{"id":10702,"date":"2025-10-06T12:57:06","date_gmt":"2025-10-06T10:57:06","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/tsj-pais-vasco-contencioso-19-10-2015\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:53","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:53","slug":"tsj-pais-vasco-contencioso-19-10-2015","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/tsj-pais-vasco-contencioso-19-10-2015\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 19 de octubre de 2015"},"content":{"rendered":"<p>Roj: <strong>STSJ PV 3397\/2015<\/strong> &#8211; <strong>ECLI:ES:TSJPV:2015:3397<\/strong><\/p>\n<p>Id Cendoj: <strong>48020330012015100457<\/strong><\/p>\n<p>\u00d3rgano: <strong>Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso<\/strong><\/p>\n<p>Sede: <strong>Bilbao<\/strong><\/p>\n<p>Secci\u00f3n: <strong>1<\/strong><\/p>\n<p>Fecha: <strong>19\/10\/2015<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Recurso: <strong>480\/2015<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Resoluci\u00f3n: <strong>434\/2015<\/strong><\/p>\n<p>Procedimiento: <strong>Recurso apelaci\u00f3n Ley 98<\/strong><\/p>\n<p>Ponente: <strong>LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA<\/strong><\/p>\n<p>Tipo de Resoluci\u00f3n: <strong>Sentencia<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PA\u00cdS VASCO<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECURSO DE APELACI\u00d3N N\u00daMERO 480\/2015 SENTENCIA N\u00daMERO 434\/2015<\/em><\/strong><\/p>\n<p>ILMOS. SRES<\/p>\n<p>PRESIDENTE:<\/p>\n<p>D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFAN\u00cdA<\/p>\n<p>MAGISTRADOS:<\/p>\n<p>D. JUAN ALBERTO FERN\u00c1NDEZ FERN\u00c1NDEZ<\/p>\n<p>D\u00aa. MARGARITA D\u00cdAZ P\u00c9REZ<\/p>\n<p>En la Villa de Bilbao, a diecinueve de octubre de dos mil quince.<\/p>\n<p>La Secci\u00f3n Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, compuesta por los Ilmos. Sres. antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia n\u00famero 69, dictada el 23-4-2015 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n\u00famero Tres de Bilbao en el recurso contencioso-administrativo n\u00famero 286\/2013 , en el que se impugna el Acuerdo de Bilbao Zarbitzuak de 20-6-2013, que eleva a definitivo su acuerdo de fecha 8-11-2012 e incluye la declaraci\u00f3n de caducidad de los derechos existentes sobre el Pante\u00f3n de 2\u00aa clase n\u00famero NUM000 de la DIRECCION000 y sobre las sepulturas NUM001 , manzana NUM003 y NUM002 manzana NUM003 del Cementerio Municipal de Bilbao.<\/p>\n<p>Son parte:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>APELANTE<\/strong> : D\u00aa. Asunci\u00f3n , D. Baldomero y D\u00aa. Fermina , representados por la Procuradora D\u00aa. MAR\u00cdA ROSARIO MART\u00cdNEZ GONZ\u00c1LEZ y dirigidos por el Letrado D. JUAN CARLOS ZABALO ARENA.<\/p>\n<p>&#8211; <strong>APELADA<\/strong> : BILBAO ZERBITZUAK, representado por la Procuradora D\u00aa. LUCILA CANIVELL CHIRAPOZU y dirigido por la Letrada D\u00aa. SILVIA PEREA MU\u00d1OZ.<\/p>\n<p>Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFAN\u00cdA.<\/p>\n<p><strong>I .-<\/strong><\/p>\n<p><a id=\"bookmark1\"><\/a><strong>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n<p><strong>PRIMERO.-<\/strong> Contra la sentencia identificada en el encabezamiento, se interpuso por D\u00aa. Asunci\u00f3n , D. Baldomero y D\u00aa. Fermina recurso de apelaci\u00f3n ante esta Sala, suplicando se dictase sentencia de conformidad con sus pedimentos.<\/p>\n<p><strong>SEGUNDO.-<\/strong> El Juzgado admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n, dando traslado a la otra parte para que en el plazo de quince d\u00edas pudiera formalizar la oposici\u00f3n al mismo, y en su caso, la adhesi\u00f3n a la apelaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>TERCERO.-<\/strong> Tramitada la apelaci\u00f3n por el Juzgado, y recibidos los autos en la Sala, se design\u00f3 Magistrado Ponente, y no habi\u00e9ndose acordado el recibimiento a prueba, ni la celebraci\u00f3n de vista o conclusiones, se se\u00f1al\u00f3 para la votaci\u00f3n y fallo el d\u00eda 15-10-2015, en que tuvo lugar la diligencia, quedando los autos conclusos para dictar la resoluci\u00f3n procedente.<\/p>\n<p><strong>CUARTO.-<\/strong> Se han observado las prescripciones legales en la tramitaci\u00f3n del presente recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark3\"><\/a><strong>II .- FUNDAMENTOS JUR\u00cdDICOS<\/strong><\/p>\n<p><strong>PRIMERO.-<\/strong> Se combate en este recurso de apelaci\u00f3n la sentencia n\u00ba 69\/2.015, de 23 de Abril de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n\u00ba 3 de Bilbao, en el R .C- A n\u00ba 286\/2.013 .<\/p>\n<p>Dicha sentencia de instancia desestimaba el recurso interpuesto contra el Acuerdo de la sociedad p\u00fablica demandada de 20 de Junio de 2.013 que elevaba a definitivo el de 8 de Noviembre de 2.012 del Consejo de Administraci\u00f3n de Bilbao Zerbitzuak-Servicios, por el que se declaraba la caducidad de la concesi\u00f3n de los derechos sobre el pante\u00f3n de 2\u00aa clase n\u00ba NUM000 , y sobre las sepulturas NUM001 y NUM002 (manzana NUM003 ), del Cementerio municipal de Bilbao, de la que son titulares los recurrentes, declarando su conformidad a derecho; con imposici\u00f3n a la parte actora de las costas causadas.<\/p>\n<p>Se funda el recurso de apelaci\u00f3n en motivos que se enuncian del siguiente modo;<\/p>\n<p>1\u00aa).- <strong>Car\u00e1cter perpetuo de los derechos de que trata este recurso de apelaci\u00f3n.<\/strong> Sostiene, en resumen, que el Tribunal Supremo ha reconocido la posibilidad de que existan <em>derechos perpetuos<\/em> sobre los enterramientos existentes en los cementerios municipales, por ejemplo, sentencias de fecha 1 de julio de 1989 , 3 de noviembre de 1992 , 6 de octubre de 1994 , y 11 de octubre de 1999 .<\/p>\n<p>Tal car\u00e1cter tendr\u00edan los derechos funerarios que fueron de Don Carlos Antonio , arquitecto del referido cementerio de Vista Alegre de acuerdo con la donaci\u00f3n que en reconocimiento de su m\u00e9ritos respecto de dicha obra le hizo el propio Ayuntamiento el 9 de enero de 1.902, sin incurrir luego en ingratitud, como demuestran los honores municipales al fallecer en 1.933. Y lo mismo respecto de Do\u00f1a Josefina , que pag\u00f3 en 1.901 al obtener las sepulturas 187 pesetas con arreglo al detalle hist\u00f3rico que se refleja. El t\u00edtulo de propiedad de las sepulturas se remit\u00eda al Reglamento del Cementerio entonces vigente, que declaraba que <em>&#8220;las concesiones de sepulturas se har\u00e1n a perpetuidad o temporalmente&#8221;<\/em> , y como en el t\u00edtulo adquisitivo no se establec\u00eda l\u00edmite de tiempo, hay que concluir que no lo ten\u00edan, en caso contrario, hubo de expresarlo, como exige la buena fe. Incurre en mala fe la pretensi\u00f3n de tener por temporales las que fueron perpetuas. &#8211; Articulo 7.2 CC -.<\/p>\n<p>A\u00f1ade que el art\u00edculo 97 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas , confirma el car\u00e1cter dominical de los derechos funerarios.<\/p>\n<p><strong>2\u00aa).- El r\u00e9gimen de caducidad contenido en el actual reglamento y en cualquier norma posterior a la fecha de las concesiones no puede tener efecto retroactivo:<\/strong><\/p>\n<p>Se indica en este apartado que las normas que se citan en los acuerdos recurridos &#8211; art\u00edculo 25.2 de la Ley 7\/19 .85 de 2 de abril; art\u00edculos 4 y 5 del Real Decreto 1372\/1986, de 13 de junio ; art\u00edculo 1271 del C\u00f3digo Civil ; art\u00edculo 126 de la Ley del Patrimonio del Estado de 1964 ; art\u00edculo 93 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre ; o art\u00edculo 38 del Reglamento de Cementerios de Bilbao de 17 de septiembre de 2012 &#8211; no pueden alterar el car\u00e1cter perpetuo de unos derechos funerarios que tuvieron su origen en fechas muy anteriores a las de las normas invocadas por la Administraci\u00f3n, y fueron constituidos al amparo del Reglamento del Cementerio vigente en 1902, que expresamente les atribu\u00eda un car\u00e1cter perpetuo.<\/p>\n<p>Rechaza asimismo la cita de la STS de 7 de diciembre de 2000, (Rec.3061\/1995 ), en tanto discute la aplicaci\u00f3n de una Ordenanza de car\u00e1cter fiscal a una sepultura adquirida antes de su vigencia, cuando el r\u00e9gimen fiscal de cualquier inmueble, como es notorio, cambia continuamente, sin que pueda modificar el contenido de los derechos dominicales que sobre ellos existan.<\/p>\n<p><strong>3\u00ba).- Sujeci\u00f3n al derecho foral de los derechos de que se trata en este recurso de apelaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>Ya que Zamudio es territorio foral, subraya al efecto las previsiones de los art\u00edculos 17 y 19 de la Ley3\/1992, del Derecho Civil Foral del pa\u00eds Vasco.<\/p>\n<p><strong>4\u00ba).- Falta de competencia de Bilbao Zerbitzuak y del Ayuntamiento de Bilbao.<\/strong><\/p>\n<p>Y ello por cuanto la sociedad gestora carece de facultades para declarar la caducidad de los derechos existentes sobre los enterramientos pues no fue la que constituy\u00f3 los derechos de que se trata, ya que esa<\/p>\n<p>sociedad era inexistente en el a\u00f1o 1918, cuando se produjo la adquisici\u00f3n de los derechos; por otro lado, el suelo del Cementerio Municipal de Bilbao, antes de Vista Alegre, no puede considerarse dominio p\u00fablico pues fue adquirido por el Ayuntamiento de Bilbao de sujetos particulares y no del Ayuntamiento de Zamudio, en cuyo territorio se halla, de modo que, de calificarse como demanial, tendr\u00eda que ser el Ayuntamiento de Zamudio, y no el de Bilbao, el que lo recuperase, y declarase la extinci\u00f3n de los derechos funerarios. Incurre por consiguiente la actuaci\u00f3n impugnada en vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 62.1 b) de la ley 30\/1992, de 26 de noviembre .<\/p>\n<p><strong>5\u00ba).- La sentencia apelada incurre en error de hecho porque los actos impugnados no se han notificado en su integridad a los interesados<\/strong> . Con ello se habr\u00edan vulnerado los art\u00edculos 33 , 58 , 59 y 60 de la ley 30\/1992 , y tambi\u00e9n el art\u00edculo 53 del Reglamento del Cementerio , ya que no se han comunicado los actos impugnados a los titulares de los enterramientos ni a los herederos, pese a conocer sus nombres y domicilios por la actuaci\u00f3n en 2.007 del Sr. Ceferino , al que en 2.013 solo se inform\u00f3 verbalmente sobre la caducidad pidiendo su notificaci\u00f3n formal que se iba a efectuar de manera incompleta. Dado que los originarios titulares nunca vivieron en la CALLE000 n\u00ba NUM004 ni en DIRECCION001 n\u00ba NUM005 , sin en CALLE001 n\u00ba NUM006 , ning\u00fan pariente pod\u00eda recoger la notificaci\u00f3n. Se rechaza as\u00ed el criterio del Juzgado <em>&#8220;a quo&#8221;<\/em> de que pueda entenderse realizada con el representante de los titulares, y se efectuaron a un supuesto pariente en la primera, y en la DIRECCION001 a Do\u00f1a Fermina , pero respecto de los enterramientos NUM007 y NUM008 de la manzana NUM009 de que es titular (RCA n\u00ba 234\/13 del Juzgado n\u00ba 2). Consta en la notificaci\u00f3n los nombres de los hermanos Fermina Baldomero Asunci\u00f3n y de los t\u00edos Urbano , referidos a los enteramientos de Do\u00f1a Leocadia . Deduce de ellos la indefensi\u00f3n de los interesados.<\/p>\n<p><strong>6\u00aa).- Desviaci\u00f3n de poder.<\/strong><\/p>\n<p>En tanto la Administraci\u00f3n ha declarado la caducidad de los derechos existente a fin de obtener un lucro il\u00edcito y no para recuperar el dominio p\u00fablico, ofreciendo la posibilidad de adquirir un derecho sobre los mismos enterramientos, limitado en el tiempo, a cambio de una elevada suma, sin devolver lo que en su d\u00eda se pag\u00f3.<\/p>\n<p>Se se\u00f1ala que en el ep\u00edgrafe &#8220;J&#8221; de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaci\u00f3n y aprovechamiento privativo del dominio p\u00fablico municipal, por una sepultura equivalente a cada una de las dos que fueron de D\u00aa. Josefina , se pide la cantidad de 13.426 euros; y concluye que la Administraci\u00f3n solo busca obtener un lucro il\u00edcito, y merece el mismo reproche jur\u00eddico y moral de quien intenta vender dos veces la misma cosa a la misma persona.<\/p>\n<p><strong>7\u00aa).- Car\u00e1cter confiscatorio de la actos impugnados y necesidad de indemnizar.<\/strong><\/p>\n<p>La Administraci\u00f3n no ofrece en los Acuerdos de 8 de noviembre de 2.012 y 20 de junio de 2.013 ninguna compensaci\u00f3n a los titulares de los derechos funerarios afectados por la declaraci\u00f3n de caducidad, pues la posibilidad de renovaci\u00f3n mediante precio no es una verdadera compensaci\u00f3n, vulnerando en consecuencia el art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n , y se cumplen los requisitos establecidos en el art\u00edculo 139 de la Ley 30\/1992 de 26 de noviembre , ya que la Administraci\u00f3n demandada ha causado un da\u00f1o efectivo, de valor econ\u00f3mico, e individualizado, a los titulares de los enterramientos cuya caducidad ha declarado, porque son privados de la posesi\u00f3n de unas sepulturas que hab\u00edan adquirido mediante precio, con car\u00e1cter perpetuo; el da\u00f1o est\u00e1 perfectamente individualizado, y debe cifrarse, al menos, en la cantidad de 60.000 \u20ac en que valora el Pante\u00f3n de Don Carlos Antonio , (segunda clase, capacidad para 6 enterramientos), y la Ordenanza le citada fija su precio en 27.392 \u20ac, adem\u00e1s de por el valor art\u00edstico de la construcci\u00f3n que incorpora. Las de Do\u00f1a Josefina antes citadas se valoran en 15.000 \u20ac, en suma siempre superior a la de 13.721 Euros (sic) que exige la Administraci\u00f3n para cada uno de los dos enterramientos; los titulares de los derechos funerarios no est\u00e1n obligados a soportar las consecuencias patrimoniales de la caducidad de sus derechos; la actuaci\u00f3n impugnada se ha producido en la gesti\u00f3n del servicio p\u00fablico del cementerio; y la reclamaci\u00f3n indemnizatoria se realiza dentro del plazo legal de un a\u00f1o a contar desde que se ha manifestado el da\u00f1o.<\/p>\n<p><strong>9\u00aa).- Vulneraci\u00f3n de los principios constitucionales de seguridad jur\u00eddica y de justicia que informa todo el ordenamiento jur\u00eddico<\/strong> , con exposici\u00f3n del art\u00edculo 103 CE y sometimiento de la Administraci\u00f3n a la ley y el derecho, pues repugna a cualquier ciudadano honrado, ( <em>bonus paterfamilias<\/em> ), que no se compense la declaraci\u00f3n de caducidad de un derecho adquirido con car\u00e1cter perpetuo mediante un desembolso elevado.<\/p>\n<p><strong>SEGUNDO-<\/strong> La entidad apelada <em>&#8220;Bilbao Zerbitzuak-Servicios&#8221;<\/em> se ha opuesto al recurso, se\u00f1alando en s\u00edntesis, el rechazo del car\u00e1cter perpetuo de los derechos a que se alude, por tratarse de concesiones en cementerios municipales, son bienes de dominio y servicio p\u00fablicos, enmarcadas dentro de la figura de la concesi\u00f3n administrativa, por lo tanto, inalienables, inembargables e imprescriptibles, y ello a pesar de las distintas denominaciones que pudieran tener los documentos acreditativos de la titularidad.<\/p>\n<p>Que en relaci\u00f3n a las normas generales y abstractas que ordenan un servicio p\u00fablico, el concesionario est\u00e1 en una situaci\u00f3n jur\u00eddica &#8220;objetiva&#8221; que le implica la carga de soportar las consecuencias econ\u00f3micas de las innovaciones y cambios sobrevenidos en la normativa aplicable.<\/p>\n<p>Que no existe derecho troncal alguno sobre los cementerios; el art\u00edculo 19 de la Ley 3\/1992 de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco \u00fanicamente hace referencia, en cuanto a derecho funerario, a las sepulturas de las iglesias, que tienen un r\u00e9gimen jur\u00eddico especial y no sometido al r\u00e9gimen concesional aplicable a los cementerios municipales.<\/p>\n<p>Que Bilbao Zerbitzuak-Servicios es competente, tanto funcional como org\u00e1nicamente, para tomar acuerdos como los impugnados.<\/p>\n<p>Que la publicaci\u00f3n del Acuerdo recurrido en el BOB se ha ajustado a lo dispuesto en el art\u00edculo 59.6 de la Ley 30\/1992 .<\/p>\n<p>Y que no concurre desviaci\u00f3n de poder, car\u00e1cter confiscatorio, ni lesi\u00f3n antijur\u00eddica, ni por consiguiente deber de indemnizaci\u00f3n, en primer lugar, porque las facultades otorgadas a <em>Bilbao Zerbitzuak Servicios<\/em> como entidad delegada municipal no han sido otras que las de gestionar y regular lo que por delegaci\u00f3n municipal tiene encomendado; y en segundo lugar, porque la resoluci\u00f3n recurrida no hace sino aplicar a la situaci\u00f3n del cementerio de Bilbao la doctrina jurisdiccional del Tribunal Supremo.<\/p>\n<p><strong>TERCERO.-.<\/strong> Para abordar todos los motivos de apelaci\u00f3n con los que, sin hacerse esencial critica de los fundamentos de la Sentencia del Juzgado <em>&#8220;a quo&#8221;,<\/em> los apelantes reiteran sus posiciones de la primera instancia, lo que le cumple a esta Sala es remitirse igualmente a la reciente Sentencia de 3 de setiembre de 2.015, dictada en el recurso de Apelaci\u00f3n n\u00ba 571\/2.004 , en el que con identidad b\u00e1sica de partes se han abordado ya los puntos litigiosos, a salvo de algunas particularidades que ser\u00e1n materia de especial atenci\u00f3n.<\/p>\n<p>Dice as\u00ed la referida Sentencia;<\/p>\n<p>&#8220;Pues bien, esta Sala y Secci\u00f3n en sentencia n\u00ba 556\/2003, de 14 de octubre de 2.003 (rec. n\u00ba 494\/2001 ), con ocasi\u00f3n del examen de alegaci\u00f3n referida a la prescripci\u00f3n adquisitiva de una sepultura, ha sentado criterio al respecto en base a la doctrina jurisprudencial que cita en su fundamento de derecho tercero:<\/p>\n<p>&#8220;De otra parte, nada de lo que se argumenta sobre prescripci\u00f3n adquisitiva de bienes muebles se corresponde con la naturaleza del derecho sobre el que versa la transmisi\u00f3n, pues tal planteamiento se sit\u00faa en las coordenadas del derecho de propiedad, sistem\u00e1ticamente negado por la Jurisprudencia.<\/p>\n<p>Como dice la STS. de 28 de Setiembre de 2.001 , (RJ. 9.132), <em>&#8220;La raz\u00f3n de este acogimiento es que debemos seguir la l\u00ednea jurisprudencial que viene manteniendo esta Sala en sus Sentencias de 6 de Octubre de 1.994 , ( RJ .8.268), 2 de Junio de 1.997, (RJ. 5.171 ), y 14 de Diciembre de 1.998 , (RJ. 1.999\/153), A su tenor, no obstante haber sido un elemento de nuestra cultura tanto popular como administrativa el otorgamiento de sepulturas y enterramientos a perpetuidad, ello no significa que dichos bienes (que por lo dem\u00e1s est\u00e1n fuera del comercio) sean susceptibles de propiedad privada. Ya el art\u00edculo 4.1 del reglamento Municipal de Bienes aprobado por decreto de 27 de Mayo de 1.955, declaraba el dominio p\u00fablico de cementerios y sepulturas, declaraci\u00f3n reiterada en el art\u00edculo 4 del Reglamento de Bienes vigente, aprobado por Real Decreto 1.372\/1.986, de 13 de Junio. Por otra parte el art\u00edculo 60 del Reglamento de Polic\u00eda Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2.263\/1.974, de 20 de Julio, dispone en su apartado b) que respecto a los cementerios municipales son derechos y deberes de los Ayuntamientos la distribuci\u00f3n y concesi\u00f3n de parcelas y sepulturas&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Es llano que la posici\u00f3n actora contradice abiertamente dicha doctrina, confirmada en las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2004 (rec. n\u00ba 8033\/2000 ) y 24 de noviembre de 2003 (rec. 8016\/2000 ), que con indudable acierto invoca la juzgadora de instancia.<\/p>\n<p>En la primera de las citadas, pretend\u00eda el recurrente la expedici\u00f3n de t\u00edtulo de propiedad de unas sepulturas, rechazado por el Alto Tribunal con los siguientes razonamientos, plenamente extrapolables al supuesto que examinamos: (\u00bf) tal cual sentaba este Tribunal en su sentencia de 24 de noviembre de 2003 :<\/p>\n<p><em>&#8220;Debe reconocerse que la planteada ha sido una cuesti\u00f3n ardua, respecto a la que ha ido pronunci\u00e1ndose la jurisprudencia seg\u00fan la evoluci\u00f3n de los tiempos. Pues se encontraba arraigada la convicci\u00f3n popular de que las sepulturas donde se depositaban los restos de familiares se adquir\u00edan, en su caso, a perpetuidad y se empleaba dicha terminolog\u00eda. Lo cierto es que partiendo de una correcta calificaci\u00f3n en derecho no pod\u00eda estarse a la denominaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos correspondientes como adquisici\u00f3n en propiedad, teniendo en cuenta que se trata de bienes fuera del comercio y la supuesta propiedad se hubiera tenido o ejercido dentro de una propiedad p\u00fablica como eran los cementerios municipales. Por ello se ha ido dictando una jurisprudencia que no siempre ha mantenido el mismo criterio, relativa en ocasiones a casos como el presente en los cuales, habi\u00e9ndose adquirido el enterramiento a perpetuidad en fecha relativamente remota cuando no<\/em><\/p>\n<p><em>estaban perfilados los conceptos jur\u00eddicos, se pretend\u00eda el cambio de titularidad en t\u00e9rminos tales que implicaba una sucesi\u00f3n en la propiedad de la sepultura.<\/em><\/p>\n<p><em>Ello presupon\u00eda la consideraci\u00f3n del derecho como de propiedad, y el car\u00e1cter perpetuo de la cesi\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p><em>No obstante, esta evoluci\u00f3n jurisprudencial ha concluido con nuestras Sentencias de 2 de junio de 1997 y 14 de diciembre de 1998 ( de las que se aparta incidentalmente la de 11 de octubre de 1999 en cuanto a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica) en las que se mantiene que la cesi\u00f3n de sepulturas es un negocio jur\u00eddico concesional sobre el dominio p\u00fablico, y que la expresi\u00f3n &#8220;a perpetuidad&#8221; no puede interpretarse literalmente ya que en cualquier caso los derechos sobre el dominio p\u00fablico no pueden otorgarse durante un plazo superior a 99 a\u00f1os, siendo conforme a derecho que los Ayuntamientos establezcan un plazo menor.<\/em><\/p>\n<p><em>Esta doctrina, que sigue la Sentencia impugnada, debe aplicarse tambi\u00e9n en el caso de autos, lo que nos lleva a no acoger el \u00fanico motivo de casaci\u00f3n invocado y desestimar el recurso. As\u00ed es tanto m\u00e1s cuanto que la recurrente no combate el razonamiento de la Sentencia recurrida, seg\u00fan el cual ya se desprend\u00eda del Estatuto municipal de 1924 que los cementerios, indudablemente de propiedad municipal, eran bienes afectos a un servicio p\u00fablico. Razonamiento \u00e9ste que confluye en cuanto a la l\u00f3gica jur\u00eddica en que se sustenta con el de nuestras Sentencias citadas de 2 de junio de 1997 y 14 de diciembre de 1998 &#8220;.<\/em><\/p>\n<p>Opone el letrado apelante a tal doctrina pronunciamientos judiciales previos del Tribunal Supremo, que como explicita la misma sentencia, han sido superados; y se ampara en el propio t\u00edtulo fechado el 20 de julio de 1918 &#8211; documento n\u00ba 1 de la demanda-, cuando de \u00e9l no se infiere sin ambages un derecho de propiedad sobre la sepultura no sujeto a l\u00edmite temporal alguno, reconducible al r\u00e9gimen general definido en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo Civil , antes bien, tras calificarlo como &#8220;t\u00edtulo de propiedad de la sepultura de adultos\u00bf&#8221; a continuaci\u00f3n alude a su &#8220;concesi\u00f3n\u00bf con sujeci\u00f3n a las condiciones establecidas en el actual Reglamento del Cementerio&#8221;, sin consignar si la concesi\u00f3n se otorgaba a perpetuidad o temporalmente, distinci\u00f3n contenida en el Reglamento para el servicio y administraci\u00f3n del cementerio de Vista Alegre de Bilbao de 1902 entonces vigente; tambi\u00e9n aluden al &#8220;t\u00edtulo de concesi\u00f3n de sepultura..&#8221; los documentos n\u00ba 3 y 4 de los adjuntados al escrito rector del proceso, que se corresponden con las autorizaciones conferidas en el a\u00f1o 2004 por la Junta de Gobierno local para su transmisi\u00f3n a la ahora recurrente, entre otros; esa aparente contradicci\u00f3n y la indeterminaci\u00f3n en la extensi\u00f3n temporal del t\u00edtulo conferido en el a\u00f1o 1918 han de ser necesariamente solventadas en atenci\u00f3n a la doctrina transcrita, en el sentido de considerar que los derechos funerarios en cuesti\u00f3n se adjudican como concesi\u00f3n de dominio p\u00fablico <strong><em>con un l\u00edmite temporal de 99 a\u00f1os<\/em><\/strong> , que el Tribunal Supremo aplica incluso cuando el t\u00edtulo emplea el t\u00e9rmino &#8220;a perpetuidad&#8221;, m\u00e1s a\u00fan si, como es el caso, se trata de concesiones otorgadas sin precisar su duraci\u00f3n, plazo m\u00e1ximo aqu\u00e9l que la actual Ley del Patrimonio, reduce a 75 a\u00f1os, en su art\u00edculo 93.3, al igual que el Reglamento de Cementerios de Bilbao aprobado en el a\u00f1o 2012 para las concesiones de sepulturas (art. 38.1.2.a).<\/p>\n<p>No empece a lo razonado el art\u00edculo 97 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas , que, lejos de confirmar el car\u00e1cter dominical de los derechos funerarios, como se pretende de adverso, atribuye al titular de la concesi\u00f3n, los derechos y obligaciones del propietario solo &#8220;sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas\u00bf&#8221; y &#8220;durante el plazo de validez de la concesi\u00f3n y dentro de los l\u00edmites establecidos en la presente secci\u00f3n de esta ley&#8221;, previendo el art\u00edculo 101 del mismo texto legal , que una vez extinguida la concesi\u00f3n, aqu\u00e9llas &#8220;deber\u00e1n ser demolidas por el titular de la concesi\u00f3n o, por ejecuci\u00f3n subsidiaria, por la Administraci\u00f3n a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el t\u00edtulo concesional o que la autoridad competente para otorgar la concesi\u00f3n as\u00ed lo decida&#8221;.<\/p>\n<p>Cierto es que la doctrina expuesta descansa en la demanialidad de los cementerios y que la normativa que les atribuye la condici\u00f3n de bienes de dominio p\u00fablico es de fecha posterior al otorgamiento de la concesi\u00f3n ( art. 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372\/1986, de 13 de junio \u00bftambi\u00e9n en el precedente, de 27 de mayo de 1955- y art\u00edculo 5.1 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas -), no obstante, adentr\u00e1ndonos en la segunda alegaci\u00f3n, no hay aqu\u00ed una aplicaci\u00f3n retroactiva de la norma, sino labor interpretativa de un t\u00edtulo jur\u00eddico de enterramiento constituido con anterioridad, conforme al vigente r\u00e9gimen jur\u00eddico del dominio p\u00fablico que se proyecta hacia el futuro, de ineludible consideraci\u00f3n, y del que resulta que los cementerios son bienes demaniales afectos a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico local ( arts. 25.2.k ) y 26.1.a) de la Ley de Bases de R\u00e9gimen Local ), tambi\u00e9n el Cementerio municipal de Bilbao, por mucho empe\u00f1o que ponga el recurrente en convencer a la Sala de que se trata de un bien patrimonial del Ayuntamiento en base a la ya remota adquisici\u00f3n a sujetos particulares del suelo sobre el que se asienta; como tal dominio p\u00fablico, es imprescriptible e inalienable ( art. 5 del Reglamento a que se ha hecho menci\u00f3n y art\u00edculo 132.1 de la Constituci\u00f3n ) e impide la propiedad de particulares sobre las sepulturas.<\/p>\n<p>Por lo hasta ahora expuesto, debe decaer asimismo la tercera de las alegaciones, atinente a la sujeci\u00f3n al Derecho Foral de los derechos funerarios en cuesti\u00f3n, aun ubicado el cementerio municipal en territorio foral, que el letrado recurrente sostiene sin reparar en el nuevo marco jur\u00eddico, y la consiguiente y repetida incompatibilidad de una propiedad privada de sepultura con el dominio p\u00fablico; debemos reiterar que en este caso ni siquiera el t\u00edtulo acredita de modo indubitado una adquisici\u00f3n a perpetuidad de la sepultura; de ah\u00ed tambi\u00e9n que la pretendida compensaci\u00f3n por la caducidad de los derechos funerarios (alegaci\u00f3n cuarta), devenga improcedente, porque no hay, empleando los t\u00e9rminos de la parte actora &#8220;confiscaci\u00f3n&#8221;, o privaci\u00f3n singular de una propiedad en origen, ni por ende, vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n ; como tampoco privaci\u00f3n del derecho concesional, que caducar\u00e1 por vencimiento del plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n, el 9 de julio de 2017, lo que excluye el derecho a la indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>(\u00bf.) Del m\u00ednimo rigor jur\u00eddico carece la alegaci\u00f3n siguiente: niega el letrado recurrente la competencia sobre las concesiones municipales constituidas sobre el Cementerio Municipal de Bilbao, tanto de la sociedad Bilbao Zerbitzuak-Servicios, como del Ayuntamiento de Bilbao.<\/p>\n<p>Para motivar debidamente su desestimaci\u00f3n nos obliga el apelante a recordar sint\u00e9ticamente, sin apenas innovar en lo sustancial la argumentaci\u00f3n vertida en la instancia, que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Bases de R\u00e9gimen Local, los municipios tienen conferida competencia sobre la materia de cementerios (art. 25.1.k), que es un servicio que deben prestar todos los municipios (26.1.a); que como tal servicio p\u00fablico local, puede ser gestionado de forma directa por una entidad p\u00fablica empresarial local ( art. 85.2 .A.c); que la gesti\u00f3n directa de los servicios de competencia local mediante estas entidades se rige por lo dispuesto en los art\u00edculos 53 a 60 de la Ley 6\/1997, de 14 de abril, de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del Estado , en cuanto les resultase de aplicaci\u00f3n, con las especialidades que se\u00f1ala el mismo art\u00edculo, entre ellas, que han de ser creadas por el Pleno de la entidad local, quien ha de aprobar asimismo sus estatutos (art. 85 bis 1); y por \u00faltimo, que el Inventario municipal de bienes y derechos del Ayuntamiento de Bilbao, incluye el Cementerio de Vista Alegre-Cementerio municipal, ubicado en la direcci\u00f3n carretera Derio a Munguia.<\/p>\n<p>La creaci\u00f3n de <em>Bilbao Zerbitzuak-Servicios<\/em> se ajusta a las anteriores previsiones: el Ayuntamiento de Bilbao por acuerdo plenario de 23 de septiembre de 2010 aprueba la entidad empresarial local denominada <em>Bilbao Zerbitzuak-Servicios<\/em> , as\u00ed como sus Estatutos, para la administraci\u00f3n gesti\u00f3n y explotaci\u00f3n de los cementerios municipales (art\u00edculo 6.1); tal y como destaca el acuerdo de su Consejo de Gobierno, de 20 de junio de 2013, conforme los Estatutos aprobados: <em>Bilbao Zerbitzuak Servicios<\/em> &#8220;goza de personalidad jur\u00eddica propia, plena capacidad jur\u00eddica de obrar y autonom\u00eda de gesti\u00f3n para el cumplimiento de sus finalidades&#8221;.-&#8220;En consecuencia, para el cumplimiento de sus funciones, propias del r\u00e9gimen jur\u00eddico a que se refiere el art\u00edculo siguiente, podr\u00e1 realizar toda clase de actos de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n&#8221; (art. 1.2 y 3); asume, entre otros servicios y actividades: a) Organizar, gestionar y explotar los Cementerios municipales del Ayuntamiento de Bilbao (\u00bf) d) Gesti\u00f3n de concesiones administrativas, control y rescate, en su caso de las concesiones, en los \u00e1mbitos de los cementerios y crematorios (art. 7.1); y entre sus potestades administrativas se halla: &#8220;a) El otorgamiento, gesti\u00f3n, control y extinci\u00f3n de permisos, licencias y concesiones, en los t\u00e9rminos de la Ordenanzas municipales vigentes y regulaci\u00f3n b\u00e1sica que pudiera establecer el Ayuntamiento de Bilbao y de la propia Entidad, dictada en el ejercicio de las potestades reglamentarias conferidas por aqu\u00e9l&#8221; (art. 8.1 a).<\/p>\n<p>(\u00bf.) Tampoco la alegaci\u00f3n sexta merece favorable acogida, habida cuenta que, seg\u00fan consolidada doctrina, por todas, STS de 20 de junio de 2007 (rec. 8321\/2003 ) la notificaci\u00f3n no es un requisito de validez del acto administrativo, sino de eficacia, y solo desde que se produce comienza el c\u00f3mputo de los plazos de los recursos procedentes; es una garant\u00eda para el administrado porque le permite conocer el acto e impugnarlo; de forma que la falta de notificaci\u00f3n al primer titular de la sepulturas que figura en los t\u00edtulos presentados con la demanda, no incumbe a la actora, ni puede llevar aparejada la nulidad de los acuerdos recurridos, como se solicita en el escrito de recurso. (\u00bf.)<\/p>\n<p>(\u00bf.) Respecto de la desviaci\u00f3n de poder, permanece inc\u00f3lume la apreciaci\u00f3n de la jueza &#8220;a quo&#8221; sobre la ausencia de prueba, no constando ning\u00fan indicio del ejercicio desviado de las potestades administrativas por la entidad demandada, sin que a tal efecto devenga \u00fatil la sola menci\u00f3n de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaci\u00f3n privativa y aprovechamiento especial del dominio p\u00fablico municipal, que podr\u00e1 hallarse viciada de invalidez, mas ni es objeto de este recurso, ni aun cohonestando la previsi\u00f3n que se\u00f1ala el recurrente con la decisi\u00f3n aqu\u00ed recurrida, es en absoluto expresiva de la disfunci\u00f3n que caracteriza ese vicio; es de ver que esta alegaci\u00f3n, al igual que la mayor\u00eda de las esgrimidas en esta sede, tienen como premisa esencial la concesi\u00f3n a perpetuidad en origen de los derechos funerarios en cuesti\u00f3n, de modo que una vez establecido en los fundamentos precedentes su car\u00e1cter temporal al constituir una concesi\u00f3n administrativa sobre el dominio p\u00fablico, que se extingue por caducidad, decae necesariamente la tesis actora sobre el lucro il\u00edcito perseguido por la demandada con los acuerdos recurridos, que, seg\u00fan venimos razonando, son fruto del<\/p>\n<p>recto ejercicio de una potestad administrativa conforme a la normativa aplicable y la jurisprudencia surgida en torno a la limitaci\u00f3n temporal de los derechos funerarios sobre sepulturas en cementerios p\u00fablicos.<\/p>\n<p>En lo que respecta a la declaraci\u00f3n de responsabilidad patrimonial, es preciso significar que en v\u00eda administrativa no se ejercit\u00f3 acci\u00f3n aut\u00f3noma amparada en el art\u00edculo 139 y siguientes de la Ley 30\/1992 , de modo que la indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios pretendida en la demanda solo podr\u00eda enmarcarse en el \u00e1mbito de las medidas adecuadas para el restablecimiento de la situaci\u00f3n jur\u00eddica individualizada reconocida, previa disconformidad a derecho y anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa que se recurre ( art\u00edculo 31 de la Ley Jurisdiccional ) por lo que estar\u00eda abocada al fracaso; en todo caso, comoquiera que se sustenta en la misma err\u00f3nea premisa, procede igualmente su desestimaci\u00f3n; y por la misma raz\u00f3n decae la invocaci\u00f3n del principio de justicia, sin que sea preciso an\u00e1lisis a\u00f1adido.<\/p>\n<p>De lo que se sigue la completa desestimaci\u00f3n del presente recurso.&#8221;<\/p>\n<p><strong>CUARTO.-<\/strong> Si con la anterior amplia referencia a Sentencia que suscita los mismos planteamientos impugnatorios respecto de actuaciones administrativas que se fundan en iguales premisas, -aunque incidan en situaciones particulares estrictas alusivas a distintas concesiones del mismo grupo familiar-, ha de darse por zanjado el debate de la segunda instancia en lo principal, resta a\u00f1adir alguna precisi\u00f3n en torno a unas fundamentaciones que, partiendo de una concepci\u00f3n no exenta de anacronismo surgida del r\u00e9gimen de <em>propiedades especiales<\/em> decimon\u00f3nicas, lleva a los recurrentes a emplear en ocasiones argumentos claramente descontextualizados de la realidad jur\u00eddico-administrativa en que las actuaciones recurridas se insertan.<\/p>\n<p>Asume en este sentido la Sala no haber alcanzado la plena comprensi\u00f3n de las observaciones de los apelantes sobre la invalidez de las notificaciones practicadas que se han reflejado en el cardinal 5\u00ba del F.J. Primero, que presuponen no haberse realizado en el domicilio que tuvieron en vida los titulares originarios Sres. Carlos Antonio y Josefina -fallecidos respectivamente en 1.933 y 1.959-, en b\u00fasqueda de sus herederos, desde\u00f1\u00e1ndose los actos de comunicaci\u00f3n tendencialmente practicados en los domicilios actuales de los titulares que aparecen como principales en cada clase de derecho de enterramiento, -Pante\u00f3n n\u00ba NUM000 y sepulturas de la manzana NUM003 ,-, adem\u00e1s de en el Bolet\u00edn Oficial respectivo y en dos peri\u00f3dicos diarios de la localidad, desde la infundada suposici\u00f3n de que esos domicilios quedan invalidados como lugar de la notificaci\u00f3n por la circunstancia de que en ellos no residieran nunca los finados, aspecto \u00e9ste hacia el que se han orientado indebidamente las inquietudes probatorias de los interesados, -finalmente abordadas mediante Auto de esta Sala de 14 de Julio pasado-.<\/p>\n<p>Debe prevalecer en todo caso, ante la queja de indefensi\u00f3n que sin mayores argumentaciones se deja formulada, que los actos procedimentales de comunicaci\u00f3n tienen el sentido finalista y no rituario de garantizar la recepci\u00f3n por el interesado, &#8211; art\u00edculos 58.2 y 59.1 LRJ-PAC -, y no cabe aducir indefensi\u00f3n si se ha interpuesto el recurso procedente, como es el caso, y ning\u00fan perjuicio procesal les ha parado a dichos interesados como fruto de las afirmadas irregularidades formales a las que se alude, ni se ha dejado muestra de desconocer ya en origen su contenido y alcance, como lo acredita el amplio despliegue impugnatorio al que el proceso ha dado lugar.<\/p>\n<p><strong>QUINTO.-<\/strong> Necesariamente desestimable la apelaci\u00f3n, las costas son de imposici\u00f3n preceptiva en base a lo dispuesto por el art\u00edculo 139.2 de la LJCA<\/p>\n<p>Vistos los preceptos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n, la Sala, (Secci\u00f3n Primera), dicta el siguiente;<\/p>\n<p><strong>F A L L O<\/strong><\/p>\n<p><strong>QUE DESESTIMAMOS DEL RECURSO DE APELACI\u00d3N INTERPUESTO POR LA REPRESENTACI\u00d3N PROCESAL DE DO\u00d1A Asunci\u00f3n , DON Baldomero Y DO\u00d1A Fermina CONTRA LA SENTENCIA N\u00ba 69\/2.015, DE 23 DE ABRIL, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N\u00ba 3 DE BILBAO, EN EL R .C-A ORDINARIO N\u00ba 286\/2.013 RELATIVO A LOS ACTOS ARRIBA MENCIONADOS, Y CONFIRMAMOS LA REFERIDA SENTENCIA APELADA, CON IMPOSICI\u00d3N A LOS APELANTES DE LAS COSTAS PROCESALES DE ESTA SEGUNDA INSTANCIA.<\/strong><\/p>\n<p>Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.<\/p>\n<p>As\u00ed por esta nuestra Sentencia de la que se llevar\u00e1 testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n<p><strong>PUBLICACI\u00d3N<\/strong> .- Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia p\u00fablica la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de<\/p>\n<p>Justicia del Pa\u00eds Vasco, en el d\u00eda de su fecha, de lo que yo el Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia doy fe en Bilbao, a 19 de octubre de 2015.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El TSJ declara que derecho de particulares sobre sepulturas obedece a una concesi\u00f3n de dominio p\u00fablico. El haber sido un elemento de nuestra cultura tanto popular como administrativa el otorgamiento de sepulturas y enterramientos a perpetuidad, no significa que dichos bienes sean susceptibles de propiedad privada. Los cementerios son bienes demaniales afectos a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico local. Luego se acepta la alegaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n demandada de que no pueden ser bienes troncales.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[656,928,919],"materia":[1249],"organo":[1878],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10702","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-bienes-troncales","tag-cementerios","tag-sepulturas","materia-seccion-tercera-de-la-troncalidad-en-bizkaia-aramaio-y-llodio","organo-sala-de-lo-contencioso-administrativo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10702"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10702"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10702"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10702"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}