{"id":10788,"date":"2025-10-06T12:57:10","date_gmt":"2025-10-06T10:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-11-02-2021\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:55","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:55","slug":"sap-de-bizkaia-sec-5a-11-02-2021","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-11-02-2021\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 11 de febrero de 2021"},"content":{"rendered":"

<\/a>Roj: SAP BI 375\/2021<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2021:375<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370052021100036<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 5<\/strong><\/p>\n

Fecha: 11\/02\/2021<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 9\/2020<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 39\/2021<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Recurso de apelaci\u00f3n. Procedimiento ordinario<\/strong> Ponente: LEONOR ANGELES CUENCA GARCIA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

<\/a>AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA. SECCI\u00d3N QUINTA<\/strong><\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA. BOSGARREN ATALA<\/strong><\/p>\n

BARROETA ALDAMAR, 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001<\/p>\n

TEL.<\/strong> : 94-4016666 Fax \/ Faxa<\/strong> : 94-4016992<\/p>\n

Correo electr\u00f3nico\/ Helbide elektronikoa: audiencia.s5.bizkaia@justizia.eus<\/a> \/<\/p>\n

probauzitegia.5a.bizkaia@justizia.eus<\/a><\/p>\n

NIG PV \/ IZO EAE: 48.01.2-18\/002321<\/p>\n

NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48027.42.1-2018\/0002321<\/p>\n

Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 \/ Prozedura arrunteko apelazio-errekurtsoa; 2000ko PZL 9\/2020 – P<\/strong><\/p>\n

O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia<\/em> : Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 de Durango – UPAD \/ ZULUP – Durangoko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegia<\/p>\n

Autos de Procedimiento ordinario 435\/2018 (e)ko autoak<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea: Roman , Romulo y Bibiana<\/p>\n

Procurador\/a\/ Prokuradorea:CARLOS SALGADO NU\u00d1EZ, ESTHER ASATEGUI BIZKARRA y ESTHER ASATEGUI BIZKARRA<\/p>\n

Abogado\/a \/ Abokatua: OSCAR BASAGUREN DEL CAMPO, JESUS MANUEL PERNAS BILBAO y JESUS MANUEL PERNAS BILBAO<\/p>\n

Recurrido\/a \/ Errekurritua: Sim\u00f3n , Alicia , Tom\u00e1s , Ana , Angelica , Vidal , B\u00e1rbara , Jose Miguel , Belen , Jose Pablo , Blanca , Carina , Carmela , Catalina , Luis Miguel , Claudia , Carmela , Jes\u00fas Carlos , Covadonga , Juan Antonio , CAJA LABORAL POPULAR COOP.DE CREDITO, HERENCIA YACENTE DE Juan Miguel , Pedro Francisco , Eloisa , Marco Antonio y B\u00e1rbara<\/p>\n

Procurador\/a \/ Prokuradorea: VIRGINIA TEJADA FESTHER ASATEGUI BIZKARRA y VIRGINIA TEJADA FERNANDEZ<\/p>\n

Abogado\/a\/ Abokatua: IVON UNAMUNO AGIRREGOMEZCORTA, ALFONSO HERNANDEZ ANGULO<\/p>\n

SENTENCIA N.\u00ba: 39\/2021<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMAS. SRAS.<\/p>\n

D\u00f1a. MAR\u00cdA ELISABETH HUERTA S\u00c1NCHEZ<\/strong><\/p>\n

D\u00f1a. LEONOR CUENCA GARC\u00cdA<\/strong><\/p>\n

D\u00f1a. MAGDALENA GARC\u00cdA LARRAGAN<\/strong><\/p>\n

En BILBAO, a diez de febrero de dos mil veintiuno.<\/p>\n

En nombre de S.M. el Rey, por la autoridad que le concede la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Vistos por la Secci\u00f3n 5\u00aa de esta Audiencia Provincial en grado de apelaci\u00f3n, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO N\u00ba 435\/18<\/strong> seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Durango y del que son partes como demandante, Roman ,<\/strong> representado inicialmente por el Procurador Sr. Atela Arana a quien sucede el Procurador Sr. Salgado N\u00fa\u00f1ez y dirigido por el Letrado Sr. Basaguren Del Campo y como demandada Romulo Y Bibiana<\/strong> , representados por la Procuradora Sra. Asategui Bizkarra y dirigidos por el Letrado Sr. Pernas Bilbao, Carina , B\u00e1rbara , Angelica y Vidal , Jose Miguel y Belen , Jose Pablo y Blanca , Tom\u00e1s y Ana , Catalina , Luis Miguel y Claudia , Covadonga y Juan Antonio , representados por la Procuradora Sra. Tejada Fern\u00e1ndez y dirigidos por el Letrado Sr. Unamuno Aguirregomezcorta, CAJA LABORAL POPULAR, COOP DE CR\u00c9DITO,<\/strong> representada por la Procuradora Sra. Asategui Bizkarra y dirigida por el Letrado Sr. Olabarria Fern\u00e1ndez y HERENCIA YACENTE DE Juan Miguel , siendo herederos conocidos Pedro Francisco , Eloisa y Marco Antonio ), Sim\u00f3n y Alicia Y Carmela Y Jes\u00fas Carlos ,<\/strong> en situaci\u00f3n procesal de rebeld\u00eda, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada D\u00aa Leonor Cuenca Garc\u00eda.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.<\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Por la Juzgadora de primera instancia se dict\u00f3 con fecha 19 de junio de 2019 sentencia cuya parte dispositiva literalmente dice:<\/p>\n

” Que se estima \u00edntegramente la demanda interpuesta por la representaci\u00f3n procesal de Roman frente a la HERENCIA YACENTE DE Juan Miguel , (siendo herederos legales conocidos Pedro Francisco , Eloisa y Marco Antonio ) como parte vendedora del 25 % de la finca litigiosa, declarada en rebeld\u00eda procesal, frente a Romulo y Bibiana<\/strong> , como compradores hipotecados de la finca descrita y respecto de ese porcentaje, y frente a LA CAJA LABORAL POPULAR, COOP DE CR\u00c9DITO<\/strong> , como entidad financiera hipotecante sobre ese porcentaje, se DECLARA:<\/strong><\/p>\n

1 .- La nulidad parcial de la compraventa de la finca descrita en el hecho segundo de la demanda, en el porcentaje (25%) vendido por Juan Miguel a los compradores, realizada mediante escritura autorizada sin llamamientos forales, el 19\/07\/2018 ante el Notario de Amorebieta, D. Borja Arcocha Aguirrezabal, con el n\u00famero 912 y en consecuencia, se declara la nulidad de la inscripci\u00f3n de la compraventa en el porcentaje anterior y entre los indicados en el ordinal primero obrante en el Registro de la Propiedad de Amorebieta , al tomo NUM000 , libro NUM001 , folio NUM002 , finca n\u00famero NUM003 de Amorebieta, y en el actual asiento registral 154.0 del diario 11 de fecha 19\/07\/2018 de la referida compraventa de la finca litigiosa, y<\/p>\n

1 .- La nulidad de la escritura de hipoteca de la finca descrita en el hecho segundo de la demanda, otorgada por los compradores y la entidad hipotecante, autorizada el 19\/07\/2018 ante el Notario de Amorebieta, d. Borja Arcocha Aguirrezabal, con el n\u00ba 913, en el porcentaje indicado en el ordinal primero y en consecuencia se declara la nulidad de la inscripci\u00f3n de la referida hipoteca sobre la precitada finca descrita, en ese porcentaje, obrante en el Registro de la Propiedad de Amorebieta , al tomo NUM000 , libro NUM001 , folio NUM002 , finca n\u00famero NUM003 de Amorebieta, y en el actual asiento registral 155.0 del diario 11 de fecha 19\/07\/2018 de la referida hipoteca de la precitada finca litigiosa.<\/p>\n

Asimismo, se ACUERDA,<\/strong> que se adjudique al demandante la cuota del 25% de la finca litigiosa descrita en el hecho segundo de la demanda en ejercicio del derecho de saca foral valorada en 289.300 euros y se CONDENA<\/strong> a que los codemandados anteriores a estar y pasar por las declaraciones anteriores y a efectuar cuantas operaciones f\u00edsicas y\/o jur\u00eddicas sean precisas y a otorgar cuantos documentos p\u00fablicos y \/o privados sean necesarios para dar efectividad a las expresadas declaraciones, libr\u00e1ndose a su vez los mandamientos que sean necesarios.<\/p>\n

Se imponen las costas los condenados.<\/p>\n

Que se DESESTIMA<\/strong> la demanda frente a Tom\u00e1s , Ana , Angelica , Vidal , B\u00e1rbara , Jose Miguel Belen , Jose Pablo , Blanca , Carina , Carmela , Jes\u00fas Carlos , Catalina , Luis Miguel , Claudia , Covadonga y Juan Antonio ; y frente a Sim\u00f3n y Alicia , declarados en rebeld\u00eda procesal, y se les absuelve de todos los pedimentos dirigidos en su contra, con imposici\u00f3n de costas a la parte demandante.<\/p>\n

Notifiquese la presente sentencia a las partes.<\/p>\n

Firme que sea la sentencia, el demandante si ejercita la acci\u00f3n para su ejecuci\u00f3n, deber\u00e1 consignar en el juzgado el precio valorado, sobre el cual tendr\u00e1 el comprador preferencia respecto de cualquier otro acreedor del vendedor para reintegrarse del precio de su compra con sus intereses.<\/p>\n

Si existieran en el Registro de la Propiedad cargas posteriores a la inscripci\u00f3n dominical que se anule y que deban ser canceladas en cumplimiento de la sentencia, el precio consignado quedar\u00e1 en primer t\u00e9rmino a disposici\u00f3n de los acreedores posteriores.<\/p>\n

La ejecuci\u00f3n debe pedirla el tronquero demandante en el plazo de tres meses desde la firmeza de la sentencia, transcurrido el cual quedar\u00e1 convalidada la venta que se impugn\u00f3.<\/p>\n

Al acordar la ejecuci\u00f3n, deber\u00e1 el juez decidir el destino de la cantidad consignada.”.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> Contra dicha sentencia se interpusieron sendos recursos de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de Roman y por la de Bibiana y Romulo , admitidos dichos recursos en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa su tramitaci\u00f3n en el curso de la cual se impugn\u00f3 aquella por la representaci\u00f3n de Caja Laboral Popular, Coop. de Cr\u00e9dito y emplazamiento de las partes.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> Seguido este recurso por sus tr\u00e1mites, tras la admisi\u00f3n de la pr\u00e1ctica de prueba en esta alzada ( documental y testifical) se se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 13 de enero de 2021 para la celebraci\u00f3n de la vista en el curso de la cual se practic\u00f3 la prueba admitida, informando las partes en defensa de sus pretensiones.<\/p>\n

Pese a ello se advirti\u00f3 como no se hab\u00eda dado la grabaci\u00f3n del acto de la vista:<\/p>\n

” DILIGENCIA.- En Bilbao, a catorce de enero de dos mil veintiuno.<\/p>\n

La extiendo yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, para hacer constar que el d\u00eda 14 de enero de dos mil veintiuno se ha observado que la vista celebrada en el d\u00eda de ayer no consta grabada, por lo que puestos en contacto telef\u00f3nico con el servicio JUSTIZIAIKUSBI y despu\u00e9s de haber efectuado las oportunas comprobaciones, nos comunican que no se encuentra grabada la vista del presente procedimiento.<\/p>\n

Doy fe y cuenta.”.<\/p>\n

Ello determin\u00f3 por la Sala se dictara providencia de esa misma fecha del siguiente tenor literal:<\/p>\n

“Dada cuenta, ante la no grabaci\u00f3n de la vista celebrada en el d\u00eda de ayer, en el curso de la cual se practic\u00f3 la prueba admitida y sobre la misma se realizaron por las partes las alegaciones oportunas, de todo lo cual tiene pleno conocimiento el tribunal, y ante el car\u00e1cter sucinto del acta levantada por la Sra. Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, d\u00e9se traslado de la presente incidencia a las partes por CINCO D\u00cdAS para que aleguen lo que a su derecho convenga.<\/p>\n

Queda en suspenso el plazo para dictar Sentencia.”.<\/p>\n

Notificada dicha resoluci\u00f3n a las partes se presentaron los correspondientes escritos en el sentido de no interesar la nulidad de actuaciones ni nueva celebraci\u00f3n de la vista y s\u00ed el dictado de la sentencia resolviendo los recursos de apelaci\u00f3n y la impugnaci\u00f3n, lo que determin\u00f3 que por la Sala se dictara providencia de fecha 28 de enero de 2021 del siguiente tenor literal:<\/p>\n

” Por presentados anteriores escritos de los procuradores Sr. Carlos Salgado Nu\u00f1ez, Sra. Virginia Tejada Fern\u00e1ndez y Esther Asategui Bizkarra un\u00e1nse al rollo de su raz\u00f3n.<\/p>\n

A la vista de las manifestaciones realizadas por las partes se alza la suspensi\u00f3n del plazo para dictar Sentencia”, resoluci\u00f3n notificada a las partes con fecha 1 de febrero de 2021.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> En la tramitaci\u00f3n de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y t\u00e9rminos legales.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Contra la resoluci\u00f3n de instancia convergen diversas pretensiones revocatorias, a saber:<\/p>\n

I .- el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, Roman , interesa la revocaci\u00f3n parcial de la sentencia de instancia, en el sentido de que se deje sin efecto la imposici\u00f3n de costas que se le realiza respecto de los demandados absueltos.<\/p>\n

Y ello por entender que frente al criterio de la Juzgadora de que la llamada al proceso de todos los vendedores en el contrato de compraventa de autos, pese a que esta parte solo ejercita el derecho de saca foral respecto de la cuota del 25% del inmueble o finca transmitida por su abuelo paterno, el Sr. Juan Miguel , es innecesaria ello no es as\u00ed ya que:<\/p>\n

.- la anulaci\u00f3n del contrato de compraventa sin realizar los llamamientos forales y el derecho de saca foral son dos elementos inseparables de una misma acci\u00f3n, no pudiendo pretenderse este sin aquella, cuando los vendedores han incumplido el art. 76 LDCV con las consecuencia y efectos determinados en el art. 83 y todo ello aunque el derecho de saca foral no les afecta ni vaya m\u00e1s all\u00e1 el rango de los parientes tronqueros, el 25% del inmueble.<\/p>\n

.- los demandados absueltos, no afectados por la troncalidad, no se han opuesto a la anulaci\u00f3n de la compraventa sin llamamientos forales en lo que al ejercicio de saca foral de una cuota del 25 % se realiza en la demanda.<\/p>\n

.- la venta del caser\u00edo lo es como un bien ra\u00edz \u00fanico e indivisible, como cuerpo cierto y f\u00edsico, no por cuotas, como se deduce de la escritura p\u00fablica de 19 de julio de 2018 ( doc. n\u00ba 17 demanda), de modo que para la declaraci\u00f3n de anulabilidad del contrato de compraventa por falta de llamamientos forales, es precisa la llamada al proceso de todos los vendedores que por ello cuenta con legitimaci\u00f3n pasiva, aunque se accione la saca foral por el 25% de cuota, a lo que se une que con anterioridad al proceso se intent\u00f3 solventar la situaci\u00f3n, como lo evidencian las reclamaciones extrajudiciales, sin obtener resultado.<\/p>\n

Razones por las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC no procede la condena en costas, sin olvidar la posible apreciaci\u00f3n de dudas de hecho o de Derecho por el Tribunal.<\/p>\n

II .- el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados, en su condici\u00f3n de compradores, el Sr. Romulo y la Sra. Bibiana , interesa la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida y que en su lugar, tras una adecuada valoraci\u00f3n de la prueba practicada y aplicaci\u00f3n del Derecho, se desestime la demanda contra ellos deducida, con imposici\u00f3n de costas a la parte actora.<\/p>\n

Y ello por entender que, como se relata en el escrito de interposici\u00f3n del recurso junto con la doctrina jurisprudencial citada y se ve corroborado por el resultado de la prueba practicada,:<\/p>\n

a.- la presentaci\u00f3n de la demanda obedece a una situaci\u00f3n de abuso y mala fe, mediante la que se pretende obtener la propiedad del inmueble transferido que de otro modo no se hubiera dado ante la no voluntad de los dem\u00e1s vendedores de transmitirlo al Sr. Pedro Francisco , padre del actor, cuyo abuelo, el St. Juan Miguel , no ostentaba m\u00e1s que una cuota de propiedad del 25%, en evidente perjuicio para esta parte ajena a toda la situaci\u00f3n.<\/p>\n

Ello se deduce de la prueba practicada siendo relevante a tal efecto la declaraci\u00f3n del Notario autorizante el Sr. Arcotxa, quien declara que se le inform\u00f3 por todos los vendedores, incluido el padre del actor, que todos los parientes con derecho como tronqueros estaban informados de la venta del caser\u00edo y que ninguna estaba interesado, lo que evidencia que el actor lo conoc\u00eda por su padre, no pudiendo hablarse, por otra parte de una operaci\u00f3n discreta, cuando estuvo anunciado en inmobiliarias y se deduce de la prueba practicada.<\/p>\n

b.- la Juzgadora incurre en incongruencia extrapetita ya que la parte actora interes\u00f3 la nulidad total de la compraventa y no la parcial como se reconoce en la resoluci\u00f3n recurrida.<\/p>\n

Tal petici\u00f3n de nulidad total de la demanda es desestimada con absoluci\u00f3n de los dem\u00e1s vendedores, no habiendo interesado en ning\u00fan momento la nulidad equivalente al 25% de la compraventa, de la hipoteca y de la inscripci\u00f3n registral que ostentaba su causante el Sr. Juan Miguel , habiendo pedido la nulidad total de la compraventa con adjudicaci\u00f3n del 25% o subsidiariamente del 100%.<\/p>\n

No cabe integrar la litis, cuando esta parte se ha defendido respecto de la pretensi\u00f3n de nulidad \u00edntegra del contrato de compraventa y no parcial, lo cual como se deduce de lo actuado no es interesado en momento alguno por el actor a lo largo del proceso, reiterando, por el contrario, su petici\u00f3n.<\/p>\n

Subsidiariamente, de mantenerse la resoluci\u00f3n recurrida se interesa se deje sin efecto la condena en costas, ya que, conforme a lo hasta ahora argumentado la estimaci\u00f3n de la demanda no ha sido en su integridad, sino parcialmente.<\/p>\n

III .- la impugnaci\u00f3n formulada por la parte demandada, Caja Laboral Popular, Coop, de Cr\u00e9dito, o titular de la hipoteca que como derecho real de garant\u00eda, en este caso de un pr\u00e9stamo concedido a los compradores, grava el bien objeto del derecho de saca, pretende la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida y que en su lugar se dicte otra por la que, tras una adecuada valoraci\u00f3n de la prueba y aplicaci\u00f3n del Derecho, se desestime la demanda con imposici\u00f3n de costas a la parte actora.<\/p>\n

Y ello por entender, como se argumenta en el escrito de impugnaci\u00f3n, que:<\/p>\n

.- esta parte es totalmente ajena a la operaci\u00f3n de compraventa suscrita entre los vendedores y todas sus operaciones de aceptaci\u00f3n y partici\u00f3n de la herencia del Sr. Juan Miguel , y los compradores, los codemandados, el Sr. Romulo y la Sra. Bibiana , y, por tanto, cuantas manifestaciones se realizaran en el<\/p>\n

momento del otorgamiento de la escritura de compraventa en relaci\u00f3n con la existencia o no de llamamientos a favor de los parientes tronqueros, siendo un tercero de buena fe del art. 34 LH que se limita a realizar un pr\u00e9stamo a los compradores para abonar el precio garantiz\u00e1ndolo con el bien adquirido.<\/p>\n

.- se dan las excepciones aducidas al contestar de la falta de legitimaci\u00f3n pasiva ad causam y ad procesum y la de falta de legitimaci\u00f3n activa del Sr. Juan Miguel .<\/p>\n

.- se asumen como propios los motivos del recurso de apelaci\u00f3n alegados Sr. Romulo y Sra. Bibiana , al que esta parte se adhiere.<\/p>\n

.- la actuaci\u00f3n del codemandado el Sr. Pedro Francisco y su hijo el actor resulta cuanto menos cuestionable al no tener sentido que este \u00faltimo no supiera de la intenci\u00f3n de vender el caser\u00edo y que aquel nada dijera del inter\u00e9s de su hijo sobre el mismo, asumiendo la no realizaci\u00f3n de llamamientos.<\/p>\n

.- la sentencia es incongruente por extrapetitum por cuanto que lo pretendido en la demanda es la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato de compraventa y no la parcial relativa al 25 % equivalente al porcentaje de titularidad que ostentaba el abuelo del actor, y la correlativa incidencia de ello sobre la hipoteca.<\/p>\n

Finalmente, en ning\u00fan caso procede la condena en costas a esta parte no solo porque la estimaci\u00f3n de la demanda no es integra sino tambi\u00e9n porque ha actuado de buena fe.<\/p>\n

SEGUNDO.- La impugnaci\u00f3n.<\/em><\/strong><\/p>\n

Antes de analizar la prosperabilidad o no de los recursos de apelaci\u00f3n y de la impugnaci\u00f3n se ha considerar si esta \u00faltima ha cumplido con las normas procesales exigibles para su admisi\u00f3n a tr\u00e1mite, lo cual puede ser valorado tanto de oficio, dado el control de las normas procesales que corresponde a los Tribunales, como a instancia de parte ante la alegaci\u00f3n de su inadmisibilidad en el escrito de oposici\u00f3n a la misma ya que la diligencia de ordenaci\u00f3n por la que se tiene por interpuesta no es susceptible de recurso ( art. 458 n\u00ba 3 y art. 461 n\u00ba 4 LEC).<\/p>\n

El an\u00e1lisis de su posible inadmisibilidad exige una previa reflexi\u00f3n sobre el significado de la impugnaci\u00f3n:<\/p>\n

” Al respecto esta Sala ha declarado en sus sentencias de 18 de setiembre de 2014, 20 de noviembre de 2015, 18 de mayo de 2016, 15 de setiembre y 16 de octubre de 2017, 22 de mayo y 22 de noviembre de 2018, 27 de setiembre de 2019 y 11 de noviembre de 2020, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo Sala Primera, en ellas citadas lo siguiente:<\/p>\n

” Ya la STS de 13 de enero de 2010 al analizar el art\u00edculo 461 LEC razon\u00f3 que lo que ordena su apartado cuarto es dar traslado “\u00fanicamente” al apelante principal, de lo que, concluye tajantemente que el escrito de impugnaci\u00f3n no puede ir dirigido contra las partes que no han apelado, insistiendo repetidamente dicha resoluci\u00f3n en esta idea de que la impugnaci\u00f3n debe ser dirigida frente a quien, a su vez, plante\u00f3 recurso.<\/p>\n

Y la STS de 6 de marzo de 2014, tras dejar indicado que ” 1.- La impugnaci\u00f3n de la sentencia a que hace referencia el art. 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una oportunidad que se brinda a quien inicialmente presta conformidad con el gravamen que la sentencia le supone, para que el mismo no se vea agravado por el resultado eventual del recurso que interponga la contraparte”;<\/em> que ” Presupone que estamos ante sentencias que no estiman plenamente las pretensiones de las partes “;<\/em> y que con ella “Se fomenta el aquietamiento de los litigantes ante sentencias que le sean parcialmente desfavorables, de modo que solo si la parte contraria la recurre y su situaci\u00f3n puede agravarse respecto de la que resulta de la sentencia, el litigante que inicialmente no apel\u00f3 pueda tambi\u00e9n formular su impugnaci\u00f3n”;<\/em> deja se\u00f1alado que de la consideraci\u00f3n conjunta de los apartados 1 y 4 del art\u00edculo 461 LEC se exigen dos requisitos para que sea admisible la impugnaci\u00f3n de la sentencia:<\/p>\n

” (i) El primero consiste en que el impugnante no haya apelado inicialmente la sentencia. La impugnaci\u00f3n no puede utilizarse para ampliar los pronunciamientos sobre los que el apelante ha formulado su recurso aprovechando el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n al recurso formulado por quien resulta apelado ( sentencia de esta sala n\u00fam. 869\/2009, de 18 enero de 2010 ).<\/em><\/p>\n

Este requisito ha sido matizado en los casos de pluralidad de partes. Si en el litigio hay varios litigantes porque se ha producido una acumulaci\u00f3n subjetiva de acciones (normalmente de un demandante contra varios demandados, pero no necesariamente, aunque para mayor claridad nos referiremos al supuesto m\u00e1s habitual), este tribunal ha considerado que la regla del art. 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de aplicarse independientemente en cada relaci\u00f3n actor- codemandado, de tal modo que el recurso de apelaci\u00f3n que el demandante interponga respecto de uno de los codemandados no le impide impugnar la sentencia con motivo del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por otro de los codemandados respecto del que inicialmente el demandante<\/em><\/p>\n

no hubiera recurrido, por aplicaci\u00f3n del brocardo “tot capita, tot sententiae” [tantas sentencias cuantas personas]. As\u00ed se ha declarado en la sentencia n\u00fam. 865\/2009, de 13 de enero de 2010 .<\/em><\/p>\n

(ii) El segundo requisito es que la impugnaci\u00f3n vaya dirigida contra el apelante. Las pretensiones formuladas en el escrito de impugnaci\u00f3n no pueden ir dirigidas contra las partes que no hayan apelado. La sentencia n\u00fam. 865\/2009, de 13 de enero de 2010 , declara sobre este particular que \u00abel art\u00edculo 461.4 LEC , al ordenar que del escrito de impugnaci\u00f3n se d\u00e9 traslado \u00fanicamente al apelante principal, revela que el escrito de impugnaci\u00f3n no puede ir dirigido contra las partes que no han apelado\u00bb.<\/em><\/p>\n

La posterior sentencia num. 632\/2013, de 21 de octubre , ha declarado:<\/em><\/p>\n

\u00abNo sucede lo mismo con quien ahora recurre, puesto que inicialmente no apel\u00f3 y dej\u00f3 transcurrir el plazo concedido para oponerse al recurso interpuesto por el otro codemandado, utilizando el tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n de la parte actora, inicialmente apelado, para introducir una nueva impugnaci\u00f3n en ning\u00fan caso autorizada por el art\u00edculo 461.4 de la LEC , al ordenar que del escrito de impugnaci\u00f3n se d\u00e9 traslado \u00fanicamente al apelante principal, lo que revela que este escrito no puede ir dirigido contra las partes que no han apelado ( STS 13 de enero 2010 )\u00bb.<\/em><\/p>\n

En esta resoluci\u00f3n concluye el Tribunal Supremo en aplicaci\u00f3n de la doctrina antedicha con la desestimaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n habida cuenta que con ella lo que se pretendi\u00f3 es cuestionar no los pronunciamientos favorables al apelante, que no los hab\u00eda, sino los pronunciamientos favorables al demandante que no hab\u00eda apelado, que es lo que aqu\u00ed tambi\u00e9n acontece; todo lo cual nos conduce a la \u00edntegra desestimaci\u00f3n de esta impugnaci\u00f3n.”.<\/p>\n

Doctrina que se reitera en posteriores resoluciones del Tribunal Supremo, Sala Primera, como la sentencia de 10 de octubre de 2016, 26 de abril de 2017, 16 de octubre de 2019 y 28 de julio de 2020 declarando en esta \u00faltima lo siguiente al respecto.<\/p>\n

“3.- La impugnaci\u00f3n de la sentencia recurrida en apelaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

La impugnaci\u00f3n de la sentencia recurrida a la que se refiere el art. 461 de la LEC equivale a una inicial conformidad con la sentencia dictada, que recurrida por la otra parte y, en tanto en cuanto el recurso interpuesto cause perjuicio al impugnante, se le abre la oportunidad de convertirse, a su vez, en apelante con relaci\u00f3n a aquellos aspectos de la sentencia que, inicialmente consentidos, resulten contrarios a sus intereses.<\/em><\/p>\n

En este sentido, se expresa la sentencia 548\/2019, de 16 de octubre , cuando se\u00f1ala:<\/em><\/p>\n

“En efecto, cuando una sentencia o auto definitivo ( art. 455 de la LEC ) no ha satisfecho plenamente las pretensiones o resistencias de las partes litigantes, caus\u00e1ndoles un gravamen en sus intereses ( art. 448.1 LEC ), pueden apelarla separadamente interponiendo el correspondiente recurso de apelaci\u00f3n; pero la ley igualmente admite que, cuando una de ellas ha tomado la iniciativa recurri\u00e9ndola, la parte que ha dejado discurrir el plazo para hacerlo, consintiendo inicialmente la resoluci\u00f3n, que afecta desfavorablemente a sus intereses, pueda aprovechar la oportunidad que le brinda la ley para impugnarla tambi\u00e9n en el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n de la contraparte ( art. 461.1 LEC ). En definitiva, quien estar\u00eda dispuesto a aceptar una resoluci\u00f3n desfavorable, condicionado a que la parte contraria tambi\u00e9n la consintiese, si esta \u00faltima rompe el consenso t\u00e1cito de acatamiento a la resoluci\u00f3n judicial dictada, puede recurrirla, en el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n al recurso, convirti\u00e9ndose a su vez en apelante, y determinando, con ello, que el Tribunal ad quem deba pronunciarse sobre ambos recursos. La impugnaci\u00f3n supone pues que se permita a una de las partes salir de su inicial estado de pasividad, al conocer el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la contraparte para convertirse tambi\u00e9n en recurrente”.<\/em><\/p>\n

En definitiva, la finalidad a la que responde la impugnaci\u00f3n es conciliar, de un lado, la posibilidad de que quien resulta parcialmente perjudicado por la sentencia pueda consentirla, absteni\u00e9ndose de interponer el correspondiente recurso de apelaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a los aspectos que le resultan favorables y, de otro lado, el pleno ejercicio del derecho de defensa si la contraparte, en definitiva, interpone recurso de apelaci\u00f3n ( sentencia 865\/2009, de 13 de enero de 2010 ).<\/em><\/p>\n

Como dicen las sentencias 27\/2014, de 6 de marzo , 257\/2017, de 26 de abril y 548\/2019, de 16 de octubre , son dos los requisitos que se exigen para que sea admisible la impugnaci\u00f3n de la sentencia, que resultan de la consideraci\u00f3n conjunta de los apartados 1 y 4 del art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .<\/em><\/p>\n

“(i) El primero consiste en que el impugnante no haya apelado inicialmente la sentencia. La impugnaci\u00f3n no puede utilizarse para ampliar los pronunciamientos sobre los que el apelante ha formulado su recurso aprovechando el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n al recurso formulado por quien resulta apelado ( sentencia de esta sala n\u00fam. 869\/2009, de 18 enero de 2010 ). […]”<\/em><\/p>\n

(ii) El segundo requisito es que la impugnaci\u00f3n vaya dirigida contra el apelante. Las pretensiones formuladas en el escrito de impugnaci\u00f3n no pueden ir dirigidas contra las partes que no hayan apelado. La sentencia n\u00fam. 865\/2009, de 13 de enero de 2010 , declara sobre este particular que el art\u00edculo 461.4 LEC , al ordenar que del escrito de impugnaci\u00f3n se d\u00e9 traslado \u00fanicamente al apelante principal, revela que el escrito de impugnaci\u00f3n no puede ir dirigido contra las partes que no han apelado”.<\/em><\/p>\n

Los procesos con pluralidad de partes presentan peculiaridades con respecto el primero de los indicados requisitos. Y as\u00ed, cuando se trata de un proceso con varios litigantes, porque se ha producido una acumulaci\u00f3n subjetiva de acciones (normalmente de un demandante contra varios demandados, pero no necesariamente), se ha venido entendiendo que la regla del art. 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de aplicarse independientemente en cada relaci\u00f3n actor- codemandado, de tal modo que el recurso de apelaci\u00f3n que el demandante interponga respecto de uno de los codemandados no le impide impugnar la sentencia con motivo del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por otro de los codemandados respecto del que inicialmente el demandante no hubiera recurrido, por aplicaci\u00f3n del brocardo tot capita, tot sententiae [tantas sentencias cuantas personas]. As\u00ed se ha declarado en las sentencias 865\/2009, de 13 de enero de 2010 y 127\/2014, de 6 de marzo entre otras.<\/em><\/p>\n

Lo dicho hasta ahora no puede interpretarse en el sentido de que la impugnaci\u00f3n de la sentencia no pueda ser un instrumento para recurrir pronunciamientos distintos a los cuestionados por el apelante principal; toda vez que, una vez interpuesta la impugnaci\u00f3n, se convierte en un recurso aut\u00f3nomo, de manera tal que es factible que el apelado impugne los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia que le sean desfavorables, sin necesidad de que los mismos est\u00e9n relacionados con los que son objeto de la apelaci\u00f3n principal ( sentencias 905\/2011, de 30 de noviembre ; 257\/2017; de 26 de abril y 548\/2019, de 16 de octubre entre otras).<\/em><\/p>\n

4.- El perjuicio en la impugnaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

La configuraci\u00f3n legal de la impugnaci\u00f3n exige que el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto pueda perjudicar a la parte apelada. De manera tal que, si una parte formula recurso de apelaci\u00f3n y la situaci\u00f3n del litigante, que inicialmente no apel\u00f3, puede verse agravada, cabe que, al oponerse al recurso, se formule impugnaci\u00f3n sobre los aspectos perjudiciales de la resoluci\u00f3n recurrida ( sentencia 615\/2016, de 10 de octubre ).<\/em><\/p>\n

En este sentido, la sentencia 869\/2009, de 18 de enero , se\u00f1ala que: “La impugnaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 461 es por tanto un instrumento procesal que la Ley pone al alcance de la parte que se aquieta con el fallo de primera instancia que no le resulta totalmente favorable y que es apelado por la contraria, para insertar pretensiones aut\u00f3nomas y eventualmente divergentes de la apelaci\u00f3n principal, evitando el riesgo de que a trav\u00e9s del recurso se agrave en su contra ese pronunciamiento”.<\/em><\/p>\n

De la misma manera, la sentencia 127\/2014, de 6 de marzo , se\u00f1ala que: “[…] la impugnaci\u00f3n de la sentencia a que hace referencia el art. 461.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es una oportunidad que se brinda a quien inicialmente presta conformidad con el gravamen que la sentencia le supone, para que el mismo no se vea agravado por el resultado eventual del recurso que interponga la contraparte” de manera que “solo si la parte contraria la recurre y su situaci\u00f3n puede agravarse respecto de la que resulta de la sentencia, el litigante que inicialmente no apel\u00f3 pueda tambi\u00e9n formular su impugnaci\u00f3n”.<\/em><\/p>\n

Desde esta perspectiva es obvio que la impugnaci\u00f3n formulada por la codemandada Caja Laboral Popular, Coop. Cr\u00e9dito, con las pretensiones recogidas en el fundamento de derecho precedente, no debi\u00f3 ser admitida ya que:<\/p>\n

.- el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora con fecha 22 de julio de 2019, tras ser admitido a tr\u00e1mite por diligencia de ordenaci\u00f3n de 11 de octubre de 2019 y dar traslado a las partes, notificada a Caja Laboral el d\u00eda 23 siguiente no motiva la impugnaci\u00f3n actual.<\/p>\n

.- el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los codemandados Sra. Bibiana y Sr. Romulo con fecha 23 de julio de 2019, tras ser admitido a tr\u00e1mite por diligencia de ordenaci\u00f3n de 2 de setiembre de 2019 y dar traslado a las partes motiva la impugnaci\u00f3n actual, como lo evidencia el hecho de que en el escrito presentado el d\u00eda 17 siguiente al efecto se dice: ” Que con fecha 4 de setiembre de 2019, nos ha sido notificada la diligencia de ordenaci\u00f3n de 02 de setiembre de 2019, por la cual se nos comunica del Recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia presentado por los codemandados Don Romulo y Do\u00f1a Bibiana y se nos emplaza para que en el plazo de DIEZ D\u00cdAS podamos presentar oposici\u00f3n a la apelaci\u00f3n o impugnar la Sentencia de 19 de junio de 2019 por lo que procedemos a IMPUGNAR LA SENTENCIA DE 19 DE JUNIO DE 2019 …”.<\/em><\/p>\n

Y no debi\u00f3 ser admitida, pues la pretensi\u00f3n revocatoria que en \u00e9l se contiene se dirige contra el actor, el Sr. Juan Miguel , cuyo recurso de apelaci\u00f3n a\u00fan no hab\u00eda sido admitido a tr\u00e1mite al tener que subsanar la omisi\u00f3n del dep\u00f3sito para recurrir, para m\u00e1s tarde, una vez admitido y d\u00e1rsele traslado a la ahora impugnante a los efectos de impugnaci\u00f3n dejar precluir el plazo para ello, pese a que ya en las actuaciones se hab\u00edan presentado escritos por el actor, como el de fecha 1 de octubre de 2019, interesando al inadmisi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n por<\/p>\n

las razones ahora consideradas, y no contra quienes, aun siendo apelantes, son codemandados la Sra. Bibiana y el Sr. Romulo , como Caja Laboral Popular no pudiendo aprovechar el traslado del recurso de apelaci\u00f3n de la otra parte demandada condenada con ella en la instancia para formularla, cuando lo procedente hubiera sido interponer un recurso de apelaci\u00f3n para obtener el pronunciamiento revocatorio que ahora se pretende o impugnar el recurso de apelaci\u00f3n del actor, por m\u00e1s que la condena de ambas partes demandadas coincida, pues lo que la parte impugnante pretende al adherirse, seg\u00fan su expresi\u00f3n, a los argumentos de los otros apelantes con otras alegaciones complementarias, es que se desestime la demanda contra ella deducida.<\/p>\n

Cuesti\u00f3n distinta a valorar, en su caso, por la Sala lo es el posible efecto expansivo del recurso de apelaci\u00f3n de la codemandada respecto de la con ella condenada, si fuera el mismo estimado.<\/p>\n

Lo as\u00ed considerado determina que en esta fase de la tramitaci\u00f3n los motivos de inadmisi\u00f3n se conviertan en causa de desestimaci\u00f3n ( Tribunal Supremo, Sala Primera, sentencias de 15 de julio de 2014, 1 de octubre de 2013, 30 y 11 de noviembre, 27 y 20 de junio, 19 de mayo y 8 de abril de 2011, 22, 10 y 7 de diciembre de 2010 entre otras). A ello no obsta que en su d\u00eda la impugnaci\u00f3n fuera admitida a tr\u00e1mite dado el car\u00e1cter provisorio de la admisi\u00f3n pronunciada inicialmente (en este caso, por diligencia de ordenaci\u00f3n de la Sra. Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia de 16 de octubre de 2019) por hallarse sujeta a un examen definitivo en la sentencia, como declara el Tribunal Supremo, Sala Primera, en sus sentencias entre otras de 15 de julio de 2014, 1 de octubre de 2013, 20 de setiembre de 2012 y 18 de febrero de 2011.<\/p>\n

TERCERO.- La saca foral.<\/em><\/strong><\/p>\n

La parte actora, tras alegar su condici\u00f3n de pariente tronquero de uno de los vendedores de la caser\u00eda Jaureguibarria ( bien ra\u00edz troncal), pretende se declare la nulidad de su compraventa a favor de la Sra. Bibiana y del Sr. Romulo en escritura p\u00fablica de fecha 19 de julio de 2018 sin realizarse los llamamientos forales y, en consecuencia, se reconozca su derecho a la saca foral adjudic\u00e1ndosele la misma en la forma solicitada con las consecuencias a ello inherentes.<\/p>\n

Acci\u00f3n ejercitada al amparo del art.83 en relaci\u00f3n con los arts 72 y ss de la Ley 5\/2015 de 25 de junio de Derecho Civil Vasco, respecto de la cual esta Sala en anteriores resoluciones, como en su sentencia de 7 de diciembre de 2004, bajo la Ley de Derecho Civil foral del Pa\u00eds Vasco de 1 de julio de 1992, al reflexionar sobre esta instituci\u00f3n ha declarado lo siguiente:<\/p>\n

” e l derecho “Saca Foral”, cuyo alcance y contenido ha sido estudiado por la doctrina y la jurisprudencia, siendo definido como aquel derecho que el ordenamiento jur\u00eddico reconoce a determinadas personas (parientes tronqueros) en relaci\u00f3n con determinados bienes (bienes troncales) de sacarlos, es decir de quitarlos de manos de un extra\u00f1o que los ha adquirido por t\u00edtulo oneroso, siempre y cuando no se cumplan los requisitos que para dicha transmisi\u00f3n se establecen, bien entendido que tal integra un derecho potestativo en el sentido de que no tiene porque ser ejercitado por aqu\u00e9l al que el ordenamiento se la reconoce (art. 123 \u00abpodr\u00e1\u00bb), y caso de hacerlo, deber\u00e1 serlo en el plazo que se establece en el art\u00edculo 123 citado, transcurrido el cual la transmisi\u00f3n deviene inatacable.<\/em><\/p>\n

La saca tiene como finalidad la conservaci\u00f3n de la ra\u00edz en el patrimonio del tronquero, consecuencia de ser la troncalidad una instituci\u00f3n b\u00e1sica del Derecho foral vizca\u00edno, es de naturaleza compleja y est\u00e1 informando toda la estructura de \u00e9ste, debiendo ser entendida e interpretada en la conjunci\u00f3n arm\u00f3nica de su diversas instituciones, y en su manifestaci\u00f3n m\u00e1s directa consiste en la adscripci\u00f3n de determinados bienes ra\u00edces a la familia, para la que han recibido la condici\u00f3n de troncales, siendo esa vinculaci\u00f3n no un fin en s\u00ed misma, sino un medio encaminado a obtener la mayor estabilidad econ\u00f3mica de la familia troncal, por lo que la conservaci\u00f3n del bien ra\u00edz en el patrimonio familiar, a trav\u00e9s de su titular individual, no constituye una imposici\u00f3n legal para el pariente tronquero, sino una libre determinaci\u00f3n de \u00e9ste, y, por tanto, no es dable exigir al tronquero, cuando adquiere la ra\u00edz troncal, el prop\u00f3sito de conservarla en su patrimonio, pudiendo transmitirla en el tiempo y ocasi\u00f3n que mejor le convenga, siempre que, al verificarlo, guarde y respete el derecho de los otros tronqueros\u00bb (TSJPV S. 11 de septiembre de 1992).<\/em><\/p>\n

Este derecho del pariente tronquero, se produce, entre otros supuestos, cuando se enajene el bien ra\u00edz, ya a un extra\u00f1o, ya a un pariente tronquero de l\u00ednea posterior a la de quien lo ejercita, sin previos llamamientos, esto es sin publicar su prop\u00f3sito de vender, para que pueda el pariente tronquero preferente manifestar su decisi\u00f3n de adquirir la finca a precio de hombres (art. 116 y ss. LDCF), siempre y cuando no hubiera renunciado a tal derecho, de manera que su ejercicio produce un doble efecto, por un lado se declara la nulidad de la venta efectuada contraviniendo tal obligaci\u00f3n, y por otro, como pronunciamiento indefectiblemente unido a tal declaraci\u00f3n, el pariente tronquero debe instar que se le adjudique la ra\u00edz por su justa valoraci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

Si \u00e9stos son los perfiles de esta instituci\u00f3n es claro que presenta diferencias importantes con el retracto, pues por naturaleza tal conlleva el mantenimiento de la validez de la enajenaci\u00f3n, subrog\u00e1ndose el retrayente en la<\/em><\/p>\n

posici\u00f3n del adquirente, de suerte que debe adquirir el bien en el mimo precio y condiciones que \u00e9ste, por lo que debe ser conocido plenamente el contenido del acto de transmisi\u00f3n antes de proceder a su ejercicio, y por ello la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal, a diferencia del derecho de saca, basta con que se integre con el comprador, mientras que en este Derecho foral se exige que sean demandados ambos, comprador y vendedor (art. 123 LDCF).<\/em><\/p>\n

Es por ello que el derecho de saca se ha estimado que da lugar a una nulidad del contrato especial, porque s\u00f3lo es anulable a instancia de los parientes tronqueros, y el bien no retorna al vendedor ni se adquiere del comprador, sino que se produce la adjudicaci\u00f3n directa al tronquero y no, necesariamente, por el precio abonado, sino por su justa valoraci\u00f3n, condicionando su ejercicio a un plazo, cual es el de \u00abtres meses desde la inscripci\u00f3n del Registro de la Propiedad o en su defecto, desde que tal conocimiento de la enajenaci\u00f3n\u00bb. Plazo que es de caducidad, cuyo transcurso es apreciable de oficio y no es susceptible de interrupci\u00f3n que la Sala al igual que el juzgador \u00aba quo\u00bb estima no se hab\u00eda superado, cuando el demandante, a quien esta alzada no se cuestiona su cualidad de pariente tronquero preferente ni la cualidad de troncal del bien vendido, presenta la demanda en ejercicio de este derecho el d\u00eda 22 de julio de 1996.<\/em><\/p>\n

Y ello, porque en tal momento no hab\u00eda transcurrido a\u00fan el plazo de tres meses, a contar desde la inscripci\u00f3n de la compraventa en el Registro de la Propiedad, ya que la fecha a considerar como de la inscripci\u00f3n no es la del asiento de presentaci\u00f3n, sino la de la inscripci\u00f3n misma, el d\u00eda 23 de abril de 1996 (certificaci\u00f3n del Registro de la Propiedad folios 189 y ss.), pues aunque es cierto que a tenor del art. 9 LH y sus concordantes del Reglamento Hipotecario (RCL 1947\\ 476, 642 y NDL 18733), en el asiento de inscripci\u00f3n, que es un asiento principal, definitivo y de car\u00e1cter positivo que se practica en el libro de inscripciones, y en el que se hace constar de un modo completo la constituci\u00f3n, transmisi\u00f3n o modificaci\u00f3n de un derecho real inmobiliario, se hace constar no s\u00f3lo la fecha de la inscripci\u00f3n misma sino tambi\u00e9n la de presentaci\u00f3n del t\u00edtulo en el Registro, entendi\u00e9ndose que a todos los efectos \u00e9sta como fecha de la inscripci\u00f3n ( arts. 17 , 24 y 25 LH , principio registral de prioridad), ello no quiere decir que en el ejercicio del presente Derecho de saca foral, sea la fecha del asiento de presentaci\u00f3n la que debe considerarse como inicio del c\u00f3mputo del plazo de caducidad, por cuanto que aunque tal clase de asiento es preparatorio del asiento principal y est\u00e1 dotado de importantes efectos, cerrando el Registro a todo t\u00edtulo que se oponga o sea incompatible con uno ya inscrito de fecha igual o anterior, siendo susceptible de conocimiento por cualquiera que tenga inter\u00e9s ( arts. 230 LH y 345 RH ), lo cierto es que su contenido est\u00e1 limitado y no supone la constancia del dato esencial al efecto del ejercicio del Derecho de saca foral, cual es la realizaci\u00f3n o no de llamamientos forales, requisitos que ineludiblemente deben constar en la inscripci\u00f3n, por imperativo no s\u00f3lo del art. 122 LCDF sino tambi\u00e9n de los arts. 9 LH y 51 y 52 RH y art. 37 LH por cuanto que puede perjudicar a terceros y no, necesariamente, debe indicarse en el asiento de presentaci\u00f3n, conforme establece el art. 249 LH ; de ah\u00ed que deba ser la fecha a computar la de la efectiva inscripci\u00f3n, del mismo modo que ocurre, cuando nos encontramos ante un retracto en el que el conocimiento de las condiciones de la venta es esencial, no as\u00ed en el Derecho de saca donde lo esencial es conocer la existencia o no de llamamientos y no del precio (Tribunal Supremo 1\u00aa S. 1 de julio de 1959, 20 de noviembre de 1964, 21 de julio de 1993, entre otras).<\/em><\/p>\n

A id\u00e9ntica conclusi\u00f3n se llega tambi\u00e9n desde la propia dicci\u00f3n de los arts. 122 y 123 LCDF que emplea la expresi\u00f3n \u00abdesde la inscripci\u00f3n\u00bb “.<\/em><\/p>\n

Por otro lado, a la hora de valorar las consecuencias de la ejecuci\u00f3n de la saca foral, una vez reconocido tal derecho, la Secci\u00f3n Cuarta de esta Audiencia Provincial, declara en su sentencia de 7 de diciembre de 2000 que ” a quien es reprochable la responsabilidad en el caso de la omisi\u00f3n de los llamamientos a los parientes tronqueros, lo es de la parte vendedora al incumplir la obligaci\u00f3n legal que sobre la misma pesaba, a tenor de lo establecido por el art\u00edculo 116 de la Ley Foral , y en cuanto pretend\u00eda enajenar bienes sujetos a saca foral, sin practicar notarialmente el llamamiento a los parientes tronqueros, d\u00e1ndoles la oportunidad de ejercitar su derecho de adquisici\u00f3n preferente, obligaci\u00f3n que no cabe desconocer apelando a la ignorancia del mandato legal, dado que, seg\u00fan dispone el articulo 6.1 del C\u00f3digo Civil , la ignorancia de la leyes no excusa su cumplimiento. No pudiendo considerarse enervada dicha responsabilidad por la propia actuaci\u00f3n de la parte compradora al no exigir a la vendedora la pr\u00e1ctica de los llamamientos, pues la Ley no le impone tal deber, pesando la obligaci\u00f3n sobre la parte vendedora y no sobre la compradora que, por otro lado, no tiene por qu\u00e9 averiguar ni saber, y en el caso ninguna constancia hay de que lo supiese, si existen parientes tronqueros que, por no haber renunciado el derecho de adquisici\u00f3n preferente ( art\u00edculo 112, p\u00e1rrafo tercero de la Ley Foral ), est\u00e1n en disposici\u00f3n de ejercer la saca foral”. Criterio que mantienen en otras resoluciones, S. de 17 de Julio de 2003, y que esta Sala comparte plenamente”.<\/em><\/p>\n

De igual modo, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, adem\u00e1s de en las sentencias ya citadas, en relaci\u00f3n con el derecho de saca foral declara:<\/p>\n

.- en su sentencia de 2 de junio de 2004:<\/p>\n

” TERCERO.- Los dos primeros motivos del recurso, en los que se acusa la infracci\u00f3n del art\u00edculo 123 de la Ley Civil Foral del Pa\u00eds Vasco por su aplicaci\u00f3n indebida e interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, han de ser examinados conjuntamente.<\/p>\n

Desde ahora cabe anunciar que los motivos deben ser estimados<\/p>\n

La instituci\u00f3n de la troncalidad, que protege el car\u00e1cter familiar del patrimonio inmueble seg\u00fan el art\u00edculo 17 de la citada Ley Civil Foral, establece la vinculaci\u00f3n de la ra\u00edz troncal a la familia a la que pertenece, por lo que su transmisi\u00f3n ha de hacerse siempre respetando los derechos de los parientes tronqueros.<\/p>\n

En cuanto a la transmisi\u00f3n a t\u00edtulo gratuito de los bienes troncales, tanto si tiene lugar por actos \u00ednter vivos como moros causa, del art\u00edculo 24 de la Ley se deduce que ha de hacerse forzosamente a favor de los parientes tronqueros de la l\u00ednea preferente y el mismo art\u00edculo dispone, como consecuencia necesaria, la sanci\u00f3n de nulidad de pleno derecho para las disposiciones gratuitas realizadas a favor de otras personas.<\/p>\n

Trat\u00e1ndose de transmisiones a t\u00edtulo oneroso, la vinculaci\u00f3n de la ra\u00edz troncal a la familia se protege mediante el derecho concedido por el art\u00edculo 112 de la repetida Ley a los parientes tronqueros para que puedan adquirirla con car\u00e1cter preferente una vez que el titular haya anunciado, del modo que establece el art\u00edculo 116, su prop\u00f3sito de enajenarla. Y si el titular de la ra\u00edz troncal la hubiere enajenado sin el anuncio previo por llamamientos hechos a los parientes, el derecho de los tronqueros consiste en la facultad de sacar los bienes del poder del adquirente, en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 123, para adquirirlos por su valor de tasaci\u00f3n.<\/p>\n

De esto \u00faltimo resulta que la acci\u00f3n de saca foral, que asiste al tronquero cuando la ra\u00edz se enajen\u00f3 sin previo llamamiento, no consiste, como en el caso del retracto, en operar la subrogaci\u00f3n del retrayente en el lugar del comprador, con abono del mismo precio que en dicho contrato estaba convenido y subsistiendo la relaci\u00f3n contractual en lo que respecta al vendedor. Por el contrario, la soluci\u00f3n dispuesta por la legislaci\u00f3n foral vizca\u00edna es la de que el precio que satisfaga el tronquero debe ser el que resulte de la tasaci\u00f3n pericial de la ra\u00edz, que podr\u00e1 diferir en m\u00e1s o en menos del que se hubiera establecido con el adquirente extra\u00f1o, lo que hace que el contrato celebrado con \u00e9ste haya de ser anulado para posibilitar la enajenaci\u00f3n de la ra\u00edz al tronquero.<\/p>\n

Por raz\u00f3n de lo dicho, en la acci\u00f3n de saca foral la pretensi\u00f3n \u00faltima y sustancial ha de ser la de que la ra\u00edz sea adjudicada al tronquero que la ejercita, porque la acci\u00f3n se concede precisamente para que \u00e9ste pueda hacer valer su preferente derecho para adquirir la finca troncal, y la petici\u00f3n de que se declare la nulidad de la venta realizada sin el previo llamamiento no es sino un presupuesto necesario para hacer posible la adquisici\u00f3n del tronquero. Esto resulta palmario en el texto del art\u00edculo 123 de la Ley del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco cuando establece que el ejercicio de la acci\u00f3n de saca foral se ha de hacer “solicitando la nulidad de la enajenaci\u00f3n y que se le adjudique la finca por su justa valoraci\u00f3n”, ya que ambas peticiones no son sino componentes de una \u00fanica acci\u00f3n para la defensa de un mismo y \u00fanico derecho.”.<\/p>\n

Ahora bien, lo as\u00ed considerado implica tener en cuenta que el derecho de saca foral, en el presente caso, se ejercita bajo la vigencia de la Ley 5\/2015 cuyo art. 83 n\u00ba 1 en cuanto al c\u00f3mputo del plazo de tres meses que es de caducidad, establece respecto del art. 123 de la ley de 1992 antes transcrito, matizando con ello su redacci\u00f3n anterior en el sentido reclamado por los autores ante la imprecisi\u00f3n terminol\u00f3gica empleada, que el c\u00f3mputo lo es desde que se tuvo conocimiento de la enajenaci\u00f3n, lo cual puede ser antes de la inscripci\u00f3n, y , en todo caso, desde que la misma se d\u00e9 en el Registro de la Propiedad.<\/p>\n

Por otra parte, cuando el bien objeto de la saca foral es objeto de un derecho real de garant\u00eda como el la hipoteca a favor de la Caja Laboral Popular ante el contrato de pr\u00e9stamo concedido a los compradores, su llamada a un proceso como el presente es necesaria y la procedencia o no de la pretensi\u00f3n frente a ella ejercitada lo es al margen de su ausencia de intervenci\u00f3n en el contrato de compraventa y de su consideraci\u00f3n, desde un punto de vista registral, como un tercero de buena fe ( art. 34 LH), como ya ha declarado el Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, Sala Civil y Penal, en su sentencia de 7 de diciembre de 2000:<\/p>\n

” SEXTO.- La parte actora dirige tambi\u00e9n su demanda contra el Banco Central Hispanoamericano, actualmente Banco Santander Central Hispano S.A., deduciendo la pretensi\u00f3n de que se declare que es nula y sin valor ni efecto alguno la hipoteca constituida por D. Conrado y D\u00aa Enriqueta a favor de la expresada entidad bancaria demandada, en escritura autorizada por el Notario D. Carlos Ramos Villanueva el 20 de diciembre de 1996, con el n\u00famero 4.598 de su Protocolo, y que se declare nula la inscripci\u00f3n causada en el Registro de la Propiedad de Gernika por el expresado t\u00edtulo.<\/em><\/p>\n

Los demandados personados se oponen a la pretensi\u00f3n as\u00ed articulada alegando, no s\u00f3lo la improcedencia de la acci\u00f3n de saca, sino la concurrencia en la entidad bancaria demandada de la condici\u00f3n de tercero hipotecario, al amparo del art\u00edculo 34 de la Ley Hipotecaria , toda vez que la entidad bancaria adquiri\u00f3 su derecho de quien en el Registro figuraba como titular.<\/em><\/p>\n

El principio de la fe p\u00fablica registral supone que el tercero que adquiere alg\u00fan derecho en base a la legitimaci\u00f3n dispositiva de un titular registral es mantenido en la adquisici\u00f3n a non domino que realiza, siempre que haya actuado de buena fe, adquiera a t\u00edtulo oneroso e inscriba su derecho y, ello, aunque despu\u00e9s se anule o resuelva el del otorgarte por virtud de causas que no consten en el Registro de la Propiedad.<\/em><\/p>\n

El art\u00edculo 34 de La Ley Hipotecaria ha de ponerse en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 37 de la misma Ley que, tras disponer que las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias no se dar\u00e1n contra tercero que haya inscrito los t\u00edtulos de sus respectivos derechos, establece excepciones a la referida regla, entre otras, en el apartado tercero, las de retracto legal, en los casos y t\u00e9rminos que las leyes establezcan.<\/em><\/p>\n

El ordenamiento jur\u00eddico es un todo, del que cabe derivar, como hace la generalidad de la doctrina, que el principio de fe p\u00fablica registral tiene, no s\u00f3lo las excepciones establecidas en el citado art\u00edculo 37, sino otras que surgen de normas dispersas en otros textos legales, como pueden ser las que suponen limitaciones legales del dominio, y las servidumbres y prohibiciones legales.<\/em><\/p>\n

No ofrece duda que entre las excepciones mencionadas se encuentra el derecho de adquisici\u00f3n preferente y su derivado de saca foral que, por lo dem\u00e1s, y no obstante tener diferencias estructurales, guardan un estrecho parentesco con el retracto legal, expresamente establecido como excepci\u00f3n en el citado art\u00edculo 37.<\/em><\/p>\n

De la nulidad de la compraventa del inmueble al que la litis se refiere, realizada por los c\u00f3nyuges D. Conrado y D\u00aa Enriqueta , y de la inscripci\u00f3n por aquella ocasionada, ha de derivarse la de la hipoteca constituida sobre el expresado inmueble y la de la inscripci\u00f3n causada, por cuanto un negocio nulo no puede ser fundamento de ning\u00fan efecto negocial, procediendo por ello estimar la demanda en los pedimentos analizados.”.<\/em><\/p>\n

CUARTO<\/strong> .- Incongruencia extrapetita.<\/em><\/strong><\/p>\n

Delimitados en los fundamentos de derecho precedentes el objeto de la presente resoluci\u00f3n, se ha de analizar, en primer lugar, la infracci\u00f3n procesal denunciada por la parte apelante, los codemandados el Sr. Romulo y la Sra. Bibiana , como cometida por la Juzgadora en su sentencia al entender que incurre en incongruencia extrapetita, cuando concede la nulidad parcial de la compraventa como equivalente al 25 % del total del bien adquirido y con ello de la garant\u00eda hipotecaria y de la inscripci\u00f3n registral, cuando lo que se interes\u00f3 en la demanda y as\u00ed se ratific\u00f3 en el acto de audiencia previa, fue la nulidad total de la compraventa con adjudicaci\u00f3n del 25% del bien ra\u00edz o subsidiariamente del 100%.<\/p>\n

La determinaci\u00f3n de la existencia o no del tal infracci\u00f3n procesal y las consecuencias, en su caso, de as\u00ed estimarse implica considerar lo declarado por el Tribunal Supremo, Sala Primera, entre otras resoluciones, en su sentencia de 11 de diciembre de 2018:<\/p>\n

” 1.- Como recoge la sentencia 707\/2016, de 35 de noviembre:<\/p>\n

“En relaci\u00f3n al presupuesto de congruencia debe se\u00f1alarse, tal y como se expone en la STS de 18 de mayo 2012 y se recuerda en la 148\/2016, de 10 de marzo ( n\u00fam 294\/2012), que constituye doctrina de esta Sala que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relaci\u00f3n entre el fallo y las pretensiones procesales no est\u00e1 sustancialmente alterada en su configuraci\u00f3n l\u00f3gico-jur\u00eddica (4 de abril de 2011 ROJ 2898, 2011).<\/p>\n

“El juicio sobre congruencia de la resoluci\u00f3n judicial precisa, por tanto, de la confrontaci\u00f3n entre su parte dispositiva -dictum- y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jur\u00eddicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio – petitum – o pretensi\u00f3n solicitada, ( STS de 13 de junio de 2005). De esta forma, la congruencia no se mide en relaci\u00f3n con los razonamientos o con la argumentaci\u00f3n, sino poniendo en relaci\u00f3n lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988, y 20 de diciembre de 1989). En parecidos t\u00e9rminos, cabe se\u00f1alar que esta labor de contraste o comparaci\u00f3n no requiere que se realice de un modo estricto, esto es, que se constate una exactitud literal o r\u00edgida en la relaci\u00f3n establecida, sino que se faculta para que se realice con cierto grado de flexibilidad bastando que se d\u00e9 la racionalidad y la l\u00f3gica jur\u00eddica necesarias, as\u00ed como una adecuaci\u00f3n sustancial y no absoluta ante lo pedido y lo concedido; de tal modo que se decide sobre el mismo objeto, concedi\u00e9ndolo o deneg\u00e1ndolo en todo o en parte ( STS de 4 de octubre de 1993). Con lo que la incongruencia extra petita (fuera de lo pedido), en relaci\u00f3n con el principio de iura novit curia, se produce en la medida en que la facultad que tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la soluci\u00f3n del caso comporta la alteraci\u00f3n de los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS de 6 de octubre de 1988 y 1 de octubre de 2010).<\/p>\n

“Ello sentado, con un car\u00e1cter m\u00e1s general recordar que la congruencia es compatible con un an\u00e1lisis cr\u00edtico de los argumentos de las partes e incluso con la adopci\u00f3n de un punto de vista jur\u00eddico distinto, de acuerdo con el tradicional aforismo “iura novit curia” (el juez conoce el derecho) -con tal que ello no suponga una mutaci\u00f3n del objeto del proceso que provoque indefensi\u00f3n -, como establece el art\u00edculo 218, apartado 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n

“En consecuencia, la incongruencia, en la modalidad extrapetita (fuera de lo pedido), s\u00f3lo se produce cuando la sentencia resuelve sobre pretensiones o excepciones no formuladas por las partes alterando con ello la causa de pedir (entendida como conjunto de hechos decisivos y concretos, en suma relevantes, que fundamentan la pretensi\u00f3n y es susceptible, por tanto, de recibir por parte del \u00f3rgano jurisdiccional competente la tutela jur\u00eddica solicitada) ( STS 610\/2010, de 1 de octubre).<\/p>\n

“Respecto a la relevancia constitucional del vicio de incongruencia hay que se\u00f1alar que se produce, por entra\u00f1ar una alteraci\u00f3n del principio de contradicci\u00f3n constitutiva de una efectiva denegaci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando la desviaci\u00f3n sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos en que discurri\u00f3 la controversia procesal (STC 18 de octubre, de 2004 RTC 2004, 174). En esta l\u00ednea, el Tribunal Constitucional ha reiterado que para que la indefensi\u00f3n alcance relevancia constitucional es necesario que sea imputable y que tenga su origen en actos u omisiones de los \u00f3rganos judiciales, esto es, que la indefensi\u00f3n sea causada por la actuaci\u00f3n incorrecta del \u00f3rgano jurisdiccional.<\/p>\n

“As\u00ed se recordaba lo declarado en la sentencia de 25 de junio 2015, rec. 2868\/2013.” “.<\/p>\n

Por otra parte, el mismo \u00f3rgano judicial en su sentencia de 14 de octubre de 2020 ha declarado:<\/p>\n

” La congruencia exige la necesaria correlaci\u00f3n entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petici\u00f3n y la causa de pedir ( sentencias 698\/2017, de 21 de diciembre; 233\/2019, de 23 de abril; 640\/2019, de 26 de noviembre; 31\/2020, de 21 de enero y 313\/2020, de 17 de junio, entre otras), de manera tal que la sentencia sea la respuesta que dan los juzgadores a las pretensiones introducidas por el actor en el escrito rector del proceso, conjuntamente con las que merecen las excepciones y resistencias opuestas por el demandado.<\/p>\n

Una sentencia es pues incongruente, como ha recordado reiteradamente esta Sala (por todas las sentencias 604\/2019, de 12 de noviembre; 31\/2020, de 21 de enero o 267\/2020, de 9 de junio), si concede m\u00e1s de lo pedido ( ultra petita), se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes(extra petita), se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes ( citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimaci\u00f3n t\u00e1cita de la pretensi\u00f3n deducida; por el contrario, es perfectamente v\u00e1lido que d\u00e9 menos de lo pedido ( infra petitum), lo que no constituye infracci\u00f3n de incongruencia, salvo que diera menos de lo admitido por el demandado.”.<\/em><\/p>\n

Desde esta perspectiva y no siendo la bondad jur\u00eddica de la resoluci\u00f3n recurrida lo que la Sala debe considerar para estimar o no este motivo de recurso, es evidente que la Juzgadora acertadamente o no a la hora de decidir sobre las consecuencias y alcance que implica la compraventa de un bien troncal sin realizaci\u00f3n de llamamientos forales, si la nulidad debe ser total o parcial en funci\u00f3n de que el pariente tronquero ostente tal condici\u00f3n, como es el caso, solo sobre el 25 % del bien, no ha concedido algo distinto de lo pedido con una fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que altere los t\u00e9rminos del debate, sino algo menos de lo pedido, esto es una nulidad parcial y no total y una adjudicaci\u00f3n preferente del 25% interesada como pretensi\u00f3n frente a la subsidiaria del 100%, que de ninguna manera aceptaban los ahora recurrentes a quienes no se ha causado indefensi\u00f3n, de modo que no se da la infracci\u00f3n procesal denunciada.<\/p>\n

QUINTO.- La cuesti\u00f3n de fondo controvertida.<\/em><\/strong><\/p>\n

La parte apelante, como compradora, aduce en su escrito de interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, reiterando sus argumentos del escrito de contestaci\u00f3n, que la demanda entra\u00f1a una situaci\u00f3n de mala fe y de abuso de derecho, pues se est\u00e1 ejercitando un derecho de saca foral amparado en la ausencia, formal, de llamamientos en la compraventa de la caser\u00eda, al amparo del art. 83 de la LDCV de 25 de junio de 2015. Compraventa realizada en la escritura p\u00fablica de 19 de julio de 2018 en la que sobre esta cuesti\u00f3n se dice:” LLAMAMIENTOS FORALES.- No se han practicado, haciendo yo el notario las advertencias pertinentes, insisten en el otorgamiento”<\/strong> ( doc. n\u00ba 16 demanda), cuando quien pretende tal derecho y a quien no se niega, por ninguna de las partes en litigio, su condici\u00f3n de pariente tronquero y el car\u00e1cter de bien ra\u00edz troncal del transmitido no pod\u00eda desconocer la existencia de la voluntad de vender sus parientes, entre los que se encontraba su abuelo representado por su padre, siendo incierto que tuviera conocimiento del hecho de la transmisi\u00f3n tras la muerte de su abuelo, consultando el Registro de la Propiedad el d\u00eda 8 de agosto de 2018.<\/p>\n

Es m\u00e1s se alega que se trata de una maniobra de su padre, el Sr. Pedro Francisco , quien a trav\u00e9s de su hijo obtiene lo que, de ninguna manera, se hubiera dado que el resto de los vendedores no le hubieran transmitido,<\/p>\n

voluntariamente, el bien de lo que esta Sala, tras valorar la prueba practicada, considera que no hay prueba concluyente, pues a ello solo se refiere uno de los demandados, el Sr. Luis Miguel , en relaci\u00f3n con algunos parientes que no concreta ( minuto 28,26 y ss Cd n\u00ba 1), aunque sea cierto que aquel reconoce que hace a\u00f1os, unos 20, intent\u00f3 adquirir la caser\u00eda pero no se le vendi\u00f3 ( minuto 24,06 a 24,18 y ss Cd n\u00ba 1) y que respecto de las diversas ramas de parientes que han heredado y que intervienen en la operaci\u00f3n, su relaci\u00f3n con todos ellos no es igual, por lo que es dif\u00edcil que la tuvieran con su hijo que no les conoce ( minuto 18,05 y ss Cd n\u00ba 1), sobre toado a medida que se alejan del tronco com\u00fan en lo que coincide no solo el actor que admite conocer a sus t\u00edos paternos y no a las dem\u00e1s personas que ha demandado ( minuto, 5,25 y ss y 9,11 a 9,36 y ss Cd n\u00ba 1) sino tambi\u00e9n el codemandado Sr. Luis Miguel ( minuto 30,22 y ss Cd n\u00ba 1), y aun cuando pueda resultar extra\u00f1o el secretismo con el que se dice se llev\u00f3 la operaci\u00f3n de venta porque su padre as\u00ed lo quer\u00eda y de ah\u00ed que nada dijera a su hijo ( minuto 15,51 y ss, 16,31 a 17,53 y ss y 18,35 a 19,56 y ss Cd n\u00ba 1), lo que cuestionan otros demandados como el referido Sr. Luis Miguel ( minuto 28,43 a 29,41y ss Cd n\u00ba 1), resulta que de la documental aportada, se deduce que algo de ello hubo, pues el peso de la operaci\u00f3n recay\u00f3, entre otros, en el padre del actor, estando a la venta la caser\u00eda en inmobiliarias, sin publicidad, sobre ekl abril de 2018 ( f. 451), surgiendo alg\u00fan problema sobre ello, como se deduce de los e-mails intercambiados entre los compradores y el Sr. Pedro Francisco , cuya autenticidad no se niega, aportados como doc. n\u00ba 2 de la contestaci\u00f3n y testifical del mismo ( minuto 19,56 y ss Cd n\u00ba 1), estando, entonces, a principios de junio de 2018 sin concretarse la operaci\u00f3n de venta, negociando el precio, resulta que lo determinante, antes de analizar si la pretensi\u00f3n de la demanda ha de prosperar o no es saber si la acci\u00f3n se ejercit\u00f3 en plazo por el Sr. Roman quien reside fuera, en Madrid, desde el a\u00f1o 2017, donde trabaja lo que no le impide acudir a su domicilio familiar de sus padres, en Amorebieta, en determinadas \u00e9pocas y ocasiones, manteniendo una relaci\u00f3n familiar normal, estimando la Sala con la Juzgadora de instancia que ello fue as\u00ed.<\/p>\n

Pensemos que la demanda se presenta el d\u00eda 16 de octubre de 2018 lo que quiere decir que para que estuviera fuera del l\u00edmite el conocimiento de la venta tiene que haberse dado antes del d\u00eda 16 de julio de ah\u00ed que la prueba practicada en esta alzada que no se ha grabado no resulta relevante, pues no cuestion\u00e1ndose la realizaci\u00f3n de una comida familiar de parte de los vendedores en la que estuvo presente el actor y su abuelo, celebrada el d\u00eda 21 de ese mismo mes, ya lo fuera, como todos sostienen, para celebrar la despedida de uno de los miembros de la familia al trasladarse a China, en lo que insiste la parte actora y quienes declaran en esta alzada los demandados rebeldes Sr. Sim\u00f3n y la Sra. Alicia y la testigo Sra. Teodora , su hija insistiendo en que ellos no hablaron de la venta ni les consta que se comentara en el curso de la comida, ya para celebrar la venta de la caser\u00eda, la acci\u00f3n, en cualquier caso, se encontrar\u00eda en plazo, a no ser que se hubiera acreditado que el actor conoc\u00eda antes del d\u00eda 16 de julio de 2018 todo el proceso la intenci\u00f3n de la venta, se desconoce si hubo compraventa en contrato privado, sin entrega del bien a\u00fan, pues no se aporta, para terminar el mismo con la escritura p\u00fablica de compraventa de 19 de julio de 2018.<\/p>\n

Conocimiento que no es tanto saber cada una de las condiciones de la transmisi\u00f3n, el precio y dem\u00e1s elementos del contrato, sino su realizaci\u00f3n sin tener en cuenta y advertir a los parientes tronqueros para que puedan ejercitar su derecho, pues las condiciones de la operaci\u00f3n no son relevantes en la saca foral por falta de llamamientos forales ya que no es un derecho de retracto, como ya hemos razonado, al no subrogarse el pariente tronquero en la posici\u00f3n del comprador, declar\u00e1ndose nula la compraventa en su integridad y no de manera parcial, como se ha considerado por la Juzgadora de instancia, al no cumplirse con los requisitos que exige la Ley, siendo solo anulable a instancia de los parientes tronqueros y el bien no retorna al vendedor ni se adquiere del comprador, sino que se produce la adjudicaci\u00f3n directa al tronquero y no, necesariamente, por el precio abonado, sino por su justa valoraci\u00f3n.<\/p>\n

No acreditado el conocimento previo al 16 de julio de 2018 es por lo que la accion est\u00e1 ejercitada en plazo y no siendo un hecho controvertido que no se realizaron los llamamientos forales como se reconoce en la escritura p\u00fablica y as\u00ed lo declara el Notario autorizante el Sr. Arcocha quien dice advirti\u00f3 sobre ello indic\u00e1ndole los vendedores que lo sab\u00edan todos los parientes, insistiendo en celebrar el contrato ( minuto 32,44 y ss Cd n\u00ba 1), mientras al respecto el Sr. Luis Miguel declara que sobre los llamamientos alguien de los que estaban dijo que faltaba alg\u00fan pariente, los hermanos de padre del actor, y deb\u00eda hacerse los llamamientos y el Notario les dijo que estaban todos que no hac\u00eda falta hacerlos ( minuto 30,52 y ss Cd n\u00ba 1) y el Sr. Pedro Francisco insiste en que al decir eso el Notario el contest\u00f3 que estaban en el otorgamiento todos los titulares registrales, personalmente o representados ( minuto 23,02 y ss Cd n\u00ba 1), ignorando el derecho de saca de sus hijos ( minuto 23,27 y ss Cd n\u00ba 1).<\/p>\n

Lo as\u00ed considerado lleva a la Sala a la confirmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida la darse los requisitos para la prosperabilidad del derecho de saca foral, si bien, por razones de congruencia, al aquietarse la parte actora con los t\u00e9rminos en los que su demanda se ha estimado, siendo el objeto de su recurso la condena en costas de los demandados absueltos cuando lo procedente era la nulidad total, como se infiere de la redacci\u00f3n del art. 83 de la LDCV de 25 de junio de 2015 y lo razonado en el fundamento de derecho tercero de esta resoluci\u00f3n y<\/p>\n

no la parcial del contrato de compraventa, pues en el acto transmisorio no se ha respetado la normativa que trata de mantener en el patrimonio familiar los bienes ra\u00edces transmitidos en este caso a terceros extra\u00f1os, evit\u00e1ndose, de igual modo y de actuar en sentido contrario declarando la nulidad total de la compraventa y del derecho real de hipoteca, una situaci\u00f3n de reformatio in peius para los demandados.<\/p>\n

SEXTO.- Las costas procesales de la instancia.<\/em><\/strong><\/p>\n

El motivo \u00fanico del recurso de apelaci\u00f3n de la parte actora, Roman , y el final del de la parte codemandada Bibiana y Romulo , versa sobre la imposici\u00f3n de las costas que se les realiza en la sentencia de instancia, considerando que la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC y por diversas razones, no procede debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes.<\/p>\n

Esta Sala en reiteradas resoluciones, entre otras, en sus sentencias de 8 de julio y 6 de octubre de 2004, 6 de julio y 20 de octubre de 2005, 8 de febrero y 5 de abril y 25 de octubre de 2006, 18 de enero y 16 de febrero y 19 y 28 de marzo de 2007, 4 de junio y 15 de setiembre y 1 de octubre de 2008, 21 de octubre de 2009, 7 de marzo de 2011, 9 y 29 de junio de 2016, 27 de junio y 29 de noviembre de 2017 y 6 de febrero de 2019, respecto de la regulaci\u00f3n de la condena en costas ha declarado que la misma supone el deseo del legislador de ponerla en su m\u00e1s directa relaci\u00f3n con el resultado del litigio, de manera que, sin vulnerar el derecho a la tutela judicial, con acceso a los Tribunales de todos los ciudadanos, ya tengan medios econ\u00f3micos o no ( art. 24 y 119 de la C.E.), la misma se ha entendido como el efecto derivado del ejercicio temerario o mala fe de las acciones judiciales, o de la desestimaci\u00f3n total de \u00e9stas, seg\u00fan sea el r\u00e9gimen legal que rija el proceso o recurso, cuya justificaci\u00f3n o razonabilidad se encuentra en prevenir los resultados distorsionadores del entero sistema judicial que se derivar\u00edan de una excesiva litigiosidad, y en restituir a la parte contraria de los gastos, que, en menoscabo de la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses leg\u00edtimos frente a quienes promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposici\u00f3n de costas ( T.C. 2\u00ba S. 146\/91 de 1 de Julio).<\/p>\n

En base a esta filosof\u00eda, se dio la reforma en esta materia por la Ley 34\/1984 de 6 de Agosto que da nueva redacci\u00f3n al art. 523 de la L.E.C., que hoy d\u00eda se mantiene en el art. 394 LEC 1\/2000 de 7 de Enero, aplicable al presente caso, estableciendo el sistema objetivo del vencimiento, esto es el principio de la condena en costas fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto de la otra, siempre que se estimen \u00edntegramente o se desestimen totalmente las pretensiones ejercitadas, lo que supone respecto de la demanda, que \u00e9sta se desestime \u00edntegramente independientemente de que las razones de ello, lo sean de fondo o de forma, generadoras \u00e9stas de una sentencia absolutoria en la instancia (TS 1\u00aa S. 25 de Marzo, 28 de Febrero, 16 de Junio y 4 de Julio de 1.997, entre otras), a no ser que el Juez o Tribunal, razon\u00e1ndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposici\u00f3n ( art. 394 n\u00ba 1 de la L.E.C.), cual pudiera ser la apreciaci\u00f3n de serias dudas de hecho o de derecho, sin que de ninguna manera est\u00e9 previsto en el texto legal que las costas derivadas de un procedimiento se impongan al vencedor en \u00e9l.<\/p>\n

Ahora bien, cuando la estimaci\u00f3n o desestimaci\u00f3n fuera parcial, el art. 394 n\u00ba 2 LEC establece que cada parte abonar\u00e1 las causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiera m\u00e9ritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad, lo que exige un razonamiento judicial expreso ( T.S.1\u00aa S. de 8 de Mayo de 1990 y 18 de Noviembre de 1997, entre otras).<\/p>\n

Es m\u00e1s, y reiterando esta doctrina el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 15 de junio de 2007<\/p>\n

ha declarado, al reflexionar sobre el antecedente legislativo del art. 394, esto es el art. 523 LEC anterior<\/p>\n

,<\/p>\n

conviene recordar el sistema general de imposici\u00f3n de costas recogido en dicho precepto que, como expone la reciente Sentencia de esta Sala de 9 de junio de 2006 “se basa fundamentalmente en dos principios: el del vencimiento objetivo y el de la distribuci\u00f3n, tambi\u00e9n llamado compensaci\u00f3n -aunque no es estrictamente tal-, que tiene car\u00e1cter complementario para integrar el sistema. El sistema se completa mediante dos pautas limitativas. La primera afecta al principio del vencimiento, y consiste en la posibilidad de excluir la condena cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposici\u00f3n (lo que en r\u00e9gimen del art\u00edculo 394 LEC tiene lugar cuando el caso presente serias dudas de hecho o de derecho). Su acogimiento (art\u00edculo 523, p\u00e1rrafo primero , inciso final) transforma el sistema del vencimiento puro en vencimiento atenuado. La segunda pauta afecta al principio de la distribuci\u00f3n, permitiendo que se impongan las costas a una de las partes (se discute si ha de ser total, o cabe hacerlo proporcionalmente, con opini\u00f3n mayoritaria favorable a la segunda soluci\u00f3n) cuando hubiese m\u00e9ritos para imponerlas por haber litigado con temeridad. Por otro lado, la doctrina de los Tribunales, con evidente inspiraci\u00f3n en la “ratio” del precepto relativo al vencimiento, en la equidad, como regla de ponderaci\u00f3n a observar en la aplicaci\u00f3n de las normas del ordenamiento jur\u00eddico, y en poderosas razones pr\u00e1cticas, complementa el sistema con la denominada doctrina de la “estimaci\u00f3n sustancial” de la demanda, que, si en teor\u00eda se podr\u00eda sintetizar en la existencia de un “cuasi- vencimiento”, por operar \u00fanicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, en la pr\u00e1ctica es de especial utilidad en los supuestos que se ejercitan acciones resarcitorias de da\u00f1os y perjuicios en los que la<\/p>\n

fijaci\u00f3n del “quantum” es de dif\u00edcil concreci\u00f3n y gran relatividad, de modo que, por raz\u00f3n de la misma, resulta oportuno un c\u00e1lculo “a priori” ponderado y aproximado, con lo que se evitan oposiciones razonables por ser desproporcionadas las peticiones efectuadas, y adem\u00e1s se centra la reclamaci\u00f3n en relaci\u00f3n al “valor del momento en que se formula, dejando la previsi\u00f3n de la actualizaci\u00f3n respecto del momento de su efectividad, a la operatividad de la modalidad que se elija de las varias que en la pr\u00e1ctica son posibles”.<\/p>\n

As\u00ed el pronunciamiento en costas pertinente cuando se desestima o estima la demanda, lo es el previsto en el art. 394 n\u00ba 1 LEC, esto es su imposici\u00f3n a la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones, la actora en el primer caso y la demandada, en el segundo, a no ser que el caso presente serias dudas de derecho por no existir jurisprudencia clara y consolidada en la materia, y\/o serias dudas de hecho.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con el concepto de serias dudas de hecho que como tal el legislador no define, esta Sala ha considerado en sus resoluciones, que tienen que ser algo m\u00e1s que las dudas propias de todo proceso, sujetas al resultado probatorio y que la parte habr\u00e1 sopesado al valorar las consecuencias de la presentaci\u00f3n a la demanda, y entre ellas, el riesgo de una eventual condena en costas, compartiendo al respecto las reflexiones realizadas por la Audiencia Provincial de Mallorca, Sec. 3\u00aa en su sentencia de 10 de octubre de 2017:<\/p>\n

” El art\u00edculo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Legislaci\u00f3n citada LEC art. 394 Civil establece como regla general, en materia de imposici\u00f3n de costas, el criterio objetivo o del vencimiento en virtud del cual \u00e9stas se impondr\u00e1n a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones. Excepci\u00f3n a dicha regla es la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho, razonadamente apreciadas por el juez. La apreciaci\u00f3n de si en un caso concreto concurren las ” serias dudas de hecho”, debe basarse en las siguientes premisas: – La interpretaci\u00f3n de lo que deba entenderse por “serias dudas de hecho” ha de ser siempre restrictiva por tratarse de una excepci\u00f3n. – El car\u00e1cter dudoso de los elementos f\u00e1cticos del pleito ha de venir determinado por las dificultades probatorias sobre la existencia de los hechos constitutivos de la pretensi\u00f3n. Lo f\u00e1ctico resulta dudoso cuanto en la fijaci\u00f3n de los hechos controvertidos alegados por una y otra parte haya resultado especialmente compleja pudi\u00e9ndose calificar la labor de apreciaci\u00f3n de las pruebas como verdaderamente dif\u00edcil e intensa. El proceso se revela como imprescindible puesto que sin \u00e9l hubiese sido imposible establecer los hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del litigio”.<\/p>\n

Esto es la duda seria que justifique la no imposici\u00f3n debe versar no sobre la discrepancia propia de todo proceso existente entre los litigantes en sus escritos de demanda y contestaci\u00f3n o a trav\u00e9s del recurso interpuesto, pues eso acontece en la totalidad de procesos y recursos, salvo los absolutamente infundados, si no que la duda debe surgir por la existencia real de incertidumbre acerca de lo realmente acontecido siempre que tenga repercusi\u00f3n directa en la resoluci\u00f3n de la litis.<\/p>\n

Por otra parte, no se ha de olvidar que las normas procesales reguladoras de la condena en costas integran normas imperativas ( ius cogens) lo que conlleva una doble consecuencia, cual es, por un lado, la improcedencia del pacto sobre costas, como, de manera reiterada, ha declarado el Tribunal Supremo, Sala Primera, tanto conforme a la LEC de 1881, antes y despu\u00e9s de su reforma de la LEC por la Ley de 6 de agosto de 1984 como con la nueva LEC de 7 de enero de 2000 ( sentencias de 3 de enero de 1952, 30 de noviembre de 1971, 29 de diciembre de 1981, 17 de mayo de 1993 y 12 de mayo de 1998 y 9 de mayo de 2000), y, por otro, que la omisi\u00f3n de la petici\u00f3n de su condena por una de las partes respecto de la contraria y el pronunciamiento al respecto, pese a ello, en la sentencia en modo alguno determina la existencia de un vicio de incongruencia extra petita ya que no estamos ante una norma sujeta al principio de rogaci\u00f3n o dispositivo, lo que nos recuerda el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 2 de diciembre de 2003 y las en ella citadas, entre las que se encuentra la de 21 de diciembre de 1992 en un supuesto como el de autos, en el que la parte actora en su demanda, tras interesar en el fundamento de derecho IX la condena en costas a la parte demandada al amparo del art. 394 LEC, no incluye tal petici\u00f3n en su suplico, pese a lo cual y tras la estimaci\u00f3n de la demanda en la sentencia de la Juzgadora de instancias se impone a la demandada tal condena, recordando anteriores resoluciones ( Sentencias de 15 de diciembre de 1988 y 2 de julio de 1991).<\/p>\n

Desde esta perspectiva debemos discriminar las distintas pretensiones revocatorias, a saber:<\/p>\n

.- la parte codemandada, Bibiana y Romulo , interesa su no imposici\u00f3n al considerar que la estimaci\u00f3n de la demanda frente a ellos es parcial y no \u00edntegra ya que no se declara la nulidad total de la compraventa de la caser\u00eda sino parcial acogi\u00e9ndose, de igual modo, la pretensi\u00f3n principal del actor de adjudicaci\u00f3n del 25 % del bien lo que, independientemente, de la consideraci\u00f3n que la Sala pueda tener sobre bondad jur\u00eddica de tal declaraci\u00f3n, como ya se ha expuesto en la presente resoluci\u00f3n, lo cierto es que tienen los recurrentes cuando consideran que se ha dado frente a ellos, no una estimaci\u00f3n \u00edntegra de la demanda sino parcial; de ah\u00ed que conforme al art. 394 n\u00ba 2 LEC al no existir razones para un pronunciamiento diverso no proceda la condena en costas, debiendo cada parte soportar las suyas.<\/p>\n

Este pronunciamiento que corresponder\u00eda igualmente a la otra codemandada, Caja Laboral Popular, Coop. Cr\u00e9dito no se va a hacer extensivo a la misma, pues su impugnaci\u00f3n que as\u00ed lo pretend\u00eda se ha inadmitido y por ello se ha desestimado, al igual que las cuestiones sobre el fondo aducidas por aquellos que en su caso de estimarse s\u00ed hubieran tenido incidencia ( desestimaci\u00f3n de la nulidad del contrato de compraventa con denegaci\u00f3n del derecho de saca, sin consecuencia por ello sobre el derecho real de garant\u00eda hipotecaria) y s\u00ed solo por el pronunciamiento en costas, no estando, por ello, ante uno de los supuestos en los que el recurso de apelaci\u00f3n de un codemandado produce efectos expansivos sobre los dem\u00e1s con \u00e9l condenados, esto es pronunciamientos que por su naturaleza deban ser absolutos o indivisibles u obedezcan a situaciones de solidaridad procesal por ejercitarse conjuntamente la misma acci\u00f3n frente a varias personas colocadas en id\u00e9ntica situaci\u00f3n procesal, a no ser la resoluci\u00f3n del recurso se base en causas subjetivas de las parte recurrente ( Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 5 de abril de 2016 y las en ella citadas).<\/p>\n

.- la parte actora, Roman , quien se aquieta con la sentencia de instancia en cuanto a la desestimaci\u00f3n de su demanda frente al resto de los demandados, estima que pese a ello y al principio del vencimiento del art. 394 n\u00ba 1 LEC en el presente caso concurren razones para su no imposici\u00f3n debiendo cada parte soportar sus costas.<\/p>\n

As\u00ed, es sabido que la determinaci\u00f3n de qui\u00e9n ha de ser demandado en un proceso como el presente viene regulada en el art. 83 n\u00ba 1 Ley de Derecho Civil Vasco de 2015 ” 1. Cuando el bien ra\u00edz se enajene sin previo llamamiento, cualquier tronquero de los enumerados en el art\u00edculo 72.2 podr\u00e1 ejercitar la acci\u00f3n de saca foral, solicitando la anulaci\u00f3n de la enajenaci\u00f3n y que se le adjudique la finca por su justa valoraci\u00f3n. Deber\u00e1 ejercitar este derecho en juicio declarativo, promovido contra el enajenante, el adquirente, y cualesquiera otros titulares de derechos posteriores a dicha enajenaci\u00f3n seg\u00fan el Registro de la Propiedad , dentro del plazo de tres meses contados desde que tuvo conocimiento de la enajenaci\u00f3n y en todo caso, desde la inscripci\u00f3n de la enajenaci\u00f3n en el Registro de la Propiedad. “<\/em> , estando, por tanto, ante un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario en el sentido del art. 12 n\u00ba 2 LEC, pues no hay duda de que para la declaraci\u00f3n de nulidad de la compraventa por no realizaci\u00f3n de llamamientos forales y posterior adjudicaci\u00f3n en atenci\u00f3n a la saca foral al pariente tronquero del bien troncal, deben ser demandados aquellos que fueron parte en el contrato, como se ha razonado a lo largo de esta resoluci\u00f3n; de modo que, y reiterando la imposibilidad de valorar la bondad jur\u00eddica o no de la sentencia de instancia cuando declara la nulidad parcial y no la total como proceder\u00eda, esa llamada al proceso como necesaria en un supuesto en el que se han dado los presupuestos para la prosperabilidad del derecho del art. 83 citado determina, pese a la desestimaci\u00f3n de la demanda frente a parte de los demandados, la no imposici\u00f3n de las costas de la instancia a los mismos causados por la parte actora.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.-<\/strong> En relaci\u00f3n a las costas procesales de esta alzada, dada la desestimaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n planteada por Caja Laboral Popular, Coop.Cr\u00e9dito, la estimaci\u00f3n parcial del recurso de apelaci\u00f3n de Bibiana y Romulo y la estimaci\u00f3n del formulado por Roman procede imponer a la parte impugnante las causadas por su impugnaci\u00f3n ( art. 398 n\u00ba 1 LEC) y no hacer expresa imposici\u00f3n de las motivadas por los recursos de apelaci\u00f3n, debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes ( art. 398 n\u00ba 2 LEC.).<\/p>\n

OCTAVO.-<\/strong> La desestimaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n conlleva, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de la Disposici\u00f3n Adicional Decimoquinta de LOPJ en la redacci\u00f3n dada por la LO 1\/2009 de 3 de noviembre, la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito constituido al efecto, el cual ser\u00e1 transferido por la Sra. Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos desestimados.<\/p>\n

Por el contrario, dada la estimaci\u00f3n parcial e \u00edntegra, respectivamente, de los recursos de apelaci\u00f3n conlleva de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 de la Disposici\u00f3n Adicional citada, la devoluci\u00f3n de los dep\u00f3sitos constituidos al efecto, para lo cual se librar\u00e1n por la Sra. Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia los correspondientes mandamientos de devoluci\u00f3n.<\/p>\n

VISTOS<\/strong> los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada, y dem\u00e1s pertinentes y de general aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que estimando \u00edntegramente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, inicialmente, por el Procurador Sr. Atela Arana a quien sucede el Procurador Sr. Salgado N\u00fa\u00f1ez, en nombre y representaci\u00f3n de Roman , y parcialmente el formulado por la Procuradora Sra. Asategui Bizkarra, en nombre y representaci\u00f3n de Bibiana y Romulo y desestimando la impugnaci\u00f3n planteada por la Procuradora Sra. Asategui Bizkarra, nombre y representaci\u00f3n de Caja Laboral Popular, Coop. de Cr\u00e9dito, contra la sentencia dictada el d\u00eda 19 de junio de 2019 por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Durango, en los autos de Juicio Ordinario n\u00ba 435\/18 a que este rollo se refiere; debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resoluci\u00f3n en el sentido de entender estimada parcialmente la demanda y de no hacer expresa imposici\u00f3n de las costas de la instancia debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes, con la excepci\u00f3n de las impuestas a<\/p>\n

Caja Laboral Popular, Coop. de Cr\u00e9dito que se mantienen al igual que el resto de los pronunciamientos en ella contenidos, sin expresa imposici\u00f3n de las costas de esta alzada causadas por los recursos de apelaci\u00f3n debiendo cada parte soportar las suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes y con expresa imposici\u00f3n a la parte impugnante de las derivadas de su impugnaci\u00f3n.<\/p>\n

Devu\u00e9lvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia para su cumplimiento.<\/p>\n

Transfi\u00e9rase por la Sra. Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia el dep\u00f3sito constituido para impugnar a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos desestimados y devu\u00e9lvanse a Bibiana y Romulo y a Roman los dep\u00f3sitos constituidos para recurrir, para lo cual se librar\u00e1n los correspondientes mandamientos de devoluci\u00f3n.<\/p>\n

Contra la presente resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, si se acredita inter\u00e9s casacional. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC).<\/p>\n

Tambi\u00e9n, en caso de interponerse aqu\u00e9l, podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LEC).<\/p>\n

Para interponer los recursos ser\u00e1 necesario la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4738 0000 00 000920. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra sentencia, de la que se unir\u00e1 certificaci\u00f3n al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACION.-<\/strong> Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo la Sra. Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El plazo para el ejercicio de la saca foral (art. 83.1 LDCV) es de caducidad y dura tres meses, a contar desde la inscripci\u00f3n de la compraventa en el Registro de la Propiedad, la inscripci\u00f3n misma y no la del asiento de presentaci\u00f3n, o desde que se tuvo conocimiento de la enajenaci\u00f3n, lo cual puede ser antes de la inscripci\u00f3n. Reitera la SAP de Bizkaia, sec. 4\u00aa, de 07-12-2000 sobre el deber del vendedor de efectuar los llamamientos a los parientes tronqueros, obligaci\u00f3n que no cabe desconocer pues la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento (art. 6.1 CC) y que no se enerva por la propia actuaci\u00f3n de la parte compradora al no exigir a la vendedora la pr\u00e1ctica de los llamamientos.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[656,999,666],"materia":[1264],"organo":[1885],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10788","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-bienes-troncales","tag-plazo-computo","tag-saca-foral","materia-subseccion-segunda-de-los-derechos-troncales-de-adquisicion-preferente","organo-seccion-5a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10788"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10788"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10788"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10788"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}