{"id":10761,"date":"2025-10-06T12:57:09","date_gmt":"2025-10-06T10:57:09","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-13-05-2019\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:55","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:55","slug":"sap-de-bizkaia-sec-3a-13-05-2019","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-13-05-2019\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 13 de mayo de 2019"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP BI 1722\/2019<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2019:1722<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370032019100139<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 3<\/strong><\/p>\n

Fecha: 13\/05\/2019<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 60\/2019<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 174\/2019<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Civil<\/strong><\/p>\n

Ponente: BEGO\u00d1A LOSADA DOLIA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA – SECCI\u00d3N TERCERA<\/strong><\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA – HIRUGARREN SEKZIOA<\/strong><\/p>\n

BARROETA ALDAMAR, 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001<\/p>\n

TEL.<\/strong> : 94-4016664 Fax \/ Faxa<\/strong> : 94-4016992<\/p>\n

NIG PV \/ IZO EAE: 48.06.2-17\/007330<\/p>\n

NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48044.42.1-2017\/0007330<\/p>\n

Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 \/ Proz.arr.ap.2L 60\/2019<\/strong><\/p>\n

O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia<\/em> : Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de DIRECCION001 – UPAD \/ DIRECCION001 Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegia – ZULUP<\/p>\n

Autos de Procedimiento ordinario 552\/2017 (e)ko autoak<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea: Regina<\/p>\n

Procurador\/a\/ Prokuradorea:CARLA FUENTE RUEDA<\/p>\n

Abogado\/a \/ Abokatua: LUIS JAVIER SANTAFE MENDEZ<\/p>\n

Recurrido\/a \/ Errekurritua: Soledad y Inocencio<\/p>\n

Procurador\/a \/ Prokuradorea: VANESSA DIAZ MANZANO y VANESSA DIAZ MANZANO<\/p>\n

Abogado\/a\/ Abokatua: JESUS ANGEL PEINADOR ORQUIN y JESUS ANGEL PEINADOR ORQUIN<\/p>\n

S E N T E N C I A N.\u00ba 174\/2019<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMAS. SRAS.<\/p>\n

D.\u00aa MARIA CONCEPCION MARCO CACHO<\/p>\n

D.\u00aa CARMEN KELLER ECHEVARRIA<\/p>\n

D.\u00aa BEGO\u00d1A LOSADA DOLIA<\/p>\n

En BILBAO (BIZKAIA), a trece de mayo de dos mil diecinueve.<\/p>\n

La Audiencia Provincial de Bizkaia – Secci\u00f3n Tercera, constituida por los\/as Ilmos\/Ilmas. Sres.\/Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 552\/2017 del Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de DIRECCION001 – UPAD, a instancia de D.\/ D\u00aa. Regina , apelante – demandado, representado\/a por el\/la procurador\/a D.\/D.\u00aa CARLA FUENTE RUEDA y defendido\/a por el\/la letrado\/a D.\/D.\u00aa LUIS JAVIER SANTAFE MENDEZ, contra D.\/D.. Soledad y Inocencio , apelado\/a – demandante, representado\/a por el\/la procurador\/a D.\/D.\u00aa VANESSA DIAZ MANZANO y VANESSA DIAZ MANZANO y defendido\/a por el\/la letrado\/a D.\/D.\u00aa JESUS ANGEL PEINADOR ORQUIN y JESUS ANGEL<\/p>\n

PEINADOR ORQUIN; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 20\/07\/2018.<\/p>\n

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Con fecha 20 de julio de 2018 se dict\u00f3 sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:<\/p>\n

“ESTIMO la demanda promovida por la Procuradora de los Tribunales D\u00f1a. Vanessa D\u00edaz Manzano, en nombre y representaci\u00f3n de D\u00f1a. Soledad y D. Inocencio , contra D\u00f1a. Regina , representada por la Procuradora D\u00f1a. Carla Fuente y contra D. Pedro Antonio , en situaci\u00f3n de rebeld\u00eda, y DECLARO:<\/p>\n

1\u00ba.- El derecho de copropiedad que los actores, D. Inocencio (DNI y NIF NUM015 ) y D\u00f1a. Soledad (DNI y NIF NUM016 ), en un porcentaje de 20,693 por ciento cada uno de ellos (41,386 por ciento en conjunto), tienen sobre la vivienda del piso NUM017 NUM018 , camarotes y parcelas de garaje, sitos en DIRECCION002 ( DIRECCION001 ), CALLE003 n\u00ba NUM017 , con las siguientes inscripciones obrantes en el Registro de la Propiedad n\u00famero 9 de Bilbao:<\/p>\n

– Piso NUM017 NUM018 : Tomo NUM019 , Libro NUM020 de DIRECCION002 , Folio NUM021 y Finca NUM022 .<\/p>\n

– Departamento del camarote n\u00famero NUM017 : Tomo NUM019 , Libro NUM023 de DIRECCION002 , Folio NUM024 y Finca NUM025 .<\/p>\n

– Departamento del camarote n\u00famero NUM026 : Tomo NUM019 , Libro NUM023 de DIRECCION002 , Folio NUM027 y Finca NUM028 .<\/p>\n

– Una quinceava parte indivisa de s\u00f3tano: Tomo NUM029 , Libro NUM030 de DIRECCION002 , Folio NUM031 y Finca NUM032 .<\/p>\n

– Una quinceava parte del departamento situado a la NUM018 del portal: Libro NUM033 de DIRECCION002 , Folio NUM034 y Finca NUM035 .<\/p>\n

2 \u00ba.- La ineficacia de la inscripci\u00f3n registral de dominio a favor de los demandados, D. Pedro Antonio (DNI y NIF NUM036 ) y D\u00f1a. Regina (DNI y NIF NUM037 ) sobre los inmuebles referidos en el punto anterior, adquiridos mediante escritura de fecha 23 de febrero de 1994, otorgada ante el Notario de Bilbao, D. Carlos Ramos Villanueva, al n\u00famero 424 de su protocolo) debi\u00e9ndose practicar las cancelaciones y rectificaciones registrales precisas para el fiel reflejo en sus asientos del derecho de copropiedad de los demandantes, en su porcentaje del 20,693 por ciento cada uno de ellos (41,376 por ciento en conjunto) sobre los mismos, libr\u00e1ndose a tal efecto el correspondiente mandamiento al Registro de la Propiedad n\u00famero 9 de Bilbao.<\/p>\n

No se hace expresa imposici\u00f3n de las costas causadas en el procedimiento, debiendo correr cada parte con las causadas a su instancia y las comunes por mitad.”<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> Publicada y notificada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de la parte demandada se interpuso en tiempo y en forma Recurso de Apelaci\u00f3n que, admitido en ambos efectos por el Juzgado de Instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y dados los oportunos traslados comparecieron la partes por medio de sus Procuradores; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de autos y personamientos efectuados la formaci\u00f3n del presente Rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero 60\/19 de Registro y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de su clase.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> No habi\u00e9ndose admitido la prueba propuesta y no estim\u00e1ndose necesaria la celebraci\u00f3n de vista, se se\u00f1al\u00f3 deliberaci\u00f3n y fallo del presente recurso de apelaci\u00f3n para el d\u00eda 29 de abril de 2019.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> En la tramitaci\u00f3n del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n

VISTOS, siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada D\u00f1a. BEGO\u00d1A LOSADA DOLIA.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> La parte apelante, demandada en la instancia interesa la revocaci\u00f3n de la sentencia y en su lugar se dicte otra desestimando \u00edntegramente la demanda o subsidiariamente se revoque parcialmente en el sentido de asumir los t\u00e9rminos de los diferentes apartados subsidiarios del suplico de la contestaci\u00f3n a fin de delimitar el porcentaje de propiedad de los demandantes en un 22,5%; 32,7% o 41,38% a reducir exclusivamente del porcentaje del codemandado Sr. Inocencio . Alega como motivos error de hecho e indebida valoraci\u00f3n de<\/p>\n

la prueba, con error patente o arbitrariedad en la valoraci\u00f3n que comporta infracci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva; infracci\u00f3n de los art\u00edculos 217 y 218 de la LEC .; vulneraci\u00f3n por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 386.1 de la LEC .; infracci\u00f3n por indebida o erronea aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7.1 del C.C .; infracci\u00f3n por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 102 de la Ley 3\/1992 de derecho civil foral.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> Como as\u00ed establece el recurrente acerca del alcance del recurso de apelaci\u00f3n indicar que en cuanto a la valoraci\u00f3n de la prueba \u00e9sta Sala ha venido reiterando”que son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y espec\u00edfica al ser sobradamente conocidas, las que expresan que el recurso de apelaci\u00f3n es de los llamados de plena jurisdicci\u00f3n, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de \u00e9stas tanto la comprobaci\u00f3n de la adecuaci\u00f3n e idoneidad de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que se contiene en la resoluci\u00f3n recurrida, como la revisi\u00f3n de todas aquellas operaciones relativas a la valoraci\u00f3n global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a id\u00e9nticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez “a quo”, en la sentencia apelada. Cuando la cuesti\u00f3n debatida por la v\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n es la valoraci\u00f3n de la prueba llevada a cabo por el Juez “a quo” sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciaci\u00f3n probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediaci\u00f3n, contradicci\u00f3n, concentraci\u00f3n y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posici\u00f3n, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, as\u00ed como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narraci\u00f3n de los hechos y la raz\u00f3n del conocimiento de \u00e9stos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoraci\u00f3n en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte inform\u00e1tico del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez “a quo”. De ah\u00ed que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), \u00fanicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador “a quo” de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificaci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica establecida en la resoluci\u00f3n apelada. La revisi\u00f3n jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jur\u00eddica claramente perge\u00f1ada por el legislador: infracci\u00f3n de las normas que regulan la valoraci\u00f3n de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnaci\u00f3n de la sentencia ( art\u00edculo 458.1 LEC ). O Como recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de octubre 2006 , que la ponderaci\u00f3n probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia que sabido es, opera con las ventajas que confieren la inmediaci\u00f3n, oralidad y contradicci\u00f3n, de manera que en esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la cuesti\u00f3n tiene el Tribunal de apelaci\u00f3n, \u00e9ste se limita a verificar si en la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma il\u00f3gica, arbitraria o contraria a las m\u00e1ximas de experiencia o a las reglas de la sana cr\u00edtica. As\u00ed mismo y en cuanto a la valoraci\u00f3n de la prueba es preciso traer a colaci\u00f3n la reiterada doctrina del T.C. relativa a que el recurso de apelaci\u00f3n confiere plenas facultades al \u00f3rgano judicial “ad quem” para resolver cuantas cuestiones se le planteen sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un “novum iudicium” (entre otras SSTC 194\/1990, de 29 de noviembre FJ-5 ; 21\/1993, de 18 de enero, FJ 4 ; 272\/1994, de 17 de octubre FJ 2 ; y 152\/1998, de 13 de julio FJ 2). El Juez o Tribunal de apelaci\u00f3n puede as\u00ed valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderaci\u00f3n que haya efectuado el Juez “a quo”, pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed pues, en la valoraci\u00f3n de la prueba, en principio, debe primar la realizada al efecto por el juzgador de la primera instancia al estar dotada de la suficiente objetividad e imparcialidad de la que carecen las partes al defender particulares intereses, facultad \u00e9sta que si bien sustra\u00edda a las partes litigantes, en cambio, s\u00ed se les atribuye la de aportaci\u00f3n de los medios probatorios que queden autorizados por la ley en observancia a los principios dispositivo y de aportaci\u00f3n de parte, seg\u00fan recogen, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1996 y 7 de octubre de 1997 , sin que ello signifique que ante el planteamiento de un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por una de las partes litigantes el tribunal de la segunda instancia venga obligado a acatar autom\u00e1ticamente los razonamientos valorativos efectuados por el unipersonal de primer grado, habida cuenta que esa valoraci\u00f3n probatoria tiene los propios l\u00edmites que imponen la l\u00f3gica y la racionalidad. De ah\u00ed que el Tribunal Constitucional en sentencia 102\/1994, de 11 de abril , expresara como el recurso de apelaci\u00f3n otorga plenas facultades al Tribunal “ad quem” para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un “novum iudicium”, de lo que cabe colegir que el deber del tribunal de apelaci\u00f3n de comprobar si pese a<\/p>\n

las facultades del \u00f3rgano judicial “a quo” para la apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba, se incurri\u00f3 por el mismo, para la obtenci\u00f3n de sus resultados, en falta de l\u00f3gica o se omiti\u00f3 todo g\u00e9nero de consideraciones sobre los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, pues de ser as\u00ed, el \u00f3rgano judicial de segunda instancia vendr\u00eda obligado a corregir el indebido proceder del de instancia.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> Igualmente es preciso traer a colaci\u00f3n lo establecido por esta Sala en relaci\u00f3n a la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 217 y 218 de la LEC .; y en tal sentido en sentencia de 26 de marzo de 2019 , entre otras, establecemos ” conviene recordar que esta Audiencia en numerosas ocasiones precedentes ha venido interpretando el derogado art. 1.214 del C\u00f3digo Civil , conforme a una doctrina parcialmente recogida en el vigente art. 217 de la L.E.C . de 2.000, entendiendo que nos hallamos ante una norma distributiva de la carga de la prueba que no responde a unos principios inflexibles, sino que se debe adaptar a cada caso, seg\u00fan la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte, es decir, teniendo en cuenta principalmente los criterios de normalidad, proximidad y facilidad probatoria, derivados de la posici\u00f3n de cada parte en relaci\u00f3n con el efecto jur\u00eddico pretendido ( SS. T.S. 17 de junio de 1989 , 19 de noviembre de 1990 , 16 de julio de 1991 , 15 de noviembre de 1993 , 8 de junio de 1994 , 28 de noviembre de 1996 , 4 mayo 2000 , 8 febrero 2001 y 20 enero 2003 ). Conforme a este precepto, corresponde en principio al actor la prueba de los hechos constitutivos de su pretensi\u00f3n, mientras que al demandado le es atribuida la justificaci\u00f3n de los impeditivos o extintivos del derecho invocado por aqu\u00e9l ( SS. T.S. 15 de febrero de 1.985 , 12 de noviembre de 1.988 , 25 de abril de 1.990 , 3 de diciembre de 1.992 , 24 de octubre de 1.994 y 8 de marzo de 1.996 ). De la misma manera que el demandante se encuentra obligado a acreditar los hechos normalmente constitutivos o fundamentadores de su derecho, el demandado que introduce un hecho distinto contradictorio con el del actor, sin limitarse a negar el alegado por la parte contraria, le corresponde el “onus probandi”, de manera que la simple negativa de una hecho no impone al que lo alega la carga de su prueba ( SS. T.S. 28 de noviembre de 1953 , 7 de mayo de 1980 y 26 de febrero de 1983 ), y s\u00ed al demandado le incumbe demostrar los hechos obstativos o extintivos, ello es solo a partir de los probados por el actor y no antes ( S.T.S. 17 de junio de 1989 ), y tampoco cabe admitir como norma absoluta que los hechos negativos no pueden ser probados, pues pueden serlo por los hechos positivos contrarios ( S.T.S. 8 de marzo de 1991 , 9 febrero 1994 y 16 octubre 1995 ). Tambi\u00e9n tiene declarado la jurisprudencia que el derogado art. 1.214 del C\u00f3digo Civil , al igual que el vigente art. 217 de la L.E.C , no contiene norma alguna sobre valoraci\u00f3n de la prueba, sino que simplemente regula la distribuci\u00f3n de la carga de la misma entre las partes, por lo que su infracci\u00f3n solo puede ser invocada cuando, ante la ausencia de prueba de un hecho concreto, el Juzgador no haya tenido en cuenta dicha regla distributiva o la haya aplicado err\u00f3neamente, al determinar la parte que debe soportar las consecuencias de esa falta de prueba, ghaciendo recaer sobre una la carga que incumb\u00eda a la otra ( SS. T.S. 30 julio de 1.994 , 27 de enero de 1.996 , 17 noviembre de 1.998 , 19 de febrero de 2.000 y 14 mayo 2001 , entre otras muchas), ya que cuando la prueba existe no importa quien la haya llevado a los autos ( S.S.T.S. 30 julio 1991 y 9 febrero 1994 ).<\/p>\n

En lo que respecta a la infracci\u00f3n alegada del art\u00edculo 218 LEC . indicar que respecto a la necesidad de congruencia en las resoluciones judiciales, la STS. de 16 de junio de 2010 concreta la cuesti\u00f3n debatida al se\u00f1alar que “El deber de congruencia se resume en la necesaria correlaci\u00f3n que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum (petici\u00f3n) y la causa petendi o hechos en los que se funda la pretensi\u00f3n deducida y el fallo de la sentencia. Por tanto, se incurre en incongruencia cuando no se respeta la identidad de la causa petendi, es decir, el conjunto de hechos esenciales para el logro de las consecuencias jur\u00eddicas pretendida por la parte actora, tal y como aparecen formuladas en la demanda, incurriendo en desviaci\u00f3n procesal. ( STS 7 de noviembre de 2007 , 14 de mayo de 2008 ).<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> Precisado lo anterior, y respecto a lo que al parecer del recurrente constituye un error patente o arbitrariedad en la valoraci\u00f3n realizada, indicar que se centra en la validez que la sentencia da a la declaraci\u00f3n del codemandado Sr. Inocencio , en quien concurre la circunstancia de ser padre de los demandantes, quien asume la obligaci\u00f3n de vender el piso y de aplicar el importe a la adquisici\u00f3n de la nueva vivienda, est\u00e1 divorciado de D\u00aa Regina y la comunicaci\u00f3n foral de bienes est\u00e1 sin liquidar. Argumenta que yerra la juzgadora cuando expresa en el fundamento de derecho 4\u00ba que su declaraci\u00f3n fue a instancia de esta parte, cuando dicha prueba fue tambi\u00e9n interesada por la parte actora. El error, seg\u00fan alega igualmente se desprende de que han transcurrido 24 a\u00f1os desde la operaci\u00f3n de compra, y la sentencia obvia la documental aportada de que el precio fue de 30.000.000 pts., no obstante el reflejado en la escritura, no siendo precisa prueba alguna por ser l\u00f3gico que tal diferencia de precio no es coherente con la realidad, dada la diferencia entre ambas viviendas.<\/p>\n

Con independencia de que ambas partes solicitaran el interrogatorio del codemandado Sr. Inocencio -en situaci\u00f3n procesal de rebeld\u00eda- la valoraci\u00f3n respecto de su testimonio y fiabilidad que le otorga no implica que la sentencia valore su declaraci\u00f3n de forma arbitraria; antes bien lo manifestado por el mismo viene corroborado por la prueba documental:<\/p>\n

Auto de fecha 30\/07\/1993 (Doc. n\u00ba 3 Demanda) del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 3 de DIRECCION001 concediendo autorizaci\u00f3n al Sr. Inocencio para proceder a la venta del inmueble y que fue adquirido por los menores procedente de la herencia de su madre en fecha 19 enero 1993 (Doc. n\u00ba 2).<\/p>\n

En dicho Auto se expresa el destino del precio obtenido tendente a la adquisici\u00f3n de una nueva vivienda. El Ministerio Fiscal no se opuso a lo solicitado “siempre que en las escrituras de compra de la nueva vivienda se haga menci\u00f3n a la titularidad de la parte que corresponde a los menores”.<\/p>\n

El 15 de junio de 1993 (Doc. 4) se firma el contrato privado de compraventa de la vivienda de la C\/ DIRECCION003 -hoy DIRECCION004 – por un precio de 13.500.000 pts.<\/p>\n

Con fecha 19 de noviembre de 1993 se otorga escritura p\u00fablica, por el precio de 10.000.000 pts. que seg\u00fan se desprende del contrato privado se corresponde con el \u00faltimo pago.<\/p>\n

El 23 de febrero de 1994 Pedro Antonio y D\u00aa Regina adquieren la vivienda de la C\/ CALLE003 , y seg\u00fan la escritura (Doc. 10) el precio que figura es de 16.309.728 pts.<\/p>\n

Consta igualmente acreditado que con fecha inmediatamente anterior -11 febrero 1994- se les concedi\u00f3 un pr\u00e9stamo por importe de 5.000.000 pts. (Doc. 11).<\/p>\n

Como precisa el fundamento jur\u00eddico cuatro, no se ha practicado prueba alguna acerca de que el precio fuera el que alega la codemandada. “Es el que acuerden las partes y no tiene porqu\u00e9 coincidir ni con el precio de mercado ni con la valoraci\u00f3n que asigne hacienda”.<\/p>\n

Dicha parte recurrente igualmente firm\u00f3 la escritura de compraventa y all\u00ed qued\u00f3 expresado que el precio era de 16.309.728 pts.<\/p>\n

Las distintas deducciones que realiza en raz\u00f3n a las diferencias entre ambas viviendas, o los precios en la \u00e9poca de 1995, no son sino conjeturas, el precio que consta en la escritura no ha sido contradicho por prueba alguna.<\/p>\n

El hecho de haber transcurrido 24 a\u00f1os y en base a tal premisa sostener la imposibilidad de acreditar que el contrato privado (no aportado) reflejaba el precio real o la imposibilidad de acreditar los movimientos bancarios a fin de adverar las aportaciones realizadas por la recurrente, y constatar la realidad del precio pagado, no implica que la sentencia incurra en vulneraci\u00f3n por inaplicaci\u00f3n del art. 386.1 LEC . -presunciones judiciales- precepto que no es de aplicaci\u00f3n por cuanto no cabe acudir a criterios, presunciones o indicios a fin de probar que el precio de compra fue el valor sostenido por la recurrente, ya hemos rese\u00f1ado que existe prueba directa como es la documental aportada.<\/p>\n

Tampoco cabe apreciar infracci\u00f3n por indebida aplicaci\u00f3n del art. 7.1 C.C . “Retraso desleal en el ejecicio del derecho” fundamentado sobre la base de que desde la adquisici\u00f3n del inmueble y la presente acci\u00f3n han transcurrido 24 a\u00f1os, lapso temporal que le ha generado una situaci\u00f3n de pr\u00e1ctica imposibilidad de prueba. No cabe olvidar que el tiempo ha transcurrido para ambas partes, y como sostiene la parte recurrida, no cabe reprochar a los actores un retraso desleal cuando en el acto de la vista renunci\u00f3 al interrogatorio de los demandantes y as\u00ed desvelar el momento en que tuvieron conocimiento de los hechos de la demanda.<\/p>\n

Es m\u00e1s en el a\u00f1o 1993 contaban con 15 y 13 a\u00f1os -cuanto se procedi\u00f3 a la venta de la vivienda de la que eran herederos- y un a\u00f1o m\u00e1s cuando se procedi\u00f3 a adquirir por el Sr. Inocencio y la recurrente la vivienda en la que se invirti\u00f3 el dinero procedente de la venta de aquella y se excluy\u00f3 la participaci\u00f3n de los hijos en la adquirida.<\/p>\n

La infracci\u00f3n del art. 102 de la Ley 3\/1992 de derecho civil foral, hoy derogada por la Ley 5\/2015 de Derecho Civil Vasco, que reproduce en su art. 138 a ) el contenido del art. 102, expresa: “Las deudas y obligaciones contra\u00eddas por cualquiera de los c\u00f3nyuges sin consentimiento del otro, \u00fanicamente ser\u00e1n de cargo de la respectiva mitad comunicada del obligado…”<\/p>\n

La sentencia entiende que no es de aplicaci\u00f3n, al ser la recurrente plenamente conocedora de los hechos que fundamentan la demanda. En el a\u00f1o 1992 contrae matrimonio con el Sr. Inocencio , en el a\u00f1o 1993 se procede a la venta y en el a\u00f1o 1994 a la adquisici\u00f3n de la nueva vivienda sin reflejo de la participaci\u00f3n correspondiente a los hoy apelados.<\/p>\n

Es m\u00e1s, dado que se divorciaron en el a\u00f1o 2009, se produjo el cese de la comunicaci\u00f3n foral; y como puntualiza la parte recurrida, no se reclama deuda, u obligaci\u00f3n contra\u00edda por el Sr. Inocencio , sino el reconocimiento de que la vivienda se adquiri\u00f3 con dinero que pertenec\u00eda a los apelados.<\/p>\n

Por las anteriores razones y al no haberse desvirtuado la fundamentaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, procede la desestimaci\u00f3n del recurso.<\/p>\n

QUINTO.-<\/strong> En relaci\u00f3n a las costas, de esta alzada, si bien interesa su no imposici\u00f3n, no existe motivo o raz\u00f3n alguna, ni las dudas de hecho y de derecho a las que alude, para su no imposici\u00f3n, cuando el resultado del litigio ha versado en torno a la valoraci\u00f3n de la prueba ( art. 398 LEC .).<\/p>\n

SEXTO.-<\/strong> La disposici\u00f3n adicional 15\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisi\u00f3n del recurso y la confirmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, determinar\u00e1 la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito.<\/p>\n

VISTOS los preceptos legales citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n y, en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberan\u00eda Popular y en nombre de S.M. el Rey.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que Desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto<\/strong> por la representaci\u00f3n procesal de Regina contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1\u00aaInstancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 2 de DIRECCION001 en autos de Procedimiento Ordinario n\u00ba 552\/17 de fecha 20 de julio de 2018, Debemos Confirmar como confirmamos<\/strong> dicha resoluci\u00f3n, con imposici\u00f3n de las costas de esta alzada a la parte apelante.<\/p>\n

Transfi\u00e9rase el dep\u00f3sito por la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos inadmitidos y desestimados.<\/p>\n

MODO DE IMPUGNACI\u00d3N:<\/strong> contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N<\/strong> ante la Sala de lo Civil del TS, si se acredita inter\u00e9s casacional<\/strong> . El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LECn ).<\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL<\/strong> ante la Sala de lo Civil del TS por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LECn ).<\/p>\n

Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito<\/strong> de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la cuenta de dep\u00f3sitos y consignaciones que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4703 0000 00 0060 19. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer<\/strong> los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

Firme que sea la presente resoluci\u00f3n, devu\u00e9lvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con certificaci\u00f3n literal de esta resoluci\u00f3n, para su conocimiento y ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N.-<\/strong> Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

No hay infracci\u00f3n del art. 102 de la Ley 3\/1992, hoy art. 138 a) LDCV, que expresa: “Las deudas y obligaciones contra\u00eddas por cualquiera de los c\u00f3nyuges sin consentimiento del otro, \u00fanicamente ser\u00e1n de cargo de la respectiva mitad comunicada del obligado…”. La sentencia entiende que no es de aplicaci\u00f3n, al ser la recurrente plenamente conocedora de los hechos que fundamentan la demanda que el dinero obtenido por la venta de una casa heredada por los hijos se uso en comprar otra a nombre del matrimonio, sin reflejo de la participaci\u00f3n correspondiente a aqu\u00e9llos. Es m\u00e1s, dado que se divorciaron en el a\u00f1o 2009, se produjo el cese de la comunicaci\u00f3n foral; y como puntualiza la parte recurrida, no se reclama deuda, u obligaci\u00f3n contra\u00edda por el marido, sino el reconocimiento de que la vivienda se adquiri\u00f3 con dinero que pertenec\u00eda a los apelados.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[657,978,977],"materia":[1215],"organo":[1883],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10761","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-comunicacion-foral","tag-conocimiento-del-otro-conyuge","tag-deudas-privativas","materia-capitulo-segundo-del-regimen-de-comunicacion-foral-de-bienes","organo-seccion-3a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10761","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10761"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10761"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10761"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10761"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}