{"id":10736,"date":"2025-10-06T12:57:08","date_gmt":"2025-10-06T10:57:08","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-02-05-2018\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:54","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:54","slug":"sap-de-bizkaia-sec-4a-02-05-2018","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-02-05-2018\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 2 de mayo de 2018"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP BI 1108\/2018<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2018:1108<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370042018100217<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 4<\/strong><\/p>\n

Fecha: 02\/05\/2018<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 871\/2017<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 291\/2018<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Civil<\/strong><\/p>\n

Ponente: EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA – SECCI\u00d3N CUARTA<\/strong><\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA – LAUGARREN SEKZIOA<\/strong><\/p>\n

BARROETA ALDAMAR 10-3\u00aa planta – C.P. \/PK: 48001<\/p>\n

Tel.: 94-4016665<\/p>\n

Fax \/ Faxa: 94-4016992<\/p>\n

N.I.G. PV \/ IZO EAE: 48.06.2-16\/003379<\/p>\n

N.I.G. CGPJ \/ IZO BJKN: 48044.42.1-2016\/0003379<\/p>\n

Recurso apelaci\u00f3n acci\u00f3n individual condiciones generales de la contrataci\u00f3n 871\/2017 – S<\/strong><\/p>\n

O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia<\/em> : Juzgado de lo 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 Getxo \/ Getxoko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 3 zk.ko Epaitegia<\/p>\n

Autos de procedimiento ordinario 277\/2016 (e)ko autoak<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea – Recurrido \/ Errekurritua: CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CR\u00c9DITO<\/p>\n

Procurador \/ Prokuradorea: D. PEDRO CARNICERO SANTIAGO<\/p>\n

Abogado \/ Abokatua: D. FRANCISCO JAVIER ILLARRAMENDI MANDAS<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea – Recurrido \/ Errekurritua: D\u00aa Esmeralda y D. Pelayo Y D. Epifanio<\/p>\n

Procurador \/ Prokuradorea: D. JAVIER FRAILE MENA<\/p>\n

Abogado \/ Abokatua: D. JOS\u00c9 M\u00aa ORT\u00cdZ SERRANO<\/p>\n

S E N T E N C I A N\u00ba 291\/2018<\/em><\/strong><\/p>\n

TRIBUNAL QUE LA DICTA:<\/strong><\/p>\n

ILMA. SRA. PRESIDENTA<\/strong> : D\u00aa REYES CASTRESANA GARC\u00cdA<\/p>\n

ILMA. SRA. MAGISTRADA<\/strong> : D\u00aa LOURDES ARRANZ FREIJO<\/p>\n

ILMO. SR. MAGISTRADO<\/strong> : D. EDMUNDO RODR\u00cdGUEZ ACH\u00daTEGUI En Bilbao (Bizkaia), a dos de mayo de dos mil dieciocho.<\/p>\n

La Audiencia Provincial de Bizkaia – Secci\u00f3n Cuarta, constituida por quienes antes se indic\u00f3, ha visto en tr\u00e1mite de rollo de apelaci\u00f3n n\u00ba 871\/2017 los presentes autos civiles de Procedimiento Ordinario n\u00ba 277\/2016 del Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 de Getxo, promovido tanto por CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CR\u00c9DITO<\/strong> apelante- demandada, representada por el Procurador de los Tribunales D. PEDRO CARNICERO SANTIAGO, asistido del letrado D. FRANCISCO JAVIER ILLARRAMENDI MANDAS, como por D\u00aa Esmeralda y D. Pelayo y D. Epifanio<\/strong> , apelantes- demandantes, representados por el Procurador de los Tribunales D.<\/p>\n

JAVIER FRAILE MENA, asistidos del letrado D. JOS\u00c9 M\u00aa ORT\u00cdZ SERRANO, frente a la sentencia dictada por el mencionado Juzgado el 1 de junio de 2017 . Son partes apeladas las mismas partes apelantes.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

1 .-<\/strong> Por el Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00fam. 3 de Getxo se dict\u00f3 en autos de procedimiento ordinario n\u00ba 277\/2016 sentencia de 1 de junio de 2017 , cuyo fallo establece:<\/p>\n

“ESTIMAR \u00edntegramente la demanda interpuesta por la representaci\u00f3n procesal de Pelayo , Epifanio , Esmeralda frente a CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CR\u00c9DITO, declaro la nulidad del contrato de suscripci\u00f3n de Aportaciones Financieras Subordinadas Fagor de fecha 19 de enero de 2004 y ejecutado finalmente por la demandada por 248 t\u00edtulos, con fecha valor de 5 de febrero de 2004, restituy\u00e9ndose las partes sus efectos al momento anterior a su celebraci\u00f3n de la siguiente forma:<\/em><\/p>\n

– La mercantil demandada, Caja Laboral Popular Coop. de Cr\u00e9dito, deber\u00e1 restituir a los demandantes, Pelayo , Epifanio , Esmeralda el importe de 6.200 euros pero minorado en la cuant\u00eda de los intereses BRUTOS percibidos desde la fecha de la suscripci\u00f3n, 5 de febrero de 2004, e incrementado en la cantidad a que ascienden los gastos de custodia y comisiones repercutidas con los intereses previstos en el art. 1.108 y siguientes desde la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, 3 de junio de 2016.<\/em><\/p>\n

Dicho inter\u00e9s se incrementar\u00e1 en dos puntos desde la fecha de esta resoluci\u00f3n.<\/em><\/p>\n

– Los demandantes, Pelayo , Epifanio , Esmeralda , abonar\u00e1 a la demandada CAJA LABORAL COOP DE CR\u00c9DITO, los rendimientos obtenidos (pero al ser minorado del importe que tiene que recibir de la demandada queda sin efecto tal pronunciamiento ) y le entregar\u00e1 los t\u00edtulos adquiridos.<\/em><\/p>\n

Se imponen a la demandada las costas procesales”.<\/em><\/p>\n

2 .-<\/strong> Frente a la anterior resoluci\u00f3n, se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CR\u00c9DITO, en el que se alegaba:<\/p>\n

2.1- Infracci\u00f3n procesal por incorrecta valoraci\u00f3n jur\u00eddica de la orden de suscripci\u00f3n y arbitrario establecimiento de hechos no alegados ni probados, pecando por ello la sentencia de incongruencia.<\/p>\n

2.2. – Falta de legitimaci\u00f3n pasiva para nulidad declarada.<\/p>\n

2.3. – Vulneraci\u00f3n del art. 1301 del C\u00f3digo Civil .<\/p>\n

2.4. – Infracci\u00f3n del art. 24 de la Constituci\u00f3n , al no aplicar a la resoluci\u00f3n el precepto legal aplicable a tal efecto definido, el art. 1301 del C\u00f3digo Civil en relaci\u00f3n a la caducidad.<\/p>\n

2.5. – Infracci\u00f3n de los arts. 1265 y 1266 del C\u00f3digo Civil en relaci\u00f3n con los arts. 1271 , 1278 y 1303 del mismo cuerpo legal , y del art. 253 del C\u00f3digo de Comercio y la jurisprudencia que lo desarrolla, en particular de la STS 840\/2013, de 20 de enero .<\/p>\n

2.6. – Infracci\u00f3n del art. 217.2 LEC en relaci\u00f3n al error y la recomendaci\u00f3n, con lesi\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva.<\/p>\n

2.7. – Infracci\u00f3n del art. 1303 C\u00f3digo Civil al obligar a restituir lo que no recibi\u00f3 y a adquirir las Aportaciones Financieras Subordinadas que nunca tuvo.<\/p>\n

2.8. – Infracci\u00f3n del art. 1303 del C\u00f3digo Civil con relaci\u00f3n a los arts. 1108 , 1501 y 1100 del mismo texto legal .<\/p>\n

2.9. – Vulneraci\u00f3n del art. 1303 del C\u00f3digo Civil en relaci\u00f3n con el pago de las comisiones.<\/p>\n

2.10. – Infracci\u00f3n del art. 1303 del C\u00f3digo Civil en relaci\u00f3n a los intereses.<\/p>\n

3<\/strong> .- Tambi\u00e9n apel\u00f3 la sentencia la representaci\u00f3n de D\u00aa Esmeralda y D. Pelayo Y D. Epifanio , alegando incorrecta aplicaci\u00f3n del art. 1303 del C\u00f3digo Civil por disponer que los intereses debidos por la entrega de capital s\u00f3lo generan inter\u00e9s desde la fecha en que se interpuso la demanda, en lugar de que opere desde que se realiz\u00f3 el abono.<\/p>\n

4 .-<\/strong> Los recursos se tuvieron por interpuestos mediante resoluci\u00f3n de 7 de noviembre, d\u00e1ndose traslado a la otra parte, oponi\u00e9ndose la representaci\u00f3n de D\u00aa Esmeralda y D. Pelayo Y D. Epifanio , por un lado, y de CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CR\u00c9DITO, por otro, tras lo cual se elevan los autos a esta Audiencia Provincial.<\/p>\n

5 .-<\/strong> Recibidos los autos en la Secretar\u00eda de esta Sala, con fecha 13 de diciembre se mand\u00f3 formar el Rollo de apelaci\u00f3n, al que ha correspondido el n\u00ba 871\/2017 de Registro<\/strong> , y turnarse la ponencia al Sr. Magistrado D .EDMUNDO RODR\u00cdGUEZ ACH\u00daTEGUI .<\/p>\n

6<\/strong> .- En providencia de 22 de enero de 2018 se consider\u00f3 innecesaria la celebraci\u00f3n de vista, que no hab\u00edan solicitado las partes, y en diligencia de 2 de febrero se acord\u00f3 se\u00f1alar para deliberaci\u00f3n, votaci\u00f3n y fallo el siguiente d\u00eda 24 de abril.<\/p>\n

7 .-<\/strong> En la tramitaci\u00f3n de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS JUR\u00cdDICOS<\/strong><\/p>\n

PRIMERO<\/strong> .- Sobre los t\u00e9rminos del litigio y los del recurso<\/strong><\/p>\n

8 .-<\/strong> Los demandantes solicitaron en primera instancia la nulidad absoluta, subsidiaria anulabilidad, subsidiaria resoluci\u00f3n del contrato de adquisici\u00f3n de Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor que hab\u00eda suscrito con Caja Laboral, o la subsidiaria indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios derivada del art. 1101 del C\u00f3digo Civil (CCv), o tambi\u00e9n subsidiariamente, enriquecimiento injusto del banco. Alegaba que se hab\u00edan vulnerado normas imperativas, o incurrido error en el consentimiento o incumplimiento contractual justificante de la resoluci\u00f3n. Todo ello lo sosten\u00eda en tanto el padre de dos de los demandantes, como su viuda, tambi\u00e9n demandante, D\u00aa Esmeralda , que hab\u00edan regentando como empresarios aut\u00f3nomos una tienda de ultramarinos, no hab\u00edan sido informados por Caja Laboral al comercializar este producto de la verdadera naturaleza, caracter\u00edsticas y riesgos de la inversi\u00f3n por la que ahora reclaman.<\/p>\n

9 .-<\/strong> Caja Laboral opuso falta de legitimaci\u00f3n activa y pasiva, la inaplicabilidad del art. 6.1 CCv a la adquisici\u00f3n, inexistencia de error, improcedencia de la subsidiaria anulabilidad, caducidad de la acci\u00f3n, error en la calificaci\u00f3n del contrato pues entiende fue un mandato cumplido a satisfacci\u00f3n, inexistencia de error, evanescencia de la nulidad de la orden de valores, incongruencia entre la restituci\u00f3n pedida como consecuencia de la nulidad de la orden, inexistencia de contrato de asesoramiento, improcedencia de enriquecimiento injusto o de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios, por todo lo cual, y lo dem\u00e1s que alegaba, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n

10 .-<\/strong> Realizados los tr\u00e1mites oportunos y celebrado el juicio, la sentencia recurrida aparta alguna de las pretensiones articuladas en el escrito de demanda, pero aprecia la existencia de error en la operaci\u00f3n, declara la nulidad de la operaci\u00f3n, ordena la rec\u00edproca restituci\u00f3n de prestaciones y el abono de inter\u00e9s de las cantidades entregadas desde la fecha de interposici\u00f3n de la demanda.<\/p>\n

11 .-<\/strong> Frente a dicha sentencia interpone Caja Laboral recurso de apelaci\u00f3n, cuestionando que haya error en la adquisici\u00f3n de Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor de la emisi\u00f3n de 2004, obligando a la rec\u00edproca restituci\u00f3n de t\u00edtulos y capital invertido, con los intereses correspondientes y gastos de custodia, formulando los diez motivos que se han resumido en \u00a72. La otra parte se opone al recurso y apela a su vez, reclamando se modifique el fallo para acoger que el devengo de inter\u00e9s procede, conforme al art. 1303 CCv, desde el abono y no desde la interposici\u00f3n a la demanda, a lo que se opone Caja Laboral.<\/p>\n

SEGUNDO.- Sobre los hechos probados<\/strong><\/p>\n

12 .-<\/strong> Son hechos relevantes para resolver el recurso, que deben ser declarados expresamente como probados, conforme a lo dispuesto en el art 209-2\u00ba de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC ), los siguientes:<\/p>\n

12.1. – D\u00aa Esmeralda y D. Apolonio , casados, y dedicados profesionalmente regentar un establecimiento de ultramarinos, suscribieron el 19 de enero de 2004 con CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CR\u00c9DITO (en adelante CAJA LABORAL POPULAR), una orden para la adquisici\u00f3n de Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor emitidas ese a\u00f1o por el que finalmente desembolsaron un importe de 6.200 &#x20ac; (doc. n\u00ba 2 de la demanda, folio 50 de los autos).<\/p>\n

12.2. – Tambi\u00e9n hab\u00edan suscrito las partes un contrato de dep\u00f3sito y administraci\u00f3n de valores (doc. n\u00ba 11 de la demanda, folios 60 y ss de los autos), por el que han abonado varias comisiones.<\/p>\n

12.3. – No se ha acreditado que D\u00aa Camila o D. Bernardino fueran informados sobre las caracter\u00edsticas de las Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor ofertadas y adquiridas, ni sobre los riesgos asociados a tal producto.<\/p>\n

12.4. – D. Apolonio falleci\u00f3 el 10 de octubre de 2010 (doc. n\u00ba 5 de la demanda, folio 53 de los autos), habiendo designado en testamento de 29 de septiembre de 1982 como herederos a sus hijos D. Pelayo y D. Epifanio , y poder testatorio a su viuda (doc. n\u00ba 7 de la demanda, folios 55 y ss de los autos), poder que caduc\u00f3 por no usarse en el plazo que se hab\u00eda fijado por el causante.<\/p>\n

TERCERO<\/strong> .- Sobre la incongruencia<\/strong><\/p>\n

13 .-<\/strong> Con car\u00e1cter previo el recurrente sostiene que las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) de Fagor no son un producto complejo, repasando las diferencias con las obligaciones preferentes y la distinta regulaci\u00f3n. Tal opini\u00f3n no se comparte por la jurisprudencia, pues considera el FJ 8\u00ba de la STS 8 septiembre 2014, rec. 1673\/2013 , que las preferentes, y otro tanto seg\u00fan la STS 1 diciembre 2016, rec. 1400\/2014 , las aportaciones financieras subordinadas, “- son valores at\u00edpicos de car\u00e1cter perpetuo, que contablemente forman parte de los recursos propios de la sociedad que los emite, pero no otorgan derechos pol\u00edticos al inversor y s\u00ed una retribuci\u00f3n fija, condicionada a la obtenci\u00f3n de beneficios. Esta remuneraci\u00f3n se asemeja, de un lado, a la renta fija porque est\u00e1 predeterminada y no es cumulativa, y de otro a la renta variable en la medida en que depende de la obtenci\u00f3n de suficientes beneficios. El rese\u00f1ado car\u00e1cter perpetuo no impide que la entidad emisora se pueda reservar el derecho a amortizarlas a partir de los cinco a\u00f1os, previa autorizaci\u00f3n del supervisor. De este modo, las participaciones preferentes, que cuando son emitidas por sociedades extranjeras, como es nuestro caso, suelen denominarse “acciones preferentes”, vienen a ser un “h\u00edbrido financiero”, pues combinan caracteres propios del capital y otros de la deuda<\/em> “.<\/p>\n

14 .-<\/strong> Apartadas las consideraciones previas, en el primer motivo del recurso sostiene Caja Laboral que se incurre en infracci\u00f3n procesal por incorrecta valoraci\u00f3n jur\u00eddica de la orden de suscripci\u00f3n y arbitrario establecimiento de hechos no alegados ni probados, lo que ocasiona el defecto de incongruencia en la sentencia apelada.<\/p>\n

15 .-<\/strong> Mantiene la STS 16 noviembre 2016, rec. 1371\/2014 , que ” tal y como se expone en la STS de 18 de mayo 2012 y se recuerda en la 148\/2016 , de 10 de marzo (n\u00fam 294,2012), que constituye doctrina de esta Sala que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando la relaci\u00f3n entre el fallo y las pretensiones procesales no est\u00e1 sustancialmente alterada en su configuraci\u00f3n l\u00f3gico-jur\u00eddica (4 de abril de 2011 ROJ 2898, 2011)”.<\/em><\/p>\n

16 .-<\/strong> No hay discrepancia entre lo pretendido en la demanda (nulidad del contrato de adquisici\u00f3n de Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor) y lo concedido en el fallo de la sentencia (nulidad del contrato formalizado en la orden de suscripci\u00f3n). Se haya precisado m\u00e1s o menos en la descripci\u00f3n de la operaci\u00f3n, lo cierto es que la sentencia anula el complejo jur\u00eddico que decidi\u00f3 a los clientes a invertir en esta clase de producto, y el fallo lo acuerda.<\/p>\n

17 .-<\/strong> La referencia a la comisi\u00f3n que pudiera haber obtenido Caja Laboral por la colocaci\u00f3n de las AFS de Fagor de 2004 fue introducida en el debate, pese a lo que sostenga el recurrente. En la demanda, Fundamento Jur\u00eddico 10\u00ba, apartados 5, 6 y 7, se denuncia que Caja Laboral quiso colocar las AFS de Fagor, incurri\u00f3 en conflicto de inter\u00e9s al servir tanto a esa finalidad como a los clientes a quienes ofreci\u00f3 el producto resaltando sus bondades, y asesor\u00f3 a los mismos sin cumplir sus obligaciones. Por tanto que la sentencia tenga en cuenta que Caja Laboral asesor\u00f3 a sus clientes, recomendando un producto por cuya colocaci\u00f3n obten\u00eda una comisi\u00f3n, sin informarles de tal conflicto de inter\u00e9s, es un dato relevante para resolver el litigio, y no se ha introducido por la sentencia recurrida, sino por el demandante.<\/p>\n

18 .-<\/strong> Debe concluirse entonces como se\u00f1ala la STS 16 noviembre 2016, rec. 1371\/2014 , que explica que ” esta labor de contraste o comparaci\u00f3n no requiere que se realice de un modo estricto, esto es, que se constate una exactitud literal o r\u00edgida en la relaci\u00f3n establecida, sino que se faculta para que se realice con cierto grado de flexibilidad bastando que se d\u00e9 la racionalidad y la l\u00f3gica jur\u00eddica necesarias, as\u00ed como una adecuaci\u00f3n sustancial y no absoluta ante lo pedido y lo concedido”.<\/em> El motivo, por ello, no se estimar\u00e1.<\/p>\n

CUARTO<\/strong> .- Sobre la falta de legitimaci\u00f3n pasiva<\/strong><\/p>\n

19 .-<\/strong> Como segundo motivo del recurso se sostiene falta de legitimaci\u00f3n pasiva de Caja Laboral para la nulidad declarada, por no ser la entidad vendedora ni emisora de las Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor. Es indudable que la entidad recurrente no emiti\u00f3 tal producto, aunque tambi\u00e9n es claro que lo comercializ\u00f3, sin que se haya determinado con claridad en el procedimiento qu\u00e9 contraprestaci\u00f3n obtuvo de Fagor por verificarlo.<\/p>\n

20 .-<\/strong> Considera la parte apelante que se limit\u00f3 a cumplir el mandato recibido por el cliente, y que actu\u00f3 como simple intermediaria. Lo que consta, sin embargo, es que interviene para algo m\u00e1s que mediar. Asesora en la inversi\u00f3n, coloca a cambio de contraprestaci\u00f3n las aportaciones financieras subordinadas de Fagor, se ocupa del dep\u00f3sito de la inversi\u00f3n, y la administra. Todas estas circunstancias se exponen en la demanda y determinaban obligaciones de informaci\u00f3n precontractual incumplidas.<\/p>\n

21 .-<\/strong> Por otro lado el Tribunal Supremo ha admitido la legitimaci\u00f3n pasiva de la entidad bancaria para responder por el error que pudiera haber habido en la relaci\u00f3n que condujo a sus clientes a la adquisici\u00f3n, despu\u00e9s del asesoramiento, de Aportaciones Financieras Subordinadas, mediante un mandato que tras concretarse, a\u00f1ade<\/p>\n

el dep\u00f3sito de las mismas y su administraci\u00f3n. As\u00ed lo entienden las STS 30 diciembre 2014, rec. 1674\/12 , en el caso del banco island\u00e9s Landsbanki, la STS de 10 de septiembre de 2014, rec. 2162\/11 , en productos de Lehman Brothers y el banco island\u00e9s Kaupthing, y las STS 12 enero 2015, rec. 2290\/2012 , en el supuesto de un seguro de vida “unit linked”.<\/p>\n

22 .-<\/strong> La legitimaci\u00f3n del comercializador para el supuesto de adquisici\u00f3n de aportaciones financieras subordinadas ha sido admitida en los ATS 15 julio 2015, rec. 1533\/2014 , en el que BBVA vende unas Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor, o el ATS 15 julio 2015, rec. 1272\/2014 , por la venta de Caja Laboral Popular del mismo producto. Finalmente las STS 30 noviembre 2016, rec. 1636\/2014 , 1 diciembre 2016, rec. 1400\/2014 , 16 noviembre 2017, rec. 1661\/2015 y 21 noviembre 2017, rec. 1889\/2015 , han admitido la legitimaci\u00f3n pasiva de los colocadores de Aportaciones Financieras Subordinadas. De ah\u00ed que la objeci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n deba ser apartada y el motivo deba ser desestimado.<\/p>\n

QUINTO<\/strong> .- Sobre la caducidad<\/strong><\/p>\n

23 .-<\/strong> En el motivo cuarto reprocha la parte apelante la falta de aplicaci\u00f3n del art. 1301 CCv, pues se pretende que el contrato nulo es de tracto sucesivo, aunque admite que se mantuvo un contrato de dep\u00f3sito y administraci\u00f3n de valores. Considera que el plazo se\u00f1alado ha transcurrido con creces y discrepa de la jurisprudencia que crea la STS 12 enero 2015, rec. 2290\/2012 , que aplica la resoluci\u00f3n recurrida para rechazar tal alegaci\u00f3n.<\/p>\n

24 .-<\/strong> La jurisprudencia ha aclarado la controvertida cuesti\u00f3n. La STS 12 enero 2015, rec. 2290\/2012 , 1 de diciembre , 376\/2015 o 3 de marzo 2017, rec. 1707\/2014 , han interpretado el art. 1301 CCv, sin modificar su literalidad o el plazo que establece. En estas resoluciones se concluye que el momento para comenzar a computar dicho plazo no es f\u00e1cil de concretar, y que debe adaptarse la interpretaci\u00f3n del precepto a ” la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas<\/em> “, conforme al art. 3.1 CCv, puesto que s\u00f3lo cuando el emisor del consentimiento constata su error est\u00e1 en condiciones de pretender su anulaci\u00f3n.<\/p>\n

25 .-<\/strong> Cuando la sentencia concluye que no hay caducidad no vulnera la Constituci\u00f3n, la LOPJ, ni el art. 1301 CCv. En realidad es discutible que se haya consumado. En primer lugar, porque se\u00f1ala la orden de adquisici\u00f3n de valores lo siguiente: ” El ordenante hace constar que recibe copia de la presente orden, que conoce su significado y trascendencia, as\u00ed como que ha sido informado de la tarifa de comisiones y gastos aplicables a la operaci\u00f3n, y autoriza a la Entidad a asentar los importes en otra cuenta que posea si, en caso de d\u00e9bito, no tuviere saldo disponible en la indicada para atender su liquidaci\u00f3n y, en \u00faltimo extremo, a la enajenaci\u00f3n de los valores en un mercado organizado en la cantidad necesaria para resarcirse de la cantidad que acredite, as\u00ed como a reclamar la cantidad adecuada, o la parte de la misma que queda pendiente despu\u00e9s de realizar la venta, y sus intereses al tipo publicado por la Entidad en cada momento para los descubiertos en cuenta<\/em> ” (doc. n\u00ba 2 de la demanda, folio 50 de los autos).<\/p>\n

26 .-<\/strong> Si el banco puede “asentar” los importes debidos en cualquier cuenta del cliente, puede tambi\u00e9n enajenar los valores si no hay saldo en las cuentas susceptibles de atender el abono de los mismos, o cabe el devengo de inter\u00e9s expresamente mencionado, es que perdura la relaci\u00f3n. La literalidad de la orden, cuya redacci\u00f3n ha sido predispuesta por la entidad financiera, permite percibir que no hay una consumaci\u00f3n instant\u00e1nea al momento en que se adquieren los valores, sino que es posible que la relaci\u00f3n perdure posteriormente, ya que as\u00ed aparece en la anterior previsi\u00f3n en favor del banco.<\/p>\n

27 .-<\/strong> A ello se a\u00f1ade que la citada STS 12 enero 2015, rec. 2290\/2012 , establece que “no puede privarse de la acci\u00f3n a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento. Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversi\u00f3n, la consumaci\u00f3n del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acci\u00f3n de anulaci\u00f3n del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El d\u00eda inicial del plazo de ejercicio de la acci\u00f3n ser\u00e1, por tanto, el de suspensi\u00f3n de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicaci\u00f3n de medidas de gesti\u00f3n de instrumentos h\u00edbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensi\u00f3n real de las caracter\u00edsticas y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error”.<\/em><\/p>\n

28 .-<\/strong> Vista lo concluido por la jurisprudencia aplicando el art. 1.6 CCv, el plazo de cuatro a\u00f1os que se\u00f1ala el art. 1301 CCv no se computa desde la fecha en que se firma la orden de compra de valores, sino desde que los clientes est\u00e1n en condiciones de constatar el error propio que pretenden haber padecido, lo que puede acontecer incluso despu\u00e9s de transcurrido dicho plazo.<\/p>\n

29 .-<\/strong> Adem\u00e1s de lo expuesto, no s\u00f3lo se sign\u00f3 una orden de compra, sino que vinculaba a las partes un contrato de dep\u00f3sito y administraci\u00f3n de valores (doc. n\u00ba 11 de la demanda, folios 60 y ss de los autos), que se presentan<\/p>\n

as\u00ed como un complejo contractual dif\u00edcil de deslindar para el cliente. Adem\u00e1s de la orden de compra que da, hay otro contrato de administraci\u00f3n y dep\u00f3sito. El complejo contractual se\u00f1alado se mantiene hasta que la sentencia de instancia declara la invalidez por vicio del consentimiento. El motivo, por ello, ser\u00e1 rechazado.<\/p>\n

SEXTO<\/strong> .- Sobre la infracci\u00f3n de los arts. 253 del C\u00f3digo de Comercio y 1265 y 1266 del C\u00f3digo Civil<\/strong><\/p>\n

30 .-<\/strong> Seguidamente sostiene el recurrente que la sentencia de instancia yerra, porque hubo un contrato de mandato, que califica como comisi\u00f3n mercantil del art. 244 del C\u00f3digo de Comercio (CCom ), pues se encargan no los valores, sino una operaci\u00f3n jur\u00eddica, su adquisici\u00f3n. Considera que los clientes pudieron desconocer las caracter\u00edsticas del producto que adquir\u00edan, pero por ello no quedar\u00eda viciado por el error el contrato de mandato se\u00f1alado. Entiende por ello aplicable el art. 253 CCom en cuanto que mantiene inmune al comisionista a la relaci\u00f3n jur\u00eddica entre comitente y la persona con la que contrata. De todo ello concluye, adem\u00e1s, que no pudo incurrirse en el pretendido error, que no ser\u00eda esencial, por lo que tampoco ser\u00eda aplicable el art. 1266 CCv.<\/p>\n

31 .-<\/strong> De nuevo se recordar\u00e1, como se dijo en \u00a717, que fueron los demandantes quienes alegaron en su demanda conflicto de inter\u00e9s, puesto que Caja Laboral fue agente colocador de la emisi\u00f3n de Aportaciones Financieras de Fagor, y por tanto, obtuvo la correspondiente comisi\u00f3n o contraprestaci\u00f3n que lo podr\u00eda ocasionar.<\/p>\n

32 .-<\/strong> Caja Laboral asesora a sus clientes para invertir en Aportaciones Financieras Subordinadas de Fagor. No se trata de un simple mandato o comisi\u00f3n mercantil. Hay una relaci\u00f3n m\u00e1s compleja, que abarca el asesoramiento que se presta en la inversi\u00f3n, el mandato para realizarla, el dep\u00f3sito que se conviene al mismo tiempo, y la administraci\u00f3n de los valores que se presta de los valores.<\/p>\n

33 .-<\/strong> Adem\u00e1s de las obligaciones que pretende Caja Laboral, ten\u00eda otras obligaciones a\u00f1adidas, derivadas del art. 5.3 del anexo I del RD 629\/1993, de 3 de mayo , que desarrollaba la Ley 24\/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que modaliza el principio general de la buena fe contenido en el art. 7.1 CCv, y que para los contratos establece con car\u00e1cter general el art. 1258 CCv. Esa norma obligaba a hacer hincapi\u00e9 en los riesgos, y sin embargo no consta que Caja Laboral atendiera dicha exigencia.<\/p>\n

34 .-<\/strong> Como hemos dicho muchas veces, aunque la MIFID a\u00fan no estuviera transpuesta en Espa\u00f1a, se hab\u00eda publicado en el Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea de 30 de abril de 2004, a\u00f1os antes. Parece razonable suponer que los servicios jur\u00eddicos de la entidad deb\u00edan ser conscientes de que tal norma exig\u00eda, aunque se demorase su transposici\u00f3n, realizar los test de idoneidad y conveniencia a los que se refiere, cuya omisi\u00f3n es considerada como dato suficiente para presumir la sustancialidad del error en las STS 7 julio 2014, rec. 1520\/2012 y 892\/2012 , y 8 julio 2014, rec. 1256\/2012, y cuantas siguen luego esa jurisprudencia.<\/p>\n

35 .-<\/strong> Puede alcanzar, por lo expuesto hasta aqu\u00ed, que la calificaci\u00f3n jur\u00eddica no es la pretendida por el apelante, y las consecuencias jur\u00eddicas de la relaci\u00f3n entre las partes obligaban a atender unas obligaciones que no se ha acreditado se cumplieran. El motivo por ello ser\u00e1 desestimado.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO<\/strong> .- Del error en la aplicaci\u00f3n de las reglas de la carga de la prueba<\/strong><\/p>\n

36 .-<\/strong> El sexto motivo del recurso reprocha a la sentencia recurrida que no aplique correctamente las consecuencias de las reglas sobre la carga de la prueba. Considera el apelante que corresponde al cliente ex art. 217.2 LEC probar el error y el asesoramiento del banco, lo que en su opini\u00f3n no ha logrado.<\/p>\n

37 .-<\/strong> La sentencia de instancia aprecia error por el incumplimiento de deberes que ata\u00f1en al banco, los de informaci\u00f3n precontractual. La obligaci\u00f3n de informar reside en el banco, obligado por tanto a acreditar que facilit\u00f3 tal informaci\u00f3n. Es el profesional quien debe estudiar el perfil de los clientes, con el fin de ofertar un producto acorde a su consideraci\u00f3n. Debe asegurarse de facilitar informaci\u00f3n precisa y comprensible, con el fin de que pueda hacerse una idea cierta de lo que contrata, y de los riesgos que suponen, que en este caso eran altos sobre todo en lo que ata\u00f1e a la liquidez del producto.<\/p>\n

38 .<\/strong> – Dice sobre ello la STS 4 diciembre 2015, rec. 2470\/2012 , que ” Este incumplimiento de los deberes legales de informaci\u00f3n al cliente desemboca en un error en la prestaci\u00f3n del consentimiento por parte de \u00e9ste, ya que como dijimos en la Sentencia del Pleno de esta Sala 1\u00aa 840\/2013, de 20 de enero de 2014 , “esa ausencia de informaci\u00f3n permite presumir el error”. Lo determinante no es tanto que aparezca formalmente cumplido el tr\u00e1mite de la informaci\u00f3n, sino las condiciones en que materialmente se cumple el mismo. Los deberes de informaci\u00f3n que competen a la entidad financiera, concretados en las normas antes transcritas no quedan satisfechos por una mera ilustraci\u00f3n sobre lo obvio<\/em> “.<\/p>\n

39 .-<\/strong> Tambi\u00e9n la STS 6 octubre 2016, rec. 2586\/2014 explica en el FJ 4\u00ba.4, en sentido semejante, que ” En el \u00e1mbito del mercado de valores y los productos y servicios de inversi\u00f3n, el incumplimiento por la empresa de inversi\u00f3n del deber de informaci\u00f3n al cliente no profesional, si bien no impide que en alg\u00fan caso conozca la naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el<\/em><\/p>\n

consentimiento. Por eso la ausencia de la informaci\u00f3n adecuada no determina por s\u00ed la existencia del error vicio, pero s\u00ed permite presumirlo, de acuerdo con lo declarado por esta sala en las citadas sentencias n\u00fam. 840\/2013, de 20 de enero de 2014 , y n\u00fam. 769\/2014, de 12 de enero , entre otras<\/em> “.<\/p>\n

40 .-<\/strong> Por si fuera poco la STS 12 enero 2015, rec. 2290\/2012 , asegura que ” Es la empresa de servicios de inversi\u00f3n la que tiene obligaci\u00f3n de facilitar la informaci\u00f3n que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversi\u00f3n y formular las correspondientes preguntas<\/em> “. Es Caja Laboral quien debe acreditar que cumpli\u00f3 con los deberes de informaci\u00f3n que dispone el ordenamiento jur\u00eddico. Por ello no se acoge este motivo del recurso.<\/p>\n

OCTAVO.- Sobre la incongruencia y falta de motivaci\u00f3n por la condena a la restituci\u00f3n del precio<\/strong><\/p>\n

41 .-<\/strong> Abordando entonces el s\u00e9ptimo motivo del recurso, se considera infringido el art. 1303 CCv por obligarse a Caja Laboral a restituir lo que nunca tuvo, el importe de la inversi\u00f3n, y a adquirir lo que nunca quiso, las AFS de Fagor que se compraron en la operaci\u00f3n en la que fue encargada de adquirir tal producto para los clientes demandantes. Entiende que tal condena se reclamaba en la petici\u00f3n subsidiaria de responsabilidad civil, en cuyo caso considera no es de aplicaci\u00f3n el art. 1303 CCv. Por ello considera improcedente la condena en el modo que ha adoptado la sentencia recurrida.<\/p>\n

42 .-<\/strong> El art. 218.2 LEC a motivar los razonamientos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que conducen a la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas, as\u00ed como a la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del derecho. A\u00f1ade la norma que es preciso que la motivaci\u00f3n incida en los distintos elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajust\u00e1ndose siempre a las reglas de la l\u00f3gica de la raz\u00f3n.<\/p>\n

43 .-<\/strong> La jurisprudencia constitucional obliga a una motivaci\u00f3n exhaustiva, que no est\u00e1 re\u00f1ida con la brevedad ( SsTC 192\/1987, RTC 1987\\ 192 o 181\/1998 , RTC 1998\\ 181), siempre que se apoyen en razones que permitan conocer los criterios jur\u00eddicos esenciales que fundamentan la decisi\u00f3n, sin que sea precisa una extensi\u00f3n m\u00ednima si el razonamiento que contiene constituye, l\u00f3gica y jur\u00eddicamente, suficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada ( SSTC 174\/1987, RTC 1987\\ 174 o 14\/1991 , RTC 1991\\ 14), incluso en supuestos de motivaci\u00f3n por remisi\u00f3n ( SsTC 146\/1990, RTC 1990\\ 146 o 175\/1992 , RTC 1992\\ 175).<\/p>\n

44 .-<\/strong> Otro tanto mantiene la jurisprudencia en STS de 24 abril 2013, rec. 2063\/2010 , que cita la STS de 1 de noviembre de 2011, rec. 905\/2009 , o la de 18 de junio de 2013, rec. 368\/2011 , recuerda que no puede confundirse falta de motivaci\u00f3n con desacuerdo con la motivaci\u00f3n, lo que reitera la STS de 30 de julio 2013, rec. 87\/2011 y cuantas abordan la materia.<\/p>\n

45 .-<\/strong> Expone la STS 21 diciembre 2010, rec. 71\/2007 , que la motivaci\u00f3n cumple una doble funci\u00f3n: ” la de exteriorizar el fundamento de la decisi\u00f3n adoptada, haciendo expl\u00edcito que responde a una determinada interpretaci\u00f3n del derecho, as\u00ed como la de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos<\/em> “. Se trata, por tanto, de que pueda aprehenderse la ratio decidendi<\/em> de la resoluci\u00f3n.<\/p>\n

46 .-<\/strong> Si esa es la finalidad de la motivaci\u00f3n, la sentencia recurrida la atiende, puesto que puede inferirse de la misma las razones que justifican el fallo. Lo que la sentencia mantiene es que no se facilit\u00f3 informaci\u00f3n suficiente sobre la naturaleza, caracter\u00edsticas y riesgos de las Aportaciones Financieras Subordinadas que se adquir\u00edan, incumpliendo de este modo la entidad colocadora sus obligaciones para con sus clientes, como es el caso de los demandantes.<\/p>\n

47 .-<\/strong> La sentencia recurrida utiliza en su fallo la expresi\u00f3n “nulidad”, aunque explica que se deriva del error en el consentimiento, por lo que en realidad guarda coherencia cuanto expresa la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica, que no sustenta en el art. 6.3 CCv la anulaci\u00f3n del contrato, sino en lo dispuesto en los arts. 1261 y 1303 CCv, de forma que la imprecisi\u00f3n no ocasiona perjuicio alguno, porque salta a la vista que la sentencia estima la acci\u00f3n subsidiariamente planteada por los demandantes.<\/p>\n

48 .-<\/strong> No parece que la parte recurrente tuviera duda sobre la acci\u00f3n que se estaba acogiendo, y no solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n o complemento de la sentencia. No lo ha reclamado y ahora en el recurso expone con prolija precisi\u00f3n sus objeciones a la apreciaci\u00f3n del vicio del consentimiento que funda la sentencia, por lo que no se ocasiona indefensi\u00f3n. Todo ello conduce a desestimar este motivo de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

NOVENO<\/strong> .- De los efectos de la nulidad en cuanto al inter\u00e9s a devengar<\/strong><\/p>\n

49 .-<\/strong> En el motivo octavo mantiene el recurrente considera se infringen los arts. 1303 CCv, en relaci\u00f3n con los arts.1108, 1501 y 1100 CCv, al disponer inter\u00e9s legal. La resoluci\u00f3n apelada se limita a aplicar el art. 1303 CCv, cuando dispone ” Declarada la nulidad de una obligaci\u00f3n, los contratantes deben restituirse rec\u00edprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses-<\/em> “. La operaci\u00f3n realizada por las partes supuso un desembolso, pero se mantuvo una relaci\u00f3n extensa, que ha dado lugar a pago de intereses por el emisor del producto, cobros de comisiones por la apelante y las vicisitudes propias de<\/p>\n

cualquier relaci\u00f3n jur\u00eddica, que la norma obliga a dejar sin efecto restituyendo rec\u00edprocamente las prestaciones realizadas, que no se ha negado consistieron en el abono de cantidad, aunque se mantenga que se entreg\u00f3 al emisor.<\/p>\n

50 .-<\/strong> De ah\u00ed la condena a Caja Laboral a reintegrar a su cliente el importe percibido m\u00e1s comisiones, descontando intereses, y ordena la restituci\u00f3n de los t\u00edtulos. Dice la recurrente que la doctrina dej\u00f3 se\u00f1alado de antiguo que como la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n rec\u00edproca nace al acordarse la nulidad, no proceden tales intereses. Frente a ese argumento, que no menciona autores, la jurisprudencia ha aclarado c\u00f3mo proceder en casos de preferentes o Aportaciones Financieras Subordinadas en STS 25 febrero 2016, rec. 2578\/2013 , 24 octubre 2016, rec. 1349\/2014 , 30 noviembre 2016, rec. 2559\/2014 y 20 diciembre 2016, rec. 1624\/2014 .<\/p>\n

51 .-<\/strong> Dice as\u00ed la STS 30 noviembre 2016, rec. 2559\/2014 : ” Como hemos dicho en la reciente sentencia n\u00fam. 625\/2016, de 24 de octubre , dictada tambi\u00e9n en un caso de nulidad de adquisici\u00f3n de participaciones preferentes por error vicio del consentimiento, los efectos de la nulidad alcanzan a ambas partes, comercializadora y adquirentes. Por ello, tales efectos de la nulidad deben ser la restituci\u00f3n por la entidad comercializadora del importe de la inversi\u00f3n efectuada por los adquirentes, m\u00e1s el inter\u00e9s devengado desde que se hicieron los pagos, y el reintegro por los compradores de los rendimientos percibidos m\u00e1s los intereses desde la fecha de cada abono<\/em> “.<\/p>\n

52 .-<\/strong> Tambi\u00e9n mantienen otro tanto las STS 30 noviembre 2016, rec. 2559\/2014 y 20 diciembre 2016, rec. 1624\/2014 , que indican que los ” efectos de la nulidad deben ser la restituci\u00f3n por la entidad comercializadora del importe de la inversi\u00f3n efectuada por los adquirentes, m\u00e1s el inter\u00e9s devengado desde que se hicieron los pagos, y el reintegro por los compradores de los rendimientos percibidos m\u00e1s los intereses desde la fecha de cada abono<\/em> “, porque ” los intereses constituyen en estos casos los frutos o rendimientos de un capital, a los que, por virtud de la presunci\u00f3n de productividad de \u00e9ste, tiene derecho el acreedor en aplicaci\u00f3n de las reglas sobre la restituci\u00f3n integral de las prestaciones realizadas en cumplimiento de contratos declarados ineficaces y la interdicci\u00f3n del enriquecimiento sin causa<\/em> “.<\/p>\n

53 .-<\/strong> Sostiene entonces el recurrente que se aplican incorrectamente los intereses, pues no se sigue la STS 14 mayo 2017, rec. 267\/2015 , lo que efectivamente acontece puesto que la sentencia de primera instancia est\u00e1 fechada quince d\u00edas despu\u00e9s y no pod\u00eda conocer los t\u00e9rminos de tal resoluci\u00f3n del Tribunal Supremo.<\/p>\n

54 .-<\/strong> Pero el reproche no puede acogerse porque la sentencia se limita a indicar que se restituir\u00e1 el precio con el inter\u00e9s legal, y que los clientes reintegrar\u00e1n los t\u00edtulos, los intereses recibidos desde la suscripci\u00f3n de las Aportaciones Financieras Subordinadas, y el inter\u00e9s legal de tales intereses, de modo que se adecua perfectamente a la citada sentencia, y a la jurisprudencia que al respecto destilan las STS 24 octubre 2016, rec. 1349\/2014 , 30 noviembre 2016, rec. 2559\/2014 , 20 diciembre 2016, rec. 1624\/2014 , 11 julio 2017, rec. 41\/2015 , 16 octubre 2017, rec. 1985\/2015 , 13 febrero 2018, rec. 1619\/2016 , entre otras. No se acoger\u00e1, por ello, este motivo.<\/p>\n

D\u00c9CIMO<\/strong> .- Sobre la vulneraci\u00f3n del art. 1303 CC en relaci\u00f3n al pago de las comisiones<\/strong><\/p>\n

55 .-<\/strong> Como noveno motivo se cuestiona que sea consecuencia del art. 1303 CCv la condena restituir comisiones por el mantenimiento del contrato de administraci\u00f3n y dep\u00f3sito de valores. Considera que esos importes son consecuencia del contrato signado con tal fin, que la prestaci\u00f3n se ha realizado y que es improcedente su devoluci\u00f3n, porque tal contrato no se ha declarado nulo.<\/p>\n

56 .-<\/strong> El mencionado contrato se suscribe al tiempo que se decide invertir en Aportaciones Financieras Subordinadas, el 19 de enero de 2004 (doc. n\u00ba 11 de la demanda, reverso folio 60). Es instrumental a la inversi\u00f3n, y si no hubiera adquisici\u00f3n de tal producto, no se habr\u00eda suscrito. En consecuencia, la restituci\u00f3n de las comisiones abonadas en su aplicaci\u00f3n es aplicaci\u00f3n de la previsi\u00f3n del art. 1303 CCv, pues se trata de una prestaci\u00f3n realizada para depositar y administrar las aportaciones cuya adquisici\u00f3n se ha declarado nula.<\/p>\n

57 .-<\/strong> En consecuencia cuanto se adopta por la sentencia de instancia en este apartado es, por tanto, coherente con la exigencia legal, por lo que el motivo del recurso se desestimar\u00e1.<\/p>\n

UND\u00c9CIMO.- Sobre la cuant\u00eda del inter\u00e9s a recibir por el banco<\/strong><\/p>\n

58 .-<\/strong> Finalmente se alega en el recurso de Caja Laboral que la cuant\u00eda del inter\u00e9s a recibir no se precisa si es bruta o neta, para lo que manifiesta que solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n que fue denegada remitiendo a ejecuci\u00f3n de sentencia. Lo que consta, sin embargo, es que el fallo dispone que ” La mercantil demandada, Caja Laboral Popular Coop. de Cr\u00e9dito, deber\u00e1 restituir a los demandantes, Pelayo , Epifanio , Esmeralda el importe de 6.200 euros pero minorado en la cuant\u00eda de los intereses BRUTOS percibidos desde la fecha de la suscripci\u00f3n\u00ad<\/em>“, como se ha recogido en \u00a71.<\/p>\n

59 .-<\/strong> Tampoco consta que Caja Laboral hubiera solicitado aclaraci\u00f3n. Quien lo hace es la otra parte, reclamando se corrija la fecha para el c\u00f3mputo de intereses que entiende debe operar desde los respectivos pagos, y no desde la interposici\u00f3n de la demanda, aunque el juzgado lo rechaza en auto de 20 de junio de 2017. Caja Laboral no reclam\u00f3 aclaraci\u00f3n sobre si los intereses eran brutos o netos, lo que por otro lado resulta ocioso porque la resoluci\u00f3n lo recoge expresamente, siguiendo adem\u00e1s la jurisprudencia que sent\u00f3 la STS 734\/2016, de 20 diciembre, rec. 1624\/2014 .<\/p>\n

60 .-<\/strong> No es preciso, por tanto, pronunciamiento sobre lo que se reclama, porque ya consta en el fallo, y porque no concurren las imprecisiones que se pretenden por la parte apelante, lo que determina tanto la desestimaci\u00f3n de este \u00faltimo motivo de apelaci\u00f3n, como del propio recurso.<\/p>\n

DECIMOSEGUNDO<\/strong> .- Del recurso de los clientes<\/strong><\/p>\n

61 .-<\/strong> Tambi\u00e9n cuestiona la sentencia recurrida los clientes, porque entienden que la aplicaci\u00f3n del art. 1303 CCv acarrea satisfacer inter\u00e9s desde el desembolso y no, como sostiene la sentencia recurrida, desde la fecha en que se present\u00f3 la demanda. A tal pretensi\u00f3n se ha opuesto Caja Laboral al contestar el recurso.<\/p>\n

62 .-<\/strong> Ya se ha mencionado al respecto en \u00a754 que la aplicaci\u00f3n del se\u00f1alado precepto es clara y no hay dudas en la jurisprudencia. La apelada cita sentencias de Audiencia, pero la interpretaci\u00f3n del Tribunal Supremo ha sido constante, pues resulta n\u00edtido lo pretendido por el art. 1303 CCv. Esta norma obliga a la restituci\u00f3n con intereses, que no se computan desde que se reclaman, sino desde que se produjo la entrega del capital.<\/p>\n

63 .-<\/strong> Otro tanto mantienen las sentencias mencionadas en \u00a754 y \u00a759, por lo que el recurso debe ser estimado, y en consecuencia, revocarse la sentencia para se\u00f1alar que en la operaci\u00f3n a realizar el inter\u00e9s de la cantidad de 6.200 &#x20ac; se computar\u00e1 desde la fecha de la operaci\u00f3n, el 19 de enero de 2004.<\/p>\n

DECIMOTERCERO.- Dep\u00f3sito para recurrir<\/strong><\/p>\n

64 .-<\/strong> Puesto que as\u00ed lo dispone la Disposici\u00f3n Adicional 15\u00aa.9 LOPJ , se decreta la p\u00e9rdida para Caja Laboral del dep\u00f3sito que consign\u00f3 para recurrir.<\/p>\n

65 .-<\/strong> En cambio se aplicar\u00e1 la DA 15\u00aa.8 LOPJ a los otros recurrentes, a quienes se reintegrar\u00e1 el citado dep\u00f3sito.<\/p>\n

DECIMOCUARTO<\/strong> .- Costas<\/strong><\/p>\n

66 .-<\/strong> Conforme al art. 398.1 LEC , se hace condena a Caja Laboral al pago de las costas del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

67 .-<\/strong> Y en aplicaci\u00f3n del art. 398.2 LEC , no se har\u00e1 condena a los otros apelantes de las costas ocasionadas con su recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

Vistos los art\u00edculos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n, en virtud de la potestad jurisdiccional concedida por la soberan\u00eda popular y en nombre del Rey<\/p>\n

F A L L A M O S<\/strong><\/p>\n

I .- DESESTIMAR<\/strong> el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el Procurador de los Tribunales D. PEDRO CARNICERO SANTIAGO, en nombre y representaci\u00f3n de CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CR\u00c9DITO frente a la sentencia de 1 de junio de 2017 dictada por el Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 3 de Getxo en el procedimiento ordinario n\u00ba 277\/2016.<\/p>\n

II .- ESTIMAR<\/strong> el recurso de apelaci\u00f3n planteado por el Procurador de los Tribunales D. JAVIER FRAILE MENA, en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa Esmeralda y D. Pelayo y D. Epifanio , frente a la mencionada sentencia, en el \u00fanico sentido de que la fecha para el c\u00f3mputo del inter\u00e9s a restituir por Caja Laboral se iniciar\u00e1 desde la fecha de la entrega de capital, el 19 de enero de 2004, permaneciendo id\u00e9ntica en lo dem\u00e1s.<\/p>\n

III .- DECRETAR<\/strong> la p\u00e9rdida para Caja Laboral del dep\u00f3sito consignado para recurrir.<\/p>\n

IV .- DECRETAR<\/strong> la restituci\u00f3n a D\u00aa Esmeralda y D. Pelayo Y D. Epifanio , del dep\u00f3sito consignado para recurrir.<\/p>\n

V .- CONDENAR<\/strong> a Caja Laboral al pago de las costas del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

VI .- NO HACER CONDENA<\/strong> a D\u00aa Esmeralda y D. Pelayo Y D. Epifanio , de las costas de su recurso de apelaci\u00f3n. MODO DE IMPUGNACION<\/strong> : Contra la presente resoluci\u00f3n cabe interponer recurso de CASACI\u00d3N<\/strong> ante la Sala de lo Civil el TRIBUNAL SUPREMO, si se acredita inter\u00e9s casacional<\/strong> . El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LEC ).<\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00e1 interponerse recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL<\/strong> ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS<\/strong> h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LEC ).<\/p>\n

Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito<\/strong> de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y de 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. Los dep\u00f3sitos se constituir\u00e1n consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco de Santander con el n\u00famero 4704 0000 00 0871 17. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n y c\u00f3digo 04 para el recuso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer<\/strong> los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N<\/strong> .- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y le\u00edda por el Ilmo. Magistrado Ponente el d\u00eda 9 de mayo de 2018, de lo que yo la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D. Apolonio falleci\u00f3 el 10 de octubre de 2010 (doc. n\u00ba 5 de la demanda, folio 53 de los autos), habiendo designado en testamento de 29 de septiembre de 1982 como herederos a sus hijos D. Pelayo y D. Epifanio , y poder testatorio a su viuda (doc. n\u00ba 7 de la demanda, folios 55 y ss de los autos), poder que caduc\u00f3 por no usarse en el plazo que se hab\u00eda fijado por el causante.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[699,564],"materia":[1246],"organo":[1884],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10736","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-caducidad","tag-poder-testatorio","materia-seccion-cuarta-de-la-sucesion-por-comisario","organo-seccion-4a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10736"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10736"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10736"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10736"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}