{"id":10774,"date":"2025-10-06T12:57:09","date_gmt":"2025-10-06T10:57:09","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-contencioso-23-12-2019\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:55","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:55","slug":"stsj-pais-vasco-contencioso-23-12-2019","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-contencioso-23-12-2019\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 23 de diciembre de 2019"},"content":{"rendered":"

Roj: STSJ PV 3848\/2019<\/strong> – ECLI:ES:TSJPV:2019:3848<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020330012019100368<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 1<\/strong><\/p>\n

Fecha: 23\/12\/2019<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 913\/2018<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 361\/2019<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Contencioso<\/strong><\/p>\n

Ponente: LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PA\u00cdS VASCO<\/em><\/strong><\/p>\n

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO<\/em><\/strong><\/p>\n

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.\u00ba 913\/2018<\/em><\/strong><\/p>\n

PROCEDIMIENTO ORDINARIO<\/em><\/strong><\/p>\n

SENTENCIA N\u00daMERO 361\/2019<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMOS. SRES.<\/p>\n

PRESIDENTE:<\/p>\n

D. LUIS \u00c1NGEL GARRIDO BENGOETXEA<\/p>\n

MAGISTRADOS:<\/p>\n

D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFAN\u00cdA<\/p>\n

D. JUAN ALBERTO FERN\u00c1NDEZ FERN\u00c1NDEZ<\/p>\n

En Bilbao, a veintitr\u00e9s de diciembre de dos mil diecinueve.<\/p>\n

La Secci\u00f3n 1\u00aa de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso registrado con el n\u00famero 913\/2018 y seguido por el procedimiento ordinario, en el que se impugna la Orden Foral n\u00ba NUM000 , de 20 de setiembre, del Departamento de Acci\u00f3n Social de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia, por la que se denegaba a la recurrente el acceso a una plaza permanente en residencia.<\/p>\n

Son partes en dicho recurso:<\/p>\n

– DEMANDANTE<\/strong> : D.\u00aa Josefina , representada por la procuradora D.\u00aa ROSA ALDAY MENDIZABAL y dirigida por el letrado D. SANTIAGO GARC\u00cdA ORD\u00d3\u00d1EZ.<\/p>\n

– DEMANDADA<\/strong> : La DIPUTACI\u00d3N FORAL DE BIZKAIA, representada por la procuradora D.\u00aa M\u00d3NICA DURANGO GARC\u00cdA y dirigida por la letrada D.\u00aa MAR\u00cdA \u00c1NGELES ARANSAY ARROYO.<\/p>\n

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFAN\u00cdA.<\/p>\n

<\/a>I .- ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> El d\u00eda 12 de noviembre de 2018 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que la procuradora D.\u00aa ROSA ALDAY MENDIZABAL, actuando en nombre y representaci\u00f3n de D.\u00aa Josefina , interpuso recurso contencioso- administrativo contra la Orden Foral n\u00ba NUM000 , de 20 de setiembre, del Departamento de Acci\u00f3n Social de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia, por la que se denegaba a la recurrente el acceso a una plaza permanente en residencia; quedando registrado dicho recurso con el n\u00famero 913\/2018.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> En el escrito de demanda se solicit\u00f3 de este Tribunal el dictado de una sentencia en base a los hechos y fundamentos de derecho en el mismo expresados y que damos por reproducidos.<\/p>\n

TERCERO<\/strong> .- En el escrito de contestaci\u00f3n, en base a los hechos y fundamentos de derecho en el mismo expresados, se solicit\u00f3 de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimaran los pedimentos de la parte actora.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> Por Decreto de 21 de marzo de 2019 se fij\u00f3 como indeterminada la cuant\u00eda del presente recurso.<\/p>\n

QUINTO<\/strong> .- El procedimiento se recibi\u00f3 a prueba, practic\u00e1ndose con el resultado que obra en autos.<\/p>\n

SEXTO<\/strong> .- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que ten\u00edan solicitadas.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.-<\/strong> Por resoluci\u00f3n de fecha 22 de noviembre de 2019 se se\u00f1al\u00f3 el pasado d\u00eda 28 de noviembre de 2019 para la votaci\u00f3n y fallo del presente recurso.<\/p>\n

OCTAVO.-<\/strong> En la sustanciaci\u00f3n del procedimiento se han observado los tr\u00e1mites y prescripciones legales.<\/p>\n

<\/a>II .- FUNDAMENTOS JUR\u00cdDICOS<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> En el presente proceso se somete a revisi\u00f3n la Orden Foral n\u00ba NUM000 , de 20 de setiembre, del Departamento de Acci\u00f3n Social de la Diputaci\u00f3n Foral de Bizkaia, por la que se denegaba a la recurrente el acceso a una plaza permanente en residencia.<\/p>\n

Por medio de escrito de demanda que se incorpora a los folios 33 a 38 de estas actuaciones procesales, pretende la parte recurrente que se le reconozca el derecho a dicho acceso o prestaci\u00f3n sustitutiva del mismo.<\/p>\n

En la parte de Hechos de dicho escrito de alegaciones fundamentales del proceso, la actora enuncia los siguientes motivos de impugnaci\u00f3n;<\/p>\n

-Defectos en la tramitaci\u00f3n del expediente administrativo; falta de notificaci\u00f3n del informe t\u00e9cnico de valoraci\u00f3n econ\u00f3mica que deber\u00eda estar unido al traslado para hacer alegaciones, en el que, por ello, no se le informaba de la cuant\u00eda del decremento de patrimonio, capital a computar e importe a justificar.<\/p>\n

-Errores en el informe t\u00e9cnico, que b\u00e1sicamente, -y aparte de algunas precisiones de fechas-, versan sobre aspectos de apreciaci\u00f3n jur\u00eddico civil y no f\u00e1ctica; en especial el porcentaje del patrimonio a atribuir a la actora, viuda, aforada y con poder testatorio no ejercitado ya cumplido el l\u00edmite de los 90 a\u00f1os de edad se\u00f1alado por el testador.<\/p>\n

-Justificaci\u00f3n del decremento. En este apartado, en que se vuelve sobre una supuesta discriminaci\u00f3n del r\u00e9gimen foral con respecto al com\u00fan, se alude a diversos factores que justificar\u00edan el decremento de patrimonio de la recurrente; (no incremento de la pensi\u00f3n por coste de vida; contrataci\u00f3n de empleadas para su cuidado), y diversos argumentos sobre movimientos y disposiciones de las cuentas bancarias en favor de los hijos y como pago de la residencia Boesan Siglo XXI SL<\/em> en la que hubo de ser ingresada al ser dada de baja en el Centro de D\u00eda en que se encontraba, con alusi\u00f3n al R.C-A n\u00ba 1.508\/2017.<\/p>\n

– Falta de motivaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n recurrida.<\/p>\n

En la parte de Fundamentos Jur\u00eddico Materiales se dedica nuevamente un ordinal al t\u00edtulo de, “inexistencia de hechos y falta de motivaci\u00f3n suficiente de los fundamentos de derecho. Nulidad de la resoluci\u00f3n”,<\/strong> donde se hace referencia a lo que dispone el art\u00edculo 8.1.7 del Decreto Foral 17\/2014, de 25 de febrero ,<\/strong> y que no podr\u00eda haber sido cumplimentado en este caso al no facilitarse -de cara al tr\u00e1mite de alegaciones- la posible cantidad a ingresar, citando el art\u00edculo 24.2 CE y el art\u00edculo 47, -sin especificaci\u00f3n de supuesto-, de la LAPC 39\/2015, de 1 de Octubre.<\/p>\n

Se alude seguidamente a otras deficiencias de forma, (falta de designaci\u00f3n de instructor o ausencia de observancia de disposiciones de la LPV 12\/2008, de Servicios Sociales), o a la indebida aplicaci\u00f3n del 100 por 100 en la atribuci\u00f3n del patrimonio; a la limitaci\u00f3n de un a\u00f1o para solicitar de nuevo una plaza, -que moteja de excesivo e inconstitucional-; o a la declaraci\u00f3n de nulidad por v\u00eda indirecta de los art\u00edculos 7 y 8 del D.F 17\/2014, por ser contrario al Derecho Civil vasco al no contener regulaci\u00f3n espec\u00edfica alguna para el supuesto del alkar poderoso<\/em> a efectos de lo que disponen los articulo 47 a 49 de la Ley 5\/2015, de 25 de Junio, del Derecho Civil Vasco, de manera que el acceso a las residencias resultar\u00eda privilegiado para quienes no se encuentren en dicho r\u00e9gimen sucesorio o familiar, citando el art\u00edculo 14 CE.<\/p>\n

La oposici\u00f3n de la Diputaci\u00f3n Foral, -en adelante DFB-, consiste primeramente en trascribir el informe t\u00e9cnico del expediente, as\u00ed como el emitido el 25 de febrero de 2.019, que se presenta como Anexo y se trascribe. – Folios 83 a 86-. Se analizan seguidamente diferentes aspectos formulados de contrario, argumentando sobre<\/p>\n

la debida motivaci\u00f3n del acto impugnado, o rechazando que la Orden Foral recurrida tenga por objeto el PIA o la designaci\u00f3n de un profesional de referencia; y exponiendo que el informe t\u00e9cnico en que se funda la denegaci\u00f3n ofrece los datos normativamente previstos para ello, y en particular, del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto Foral aplicable. Por \u00faltimo se alega acerca de la conformidad a derecho de los preceptos de dicho Decreto Foral que se cuestionan de contrario, de acuerdo con planteamientos que m\u00e1s adelante se examinar\u00e1n.<\/p>\n

SEGUNDO<\/strong> .- Como acaba de relacionarse el fundamento del recurso jurisdiccional aparece escasamente sistematizado, al punto de que no se observa con rigor lo que establece el art\u00edculo 56.1 LJCA, respecto de la separaci\u00f3n entre hechos y fundamentos jur\u00eddicos, pues si bien as\u00ed se hace en lo estrictamente formulario, tambi\u00e9n le es aplicable a este orden jurisdiccional el est\u00e1ndar legal claramente establecido por el art\u00edculo 399 de la LEC cuyo apartado 4 indica con nitidez donde deben suscitarse las cuestiones jur\u00eddicas del litigio, sean de forma o sustantivas.<\/p>\n

No ocurre as\u00ed, como decimos, en este caso, en que con abandono de ese modelo, se suscita en ambos apartados un precipitado, p\u00e1rrafo a p\u00e1rrafo, de, a veces coincidentes y otras no, argumentos y objeciones bajo distintas r\u00fabricas y ep\u00edgrafes, que amalgaman como “hechos”<\/em> desde aspectos tan irrelevantes como el foliado del expediente hasta la cr\u00edtica del c\u00e1lculo del decremento hecho en el informe, o las razones justificativas de la disminuci\u00f3n patrimonial de la recurrente, sin que, de otra parte, aparezca con nitidez y separaci\u00f3n en la fase de fundamentaci\u00f3n en derecho del escrito fundamental del proceso la articulaci\u00f3n jur\u00eddica ordenada y precisa de los motivos de fondo por los que la resoluci\u00f3n recurrida infringe el ordenamiento jur\u00eddico administrativo, que solo es accesible al Tribunal de manera fragmentaria y difusa con grave dificultad para dar una respuesta jurisdiccional provista de la congruencia y exhaustividad necesarias. – Art\u00edculos 33.1 y 67.1 LJCA-.<\/p>\n

Dentro de esa perspectiva, en que la parte actora alude a la nulidad de pleno derecho<\/em> de las actuaciones por incurrir en deficiencias formales tales como no especificarse Hechos y Fundamentos en la comunicaci\u00f3n para el tr\u00e1mite de alegaciones, -f. 31 de e.a-, o la Resoluci\u00f3n denegatoria misma, a la que se atribuye insuficiencia de motivaci\u00f3n, -folio 64-, la irregularidad formal significativa se situar\u00eda exclusivamente en la Resoluci\u00f3n adoptada mediante Orden Foral, que es el que viene sujeta (y no en cambio una simple comunicaci\u00f3n de tr\u00e1mite) a exigencias rigurosas de contenido normativo en base al art\u00edculo 88 LPACAP 39\/2015, referidas en particular a la motivaci\u00f3n, con la posibilidad, -aparentemente desconocida en este caso-, de formularla con incorporaci\u00f3n del texto de informes o dict\u00e1menes que se acepten, -apartado 6-, o “in aliunde”.<\/em><\/p>\n

Por lo que resulta del expediente, si ya el informe t\u00e9cnico decisivo y determinante de la denegaci\u00f3n, no se trasladaba en fase de alegaciones, ni, -frente a lo que opone la parte demandada-, se indicaba el lugar o medio de su puesta a disposici\u00f3n, mayor intensidad ofrece que se motive la Orden Foral denegatoria con una simple referencia apod\u00edctica a un decremento patrimonial en los dos a\u00f1os anteriores sin el menor detalle o concreci\u00f3n.<\/p>\n

Ahora bien, a la luz de lo anterior, concurren diversos factores que conducen a soslayar las consecuencias invalidantes de esa irregularidad adjetiva o “in procedendo”,<\/em> todos los cuales han sido valorados en tal sentido por la doctrina legal, tal y como lo aduce la representaci\u00f3n procesal de la DFB, sin perjuicio de asumir \u00e9sta impl\u00edcitamente que la Resoluci\u00f3n recurrida incurri\u00f3 en tal defecto de motivaci\u00f3n. -F.J Primero, folios 79\/80 de estos autos-.<\/p>\n

– El primer factor a considerar es que la anulaci\u00f3n de dicho acto por tales razones no es, como tal, pedimento litigioso formulado por la parte actora, que se limita a pretender el reconocimiento de una situaci\u00f3n jur\u00eddica material o de fondo, no obstante entremezclar numerosas quejas, alusiones a otro tipo de procedimientos (falta de instructor, o de profesional responsable; nombramientos y ceses del personal), en un contexto en que, dado el objeto especifico de la actuaci\u00f3n, falta toda atinencia. Tampoco consta ejercicio del derecho a recusar o siquiera un alegato expl\u00edcito de desviaci\u00f3n de poder<\/em> , ante las impugnaciones de informes y est\u00e9riles insinuaciones personales de parcialidad relativas a los funcionarios intervinientes. – Articulo 48.1 LPAC y 70.2 LJCA-.<\/p>\n

– El segundo es que la sola invocaci\u00f3n del art\u00edculo 24.2 CE o del art\u00edculo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan, sin intentarse siquiera encuadrar la infracci\u00f3n denunciada en ninguno de los supuestos que lo integran, no trasciende de la vacua ret\u00f3rica procesal. Y lo propio ocurre con la menci\u00f3n del art\u00edculo 24.2 CE, que, salvo excepciones que no son del caso, definidas por la jurisprudencia constitucional, (ejercicio de la potestad sancionadora de los poderes p\u00fablicos) es ajeno al canon de control de validez de los actos administrativos ordinarios.<\/p>\n

– El tercer aspecto a tener en cuenta es que, como vamos a ver que refrenda la jurisprudencia, cuando el litigante est\u00e1 en condiciones de hacer valer su derecho de alegaci\u00f3n y defensa en el proceso por conocer todos los elementos de la actuaci\u00f3n administrativa que inciden sobre la decisi\u00f3n recurrida, -como en este caso nada excluye que ocurra-, un pronunciamiento jurisdiccional que devolviese la actuaci\u00f3n al \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n actuante no evitar\u00eda la reproducci\u00f3n de la formalmente anulada, con retrasos in\u00fatiles, y, sobre<\/p>\n

todo, con perjuicio especial para quien dice aspirar al reconocimiento del acceso a un beneficio de car\u00e1cter asistencial.<\/p>\n

Ratificando estos criterios, dice, entre otras, la STS, C-A Secci\u00f3n 3\u00aa, de 23 de febrero de 2016 (ROJ: STS 651\/2016) en Casaci\u00f3n n\u00ba 2.422\/2,015, con subrayados y negritas que son de esta Sala;<\/p>\n

\u00ab […] Dicho lo anterior, insta la recurrente la nulidad de las resoluciones combatidas por defectos de procedimiento lo que no puede ser acogido pues al margen de que los defectos procedimentales denunciados por la parte recurrente no sean tales, de haber existido en ning\u00fan caso habr\u00edan producido indefensi\u00f3n a la recurrente que ha tenido tr\u00e1mites posteriores suficientes para alegar lo conveniente a su derecho, debiendo tener presente tanto lo establecido en el art. 63.2 de la Ley 30\/1992, de 26 noviembre y el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en Sentencia de 20 julio 1992 (RJ 1992\\ 6511), al afirmar que: \u00abLa teor\u00eda de la nulidad de los actos administrativos ha de aplicarse con parsimonia, siendo necesario ponderar siempre el efecto que produjo la causa determinante de la invalidez y las consecuencias distintas que se hubieran seguido del correcto procedimiento rector de las actuaciones que se declararon nulas y, por supuesto, de la retroacci\u00f3n de \u00e9stas para que se subsanen las irregularidades detectadas … En el caso de autos, trat\u00e1ndose, como la Sala sentenciadora razon\u00f3, no de que se hubiera prescindido totalmente del procedimiento establecido al efecto, sino tan s\u00f3lo del tr\u00e1mite de audiencia del interesado, exclusivamente se incidir\u00eda en la de simple anulabilidad del art. 48.2, y ello s\u00f3lo en el supuesto de que de la omisi\u00f3n se siguiera indefensi\u00f3n para el administrado, condici\u00f3n \u00e9sta que comporta la necesidad de comprobar si la indefensi\u00f3n se produjo; pero siempre,<\/em> en funci\u00f3n de un elemental principio de econom\u00eda procesal impl\u00edcitamente, al menos, potenciado por el art. 24 CE , prohibitivo de que en el proceso judicial se produzcan dilaciones indebidas, adverando si, retrotrayendo el procedimiento al momento en que el defecto se produjo a fin de reproducir adecuadamente el tr\u00e1mite omitido o irregularmente efectuado, el resultado de ello no ser\u00eda distinto del que se produjo cuando en la causa de anulabilidad del acto la Administraci\u00f3n creadora de \u00e9ste hab\u00eda incurrido<\/em> \u00bb.<\/strong><\/p>\n

En la doctrina legal y cient\u00edfica referida a estas causas de nulidad -plenamente vigente por la raz\u00f3n se\u00f1alada- se sienta, refiri\u00e9ndose al supuesto de la precisi\u00f3n total del procedimiento legalmente establecido, que es indeclinable que dicha precisi\u00f3n sea total<\/em><\/strong> , esto es, que no se trate de un simple vicio procedimental, cuyo \u00e1mbito propio de invalidez es el de la irregularidad no invalidante o de la anulabilidad (el art\u00edculo 63.2 de la Ley 30\/1992 ) -anterior art\u00edculo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo- dispone: \u00abel defecto de forma s\u00f3lo determinar\u00e1 la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o d\u00e9 lugar a la indefensi\u00f3n de los interesados\u00bb<\/em> ). La intenci\u00f3n del legislador ha sido evidente para la mencionada doctrina y, as\u00ed, es notorio que la relevancia de los vicios de procedimiento se considera en Derecho Administrativo (adelant\u00e1ndose en este punto, como en muchos otros, a lo que posteriormente ser\u00eda la interpretaci\u00f3n constitucional de los requisitos procesales civiles) como una irregularidad no invalidante como criterio de partida, aumentando su eficacia invalidatoria seg\u00fan se constituye en requisito no meramente procedimental, sino constitutivo de un mecanismo de garant\u00eda para el administrado; esto es, la consideraci\u00f3n del procedimiento como garant\u00eda del administrado es la clave determinante de la invalidez que dimana de las infracciones del mismo.<\/p>\n

En este punto situada la tesis general, hay que precisar -no obstante- que la configuraci\u00f3n jurisprudencial de lo que por precisi\u00f3n total del procedimiento legalmente establecido ha sido finalista y, en consecuencia, progresiva. Por prescindir totalmente del procedimiento legalmente establecido no se entiende que se haya prescindido de cualquier procedimiento -lo que reducir\u00eda la nulidad radical a los actos adoptados \u00abde plano\u00bb-, sino del procedimiento legalmente establecido para ese g\u00e9nero de actuaci\u00f3n administrativa. Como quiera que la construcci\u00f3n de los llamados procedimientos especiales se hace en nuestro ordenamiento jur\u00eddico sobre la base de un procedimiento com\u00fan -o unas reglas comunes de procedimiento- a\u00f1adiendo al mismo alg\u00fan tr\u00e1mite espec\u00edfico, la omisi\u00f3n de ese tr\u00e1mite espec\u00edfico va a parificarse con la omisi\u00f3n total del procedimiento, siempre que pueda considerarse esencial -esto es, con un valor singularizado en orden a la instrucci\u00f3n del expediente o a la defensa de los interesados- y no un mero ritualismo configurado en ese procedimiento especial por la raz\u00f3n concreta de que se trate (cl\u00e1usula de estilo en la materia espec\u00edfica o residuo hist\u00f3rico de un uso administrativo en ese sector); en otros t\u00e9rminos, va a entenderse que se ha prescindido totalmente del procedimiento establecido para ese acto concreto, siempre que se pueda afirmar que la ausencia de alg\u00fan o algunos tr\u00e1mites determina la inidentificaci\u00f3n del procedimiento espec\u00edfico establecido para ese acto concreto. Basta, a estos efectos, un simple examen del expediente para delimitar la inexistencia de dicha quiebra del derecho de defensa pues pudo la solicitante aportar a lo largo de su tramitaci\u00f3n todos los elementos de prueba que estim\u00f3 convenientes.<\/p>\n

Por \u00faltimo, debe recordarse que el art\u00edculo 63 de la Ley 30\/1992 dice que \u00abSon anulables los actos de la Administraci\u00f3n que incurran en cualquier infracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, incluso la desviaci\u00f3n de poder. No obstante, el defecto de forma s\u00f3lo determinar\u00e1 la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos<\/em><\/p>\n

formales indispensables para alcanzar su fin o d\u00e9 lugar a la indefensi\u00f3n de los interesados. La realizaci\u00f3n de actuaciones administrativas fuera del plazo establecido para ellas s\u00f3lo implicar\u00e1 la anulabilidad del acto cuando as\u00ed lo imponga la naturaleza del t\u00e9rmino o plazo\u00bb.<\/em> Seg\u00fan doctrina jurisprudencial reiterada, la invalidez del acto administrativo depende de la relaci\u00f3n existente entre el vicio de forma y la decisi\u00f3n de fondo adoptada por el acto recurrido y ponderar \u00absobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo impugnado en caso de observarse el tr\u00e1mite omitido\u00bb<\/em> ( Sentencia de 6 noviembre 1963). Ya hemos visto que ni existe omisi\u00f3n de tr\u00e1mite alguno ni indefensi\u00f3n”<\/p>\n

TERCERO<\/strong> .- La validez de la denegaci\u00f3n del acceso a la residencia foral para persona de edad avanzada y con grave dependencia como la recurrente, pasa por revisar las magnitudes que el departamento foral de Acci\u00f3n Social ha considerado a la hora de concluir que ha existido una disminuci\u00f3n injustificada de su patrimonio inicial, como pauta de deducci\u00f3n de una actitud fraudulenta orientada a minorar el precio p\u00fablico del servicio.<\/p>\n

Las actuaciones recurridas emplean los siguientes par\u00e1metros econ\u00f3micos; capital a la fecha de referencia de 7 de Junio de 2.016 (dos a\u00f1os antes) de 135.405,96 ,<\/strong> y capital final de 46.861,81 ;<\/strong> con disminuci\u00f3n de 88.544,15 ,<\/strong> lo que, restando 67.702,98<\/strong> de libre justificaci\u00f3n, conllevar\u00eda que la recurrente o sus representantes debiesen justificar la suma final de 20.841,17 .<\/em><\/strong><\/p>\n

En el proceso la parte actora ha hecho referencia a los siguientes conceptos como justificativos de esa suma y de la ausencia de decrementos; 5.869,71<\/strong> de honorarios satisfechos a Letrado por actuaci\u00f3n en pleito en que la interesada obtuvo el reintegro de 60.250<\/strong> de aportaciones hechas a una entidad mercantil; honorarios de perito de 650<\/strong> ; disposici\u00f3n de sumas de 15.000<\/strong> y 11.000 Euros<\/strong> en diversas fechas en favor de los hijos haci\u00e9ndoles part\u00edcipes del referido \u00e9xito en la acci\u00f3n de reintegro; abonos de 17.785,49<\/strong> a la residencia ” Boesan”<\/em> , al quedar privada del centro de d\u00eda (R.C-A n\u00ba 1508\/2017), y que dada su incidencia mensual posterior (llegando a pagos superiores a 38.000 ya en enero de 2.019), le llev\u00f3 finalmente a suscribir un contrato de alimentos con sus hijos que ha supuesto ingresos y ordenes de transferencia de \u00e9stos (11.300 en Caixabank<\/em> ) con devoluci\u00f3n parcial de la trasferencia hecha por la madre a ra\u00edz del proceso judicial por participaciones de “Fagor”<\/em> .<\/p>\n

En v\u00eda jurisdiccional la representaci\u00f3n de la DFB, y muy especialmente en el escrito de Conclusiones -Segunda, en los folios 183 vuelto a 187-, formula el c\u00e1lculo sin variantes, e insistiendo en que se ha computado dentro del patrimonio el incremento de 60.250 que se produjo dentro del periodo, y en las dem\u00e1s magnitudes inicial y final, emplea los siguientes argumentos de rechazo en torno a las partidas que la recurrente considera como gastos justificados, y as\u00ed;<\/p>\n

\u00b7 Sobre la contrataci\u00f3n de tres empleadas de ayuda domiciliaria, aceptando la existencia de m\u00e1s de 18 movimientos bancarios por pagos de 1.200 y m\u00e1s de 25 movimientos por pagos entre 600 y 2.000 , descarta esos gastos por su falta de alta en Seguridad Social y en situaci\u00f3n que considera fraudulenta.<\/p>\n

\u00b7 Respecto del pago de minuta de honorarios de Letrado y perito por el litigio de recuperaci\u00f3n de activos o participaciones, el rechazo obedece a que no se tratar\u00eda de desembolsos realizados para la mejora de la calidad de vida de la solicitante, de acuerdo con el art\u00edculo 8.2 del D.F 17\/2014, de 25 de Febrero, (en que incluye aud\u00edfonos, sillas de ruedas, dentaduras, etc\u00bf).<\/p>\n

\u00b7 En relaci\u00f3n con la disposici\u00f3n de varias sumas en favor de los hijos, se considera una donaci\u00f3n a todos los efectos, no declarada fiscalmente.<\/p>\n

\u00b7 En lo afectante a la situaci\u00f3n sucesoria, que no habr\u00eda sido justificada documentalmente, imputa el 100 por 100 de los bienes a la solicitante, al no conocerse los bienes dejados al fallecimiento del c\u00f3nyuge; no haberse ejercitado el poder testatorio, y, ser en suma, inviable el mismo, dado el deterioro cognitivo de la interesada, no incapacitada judicialmente, Adem\u00e1s, la actora es la \u00fanica titular de los productos financieros y las cuentas bancarias y quien los declaraba a efectos de IRPF.<\/p>\n

\u00b7 Por \u00faltimo, considera gastos de residencia por importe de 10.927,18 (reserva de plaza y meses de marzo, abril y mayo de 2.018.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, no quedar\u00eda justificado ese diferencial de disminuci\u00f3n patrimonial de 20.841.17 .<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> Como premisa normativa fundamental, se va a trascribir parcialmente el art\u00edculo 8\u00ba del repetido Decreto Foral 17\/2014, de 25 de Febrero, en lo que resulta m\u00e1s atinente al caso, y que establece;<\/p>\n

“Art\u00edculo 8. C\u00e1lculo del patrimonio de la persona solicitante o usuaria<\/p>\n

1. Con la finalidad de verificar la situaci\u00f3n econ\u00f3mico-patrimonial y realizar el c\u00e1lculo de la capacidad econ\u00f3mica de la persona solicitante a efectos de lo dispuesto en el Decreto Foral que regule el precio p\u00fablico por la prestaci\u00f3n del servicio foral de residencias para personas dependientes en estancia permanente, en el momento de presentar la solicitud de ingreso en residencia, se analizar\u00e1 la variaci\u00f3n entre el \u00abcapital mobiliario<\/p>\n

per c\u00e1pita inicial\u00bb y el \u00abcapital mobiliario per c\u00e1pita final\u00bb sufrida por el patrimonio de la persona solicitante en los dos (2) a\u00f1os inmediatamente anteriores a la presentaci\u00f3n de la solicitud.<\/p>\n

El \u00abcapital mobiliario per c\u00e1pita inicial\u00bb estar\u00e1 formado por el capital mobiliario que exista al inicio del periodo (2 a\u00f1os antes de la solicitud) m\u00e1s los incrementos de capital de dicho periodo, excluidas las rentas por trabajo o pensi\u00f3n, rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario.<\/p>\n

El \u00abcapital mobiliario per c\u00e1pita final\u00bb ser\u00e1 aquel del que se disponga a la fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud de ingreso en el servicio residencial.<\/p>\n

Si el \u00abcapital mobiliario per c\u00e1pita final\u00bb es inferior al \u00abinicial\u00bb en un porcentaje superior al establecido en la tabla siguiente, deber\u00e1 justificarse dicha variaci\u00f3n. (\u00bf.)<\/p>\n

A efectos de la justificaci\u00f3n de la variaci\u00f3n producida, se tomar\u00e1 en consideraci\u00f3n \u00fanicamente aquellos desembolsos realizados para la mejora de la calidad de vida o del bienestar de la propia persona solicitante siempre que se encuentren debidamente acreditados mediante factura o documento sustitutivo que sirva de justificante de los mismos y que cumplan los t\u00e9rminos previstos en el Decreto Foral 4\/2013, de 22 de enero, que regula las obligaciones de facturaci\u00f3n y dem\u00e1s normativa concordante.<\/p>\n

La falta de justificaci\u00f3n de esta variaci\u00f3n patrimonial ser\u00e1 causa de denegaci\u00f3n del derecho a plaza residencial, salvo que, dentro del plazo concedido en el tr\u00e1mite de audiencia previo a la denegaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 12.c) de este Decreto, se proceda al ingreso de la cantidad que constituye la variaci\u00f3n patrimonial no justificada en la cuenta bancaria de titularidad de la persona solicitante. (\u00bf)”<\/p>\n

Partiendo de esta previsi\u00f3n normativa, no existe base suficiente, ya sea por desinformaci\u00f3n u otras razones, para concluir que conceptos tales como el pago a empleadas de ayuda domiciliaria, o las disposiciones dinerarias en favor de hijos, deban de ser consideradas como computables dentro de la diferencia pendiente de justificar. Precisamente para ello, y para no imponer una prueba extrema de gastos normales de sostenimiento y cuidado, pero que en ocasiones podr\u00edan haber sido considerados como descontables a efectos del articulo 8.1 y no lo son por la ausencia de facturaci\u00f3n u otras razones que impiden que la Administraci\u00f3n p\u00fablica los acoja, (servicios dom\u00e9sticos no regularizados, o entregas dinerarias sin declaraci\u00f3n tributaria), es la aplicaci\u00f3n de la norma la que ha eximido de justificaci\u00f3n la suma de 67.702,98 .<\/p>\n

Tampoco el coste de la residencia San Antonio o ” Boesan Siglo XXI, S.L”,<\/em> manifiestamente computable como gasto justificado, puede alcanzar a la cuotas mensuales realizadas con posterioridad a junio de 2.018, por m\u00e1s que el montante total abonado haya ascendido entre abril de ese a\u00f1o y enero de 2.019 a suma superior a 38.000 , como defiende la parte recurrente con referencias a los movimientos bancarios que lo reflejar\u00edan, – folio 35-, ya que constituye aquella fecha el hito temporal final para la comparaci\u00f3n del capital.<\/p>\n

Sin embargo, resulta acogible que la suma satisfecha a dicho establecimiento es superior a la que la Administraci\u00f3n foral computa. La firma social destinataria de esos ingresos, en manifestaci\u00f3n testifical del articulo 381 LEC incorporada al folio 110 de los autos, adveraba el contenido y pago de las facturas de 2.018 aportadas a los autos, -de Junio en adelante-, careciendo de relevancia probatoria tanto esa como la posterior manifestaci\u00f3n a instancia de parte del folio 124, referida a los meses de Febrero a Mayo de 2.019,<\/em><\/strong> adjuntando las facturas emitidas que lo acreditaban. Pero, dado que esas cifras no corresponden a las facturadas en ese periodo del a\u00f1o 2.018, que fueron las aportadas con el expediente, ha de estarse a \u00e9stas, -folios 46 a 49 del e.a-, respecto de las que sostiene la parte recurrente que el pago total ascendi\u00f3 a 17.785 .<\/strong> -Hecho Tercero de su demanda, folio 34 vuelto-. En este sentido resulta procedente considerar que la factura de Junio de 2.018, devengada el d\u00eda 1 de Junio de ese a\u00f1o, -folio 50 vuelto de los autos-, ha de ser igualmente sumada por haberse producido dentro del per\u00edodo bianual, de manera que la suma total a descontar por este concepto resulta de las siguientes cantidades parciales; reserva plaza; 1477,98 ; Marzo de 2.018, 2.647,68; abril de 2018; 3.309,60 + 29,01; mayo de 2.018, 3.419,92 + 93,47; junio de 2.018, 3.309,60 + 107,06 con total de 14.394,32 .<\/strong><\/p>\n

Igualmente, debe aceptarse una interpretaci\u00f3n menos rigurosa en relaci\u00f3n con los gastos judiciales soportados por la recurrente con ocasi\u00f3n del litigio mercantil que le depar\u00f3 la recuperaci\u00f3n de 60.250 , que se le computan como incremento de patrimonio en aplicaci\u00f3n estricta de la regla del articulo 8.1 antes trascrita. Debe ser as\u00ed porque al margen de que dichos gastos, en sentido amplio, propendan tambi\u00e9n a una mejora de la calidad de vida de la persona dependiente -articulo 8.2-, no dejan de ser gastos necesarios para obtener el ingreso que se imputa y deducibles por ello de su \u00edntegro. Ascienden a 5.869,71<\/strong> y 650<\/strong> .<\/p>\n

QUINTO.-<\/strong> Dado que ni siquiera con esas adiciones se alcanza a justificar la diferencia exigible de decremento patrimonial, es cuesti\u00f3n clave valorar si la imputaci\u00f3n del 100 por 100 de ese patrimonio a que la Administraci\u00f3n foral procede es la que resulta id\u00f3nea en derecho.<\/p>\n

La precisi\u00f3n que en primer lugar corresponde es que en modo alguno cabr\u00e1 concebir que el silencio de los art\u00edculos 7\u00ba y 8\u00ba del Decreto Foral 17\/2014 sobre la imputaci\u00f3n del patrimonio al c\u00f3nyuge viudo en caso de poder testatorio no ejercitado propio del r\u00e9gimen foral, haga incurrir a dicha disposici\u00f3n reglamentaria en vulneraci\u00f3n de la LPV 5\/2015, de 25 de Junio, como si el silencio equivaliese a contradecirla o a regular esa materia “contra legem”.<\/em> Nada exige que una disposici\u00f3n de orden administrativo, remita, reproduzca o adapte caso por caso, y cada vez que resulta tangente a la mera noci\u00f3n de patrimonio, todo el r\u00e9gimen conyugal de bienes, familiar, o sucesorio que en cada caso pueda verse incumbido a la hora de su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

Y por similares razones debe descartarse la idea de inconstitucionalidad relacionada con el art\u00edculo 14 CE.<\/p>\n

En primer lugar porque habr\u00eda de tratarse de una inconstitucionalidad por omisi\u00f3n o “ex silentio legis”,<\/em> y para ello, seg\u00fan reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, ser\u00e1 preciso que la CE imponga al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo, -por todas, STC. 24\/1.982, de 13 de Mayo, 155\/1.987, de 14 de Octubre, \u00f3 109\/1.993, de 25 de Marzo-, lo que en modo alguno puede siquiera aventurarse qu\u00e9 exigencia regulatoria sobre el principio de igualdad queda implicada en dicha disposici\u00f3n sectorial de servicios sociales. Volviendo a lo anterior, el ordenamiento administrativo colapsar\u00eda si debiese trasladar y adaptar, so pena de inconstitucionalidad, toda la legalidad civil, sucesoria, administrativa o de otro orden, a cada regulaci\u00f3n prestacional o de un determinado servicio p\u00fablico, para prevenir tratos discriminatorios.<\/p>\n

Lo que puede ocurrir, en cambio, es que, “en la aplicaci\u00f3n de la norma”<\/em> se pueda llegar a incurrir en un tratamiento contrario al principio de proscripci\u00f3n de la arbitrariedad del articulo 9.3 en su conexi\u00f3n con el principio gen\u00e9rico de igualdad del art\u00edculo 14 CE, si a la hora de interpretar y aplicar la norma administrativa a un supuesto de hecho concreto, o bien se desconocen instituciones jur\u00eddicas civiles plasmadas por la legalidad ordinaria o bien se afecta directamente a la igualdad del articulo 14 mediante un tratamiento dispar e injustificado a personas o grupos.<\/p>\n

Si nos atenemos a la figura que con mayor atinencia puede definir en el \u00e1mbito de las relaciones de los administrados con las Administraciones y poderes p\u00fablicos, la atribuci\u00f3n del patrimonio conyugal o familiar, y que, a su vez, se atenga al r\u00e9gimen foral sucesorio prescrito por la vigente Ley 5\/2015, de 25 de Junio, del Derecho Civil Vasco, la Norma Foral 2\/2013, de 27 de febrero, de Impuesto sobre el Patrimonio, dedica unas reglas precisas en el art\u00edculo 9\u00ba, y despu\u00e9s de consagrar el principio de atribuci\u00f3n de patrimonio seg\u00fan las reglas de titularidad jur\u00eddica de los bienes y derechos,<\/em> se\u00f1ala en cuyo apartado 2 que;<\/p>\n

“En las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio, si existe un derecho de usufructo, al usufructuario le ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n las normas contenidas en el apartado anterior.<\/p>\n

Respecto al valor de la nuda propiedad o en caso de que no exista ning\u00fan usufructuario, las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio tributar\u00e1n seg\u00fan lo establecido en el T\u00edtulo II de la Norma Foral 7\/2002, de 15 de octubre, de Adaptaci\u00f3n del Sistema Tributario del Territorio Hist\u00f3rico de Bizkaia a las peculiaridades del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

En la comunidad pos conyugal<\/em> prevista en el art\u00edculo 140 de la Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco pendiente el ejercicio del poder testatorio, el c\u00f3nyuge viudo o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2\/2003, de 7 de mayo , tributar\u00e1 por su mitad correspondiente<\/em> . Respecto a la otra mitad, tributar\u00e1 seg\u00fan las reglas establecidas en los dos p\u00e1rrafos anteriores”.<\/p>\n

Cabe reiterar que dicho art\u00edculo 140 de la ley civil, establece que;<\/p>\n

“Cuando el matrimonio se disuelva por la muerte de uno de los c\u00f3nyuges, dejando hijos o descendientes comunes, se consolida la comunicaci\u00f3n foral y se transforma en comunidad de bienes entre el c\u00f3nyuge viudo de una parte, y los hijos o descendientes que sean sucesores del premuerto, de otra, hasta la divisi\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes.<\/p>\n

Y a\u00f1ade el art\u00edculo 141 en sus apartados 2 y 3 acerca de la disoluci\u00f3n por muerte de uno de los c\u00f3nyuges habi\u00e9ndose designado comisario, que;<\/p>\n

“2 Mientras los bienes contin\u00faen en este estado, el c\u00f3nyuge viudo, salvo disposici\u00f3n en contrario del testador, ser\u00e1 el \u00fanico representante de la herencia y administrador de todo el caudal, en tanto no medie aceptaci\u00f3n de la herencia por los sucesores designados.<\/strong><\/p>\n

3. Salvo disposici\u00f3n en contrario del testador, el c\u00f3nyuge viudo designado comisario \u00fanico o con otras personas, mientras no haga uso del poder testatorio, tendr\u00e1 adem\u00e1s el usufructo del caudal del que no haya dispuesto,<\/strong> sin obligaci\u00f3n de prestar fianza”<\/p>\n

Por su parte, la NF 13\/2013, de 5 de Diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas indica en su art\u00edculo 11.4 que el r\u00e9gimen de atribuci\u00f3n de rentas no ser\u00e1 aplicable a las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio, que tributar\u00e1n seg\u00fan lo establecido en el apartado 5 (6) del art\u00edculo 12 de esta Norma Foral, que nos remite al siguiente r\u00e9gimen;<\/p>\n

“Las rentas correspondientes a la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio se atribuir\u00e1n al usufructuario de los bienes de la herencia, en funci\u00f3n del origen o fuente de las mismas. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 anterior, los rendimientos de actividades econ\u00f3micas se imputar\u00e1n al usufructuario de los mismos en concepto de tales.<\/p>\n

Sin perjuicio de lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior, las ganancias y p\u00e9rdidas patrimoniales obtenidas como consecuencia de la transmisi\u00f3n de bienes y derechos y los rendimientos de capital mobiliario a que hace referencia el art\u00edculo 35 de esta Norma Foral obtenidos como consecuencia de la transmisi\u00f3n de activos representativos de la captaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de capitales ajenos, que formen parte de la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio, cuando dichas transmisiones no impliquen el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se atribuir\u00e1n, en cualquier caso, a la propia herencia<\/em> y tributar\u00e1n seg\u00fan lo establecido en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo II de la Norma Foral 7\/2002, de 15 de octubre, de Adaptaci\u00f3n del Sistema Tributario del Territorio Hist\u00f3rico de Bizkaia a las peculiaridades del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

Respecto a los bienes o derechos sobre los que no se establezca un derecho de usufructo, las rentas se atribuir\u00e1n a la propia herencia<\/em> y tributar\u00e1n seg\u00fan lo establecido en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo II de la Norma Foral 7\/2002, de 15 de octubre, de Adaptaci\u00f3n del Sistema Tributario del Territorio Hist\u00f3rico de Bizkaia a las peculiaridades del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

Las rentas correspondientes a la comunidad posconyugal prevista en el art\u00edculo 140 de la Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, pendiente el ejercicio del poder testatorio, se atribuir\u00e1n por mitades al c\u00f3nyuge viudo y a la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un poder testatorio<\/em><\/strong> , seg\u00fan las reglas establecidas en los tres p\u00e1rrafos anteriores.<\/p>\n

Con esas premisas, si bien la parte actora, en su aspiraci\u00f3n de que el Decreto Foral sea anulado en base a la supuesta discriminaci\u00f3n que err\u00f3neamente sostiene que establece, no extrae las oportunas consecuencias de ese r\u00e9gimen, de otra parte, la Administraci\u00f3n demandada considera que puede prescindirse de \u00e9l en base a datos circunstanciales como la titularidad de las cuentas bancarias, la declaraci\u00f3n del Impuesto sobre la Renta o la lejana fecha en que el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral se consolid\u00f3 al fallecer el c\u00f3nyuge, pero sin embargo, lo que resplandece del conjunto de esa regulaci\u00f3n es que los bienes administrados y usufructuados por la recurrente, en base al indiscutido testamento de su c\u00f3nyuge Don Luis Pablo , -folios 43 a 45 del e.a-, que le otorgaba poder testatorio hasta cumplir los 90 a\u00f1os de edad, que ambas partes coinciden en que no se ha ejercitado como tal, no pueden serle atribuidos al c\u00f3nyuge viudo en su integridad en base a una presunci\u00f3n contraria a la comunicaci\u00f3n foral y a su posterior consolidaci\u00f3n a t\u00edtulo de comunidad de bienes con los descendientes, de manera que signos e indicios de titularidad propia de la recurrente sobre los bienes -cuentas bancarias, declaraciones tributarias-, como los que la Administraci\u00f3n demandada advierte, no dejan de representar al contrario manifestaci\u00f3n de las facultades d usufructo, administraci\u00f3n y representaci\u00f3n legal de la herencia que le ha correspondido en el tiempo, hayan o no declinado ya en la actualidad esas facultades por el agotamiento del plazo testatorio, lo que no conducir\u00eda a otra conclusi\u00f3n que a la necesidad de dividir y adjudicar los bienes a los herederos, -madre e hijos-, con la misma consecuencia reductora del patrimonio que a la interesada se le atribuye.<\/p>\n

Como consecuencia, aunque ninguna de las partes va m\u00e1s all\u00e1 de afirmar o negar esa conclusi\u00f3n, se patentiza que la toma en cuenta de ese r\u00e9gimen comunitario de bienes arrojar\u00eda como resultado la innecesariedad de justificar decremento residual como el aplicado sobre la base de los par\u00e1metros de c\u00e1lculo empleados.<\/p>\n

SEXTO.-<\/strong> La definitiva estimaci\u00f3n del recurso que de ello se deriva no debe ir acompa\u00f1ada de la generalmente preceptiva imposici\u00f3n de costas del art\u00edculo 139.1 LJCA, ante las importantes dudas, sobre todo de hecho, que la validez de la pretensi\u00f3n comporta y el inacogimiento de numerosos planteamientos de la parte recurrente.<\/p>\n

Vistos los preceptos citados y dem\u00e1s de general aplicaci\u00f3n, la Sala (Secci\u00f3n Primera) emite el siguiente;<\/p>\n

<\/a>F A L L O<\/strong><\/p>\n

ESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA PROCURADORA DE LOS TRIBUNALES DO\u00d1A ROSA ALDAY MENDIZABAL EN REPRESENTACI\u00d3N DE DO\u00d1A Josefina CONTRA LA ORDEN FORAL N\u00ba NUM000 , DE 20 DE SETIEMBRE, DEL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL DE LA DIPUTACI\u00d3N FORAL DE BIZKAIA, Y ANULAR DICHA RESOLUCI\u00d3N, CON RECONOCIMIENTO DE LA SITUACI\u00d3N JURIDICA INDIVIDUALIZADA PRETENDIDA DEL DERECHO A ACCEDER A PLAZA DE RESIDENCIA PARA<\/strong><\/p>\n

PERSONAS EN SITUACI\u00d3N DE DEPENDENCIA, O PRESTACION SUSTITUTIVA, SIN ESPECIAL IMPOSICI\u00d3N DE COSTAS.<\/strong><\/p>\n

Notif\u00edquese esta resoluci\u00f3n a las partes, advirti\u00e9ndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE CASACI\u00d3N<\/strong> ante la Sala de lo Contencioso – administrativo del Tribunal Supremo y\/o ante la Sala de lo Contencioso – administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, el cual, en su caso, se preparar\u00e1 ante esta Sala en el plazo de TREINTA D\u00cdAS<\/strong> ( art\u00edculo 89.1 LJCA), contados desde el siguiente al de la notificaci\u00f3n de esta resoluci\u00f3n, mediante escrito en el que se d\u00e9 cumplimiento a los requisitos del art\u00edculo 89.2, con remisi\u00f3n a los criterios orientativos recogidos en el apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE n.\u00ba 162, de 6 de julio de 2016, asumidos por el Acuerdo de 3 de junio de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

Quien pretenda preparar el recurso de casaci\u00f3n deber\u00e1 previamente consignar en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones de este \u00f3rgano jurisdiccional en el Banco Santander, con n.\u00ba 4697 0000 93 0913 18, un dep\u00f3sito de 50 euros<\/strong> , debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso”.<\/p>\n

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Aut\u00f3nomas, las entidades locales y los organismos aut\u00f3nomos dependientes de todos ellos est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito ( DA 15.\u00aa LOPJ).<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, de la que se dejar\u00e1 testimonio completo en los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, de la que se dejar\u00e1 testimonio completo en los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N<\/strong> .- Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia p\u00fablica la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, en el d\u00eda de su fecha, de lo que yo el Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia doy fe en Bilbao, a 23 de diciembre de 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Orden Foral que deniega el acceso a la residencia del aklar poderoso e impacto de la LDCV en aqu\u00e9lla<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[987,564],"materia":[1246],"organo":[1878],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10774","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-acceso-a-plaza-de-residencia-del-alkar-poderoso","tag-poder-testatorio","materia-seccion-cuarta-de-la-sucesion-por-comisario","organo-sala-de-lo-contencioso-administrativo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10774","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10774"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10774"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10774"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10774"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10774"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10774"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10774"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}