{"id":10713,"date":"2025-10-06T12:57:07","date_gmt":"2025-10-06T10:57:07","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-06-07-2016\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:53","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:53","slug":"sap-de-bizkaia-sec-3a-06-07-2016","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-06-07-2016\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 6 de julio de 2016"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP BI 1484\/2016<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2016:1484<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370032016100182<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 3<\/strong><\/p>\n

Fecha: 06\/07\/2016<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 178\/2016<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 272\/2016<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000<\/strong> Ponente: MARIA CARMEN KELLER ECHEVARRIA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA – SECCI\u00d3N TERCERA<\/strong><\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA – HIRUGARREN SEKZIOA<\/strong><\/p>\n

BARROETA ALDAMAR 10-3\u00aa planta – C.P.\/PK: 48001<\/p>\n

Tel.: 94-4016664<\/p>\n

Fax \/ Faxa: 94-4016992<\/p>\n

NIG PV \/ IZO EAE: 48.01.2-14\/001707<\/p>\n

NIG CGPJ \/ IZO BJKN :48027.42.1-2014\/0001707<\/p>\n

A.p.ordinario L2 \/ E_A.p.ordinario L2 178\/2016<\/strong><\/p>\n

O.Judicial origen \/ Jatorriko Epaitegia<\/em> : UPAD de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 de Durango \/ Durangoko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko 1 zk.ko ZULUP<\/p>\n

Autos de Procedimiento ordinario 270\/2014 (e)ko autoak<\/p>\n

Recurrente \/ Errekurtsogilea: Raquel<\/p>\n

Procurador\/a\/ Prokuradorea:MARIA BEGO\u00d1A JAUREGUI LARRINAGA<\/p>\n

Abogado\/a \/ Abokatua: KOLDOBIKA BILBAO DUDAGOITIA<\/p>\n

Recurrido\/a \/ Errekurritua: Borja , Ezequiel , Ana , Esmeralda , Martina y Justo<\/p>\n

Procurador\/a \/ Prokuradorea: ANA MARIA IDOCIN RAbogado\/a\/ Abokatua: ELENA INTXAUSTI SAGASTI,<\/p>\n

S E N T E N C I A N\u00ba 272\/2016<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMAS. SRAS.<\/strong><\/p>\n

D\u00aa. MARIA CONCEPCION MARCO CACHO<\/strong><\/p>\n

D\u00aa. CARMEN KELLER ECHEVARRIA<\/strong><\/p>\n

D\u00aa. BEGO\u00d1A LOSADA DOLIA<\/strong><\/p>\n

En BILBAO (BIZKAIA), seis de julio de dos mil diecis\u00e9is.<\/p>\n

La Audiencia Provincial de Bizkaia – Secci\u00f3n Tercera, constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 270\/2014 del UPAD de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00ba 1 de Durango, a instancia de Raquel<\/strong> apelante – demandante, representada por la Procuradoa Sra. MARIA BEGO\u00d1A JAUREGUI LARRINAGA y defendida por el Letrado Sr. KOLDOBIKA BILBAO DUDAGOITIA, contra Borja , Ezequiel , Ana , Esmeralda , Martina y Justo<\/strong> apelados – demandados, representados por la Procuradora Sra. ANA MARIA IDOCIN ROS, y defendidos por la Letrada D\u00aa. ELENA INTXAUSTI SAGASTI; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 2 de febrero de 2016 .<\/p>\n

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO<\/strong> .- Que la referida sentencia, de fecha 2 de febrero de 2016 , es del ternor literal que sigue: FALLO: FALLO:SE DESESTIMA la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Jauregui en nombre y representaci\u00f3n de Don Juan Ignacio , a su vez representado legalmente por Do\u00f1a Raquel con todos los pedimentos de la misma.<\/p>\n

Se imponen las costas a la parte actora.<\/p>\n

MODO DE IMPUGNACI\u00d3N: mediante recurso de APELACI\u00d3N ante la Audiencia Provincial de BIZKAIA ( art\u00edculo 455 LECn ). El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnaci\u00f3n, adem\u00e1s de citar la resoluci\u00f3n apelada y los pronunciamientos impugnados ( art\u00edculo 458.2 LECn ).<\/p>\n

Para interponer el recurso ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros, sin cuyo requisito no ser\u00e1 admitido a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4760 0000 04 0270 14, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 02-Apelaci\u00f3n. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer el recurso ( DA 15\u00aa de la LOPJ ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

As\u00ed por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”<\/p>\n

SEGUNDO<\/strong> .- Que publicada y notificada dicha resoluci\u00f3n a las partes litigantes por la representaci\u00f3n procesal de Raquel se interpuso en tiempo y forma recurso de apelaci\u00f3n que, admitido por el Juzgado de Instancia y emplazadas las partes para ante este tribunal y subsiguiente remisi\u00f3n de los autos comparecieron las partes por medio de sus Procuradores; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de los autos y personamientos efectuados la formaci\u00f3n del presente rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero 178\/16 de Registro y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de los de su clase.<\/p>\n

TERCERO<\/strong> .- Que por resoluci\u00f3n de la Sala, de fecha 8 de junio de 2016, se se\u00f1al\u00f3 para deliberaci\u00f3n, votaci\u00f3n y fallo del recurso el d\u00eda 5 de julio de 2016.<\/p>\n

CUARTO<\/strong> .- Que en la tramitaci\u00f3n del presente recurso se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n

VISTOS, siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada DO\u00d1A CARMEN KELLER ECHEVARRIA.<\/strong><\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO<\/strong> .- Como primer motivo del recurso se alega vulneraci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva, ex art. 24 CE por inaplicaci\u00f3n de las reglas o mandatos de la tutor\u00eda ex art. 271.6 C\u00ba.c . para poder ejercitar una demanda a favor de un incapacitado judicialmente, ya que al establecer como motivo de desestimaci\u00f3n para aplicar los dos retractos, tanto el establecido por el art. 27 LMEA y el art. 1521 y ss del C\u00ba.c ., el transcurso del tiempo, sin valorar que estos, para su interposici\u00f3n fue solicitado dentro de un a\u00f1o y 9 d\u00edas y respetando y dentro de esos plazos se entabla la autorizaci\u00f3n judicial para entablar la demanda por mor del art.271.6 del C\u00ba.c . En segundo lugar se alega infracci\u00f3n al valorar en c\u00f3mputo de los d\u00edas a quo por la falta del conocimiento expreso de las condiciones de compra, venta de 3 de abril de 2013, ya que no cont\u00f3 con tal conocimiento hasta la suspensi\u00f3n dela audiencia previa de ah\u00ed la falta de litispendencia pasiva necesaria alegada.<\/p>\n

En tercer lugar se alega infracci\u00f3n del art. 27 LMEA y el correlativo art. 1521 y ss del C\u00ba.c por priorizar la especulaci\u00f3n ante la producci\u00f3n agr\u00edcola y fomentar el minifundismo por parte del \u00f3rgano a quo, ya que la familia de D. Juan Ignacio se ha dedicado a la agricultura en las tierras objeto de la Litis desde el tatarabuelo hasta su sobrino, y de manera profesional, ya que el sobrino es agricultor profesional dedicado a la explotaci\u00f3n agr\u00edcola, encontr\u00e1ndonos ante un supuesto de inter\u00e9s p\u00fablico respecto del art.27 LMEA, y tambi\u00e9n se cumple lo que para Vizcaya se establece en el Decreto 168\/1997 de 8 de julio .<\/p>\n

En cuarto lugar se alega en cuanto a la saca foral la infracci\u00f3n en la valoraci\u00f3n de las pruebas, sosteniendo conforme a las mismas que se ejercita la saca ya que es la \u00fanica vez que ha habido real y efectivamente para ejercitar este derecho, al enajenarse parte de la finca NUM000 de Amorebieta y el art. 115 habilita la adquisici\u00f3n completa dela misma. En quinto lugar se alega la infracci\u00f3n del retracto establecido en el art.<\/p>\n

1523 C\u00ba.c ., ya que la sentencia recoge que “Tal y como se ha expuesto en el p\u00e1rrafo anterior, el demandante s\u00f3lo ostenta la condici\u00f3n de colindante respecto a la FINCA000 . Ahora bien, hay que tener en cuenta que tampoco puede ser de aplicaci\u00f3n el retrato legal previsto en el C\u00f3digo Civil toda vez que tal y como se ha acreditado, las codemandadas Do\u00f1a Esmeralda y Ana son colindantes de la finca transmitida por lo que tendr\u00edan igualmente derecho a su adquisici\u00f3n preferente”, con lo que discrepa la parte apelante sosteniendo que el terreno colindante de las Sra. Raquel tiene una mayor superficie registral que el terreno de la apelante y ninguno de ellos sobrepasa la hect\u00e1rea de extensi\u00f3n, manteniendo que la sentencia otorga la condici\u00f3n de propietarios a los c\u00f3nyuges cuando el titulo del terreno de sus esposas lo es por donaci\u00f3n a iguales partes por su madre, no dedic\u00e1ndose por dem\u00e1s la parte contraria a la agricultura, y en sexto lugar se alega la mala fe del contrario.<\/p>\n

La contraparte se opone al recurso.<\/p>\n

SEGUNDO<\/strong> .- Por lo que hace al primer motivo, se\u00f1alar que el Tribunal Constitucional, en sentencia n\u00ba 287\/2005, de 7 noviembre , se expresa en los siguientes t\u00e9rminos, que resultan de plena aplicaci\u00f3n al caso: \u00aben la reciente STC 226\/2005, de 12 de septiembre (F. 2), se reitera la doctrina constitucional y se recuerda que la indefensi\u00f3n prohibida por el art. 24.1 CE “no nace de la sola y simple infracci\u00f3n por los \u00f3rganos judiciales de las reglas procesales, pues el quebrantamiento de esta legalidad no provoca en todos los casos la eliminaci\u00f3n o disminuci\u00f3n sustancial de los derechos que corresponden a las partes en raz\u00f3n de su posici\u00f3n propia en el procedimiento ni, en consecuencia, la indefensi\u00f3n que la Constituci\u00f3n proh\u00edbe. S\u00ed surge esa indefensi\u00f3n de la privaci\u00f3n del derecho a alegar y a demostrar en el proceso los propios derechos, y tiene su manifestaci\u00f3n m\u00e1s trascendente, cuando por el \u00f3rgano judicial se impide a una parte el ejercicio de este derecho a la defensa, priv\u00e1ndola de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, de justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dial\u00e9cticamente las posiciones contrarias, en el ejercicio del indispensable principio de contradicci\u00f3n. La indefensi\u00f3n, con todo, no se producir\u00e1 cuando, aun habi\u00e9ndose quebrantado la legalidad procesal por el juzgador, el propio interesado, por impericia o negligencia, no haya utilizado sus posibilidades de defensa, desde\u00f1ando los remedios h\u00e1biles para hacer valer sus intereses y cooperando, con ello, al menoscabo de su posici\u00f3n procesal. El recurso de amparo constitucional, cuando en \u00e9l se invoca el derecho declarado en el art. 24.1 CE , existe s\u00f3lo para preservar el derecho de todos a la debida tutela judicial sin indefensi\u00f3n, pero esta lesi\u00f3n no es reconocible, cuando quien la denuncia no supo, o no quiso, defender su derecho por los medios que el ordenamiento procesal le brindaba, pues en tal caso la obtenci\u00f3n del amparo vendr\u00eda a hacer buena, en dem\u00e9rito de los derechos de la otra parte, la indiligencia o la pasividad de quien asisti\u00f3, sin reaccionar oportunamente, a lo que califica luego de vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental ( SSTC 109\/1985, de 8 de octubre, F. 3 ; 102\/1987, de 17 de junio , FF. 2 y 4, por todas)”…\u00bb.<\/p>\n

Pues bien, en el presente caso, toda vez que la apelante actora en la primera instancia act\u00faa en representaci\u00f3n de su hermano D. Juan Ignacio declarado incapaz en virtud de sentencia en el a\u00f1o 2009, es evidente que la misma precisa recabar la autorizaci\u00f3n judicial ( art.271 C\u00aa.c ) para ejercitar las acciones en nombre de su hermano, y como recoge la adversa al oponerse al recurso, la apelante aporta testimonio del Auto de 12\/05\/14, en fecha 3\/12\/14, tras haber sido requerido a tal fin en la primera audiencia previa celebrada el 21 de noviembre de 2014, por tanto el Auto de 12 de mayo es aportado con posterioridad a la demanda y audiencia previa. En base a dicho Auto se autoriza a la hoy apelante para ejercitar la saca foral sobre la finca NUM000 y la acci\u00f3n de retracto legal del art.1521 y ss C\u00ba.c . sobre la finca NUM001 de Amorebieta, finca que como igualmente denuncia la parte adversa no es objeto de este procedimiento. La Autorizaci\u00f3n se inst\u00f3 con fecha 11 de marzo de 2014.<\/p>\n

Consta igualmente que la segregaci\u00f3n y venta otorgada en la escritura p\u00fablica de compraventa de 14\/02\/13 y cuya nulidad pretende la parte, se inscribe en el RP de Amorebieta el 15\/03\/13, la demanda se interpone el 12 de junio de 2014, esto es 15 meses mas tarde de dicha inscripci\u00f3n. Como ya hemos recogido la autorizaci\u00f3n judicial para actuar en nombre de su hermano por la actora se insta el 11\/03\/14, y el Auto de autorizaci\u00f3n es de fecha 12 de mayo de 2014, por tanto no puede apreciarse se haya incurrido en la vulneraci\u00f3n que se denuncia por la resoluci\u00f3n de instancia, la parte era perfectamente conocedora de la necesidad de solicitar la autorizaci\u00f3n judicial para el ejercicio de las acciones en nombre de su hermano, y del c\u00f3mputo delos pazos para su ejercicio, contando con la asistencia de letrado.<\/p>\n

En tal sentido el art\u00edculo 123 que se cita como infringido, establece que “Cuando el bien ra\u00edz se enajene sin previo llamamiento, cualquier tronquero cuyo derecho sea preferente al del adquirente podr\u00e1 ejercitar la saca foral, solicitando la nulidad de la enajenaci\u00f3n y que se le adjudique la finca por su justa valoraci\u00f3n. Deber\u00e1 ejercitar este derecho en juicio ordinario, promovido contra el vendedor y comprador, dentro del plazo de tres meses desde la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad o, en defecto de ella, desde que tuvo conocimiento de la enajenaci\u00f3n.” En tal sentido el TSJPV en resoluci\u00f3n del recurso 1\/2003 establece: “Por lo que respecta a la acci\u00f3n de saca foral, que reconoce el art\u00edculo 123 del vigente Fuero Civil de Vizcaya contenido en la Ley<\/p>\n

3\/1992 del Parlamento Vasco (como antes la reconoci\u00f3 el art\u00edculo 57 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava o la Ley del T\u00edtulo XVII del Fuero Nuevo de 1526 o el Cap\u00edtulo 84 del Fuero Viejo de 1452), se trata de un derecho de adquisici\u00f3n cuya vigencia tiene establecido en la ley el plazo de tres meses, a contar desde que se inscriba en el Registro de la Propiedad la enajenaci\u00f3n que lo origina o, en su defecto, desde que el tronquero tuvo conocimiento de la transmisi\u00f3n; y por ello, de acuerdo con los razonamientos expuestos, el expresado plazo es evidentemente de caducidad porque consiste en el periodo de vigencia que la ley concede al derecho de saca, de tal modo que, una vez transcurrido, sin posibilidad de interrupciones, el derecho de adquisici\u00f3n preferente se extingue y, con \u00e9l, la acci\u00f3n de saca concedida para hacerlo valer.”. Y en cuanto al art 27 LMEAP y el derecho de retracto legal art. 1.521 y ss del C\u00ba.c . establece el plazo de 6 meses y 9 d\u00edas respectivamente contados desde su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad y ensud efecto desde que el retrayente hubiere tenido conocimiento, siendo la inscripci\u00f3n de fecha 15 de marzo de 2013.<\/p>\n

En cuanto a la alegada infracci\u00f3n al valorar en c\u00f3mputo de los d\u00edas a quo por la falta del conocimiento expreso de las condiciones de compra, venta de 3 de abril de 2013, ya que no cont\u00f3 con tal conocimiento hasta la suspensi\u00f3n dela audiencia previa de ah\u00ed la falta de litispendencia pasiva necesaria alegada. Se concreta este motivo en sostener que hasta el 21 de noviembre de 2014 la parte apelante no ten\u00eda absoluto conocimiento de las condiciones de compra en particular de que los c\u00f3nyuges de las hermanas Esmeralda Ana hubieran intervenido en la operaci\u00f3n de compraventa, por lo que ante ello no hubiera transcurrido el plazo de caducidad de las acciones ejercitadas, sin embargo de la documentaci\u00f3n existente se observa que tanto de la escritura p\u00fablica de segregaci\u00f3n que aporta la propia actora con su demanda, como de las notas registrales (docs. 3 y 4 aportado con la contestaci\u00f3n a la demanda), se identifica debidamente a los compradores y consta en la copia aportada por la actora de la referida escritura que se le fue facilitada con fecha 5 de mayo, por lo que la parte apelante conoc\u00eda perfectamente las condiciones de la compra con anterioridad a la fecha que dice, 21 de noviembre de 2014, no solo la de 5 de mayo sino desde la fecha de inscripci\u00f3n p\u00fablica de la escritura. Por otro lado y tal y como se alega de contrario a la parte actora incumbe la correcta constituci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal de las acciones a ejercitar.<\/p>\n

Por tanto se ha de estar a lo ya se\u00f1alado en las l\u00edneas precedentes en orden a los plazos de caducidad.<\/p>\n

En tercer lugar se alega infracci\u00f3n del art. 27 LMEA y el correlativo art. 1521 y ss del C\u00ba.c por priorizar la especulaci\u00f3n ante la producci\u00f3n agr\u00edcola y fomentar el minifundismo por parte del \u00f3rgano a quo, ya que la familia de D. Juan Ignacio se ha dedicado a la agricultura en las tierras objeto de la Litis desde el tatarabuelo hasta su sobrino, y de manera profesional, ya que el sobrino es agricultor profesional dedicado a la explotaci\u00f3n agr\u00edcola, encontr\u00e1ndonos ante un supuesto de inter\u00e9s p\u00fablico respecto del art. 27 LMEA, y tambi\u00e9n se cumple lo que para Vizcaya se establece en el Decreto 168\/1997 de 8 de julio . En primer lugar se ha de se\u00f1alar que el Auto de autorizaci\u00f3n judicial otorgado no recoge el ejercicio de la acci\u00f3n del art. 27, lo que ya determina la inviabilidad de la acci\u00f3n , pero es que como razona la resoluci\u00f3n D. Juan Ignacio no re\u00fane tales requisitos, puesto que solo es colindante de una sola de las dos fincas sobre las que se ejercita el retracto legal, la relativa a la finca n\u00ba NUM002 , y por otro lado la acci\u00f3n se ha de dirigir contra el comprador no colindante, y en el caso de autos concurre la previa colindancia del adquirente codemandado en las dos fincas enajenadas tal y como resulta de la escritura de compraventa, doc. n\u00ba5 de la contestaci\u00f3n y en tercer lugar D. Juan Ignacio no re\u00fane la condici\u00f3n de titular de la explotaci\u00f3n agraria prioritaria, de hecho esto es reconocido por la parte si bien se alega que el titular de dicha explotaci\u00f3n es su sobrino, sin que las alegaciones nuevamente referidas al principio de igualdad por tratarse de un incapaz subsanen que no se cumplen los requisitos exigidos para que prospere la acci\u00f3n.<\/p>\n

TERCERO<\/strong> .- En cuanto a la infracci\u00f3n de la valoraci\u00f3n de las pruebas en orden a la acci\u00f3n de saca foral recordar se hace necesario examinar las pruebas que en el caso se aportan, y que a lo largo del desarrollo del juicio oral se practicaron quedando suficientemente reproducidas en soporte inform\u00e1tico que proceder\u00e1 ser reexaminado por esta Sala, por ser cuesti\u00f3n de prueba el hecho alegado para sostener la demanda; no sin antes recordar que como viene reiterando esta Sala en t\u00e9rminos generales que son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y espec\u00edfica al ser sobradamente conocidas, las que expresan que el recurso de apelaci\u00f3n es de los llamados de plena jurisdicci\u00f3n, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de \u00e9stas tanto la comprobaci\u00f3n de la adecuaci\u00f3n e idoneidad de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que se contiene en la resoluci\u00f3n recurrida, como la revisi\u00f3n de todas aquellas operaciones relativas a la valoraci\u00f3n global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a id\u00e9nticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez “a quo”, en la sentencia apelada. Cuando la cuesti\u00f3n debatida por la v\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n es la valoraci\u00f3n de la prueba llevada a cabo por el Juez “a quo” sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciaci\u00f3n probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediaci\u00f3n, contradicci\u00f3n, concentraci\u00f3n y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva<\/p>\n

posici\u00f3n, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, as\u00ed como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narraci\u00f3n de los hechos y la raz\u00f3n del conocimiento de \u00e9stos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoraci\u00f3n en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte inform\u00e1tico del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez “a quo”. De ah\u00ed que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), \u00fanicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador “a quo” de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificaci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica establecida en la resoluci\u00f3n apelada. La revisi\u00f3n jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jur\u00eddica claramente perge\u00f1ada por el legislador: infracci\u00f3n de las normas que regulan la valoraci\u00f3n de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnaci\u00f3n de la sentencia ( art\u00edculo 458.1 LEC ). O Como recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de octubre 2006 , que la ponderaci\u00f3n probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia que sabido es, opera con las ventajas que confieren la inmediaci\u00f3n, oralidad y contradicci\u00f3n, de manera que en esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la cuesti\u00f3n tiene el Tribunal de apelaci\u00f3n, \u00e9ste se limita a verificar si en la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma il\u00f3gica, arbitraria o contraria a las m\u00e1ximas de experiencia o a las reglas de la sana cr\u00edtica. As\u00ed mismo y en cuanto a la valoraci\u00f3n de la prueba es preciso traer a colaci\u00f3n la reiterada doctrina del T.C. relativa a que el recurso de apelaci\u00f3n confiere plenas facultades al \u00f3rgano judicial “ad quem” para resolver cuantas cuestiones se le planteen sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un “novum iudicium” (entre otras SSTC 194\/1990, de 29 de noviembre FJ-5 ; 21\/1993, de 18 de enero , FJ 4 ; 272\/1994, de 17 de octubre FJ 2 ; y 152\/1998, de 13 de julio FJ 2). El Juez o Tribunal de apelaci\u00f3n puede as\u00ed valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderaci\u00f3n que haya efectuado el Juez “a quo”, pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed pues, en la valoraci\u00f3n de la prueba, en principio, debe primar la realizada al efecto por el juzgador de la primera instancia al estar dotada de la suficiente objetividad e imparcialidad de la que carecen las partes al defender particulares intereses, facultad \u00e9sta que si bien sustra\u00edda a las partes litigantes, en cambio, s\u00ed se les atribuye la de aportaci\u00f3n de los medios probatorios que queden autorizados por la ley en observancia a los principios dispositivo y de aportaci\u00f3n de parte, seg\u00fan recogen, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1996 y 7 de octubre de 1997 , sin que ello signifique que ante el planteamiento de un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por una de las partes litigantes el tribunal de la segunda instancia venga obligado a acatar autom\u00e1ticamente los razonamientos valorativos efectuados por el unipersonal de primer grado, habida cuenta que esa valoraci\u00f3n probatoria tiene los propios l\u00edmites que imponen la l\u00f3gica y la racionalidad. De ah\u00ed que el Tribunal Constitucional en sentencia 102\/1994, de 11 de abril , expresara como el recurso de apelaci\u00f3n otorga plenas facultades al Tribunal “ad quem” para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un “novum iudicium”, de lo que cabe colegir que el deber del tribunal de apelaci\u00f3n de comprobar si pese a las facultades del \u00f3rgano judicial “a quo” para la apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba, se incurri\u00f3 por el mismo, para la obtenci\u00f3n de sus resultados, en falta de l\u00f3gica o se omiti\u00f3 todo g\u00e9nero de consideraciones sobre los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, pues de ser as\u00ed, el \u00f3rgano judicial de segunda instancia vendr\u00eda obligado a corregir el indebido proceder del de instancia.<\/p>\n

Como ya recoge la resoluci\u00f3n de instancia, la saca foral es el derecho que corresponde a cualquier tronquero para solicitar, cuando el bien ra\u00edz se enajenare sin previo llamamiento, y ostente preferencia sobre el adquirente, la nulidad de la enajenaci\u00f3n y la adjudicaci\u00f3n de la finca por su justa valoraci\u00f3n. As\u00ed se deduce del primer p\u00e1rrafo del art. 123 LDCF cuando dispone que: Cuando el bien ra\u00edz se enajene sin previo llamamiento, cualquier tronquero cuyo derecho sea preferente al del adquirente podr\u00e1 ejercitar la saca foral, solicitando la nulidad de la enajenaci\u00f3n y que se le adjudique la finca por su justa valoraci\u00f3n.<\/p>\n

El fin de la troncalidad es proteger el car\u00e1cter familiar del patrimonio, manteniendo el bien troncal en la familia troncal. Y son familia troncal o parientes tronqueros, de conformidad con lo establecido por el art. 20: en la l\u00ednea descendente los hijos y dem\u00e1s descendientes, incluso los adoptivos., en la ascendente los ascendientes de la l\u00ednea de donde proceda la ra\u00edz y en la colateral Los parientes que lo sean por la l\u00ednea paterna o materna de donde proceda la ra\u00edz.<\/p>\n

La saca tiene como finalidad \u00abla conservaci\u00f3n de la ra\u00edz en el patrimonio del tronquero, consecuencia de ser la troncalidad una instituci\u00f3n b\u00e1sica del Derecho foral vizca\u00edno, es de naturaleza compleja y est\u00e1 informando toda la estructura de \u00e9ste, debiendo ser entendida e interpretada en la conjunci\u00f3n arm\u00f3nica de su diversas instituciones, y en su manifestaci\u00f3n m\u00e1s directa consiste en la adscripci\u00f3n de determinados bienes ra\u00edces a la familia, para la que han encaminado a obtener la mayor estabilidad econ\u00f3mica de la familia troncal, por lo que la conservaci\u00f3n del bien ra\u00edz en el patrimonio familiar, a trav\u00e9s de su titular individual, no constituye una imposici\u00f3n legal para el pariente tronquero, sino una libre determinaci\u00f3n de \u00e9ste, y, por tanto, no es dable exigir al tronquero, cuando adquiere la ra\u00edz troncal, el prop\u00f3sito de conservarla en su patrimonio, pudiendo trasmitirla en el tiempo y ocasi\u00f3n que mejor le convenga, siempre que, al verificarlo, guarde y respete el derecho de los otros tronqueros\u00bb (TSJ Pa\u00eds Vasco S 11 Sep. 1992). El derecho surge por tanto, cuando el bien ra\u00edz se transmite, o bien a un extra\u00f1o a la familia o a un pariente tronquero pero de l\u00ednea posterior sin que el que ejerce la saca haya podido tener la opci\u00f3n de adquirirla a trav\u00e9s de los llamamientos forales que dispone la ley. El efecto no es otro que declarar la nulidad de la venta efectuada contraviniendo tal obligaci\u00f3n, y adjudicar al pariente tronquero la finca ra\u00edz por su justa valoraci\u00f3n.<\/p>\n

Pues bien, la sentencia no yerra cuando del examen de las pruebas dictamina que no existe la cualidad en este caso de pariente tronquero respecto de la finca NUM000 , si transmitente y tronquero han de descender de un ascendiente com\u00fan que posey\u00f3 el bien ra\u00edz, no se da tal parentesco, con las hermanas Rosalia , Africa y Emilia que trasmitieron por venta la finca a Martina y Justo , el 14\/10\/1991 (folios 267 y 268) y como ya recoge la sentencia nadie ejercit\u00f3 en su d\u00eda ning\u00fan presunto derecho de saca,, no existiendo parentesco troncal respecto de la compraventa delas fincas NUM002 y NUM003 , segregadas de la NUM000 y que Martina y Justo , transmitieron a las hermanas Ana Esmeralda y a sus respetivos c\u00f3nyuges.<\/p>\n

Finalmente en cuanto a la infracci\u00f3n del art. 1.523 C\u00ba.c . , se ejercita sobre la FINCA000 , finca n\u00ba NUM002 , y nuevamente tal acci\u00f3n deviene inviable al no haber sido autorizada en el Auto de autorizaci\u00f3n judicial de 12\/05\/14, y en todo caso y al margen dela extensi\u00f3n que se dice a favor de la parte apelante, dicha acci\u00f3n se encuentra caducada a la vista de los plazos anteriormente expuestos, sin que las alegaciones relativas a la supuesta mala fe de la parte contraria permitan en todo caso una estimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n revocatoria que en el recurso se articula.<\/p>\n

CUARTO<\/strong> .- Las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante, arts. 394 y 398 LEC .<\/p>\n

QUINTO<\/strong> .- La disposici\u00f3n adicional 15\u00aa de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el dep\u00f3sito previo que ha de constituirse para la interposici\u00f3n de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisi\u00f3n del recurso y la confirmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, determinar\u00e1 la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que con DESESTIMACION<\/strong> del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Raquel frente a la sentencia dictada por la UPAD de 1\u00aa Instancia n\u00ba 1 de Durango, en autos de Procedimiento Ordinario 270\/14, con fecha 2 de febrero de 2016, DEBEMOS CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS<\/strong> dicha resoluci\u00f3n, con imposici\u00f3n a la parte apelante de las costas de esta alzada.<\/p>\n

Transfi\u00e9rase el dep\u00f3sito por la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de dep\u00f3sitos de recursos inadmitidos y desestimados.<\/p>\n

MODO DE IMPUGNACI\u00d3N<\/strong> : contra esta resoluci\u00f3n cabe recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del TS, si se acredita inter\u00e9s casacional. El recurso se interpondr\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculos 477 y 479 de la LECn ).<\/p>\n

Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habr\u00e1 de interponerse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los VEINTE D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n ( art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LECn ).<\/p>\n

Para interponer los recursos ser\u00e1 necesaria la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el Banco Santander con el n\u00famero 4703 0000 00 0178 16. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo<\/p>\n

04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al interponer los recursos ( DA 15\u00aa de la LOPJ ).<\/p>\n

Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n

Al escrito de interposici\u00f3n deber\u00e1 acompa\u00f1arse, adem\u00e1s, el justificante del pago de la tasa judicial debidamente validado, salvo que concurra alguna de las exenciones previstas en la Ley 10\/2012.<\/p>\n

Firme que sea la presente resoluci\u00f3n devu\u00e9lvanse los autos originales al juzgado del que proceden, con certificaci\u00f3n de la misma, para su conocimiento y cumplimineto.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, de la que se unir\u00e1 testimonio al rollo de su raz\u00f3n, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N<\/strong> .- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los\/las Ilmos\/as. Sres\/as. Magistrados\/ as que la firman y le\u00edda por el\/la Ilmo\/a. Magistrado\/a Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Conocimiento del actor de las condiciones de la transmisi\u00f3n de bienes troncales antes de la inscripci\u00f3n y su incidencia en el c\u00f3mputo de la caducidad de la saca foral.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[656,935,666],"materia":[1264],"organo":[1883],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10713","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-bienes-troncales","tag-computo-de-los-plazos","tag-saca-foral","materia-subseccion-segunda-de-los-derechos-troncales-de-adquisicion-preferente","organo-seccion-3a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10713"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10713"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10713"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10713"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}