{"id":10700,"date":"2025-10-06T12:57:06","date_gmt":"2025-10-06T10:57:06","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-del-pais-vasco-contencioso-03-09-2015\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:53","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:53","slug":"stsj-del-pais-vasco-contencioso-03-09-2015","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-del-pais-vasco-contencioso-03-09-2015\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 3 de septiembre de 2015"},"content":{"rendered":"

Roj: STSJ PV 2736\/2015<\/strong> – ECLI:ES:TSJPV:2015:2736<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020330012015100412<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 1<\/strong><\/p>\n

Fecha: 03\/09\/2015<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 571\/2014<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 384\/2015<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Recurso apelaci\u00f3n Ley 98<\/strong><\/p>\n

Ponente: MARGARITA DIAZ PEREZ<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO<\/em><\/strong><\/p>\n

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO<\/em><\/strong><\/p>\n

RECURSO DE APELACI\u00d3N N\u00ba 571\/2014<\/em><\/strong><\/p>\n

SENTENCIA NUMERO 384\/2015<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMOS. SRES.<\/p>\n

PRESIDENTE:<\/p>\n

D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFAN\u00cdA<\/p>\n

MAGISTRADOS:<\/p>\n

D. JUAN ALBERTO FERN\u00c1NDEZ FERN\u00c1NDEZ<\/p>\n

D\u00d1A. MARGARITA D\u00cdAZ P\u00c9REZ<\/p>\n

En la Villa de Bilbao, a tres de septiembre de dos mil quince.<\/p>\n

La Secci\u00f3n 1\u00aa de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, compuesta por los\/as Ilmos. Sres. antes expresados, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso de apelaci\u00f3n, contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n\u00ba 2 de BILBAO (BIZKAIA) en el recurso contencioso-administrativo n\u00famero 234\/2013 , en el que se impugna el Acuerdo de 20 de junio de 2013 de Bilbao Zerbitzuak Sociedad P\u00fablica del Ayuntamiento de Bilbao desestimatorio de las alegaciones formuladas contra el Acuerdo de 8 de noviembre de 2012 de aprobaci\u00f3n definitiva del Acuerdo de fijaci\u00f3n de l\u00edmite temporal a 99 a\u00f1os de las concesiones de unidades de enterramiento otorgadas sin limitaci\u00f3n temporal<\/p>\n

Son parte:<\/p>\n

– APELANTE<\/strong> : Do\u00f1a Palmira , representada por la Procuradora Do\u00f1a MAR\u00cdA ROSARIO MART\u00cdNEZ GONZ\u00c1LEZ y dirigida por el Letrado Don JUAN CARLOS ZABALO ARENA.<\/p>\n

– APELADO<\/strong> : BILBAO ZERBITZUAK SERVICIOS, representada por la Procuradora Do\u00f1a LUCILA CANIVELL CHIRAPOZU y dirigida por la Letrada Do\u00f1a SILVIA PEREA MU\u00d1OZ.<\/p>\n

Ha sido Magistrada Ponente la Ilma. Sra. D\u00aa. MARGARITA D\u00cdAZ P\u00c9REZ.<\/p>\n

<\/a>I.- A N T E C E D E N T E S D E H E C H O<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Contra la sentencia identificada en el encabezamiento, se interpuso por Do\u00f1a Palmira recurso de apelaci\u00f3n ante esta Sala, suplicando se dictase sentencia.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> El Juzgado admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n, dando traslado a la otra parte para que en el plazo de quince d\u00edas pudiera formalizar la oposici\u00f3n al mismo, y en su caso, la adhesi\u00f3n a la apelaci\u00f3n.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> Tramitada la apelaci\u00f3n por el Juzgado, y recibidos los autos en la Sala, se design\u00f3 Magistrado Ponente, y no habi\u00e9ndose solicitado el recibimiento a prueba, ni la celebraci\u00f3n de vista o conclusiones, se se\u00f1al\u00f3 para la votaci\u00f3n y fallo el d\u00eda 2 de julio de 2015, en que tuvo lugar la diligencia, quedando los autos conclusos para dictar la resoluci\u00f3n procedente.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> Se han observado las prescripciones legales en la tramitaci\u00f3n del presente recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

<\/a>I I.- F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Mediante el presente recurso de apelaci\u00f3n, D\u00aa. Palmira impugna la sentencia n\u00ba 107\/2014, de fecha 30 de mayo de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n\u00ba 2 de Bilbao , en el procedimiento ordinario n\u00ba 234\/2013.<\/p>\n

La sentencia reca\u00edda en la instancia desestima \u00edntegramente el recurso contencioso-administrativo formulado contra los Acuerdos -provisional- de 8 de noviembre de 2012 y el de 20 de junio de 2013 -definitivo- tomados por el Consejo de Administraci\u00f3n de Bilbao Zerbitzuak-Servicios, por los que se fija el 9 de julio de 2017 como fecha de vencimiento de la concesi\u00f3n de las unidades de enterramiento, sepulturas n\u00ba 161 y 162 manzana M, del Cementerio municipal de Bilbao, de la que es titular la recurrente, declarando su conformidad a derecho; con imposici\u00f3n a la parte actora de las costas causadas.<\/p>\n

En el fundamento de derecho tercero de la sentencia apelada da respuesta la juzgadora al primer motivo impugnatorio de la demanda, atinente al car\u00e1cter perpetuo de los derechos sobre enterramientos, con transcripci\u00f3n de la sentencia dictada el 19 de marzo de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n\u00ba 5 de Bilbao (procedimiento ordinario n\u00ba 1233\/20139), y cita de las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3\u00aa, n\u00b0 7429\/200 y 3629\/2004 , de las que colige, en s\u00edntesis, que los derechos de uso privativo de las unidades de enterramiento no son, ni pueden ser, otorgados a perpetuidad o por periodo indefinido al afectar a bienes de dominio p\u00fablico.<\/p>\n

En el fundamento de derecho cuarto rechaza la alegada imposibilidad de aplicar a los enterramientos y su concesi\u00f3n, normativa posterior, ex art\u00edculo 9.3 CE , de conformidad con el criterio jurisprudencial mantenido por el Tribunal Supremo Sala 3\u00aa, entre otras, en sus sentencias de fecha de 19-10-2004 (rec. 5774\/2002 ) y 7 de diciembre de 2000 (rec. 3061\/1995 ), que reproduce.<\/p>\n

En el quinto desestima el motivo referido a la sujeci\u00f3n al Derecho Foral y consecuente naturaleza perpetua de los derechos funerarios, con remisi\u00f3n a lo ya argumentado, subrayando que es de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 1271 del C\u00f3digo Civil , supletorio de la Ley Foral, y que no existe derecho troncal alguno sobre los cementerios, ni otro de similar naturaleza, contemplado en el invocado Derecho Foral.<\/p>\n

Igual suerte desestimatoria predica la sentencia apelada, en su fundamento de derecho sexto, de la falta de competencia de Bilbao Zerbitzuak- Servicios, en raz\u00f3n de que es una empresa municipal que gestiona de forma directa el servicio p\u00fablico municipal de cementerio, con competencias para el ejercicio de sus actividades y gestiones entre las cuales est\u00e1 el otorgamiento, gesti\u00f3n, control y extinci\u00f3n de permisos, licencias y concesiones.<\/p>\n

En el fundamento jur\u00eddico s\u00e9ptimo no acoge tampoco la juzgadora el motivo relativo a la falta de notificaci\u00f3n de los actos impugnados, por cuanto se ha practicado notificaci\u00f3n en forma a D\u00aa. Palmira , titular principal de las sepulturas, y al resto de destinatarios con la publicaci\u00f3n en el BOB (26\/12\/2012) y en dos peri\u00f3dicos comarcales en fecha 4\/01\/2013.<\/p>\n

En el fundamento siguiente se desestiman las alegaciones fundadas en el car\u00e1cter confiscatorio de la actuaci\u00f3n administrativa impugnada y la desviaci\u00f3n de poder, \u00e9sta \u00faltima por falta de prueba, y la primera, porque no es de car\u00e1cter expropiatorio, sino que se refiere a bienes de dominio p\u00fablico, no encontr\u00e1ndonos en el supuesto de autos ni en el art. 1\u00b0, ni en el art. 102, ambos de la LEF .<\/p>\n

En los fundamentos de derecho noveno y d\u00e9cimo aborda la pretensi\u00f3n indemnizatoria ejercitada en concepto de responsabilidad patrimonial, desestim\u00e1ndola por no haberse producido lesi\u00f3n antijur\u00eddica alguna que deba ser indemnizada, ya que el actuar declarando la caducidad es conforme a la legalidad y el derecho de uso sobre las sepulturas se extingue en el a\u00f1o 2017 sin derecho a compensaci\u00f3n.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> Interesa la defensa apelante de esta Sala, el dictado de sentencia que revoque la apelada, as\u00ed como los acuerdos impugnados, y en el caso de considerarse ajustada a derecho la declaraci\u00f3n de caducidad de los derechos funerarios que fueron de D\u00aa. Mar\u00eda Purificaci\u00f3n , se declare el derecho de la demandante a ser indemnizada; y ello en base a las alegaciones que enuncia as\u00ed:<\/p>\n

1\u00aa “Car\u00e1cter perpetuo de los derechos de que trata este recurso contencioso-administrativo”:<\/em><\/p>\n

Sostiene, en resumen, que el Tribunal Supremo ha reconocido la posibilidad de que existan derechos perpetuos sobre los enterramientos existentes en los cementerios municipales, por ejemplo, sentencias de fecha 1 de julio de 1989 , 3 de noviembre de 1992 , 6 de octubre de 1994 , y 11 de octubre de 1999 ; tal car\u00e1cter tienen los derechos funerarios que fueron de D\u00aa. Mar\u00eda Purificaci\u00f3n , y de los que es titular actual D\u00aa. Palmira , ya que el t\u00edtulo de propiedad de las sepulturas se remit\u00eda al Reglamento del Cementerio entonces vigente, que declaraba que “las concesiones de sepulturas se har\u00e1n a perpetuidad o temporalmente”, y como en el t\u00edtulo adquisitivo no se establec\u00eda l\u00edmite de tiempo, hay que concluir que no lo ten\u00edan, en caso contrario, hubo de expresarlo, como exige la buena fe.<\/p>\n

Precisa que el uso del t\u00e9rmino “concesi\u00f3n” no significa que los derechos funerarios no sean de naturaleza civil, ni tampoco implica que el suelo del Cementerio Municipal de Bilbao sea demanial, pues, como resulta de la prueba practicada, fue adquirido de sujetos particulares, y el Ayuntamiento de Zamudio no hizo ninguna cesi\u00f3n de suelo demanial al de Bilbao para el establecimiento del Cementerio; adem\u00e1s, en el propio Reglamento del Cementerio de 1902 se dice que el Cementerio de Vista Alegre, hoy Municipal de Bilbao, es una “propiedad” del Ayuntamiento de Bilbao.<\/p>\n

A\u00f1ade que el art\u00edculo 97 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas , confirma el car\u00e1cter dominical de los derechos funerarios.<\/p>\n

2\u00aa “Las normas en que la Administraci\u00f3n pretende basar su actuaci\u00f3n no tienen car\u00e1cter retroactivo”:<\/em><\/p>\n

Se\u00f1ala aqu\u00ed que las normas que se citan en los acuerdos recurridos – art\u00edculo 25.2 de la Ley 7\/1985 de 2 de abril , art\u00edculos 4 y 5 del Real Decreto 1372\/1986, de 13 de junio , art\u00edculo 1271 del C\u00f3digo Civil , art\u00edculo 126 de la Ley del Patrimonio del Estado de 1964 ,<\/strong> art\u00edculo 93 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre , art\u00edculo 38 del Reglamento de Cementerios de Bilbao de 17 de septiembre de 2012 – no pueden alterar el car\u00e1cter perpetuo de unos derechos funerarios que tuvieron su origen en fechas muy anteriores a las de las normas invocadas por la Administraci\u00f3n, y fueron constituidos al amparo del Reglamento del Cementerio vigente en 1902, que expresamente les atribu\u00eda un car\u00e1cter perpetuo.<\/p>\n

Rechaza asimismo la invocaci\u00f3n de la STS de 7 de diciembre de 2000, rec.3061\/1995 , en tanto discute la aplicaci\u00f3n de una Ordenanza de car\u00e1cter fiscal a una sepultura adquirida antes de su vigencia, cuando el r\u00e9gimen fiscal de cualquier inmueble, como es notorio, cambia continuamente, sin que pueda modificar el contenido de los derechos dominicales que sobre ellos existan.<\/p>\n

3\u00aa “Sujeci\u00f3n al derecho foral de los derechos de que se trata en este recurso contencioso-administrativo”:<\/em><\/p>\n

Subraya al efecto que el art\u00edculo 26 del Reglamento del Cementerio de 1902 reconoce la posibilidad de transmitir los derechos funerarios por herencia, legado o donaci\u00f3n entre parientes dentro del sexto grado, por lo que existe la posibilidad de transmitirlos, y de que sean objeto de negocios jur\u00eddicos, incluso de car\u00e1cter contractual, como la donaci\u00f3n; y asimismo que el art\u00edculo 25 de ese Reglamento prev\u00e9 su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, de lo que resulta su naturaleza civil; estando constituidos sobre suelo del t\u00e9rmino municipal de Zamudio, est\u00e1n sujetos al Derecho Foral, y, siendo perpetuos, tienen naturaleza dominical.<\/p>\n

4\u00aa ” Car\u00e1cter confiscatorio de la actuaci\u00f3n impugnada”.<\/em><\/p>\n

Arguye que la Administraci\u00f3n no ofrece en los Acuerdos de 8 de noviembre de 2012 y 20 de junio de 2013 ninguna compensaci\u00f3n a los titulares de los derechos funerarios afectados por la declaraci\u00f3n de caducidad, pues la posibilidad de renovaci\u00f3n mediante precio no es una verdadera compensaci\u00f3n, vulnerando en consecuencia el art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n .<\/p>\n

5\u00aa ” Falta de competencia de Bilbao Zerbitzuak y del Ayuntamiento de Bilbao”.<\/em><\/p>\n

Y ello por cuanto la sociedad gestora no fue la que constituy\u00f3 los derechos de que se trata, pues esta sociedad era inexistente en el a\u00f1o 1918, cuando se produjo la adquisici\u00f3n de los derechos; por otro lado, el suelo del Cementerio Municipal de Bilbao, antes de Vista Alegre, no puede considerarse dominio p\u00fablico pues fue adquirido por el Ayuntamiento de Bilbao de sujetos particulares y no del Ayuntamiento de Zamudio, en cuyo territorio se halla, de modo que de calificarse como demanial, tendr\u00eda que ser el Ayuntamiento de Zamudio, y no el de Bilbao, el que lo recuperase, y declarase la extinci\u00f3n de los derechos funerarios. Incurre por consiguiente la actuaci\u00f3n impugnada en vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 62.1 b de la ley 30\/1992, de 26 de noviembre .<\/p>\n

6\u00aa ” La sentencia apelada incurre en error de hecho porque la demandante, Do\u00f1a Palmira , no figura como primera titular de los enterramientos de que se trata, ni ha sido designada representante de los dem\u00e1s titulares, y los actos impugnados no se notificaron ni publicaron en su integridad, habi\u00e9ndose vulnerado, en consecuencia, los art\u00edculos 33 , 58 , 59 y 60 de la ley 30\/1992 , y tambi\u00e9n el art\u00edculo 53 del Reglamento del Cementerio “:<\/em><\/p>\n

Denuncia que solo se hizo notificaci\u00f3n de los actos impugnados a la recurrente, que no es la titular que figura en primer lugar en los t\u00edtulos de las sepulturas 161 y 162 de la manzana M expedidos por el Ayuntamiento el d\u00eda 4 de agosto de 2004 (documentos n\u00ba 3 y 4 presentados con la demanda), que deben tener preferencia sobre la fichas que aporta la Administraci\u00f3n.<\/p>\n

Y que la notificaci\u00f3n no conten\u00eda el texto \u00edntegro de los actos impugnados, por lo que la Administraci\u00f3n no puede invocar, en defensa de su posici\u00f3n, el p\u00e1rrafo 3 del art\u00edculo 58 de la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre , aunque D\u00aa. Palmira haya reaccionado impugnando la actuaci\u00f3n municipal. Tampoco la publicaci\u00f3n que se hizo de los actos impugnados en el Bolet\u00edn Oficial recoge el acuerdo en su totalidad.<\/p>\n

7\u00aa ” Sobre la desviaci\u00f3n de poder que se observa en la actuaci\u00f3n municipal impugnada en este recurso contencioso-administrativo”:<\/em><\/p>\n

En tanto la Administraci\u00f3n, en vez de compensar la privaci\u00f3n de la posesi\u00f3n de unos enterramientos que tuvo en su origen como perpetuos, se ha limitado a ofrecer a los titulares afectados la posibilidad de renovar la concesi\u00f3n mediante el pago de una elevada cantidad; se resalta que en el ep\u00edgrafe J de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaci\u00f3n y aprovechamiento privativo del dominio p\u00fablico municipal, por una sepultura equivalente a cada una de las dos que fueron de D\u00aa. Mar\u00eda Purificaci\u00f3n , se pide la cantidad de 13.426 euros; y concluye que la Administraci\u00f3n solo busca obtener un lucro il\u00edcito, y merece el mismo reproche jur\u00eddico y moral de quien intenta vender dos veces la misma cosa a la misma persona.<\/p>\n

8\u00aa ” Responsabilidad de la administraci\u00f3n<\/em> “:<\/p>\n

Aduce, en resumen, que se cumplen los requisitos establecidos en el art\u00edculo 139 de la Ley 30\/1992 de 26 de noviembre , ya que la Administraci\u00f3n demandada ha causado un da\u00f1o efectivo, de valor econ\u00f3mico, e individualizado, a los titulares de los enterramientos cuya caducidad ha declarado, porque son privados de la posesi\u00f3n de unas sepulturas que hab\u00edan adquirido mediante precio, con car\u00e1cter perpetuo; el da\u00f1o est\u00e1 perfectamente individualizado, y debe cifrarse, al menos, en la cantidad antes citada de 13.426 euros para cada uno de los dos enterramientos; los titulares de los derechos funerarios no est\u00e1n obligados a soportar las consecuencias patrimoniales de la caducidad de sus derechos; la actuaci\u00f3n impugnada se ha producido en la gesti\u00f3n del servicio p\u00fablico del cementerio; y la reclamaci\u00f3n indemnizatoria se realiza dentro del plazo legal de un a\u00f1o a contar desde que se ha manifestado el da\u00f1o.<\/p>\n

9\u00aa ” Vulneraci\u00f3n del principio de justicia<\/em> “:<\/p>\n

Finalmente alega que la actuaci\u00f3n impugnada vulnera el principio de justicia, que informa todo el ordenamiento jur\u00eddico, pues repugna a cualquier ciudadano honrado, bonus paterfamilias, que no se compense la declaraci\u00f3n de caducidad de un derecho adquirido con car\u00e1cter perpetuo mediante precio.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> Bilbao Zerbitzuak-Servicios se ha opuesto al recurso, arguyendo, en s\u00edntesis:<\/p>\n

Que las concesiones municipales, entre las que se encuentran los cementerios municipales, son bienes de dominio y servicio p\u00fablicos, enmarcadas dentro de la figura de la concesi\u00f3n administrativa, por lo tanto, inalienables, inembargables e imprescriptibles, y ello a pesar de las distintas denominaciones que pudieran tener los documentos acreditativos de la titularidad.<\/p>\n

Que en relaci\u00f3n a las normas generales y abstractas que ordenan un servicio p\u00fablico, el concesionario est\u00e1 en una situaci\u00f3n jur\u00eddica ” objetiva” que le implica la carga de soportar las consecuencias econ\u00f3micas de las innovaciones y cambios sobrevenidos en la normativa aplicable.<\/p>\n

Que no existe derecho troncal alguno sobre los cementerios; el art\u00edculo 19 de la Ley 3\/1992 de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco \u00fanicamente hace referencia, en cuanto a derecho funerario, a las sepulturas de las iglesias, que tienen un r\u00e9gimen jur\u00eddico especial y no sometido al r\u00e9gimen concesional aplicable a los cementerios municipales.<\/p>\n

Que Bilbao Zerbitzuak-Servicios es competente, tanto funcional como org\u00e1nicamente, para tomar acuerdos como los impugnados.<\/p>\n

Que la publicaci\u00f3n del Acuerdo recurrido en el BOB se ha ajustado a lo dispuesto en el art\u00edculo 59.6 de la Ley 30\/1992 .<\/p>\n

Y que no concurre desviaci\u00f3n de poder, car\u00e1cter confiscatorio, ni lesi\u00f3n antijur\u00eddica, ni por consiguiente deber de indemnizaci\u00f3n, en primer lugar, porque las facultades otorgadas a Bilbao Zerbitzuak Servicios como entidad delegada municipal no han sido otras que las de gestionar y regular lo que por delegaci\u00f3n municipal tiene encomendado; y en segundo lugar, porque la resoluci\u00f3n recurrida no hace sino aplicar a la situaci\u00f3n del cementerio de Bilbao la doctrina jurisdiccional del Tribunal Supremo.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> Frente a la denotaci\u00f3n judicial de instancia en punto al car\u00e1cter temporal del derecho otorgado en el a\u00f1o 1918 a favor de D\u00aa. Mar\u00eda Purificaci\u00f3n sobre las sepulturas n\u00ba 161 y 162 sitas en el Cementerio de Vista Alegre, actual Cementerio municipal de Bilbao, insiste el letrado recurrente en el primer motivo de apelaci\u00f3n, en que, de conformidad con el t\u00edtulo aportado con el escrito de demanda, se trata de derechos funerarios “ad perpetuam” sobre un bien de propiedad municipal, y no una concesi\u00f3n de dominio p\u00fablico.<\/p>\n

Pues bien, esta Sala y Secci\u00f3n en sentencia n\u00ba 556\/2003, de 14 de octubre de 2003 (rec. n\u00ba 494\/2001 ), con ocasi\u00f3n del examen de alegaci\u00f3n referida a la prescripci\u00f3n adquisitiva de una sepultura, ha sentado criterio al respecto en base a la doctrina jurisprudencial que cita en su fundamento de derecho tercero:<\/p>\n

“De otra parte, nada de lo que se argumenta sobre prescripci\u00f3n adquisitiva de bienes muebles se corresponde con la naturaleza del derecho sobre el que versa la transmisi\u00f3n, pues tal planteamiento se sit\u00faa en las coordenadas del derecho de propiedad, sistem\u00e1ticamente negado por la Jurisprudencia.<\/em><\/p>\n

Como dice la STS. de 28 de Setiembre de 2.001 , (RJ. 9.132), “La raz\u00f3n de este acogimiento es que debemos seguir la l\u00ednea jurisprudencial que viene manteniendo esta Sala en sus Sentencias de 6 de Octubre de 1.994 , ( RJ .8.268 ), 2 de Junio de 1.997, (RJ. 5.171 ), y 14 de Diciembre de 1.998 , (RJ. 1.999\/153), A su tenor, no obstante haber sido un elemento de nuestra cultura tanto popular como administrativa el otorgamiento de sepulturas y enterramientos a perpetuidad, ello no significa que dichos bienes (que por lo dem\u00e1s est\u00e1n fuera del comercio) sean susceptibles de propiedad privada. Ya el art\u00edculo 4.1 del reglamento Municipal de Bienes aprobado por decreto de 27 de Mayo de 1.955, declaraba el dominio p\u00fablico de cementerios y sepulturas, declaraci\u00f3n reiterada en el art\u00edculo 4 del Reglamento de Bienes vigente, aprobado por Real Decreto 1.372\/1.986, de 13 de Junio. Por otra parte el art\u00edculo 60 del Reglamento de Polic\u00eda Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2.263\/1.974, de 20 de Julio, dispone en su apartado b) que respecto a los cementerios municipales son derechos y deberes de los Ayuntamientos la distribuci\u00f3n y concesi\u00f3n de parcelas y sepulturas”.<\/em><\/p>\n

Es llano que la posici\u00f3n actora contradice abiertamente dicha doctrina, confirmada en las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2004 (rec. n\u00ba 8033\/2000 ) y 24 de noviembre de 2003 (rec. 8016\/2000 ), que con indudable acierto invoca la juzgadora de instancia.<\/p>\n

En la primera de las citadas, pretend\u00eda el recurrente la expedici\u00f3n de t\u00edtulo de propiedad de unas sepulturas, rechazado por el Alto Tribunal con los siguientes razonamientos, plenamente extrapolables al supuesto que examinamos:<\/p>\n

(\u00bf)tal cual sentaba este Tribunal en su sentencia de 24 de noviembre de 2003 : “Debe reconocerse que la planteada ha sido una cuesti\u00f3n ardua, respecto a la que ha ido pronunci\u00e1ndose la jurisprudencia seg\u00fan la evoluci\u00f3n de los tiempos. Pues se encontraba arraigada la convicci\u00f3n popular de que las sepulturas donde se depositaban los restos de familiares se adquir\u00edan, en su caso, a perpetuidad y se empleaba dicha terminolog\u00eda. Lo cierto es que partiendo de una correcta calificaci\u00f3n en derecho no pod\u00eda estarse a la denominaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos correspondientes como adquisici\u00f3n en propiedad, teniendo en cuenta que se trata de bienes fuera del comercio y la supuesta propiedad se hubiera tenido o ejercido dentro de una propiedad p\u00fablica como eran los cementerios municipales. Por ello se ha ido dictando una jurisprudencia que no siempre ha mantenido el mismo criterio, relativa en ocasiones a casos como el presente en los cuales, habi\u00e9ndose adquirido el enterramiento a perpetuidad en fecha relativamente remota cuando no estaban perfilados los conceptos jur\u00eddicos, se pretend\u00eda el cambio de titularidad en t\u00e9rminos tales que implicaba una sucesi\u00f3n en la propiedad de la sepultura. Ello presupon\u00eda la consideraci\u00f3n del derecho como de propiedad, y el car\u00e1cter perpetuo de la cesi\u00f3n.<\/em><\/p>\n

No obstante, esta evoluci\u00f3n jurisprudencial ha conclu\u00eddo con nuestras Sentencias de 2 de junio de 1997 y 14 de diciembre de 1998 ( de las que se aparta incidentalmente la de 11 de octubre de 1999 en cuanto a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica) en las que se mantiene que la cesi\u00f3n de sepulturas es un negocio jur\u00eddico concesional sobre el dominio p\u00fablico, y que la expresi\u00f3n “a perpetuidad” no puede interpretarse literalmente ya que en cualquier caso los derechos sobre el dominio p\u00fablico no pueden otorgarse durante un plazo superior a 99 a\u00f1os, siendo conforme a derecho que los Ayuntamientos establezcan un plazo menor.<\/em><\/p>\n

Esta doctrina, que sigue la Sentencia impugnada, debe aplicarse tambi\u00e9n en el caso de autos, lo que nos lleva a no acoger el \u00fanico motivo de casaci\u00f3n invocado y desestimar el recurso. As\u00ed es tanto m\u00e1s cuanto que la recurrente no combate el razonamiento de la Sentencia recurrida, seg\u00fan el cual ya se desprend\u00eda del Estatuto municipal de 1924 que los cementerios, indudablemente de propiedad municipal, eran bienes afectos a un servicio p\u00fablico. Razonamiento \u00e9ste que confluye en cuanto a la l\u00f3gica jur\u00eddica en que se sustenta con el de nuestras Sentencias citadas de 2 de junio de 1997 y 14 de diciembre de 1998 “.<\/em><\/p>\n

Opone el letrado apelante a tal doctrina pronunciamientos judiciales previos del Tribunal Supremo, que como explicita la misma sentencia, han sido superados; y se ampara en el propio t\u00edtulo fechado el 20 de julio de 1918 – documento n\u00ba 1 de la demanda-, cuando de \u00e9l no se infiere sin ambages un derecho de propiedad sobre la<\/p>\n

sepultura no sujeto a l\u00edmite temporal alguno, reconducible al r\u00e9gimen general definido en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo Civil , antes bien, tras calificarlo como “t\u00edtulo de propiedad de la sepultura de adultos\u00bf”<\/em> a continuaci\u00f3n alude a su ” concesi\u00f3n\u00bf con sujeci\u00f3n a las condiciones establecidas en el actual Reglamento del Cementerio<\/em> “, sin consignar si la concesi\u00f3n se otorgaba a perpetuidad o temporalmente, distinci\u00f3n contenida en el Reglamento para el servicio y administraci\u00f3n del cementerio de Vista Alegre de Bilbao de 1902 entonces vigente; tambi\u00e9n aluden al “t\u00edtulo de concesi\u00f3n de sepultura..”<\/em> los documentos n\u00ba 3 y 4 de los adjuntados al escrito rector del proceso, que se corresponden con las autorizaciones conferidas en el a\u00f1o 2004 por la Junta de Gobierno local para su transmisi\u00f3n a la ahora recurrente, entre otros; esa aparente contradicci\u00f3n y la indeterminaci\u00f3n en la extensi\u00f3n temporal del t\u00edtulo conferido en el a\u00f1o 1918 han de ser necesariamente solventadas en atenci\u00f3n a la doctrina transcrita, en el sentido de considerar que los derechos funerarios en cuesti\u00f3n se adjudican como concesi\u00f3n de dominio p\u00fablico con un l\u00edmite temporal de 99 a\u00f1os, que el Tribunal Supremo aplica incluso cuando el t\u00edtulo emplea el t\u00e9rmino “a perpetuidad”, m\u00e1s a\u00fan si, como es el caso, se trata de concesiones otorgadas sin precisar su duraci\u00f3n, plazo m\u00e1ximo aqu\u00e9l que la actual Ley del Patrimonio, reduce a 75 a\u00f1os, en su art\u00edculo 93.3, al igual que el Reglamento de Cementerios de Bilbao aprobado en el a\u00f1o 2012 para las concesiones de sepulturas (art. 38.1.2.a).<\/p>\n

No empece a lo razonado el art\u00edculo 97 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas , que, lejos de confirmar el car\u00e1cter dominical de los derechos funerarios, como se pretende de adverso, atribuye al titular de la concesi\u00f3n, los derechos y obligaciones del propietario solo ” sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas\u00bf”<\/em> y ” durante el plazo de validez de la concesi\u00f3n y dentro de los l\u00edmites establecidos en la presente secci\u00f3n de esta ley”,<\/em> previendo el art\u00edculo 101 del mismo texto legal , que una vez extinguida la concesi\u00f3n, aqu\u00e9llas ” deber\u00e1n ser demolidas por el titular de la concesi\u00f3n o, por ejecuci\u00f3n subsidiaria, por la Administraci\u00f3n a costa del concesionario, a menos que su mantenimiento hubiera sido previsto expresamente en el t\u00edtulo concesional o que la autoridad competente para otorgar la concesi\u00f3n as\u00ed lo decida”.<\/em><\/p>\n

Cierto es que la doctrina expuesta descansa en la demanialidad de los cementerios y que la normativa que les atribuye la condici\u00f3n de bienes de dominio p\u00fablico es de fecha posterior al otorgamiento de la concesi\u00f3n ( art. 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372\/1986, de 13 de junio \u00bftambi\u00e9n en el precedente, de 27 de mayo de 1955- y art\u00edculo 5.1 de la Ley 33\/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas -), no obstante, adentr\u00e1ndonos en la segunda alegaci\u00f3n, no hay aqu\u00ed una aplicaci\u00f3n retroactiva de la norma, sino labor interpretativa de un t\u00edtulo jur\u00eddico de enterramiento constituido con anterioridad, conforme al vigente r\u00e9gimen jur\u00eddico del dominio p\u00fablico que se proyecta hacia el futuro, de ineludible consideraci\u00f3n, y del que resulta que los cementerios son bienes demaniales afectos a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico local ( arts. 25.2.k ) y 26.1.a) de la Ley de Bases de R\u00e9gimen Local ), tambi\u00e9n el Cementerio municipal de Bilbao, por mucho empe\u00f1o que ponga el recurrente en convencer a la Sala de que se trata de un bien patrimonial del Ayuntamiento en base a la ya remota adquisici\u00f3n a sujetos particulares del suelo sobre el que se asienta; como tal dominio p\u00fablico, es imprescriptible e inalienable ( art. 5 del Reglamento a que se ha hecho menci\u00f3n y art\u00edculo 132.1 de la Constituci\u00f3n ) e impide la propiedad de particulares sobre las sepulturas.<\/p>\n

Por lo hasta ahora expuesto, debe decaer asimismo la tercera de las alegaciones, atinente a la sujeci\u00f3n al Derecho Foral de los derechos funerarios en cuesti\u00f3n, aun ubicado el cementerio municipal en territorio foral, que el letrado recurrente sostiene sin reparar en el nuevo marco jur\u00eddico, y la consiguiente y repetida incompatibilidad de una propiedad privada de sepultura con el dominio p\u00fablico; debemos reiterar que en este caso ni siquiera el t\u00edtulo acredita de modo indubitado una adquisici\u00f3n a perpetuidad de la sepultura; de ah\u00ed tambi\u00e9n que la pretendida compensaci\u00f3n por la caducidad de los derechos funerarios (alegaci\u00f3n cuarta), devenga improcedente, porque no hay, empleando los t\u00e9rminos de la parte actora “confiscaci\u00f3n”, o privaci\u00f3n singular de una propiedad en origen, ni por ende, vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n ; como tampoco privaci\u00f3n del derecho concesional, que caducar\u00e1 por vencimiento del plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n, el 9 de julio de 2017, lo que excluye el derecho a la indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n

QUINTO.-<\/strong> Del m\u00ednimo rigor jur\u00eddico carece la alegaci\u00f3n siguiente: niega el letrado recurrente la competencia sobre las concesiones municipales constituidas sobre el Cementerio Municipal de Bilbao, tanto de la sociedad Bilbao Zerbitzuak-Servicios, como del Ayuntamiento de Bilbao.<\/p>\n

Para motivar debidamente su desestimaci\u00f3n nos obliga el apelante a recordar sint\u00e9ticamente, sin apenas innovar en lo sustancial la argumentaci\u00f3n vertida en la instancia, que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Bases de R\u00e9gimen Local, los municipios tienen conferida competencia sobre la materia de cementerios (art. 25.1.k), que es un servicio que deben prestar todos los municipios (26.1.a); que como tal servicio p\u00fablico local, puede ser gestionado de forma directa por una entidad p\u00fablica empresarial local ( art. 85.2 .A.c); que la gesti\u00f3n directa de los servicios de competencia local mediante estas entidades se rige por lo dispuesto en los art\u00edculos 53 a 60 de la Ley 6\/1997, de 14 de abril, de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del<\/p>\n

Estado , en cuanto les resultase de aplicaci\u00f3n, con las especialidades que se\u00f1ala el mismo art\u00edculo, entre ellas, que han de ser creadas por el Pleno de la entidad local, quien ha de aprobar asimismo sus estatutos (art. 85 bis 1); y por \u00faltimo, que el Inventario municipal de bienes y derechos del Ayuntamiento de Bilbao, incluye el Cementerio de Vista Alegre- Cementerio municipal, ubicado en la direcci\u00f3n carretera Derio a Munguia.<\/p>\n

La creaci\u00f3n de Bilbao Zerbitzuak-Servicios se ajusta a las anteriores previsiones: el Ayuntamiento de Bilbao por acuerdo plenario de 23 de septiembre de 2010 aprueba la entidad empresarial local denominada Bilbao Zerbitzuak-Servicios, as\u00ed como sus Estatutos, para la administraci\u00f3n gesti\u00f3n y explotaci\u00f3n de los cementerios municipales (art\u00edculo 6.1); tal y como destaca el acuerdo de su Consejo de Gobierno, de 20 de junio de 2013, conforme los Estatutos aprobados: Bilbao Zerbitzuak \u00bf Servicios “goza de personalidad jur\u00eddica propia, plena capacidad jur\u00eddica de obrar y autonom\u00eda de gesti\u00f3n para el cumplimiento de sus finalidades”.-“En consecuencia, para el cumplimiento de sus funciones, propias del r\u00e9gimen jur\u00eddico a que se refiere el art\u00edculo siguiente, podr\u00e1 realizar toda clase de actos de administraci\u00f3n y disposici\u00f3n”<\/em> (art. 1.2 y 3); asume, entre otros servicios y actividades: a)Organizar, gestionar y explotar los Cementerios municipales del Ayuntamiento de Bilbao (\u00bf) d) Gesti\u00f3n de concesiones administrativas, control y rescate, en su caso de las concesiones, en los \u00e1mbitos de los cementerios y crematorios<\/em> (art. 7.1); y entre sus potestades administrativas se halla: ” a) El otorgamiento, gesti\u00f3n, control y extinci\u00f3n de permisos, licencias y concesiones, en los t\u00e9rminos de la Ordenanzas municipales vigentes y regulaci\u00f3n b\u00e1sica que pudiera establecer el Ayuntamiento de Bilbao y de la propia Entidad, dictada en el ejercicio de las potestades reglamentarias conferidas por aqu\u00e9l<\/em> ” (art. 8.1 a).<\/p>\n

SEXTO.-<\/strong> Tampoco la alegaci\u00f3n sexta merece favorable acogida, habida cuenta que, seg\u00fan consolidada doctrina, por todas, STS de 20 de junio de 2007 (rec. 8321\/2003 ) la notificaci\u00f3n no es un requisito de validez del acto administrativo, sino de eficacia, y solo desde que se produce comienza el c\u00f3mputo de los plazos de los recursos procedentes; es una garant\u00eda para el administrado porque le permite conocer el acto e impugnarlo; de forma que la falta de notificaci\u00f3n al primer titular de la sepulturas que figura en los t\u00edtulos presentados con la demanda, no incumbe a la actora, ni puede llevar aparejada la nulidad de los acuerdos recurridos, como se solicita en el escrito de recurso.<\/p>\n

En lo que ata\u00f1e a la aqu\u00ed recurrente, se aduce que la notificaci\u00f3n efectuada no conten\u00eda el texto \u00edntegro de esos acuerdos; sin embargo, obran a los folios 6 y 8 del expediente administrativo, respectivamente, copias de los acuses de recibo que acreditan la entrega a la destinataria de la notificaci\u00f3n del acuerdo provisional de 8 de noviembre de 2012, y escrito en el que la Sra. Palmira reconoce el hecho de la notificaci\u00f3n y muestra su oposici\u00f3n a dicho acuerdo, evidenciando el conocimiento de su total contenido, que es ciertamente escueto. No se aprecia, en consecuencia, irregularidad en la notificaci\u00f3n personal practicada. Adem\u00e1s, dicho Acuerdo fue publicado en el BOB n\u00fam. 246, de 26 de diciembre de 2012, en el que se transcribe su texto \u00edntegro.<\/p>\n

Se denuncia el mismo defecto en relaci\u00f3n con la publicaci\u00f3n del Acuerdo de 20 de junio de 2013; empero a los folios 23 y 24 se incorporan los intentos infructuosos de notificaci\u00f3n personal y al folio 33 copia de la p\u00e1gina del BOB de 15 de julio de 2013, que recoge el texto \u00edntegro del acuerdo, se\u00f1alando que el informe jur\u00eddico de legalidad y el expediente completo se encuentra a disposici\u00f3n de los interesados en las oficinas de Bilbao Zerbitzuak-Servicios, lo que permite entender cumplimentadas las exigencias previstas en el art\u00edculo 58.2 y 3 de la Ley 30\/1992 , al que se remite el art\u00edculo 60.2 del mismo texto legal , que en modo alguno imponen la publicaci\u00f3n del informe que motiva el acuerdo.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.-<\/strong> Respecto de la desviaci\u00f3n de poder, permanece inc\u00f3lume la apreciaci\u00f3n de la jueza “a quo” sobre la ausencia de prueba, no constando ning\u00fan indicio del ejercicio desviado de las potestades administrativas por la entidad demandada, sin que a tal efecto devenga \u00fatil la sola menci\u00f3n de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaci\u00f3n privativa y aprovechamiento especial del dominio p\u00fablico municipal, que podr\u00e1 hallarse viciada de invalidez, mas ni es objeto de este recurso, ni aun cohonestando la previsi\u00f3n que se\u00f1ala el recurrente con la decisi\u00f3n aqu\u00ed recurrida, es en absoluto expresiva de la disfunci\u00f3n que caracteriza ese vicio; es de ver que esta alegaci\u00f3n, al igual que la mayor\u00eda de las esgrimidas en esta sede, tienen como premisa esencial la concesi\u00f3n a perpetuidad en origen de los derechos funerarios en cuesti\u00f3n, de modo que una vez establecido en los fundamentos precedentes su car\u00e1cter temporal al constituir una concesi\u00f3n administrativa sobre el dominio p\u00fablico, que se extingue por caducidad, decae necesariamente la tesis actora sobre el lucro il\u00edcito perseguido por la demandada con los acuerdos recurridos, que, seg\u00fan venimos razonando, son fruto del recto ejercicio de una potestad administrativa conforme a la normativa aplicable y la jurisprudencia surgida en torno a la limitaci\u00f3n temporal de los derechos funerarios sobre sepulturas en cementerios p\u00fablicos.<\/p>\n

En lo que respecta a la declaraci\u00f3n de responsabilidad patrimonial, es preciso significar que en v\u00eda administrativa no se ejercit\u00f3 acci\u00f3n aut\u00f3noma amparada en el art\u00edculo 139 y siguientes de la Ley 30\/1992 , de modo que la indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios pretendida en la demanda solo podr\u00eda enmarcarse en el \u00e1mbito de las medidas adecuadas para el restablecimiento de la situaci\u00f3n jur\u00eddica individualizada reconocida, previa disconformidad a derecho y anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa que se recurre ( art\u00edculo 31 de la<\/p>\n

Ley Jurisdiccional ) por lo que estar\u00eda abocada al fracaso; en todo caso, comoquiera que se sustenta en la misma err\u00f3nea premisa, procede igualmente su desestimaci\u00f3n; y por la misma raz\u00f3n decae la invocaci\u00f3n del principio de justicia, sin que sea preciso an\u00e1lisis a\u00f1adido.<\/p>\n

De lo que se sigue la completa desestimaci\u00f3n del presente recurso.<\/p>\n

OCTAVO<\/strong> .- En virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 139.2 de la Ley Jurisdiccional 29\/1998, procede efectuar condena a la parte apelante sobre las costas devengadas en esta segunda instancia, al no apreciarse la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposici\u00f3n.<\/p>\n

En atenci\u00f3n a lo expuesto, este Tribunal dicta el siguiente<\/p>\n

F A L L O<\/strong><\/p>\n

CON DESESTIMACI\u00d3N DEL RECURSO DE APELACI\u00d3N N\u00daMERO 571 DE 2014, INTERPUESTO POR LA REPRESENTACI\u00d3N PROCESAL DE D\u00aa. Palmira CONTRA LA SENTENCIA N\u00ba 107\/2014, DICTADA EL 30 DE MAYO DE 2014 POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N\u00ba 2 DE BILBAO, EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO N \u00ba 234\/2013, DEBEMOS:<\/p>\n

PRIMERO:<\/strong> CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS LA SENTENCIA APELADA.<\/p>\n

SEGUNDO:<\/strong> CON IMPOSICI\u00d3N A LA PARTE APELANTE DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES DEVENGADAS EN ESTA SEGUNDA INSTANCIA.<\/p>\n

Devu\u00e9lvanse al Juzgado de procedencia los autos originales y el expediente administrativo para la ejecuci\u00f3n de lo resuelto, junto con testimonio de esta sentencia.<\/p>\n

Esta sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra Sentencia de la que se llevar\u00e1 testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N<\/strong> .- Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia p\u00fablica la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, en el d\u00eda de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe en Bilbao, a 3 de septiembre de 2015.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El TSJ declara que derecho de particulares sobre sepulturas obedece a una concesi\u00f3n de dominio p\u00fablico. El haber sido un elemento de nuestra cultura tanto popular como administrativa el otorgamiento de sepulturas y enterramientos a perpetuidad, no significa que dichos bienes sean susceptibles de propiedad privada. Los cementerios son bienes demaniales afectos a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico local. Luego se acepta la alegaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n demandada de que no pueden ser bienes troncales.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[656,928,919],"materia":[1221],"organo":[1878],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10700","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-bienes-troncales","tag-cementerios","tag-sepulturas","materia-la-troncalidad","organo-sala-de-lo-contencioso-administrativo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10700","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10700"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10700"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10700"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10700"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10700"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10700"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10700"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}