{"id":10776,"date":"2025-10-06T12:57:10","date_gmt":"2025-10-06T10:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-17-04-2020\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:55","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:55","slug":"sap-de-bizkaia-sec-5a-17-04-2020","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-17-04-2020\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 17 de abril de 2020"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP BI 2127\/2020<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2020:2127<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370032020100154<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 3<\/strong><\/p>\n

Fecha: 17\/04\/2020<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 365\/2019<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 127\/2020<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Recurso de apelaci\u00f3n. Procedimiento ordinario<\/strong> Ponente: ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA – SECCI\u00d3N TERCERA<\/strong><\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA – HIRUGARREN ATALA<\/strong><\/p>\n

BARROETA ALDAMAR, 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001<\/p>\n

TEL.<\/strong> : 94-4016664 Fax \/ Faxa<\/strong> : 94-4016992<\/p>\n

NIG PV \/ IZO EAE: 48.06.2-18\/000495<\/p>\n

NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48044.42.1-2018\/0000495<\/p>\n

Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 \/ Prozedura arrunteko apelazio-errekurtsoa; 2000ko PZL 365\/2019<\/strong><\/p>\n

O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia<\/em> : Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de Getxo – UPAD \/ Getxoko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zk.ko Epaitegia – ZULUP<\/p>\n

Autos de Procedimiento ordinario 456\/2018 (e)ko autoak<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea: Nicolasa y Noemi<\/p>\n

Procurador\/a\/ Prokuradorea:CRISTINA GOMEZ MARTIN y CRISTINA GOMEZ MARTIN<\/p>\n

Abogado\/a \/ Abokatua: MARIA BEGO\u00d1A MARLASCA ROLLAN y MARIA BEGO\u00d1A MARLASCA ROLLAN<\/p>\n

Recurrido\/a \/ Errekurritua: Pen\u00e9lope<\/p>\n

Procurador\/a \/ Prokuradorea: MARTA ARRUZA DOUEIL<\/p>\n

Abogado\/a\/ Abokatua: JESUS JAVIER FERNANDEZ DE BILBAO PAZ<\/p>\n

S E N T E N C I A N.\u00ba 127\/2020<\/em><\/strong><\/p>\n

ILTMAS. SRAS.<\/strong><\/p>\n

D.\u00aa MAR\u00cdA CONCEPCI\u00d3N MARCO CACHO<\/strong><\/p>\n

D.\u00aa ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ<\/strong><\/p>\n

D.\u00aa CARMEN KELLER ECHEVARR\u00cdA<\/strong><\/p>\n

En Bilbao, a diecisiete de abril de dos mil veinte.<\/p>\n

La Audiencia Provincial de Bizkaia – Secci\u00f3n Tercera, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 456\/2018 del Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de Getxo – UPAD, a instancia de D\u00aa. Nicolasa y D\u00aa. Noemi , apelantes- demandantes, representadas por la procuradora D.\u00aa CRISTINA G\u00d3MEZ MART\u00cdN y defendidas por la letrada D.\u00aa MAR\u00cdA BEGO\u00d1A MARLASCA ROLL\u00c1N, contra D\u00aa. Pen\u00e9lope , apelada – demandada, representada por la procuradora D.\u00aa MARTA ARRUZA DOUEIL y defendida por el letrado D. JES\u00cdS JAVIER FERN\u00c1NDEZ DE BILBAO<\/p>\n

PAZ; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 21 de marzo de 2019.<\/p>\n

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO<\/strong> .- Que la referida Sentencia de instancia, de fecha es del tenor literal siguiente:<\/p>\n

“FALLO: DESESTIMO \u00edntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales D\u00f1a. Cristina G\u00f3mez Mart\u00edn, en nombre de D\u00f1a. Noemi y D\u00f1a. Nicolasa , contra Pen\u00e9lope , representada por la Procuradora D\u00f1a. MARTA ARRUZA DOUEIL, a quien absuelvo de los pedimentos de la demanda, condenando a las actoras al pago de las costas procesales.”<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> Que publicada y notificada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de D\u00aa. Nicolasa y D\u00aa. Noemi , se interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelaci\u00f3n, y dado traslado a la contraparte por un plazo de diez d\u00edas, transcurrido el mismo se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de los autos, efectuada la formaci\u00f3n del presente rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero de Registro 365\/19 y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de los de su clase.<\/p>\n

TERCERO.<\/strong> – Por providencia de fecha 16 de octubre de 2019 se se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 14 de enero de 2020 para deliberaci\u00f3n, votaci\u00f3n y fallo del presente recurso.<\/p>\n

CUARTO<\/strong> .- Que en la tramitaci\u00f3n del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n

VISTOS, siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada DO\u00d1A ANA ISABEL GUTI\u00c9RREZ GEGUNDEZ.<\/strong><\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO<\/em><\/strong> .- La presente cuesti\u00f3n litigiosa ha quedado centrada en: Las demandantes Sras Nicolasa Pen\u00e9lope Noemi formularon demanda frente a D\u00f1a Belen (en adelante D\u00f1a Bernarda ), se\u00f1alando que las implicadas en el procedimiento junto a D\u00f1a Casilda son hijas de D. Ram\u00f3n y de D\u00f1a Custodia . D. Ram\u00f3n falleci\u00f3 el 27 de Agosto de 2.017, D\u00f1a Custodia falleci\u00f3 en fecha 29 de julio de 2.018. De ambos consta sendos expedientes administrativos de dependencia, el 3 de Abril de 2.013 ambos otorgaron sendos testamentos ante el Notario de Getxo Sr. Ruiz Santaflorentina y en los t\u00e9rminos que se\u00f1alaba y constan en los citados testamentos. La demanda se centra en la donaci\u00f3n efectuada a favor de D\u00f1a Bernarda de la vivienda sita en Calpe, y adquirida por la misma, donaci\u00f3n que tuvo lugar en fecha 23 de mayo de 2.017 otorgada ante el mencionado Notario Sr. Ruiz Santaflorentina, en la citada donaci\u00f3n D\u00f1a Bernarda actua en nombre y representaci\u00f3n de sus padres mediante sendos poderes otorgados por la Sra. Custodia en fecha 3 de Abril de 2.013 y por el Sr. Ram\u00f3n en fecha 22 de Septiembre de 2.016. En la citada donaci\u00f3n actuando en nombre de sus padres como donantes la misma actua a su vez como donataria de la vivienda de Calpe. Se hacia referencia a las facultades que dichos poderes otorgan. Se pon\u00eda de manifiesto que a los progenitores se les realizaron determinadas exploraciones m\u00e9dicas que determinaron, expuesto de forma sucinta, determinados deterioros cognitivos se\u00f1alando por ello el uso ileg\u00edtimo de dichos poderes, la extralimitaci\u00f3n en todo caso de los mismos. Desde los hechos que relataba y desde las argumentaciones jur\u00eddicas que desarrollaba la parte demandante formulaba pretensi\u00f3n se declare la nulidad de la donaci\u00f3n al estimar a) la insuficiencia de los poderes dado que no especifican de forma concreta los bienes sobre lo que el mandatario pod\u00eda actuar, adem\u00e1s de extempor\u00e1neo dado que los demandados no ten\u00edan capacidad suficiente b) Aunque fueran suficientes los poderes existe vulneraci\u00f3n de lo dispuesto en el art. 1.714 del C.c. en relaci\u00f3n con lo dispuesto en el art. 7 del mismo texto legal la donaci\u00f3n se hizo con extralimitaci\u00f3n de facultades y falta de respeto al principio de buena fe. C) Falta de consentimiento y causa de la donaci\u00f3n D) Nulidad de la clausula de apartamiento.<\/p>\n

Por la demandada Sra. Bernarda se formul\u00f3 oposici\u00f3n determinando la falta de legitimaci\u00f3n activa y pasiva de las actoras, teniendo en cuenta que el heredero carece de acci\u00f3n una vez satisfecha la legitima colectiva, y por cuanto no se ha solicitado la nulidad por falta de consentimiento de los poderes origen de la Donaci\u00f3n. Era deseo de los padres donar el piso de Calpe a la demandada y el piso de la CALLE000 en Getxo a D\u00f1a Casilda . Poderes subsistentes aun en supuesto de incapacitaci\u00f3n y conteniendo supuestos de autocontrataci\u00f3n o intereses contrapuestos. Se\u00f1alaba incorrecta la existencia de discapacidad que impidiera el v\u00e1lido consentimiento.<\/p>\n

La sentencia recurrida desestima la demanda y frente a ella se alza la representaci\u00f3n de las Sras Nicolasa Pen\u00e9lope Noemi .<\/p>\n

SEGUNDO.<\/strong> – Con car\u00e1cter previo debemos se\u00f1alar en primer lugar los hechos sobre los que asienta b\u00e1sicamente la controversia y que como se\u00f1ala la sentencia recurrida son: No hay controversia sobre la existencia e hitos de los documentos fundamentales. As\u00ed el 3 de Abril de 2.013 la Sra. Belen otorg\u00f3 el poder en cuyo fundamento se pide la nulidad de la donaci\u00f3n a favor de la Sra. Bernarda . Seguidamente otorga testamento. El 3 de Abril de 2.013 el Sr. Ram\u00f3n otorga testamento, el 22 de Septiembre de 2.016 el Sr. Ram\u00f3n igulamente otorg\u00f3 poderes a favor de su hija Sra. Bernarda con b\u00e1sico similar contenido que el otorgado en el a\u00f1o 2.013 por su esposa, el 23 de Mayo de 2.017 se otorgan las donaciones por Bernarda una a su favor la aqu\u00ed controvertida del piso de Calpe, y otra a favor de su hermana Casilda sobre la vivienda de la CALLE000 de Getxo. El 27 de Agosto de 2.017 fallece el Sr. Ram\u00f3n y su esposa la Sra. Custodia fallece en julio de 2.018.<\/p>\n

Los sendos poderes otorgados repectivamente en fecha 3 de Abril de 2013 y de fecha 25 de Septiembre de<\/p>\n

2.016 contienen y as\u00ed se desprende de la lectura de los mismos una clara determinaci\u00f3n “…Dice.<\/p>\n

Que<\/p>\n

confiere Poder, que subsistir\u00e1 a\u00fan en el caso de incapacidad sobrevenida del poderdante,<\/em> a su hija D\u00f1a Pen\u00e9lope , para que aunque incida en la figura jud\u00eddica de la autocontrataci\u00f3n y tenga o represente intereses distintos u opuesto a los del poderdante<\/em> pueda ejercitar las siguientes FACULTADES “. Seguidamente describe una ampl\u00edsima gama de facultades entre las que se encuentran las relativas a ” aceptar a beneficio de<\/p>\n

inventario, repudiar y manifestar herencias, hacer, aporbar o impugnar particiones de herencias, y liquidaciones de sociedad conyugal, entregar y recibir legados, aceptar, liquidar y extinguir fideicomisos, pagar, cobrar, fijar garantizar y depositar leg\u00edtimas cancelar o renunciar a sus garant\u00edas legales y hacer y aceptar donaciones “<\/p>\n

Los testamentos otorgados con fecha 3 de Abril de 2.013 respectivamente por D\u00f1a Custodia y D. Ram\u00f3n precisaban en esencia: a) Legado a favor del conyuge a su elecci\u00f3n de usufructo vitalicio de todos su bienes, o bien el pleno dominio del quinto de libre disposici\u00f3n. B) Prelegado a favor de su hija Pen\u00e9lope del pleno dominio de la participaci\u00f3n del testador en la vivienda sita en la CALLE001 de Getxo con todo su contenido. Dicha vivienda era propiedad de los c\u00f3nyuges en un 51% y de D\u00f1a Bernarda en un 49%. C) Legado por terceras e iguales partes a sus hijas Casilda , Noemi , y Nicolasa del pleno dominio que el testador tiene en el resto de los inmuebles. D) Instituci\u00f3n de Herederas por cuartas e iguales partes a sus citadas hijas Pen\u00e9lope , Casilda , Noemi , y Nicolasa …” Los Srs. Ram\u00f3n Custodia contaban con los siguientes inmuebles (aparte de su participaci\u00f3n en la vivienda de la CALLE001 de Getxo) 1. Vivienda en Calpe (la hoy controvertida mediante la donaci\u00f3n impugnada) 2) La vivienda sita en Motriko en DIRECCION000 Ibibildea, 3)Vivienda sita en CALLE000 en Las Arenas (donada a D\u00f1a Casilda por su hermana D\u00f1a Pen\u00e9lope ) y a la saz\u00f3n domicilio habitual de D\u00f1a Casilda .<\/p>\n

Estos son los datos esenciales documentales.<\/p>\n

Las pretensiones ejercitadas reiteramos se circunscriben a : a) la insuficiencia de los poderes dado que no especifican de forma concreta los bienes sobre lo que el mandatario pod\u00eda actuar, adem\u00e1s de extempor\u00e1neo dado que los demandados no ten\u00edan capacidad suficiente b) Aunque fueran suficientes los poderes existe vulneraci\u00f3n de lo dispuesto en el art. 1.714 del C.c. en relaci\u00f3n con lo dispuesto en el art. 7 del mismo texto legal la donaci\u00f3n se hizo con extralimitaci\u00f3n de facultades y falta de respeto al principio de buena fe. C) Falta de consentimiento y causa de la donaci\u00f3n D) Nulidad de la clausula de apartamiento.<\/p>\n

TERCERO.<\/em><\/strong> – El recurso de apelaci\u00f3n reitera la petici\u00f3n de nulidad de la Donaci\u00f3n y ello fundado en primer lugar en la insuficiencia de los poderes se\u00f1alando. Desde la jurisprudencia que mencionaba llegaba a la conclusi\u00f3n de que el poder era insuficiente al no contener especificaci\u00f3n concreta de los bienes, se\u00f1alando igualmente que se exige mandato expreso para el concreto acto de disposici\u00f3n dominical sin que baste el mero apoderamiento.<\/p>\n

En primer lugar debemos se\u00f1alar y compartir la amplia jurisprudencia que la Sentencia recurrida recoge as\u00ed entre otras la sentencia del T. S. de 20 de Mayo de 2.016, Sentencia de esta propia Audiencia Provincial de Bizkaia Secci\u00f3n III de fecha 17 de Noviembre de 2.016, de la Secci\u00f3n IV de la Audiencia Provincial de Bizkaia de fecha 3 Diciembre de 2.015, de 10 de Octubre de 2.013, 2 de febrero de 2.010.<\/p>\n

Como ha se\u00f1alado la jurisprudencia el art\u00edculo 1714 del C\u00f3digo Civil establece como es sabido, que el mandatario no puede traspasar los limites del mandato. En este sentido, conviene hacer una primera distinci\u00f3n entre gesti\u00f3n excesiva -que constituye el supuesto de que el mandatario aun traspasando los limites del mandato por realizar actos no expresamente comprendidos en el mismo, act\u00fae inequ\u00edvocamente en inter\u00e9s del mandante-, y gesti\u00f3n abusiva -que sera aquella en la que en id\u00e9nticas circunstancias el mandatario realiza actividades vali\u00e9ndose de su cualidad, no solo ya en su propio inter\u00e9s, sino en perjuicio del representado- ( STS 5 de febrero de 1969 ); la doctrina jurisprudencial viene a declarar en principio la licitud de la autocontrataci\u00f3n o de la contrataci\u00f3n consigo mismo ( SSTS de 12 de febrero de 1999 , 19 de febrero de 2001 , 12 de junio de 2001 , 12 de junio de 2001 y 29 de noviembre de 2001 ), ya derive \u00e9sta de las diversas cualidades con las que una persona puede actuar en el tr\u00e1fico, ya se plantee en virtud de un poder otorgado a favor de quien act\u00faa en el contrato en nombre del disponente y en nombre propio como receptor o contraparte. No obstante, como dice la<\/p>\n

STS de 22 de diciembre de 2001 es necesario que, en todo caso el ejercicio de esa facultad de autocontrataci\u00f3n tenga lugar dentro de los l\u00edmites de la buena fe contractual que impone el art. 1258 C.C . Tambi\u00e9n la STS de 21 de abril de 2001 , con cita de 24 de septiembre de 1994 se\u00f1ala que para que el contrato pueda ser tenido por ineficaz, la autocontrataci\u00f3n ha de rebasar los l\u00edmites de la licitud y los que el ordenamiento jur\u00eddico autoriza. Por \u00faltimo, la STS de 30 de junio de 2009 se\u00f1ala con remisi\u00f3n a la de 27 de enero de 2000 que “la extralimitaci\u00f3n o no, ha de determinarse atendiendo no de manera autom\u00e1tica y sumisa a la literalidad del poder, sino principalmente a la intenci\u00f3n y voluntad del otorgante en orden a la finalidad para la que lo dispens\u00f3 y en relaci\u00f3n a las circunstancias concurrentes; extremos que se han de completar con la consideraci\u00f3n de las relaciones existentes entre mandante y mandatario y la naturaleza de los actos efectuados, en particular su trascendencia en cuanto a posibles terceros de buena fe”. Se\u00f1alar que es indispensable se\u00f1alar que para la validez (o existencia) de un concreto acto dispositivo, es preciso que se concrete en el mandato con poder de representaci\u00f3n, el acto y el objeto con sus esenciales detalles. As\u00ed, la sentencia del Pleno de la Sala 1\u00aa del Tribunal Supremo de 26 noviembre 2010 se manifiesta en los t\u00e9rminos siguientes: “El grado de concreci\u00f3n necesario en la designaci\u00f3n del objeto del mandato depende del car\u00e1cter y circunstancias de aqu\u00e9l. As\u00ed, la jurisprudencia tiene declarado que cuando el mandato tiene por objeto actos de disposici\u00f3n es menester que se designen espec\u00edficamente los bienes sobre los cuales el mandatario puede ejercitar dichas facultades, y no es suficiente con referirse gen\u00e9ricamente al patrimonio o a los bienes del mandante”. Tambi\u00e9n la STS de 6 de noviembre de 2013 se\u00f1ala que el mandato representativo cuyo poder viene a referirse a un acto o actos de disposici\u00f3n, s\u00f3lo alcanza a un acto concreto cuando \u00e9ste ha sido especificado en el sujeto y el objeto, en forma bien determinada. Por tanto, la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que, en casos de silencio o de duda, procede efectuar una interpretaci\u00f3n restrictiva del poder, (por ejemplo en la STS de 6 de abril de 1990).<\/p>\n

Debemos se\u00f1alar que la parte apelante significa igualmente en este motivo que la divisi\u00f3n otorgada mediante poderes conceden facultades para donar pero no especifican ni el sujeto ni el objeto de la donaci\u00f3n. En el presente supuesto como incide la sentencia recurrida, y se observa a nuestro entender a la actora se le faculta sin cortapisas para llevar a efecto las donaciones, y en la medida en que aqu\u00ed nos encontramos con sendos poderes especiales y que desde el contexto de los mismos no permite determinar existencia de actuaci\u00f3n extra\u00f1a, pues por dem\u00e1s, atendiendo a la prueba testifical, a la voluntad de los poderdantes, sin que a ello puede considerarse en el caso obstativo la falta de especificaci\u00f3n que incid\u00eda en la propia determinaci\u00f3n patrimonial testamentaria.<\/p>\n

El motivo de recurso debe ser desestimado.<\/p>\n

CUARTO<\/em><\/strong> .- Incide la parte apelante como motivo del recurso en la existencia de extralimitaci\u00f3n en la actuaci\u00f3n de la Sra. Bernarda ; actuaci\u00f3n abusiva de la mandataria demandada al otorgar una donaci\u00f3n a si misma y a su favor a espaldas de los poderdantes, sus progenitores en virtud de facultades generales conferidas en un poder general a espaldas de la voluntad determinada por sus progenitores en testamento. Estimaba que se despatrimonializaba a los progenitores donantes, (tambi\u00e9n hay una donaci\u00f3n a su hija Casilda ). Debe cumplirse la voluntad de los progenitores poderdantes. Igualmente ven\u00eda en se\u00f1alar que no hay ning\u00fan acto posterior justificativo de que los poderdantes encargaran a su hija la donaci\u00f3n propia de la vivienda de Calpe. Apuntaba igualmente la falta de credibilidad de la declaraci\u00f3n de la Sra. Casilda beneficiada igualmente por Donaci\u00f3n de D\u00f1a Bernarda actuando el poder de sus padres. El Testamento de los poderdantes excluye a la demandada en inmuebles en favor de sus hermanas. Se realizan las Donaciones cuando ambos progenitores se encontraban aquejados de sendas dolencias incapacitantes sobrevenidas.<\/p>\n

En primer lugar se ha de poner de manifiesto que los poderes son suficientes tal y como pone de manifiesto la sentencia recurrida y se destaca de la lectura de los mismos. Los mismos comprenden la autocontrataci\u00f3n, la donaci\u00f3n, e incluso lo que se determina como la continuidad del poder en caso de incapacidad del mandante. La lectura de los mismos, y en ello pese a las argumentaciones de la parte apelante, se apartan de la simple representaci\u00f3n, y dichos poderes como resulta de la declaraci\u00f3n del Notario Sr. Ruiz Santaflorentina fueron informados el Sr. Ram\u00f3n y en su momento su esposa de la relevancia, entidad y contenido de los poderes otorgados a la Sra. Bernarda . Se\u00f1ala el citado Notario que el Sr. Ram\u00f3n (al que conoc\u00eda como cliente), y \u00e9 mismo, como recoge la sentencia de la instancia, tuvo en consideraci\u00f3n la existencia del conflicto familiar otorg\u00e1ndose el poder por el Sr. Ram\u00f3n tres a\u00f1os despu\u00e9s del otorgado por su esposa. Pese a que efectivamente se pone en tela juicio el testimonio de la Sra. Casilda , en la medida en que la misma recibi\u00f3 por Donaci\u00f3n de D\u00f1a Bernarda el piso que constituye vivienda habitual sito en la CALLE000 de Getxo, la misma pone en consideraci\u00f3n igualmente la situaci\u00f3n problem\u00e1tica de la familia, se\u00f1alando la labor de cuidado de los padres fundamental de D\u00f1a Bernarda y de ella misma, y ello en determinaci\u00f3n de una actitud divergente en este sentido de las hoy actoras. Pero en todo caso, es lo cierto que el Sr. Notario Ruiz Santaflorentina incide en la correcta y determinante informaci\u00f3n que se les dio a los Srs. Ram\u00f3n – Custodia en el otorgamiento de los poderes, expresando en su amplio alcance y\/o las consecuencias de del otorgamiento, se\u00f1alando que exist\u00eda conflicto familiar y por ello otorgamiento del mismo.<\/p>\n

No puede afirmarse en ese caso que se haya vulnerado los principios inspiradores de la relaci\u00f3n mandante mandatario, en el sentido de alterar la intenci\u00f3n y voluntad del otorgante en orden a la finalidad para el que lo dispens\u00f3 y en relaci\u00f3n a las circunstancias concurrentes; extremos que se han de completar con la consideraci\u00f3n de las relaciones existentes entre mandante y mandatario.<\/p>\n

Citar Sentencia de esta propia Secci\u00f3n III de la A. P. Bizkaia de 17 de noviembre de 2.016 ” Por tanto ni estamos ante un poder gen\u00e9rico sino que recoge las facultades que la notaria estim\u00f3 precisas para el acto concreto que era la voluntad del Sr. Federico , la compraventa delos bienes de Mungu\u00eda a favor de D\u00aa Flor , y la de disponer a t\u00edtulo gratuito de los bienes de Arrigorriaga a favor de sus hijos, ni ante una falta de consentimiento, de dicha compraventa por parte de aqu\u00e9l, compraventa que se llev\u00f3 a cabo en la Notar\u00eda ejercitando las facultades conferidas en el poder, poder que faculta inclusive a la autocontrataci\u00f3n aun cuando se diera un conflicto de intereses, poder que no es por tanto un simple poder de representaci\u00f3n sino la consecuencia necesaria del mandato manifestado ante el Notario y los testigos, tal y como se acredita a trav\u00e9s dela prueba testifical y se plasma en la documental. Se mantiene por la parte apelante que la voluntad del Sr. Federico no rebasa la mera voluntad gen\u00e9rica de dejar a D\u00aa Flor los bienes de Mungu\u00eda pero no una voluntad concretizada en que se llevase a cabo un negocio jur\u00eddico de venta, sin embargo las declaraciones de la Notaria lo desdicen, la voluntad era que los bienes de Munguia fuesen a D\u00aa Flor y los bienes de Arrogorriaga a los hijos, si, pero ante las circunstancias manifestadas por la Notaria es el Sr. Federico quien decide llevar a cabo la compraventa y ante la imposibilidad de hacer efectiva la misma en ese momento decide otorgar el poder que permitiese llevar a cabo la misma, sin perjuicio por tanto de que las formalidades jur\u00eddicas fueren solventadas por parte dela Notaria, la voluntad del Sr. Federico a trav\u00e9s del poder se revelan claramente en aras a que se llevase a cabo dicha transmisi\u00f3n de bienes a favor de D\u00aa Flor , lo que se fundamenta en los a\u00f1os de convivencia en dicho bienes por la pareja y por el hecho de que fuese gracias a ella por lo que ostentaba el dominio de los mismos “<\/p>\n

Hasta aqu\u00ed la sentencia mencionada.<\/p>\n

La parte apelante consigna como motivo del recurso en la quinta de sus alegaciones, que los denominados poderes preventivos introducidos tras la reforma operada por Ley 41\/2003 que modific\u00f3 el art. 1.732 del C.c. permiten la extensi\u00f3n de los poderes mas all\u00e1 de la incapacitaci\u00f3n sobrevenida o, como expresa la parte apelante permite que la incapacitaci\u00f3n sobrevenida del mandante no sea causa de extinci\u00f3n del poder cuando el mandante haya dispuesto su continuaci\u00f3n a pesar de la incapacitaci\u00f3n y sin perjuicio de que su extinci\u00f3n pueda ser acordada judicialmente. Razonaba que en todo caso la cautela a consignarse con los abusos y que no proceden si existi\u00f3 esa voluntad previamente manifestada. En el caso se\u00f1alaba esa voluntad de donar no ha sido manifestada por los poderdantes, y por ende han de mantenerse las cautelas en el sentido de que la donaci\u00f3n solo se justifica si hay voluntad clara de donar, o se hace en beneficio de los donantes. En el caso, explicaba no hay una incapacitaci\u00f3n, pero existen sendos expedientes administrativos derivados de la dependencia en que estaban incursos ambos poderdantes, concluyendo que los citados poderes se hab\u00edan extinguido por incapacidad de los poderdantes.<\/p>\n

El motivo de recurso no puede prosperar, los propios poderes prev\u00e9n la vigencia y mantenimiento en caso de incapacidad, son como se\u00f1ala la sentencia recurrida y as\u00ed resulta de sus propios t\u00e9rminos, son poderes denominados preventivos que despliegan sus efectos desde su otorgamiento, y salvo que exista otra previsi\u00f3n y mantienen su vigencia una vez en su caso sobrevenida la incapacidad.<\/p>\n

En este sentido mencionar la SAP, Bizkaia Civil secci\u00f3n 4 del 03 de diciembre de 2015 –La Ley 41\/2.003, de 18 de noviembre, de protecci\u00f3n patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, modifica el art\u00edculo 1.732 del C\u00f3digo Civil que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos: “El mandato se extinguir\u00e1, tambi\u00e9n, por la incapacitaci\u00f3n sobrevenida del mandante, a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuaci\u00f3n o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por \u00e9ste. En estos casos, el mandato podr\u00e1 terminar por resoluci\u00f3n judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor”.<\/p>\n

Por tanto, la incapacitaci\u00f3n del mandante no siempre producir\u00e1 la extinci\u00f3n del mandato, como se dispon\u00eda antes, sino s\u00f3lo cuando no ha establecido otra cosa el propio mandante: bien porque el mandato se celebra precisamente para este supuesto (mandato de protecci\u00f3n) o bien porque se establece que subsiste el mandato ya otorgado, a pesar de la incapacitaci\u00f3n (mandato prorrogado).<\/p>\n

As\u00ed, se reconoce la subsistencia del mandato a pesar de la incapacitaci\u00f3n del mandante, cuando as\u00ed lo desea y hace constar \u00e9ste.<\/p>\n

En este sentido, el poder preventivo se ha definido como “aquellos negocios jur\u00eddicos unilaterales en que una persona plenamente capaz, en previsi\u00f3n de padecer una futura patolog\u00eda incapacitante, faculta a otra u otras<\/p>\n

para realizar en su nombre actos y negocios, que produzcan sus efectos en su persona y bienes, dentro de los l\u00edmites y en la forma establecidos”.<\/p>\n

Partiendo del art\u00edculo 1.732.2 del C\u00f3digo Civil podemos distinguir dos modalidades de apoderamiento preventivo: a) el apoderamiento normal u ordinario en el que se prev\u00e9 su subsistencia o continuaci\u00f3n a pesar de la incapacidad sobrevenida del poderdante; y b) el previsto expresamente para el supuesto de incapacidad del poderdante.<\/p>\n

En definitiva, si se ha dispuesto que el poder contin\u00fae a pesar de la incapacidad sobrevenida del poderdante, el poder despliega sus efectos desde el momento del otorgamiento -salvo que exista otro tipo de previsi\u00f3n- y<\/p>\n

una vez sobrevenida la incapacidad del poderdante, se mantiene su vigencia<\/p>\n

“<\/sub><\/p>\n

En el presente supuesto, constan efectivamente sendos expedientes de los poderdantes sobre su grado de dependencia, pero indudablemente no puede afirmarse la incapacidad que no permita determinar la falta de consentimiento en este sentido. Los poderes sobre la base que se otorgan las donaciones son v\u00e1lidos, las donaciones y el otorgamiento de los poderes se han verificado bajo la fe notarial, y en ello el Notario Sr. Ruiz Santaflorentina. De hecho no se interes\u00f3 su incapacitaci\u00f3n.<\/p>\n

En este sentido se puede se\u00f1alar la sentencia de la A. P. Bizkaia Secci\u00f3n V de fecha 18 de Enero de 2.018<\/p>\n

“<\/sub><\/p>\n

d) Que son circunstancias insuficientes para establecer la incapacidad:<\/p>\n

1) La edad senil del testador, “pues es insuficiente para considerarle incapaz el hecho de tratarse de un anciano decr\u00e9pito y achacoso, ni el Derecho ni la Medicina consienten que por el solo hecho de llegar la senilidad, equivalente a la senectud o ancianidad se haya de considerar demente, pues la inherencia a esta de un estado de demencia, requiere especial declaraci\u00f3n para ser fundamento de situaciones de derecho ( Sentencia 25- XI-1928).<\/p>\n

2) Que el otorgante se encuentre aquejado de graves padecimientos f\u00edsicos, pues ello no supone incapacidad si estos no afectan a su estado mental con eficacia bastante para constituirle en ente privado de raz\u00f3n ( Sentencia 25-X-1928).<\/p>\n

e) No obsta a que se aprecie la capacidad para testar que el testador padezca una enfermedad neurast\u00e9nica y tenga algunas extravagancias, cuando el testamento se ha otorgado en estado de cabal juicio seg\u00fan testimonian el Notario y los testigos ( Sentencia 28-XII-1918).<\/p>\n

f) La sanidad de juicio se presume en toda persona que no haya sido previamente incapacitada ( Sentencia 1-II-1956), pues a toda persona debe reputarse en su cabal juicio, como atributo normal del ser ( Sentencia 25-IV-1959); de modo que, en orden al derecho de testar, la integridad mental indispensable constituye una presunci\u00f3n iuris tantum que obliga a estimar que concurre en el testador capacidad plena y que s\u00f3lo puede destruirse por una prueba en contrario “evidente y completa” ( Sentencia 8-V- 1922; 3-II-1951), “muy cumplida y convincente” ( Sentencia 10-IV-1944; 16-II-1945), ” de fuerza inequ\u00edvoca” (Sentencia 20- II-1975 EDJ1975\/105), cualquiera que sean las \u00faltimas anomal\u00edas y evoluci\u00f3n de la enfermedad, a\u00fan en estado latente en el sujeto ( Sentencia 25-IV-1959), pues ante la dificultad de conocer donde acaba la raz\u00f3n y se inicia la locura, la ley requiere y consagra la jurisprudencia que la incapacidad que se atribuya a un testador tenga cumplida demostraci\u00f3n (23-II-1944; 1-II-1956).<\/p>\n

g) La falta de capacidad del testador por causa de enfermedad mental ha de referirse forzosamente al preciso momento de hacer la declaraci\u00f3n testamentaria, y la aseveraci\u00f3n notarial acerca de la capacidad del testador adquiere especial relevancia de certidumbre y por ella es preciso pasar, mientras no se demuestre “cumplidamente” en v\u00eda judicial su incapacidad, destruyendo la “en\u00e9rgica presunci\u00f3n iuris tantum” ( Sentencia 23-III-1894; 22-I-1913; 10-IV-1944; 16-II-1945), que revela el acto del otorgamiento, en el que se ha llenado el requisito de tamizar la capacidad del testador a trav\u00e9s de la apreciaci\u00f3n puramente subjetiva que de ella haya formado el Notario ( Sentencia 23-III-1944).<\/p>\n

h) restando por a\u00f1adir que la intervenci\u00f3n de facultativos no es necesaria en supuestos de otorgamiento de testamento por quien no se halle judicialmente declarado incapaz, –lo que no implica que puedan intervenir, especialmente si el Notario lo prefiere para asegurarse de capacidad del otorgante ( Sentencia 18- IV-1916; 16- XI-1918)– pues el art\u00edculo 665 del C\u00f3digo Civil no es aplicable al caso de quien otorga testamento sin estar<\/p>\n

judicialmente incapacitado (Sentencia 27-VI-1908)”<\/p>\n

.<\/p>\n

Es obvia la fuerza que en su consideraci\u00f3n sustenta la presunci\u00f3n de capacidad.<\/p>\n

Por tanto el motivo de recurso debe ser desestimado.<\/p>\n

Finalmente podemos se\u00f1alar la sentencia de la Audiencia Provincial de Guip\u00fazcoa, Secci\u00f3n 2\u00aa, Sentencia<\/p>\n

182\/2011 de 20 May. 2011, Rec. 2150\/2011<\/p>\n

SEGUNDO.- El objeto del proceso es la pretensi\u00f3n de que<\/p>\n

se declare nula referida donaci\u00f3n de fecha 5\/3\/2008 hecha por D. Luciano , actuando en representaci\u00f3n de su madre D\u00aa Socorro , para s\u00ed mismo.<\/p>\n

El demandado-apelante realiz\u00f3 la donaci\u00f3n en nombre de su madre en virtud de un poder notarial que \u00e9sta le otorg\u00f3 el 14\/9\/2006. En dicho documento D\u00aa Socorro autorizaba a su hijo Luciano para que, en nombre y representaci\u00f3n de ella, incluso en caso de incapacitaci\u00f3n sobrevenida, ejercitase numerosas facultades, entre las que se encontraban: realizar y aceptar donaciones puras, condicionales u onerosas (V) y otorgar documentos p\u00fablicos congruentes con dicha facultad, sin que obste a las facultades conferidas el que incida en autocontrataci\u00f3n o tenga intereses contrapuestos a los del poderdante (XXII).<\/p>\n

No es objeto de controversia que D\u00aa Socorro estaba capacitada para otorgar el referido poder. Y, de hecho, los actores no cuestionan determinados actos del apoderado con sustento en el mismo, como es la contrataci\u00f3n el 25\/4\/2007 de un pr\u00e9stamo hipotecario por importe de 30.000 euros.<\/p>\n

Por otra parte, el apoderado estaba facultado para realizar y aceptar donaciones aun cuando incidiera en autocontrataci\u00f3n o tuviera intereses contrapuestos a los de la poderdante, por lo que no existe duda respecto a la suficiencia del poder para la realizaci\u00f3n del acto cuestionado, cuesti\u00f3n \u00e9sta que tampoco fue controvertida<\/p>\n

en la demanda por los actores-apelados.<\/p>\n

…<\/p>\n

La autocontrataci\u00f3n es un negocio jur\u00eddico unilateral que surge cuando, estando dos patrimonios independientes sometidos a una persona, que tiene un poder de disposici\u00f3n sobre ambos, \u00e9sta, dentro de los l\u00edmites de su poder, crea entre ellos relaciones obligatorias. La autocontrataci\u00f3n est\u00e1 plenamente reconocida por nuestro ordenamiento jur\u00eddico cuando la persona representada ha prestado expl\u00edcitamente su consentimiento para la misma, de modo que si el representado ha admitido el riesgo de que el autocontrato se produzca, debe quedar vinculado por lo que haga el representante, a menos que exista una justa causa que le permita desvincularse de ello (as\u00ed STS de 15 de marzo de 1996 ) o que la autocontrataci\u00f3n haya rebasado los l\u00edmites de la licitud y los que el ordenamiento jur\u00eddico autoriza (as\u00ed, STS de 21 de abril de 2001).<\/p>\n

En el caso de autos, como se ha expuesto, D. Luciano estaba facultado para realizar y aceptar donaciones aun cuando incidiera en autocontrataci\u00f3n o tuviera intereses contrapuestos a los de la poderdante, por lo que \u00e9sta deb\u00eda quedar vinculado por lo que hab\u00eda hecho su representante.<\/p>\n

Por otra parte, el abuso de derecho, regulado en el art. 7.2 C.C ., establece que la ley no ampara el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. La doctrina jurisprudencial (por todas STS de 28 de enero de 2005) exige para su apreciaci\u00f3n como elementos esenciales: a) El uso de un derecho objetivo y externamente legal; b) Da\u00f1o a un inter\u00e9s no protegido por una espec\u00edfica prerrogativa jur\u00eddica; y c) La inmoralidad o antisocialidad de ese da\u00f1o, manifestada en forma subjetiva (ejercicio del derecho con intenci\u00f3n de da\u00f1ar, o sin verdadero inter\u00e9s en ejercitarlo -ausencia de inter\u00e9s leg\u00edtimo-), o en forma objetiva (ejercicio anormal del derecho, de modo contrario a los fines econ\u00f3mico-sociales del mismo); sin que quepa invocar la sanci\u00f3n cuando el exceso pernicioso en el ejercicio del derecho est\u00e9 garantizada por precepto legal.<\/p>\n

Igualmente, para la declaraci\u00f3n de existencia de abuso de derecho, resulta necesario que en las premisas de hecho establecidas por la sentencia recurrida se manifieste el abuso en las circunstancias que lo determinan ( STS de 19 de septiembre de 2006 con cita de la STS de 28 de mayo de 2002).<\/p>\n

Por \u00faltimo, el abuso de derecho constituye un remedio extraordinario, de \u00edndole excepcional y alcance singularmente restrictivo ( STS de 22 de junio de 2010 con cita de la STS 20 de junio de 2008).<\/p>\n

La Juzgadora de instancia concluye que en el caso de autos existi\u00f3 abuso de poder por parte del demandado- apelante como evidencia que:<\/p>\n

1 .- No exist\u00eda apoderamiento especial para el acto, que, adem\u00e1s, vulneraba lo establecido en el art. 634 C.C .<\/p>\n

2 .- No existe ninguna rendici\u00f3n de cuentas posterior, ni acto alguno que permita estimar que la poderdante ratific\u00f3 el acto de su hijo. La actuaci\u00f3n desarrollada entra en contradicci\u00f3n con lo expresado por D\u00aa Socorro al otorgar testamento. La mec\u00e1nica utilizada resulta complicada y an\u00f3mala, pues hubiera sido muy sencillo establecer con claridad ese \u00e1nimo de liberalidad, si hubiera existido, en un documento espec\u00edfico.<\/p>\n

3 .- Existe un conflicto de intereses evidente. El demandado-apelante obtiene una importante ventaja econ\u00f3mica sin contraprestaci\u00f3n y no se aprecia que su madre obtenga beneficio alguno.<\/p>\n

Sin embargo, esta Sala considera que la prueba practicada no acredita que se haya producido un uso abusivo del poder y estima que los indicios se\u00f1alados en la sentencia impugnada tampoco llevan a dicha conclusi\u00f3n.<\/em><\/p>\n

Por lo que respecta al primer argumento, ya se ha expuesto que el poder era suficiente y esto no hab\u00eda sido controvertido. Aunque los actores-apelados alegan en el hecho octavo de su demanda que el demandado- apelante “desplum\u00f3” a su madre, tampoco se puede concluir que, fruto de la donaci\u00f3n, D\u00aa Socorro se viera<\/p>\n

privada de lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias, puesto que sigui\u00f3 viviendo en la misma residencia, cuyo coste a la fecha de la donaci\u00f3n ven\u00eda a coincidir con el importe que recib\u00eda de pensi\u00f3n, y siendo titular de 1\/3 de la vivienda, adem\u00e1s de disponer de met\u00e1lico.<\/p>\n

En relaci\u00f3n al segundo cabe decir que el demandado-apelante no ven\u00eda obligado a rendir cuentas, ni su actuaci\u00f3n deb\u00eda ser ratificada por su madre. Por otra parte, el poder y la donaci\u00f3n son de fecha posterior al testamento, que s\u00f3lo produce efectos despu\u00e9s de la muerte del causante, siendo perfectamente posible que D\u00aa Socorro por razones que se nos escapan y conociendo los t\u00e9rminos en que hab\u00eda otorgado el poder a su hijo, estimara innecesario modificar su testamento.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la existencia de conflicto de intereses es evidente y la minoraci\u00f3n del patrimonio de la poderdante como consecuencia del acto tambi\u00e9n. Pero ella, al otorgar el poder ante Notario, que necesariamente hubo de informarle de las amplias facultades que confer\u00eda a su hijo (y as\u00ed se hace constar en la escritura p\u00fablica), acept\u00f3 los t\u00e9rminos del apoderamiento, habilitando a su hijo para que donase sus bienes, lo que necesariamente comporta una minoraci\u00f3n de su patrimonio, aun cuando incurriera en conflicto de intereses. Por otra parte, la facultad de donar era extens\u00edsima y comprend\u00eda las donaciones puras, sin ning\u00fan tipo de carga o condici\u00f3n para el donatario. Adem\u00e1s, la donaci\u00f3n no rebasa los l\u00edmites impuestos por el art. 636 C.C “<\/p>\n

Hasta aqu\u00ed la sentencia referenciada.<\/p>\n

El motivo de recurso ha de ser desestimado.<\/p>\n

QUINTO<\/em><\/strong> .- Como motivo \u00faltimo ven\u00eda en sustentar en su recurso la parte apelante que la estipulaci\u00f3n primera de la Escritura P\u00fablica de donaci\u00f3n los donantes separan y apartan expresamente de la presente donaci\u00f3n a los dem\u00e1s hijos y descendientes no beneficiados por la misma de conformidad con la Ley de Derecho Civil Vasco. Sostiene la parte apelante que esta clausula es nula por cuanto no se prev\u00e9 la posibilidad de apartar en el poder, los poderes no son poderes testatorios, ninguno de los poderdantes conceden poder testatorio alguno, igualmente se\u00f1alaba que no puede considerarse un pacto sucesorio. En este punto puede se\u00f1alarse que, como expresa la sentencia recurrida, la Ley de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco permite que concedido el poder de donar la facultad de apartamiento va implica, siendo igualmente en el supuesto la leg\u00edtima una obligaci\u00f3n colectiva (de reparto igual o desigual entre los legitimarios).<\/p>\n

Como permite la Ley de Derecho Civil Foral Vasca el apartamiento es una norma particional de colaci\u00f3n o no, o de computaci\u00f3n, y no propiamente una disposici\u00f3n testamentaria y por ende susceptible de realizarse mediante poder, no personal\u00edsimo y por tanto susceptible de actuaci\u00f3n por poder que en el caso como hemos expuesto se revela como suficientes.<\/p>\n

Debemos se\u00f1alar la sentencia de la secci\u00f3n IV Audiencia Provincial Bizkaia de 19 de abril de 2013 “<\/p>\n

Este<\/p>\n

motivo de apelaci\u00f3n debe ser desestimado puesto que no consta apartamiento alguno de las herencias de los causantes, en base a la doctrina a la Sentencia del TSJPV de 3 de febrero de 2011 : “Desde la perspectiva del C\u00f3digo Civil existen dos formas distintas de conceptuar la colaci\u00f3n, una m\u00e1s amplia y otra m\u00e1s estricta. La primera se corresponder\u00eda con lo que se ha venido a denominar por la doctrina “reuni\u00f3n ficticia e imputaci\u00f3n” o computaci\u00f3n de las liberalidades para el c\u00e1lculo de la leg\u00edtima ( art\u00edculos 818, 819 y 820 CC). La segunda (la colaci\u00f3n propia o en sentido estricto), aplicable exclusivamente a las relaciones de los herederos forzosos entre s\u00ed, tomar\u00eda en consideraci\u00f3n dichas liberalidades en orden a su computaci\u00f3n en la cuenta de partici\u00f3n ( art\u00edculos 1.035 y ss. CC). La reuni\u00f3n ficticia, la imputaci\u00f3n y la colaci\u00f3n estrictamente entendida se presentar\u00edan como tres operaciones integradas en un mismo proceso y orientadas al reparto de los bienes hereditarios, pero, en todo caso, como tres operaciones distintas que diferir\u00edan en el alcance, la finalidad y los sujetos implicados. Reuni\u00f3n ficticia e imputaci\u00f3n ser\u00edan mecanismos adecuados para comprobar la inoficiosidad o no de las liberalidades efectuadas en vida u ordenadas por el causante en el testamento; de ah\u00ed que alcancen a todos los beneficiarios a t\u00edtulo gratuito y su resultado pueda ser la reducci\u00f3n de las que resulten excesivas, lo que traer\u00e1 a la masa hereditaria el exceso que en cada caso proceda, para hacerlo objeto de reparto. La llamada colaci\u00f3n propia o en sentido estricto, que procede una vez comprobada la regularidad de las liberalidades, o corregida, en su caso, la inoficiosidad, se proyecta sobre el caudal relicto, viene a delimitar la masa partible entre los herederos forzosos, as\u00ed como la medida en que \u00e9stos, en funci\u00f3n de que hayan sido donatarios o no del causante, van a participar en dicho caudal, como paso final previo a la distribuci\u00f3n concreta de los bienes hereditarios.<\/p>\n

Este esquema, desde el punto de vista estructural, es el que tambi\u00e9n sigue la Ley del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco al diferenciar (art\u00edculo 62 LDCF) entre “donaciones computables” (n\u00ba 1 y 2) y “donaciones colacionables” (n\u00ba 3 y 4), si bien es verdad, y por eso lo de estructural, que el principio de libre distribuci\u00f3n de los bienes que integran la sucesi\u00f3n forzosa entre los herederos forzosos o la elecci\u00f3n de uno solo de ellos, apartando a los dem\u00e1s ( art\u00edculo 54 LDCF), determina que la Ley del Derecho Civil Foral autorice al testador a excluir de la computaci\u00f3n aquellas donaciones en las que medie apartamiento expreso ( art\u00edculo 62.1, p\u00e1rr. 3\u00b0),<\/p>\n

lo que no resulta posible en el derecho com\u00fan, pues al asentar el C\u00f3digo Civil la regulaci\u00f3n de la leg\u00edtima sobre el principio contrario de intangibilidad (art\u00edculo 813 CCv), necesariamente ha de computar, a los efectos de la antes denominada reuni\u00f3n ficticia, el valor de las liberalidades efectuadas en vida del causante (art\u00edculo 818 CCv), por m\u00e1s que el donante hubiera dispensado al favorecido con la liberalidad de la obligaci\u00f3n de aportar a la masa hereditaria el valor que tuviera (art\u00edculo 103 6 CCv), pues como ya se ha encargado de aclarar el Tribunal Supremo ( STS 14-12-2005) la dispensa de colaci\u00f3n no exime del deber de respeto a la leg\u00edtima, que impone la reducci\u00f3n de la donaciones inoficiosas, dado que este deber subsiste aun cuando las donaciones no tengan en principio car\u00e1cter colacionable.<\/p>\n

Pues bien, lo que se dispone, partiendo de ese principio de libertad de elecci\u00f3n y distribuci\u00f3n (art\u00edculo 54 LDCF), en orden al c\u00e1lculo de la cuota legitimaria, al considerar “donaciones computables”, en lo que ahora interesa, “…todas aqu\u00e9llas en que no medie apartamiento expreso” (art\u00edculo 62.1, p\u00e1rr. 3\u00b0), est\u00e1 en perfecta correspondencia y guarda plena coherencia con lo que tambi\u00e9n se establece, en lo tocante a las “donaciones colacionables”, al considerar como tales, tambi\u00e9n en lo que ahora interesa, aquellas en las que el donante…” no haga apartamiento expreso” (art\u00edculo 62.3 LDCF ), que, pese a lo poco afortunado de su redacci\u00f3n, es como debe ser entendido lo enunciado legalmente: “No ser\u00e1n colacionables las donaciones a favor de sucesores forzosos, salvo que el donante disponga lo contrario o no haga apartamiento expreso”. Lo que recapitulando y distinguiendo entre “donaciones computables” y “donaciones colacionables” significa: 1) que aquellas donaciones en relaci\u00f3n con las cuales no medie o no se haga por el donante apartamiento expreso s\u00ed deben ser computadas (para el c\u00e1lculo de la leg\u00edtima) y colacionadas (para considerarlas en la cuenta de partici\u00f3n) y 2) que aquellas donaciones en relaci\u00f3n con las cuales s\u00ed medie o s\u00ed se haga por el donante apartamiento expreso no deben ser computadas (para el c\u00e1lculo de la leg\u00edtima) ni colacionadas (para considerarlas en la cuenta de la partici\u00f3n) “<\/p>\n

Hasta aqu\u00ed la referencia de la anterior resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Lo expuesto lleva a la desestimaci\u00f3n del motivo del recurso.<\/p>\n

Lo aqu\u00ed expresado y lo analizado en la sentencia recurrida lleva a la desestimaci\u00f3n del recurso con confirmaci\u00f3n de la sentencia de la instancia.<\/p>\n

Teniendo el cuenta las circunstancias del procedimiento y teniendo en cuenta las dudas de hecho y de derecho, estimamos no procede hacer expreso pronunciamiento respecto de las costas en ambas instancias.<\/p>\n

SEXTO<\/em> .<\/strong> – La disposici\u00f3n adicional 15\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisi\u00f3n del recurso y la confirmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, determinar\u00e1 la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito.<\/p>\n

VISTOS los preceptos legales citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n y, en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberan\u00eda Popular y en nombre de S.M. el Rey.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

DESESTIMAMOS<\/strong> EL RECURSO DE APELACI\u00d3N INTERPUESTO POR LA REPRESENTACI\u00d3N DE LAS SRAS. Pen\u00e9lope Noemi Nicolasa Y CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE INSTANCIA N\u00ba 2 DE LOS DE GETXO Y DE QUE ESTE ROLLO DIMANA, Y CONFIRMAMOS DICHA RESOLUCI\u00d3N. TODO ELLO SIN EXPRESO PRONUNCIAMIENTO EN COSTAS EN AMBAS INSTANCIAS.<\/p>\n

Transfi\u00e9rase el dep\u00f3sito por la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos inadmitidos y desestimados.<\/p>\n

MODO DE IMPUGNACI\u00d3N:<\/strong> contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N<\/strong> ante la Sala de lo Civil del TS, si se acredita inter\u00e9s casacional. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LECn).<\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL<\/strong> ante la Sala de lo Civil del TS por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LECn).<\/p>\n

Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones<\/p>\n

que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4703 0000 00 0365 19. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

Firme que sea la presente resoluci\u00f3n, devu\u00e9lvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con certificaci\u00f3n literal de esta resoluci\u00f3n, para su conocimiento y ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra Sentencia a la que se unir\u00e1 certificaci\u00f3n al Rollo de su raz\u00f3n, la pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N<\/strong> .- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Iltmas. Sras. Magistradas que la firman y le\u00edda por la Iltma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certifico.<\/p>\n

La difusi\u00f3n del texto de esta resoluci\u00f3n a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podr\u00e1 llevarse a cabo previa disociaci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garant\u00eda del anonimato de las v\u00edctimas o perjudicados, cuando proceda.<\/p>\n

Los datos personales incluidos en esta resoluci\u00f3n no podr\u00e1n ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Como motivo \u00faltimo ven\u00eda en sustentar en su recurso la parte apelante que la estipulaci\u00f3n primera de la Escritura P\u00fablica de donaci\u00f3n los donantes separan y apartan expresamente de la presente donaci\u00f3n a los dem\u00e1s hijos y descendientes no beneficiados por la misma de conformidad con la Ley de Derecho Civil Vasco. Sostiene la parte apelante que esta clausula es nula por cuanto no se prev\u00e9 la posibilidad de apartar en el poder, los poderes no son poderes testatorios, ninguno de los poderdantes concede poder testatorio alguno, igualmente se\u00f1alaba que no puede considerarse un pacto sucesorio. En este punto puede se\u00f1alarse que, como expresa la sentencia recurrida, la Ley de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco permite que concedido el poder de donar la facultad de apartamiento va implica, siendo igualmente en el supuesto la leg\u00edtima una obligaci\u00f3n colectiva (de reparto igual o desigual entre los legitimarios). Como permite la Ley de Derecho Civil Foral Vasca el apartamiento es una norma particional de colaci\u00f3n o no, o de computaci\u00f3n, y no propiamente una disposici\u00f3n testamentaria y por ende susceptible de realizarse mediante poder, no personal\u00edsimo y por tanto susceptible de actuaci\u00f3n por poder que en el caso como hemos expuesto se revela como suficientes.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[],"materia":[1246],"organo":[1885],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10776","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","materia-seccion-cuarta-de-la-sucesion-por-comisario","organo-seccion-5a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10776","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10776"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10776"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10776"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10776"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10776"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10776"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10776"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}