidad cuando falta alguno de los elementos del contrato. En este sentido y por lo que hace al consentimiento, se establece la nulidad cuando hay ausencia de consentimiento de las personas que deben otorgarlo, art. 1261 CC , as\u00ed, se produce nulidad cuando alguno de los herederos no concurra en la partici\u00f3n ( SS de 7-2 y 10-6-58 , 7-1-65 , 9-12-70 , 28-5-74 )<\/em><\/p>\n

Audiencia Provincial de Asturias, Secci\u00f3n 7\u00aa, Sentencia 59\/2016 de 18 Feb. 2016, Rec. 648\/2015<\/strong> . La cuesti\u00f3n que aqu\u00ed se plantea es puramente f\u00e1ctica, y estriba en determinar si las cantidades de dicho modo dispuestas obedecen realmente a actos de disposici\u00f3n a t\u00edtulo oneroso, o encubren disposiciones no justificadas de alg\u00fan modo, a cuyos efectos debe traerse a colaci\u00f3n la doctrina sentada en materia de carga probatoria que al respecto ha se\u00f1alado la Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia 624\/2012 de 30 Oct. 2012, Rec. 797\/2010 , cuando indica que “dentro de la previsi\u00f3n testamentaria, la facultad de disponer deber\u00e1 entenderse restrictivamente conforme a la finalidad de conservaci\u00f3n que informa al fideicomiso de residuo. En parecidos t\u00e9rminos de l\u00f3gica jur\u00eddica los l\u00edmites, ya testamentarios o generales, al ejercicio de estas facultades de disposici\u00f3n tambi\u00e9n determinar\u00e1n la carga de la prueba, seg\u00fan la mayor o menor amplitud de las facultades concedidas. As\u00ed, por ejemplo, y dentro siempre de la previsi\u00f3n testamentaria, en los supuestos en que el heredero fiduciario venga autorizado con las m\u00e1s amplias facultades de disposici\u00f3n, la posible impugnaci\u00f3n de la transmisi\u00f3n efectuada correr\u00e1 a cargo del fideicomisario que deber\u00e1 probar que, fuera del objeto del fideicomiso, el fiduciario vaci\u00f3 el contenido del mismo actuando de mala fe o de forma fraudulenta o abusiva. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, esto es, cuando el testador limita dichas facultades respecto a los actos inter vivos y a t\u00edtulo oneroso, el correspectivo de la disposici\u00f3n formar\u00e1 parte natural del residuo y ser\u00e1 el fiduciario quien deba probar, en su caso, que su destino o consumici\u00f3n fue necesario y acorde con el objeto del fideicomiso”.<\/em><\/p>\n

QUINTO.-<\/strong> Caso analizado<\/p>\n

Expuesto lo que antecede y descendiendo al concreto estudio del caso planteado, decir que efectivamente y como las partes apeladas exponen en su escrito de oposici\u00f3n al recurso, el objeto a resolver qued\u00f3 delimitado en el acto de la vista de la audiencia previa fijando y concretando cu\u00e1les eran las peticiones de las partes y sobre lo que se deb\u00eda resolver en relaci\u00f3n y punto a las partidas que deb\u00edan ser en su caso rectificadas, interesando el demandante por ello la nulidad de la partici\u00f3n a los que este Tribunal responde recordando que en todo caso y como dice la A.P. de burgos Secci\u00f3n 2\u00aa, Sentencia 504\/2011 de 30 Dic. 2011, Rec. 373\/2010<\/strong> “que la forma de valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas no puede suponer la nulidad del cuaderno particional, sino que, en su caso, supondr\u00eda su modificaci\u00f3n en la medida en que la actividad probatoria de ambas instancias afectare a las operaciones particionales realizadas en el cuaderno particional”.<\/em><\/p>\n

As\u00ed las cosas; y partiendo de la constataci\u00f3n evidente de que antes de efectuar el presente cuaderno particional se protocoliz\u00f3 el cuaderno particional del marido de la ahora causante Sr. Ignacio , y el cual no fue impugnando, deviene consecuente que dif\u00edcilmente puede instar nulidad por falta de su consentimiento cuando conoce y le constan los bienes existentes y sus valoraciones por participar activamente en la confecci\u00f3n y formaci\u00f3n del inventario de la herencia del padre de la actora, con elaboraci\u00f3n de cuaderno particional por los dos contadores designados y sin oposici\u00f3n del ahora apelante.<\/p>\n

Comienza el apelante alegando congruencia de nulidad de la partici\u00f3n por no respetar la voluntad de la testadora, qui\u00e9n hab\u00eda designado a dos contadores partidores y solo se confeccion\u00f3 por uno de ellos, pero lo cierto es que el contador partidor que elabora la partici\u00f3n ahora impugnada manifiesta y no hay prueba en contrario que desvirt\u00fae su declaraci\u00f3n que puesto en conocimiento con el Letrado Sr. \u00cd\u00f1igo , \u00e9ste le manifest\u00f3 que no quer\u00eda participar en la elaboraci\u00f3n de otro cuadro particional de esta familia ante las desavenencias provocadas en el primero, por tanto no se puede admitir que no hay una voluntad expresada por el afectado de renunciar a su nombramiento y en este punto podemos recodar como dice la Audiencia Provincial de Salamanca, Sentencia 467\/2012 de 11 Sep. 2012, Rec. 615\/2011 :<\/strong> “La renuncia al cargo de albacea est\u00e1 regulado expresamente en el art\u00edculo 899 del mismo texto legal, indicando el precepto que tal renuncia exige siempre la alegaci\u00f3n de una causa justa al prudente arbitrio del juez, si bien es cierto que alg\u00fan sector de la doctrina, considera que tambi\u00e9n es posible la renuncia sin justa causa, con independencia de las consecuencias que ello suponga para el renunciante, como cabe deducir de una interpretaci\u00f3n razonable de lo dispuesto en el art\u00edculo 910, relativo a las formas en que termina el albaceazgo y el art\u00edculo 900 cuando determina las consecuencias que la renuncia sin justa causa tiene para el albacea, las mismas que para aqu\u00e9l que no acepta el cargo, esto es perder lo que le hubiese dejado el testador, salvo siempre el derecho que tuviere a la leg\u00edtima. Evidentemente nos inclinamos por esta segunda posibilidad, pues as\u00ed se evita la permanencia en el cargo quien, aunque se le sancione por ello, no lo desempe\u00f1a, permitiendo al mismo tiempo dar paso a otro que efectivamente realice la misi\u00f3n que aqu\u00e9l incumple, pues los interesados, herederos y legatarios, se podr\u00edan ver obligados a soportar su inacci\u00f3n y la ejecuci\u00f3n de la voluntad del testador quedar\u00eda en suspenso, y todo ello, sin perjuicio, de las consecuencias expresamente previstas en el art\u00edculo 900 y la posibilidad de exigirle responsabilidad por los da\u00f1os y perjuicios que cause. Parece mucho m\u00e1s sensato admitir la salida del cargo a quien no quiere desempe\u00f1arlo, pues ser\u00eda peor remedio el obligarle a seguir en \u00e9l”.<\/em><\/p>\n

No hay duda alguna de que el cargo de albacea es voluntario, y as\u00ed lo contempla el art\u00edculo 898 y que, en principio, la repudiaci\u00f3n debe hacerse en el tiempo previsto, siendo, al igual que la aceptaci\u00f3n, una declaraci\u00f3n unilateral de voluntad, inter vivos, que puede ser incluso t\u00e1cita y que no requiere de una forma determinada, pura y total, esto es indivisible.<\/p>\n

La voluntariedad supone que el albacea no necesite excusa alguna para no aceptar el cargo, pues tal aceptaci\u00f3n no es obligatoria, debiendo tener en cuenta que en la opci\u00f3n o no de aceptar el encargo goza de cierta relatividad, pues depende de factores como la amistad y relaci\u00f3n entre el testador y la persona por \u00e9l elegida, quedando todo ello, en el \u00e1mbito de la subjetividad.<\/p>\n

De lo explicitado, si el contador Sr. Jeronimo que realiz\u00f3 el cuaderno particional ahora impugnada manifiesta que se le expuso por el Sr. \u00cd\u00f1igo voluntad de renuncia de tal cargo quien alega que no concurre dicha voluntad le incumbe probar el hecho que alega y sin que haya tra\u00eddo al procedimiento al apelante Sr. \u00cd\u00f1igo para que en su caso pudiera ser interrogado al respecto de dicha renuncia por lo que dif\u00edcilmente puede ser mantenido que la manifestaci\u00f3n del contador que s\u00ed acept\u00f3 el cargo y elabor\u00f3 el cuaderno particional, que no fuera cierta la renuncia del otro contador partidor nombrado en el testamento; y esta conclusi\u00f3n permite ratificar la desestimaci\u00f3n de la nulidad alegada en tanto que se ha cumplido claramente con lo dispuesto en el testamento de la causante.<\/p>\n

En punto a la adici\u00f3n de bienes o en su caso de las valoraciones de los mismos, incide la parte apelante en la falta de prueba de los hechos que alegan los demandados habiendo aportado por su parte prueba<\/p>\n

suficiente desvirtuando lo alegado por estos; pero lo cierto es que revisado que ha sido la prueba la Sala llega al mismo convencimiento que la juzgadora; y as\u00ed y en cuanto a la demandada Sra. Micaela esta Sala concluye con el convencimiento jur\u00eddico de que consta capacidad econ\u00f3mica del Sr. Juan Mar\u00eda esposo de Micaela (demandada) para poder adquirir el bien que se dice adquieren de los padres, se aporta como era empleado con salario suficiente como para asumir en las circunstancias que el mismo se encontraba y que prueba la entrega del precio para adquirir el inmueble: ninguna prueba objetiva logra traer el demandante para desacreditar tal hecho siendo que se aporta escritura de compraventa respecto de los locales que est\u00e1n a nombre de Micaela y en los que los padres se reservan el usufructo; la prueba de que dicha escritura no es real, siendo una donaci\u00f3n en su caso, que debe ser ahora colacionada al caudal relicto el valor de los bienes inmuebles, se debe acreditar por el qui\u00e9n lo invoca y ante las manifestaciones que en la escritura se expresan como de quien se adquieren los bienes y que se hab\u00eda otorgado carta de pago entregando el precio previamente, dif\u00edcilmente se puede colegir de ello, sin prueba en contrario, que no fuera cierta la entrega del precio; ning\u00fan documento suficiente se trae al proceso resultando irrelevante las manifestaciones del padre Sr. Octavio en un libro que el mismo elabor\u00f3 sin poder ratificar dado su fallecimiento previo.<\/p>\n

Ciertamente la parte recurrente pretende ahora o bien colacionar unos bienes o bien sus valoraciones en tanto que sostiene que se ha provocado por el contador una lesi\u00f3n de sus derechos hereditarios, por ello ejercita acci\u00f3n de rescisi\u00f3n: pero al entender de esta Sala si el ahora apelante no interes\u00f3 la impugnaci\u00f3n del cuaderno particional que se elabora en relaci\u00f3n a la herencia del padre y la herencia que ahora se reparte es la de la madre en la que concurre id\u00e9ntico caudal relicto no se entiende la actuaci\u00f3n del recurrente; si acept\u00f3 en su momento que la vivienda donada a la Sra. Montserrat no era colacionable por as\u00ed disponerlo el testamento del padre e igualmente as\u00ed los dispone el testamento de la madre, es manifiesta su conducta contradictoria: igualmente respecto de los bienes de su hermana Micaela o del tal\u00f3n que se dice en relaci\u00f3n a que el hermano Octavio , o de las cantidades obtenidas por rendimiento o dividendo que claramente est\u00e1n vinculadas a unas cuentas corrientes y por tanto se imputan a quien corresponde a dicha cuenta, tal y como el contador partidor as\u00ed lo aclar\u00f3 siendo que los hechos que se vinculan respecto de la atribuci\u00f3n en el cuaderno particional de tales bienes a cada hermano y la justificaci\u00f3n de su no integraci\u00f3n ni los bienes ni sus valoraciones al caudal relicto de la madre como realiz\u00f3 y verific\u00f3 el contador partidor que ya particip\u00f3 en el de los padres, siendo id\u00e9nticas la causa que lo fundamenta en la partici\u00f3n del padre, y que acept\u00f3 el recurrente va en contra de sus propios actos impugnar ahora la partici\u00f3n de la madre, lo cual para este Tribunal supone ir en contra de sus propios actos, recordando al respecto que seg\u00fan reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ( SSTS 21-12-1984, 17-7-1995 y 23-5-1997, entre muchas otras) son aquellos actos que “crean una determinada situaci\u00f3n jur\u00eddica que no puede verse alterada de forma unilateral y posterior por la sola voluntad contraria de aqu\u00e9l que los efectu\u00f3, de tal modo que existe una vinculaci\u00f3n que obliga a la misma parte y que no permite modificaci\u00f3n so pena de defraudar la buena fe que preside las relaciones contractuales y a\u00fan incluso la seguridad jur\u00eddica en orden a la alteraci\u00f3n de situaciones que se consideran consolidadas, requiri\u00e9ndose para que puedan estimarse vinculantes que aquellos sean concluyentes, e indubitados, siendo necesario que se presenten como solemnes, precisos, claros, determinantes, perfectamente delimitados, no ambiguos ni inconcretos, definiendo de forma inequ\u00edvoca la intenci\u00f3n y situaci\u00f3n del que los realiza”.<\/p>\n

Por \u00faltimo, se ratifica la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n ahora interesada de que se efect\u00fae una valoraci\u00f3n del ajuar dom\u00e9stico, en tanto que ello no fue peticionado en el inicio de su demanda, recordando que en la audiencia previa se fij\u00f3 y delimit\u00f3 las concretas peticiones de las partes litigantes por lo que no cabe incluir a lo largo del procedimiento otras pretensiones distintas de las fijadas en dicho momento.<\/p>\n

SEXTO.-<\/strong> En conclusi\u00f3n se desestima el recurso y se imponen las costas al apelante.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO<\/strong> .- La disposici\u00f3n adicional 15.\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisi\u00f3n del recurso y la confirmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, determinar\u00e1 la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito.<\/p>\n

Vistos los preceptos legales citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n,<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que Desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto<\/strong> por la representaci\u00f3n procesal de D. Ignacio contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1\u00aaInstancia n\u00ba 3 de Bilbao en autos de Procedimiento Ordinario n\u00ba 38\/2019 de fecha 25 de junio de 2021, Debemos Confirmar como confirmamos<\/strong> dicha resoluci\u00f3n, con imposici\u00f3n de las costas de esta alzada a la parte apelante.<\/p>\n

Transfi\u00e9rase el dep\u00f3sito por la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos inadmitidos y desestimados.<\/p>\n

MODO DE IMPUGNACI\u00d3N:<\/strong> contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N<\/strong> ante la Sala de lo Civil del TS, si se acredita inter\u00e9s casacional<\/strong> . El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC).<\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL<\/strong> ante la Sala de lo Civil del TS por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LEC).<\/p>\n

Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito<\/strong> de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4703 0000 00 0449 21. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer<\/strong> los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

Firme que sea la presente resoluci\u00f3n, devu\u00e9lvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con certificaci\u00f3n literal de esta resoluci\u00f3n, para su conocimiento y ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N.-<\/strong> Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certifico.<\/p>\n

La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n

Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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