{"id":10745,"date":"2025-10-06T12:57:08","date_gmt":"2025-10-06T10:57:08","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-29-10-2018\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:54","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:54","slug":"sap-de-bizkaia-sec-4a-29-10-2018","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-29-10-2018\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 29 de octubre de 2018"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP BI 1910\/2018<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2018:1910<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370042018100437<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 4<\/strong><\/p>\n

Fecha: 29\/10\/2018<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 515\/2018<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 728\/2018<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Civil<\/strong><\/p>\n

Ponente: EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA – SECCI\u00d3N CUARTA<\/strong><\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA – LAUGARREN SEKZIOA<\/strong><\/p>\n

BARROETA ALDAMAR 10-3\u00aaplanta – C.P.\/PK: 48001<\/p>\n

Tel.: 94-4016665<\/p>\n

Fax \/ Faxa: 94-4016992<\/p>\n

N.I.G. PV \/ IZO EAE: 48.01.2-16\/001305<\/p>\n

N.I.G. CGPJ \/ IZO BJKN: 48027.42.1-2016\/0001305<\/p>\n

Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000 515\/2018 – L<\/strong><\/p>\n

O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia<\/em> : UPAD de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 Durango \/ Durangoko Lehen Auzialdiko 3 zk.ko Epaitegia<\/p>\n

Autos de procedimiento ordinario 224\/2016 (e)ko autoak<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea: TRAZAS, OBRAS Y VIALES, S.L.<\/p>\n

Procurador \/ Prokuradorea: D.\u00aa ELENA ASTIGARRAGA ALBISTEGUI<\/p>\n

Abogado \/ Abokatua: D. JUAN CARLOS P\u00c9REZ GARC\u00cdA<\/p>\n

Recurrido \/ Errekurritua: D.\u00aa Adriana<\/p>\n

Procurador \/ Prokuradorea: D.\u00aa ESTHER ASATEGUI BIZKARRA<\/p>\n

Abogado \/ Abokatua: D. FERNANDO LAMIKIZ GARAI<\/p>\n

S E N T E N C I A N.\u00ba 728\/2018<\/em><\/strong><\/p>\n

TRIBUNAL QUE LA DICTA:<\/strong><\/p>\n

PRESIDENTA<\/strong> : D.\u00aa REYES CASTRESANA GARC\u00cdA<\/p>\n

MAGISTRADA<\/strong> : D.\u00aa LOURDES ARRANZ FREIJO<\/p>\n

MAGISTRADO<\/strong> : D. EDMUNDO RODR\u00cdGUEZ ACH\u00daTEGUI<\/p>\n

En Bilbao (Bizkaia), a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.<\/p>\n

La Audiencia Provincial de Bizkaia – Secci\u00f3n Cuarta, constituida por quienes figuran arriba, ha visto en tr\u00e1mite de rollo de apelaci\u00f3n n\u00ba 515\/2018 los presentes autos civiles de Procedimiento Ordinario n\u00ba 224\/2016 de la UPAD de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 de Durango, promovido por TRAZAS, OBRAS Y VIALES, S.L.<\/strong> apelante- demandado, representado por la Procuradora de los Tribunales D.\u00aa ELENA ASTIGARRAGA ALBISTEGUI, asistida del letrado D. JUAN CARLOS P\u00c9REZ GARC\u00cdA, frente a la sentencia de 24 de enero de 2017 . Es parte<\/p>\n

apelada D.\u00aa Adriana<\/strong> , representada por la Procuradora de los Tribunales D.\u00aa ESTHER ASATEGUI BIZKARRA, asistida del letrado D. FERNANDO LAMIKIZ GARAI.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

1 .-<\/strong> Por la UPAD de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00fam. 3 de Durango se dict\u00f3 en autos de procedimiento ordinario n\u00ba 224\/2016 sentencia de 24 de enero de 2017 , cuyo fallo establece:<\/p>\n

“Que estimando la demanda promovida por el procurador Sra ASATEGUI en nombre y representaci\u00f3n de Adriana contra TRAZAS, OBRAS Y VIALES S.L debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar la suma de 184645,54 euros junto con el inter\u00e9s legal correspondiente desde la interposici\u00f3n de la demanda debiendo simult\u00e1neamente las partes proceder al otorgamiento de Escritura P\u00fablica de compraventa en relaci\u00f3n a una participaci\u00f3n indivisa del 60% de la finca registral n\u00famero 2339 de Abadi\u00f1o. Todo ello con expresa imposici\u00f3n de costas a la parte demandada.<\/em><\/p>\n

DESESTIMANDO la demanda reconvencional formulada por el procurador Sra ASTIGARRAGA en nombre y representaci\u00f3n de TRAZAS, OBRAS Y VIALES contra Adriana representado por el procurador Sra ASATEGUI resulta procedente absolver a la demandada de todos los pedimentos solicitados en la demanda con expresa imposici\u00f3n de costas a la parte demandante reconvencional”.<\/em><\/p>\n

2 .-<\/strong> Frente a la anterior resoluci\u00f3n, se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de TRAZAS, OBRAS Y VIALES, S.L., en el que se alegaba:<\/p>\n

2.1. – Imposibilidad de la parte actora, ahora apelada, de cumplir con la obligaci\u00f3n rec\u00edproca que solicita, el otorgamiento de escritura p\u00fablica de transmisi\u00f3n de la finca, por falta de legitimaci\u00f3n activa, ausencia de participaci\u00f3n de los legitimarios en la acci\u00f3n entablada, falta de autorizaci\u00f3n de los mismos o en su defecto, judicial previa, si fueren menores de edad, y conculcaci\u00f3n del art. 43.5 de la Ley 5\/2015 , arts. 902 y 903 del C\u00f3digo Civil (CCv), y vulneraci\u00f3n del principio de tracto sucesivo y art. 20 de la Ley Hipotecaria (LH ).<\/p>\n

2.2. – Incongruencia pues al estimarse en la sentencia que el contrato de compraventa de 25 de enero de 2007 es v\u00e1lido y eficaz, deber\u00eda haberse estimado la demanda reconvencional y declarar leg\u00edtimo titular de la participaci\u00f3n del 60 % de la finca registral n\u00ba NUM000 de Abadiano a la compradora, Trazas, Obras y Viales, S.L., ordenando al registrado de la propiedad de Durango que revoque la inscripci\u00f3n registral vigente de dicha participaci\u00f3n, e inscriba la de dicha empresa, estableciendo como \u00fanica obligaci\u00f3n de la misma el abono a la parte actora de la cantidad aplazada que asciende a 184.645,54 , junto a falta de motivaci\u00f3n por la desestimaci\u00f3n de la demanda reconvencional y vulneraci\u00f3n de los arts. 24 de la Constituci\u00f3n (CE ) y 11.3 de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ ).<\/p>\n

2.3. – Infracci\u00f3n legal pues no cabe la condena a intereses cuando existe incumplimiento de la obligaci\u00f3n rec\u00edproca, vulneraci\u00f3n del art. 1100 CCv, ausencia de mora en el otorgamiento de la escritura p\u00fablica, imposibilidad de otorgamiento por la comisaria foral, y otorgamiento expectante ante el eventual ejercicio del derecho de adquisici\u00f3n preferente por los tronqueros.<\/p>\n

2.4. – Ineficacia y nulidad de la compraventa por falta de entrega, alteraci\u00f3n sustancial del objeto, causa y vicio en el consentimiento.<\/p>\n

3<\/strong> .- El recurso se tuvo por interpuesto mediante resoluci\u00f3n de 23 de febrero de 2018, d\u00e1ndose traslado la representaci\u00f3n de D.\u00aa Adriana que se opusieron al mismo, tras lo cual se elevan los autos a esta Audiencia Provincial.<\/p>\n

4.-<\/strong> Recibidos los autos en la Secretar\u00eda de esta Sala, con fecha 26 de marzo, se mand\u00f3 formar el Rollo de apelaci\u00f3n, al que ha correspondido el n\u00ba 515\/2018 de Registro<\/strong> , design\u00e1ndose ponente al magistrado D. EDMUNDO RODR\u00cdGUEZ ACH\u00daTEGUI.<\/strong><\/p>\n

5.-<\/strong> En providencia de 3 de abril que la vista era innecesaria al no haberse solicitado por las partes, y entenderse improcedente por el tribunal, acord\u00e1ndose en resoluci\u00f3n de 23 abril se\u00f1alar para deliberaci\u00f3n, votaci\u00f3n y fallo.<\/p>\n

6.-<\/strong> En la tramitaci\u00f3n de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS JUR\u00cdDICOS<\/strong><\/p>\n

PRIMERO<\/strong> .- Sobre los t\u00e9rminos del litigio<\/strong><\/p>\n

7.-<\/strong> D.\u00aa Adriana , en nombre propio y como comisaria foral de su fallecido esposo D. Constantino , demand\u00f3 a TRAZAS, OBRAS Y VIALES, S.L., reclamando fuera condenada a otorgar escritura p\u00fablica de compraventa en relaci\u00f3n a la participaci\u00f3n indivisa del 60 % de la finca registral NUM001 de Durango, y al tiempo, a abonar<\/p>\n

la cantidad pendiente de dicha compraventa de 184.645,54 , m\u00e1s intereses legales. Relataba que el 25 de enero de 2007 se otorg\u00f3 escritura p\u00fablica de compraventa por el 40 % de dicha finca por precio de 120.000 . Al mismo tiempo se suscribe un contrato privado de compraventa del restante 60 % aplazando el precio de 191.857,96 en la parte no satisfecha, que ascend\u00eda a 184.645,54 , al momento del otorgamiento de escritura p\u00fablica en un plazo m\u00e1ximo de 24 meses desde que se constituya en el sector a que pertenece la finca la correspondiente Junta de Compensaci\u00f3n, Concertaci\u00f3n o cualquier otra exigida por el plan correspondiente. Se dispuso en cualquier caso como fecha l\u00edmite, aunque no se produjeran tales hitos, el 31 de diciembre de 2015. Despu\u00e9s de tal fecha no se hab\u00eda otorgado la escritura y se reclam\u00f3 extrajudicialmente que se verificara, por lo que se interpone la demanda.<\/p>\n

8.-<\/strong> La sociedad demandada se opuso porque hab\u00eda fallecido el Sr. Constantino y no pod\u00eda otorgarse la escritura pretendida, negando legitimaci\u00f3n a su viuda y comisaria foral para verificarlo, imposibilidad del objeto y falta de causa porque la finca no resulta edificable, inexistencia de incumplimiento, oponiendo adem\u00e1s reconvenci\u00f3n reclamando se declare la nulidad de la compraventa que se pretende elevar a escritura p\u00fablica por falta o alteraci\u00f3n sustancial del objeto, falta de causa y vicio del consentimiento.<\/p>\n

9.-<\/strong> La actora contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a la reconvenci\u00f3n, tras lo cual se afrontan los tr\u00e1mites procesales oportunos y termina dict\u00e1ndose la sentencia recurrida, cuyo fallo aparece en \u00a71, en la que se estima \u00edntegramente la demanda y se desestima la reconvenci\u00f3n.<\/p>\n

10.-<\/strong> Trazas, Obras y Viales, S.L., interpone entonces recurso de apelaci\u00f3n por los motivos que se han resumido en \u00a72, que es admitido y al que se opone D.\u00aa Adriana , que solicita su desestimaci\u00f3n.<\/p>\n

SEGUNDO<\/strong> .- Sobre los hechos probados<\/strong><\/p>\n

11.-<\/strong> Son hechos que deben declararse expresamente probados conforme al art. 209-3\u00ba de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC ), puesto que se han reconocido por las partes o derivan de la prueba documental y dem\u00e1s practicada en autos, los siguientes:<\/p>\n

11.1. – El 27 de septiembre de 2002, D. Constantino otorg\u00f3 ante notario poder testatorio a favor de su c\u00f3nyuge D.\u00aa Adriana (doc. n\u00ba 2 de la demanda, folios 17 a 20).<\/p>\n

11.2. – El 25 de enero de 2007 D. Constantino y su esposa D.\u00aa Adriana vendieron mediante escritura p\u00fablica de compraventa en favor de Trazas, Obras y Viales, S.L., el 40 % de la finca NUM001 de Durango, por precio de 120.000 que se satisfizo sin novedad (doc. n\u00ba 3 de la demanda, folios 23 y ss de los autos).<\/p>\n

11.3. – Ese mismo d\u00eda los mismos c\u00f3nyuges vendieron a dicha sociedad compradora el restante 60 % de la finca antes mencionada, lo que documentaron en contrato privado de compraventa por precio que la estipulaci\u00f3n segunda fij\u00f3 en 191.857,96 , que en la parte no satisfecha, que ascend\u00eda a 184.645,54 , se aplazaba por m\u00e1ximo de 24 meses desde que se constituyese en el sector a que pertenece la finca la correspondiente Junta de Compensaci\u00f3n, Concertaci\u00f3n o cualquier otra exigida por el plan correspondiente (doc. n\u00ba 4 de la demanda, folios 31 y ss de los autos).<\/p>\n

11.4. – En este contrato se dispuso en la cl\u00e1usula segunda, \u00faltimo p\u00e1rrafo (doc. n\u00ba 4 de la demanda, folio 33 de los autos), lo siguiente:<\/p>\n

“Que no obstante a lo acordado en los p\u00e1rrafos anteriores, e independientemente al estado en el que se encuentre el sector, se establece como fecha l\u00edmite para elevar el presente contrato a escritura p\u00fablica el 31 de Diciembre de 2.015”<\/em><\/p>\n

11.5. – Como anexo al contrato de compraventa ese mismo d\u00eda suscribieron los otorgantes otro documento que dice que las partes manifiestan y reconocen haber suscrito el 29 de mayo de 2006 un contrato privado de compraventa relativo a la finca transmitida, que posteriormente, y debido a las peticiones de la vendedora para adelantar pagos por causa de necesidad, y dado que var\u00edan las condiciones principales ” de com\u00fan acuerdo se ha procedido a novar”<\/em> dej\u00e1ndolo “totalmente sin efecto y sustituido \u00edntegramente por el ahora suscrito de fecha 25 de enero de 2007, y por la escritura de compraventa otorgada igualmente en fecha de hoy en la notar\u00eda de Elorrio<\/em> ” (doc. n\u00ba 3 de la contestaci\u00f3n a la demanda, folio 101 de los autos).<\/p>\n

11.6. – El 15 de noviembre de 2011 D. Constantino falleci\u00f3, como evidencia el certificado de defunci\u00f3n presentado como doc. n\u00ba 2 de la demanda, folio 14 de los autos, habiendo otorgado un \u00fanico poder testatorio, el referido en \u00a711.1, como evidencia el certificado del Registro General de Actos de \u00daltima Voluntad que consta al folio 15 de los autos.<\/p>\n

11.7. – Superado el 31 de diciembre de 2015, D.\u00aa Adriana reclam\u00f3 extrajudicialmente, mediante burofax de febrero de 2017 (doc. n\u00ba 5 de la demanda, folios 36 a 38), que no pudo ser entregado, dejando aviso el servicio<\/p>\n

de correos (doc. n\u00ba 6 de la demanda, folio 40 de los autos), el otorgamiento de escritura p\u00fablica y pago del precio del 60 % que restaba de la finca referida, que se expres\u00f3 eran 184.645,54 .<\/p>\n

TERCERO<\/strong> .- De la falta de legitimaci\u00f3n activa<\/strong><\/p>\n

12 .-<\/strong> En el primer motivo del recurso el apelante sostiene la imposibilidad de que la parte actora ejercite la acci\u00f3n que pretende, puesto que como comisaria foral carece de legitimaci\u00f3n activa para actuar como propietaria, pues necesita la asistencia de los herederos de D. Constantino . A\u00f1ade que no puede la comisaria transmitir bienes afectados por el poder testatorio a terceros, citando como infringidos los arts. 538 LEC , 43.5 de la Ley 5\/2015 y 902 y 903 CCv.<\/p>\n

13 .-<\/strong> La vigente Ley 5\/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco (LDCV) ha mantenido, extendi\u00e9ndola a toda la Comunidad Aut\u00f3noma, la instituci\u00f3n vizca\u00edna del poder testatorio que puede ejercitar el comisario foral. Como dijo la SAP \u00c1lava, Secc. 1\u00aa, 357\/16, de 16 noviembre, rec. 540\/2016 , tal figura supone “- el m\u00e1s amplio poder (potere osoa) para disponer de la herencia del que primero fallezca, alkar podere osoa, o en expresi\u00f3n del art. 33 de la recientemente derogada Ley 3\/1992 , recogiendo una ancestral denominaci\u00f3n, alkar-poderoso, que no obstante tambi\u00e9n se ha entendido de forma diversa como la situaci\u00f3n del viudo con poder de disponer de la herencia del c\u00f3nyuge premuerto, que la usufruct\u00faa y es representante de la misma<\/em> “.<\/p>\n

14 .-<\/strong> El comisario foral que puede ejercer el poder testatorio dispone de mayores facultades que las previstas en el derecho com\u00fan, pues el art. 670 del C\u00f3digo Civil (CCv) impide dejar la formaci\u00f3n de testamento, en todo o parte, a tercero, sea comisario o mandatario, sin perjuicio de la facultad de mejora de los herederos que pueden concederse los c\u00f3nyuges en el art. 831 CCv. El derecho vasco va m\u00e1s lejos que el fideicomiso, pues no se ejecuta la voluntad del testador, sino que el comisario la sustituye, obrando con plena libertad, seg\u00fan el art. 33 LDCV.<\/p>\n

15 .-<\/strong> Pero es cierto, como sostiene la parte apelante, que el art. 33.2 de la Ley vasca 5\/2015, establece una limitaci\u00f3n subjetiva, pues dispone ” Si el testador ha indicado las personas entre las que el comisario ha de elegir, deber\u00e1 \u00e9ste atenerse a lo establecido en el poder. Si no hubiera ninguna indicaci\u00f3n de este tipo, el comisario deber\u00e1 elegir entre el c\u00f3nyuge viudo, el miembro superviviente de la pareja de hecho y los herederos forzosos, y cuando se trate de bienes troncales solamente podr\u00e1 elegir entre los tronqueros<\/em> “. En esa restricci\u00f3n sostiene el apelante su argumento, pues considera que la comisaria carece de acci\u00f3n, y por tanto legitimaci\u00f3n activa, para transmitir bienes a terceros, como el caso de la sociedad compradora de la finca.<\/p>\n

16 .-<\/strong> No obstante tambi\u00e9n autoriza el art. 43.4 de la Ley vasca 5\/2015, la disposici\u00f3n de bienes o derechos hereditarios ” si el comitente le hubiera autorizado para ello”<\/em> o “para atender a las obligaciones, cargas y deudas de la herencia, o cuando lo juzgue oportuno para sustituirlos por otros<\/em> “. Pero en tal caso, el art. 43.5 LDCV considera ” necesaria la autorizaci\u00f3n de cualquiera de los legitimarios con plena capacidad de obrar y, siendo los legitimarios menores o incapaces, la autorizaci\u00f3n judicial<\/em> “. Como en este caso no hay tales autorizaciones, el apelante entiende imposible el cumplimiento de la obligaci\u00f3n rec\u00edproca que supone la solicitud de la demanda, el otorgamiento de escritura p\u00fablica de compraventa, aprecia falta de acci\u00f3n y esgrime falta de legitimaci\u00f3n activa de la comisaria foral.<\/p>\n

17 .-<\/strong> Otro tanto deduce el recurrente de los arts. 902 y 903 CCv, pues ni consta autorizaci\u00f3n del testador para venta de bienes a terceros, ni intervienen los herederos para la venta de bienes precisos para obtener los recursos necesarios para el pago de funerales o legados. Finalmente cita el art. 538 LEC , que se refiere a las personas que intervienen en la ejecuci\u00f3n forzosa y que, trat\u00e1ndose de una compraventa privada, no es de aplicaci\u00f3n en el caso.<\/p>\n

18 .-<\/strong> Cuanto se ha expuesto podr\u00eda determinar la imposibilidad de venta de la finca por la comisaria, de no ser porque \u00e9sta se vendi\u00f3 en vida del causante. Como se ha dejado constancia en los hechos probados, la venta se remonta a 2007 (\u00a711.2), o incluso 2006 si se tiene en cuenta lo dicho en \u00a711.5. Pero D. Constantino falleci\u00f3 el 15 de noviembre de 2011. De modo que D.\u00aa Adriana no est\u00e1 transmitiendo bienes del causante a terceros sin autorizaci\u00f3n, o excediendo de las facultades que una comisaria foral tiene al usar del poder testatorio. Se limita a tratar de hacer efectivas las previsiones de un contrato privado suscrito en vida de su c\u00f3nyuge, que entiende incumplidas por la parte compradora, y que son consecuencia tanto de su condici\u00f3n de parte vendedora en dicho contrato, como por su cualidad de comisaria foral, pues pretende incorporar a la masa hereditaria elementos patrimoniales que forma parte de la misma.<\/p>\n

19 .-<\/strong> Cuantos reproches hace la parte apelante al respecto tienen que ser orillados. Ni el art. 538 LEC es de aplicaci\u00f3n al caso, ni se vulneran las exigencias de los arts. 902 y 903 CCv, ni los arts. 30 , 33 y 43.5 de la Ley 5\/2015, del Parlamento Vasco , se han visto afectados. No hay disposici\u00f3n del poder testatorio a favor de terceros, pues la compraventa se perfeccion\u00f3 el 25 de enero de 2007, en vida de D. Constantino , sin perjuicio de que se aplazara el pago del precio.<\/p>\n

20 .-<\/strong> La compraventa litigiosa se ha perfeccionado porque como sostiene la moderna jurisprudencia, nos encontramos ante un contrato de tracto \u00fanico ( STS 505\/2013, de 24 de julio, rec. 2178\/2011 , 513\/2018, de 20 septiembre, rec. 2755\/2015 ). Que el pago del precio se aplace hasta que se den ciertas circunstancias, o en cualquier caso, la fecha l\u00edmite que dispuso el contrato, no supone que la intervenci\u00f3n de D.\u00aa Adriana tenga lugar como consecuencia del uso del poder testatorio. La venta se produjo en vida del causante, y ahora la comisaria trata de hacer efectivo el precio diferido, por lo que tiene legitimaci\u00f3n para verificarlo, al no ser un acto de disposici\u00f3n patrimonial en beneficio de terceros extra\u00f1os a la herencia, lo que supone la desestimaci\u00f3n del primer motivo del recurso.<\/p>\n

CUARTO<\/strong> .- De la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad<\/strong><\/p>\n

21 .-<\/strong> La parte recurrente mantiene en segundo lugar que debiera haberse estimado su petici\u00f3n reconvencional subsidiaria que solicitaba que al tiempo de la condena pretendida por la actora, se dispusiera la preceptiva inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de la titularidad de la parte compradora, que entiende insuficientemente rechazada por la sentencia recurrida, que se limita a indicar que el t\u00edtulo para verificarlo es, precisamente, la escritura p\u00fablica que se est\u00e1 condenando a otorgar.<\/p>\n

22 .-<\/strong> Ciertamente el art. 120.3 de la Constituci\u00f3n (CE ) dispone que ” Las sentencias ser\u00e1n siempre motivadas y se pronunciar\u00e1n en audiencia p\u00fablica<\/em> “. Aplicando tal exigencia constitucional, el art. 218.2 LEC exige motivar los razonamientos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que conducen a la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas, as\u00ed como a la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del derecho. A\u00f1ade la norma que es preciso que la motivaci\u00f3n incida en los distintos elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajust\u00e1ndose siempre a las reglas de la l\u00f3gica de la raz\u00f3n.<\/p>\n

23 .-<\/strong> Cierto es, tambi\u00e9n, que el Tribunal Constitucional ordena una motivaci\u00f3n exhaustiva, que no est\u00e1 re\u00f1ida con la brevedad ( SsTC 192\/1987, RTC 1987\\ 192 o 181\/1998 , RTC 1998\\ 181), siempre que se apoyen en razones que permitan conocer los criterios jur\u00eddicos esenciales que fundamentan la decisi\u00f3n, sin que sea precisa una extensi\u00f3n m\u00ednima si el razonamiento que contiene constituye, l\u00f3gica y jur\u00eddicamente, suficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada ( SSTC 174\/1987, RTC 1987\\ 174 o 14\/1991 , RTC 1991\\ 14), incluso en supuestos de motivaci\u00f3n por remisi\u00f3n ( SsTC 146\/1990, RTC 1990\\ 146 o 175\/1992 , RTC 1992\\ 175).<\/p>\n

24 .-<\/strong> En el mismo sentido la jurisprudencia establece en STS 251\/2013, de 24 abril, rec. 2063\/2010 , que cita la STS 791\/2011, de 1 de noviembre, rec. 905\/2009 , o la de 18 de junio de 2013, rec. 368\/2011, que recuerda que no puede confundirse falta de motivaci\u00f3n con desacuerdo con la motivaci\u00f3n, lo que reitera la STS de 30 de julio 2013, rec. 87\/2011 . La raz\u00f3n se expone en la STS 884\/2010, de 21 diciembre, rec. 71\/2007 , que se\u00f1ala que tal motivaci\u00f3n cumplir una doble funci\u00f3n: ” la de exteriorizar el fundamento de la decisi\u00f3n adoptada, haciendo expl\u00edcito que responde a una determinada interpretaci\u00f3n del derecho, as\u00ed como la de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos<\/em> “.<\/p>\n

25 .-<\/strong> Tales exigencias se cumplen por la sentencia recurrida que argumenta, con claridad que no precisa de mayor extensi\u00f3n, que la pretensi\u00f3n articulada no es admisible. No lo es, y tiene raz\u00f3n la sentencia recurrida, porque el presupuesto para que pueda acordarse la inscripci\u00f3n es la existencia de un t\u00edtulo que lo habilite, en este caso la escritura p\u00fablica que no se ha otorgado y que, una vez se ha demandado con tal fin, no fue aceptada porque hubo expresa oposici\u00f3n a la demanda.<\/p>\n

26 .-<\/strong> No se ve afectado el art. 20 LH porque el tracto sucesivo no padece. Una vez otorgue la compradora la escritura p\u00fablica que con su contestaci\u00f3n a la demanda se ha negado a facilitar, y en tanto se haya satisfecho el precio de modo simult\u00e1neo a tal otorgamiento, se dispondr\u00e1 del t\u00edtulo que autoriza para la inscripci\u00f3n. Podr\u00e1 acudir entonces al Registro, siendo irrelevantes las vicisitudes que barrunte la parte compradora, que de presentarse tienen sus remedios en derecho.<\/p>\n

27 .-<\/strong> No hay, por tanto, justificaci\u00f3n para el motivo. La reconvenci\u00f3n no puede admitirse porque no puede ser simult\u00e1neo el otorgamiento del t\u00edtulo y la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad. Lo que pactaron las partes fue lo primero, y tienen por ello acci\u00f3n para exig\u00edrselo. La inscripci\u00f3n es ulterior, potestativa del comprador, que puede decidirse a hacerlo o no, seg\u00fan le convenga, pero no supeditar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n previa a la satisfacci\u00f3n de una exigencia no contemplada contractualmente y que, adem\u00e1s, puede atender con la simple presentaci\u00f3n de la escritura en el Registro de la Propiedad. Por ello no se acoger\u00e1 este segundo motivo de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

QUINTO<\/strong> .- De los intereses<\/strong><\/p>\n

28 .-<\/strong> El tercer motivo del recurso considera improcedentes los intereses a los que condena la sentencia recurrida, porque argumenta no se incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n, no se incurri\u00f3 en mora, no es aplicable el art. 1100 CCv, no puede el comisario otorgar la escritura y no cabe la condena al pago de inter\u00e9s en tanto los parientes tronqueros pueden ejercitar su derecho de adquisici\u00f3n preferente.<\/p>\n

29 .-<\/strong> Como se ha declarado probado en \u00a711.4, la fecha l\u00edmite para otorgar escritura p\u00fablica y pagar el precio aplazado era el 31 de diciembre de 2015. Dice la apelante que no fue requerida extrajudicialmente, pero lo que consta acreditado es que fue intimada por burofax en febrero de 2016 (\u00a711.7) en el domicilio que hab\u00eda facilitado a la otra parte en la escritura p\u00fablica de 25 de enero de 2015 (reverso folio 23 de los autos), y en el documento de constituci\u00f3n de la sociedad, reverso folio 105 de los autos. Ese burofax no se recoge, ni se atendi\u00f3 la obligaci\u00f3n, por lo que resulta indudable que el apelante fue constituido en mora por el acreedor, ya que no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n determinada en el contrato en el plazo dispuesto.<\/p>\n

30 .-<\/strong> La obligaci\u00f3n no se cumpli\u00f3, pese a lo que alega el recurrente, porque no se otorg\u00f3 escritura p\u00fablica en el plazo m\u00e1ximo se\u00f1alado por el contrato. Se incurre en mora desde entonces, y desde luego actu\u00f3 la parte vendedora para denunciar la tardanza, pues el burofax lo evidencia. Es de aplicaci\u00f3n, por tanto, lo dispuesto en los arts. 1100 y 1108 CCv, porque no se cumple la obligaci\u00f3n en el plazo establecido. De haberse otorgado en plazo la escritura, tambi\u00e9n se habr\u00eda satisfecho el precio, pero al no verificarlo se adeuda desde la intimaci\u00f3n extrajudicial, aunque en este caso la sentencia haya optado con benevolencia por el momento en que se interpone la demanda.<\/p>\n

31 .-<\/strong> Las alegaciones sobre la imposibilidad de actuaci\u00f3n de la comisaria foral ya han sido apartadas en el segundo fundamento jur\u00eddico, por lo que a ellas hay que hacer remisi\u00f3n. Nada hay que a\u00f1adir al respecto, puesto que la reclamaci\u00f3n de D.\u00aa Adriana se limita a tratar de dar cumplimiento a un contrato suscrito por su esposo antes de fallecer, y que por tanto no se ve afectado por el r\u00e9gimen del poder testatorio. Adem\u00e1s en tanto comisaria, representa a la herencia a falta de designaci\u00f3n de otras personas, como dispone el art. 37.2 LDCV, por lo que ninguna dificultad se percibe en cuanto a la elevaci\u00f3n a p\u00fablico del contrato privado.<\/p>\n

32 .-<\/strong> Finalmente respecto a que los tronqueros pudieran tener alg\u00fan derecho, se trata de cuesti\u00f3n nueva que no puede ser acogida en apelaci\u00f3n, en tanto lo veda el art. 456.1 LEC , la doctrina constitucional ( STC 3\/1996, de 15 enero ), y la jurisprudencia ( STS 408\/2000, de 19 abril, rec. 1626\/1995 , 598\/2000, de 10 junio, rec. 167\/1996 , entre muchas otras), respondiendo al principio pendente apellatione nihil innovetur<\/em> al que aluden las STS 139\/2012, de 21 marzo, rec. 536\/2009 o 31\/2014, de 12 febrero, rec. 1568\/2011 .<\/p>\n

SEXTO.- De la ineficacia y nulidad del contrato por falta de entrega<\/strong><\/p>\n

33 .-<\/strong> Finalmente alega la recurrente varios defectos que dice padecer el contrato y que provocan su ineficacia y nulidad: falta de entrega, alteraci\u00f3n sustancial del objeto, causa y vicio del consentimiento.<\/p>\n

34 .-<\/strong> En cuanto a la falta de entrega de la parte de la finca, que sustenta en los arts. 1461 y 1462 CCv, dice la apelante que no se ha delimitado ni entregado. A\u00f1ade que ” tampoco se ha otorgado la correspondiente escritura p\u00fablica de compraventa<\/em> “. Recuerda luego la teor\u00eda del t\u00edtulo y el modo, manifiesta que no ha habido entrega, y considera por ello que el contrato nunca se perfeccion\u00f3.<\/p>\n

35 .-<\/strong> Este primer reproche carece de fundamento. La compraventa es un contrato de naturaleza consensual, no real, pues la STS 364\/2009, de 14 mayo, rec. 477\/2004 , dice ” La venta se perfecciona entre comprador y vendedor, y ser\u00e1 obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. As\u00ed lo establece el 1.450 del C\u00f3digo Civil, que confirma el car\u00e1cter consensual y obligacional de la compraventa<\/em> “. Al margen de que no se ha otorgado la escritura p\u00fablica porque el demandado se opone y contesta la demanda que lo ped\u00eda, solicitando su desestimaci\u00f3n, la entrega o modo se verifica habitualmente mediante la traditio<\/em> instrumental, es decir, el mero otorgamiento de la escritura p\u00fablica. Por lo tanto la entrega de la finca habr\u00e1 de verificarse en ese momento, pues hasta ahora s\u00f3lo se dispon\u00eda del 40 %.<\/p>\n

36 .-<\/strong> Son los preceptos que cita el recurrente los que evidencian que ese momento es el de entrega. Dice el art. 1462 CCv que ” cuando se haga la venta mediante escritura p\u00fablica, el otorgamiento de \u00e9sta equivaldr\u00e1 a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario<\/em> “. El 60 % de la finca que se va a transmitir se entregar\u00e1, por tanto, mediante traditio<\/em> instrumental al otorgar la escritura p\u00fablica a la que se negaba en su contestaci\u00f3n el apelante, por lo que este primer reproche se desestimar\u00e1.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.- De la ineficacia y nulidad del contrato por falta o alteraci\u00f3n del objeto y la causa, y por error<\/strong><\/p>\n

37 .-<\/strong> Citando los arts. 1261 y 1265 CCv el apelante mantiene que lo transmitido fue una finca edificable, y lo que se pretende transmitir es una finca r\u00fastica que no lo ser\u00e1. Aporta con tal fin datos administrativos que ha recabado del consistorio (doc. n\u00ba 4 de la contestaci\u00f3n, folios 102 y 103), que a su juicio acreditan tal circunstancia.<\/p>\n

38 .-<\/strong> El apelante mantiene que lo vendido es una finca edificable. Lo que consta, sin embargo, es la venta de una finca r\u00fastica. En ning\u00fan lugar del contrato se supedita la eficacia del contrato a la recalificaci\u00f3n de la<\/p>\n

finca. Se hace referencia, sin duda, a hitos administrativos como la constituci\u00f3n de junta de compensaci\u00f3n, concertaci\u00f3n u otras semejantes, que apuntan a lo que sostiene el apelante. Pero tal menci\u00f3n no constituye la causa del contrato, porque no se recoge as\u00ed.<\/p>\n

39 .-<\/strong> En efecto, los t\u00e9rminos en que se redacta la compraventa se refieren al 60 % de una finca de la que previamente se ha comprado, document\u00e1ndolo en escritura p\u00fablica, el otro 40 %. La menci\u00f3n a circunstancias administrativas se hace en la cl\u00e1usula que se refiere al plazo de cumplimiento. Esa indicaci\u00f3n no permite elevar a la categor\u00eda de causa del contrato, la pretensi\u00f3n de obtener otra calificaci\u00f3n. Si se hubiera querido, as\u00ed hubiera figurado, pero no aparece.<\/p>\n

40 .-<\/strong> Tampoco es posible, por ello, apreciar vicio del consentimiento. No hay prueba de que la representaci\u00f3n del adquirente fuera que la finca iba a obtener otra calificaci\u00f3n urban\u00edstica. Se afirma, pero alguna prueba se precisa para apreciar que el error es sustancial, y no la hay, como se\u00f1ala con acierto la sentencia recurrida, ya que nada consta en el contrato, ni en la escritura p\u00fablica coet\u00e1nea, ni se alegan instrumentos probatorios que puedan corroborar la tesis de la parte apelante.<\/p>\n

41 .-<\/strong> Se asegura tambi\u00e9n que la sociedad se constituy\u00f3 en el momento en que se realiza la adquisici\u00f3n y en atenci\u00f3n al valor edificatorio que no existe. La escritura de constituci\u00f3n de la misma, sin embargo, no recoge esto \u00faltimo, y se limita a se\u00f1alar como capital social 3.300 (reverso folios 105 y 110 de los autos), aportando cada uno poco m\u00e1s de 1.000 (folio 106 y reverso folio 125).<\/p>\n

42 .-<\/strong> No hay demostraci\u00f3n, por tanto, del pretendido error, por lo que no puede aplicarse el art. 1266 CCv, ni concurren las dem\u00e1s causas de ineficacia esgrimida, todo lo cual supone la desestimaci\u00f3n de este \u00faltimo motivo, y consiguientemente, del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

OCTAVO<\/strong> .- Dep\u00f3sito para recurrir<\/strong><\/p>\n

43 .-<\/strong> Conforme a la DA 15\u00aa.9 LOPJ , procede decretar la p\u00e9rdida para el apelante del dep\u00f3sito consignado para recurrir.<\/p>\n

NOVENO.- Costas<\/strong><\/p>\n

44 .-<\/strong> A la vista del art. 398.1 LEC , que remite al 394.1, se condena a la parte recurrente al pago de las costas del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

Vistos los art\u00edculos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n, en virtud de la potestad jurisdiccional concedida por la soberan\u00eda popular y en nombre del Rey<\/p>\n

F A L L A M O S<\/strong><\/p>\n

I .- DESESTIMAR<\/strong> el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la Procuradora de los Tribunales D.\u00aa ELENA ASTIGARRAGA ALBISTEGUI, en nombre y representaci\u00f3n de TRAZAS, OBRAS Y VIALES, S.L., frente a la sentencia de 24 de enero de 2017 dictada por el Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 de Durango en el procedimiento ordinario n\u00ba 224\/2016.<\/p>\n

II .- DECRETAR<\/strong> la p\u00e9rdida para la parte apelante del dep\u00f3sito consignado para recurrir.<\/p>\n

III .- CONDENAR<\/strong> al recurrente al pago de las costas del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

MODO DE IMPUGNACI\u00d3N<\/strong> : Contra la presente resoluci\u00f3n cabe interponer recurso de CASACI\u00d3N<\/strong> ante la Sala de lo Civil del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, si se acredita inter\u00e9s casacional<\/strong> . El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC ).<\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00e1 interponerse recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL<\/strong> ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LEC ).<\/p>\n

Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito<\/strong> de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y de 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. Los dep\u00f3sitos se constituir\u00e1n consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco de Santander con el n\u00famero 4704 0000 0515 18. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n y c\u00f3digo 04 para el recuso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer<\/strong> los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N.-<\/strong> Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Magistrados que la firman, y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente el d\u00eda 7 de noviembre de 2018, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ni art. 33.2 LDCV, por no estar el comprador comprendido en la gama de beneficiarios del poder testatorio, ni el art. 43.4 LDCV, por no autorizar la enajenaci\u00f3n de bienes los legitimarios hubieran permitido a la comisaria enajenar el bien litigioso. Tampoco la supletoria aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de los albaceas. Pero la comisario no est\u00e1 transmitiendo bienes del causante a terceros sin autorizaci\u00f3n, o excediendo de las facultades que una comisaria foral tiene al usar del poder testatorio. Se limita a tratar de hacer efectivas las previsiones de un contrato privado suscrito en vida de su c\u00f3nyuge, que entiende incumplidas por la parte compradora, y que son consecuencia tanto de su condici\u00f3n de parte vendedora en dicho contrato, como por su cualidad de comisaria foral, pues pretende incorporar a la masa hereditaria elementos patrimoniales que forma parte de la misma.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[962,961,564],"materia":[1246],"organo":[1884],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10745","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-cumplimiento-obligaciones-causante","tag-enajenacion-de-bienes","tag-poder-testatorio","materia-seccion-cuarta-de-la-sucesion-por-comisario","organo-seccion-4a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10745","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10745"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10745"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10745"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10745"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10745"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}