{"id":10813,"date":"2025-10-06T12:57:11","date_gmt":"2025-10-06T10:57:11","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-22-03-2022\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:56","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:56","slug":"sap-de-bizkaia-sec-5a-22-03-2022","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-22-03-2022\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 22 de marzo de 2022"},"content":{"rendered":"

<\/a>Roj: SAP BI 718\/2022<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2022:718<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370052022100049<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 5<\/strong><\/p>\n

Fecha: 22\/03\/2022<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 385\/2020<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 81\/2022<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Recurso de apelaci\u00f3n. Procedimiento ordinario<\/strong> Ponente: LEONOR ANGELES CUENCA GARCIA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

Resoluciones del caso: SJPI, Bilbao, n\u00fam. 9, 02-10-2020 (proc. 1063\/2018), SAP BI 718\/2022<\/strong><\/p>\n

<\/a>AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA. SECCI\u00d3N QUINTA<\/strong><\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA. BOSGARREN ATALA<\/strong><\/p>\n

BARROETA ALDAMAR, 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001<\/p>\n

TEL.<\/strong> : 94-4016666 Fax \/ Faxa<\/strong> : 94-4016992<\/p>\n

Correo electr\u00f3nico\/ Helbide elektronikoa: audiencia.s5.bizkaia@justizia.eus<\/a> \/<\/p>\n

probauzitegia.5a.bizkaia@justizia.eus<\/a><\/p>\n

NIG PV \/ IZO EAE: 48.04.2-18\/037768<\/p>\n

NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48020.42.1-2018\/0037768<\/p>\n

Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 \/ Prozedura arrunteko apelazio-errekurtsoa; 2000ko PZL 385\/2020 – N<\/strong><\/p>\n

O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia<\/em> : Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 9 de Bilbao \/ Bilboko Lehen Auzialdiko 9 zenbakiko Epaitegia<\/p>\n

Autos de Procedimiento ordinario 1063\/2018 (e)ko autoak<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea: Romeo<\/p>\n

Procurador\/a\/ Prokuradorea:EDUARDO RAMON LOPEZ CRUZ<\/p>\n

Abogado\/a \/ Abokatua: SERGIO LORENZO RUIZ APARICIO<\/p>\n

Recurrido\/a \/ Errekurritua: Patricia<\/p>\n

Procurador\/a \/ Prokuradorea: IKER LEGORBURU URIARTE<\/p>\n

Abogado\/a\/ Abokatua: MIGUEL SAEZ-SANTURTUN PRIETO<\/p>\n

SENTENCIA N.\u00ba: 81\/2022<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMAS. SRAS.<\/p>\n

D\u00f1a. MAR\u00cdA ELISABETH HUERTA S\u00c1NCHEZ<\/strong><\/p>\n

D\u00f1a. LEONOR CUENCA GARC\u00cdA<\/strong><\/p>\n

D\u00f1a. IZASKUN NAZARA LACAMBRA<\/strong><\/p>\n

En BILBAO, a veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintid\u00f3s<\/p>\n

En nombre de S.M. el Rey, por la autoridad que le concede la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Vistos por la Secci\u00f3n 5\u00aa de esta Audiencia Provincial en grado de apelaci\u00f3n, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO N\u00ba 1063\/18<\/strong> seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 9 de Bilbao y del que son partes como demandante, Romeo ,<\/strong> representado por el Procurador Sr. L\u00f3pez Cruz y dirigido por el Letrado Sr. Ruiz Aparicio y como demandada Patricia ,<\/strong> representada por el Procurador Sr. Legorburu Uriarte y dirigida por el Letrado Sr. Saez-Santurtun Prieto, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada D\u00aa Leonor Cuenca Garc\u00eda.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.<\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Por la Juzgadora de primera instancia se dict\u00f3 con fecha 2 de octubre de 2020 sentencia cuya parte dispositiva literalmente dice:<\/p>\n

” Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador EDUARDO RAM\u00d3N LOPEZ CRUZ, en nombre y representaci\u00f3n de Romeo , contra Patricia , con Procurador IKER LEGORBURU URIARTE, debo absolver y absuelvo a la citada demandada de los pedimentos contenidos en el escrito de demanda, con imposici\u00f3n de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte actora.”.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de Romeo y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa su tramitaci\u00f3n y emplazamiento de las partes.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> Seguido este recurso por sus tr\u00e1mites se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda para su votaci\u00f3n y fallo.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> En la tramitaci\u00f3n de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y t\u00e9rminos legales, excepto el plazo para dictar sentencia, entre otras razones, por la licencia por enfermedad de la Magistrada Ponente, haci\u00e9ndose constar que la duraci\u00f3n de la grabaci\u00f3n del Cd correspondiente al tr\u00e1mite de audiencia previa es la de 7 minutos y 29 segundos y la del acto de juicio es la de 23 minutos y 3 segundos.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> La parte apelante, demandante en la instancia, interesa la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida y que en su lugar se dicte otra por la que tras una adecuada valoraci\u00f3n de la prueba practicada y aplicaci\u00f3n del derecho, se estime su demanda y se declare:<\/p>\n

.- La inexistencia de la causa de apartamiento expresada en la escritura de aceptaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n parcial de herencia otorgada el d\u00eda 29 de noviembre de 2017, ante la Notaria de Bilbao la Sra. Raquel Ruiz Torres, bajo el n\u00ba 1550 de su protocolo, por la demandada la Sra. Patricia .<\/p>\n

.- El derecho de mi representado a la leg\u00edtima que le corresponde en la herencia de su madre, la Sra. Blanca , y se condene a la demandada a estar y pasar por estas declaraciones y al abono de las costas causadas.<\/p>\n

Y ello por entender que en su resoluci\u00f3n la Juzgadora de instancia incurre:<\/p>\n

.- en la infracci\u00f3n procesal de falta de motivaci\u00f3n al no haber realizado la m\u00ednima valoraci\u00f3n de los argumentos esgrimidos por esta parte ni considerado las \u00faltimas resoluciones judiciales dictadas, de modo especial, la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 13 de mayo de 2019 y del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco de 20 de julio de 2018 que apoyan nuestra tesis, sin dar respuesta al conflicto intertemporal planteado en el litigio, lo que implica vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.<\/p>\n

.- en infracci\u00f3n del art. 9 n\u00ba 8 del C\u00ba Civil y de la carencia de fuerza vinculante de las Resoluciones de la Direcci\u00f3n General del Registro y Notariado.<\/p>\n

As\u00ed para la desestimaci\u00f3n de la demanda se basa en una serie de resoluciones de la DGRN, sin considerar las resoluciones judiciales citadas en la demanda, cuando nos encontramos que la madre de las partes otorg\u00f3 testamento sujeto al C\u00ba Civil produci\u00e9ndose su fallecimiento cuando se hab\u00eda dado ya la entrada en vigor de la Ley de Derecho Civil Vasco, Ley 5\/2015 de 25 de junio, sin haber modificado aquel la causante, con la incidencia que ello tiene, como se argumenta en nuestro escrito de interposici\u00f3n del recurso, y la resoluci\u00f3n al respecto dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco de 20 de julio de 2018<\/p>\n

.- en vulneraci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica consagrado en el art. 9 n\u00ba 3 C\u00ba Civil que junto con los arts. 24 n\u00ba 1 y 26 del Reglamento de la Uni\u00f3n Europea 650\/2012 deben regir la interpretaci\u00f3n de las disposiciones mortis causa, de conformidad con la ley vigente al tiempo del testamento.<\/p>\n

.- en una err\u00f3nea valoraci\u00f3n de la prueba, pues teniendo en cuenta que el testamento de su madre se otorga apenas dos meses despu\u00e9s de la muerte de su esposo, en un momento en el que las relaciones madre e hijo era buena, as\u00ed como hasta dos a\u00f1os despu\u00e9s, como en cierto sentido reconoce la Sra. Blanca , no se entiende el cambio de testamento en el a\u00f1o 2011 a no ser propiciado por la demandada con la intenci\u00f3n de quedarse con la vivienda en la que conviv\u00eda con su madre, pero no con la voluntad de desheredarle, intenci\u00f3n que no hizo constar la Notaria autorizante.<\/p>\n

En todo en relaci\u00f3n con las costas, se ha de tener en cuenta frente al principio del vencimiento objetivo, las dudas de hecho y de derecho, ante la falta de previsi\u00f3n legal y la cierta inseguridad jur\u00eddica al respecto sobre la cuesti\u00f3n controvertida, conforme al art. 394 LEC.<\/p>\n

SEGUNDO.- La motivaci\u00f3n de la sentencia.<\/em><\/strong><\/p>\n

La parte apelante denuncia la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia recurrida con vulneraci\u00f3n, por ello, del art. 120 CE y del art. 218 LEC, al no haber realizado la Juzgadora la m\u00ednima valoraci\u00f3n de los argumentos esgrimidos por esta parte ni considerado las \u00faltimas resoluciones judiciales dictadas, de modo especial, la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 13 de mayo de 2019 y del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco de 20 de julio de 2018 que apoyan nuestra tesis, sin dar respuesta al conflicto intertemporal planteado en el litigio, lo que implica vulneraci\u00f3n del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.<\/p>\n

Ante tal alegaci\u00f3n se ha de reflexionar sobre lo que la infracci\u00f3n procesal denunciada implica, teniendo en cuenta que de existir su consecuencia, dado que no se interesa la nulidad de la sentencia y que esta Sala no puede acordarla de oficio con ocasi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, a no ser, que no es el caso, que se est\u00e9 ante alguno de los supuestos que prev\u00e9 el art. 227 n\u00ba 1 y 2 LEC, ser\u00eda dictar la sentencia que se estime ajustada a derecho conforme los l\u00edmites del debate planteados en este alzada en atenci\u00f3n a la posici\u00f3n de las partes en el proceso.<\/p>\n

Al respecto, esta Sala, entre otras resoluciones, en sus sentencias 16 de mayo de 2017, 23 de mayo de 2019 y 10 de marzo de 2021 ha declarado lo siguiente:<\/p>\n

” Igualmente, no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional ha establecido de modo reiterado que el derecho fundamental a la tutela judicial obliga a los \u00f3rganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los t\u00e9rminos en que aparezcan planteadas ( art. 218, 208 y 209 y art. 11 y 248 n\u00ba 3 LOPJ), de modo que tal deber se vulnera tanto si no se responde a las cuestiones planteadas ( incongruencia omisiva ) como si se resuelven cuestiones no planteadas respecto de las que partes no han tenido oportunidad de defenderse, no respet\u00e1ndose, por tanto, el principio de contradicci\u00f3n (incongruencia extra petitum), siempre que se d\u00e9 una alteraci\u00f3n de los t\u00e9rminos del debate que cause indefensi\u00f3n a las partes con relevancia constitucional y que no se pueda hablar de una desestimaci\u00f3n t\u00e1cita. Mas, para que tal declaraci\u00f3n se d\u00e9 es preciso que la cuesti\u00f3n no resuelta haya sido efectivamente planteada en el momento procesal oportuno y que se d\u00e9 una ausencia de respuesta razonada, bien entendido que se ha considerado como v\u00e1lida constitucionalmente la respuesta gen\u00e9rica a la cuesti\u00f3n planteada, la no resoluci\u00f3n de pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisi\u00f3n que se adopte respecto a otras tambi\u00e9n planteadas en el proceso, que al ser de enjuiciamiento preferente, por su naturaleza (ej. una excepci\u00f3n dilatoria cuya estimaci\u00f3n obvia el an\u00e1lisis del tema de fondo) o por su conexi\u00f3n procesal, hacen innecesario su pronunciamiento sobre aquellas otras ; o, atendiendo a las circunstancias del caso se pueda afirmar que el silencio puede suponer desestimaci\u00f3n t\u00e1cita suficiente, si bien en tales casos es necesario que as\u00ed pueda deducirse de otros razonamientos de la sentencia o pueda apreciarse que la respuesta expresa no era necesaria e imprescindible (TC 1\u00ba S 122\/94 de 25 de Abril; S 169\/94 de 6 de Junio, S 87\/94 de 14 de Marzo; S. 47\/1997 de 11 de Marzo; S.111\/1997 de 3 de Junio, TC 2\u00ba S 91\/95 de 19 de Junio y S 146\/95 de 16 de Octubre; S 4\/1994 de 17 de Enero, entre otras), ya que no debe olvidarse que el art. 24 n\u00ba 2 de la C.E. reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener una respuesta judicial motivada, razonable y coherente a sus pretensiones, siempre que \u00e9stas se ejerciten con cumplimiento de los requisitos de procedibilidad legalmente establecidos. Este deber de motivaci\u00f3n que se reitera en el art. 120 n\u00ba 3 de la Constituci\u00f3n, en los art\u00edculos 11 y 248 L.O.P. J. y en el art. 206 a 209 LEC, consiste en el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, sin que sea exigible una extensi\u00f3n determinada, y sin que el Juez o Tribunal est\u00e9 obligado a realizar una exhaustiva descripci\u00f3n del proceso intelectual que le lleva a resolver en un determinado sentido, siendo suficiente el que tales razones se expresen de modo que pueda entenderse el porqu\u00e9 de lo resuelto. Este deber tiene como finalidad no s\u00f3lo garantizar el conocimiento del porqu\u00e9 de una decisi\u00f3n judicial, sino tambi\u00e9n facilitar su control a trav\u00e9s de los recursos establecidos por el ordenamiento jur\u00eddico, de manera que se pueda<\/p>\n

comprobar que aqu\u00e9lla es fruto de un proceso racional y no de una decisi\u00f3n arbitraria, m\u00e1xime cuando el art. 9 n\u00ba 3 C.E. proh\u00edbe la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos. En definitiva, pretende que el ciudadano conozca la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial, y tambi\u00e9n que el \u00f3rgano judicial que resuelva el eventual recurso que se interponga contra aqu\u00e9lla, sepa las razones que llevaron al Juzgador a dictarla y pueda as\u00ed vistas las alegaciones de las partes, considerar si al misma es ajustada a Derecho o no.<\/p>\n

A lo hasta ahora razonado, ha de considerarse que el proceso civil por su naturaleza est\u00e1 sometido al principio de rogaci\u00f3n o justicia rogada ( art. 216 LEC).”.<\/p>\n

Al respecto el Tribunal Supremo, Sala Primera en su sentencia de 2 de setiembre de 2009 declara ” Como dice la sentencia de 24 de septiembre de 2008 \u00ab la argumentaci\u00f3n que precede al solemne pronunciamiento judicial dota a la sentencia de la “auctoritas” y le proporciona la fuerza de la raz\u00f3n, de manera que la motivaci\u00f3n, que se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva, tiene la doble funci\u00f3n de dar a conocer las reflexiones que conducen al fallo y facilitar su control a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, favoreciendo un m\u00e1s completo derecho a la defensa en juicio y como un elemento preventivo de la arbitrariedad (…), que implica la carencia de fundamento alguno de raz\u00f3n o de experiencia, convirtiendo en caprichoso el comportamiento humano, cuyas pautas han de ser la racionalidad, la coherencia y la objetividad ( STC n\u00famero 325\/1994, de 12 de diciembre )”.<\/p>\n

Por tanto de lo dicho, cabe concluir que la motivaci\u00f3n de una sentencia es simplemente la fundamentaci\u00f3n coherente con el fallo, es decir la justificaci\u00f3n que lleva al Tribunal a la estimaci\u00f3n o desestimaci\u00f3n de las pretensiones de las partes, sin que pueda decirse que una sentencia carece de la misma porque se est\u00e9 en desacuerdo con ella ( T.S. Sala Primera, S.1 de julio de 2010, 18 de marzo, 18 de abril y 30 de julio de 2013″.<\/p>\n

Es m\u00e1s, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 8 de julio de 2013, reitera la doctrina antes indicada cuando declara:<\/p>\n

“Con mayor detalle, las sentencias de 8 marzo 2013 y 18 abril del mismo a\u00f1o dicen:<\/p>\n

La jurisprudencia ha sido muy reiterada en este tema; as\u00ed, sentencias de 11 octubre 2004, 1 de julio de 2011, 21 septiembre 2011, 7 noviembre 2011, 2 noviembre 2012, que dicen: No exige la argumentaci\u00f3n pormenorizada de cada uno de los puntos – hechos y alegaciones- que han surgido en el proceso, sino la fundamentaci\u00f3n del fallo de la sentencia, quedando justificado \u00e9ste por la exposici\u00f3n, dando a las partes las razones de la decisi\u00f3n, lejos del arbitrio judicial. En este sentido, dice la sentencia de 11 de octubre de 2004 que la motivaci\u00f3n de las sentencias, como se\u00f1ala la del Tribunal Constitucional 213\/2.003, de 1 de diciembre, al interpretar las normas de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola sobre la misma, constituye adem\u00e1s de un deber constitucional de los Jueces, un derecho de quienes intervienen en el proceso, protegido por la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola. Al primer aspecto se refiere la sentencia del mismo Tribunal 35\/2002, de 11 de febrero , tras la 24\/1990, de 15 de febrero , para poner de manifiesto que la exigencia de motivaci\u00f3n est\u00e1 directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho ( art\u00edculo 1.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola ) y con el car\u00e1cter vinculante que, para Jueces y Magistrados, tiene la Ley, a cuyo imperio est\u00e1n sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional ( art\u00edculo 117.1.3 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola ), ya que hay que dar raz\u00f3n del derecho judicialmente interpretado y aplicado, con lo que se cumple tanto la finalidad de evidenciar que el fallo es una decisi\u00f3n razonada en t\u00e9rminos de derecho, como con la de hacer posible el control jurisdiccional de la resoluci\u00f3n por medio del sistema de recursos previsto en el ordenamiento. El segundo aspecto es tratado en la sentencia 196\/2003, de 27 de octubre, seg\u00fan la que el derecho a obtener una resoluci\u00f3n fundada, favorable o adversa, como garant\u00eda frente a la arbitrariedad, exige que contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cu\u00e1les han sido los criterios jur\u00eddicos que fundamentan la decisi\u00f3n. “. …<\/p>\n

Con car\u00e1cter general, esta Sala tiene declarado que la motivaci\u00f3n, como derecho incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva del art\u00edculo 24 CE , es un requisito de la sentencia que exige que se haga saber a las partes o se exterioricen cu\u00e1les son las razones que conducen al fallo de una resoluci\u00f3n, con independencia de su acierto y su extensi\u00f3n, de forma que este razonamiento pueda someterse a control a trav\u00e9s de los correspondientes recursos. Por esta raz\u00f3n, la denuncia por falta de motivaci\u00f3n no puede confundirse con una mera discrepancia con las conclusiones que obtiene una sentencia. Estas conclusiones podr\u00e1n ser revisadas en el marco del recurso de casaci\u00f3n, si la falta de acierto que se pretende denunciar se refiere a la valoraci\u00f3n jur\u00eddica los hechos y a la aplicaci\u00f3n de una determinada norma sustantiva o, de forma muy restrictiva, a trav\u00e9s del error en la valoraci\u00f3n probatoria cuando la disconformidad se refiere a la formaci\u00f3n del juicio f\u00e1ctico. De esta forma, s\u00f3lo una motivaci\u00f3n il\u00f3gica o arbitraria, porque en la sentencia no expresen o no se entiendan las razones por las que sientan las conclusiones del litigio o su fallo, podr\u00eda ser revisada a trav\u00e9s de este recurso, aunque resulta posible una remisi\u00f3n a la motivaci\u00f3n ofrecida en la sentencia de primera instancia.<\/p>\n

La sentencia 790\/2013 de 27 de diciembre, sintetiza la exigencia de este presupuesto en los siguientes t\u00e9rminos:<\/p>\n

\u00ab […] Para analizar esta cuesti\u00f3n, primero hemos de partir de la jurisprudencia constitucional sobre el alcance del deber de motivaci\u00f3n de las sentencias. C\u00f3mo record\u00e1bamos en la sentencia 662\/2012, de 12 e noviembre, el Tribunal Constitucional “ha venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los \u00f3rganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La raz\u00f3n \u00faltima que sustenta este deber de motivaci\u00f3n reside en la sujeci\u00f3n de los jueces al Derecho y en la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1 CE ), cumpliendo la exigencia de motivaci\u00f3n una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jur\u00eddica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la correcci\u00f3n y justicia de la decisi\u00f3n; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resoluci\u00f3n por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relaci\u00f3n directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resoluci\u00f3n, exteriorizada en la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensi\u00f3n de la motivaci\u00f3n, cualquiera que sea su brevedad y concisi\u00f3n, incluso en supuestos de motivaci\u00f3n por remisi\u00f3n ( SSTC 108\/2001, de 23 de abril , y 68\/2011, de 16 de mayo )”. De este modo, deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cu\u00e1les han sido los criterios jur\u00eddicos esenciales fundamentadores de la decisi\u00f3n, es decir, la ratio decidendi que ha determinado aqu\u00e9lla ( Sentencia 294\/2012, de 18 de mayo )\u00bb.<\/p>\n

Por su parte, la exhaustividad exige que las sentencias se pronuncien sobre las pretensiones deducidas oportunamente por las partes en el pleito. Esta exigencia no supone que la sentencia se refiera a todas las alegaciones y razones planteadas por las partes para aceptar o rechazar sus peticiones, sino que aquella se pronuncie sobre todas las excepciones opuestas por el demandado o demandante reconvenido que, al no constituir verdaderas pretensiones integrantes del suplico, no pueden ampararse bajo el principio de congruencia.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con el derecho a la tutela judicial efectiva, la STC 25\/2012, de 27 de febrero, tras las n\u00fameros 52\/2005, de 14 de marzo , 4\/2006, de 16 de enero , 85\/2006, de 27 de marzo , 138\/2007, de 4 de junio , 144\/2007, de 18 de junio , y 165\/2008, de 15 de diciembre destac\u00f3, en la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 24 CE , que la exigencia de que el \u00f3rgano judicial ofrezca respuesta a las pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, responde a que se evite que se produzca un desajuste entre ellas y el fallo judicial, el cual tiene lugar, entre otros casos, cuando queda sin respuesta alguna, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio como desestimaci\u00f3n t\u00e1cita, cuya motivaci\u00f3n pueda inferirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resoluci\u00f3n.”.<\/p>\n

Doctrina que se reitera en su sentencia de 25 de mayo de 2016 en la que adem\u00e1s declara:<\/p>\n

” A lo anterior cabe a\u00f1adir, como se indica en la sentencia de 15 de octubre de 2001, debe distinguirse la ausencia de motivaci\u00f3n de las peculiares interpretaciones de valoraci\u00f3n de la prueba y de la fijaci\u00f3n de los hechos probados que esgrime la parte, sin que pueda ampararse en la falta de motivaci\u00f3n la revisi\u00f3n del acervo probatorio.”.<\/p>\n

Desde esta perspectiva que obedece al \u00e1mbito del proceso civil en el que nos encontramos, cabe concluir que no concurre la infracci\u00f3n procesal denunciada ya que:<\/p>\n

a.- no se debe confundir la no respuesta a una pretensi\u00f3n con la idea que una parte tenga de la misma o de la forma en la que debe ser respondida, esto es si la Juzgadora de manera, m\u00e1s o menos, motivada y no olvidemos que desde el punto de vista del derecho constitucional no existe el derecho a una motivaci\u00f3n exhaustiva, siendo factible la remisi\u00f3n a otras resoluciones judiciales, argumenta la raz\u00f3n por la que desestima la demanda, la parte que no se encuentre conforme deber\u00e1 acudir a la interposici\u00f3n del recurso pertinente, como es el caso, en el que el Tribunal valorando la posici\u00f3n de cada una de las partes y la prueba practicada determinar\u00e1 si la sentencia es ajustada a derecho o no, conforme a la funci\u00f3n y facultades que nos confiere el recurso de apelaci\u00f3n ( art. 456 y ss LEC) y, entre ellas, si la conclusi\u00f3n derivada de la aplicaci\u00f3n del derecho, en atenci\u00f3n a la pretensi\u00f3n ejercitada, a los hechos declarados probados, incluidos los notorios, o incontrovertidos, es correcta o no.<\/p>\n

b.- el deber de motivaci\u00f3n no exige la consideraci\u00f3n en la resoluci\u00f3n, expresamente, de cada uno de los medios de prueba practicados ( art. 218 n\u00ba 2 LEC), pues no hay necesidad de motivar el porqu\u00e9 se acepta un medio de prueba y no otro, y ello de no darse en modo alguno determina, per se, que la sentencia sea incorrecta o que se le haya causado indefensi\u00f3n a la parte, cuando es evidente, por lo que se ha razonado, que conoce el porqu\u00e9 de la decisi\u00f3n judicial, aunque no la comparta.<\/p>\n

c.- no entra\u00f1a tal defecto y s\u00ed una cuesti\u00f3n sometida a la valoraci\u00f3n del Tribunal de apelaci\u00f3n al resolver el recurso, la incorrecta valoraci\u00f3n de la prueba o lo adecuado o no de dar prevalencia a un medio de prueba frente al respecto de otro, o la indebida aplicaci\u00f3n del derecho.<\/p>\n

Esto es, conforme a lo hasta ahora razonado, y como se deduce de su lectura la sentencia cuyo recurso de apelaci\u00f3n pende ante esta Sala, no puede decirse que carezca de motivaci\u00f3n, pues a trav\u00e9s de su argumentaci\u00f3n se deducen las razones por las que se desestima la demanda no siendo precisa una respuesta puntual a cada una de las alegaciones de las partes sino a sus pretensiones y ello se ha considerado suficiente desde el punto de vista del art. 458 LEC para que la parte apelante exponga las alegaciones en las que se basa su impugnaci\u00f3n, sin que el hecho de que no considere las resoluciones judiciales citadas o no valore un medio de prueba y extraiga una conclusi\u00f3n que no comparta la parte convierta a la sentencia en una resoluci\u00f3n judicial carente de motivaci\u00f3n, irracional o il\u00f3gica y, en modo alguno, vulneradora del art. 24 CE, sino que lo que ello permite a la parte es someter su contenido, respecto del cual discrepa, a la revisi\u00f3n de este Tribunal en apelaci\u00f3n.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> La respuesta a la pretensi\u00f3n revocatoria de la parte apelante exige la determinaci\u00f3n de una serie de premisas de diversa naturaleza sobre las que fundar nuestra resoluci\u00f3n, a saber:<\/p>\n

I.- Cuestiones f\u00e1cticas.<\/em><\/strong><\/p>\n

De la prueba practicada y de los hechos no controvertidos por las partes se deduce lo siguiente:<\/p>\n

.- los padres del actor y de la demandada otorgaron, en Aguilar de Campoo, el d\u00eda 22 de setiembre de 1992 sendos testamentos ante el Notario de Valladolid, el Sr. Le\u00f3n Matorras, en los que, a los efectos que ahora nos interesan, la Sra. Blanca institu\u00eda herederos por partes iguales a sus dos hijos, el Sr. Romeo y la Sra. Patricia ; sustituy\u00e9ndoles, en caso de premoriencia, por sus respectivos descendientes, por estirpes.<\/p>\n

(doc. n\u00ba 2 y 3 demanda, hecho admitido al contestar).<\/p>\n

.- El Sr. Eliseo falleci\u00f3 en Bilbao el d\u00eda 16 de diciembre de 2010.<\/p>\n

(doc. n\u00ba 1 demanda, hecho admitido al contestar).<\/p>\n

.- el d\u00eda 16 de febrero de 2011, ante la Notaria de Bilbao, la Sra. Raquel Ruiz Torres, bajo el n\u00ba 160 de su protocolo, por la Sra. Blanca se otorg\u00f3 nuevo testamento en el que, tras revocar la disposici\u00f3n testamentaria anterior, estableci\u00f3:<\/p>\n

” Lega a su hijo Romeo lo que por leg\u00edtima estricta o corta le corresponda. En el remanente instituye heredera de todos sus bienes, derechos y acciones presentes y futuras a su mencionada hija Patricia , sustituida vulgarmente en los casos en que contemple la ley, incluido el supuesto de conmoriencia, por sus descendientes a partes iguales entre ellos<\/em><\/p>\n

..”.<\/p>\n

(doc. n\u00ba 3 demanda, hecho admitido al contestar).<\/p>\n

.- la Sra. Blanca falleci\u00f3 en Bilbao el d\u00eda 15 de noviembre de 2016 bajo la vigencia del testamento antes referido de 2011.<\/p>\n

( doc. n\u00ba 1 y 2 demanda, hecho admitido al contestar).<\/p>\n

.- el d\u00eda 29 de noviembre de 2017, ante la Notaria de Bilbao la Sra. Raquel Ruiz Torres, bajo el n\u00ba 1550 de su protocolo, por la demandada la Sra. Patricia se otorg\u00f3 escritura de aceptaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n parcial de herencia, en la que tras hacerse constar que:<\/p>\n

“.. la causante Do\u00f1a Blanca a la fecha de su fallecimiento ostentaba la vecindad civil vasca por lo que la Ley aplicable a su sucesi\u00f3n es la Ley 5\/2015 de 25 de junio.<\/em><\/p>\n

Que DO\u00d1A Blanca otorgo su \u00faltimo testamento ante m\u00ed, el d\u00eda 16 de febrero de 2011, ante la Notaria de Bilbao, la Sra. Raquel Ruiz Torres, n\u00famero 160 de protocolo, en el que dispuso:<\/p>\n

…<\/p>\n

PRIMERO.- Lega a su hijo Romeo lo que por leg\u00edtima estricta o corta le corresponda.<\/em><\/p>\n

En el remanente instituye heredera de todos sus bienes, derechos y acciones presentes y futuras a su mencionada hija Patricia , sustituida vulgarmente en los casos en que contemple la ley, incluido el supuesto de conmoriencia, por sus descendientes a partes iguales entre ellos<\/em><\/p>\n

SEGUNDO.- Revoca toda disposici\u00f3n testamentaria anterior a la presente .<\/em><\/p>\n

Que la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado, de 12 de julio de 2017, publicado en el BOE de 27 de julio de 2017 dice que:<\/em><\/p>\n

“… con una aplicaci\u00f3n literal de la ley vasca, habiendo sido reducido uno de los descendientes a la leg\u00edtima estricta que por ley le corresponda, y no habi\u00e9ndola conforme a la nueva legislaci\u00f3n vasca, se debe entender apartado de la herencia.<\/em><\/p>\n

…<\/em> “, lo que determin\u00f3 que la demandada se adjudicara, en su integridad, la cuenta de ahorro a plazo por importe de 38.000 euros y la cuenta a la vista por importe de 8.674,23 euros, ambas en la entidad Caixabank, S.A.<\/p>\n

( doc n\u00ba 6 demanda, hecho admitido al contestar).<\/p>\n

II.- Cuestiones jur\u00eddicas.<\/em><\/strong><\/p>\n

Es un hecho no controvertido que entre el momento en el que la madre de las partes otorg\u00f3 el testamento, en el a\u00f1o 2011, en el que por su vecindad en la Villa de Bilbao, conforme a lo dispuesto en los arts. 5 y ss de la Ley del Derecho civil Foral del Pa\u00eds Vasco de 1 de julio de 1992, estaba sujeta al Derecho Civil Com\u00fan, esto es al C\u00ba Civil y, por ello, al sistema de leg\u00edtimas establecido en el art. 806 y ss C\u00ba Civil, y la fecha de su fallecimiento, el d\u00eda 15 de noviembre de 2016, se produjo un hecho relevante cual es la publicaci\u00f3n, en el \u00e1mbito de esta Comunidad Aut\u00f3noma, de la Ley 5\/2015 de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco que entr\u00f3 en vigor el d\u00eda 3 de octubre de 2015, lo que determin\u00f3 su aplicaci\u00f3n territorial a toda la Comunidad, salvo las excepciones establecidas por el legislador ( art. 8 ) y a todas las personas que tengan, conforme al art. 10 y a la D.T. S\u00e9ptima, vecindad civil vasca la que no se cuestiona que ten\u00eda la de Sra. Blanca al morir.<\/p>\n

Si ello es as\u00ed, la nueva norma, como se deduce de su Exposici\u00f3n de Motivos en la que se hace referencia al Derecho civil vasco como un derecho europeo, y, con ello, al derecho comunitario ( Reglamento 650\/2012), tiene como principio inspirador, en materia de sucesiones, la amplia libertad del testador lo que se evidencia al regular las leg\u00edtimas, aunque nsin olvidar la incidencia que puede tener en la sucesi\u00f3n la existencia de parientes tronqueros dada la primac\u00eda de la troncalidad sobre la leg\u00edtima ( art. 47 y ss), as\u00ed se suprime, frente a la regulaci\u00f3n anterior, la leg\u00edtima de los ascendientes y se ampl\u00eda la del c\u00f3nyuge viudo o miembro superviviente de la pareja de hecho, a la vez que respecto de la de los hijos o descendientes en cualquier grado, se refuerza aqu\u00e9lla al definir la legitima de estos como una cuota sobre la herencia que lo es de un tercio del caudal hereditario ( legitima colectiva), la cual corresponde a todos los legitimarios, con facultad del testador de poder elegir entre ellos, por testamento o pacto sucesorio, a uno o varios y apartar a los dem\u00e1s, de forma expresa o t\u00e1cita, entendiendo que la omisi\u00f3n del apartamiento equivale al apartamiento t\u00e1cito y que la preterici\u00f3n, sea intencional o no, de un descendiente forzoso equivale a su apartamiento, individualizando as\u00ed la legitima, pudiendo darse su atribuci\u00f3n por una pluralidad de t\u00edtulos, herencia, legado, donaci\u00f3n o de otro modo.<\/p>\n

Esta situaci\u00f3n implica que si atendemos al momento del otorgamiento de testamento por la Sra. Blanca dejando solo a su hijo Romeo la legitima estricta mediante un legado ( art. 808 C\u00ba Civil ) y el resto sus bienes como heredera a su hija Patricia , solo as\u00ed pod\u00eda hacerlo ya que dada su vecindad civil com\u00fan, le era aplicable el C\u00ba Civil; mientras que al momento de su fallecimiento ya estaba en vigor y a la sucesi\u00f3n le ser\u00eda aplicable ( art. 9 n\u00ba 8 C\u00ba Civil), dada su vecindad civil vasca ( D.T. S\u00e9ptima Ley 5\/2015), el Derecho Civil Vasco Ley 5\/2015 seg\u00fan el cual podr\u00eda haber apartado expresa o t\u00e1citamente o preterido, sin mayor explicaci\u00f3n, a su hijo, pues la desheredaci\u00f3n que no est\u00e1 regulada en la norma foral y s\u00ed en el C\u00ba Civil al que se remite el art. 3 n\u00ba 1 Ley 5\/2015 en lo no previsto, solo los son por las causas previstas en la ley ( art. 848 y ss ), siendo para la doctrina conceptos jur\u00eddicos conceptualmente distintos.<\/p>\n

La soluci\u00f3n a tal conflicto intertemporal viene dada por:<\/p>\n

I .- la D.T. Primera de la ley 5\/2015 en relaci\u00f3n con la D.T. S\u00e9ptima, cuya interpretaci\u00f3n, sin olvidar que a la Jurisprudencia, como establece el art. 2 de la citada ley, le est\u00e1 encomendada depurar la interpretaci\u00f3n e integrar los preceptos del Derecho civil vasco, ha sido realizada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco en su sentencia de 20 de julio de 2018, dictada en un caso de preterici\u00f3n, pero que a los efectos del juego de las disposiciones transitorias nos permite su consideraci\u00f3n para el presente caso, razon\u00e1ndose en ella lo siguiente:<\/p>\n

” TERCERO.- Conflicto temporal de aplicaci\u00f3n de la norma.<\/em><\/p>\n

Entre el otorgamiento del testamento que rige la sucesi\u00f3n don Ruperto y su fallecimiento entr\u00f3 en vigor la Ley 5\/2015, tal y como ha sido manifestado por las partes, norma que vino a reemplazar a la anteriormente vigente Ley 3\/1992.<\/em><\/p>\n

Esto supone que la primera cuesti\u00f3n a resolver es determinar cu\u00e1l de ambas normas rige su sucesi\u00f3n y c\u00f3mo afecta el conflicto intertemporal al testamento otorgado. Para ello, y por remisi\u00f3n de la Disposici\u00f3n Transitoria 1\u00aa de la Ley 5\/2015 , debemos acudir a las Disposiciones Transitorias 2 \u00aa y 12\u00aa del C\u00f3digo civil , del siguiente tenor literal:<\/em><\/p>\n

“Segunda. Los actos y contratos celebrados bajo el r\u00e9gimen de la legislaci\u00f3n anterior, y que sean v\u00e1lidos con arreglo a ella, surtir\u00e1n todos sus efectos seg\u00fan la misma, con las limitaciones establecidas en estas reglas. En su consecuencia ser\u00e1n v\u00e1lidos los testamentos, aunque sean mancomunados, los poderes para testar y las memorias testamentarias que se hubiesen otorgado o escrito antes de regir el C\u00f3digo, y producir\u00e1n su efecto las cl\u00e1usulas ad cautelam, los fideicomisos para aplicar los bienes seg\u00fan instrucciones reservadas del testador y cualesquiera otros actos permitidos por la legislaci\u00f3n precedente; pero la revocaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de estos actos o de cualquiera de las cl\u00e1usulas contenidas en ellos no podr\u00e1 verificarse, despu\u00e9s de regir el C\u00f3digo, sino testando con arreglo al mismo. (…)<\/em><\/p>\n

Duod\u00e9cima. Los derechos a la herencia del que hubiese fallecido, con testamento o sin \u00e9l, antes de hallarse en vigor el C\u00f3digo, se regir\u00e1n por la legislaci\u00f3n anterior. La herencia de los fallecidos despu\u00e9s, sea o no con testamento, se adjudicar\u00e1 y repartir\u00e1 con arreglo al C\u00f3digo; pero cumpliendo, en cuanto \u00e9ste lo permita, las disposiciones testamentarias. Se respetar\u00e1n, por lo tanto, las leg\u00edtimas, las mejoras y los legados, pero reduciendo su cuant\u00eda, si de otro modo no se pudiera dar a cada part\u00edcipe en la herencia lo que le corresponda seg\u00fan el C\u00f3digo”.<\/em><\/p>\n

La Disposici\u00f3n Transitoria 2\u00aa supone el mantenimiento de la vigencia y eficacia de los actos -en este caso, testamentos-, otorgados bajo la vigencia de la antigua ley una vez entra en vigor la nueva: si era v\u00e1lido conforme a la antigua deber\u00e1 mantenerse esa validez incluso si la soluci\u00f3n a la que se llega es contraria a la que se derivar\u00eda de la aplicaci\u00f3n de la norma vigente en el momento del fallecimiento; esto supone que la sucesi\u00f3n quedar\u00e1 ordenada conforme a la ley vigente en el momento en que se otorg\u00f3, a salvo de las limitaciones contenidas en la Disposici\u00f3n Transitoria 12\u00aa. Se trata de una previsi\u00f3n l\u00f3gica y respetuosa con la seguridad jur\u00eddica, pues no se puede pedir al testador que otorgue testamento conforme a una ley que no s\u00f3lo no est\u00e1 promulgada en el momento de otorgamiento, sino que puede que ni siquiera se haya planteado la eventual modificaci\u00f3n que contradice la voluntad testamentaria.<\/em><\/p>\n

Conforme a la Disposici\u00f3n Transitoria 12\u00aa la adjudicaci\u00f3n y reparto de la herencia deber\u00e1 respetar las leg\u00edtimas de la normativa vigente en el momento del fallecimiento, cumpli\u00e9ndose en todo lo que se pueda la voluntad del testador.<\/em><\/p>\n

Una interpretaci\u00f3n integrada de ambas Disposiciones Transitorias nos lleva a concluir que las circunstancias del testamento de Don Ruperto -incluyendo no s\u00f3lo la validez del testamento desde una perspectiva formal, que nadie ha puesto en duda, sino todo lo relativo a la validez de la instituci\u00f3n de heredero y las eventuales consecuencias de su invalidez- deben ser analizadas a la luz de la ley vigente en el momento de su otorgamiento, esto es, la Ley 3\/1992, salvo en lo que a las leg\u00edtimas -y el reparto y adjudicaci\u00f3n de la herencia se refiere-, en que ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n la LDCV, vigente en el momento de su fallecimiento .<\/em><\/p>\n

Adicionalmente esta interpretaci\u00f3n respetar\u00eda el principio de libertad civil – art\u00edculo 4 tanto de la Ley 3\/1992 como de la Ley 5\/2015- pues si el principio debe ser la libertad del testador en todo lo que no contradiga normativa imperativa, el efecto de \u00e9sta debe minimizarse en tanto la interpretaci\u00f3n de la norma lo permita; por ello es acorde al esp\u00edritu del derecho civil vasco que en todo lo legalmente posible se aplique la normativa vigente en el momento de otorgamiento, que es la debi\u00f3 tener en cuenta el testador en el momento de disponer su voluntad.”<\/em><\/p>\n

II .- el art. 9 del C. Civil.<\/p>\n

” 1. La ley personal correspondiente a las personas f\u00edsicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regir\u00e1 la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesi\u00f3n por causa de muerte.<\/em><\/p>\n

..<\/p>\n

8 . La sucesi\u00f3n por causa de muerte se regir\u00e1 por la Ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el pa\u00eds donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la Ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservar\u00e1n su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesi\u00f3n, si bien las leg\u00edtimas se ajustar\u00e1n, en su caso, a esta \u00faltima. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite se regir\u00e1n por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las leg\u00edtimas de los descendientes.<\/em><\/p>\n

De lo as\u00ed considerado no hay duda de que la legislaci\u00f3n aplicable a esta sucesi\u00f3n es la vigente al momento del fallecimiento de la Sra. Blanca , la Ley de Derecho Civil Vasco de 2015, debiendo ajustarse a tal las leg\u00edtimas, tratando en definitiva, en lo que se pueda respetar la voluntad del testador, pero sin olvidar que el nuevo sistema confiere mayor de libertad de testar, que no existe en la nueva Ley la legitima estricta en el sentido de un derecho exigible del art. 808 del C\u00ba Civil para los descendientes, que es la muerte la que determina la apertura de la sucesi\u00f3n ( art. 657 y ss C\u00ba Civil), que el descendiente, antes y ahora, era legitimario lo que, en principio, el cambio normativo producido por la regulaci\u00f3n de la Ley 5\/2015 no afectar\u00eda a sus derechos, como pudiera ser si se tratara de ascendientes.<\/p>\n

Desde esta perspectiva f\u00e1ctica y jur\u00eddica no se duda, pues nadie lo cuestiona como tal que el testamento otorgado por la Sra. Blanca en febrero de 2011 cumpl\u00eda con la legalidad, entonces vigente, el C\u00ba Civil no existiendo otra posibilidad de discriminaci\u00f3n entre los hijos legitimarios, con la salvedad de una desheredaci\u00f3n que requiere de una causa tasada y de la dificultad de su prueba, que limitar el derecho legitimario de uno de ellos frente a otro que dejarle la legitima estricta o corta del art. 808 del C\u00ba Civil, esto es lo m\u00ednimo posible, siendo ello lo que hace la Sra. Blanca , tras fallecer su esposo el d\u00eda 16 de diciembre de 2010, modificando el de 1992 en el que los hijos ten\u00edan iguales derechos, encontrando explicaci\u00f3n a tal actuar en el relato de una mala relaci\u00f3n y desencanto de la madre con el hijo que refieren sus familiares, cuya relaci\u00f3n con la testadora no se cuestiona, la Sra. Blanca , su hermana insiste en que su sobrino no mantuvo relaci\u00f3n ni atenci\u00f3n con su madre los \u00faltimos cinco a\u00f1os antes de morir, no siendo tampoco mucha la que ten\u00eda antes de fallecer su cu\u00f1ado el Sr. Eliseo , desatendiendo a su hermana cuando estuvo ingresada en la UCI, cesando la poca relaci\u00f3n que ten\u00eda con ella al fallecer el padre, y sabe que si cambi\u00f3 el testamento lo era porque estaba muy apenada por el trato de su hijo, llegando a decirle que quer\u00eda desheredarle ( minuto 5,30 y ss Cd n\u00ba 1), lo que corrobora su hija la Sra. Erica , prima de las partes ( minuto 10 y ss Cd n\u00ba 1), no siendo ello rebatido por el testigo aportado por el actor, compa\u00f1ero de trabajo, el Sr. Anselmo quien si bien conoci\u00f3 al padre, todo lo que pas\u00f3 despu\u00e9s es por lo que le refiere el Sr. Romeo ( minuto 0,56 y ss Cd n\u00ba 1).<\/p>\n

Es m\u00e1s, si como se manifiesta en el proceso se considera que se dio una manipulaci\u00f3n por la demandada en relaci\u00f3n con el testamento de 2011, resulta que no se ha intentado anularlo.<\/p>\n

Esta situaci\u00f3n, aun cuando es cierto que la Sra. Blanca falleci\u00f3 al a\u00f1o de la entra en vigor de la Ley 5\/2015 sin modificar el testamento, ello no evidencia que tuviera conocimiento de lo que tal norma implica en cuanto a la posibilidad de testar, cuando no hay constancia de que estuviera en condiciones de poder hacerlo y no quiso, por lo que su voluntad era no dejar nada a su hijo, apartarle en palabras de la Ley 5\/2015 pero ello no pod\u00eda hacerlo cuando otorg\u00f3 testamento en 2011 al ser su vecindad de derecho com\u00fan; mas al dejarle lo m\u00ednimo posible frente a la atribuci\u00f3n del resto del caudal hereditario a su hija junto con lo declarado por las testigos lo que evidencian es que ella quer\u00eda aparta a su hijo y con ello nada dejarle, por lo que como entiende la Juzgadora esta era su voluntad cuando falleci\u00f3, permitida por la regulaci\u00f3n de las leg\u00edtimas conforme a la ley foral vigente a la fecha de su fallecimiento, por lo que la desestimaci\u00f3n de la demanda en este punto y, para el caso de autos, es acorde a Derecho.<\/p>\n

Finalmente, no puede decirse que la Juzgadora estima las resoluciones de la Direcci\u00f3n General de Registros y Notariados como vinculantes, pues es obvio que no lo son para los Tribunales, pues solo la Jurisprudencia que emana de los \u00f3rganos judiciales, cumple con la funci\u00f3n de complementar el ordenamiento jur\u00eddico, en el sentido del art. 1 n\u00ba 6 C\u00ba Civil y art. 1 y 2 de la ley 5\/2015 de Derecho Civil Vasco, siendo una cuesti\u00f3n distinta que asuma como propios, al compartirlos, sus argumentos jur\u00eddicos.<\/p>\n

CUARTO.- Las costas de la instancia.<\/em><\/strong><\/p>\n

Como motivo final de su recurso la parte solicita se deje sin efecto la condena en costas dadas las dudas de hecho y de derecho, ante la falta de previsi\u00f3n legal y la cierta inseguridad jur\u00eddica al respecto sobre la cuesti\u00f3n controvertida, conforme al art. 394 LEC.<\/p>\n

Delimitado el objeto de la presente resoluci\u00f3n el an\u00e1lisis de lo ajustado a Derecho o no de la resoluci\u00f3n recurrida en relaci\u00f3n con el pronunciamiento en costas, exige recordar lo declarado por esta Sala sobre su significado y alcance.<\/p>\n

As\u00ed, entre otras resoluciones, en sus sentencias de 18 de marzo de 2020 y 9 de marzo de 2022, razon\u00e1bamos lo siguiente:<\/p>\n

” Esta Sala en reiteradas resoluciones, entre otras, en sus sentencias de 8 de julio y 6 de octubre de 2004, 6 de julio y 20 de octubre de 2005 y 8 de febrero y 5 de abril y 25 de octubre de 2006 y 18 de enero y 16 de febrero y 19 y 28 de marzo de 2007 y 4 de junio y 15 de setiembre y 1 de octubre de 2008, 21 de octubre de 2009 y 7 de marzo de 2011, 9 y 29 de junio de 2016, 27 de junio y 29 de noviembre de 2017 y 6 de febrero de 2019, respecto de la regulaci\u00f3n de la condena en costas ha declarado que la misma supone el deseo del legislador<\/p>\n

de ponerla en su m\u00e1s directa relaci\u00f3n con el resultado del litigio, de manera que, sin vulnerar el derecho a la tutela judicial, con acceso a los Tribunales de todos los ciudadanos, ya tengan medios econ\u00f3micos o no ( art. 24 y 119 de la C.E.), la misma se ha entendido como el efecto derivado del ejercicio temerario o mala fe de las acciones judiciales, o de la desestimaci\u00f3n total de \u00e9stas, seg\u00fan sea el r\u00e9gimen legal que rija el proceso o recurso, cuya justificaci\u00f3n o razonabilidad se encuentra en prevenir los resultados distorsionadores del entero sistema judicial que se derivar\u00edan de una excesiva litigiosidad, y en restituir a la parte contraria de los gastos, que, en menoscabo de la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses leg\u00edtimos frente a quienes promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposici\u00f3n de costas ( T.C. 2\u00ba S. 146\/91 de 1 de Julio).<\/p>\n

En base a esta filosof\u00eda, se dio la reforma en esta materia por la Ley 34\/1984 de 6 de Agosto que da nueva redacci\u00f3n al art. 523 de la L.E.C., que hoy d\u00eda se mantiene en el art. 394 LEC 1\/2000 de 7 de Enero, aplicable al presente caso, estableciendo el sistema objetivo del vencimiento, esto es el principio de la condena en costas fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto de la otra, siempre que se estimen \u00edntegramente o se desestimen totalmente las pretensiones ejercitadas, lo que supone respecto de la demanda, que \u00e9sta se desestime \u00edntegramente independientemente de que las razones de ello, lo sean de fondo o de forma, generadoras \u00e9stas de una sentencia absolutoria en la instancia (TS 1\u00aa S. 25 de Marzo, 28 de Febrero, 16 de Junio y 4 de Julio de 1.997, entre otras), a no ser que el Juez o Tribunal, razon\u00e1ndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposici\u00f3n ( art. 394 n\u00ba 1 de la L.E.C.), cual pudiera ser la apreciaci\u00f3n de serias dudas de hecho o de derecho, sin que de ninguna manera est\u00e9 previsto en el texto legal que las costas derivadas de un procedimiento se impongan al vencedor en \u00e9l.<\/p>\n

Ahora bien, cuando la estimaci\u00f3n o desestimaci\u00f3n fuera parcial, el art. 394 n\u00ba 2 LEC establece que cada parte abonar\u00e1 las causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiera m\u00e9ritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad, lo que exige un razonamiento judicial expreso ( T.S.1\u00aa S. de 8 de Mayo de 1990 y 18 de Noviembre de 1997, entre otras).<\/p>\n

Es m\u00e1s, y reiterando esta doctrina el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 15 de junio de 2007 ha declarado, al reflexionar sobre el antecedente legislativo del art. 394, esto es el art. 523 LEC anterior ” , conviene recordar el sistema general de imposici\u00f3n de costas recogido en dicho precepto que, como expone la reciente Sentencia de esta Sala de 9 de junio de 2006 “se basa fundamentalmente en dos principios: el del vencimiento objetivo y el de la distribuci\u00f3n, tambi\u00e9n llamado compensaci\u00f3n -aunque no es estrictamente tal-, que tiene car\u00e1cter complementario para integrar el sistema. El sistema se completa mediante dos pautas limitativas. La primera afecta al principio del vencimiento, y consiste en la posibilidad de excluir la condena cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposici\u00f3n (lo que en r\u00e9gimen del art\u00edculo 394 LEC tiene lugar cuando el caso presente serias dudas de hecho o de derecho). Su acogimiento (art\u00edculo 523, p\u00e1rrafo primero , inciso final) transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado. La segunda pauta afecta al principio de la distribuci\u00f3n, permitiendo que se impongan las costas a una de las partes (se discute si ha de ser total, o cabe hacerlo proporcionalmente, con opini\u00f3n mayoritaria favorable a la segunda soluci\u00f3n) cuando hubiese m\u00e9ritos para imponerlas por haber litigado con temeridad. Por otro lado, la doctrina de los Tribunales, con evidente inspiraci\u00f3n en la “ratio” del precepto relativo al vencimiento, en la equidad, como regla de ponderaci\u00f3n a observar en la aplicaci\u00f3n de las normas del ordenamiento jur\u00eddico, y en poderosas razones pr\u00e1cticas, complementa el sistema con la denominada doctrina de la “estimaci\u00f3n sustancial” de la demanda, que, si en teor\u00eda se podr\u00eda sintetizar en la existencia de un “cuasi- vencimiento”, por operar \u00fanicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, en la pr\u00e1ctica es de especial utilidad en los supuestos que se ejercitan acciones resarcitorias de da\u00f1os y perjuicios en los que la fijaci\u00f3n del “quantum” es de dif\u00edcil concreci\u00f3n y gran relatividad, de modo que, por raz\u00f3n de la misma, resulta oportuno un c\u00e1lculo “a priori” ponderado y aproximado, con lo que se evitan oposiciones razonables por ser desproporcionadas las peticiones efectuadas, y adem\u00e1s se centra la reclamaci\u00f3n en relaci\u00f3n al “valor del momento en que se formula, dejando la previsi\u00f3n de la actualizaci\u00f3n respecto del momento de su efectividad, a la operatividad de la modalidad que se elija de las varias que en la pr\u00e1ctica son posibles”.<\/p>\n

As\u00ed el pronunciamiento en costas pertinente cuando se desestima o estima la demanda, lo es el previsto en el art. 394 n\u00ba 1 LEC, esto es su imposici\u00f3n a la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones, la actora en el primer caso y la demandada, en el segundo, a no ser que el caso presente serias dudas de derecho por no existir jurisprudencia clara y consolidada en la materia, y\/o serias dudas de hecho.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con el concepto de serias dudas de hecho que como tal el legislador no define, esta Sala ha considerado en sus resoluciones, que tienen que ser algo m\u00e1s que las dudas propias de todo proceso, sujetas al resultado probatorio y que la parte habr\u00e1 sopesado al valorar las consecuencias de la presentaci\u00f3n a la demanda, y entre ellas, el riesgo de una eventual condena en costas, compartiendo al respecto las reflexiones realizadas por la Audiencia Provincial de Mallorca, Sec. 3\u00aa en su sentencia de 10 de octubre de 2017:<\/p>\n

” El art\u00edculo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Legislaci\u00f3n citada LEC art. 394 Civil establece como regla general, en materia de imposici\u00f3n de costas, el criterio objetivo o del vencimiento en virtud del cual \u00e9stas se impondr\u00e1n a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones. Excepci\u00f3n a dicha regla es la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho, razonadamente apreciadas por el juez. La apreciaci\u00f3n de si en un caso concreto concurren las ” serias dudas de hecho”, debe basarse en las siguientes premisas: – La interpretaci\u00f3n de lo que deba entenderse por “serias dudas de hecho” ha de ser siempre restrictiva por tratarse de una excepci\u00f3n. – El car\u00e1cter dudoso de los elementos f\u00e1cticos del pleito ha de venir determinado por las dificultades probatorias sobre la existencia de los hechos constitutivos de la pretensi\u00f3n. Lo f\u00e1ctico resulta dudoso cuanto en la fijaci\u00f3n de los hechos controvertidos alegados por una y otra parte haya resultado especialmente compleja pudi\u00e9ndose calificar la labor de apreciaci\u00f3n de las pruebas como verdaderamente dif\u00edcil e intensa. El proceso se revela como imprescindible puesto que sin \u00e9l hubiese sido imposible establecer los hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del litigio”.<\/p>\n

Esto es la duda seria que justifique la no imposici\u00f3n debe versar no sobre la discrepancia propia de todo proceso existente entre los litigantes en sus escritos de demanda y contestaci\u00f3n o a trav\u00e9s del recurso interpuesto, pues eso acontece en la totalidad de procesos y recursos, salvo los absolutamente infundados, si no que la duda debe surgir por la existencia real de incertidumbre acerca de lo realmente acontecido siempre que tenga repercusi\u00f3n directa en la resoluci\u00f3n de la litis.”.<\/p>\n

Desde esta perspectiva esta Sala entiende que el pronunciamiento en costas pertinente no ser\u00eda el de su imposici\u00f3n a la parte demandante sino el que cada una de ellas soportar las suyas y las comunes, por iguales partes ( art. 394 n\u00ba 2 LEC), por cuanto que si bien es cierto que sus pretensiones han sido desestimadas, se presentan serias dudas de Derecho ante la ausencia de pronunciamiento concreto sobre esta cuesti\u00f3n por el Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, a no ser sobre el sentido de las disposiciones transitorias citadas, siendo la cuesti\u00f3n analizada objeto de debate doctrinal, debiendo modificarse, en tal sentido la sentencia de instancia, con estimaci\u00f3n, por tanto, del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

QUINTO.-<\/strong> En relaci\u00f3n a las costas procesales de esta alzada, dada la estimaci\u00f3n parcial del recurso de apelaci\u00f3n, no procede hacer expresa imposici\u00f3n, debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes, ( art. 398 n\u00ba 1 LEC).<\/p>\n

SEXTO.-<\/strong> La estimaci\u00f3n, aun parcial, del recurso de apelaci\u00f3n conlleva de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposici\u00f3n Adicional Decimoquinta de LOPJ en la redacci\u00f3n dada por la LO 1\/2009 de 3 de noviembre, la devoluci\u00f3n del dep\u00f3sito constituido al efecto, para lo cual se librar\u00e1 por el Sr. Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia el correspondiente mandamiento de devoluci\u00f3n.<\/p>\n

VISTOS<\/strong> los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada, y dem\u00e1s pertinentes y de general aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que estimando parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Procurador Sr. L\u00f3pez Cruz, en nombre y representaci\u00f3n de Romeo , contra la sentencia dictada el d\u00eda 2 de octubre de 2020 por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 9 de Bilbao, en los autos de Juicio Ordinario n\u00ba 1063\/18 a que este rollo se refiere; debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resoluci\u00f3n en el \u00fanico sentido de no imponer las costas de la instancia a las partes, debiendo cada una soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes, manteni\u00e9ndose el resto de los pronunciamientos en ella contenidos y sin expresa imposici\u00f3n de las costas de esta alzada debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes.<\/p>\n

Devu\u00e9lvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia para su cumplimiento.<\/p>\n

Devu\u00e9lvase a Romeo el dep\u00f3sito constituido para impugnar para lo cual se librar\u00e1 por el Sr. Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia el correspondiente mandamiento de devoluci\u00f3n.<\/p>\n

Contra la presente resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, si se acredita inter\u00e9s casacional. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC).<\/p>\n

Tambi\u00e9n, en caso de interponerse aqu\u00e9l, podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS<\/p>\n

h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LEC).<\/p>\n

Para interponer los recursos ser\u00e1 necesario la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4738 0000 00 038520. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra sentencia, de la que se unir\u00e1 certificaci\u00f3n al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACION.-<\/strong> Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo la Sra. Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia certifico.<\/p>\n

La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n

Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Al dejarle el testador al hijo lo m\u00ednimo posible frente a la atribuci\u00f3n del resto del caudal hereditario a su hija junto con lo declarado por las testigos lo que evidencian es que ella quer\u00eda aparta a su hijo y con ello nada dejarle, por lo que como entiende la Juzgadora esta era su voluntad cuando falleci\u00f3, permitida por la regulaci\u00f3n de las leg\u00edtimas conforme a la ley foral vigente a la fecha de su fallecimiento.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[976],"materia":[1247],"organo":[1885],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10813","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-lo-que-por-legitima-corresponda","materia-seccion-primera-de-la-legitima","organo-seccion-5a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10813"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10813"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10813"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10813"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}