{"id":10685,"date":"2025-10-06T12:57:05","date_gmt":"2025-10-06T10:57:05","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-contencioso-16-01-2013\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:52","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:52","slug":"stsj-pais-vasco-contencioso-16-01-2013","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-contencioso-16-01-2013\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 16 de enero de 2013"},"content":{"rendered":"

Roj: STSJ PV 2858\/2013<\/strong> – ECLI:ES:TSJPV:2013:2858<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020330022013100336<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 2<\/strong><\/p>\n

Fecha: 16\/01\/2013<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 43\/2011<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 26\/2013<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: CONTENCIOSO – APELACION<\/strong><\/p>\n

Ponente: ANGEL RUIZ RUIZ<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO<\/em><\/strong><\/p>\n

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO<\/em><\/strong><\/p>\n

RECURSO DE APELACI\u00d3N N\u00ba 43\/2011<\/em><\/strong><\/p>\n

SENTENCIA NUMERO 26\/2013<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMOS. SRES.<\/p>\n

PRESIDENTE:<\/p>\n

DO\u00d1A ANA ISABEL RODRIGO LANDAZABAL<\/p>\n

MAGISTRADOS:<\/p>\n

DON \u00c1NGEL RUIZ RUIZ<\/p>\n

DON JOS\u00c9 ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA<\/p>\n

En la Villa de Bilbao, a diecis\u00e9is de enero de dos mil trece.<\/p>\n

La Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, compuesta por los Ilmos. Sres. antes expresados, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de apelaci\u00f3n, contra la sentencia 1920\/2010 de 23 de julio de 2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n\u00ba 2 de Bilbao, que estim\u00f3 el recurso 827\/2008 , seguido por los tr\u00e1mites del Procedimiento Ordinario contra la desestimaci\u00f3n presunta del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Urduliz de 28 de enero de 2008, que desestim\u00f3 la solicitud presentada el 30 de octubre de 2007 por don Bernardino , de nulidad de Convenio Urban\u00edstico para la ordenaci\u00f3n y gesti\u00f3n urban\u00edstica del \u00c1rea n\u00ba 41 << Osteiko<\/em> >> suscrito el 11 de septiembre de 2006 por el Ayuntamiento de Urduliz y do\u00f1a Adelaida .<\/p>\n

Son parte:<\/p>\n

– Apelante<\/strong> : Ayuntamiento de Urduliz, representado por el Procurador don Alberto Arenaza Artabe y dirigido por la Letrada do\u00f1a Nieves Mart\u00edn Raurich.<\/p>\n

– Apelados<\/strong> :<\/p>\n

\u00b7 Don Bernardino , representado por la Procuradora do\u00f1a Mar\u00eda Landa Moreno y dirigido por el Letrado don Emilio Aparicio Santamar\u00eda.<\/p>\n

\u00b7 Do\u00f1a Adelaida<\/p>\n

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. don \u00c1NGEL RUIZ RUIZ.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.-<\/strong> Contra la sentencia identificada en el encabezamiento, se interpuso por el Ayuntamiento de Urduliz recurso de apelaci\u00f3n ante esta Sala, suplicando se dictase sentencia estimando el recurso presentado y revocando por tanto la resoluci\u00f3n de instancia, declarando conforme a Derecho la actuaci\u00f3n impugnada.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/strong> El Juzgado admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n, dando traslado a las dem\u00e1s partes para que en el plazo com\u00fan de quince d\u00edas pudieran formalizar la oposici\u00f3n al mismo, y en su caso, la adhesi\u00f3n a la apelaci\u00f3n.<\/p>\n

Por don Bernardino se present\u00f3, en fecha 20 de octubre de 2010, escrito de oposici\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n formulado de contrario, suplicando se dicte sentencia por la que se proceda a la desestimaci\u00f3n de dicho recurso, declarando la conformidad a derecho de al sentencia apelada, con expresa imposici\u00f3n de costas a la parte apelante.<\/p>\n

En cuanto a la codemandada, do\u00f1a Adelaida , habiendo transcurrido el plazo conferido para oponerse al recurso sin haberlo verificado, se tuvo por caducado el tr\u00e1mite.<\/p>\n

TERCERO.-<\/strong> Tramitada la apelaci\u00f3n por el Juzgado, y recibidos los autos en la Sala, se design\u00f3 Magistrado Ponente, y no habi\u00e9ndose solicitado el recibimiento a prueba, ni la celebraci\u00f3n de vista o conclusiones, se se\u00f1al\u00f3 para la votaci\u00f3n y fallo el d\u00eda 15 de enero de 2013, en que tuvo lugar la diligencia, quedando los autos conclusos para dictar la resoluci\u00f3n procedente.<\/p>\n

CUARTO.-<\/strong> Se han observado las prescripciones legales en la tramitaci\u00f3n del presente recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- Objeto del recurso de apelaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

El Ayuntamiento de Urduliz recurre en apelaci\u00f3n la sentencia 1920\/2010 de 23 de julio de 2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n\u00ba 2 de Bilbao, que estim\u00f3 el recurso 827\/2008 , seguido por los tr\u00e1mites del Procedimiento Ordinario contra la desestimaci\u00f3n presunta del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Urduliz de 28 de enero de 2008, que desestim\u00f3 la solicitud presentada el 30 de octubre de 2007 por don Bernardino , de nulidad de Convenio Urban\u00edstico para la ordenaci\u00f3n y gesti\u00f3n urban\u00edstica del \u00c1rea n\u00ba 41 << Osteiko<\/em> >> suscrito el 11 de septiembre de 2006 por el Ayuntamiento de Urduliz y do\u00f1a Adelaida ; la sentencia, al estimar el recurso, anul\u00f3 los actos recurridos, dej\u00e1ndolos sin efecto, incluido el Convenio Urban\u00edstico referido.<\/p>\n

SEGUNDO.- La sentencia apelada.<\/strong><\/p>\n

Tras identificar los actos recurridos, el planteamiento de demandante, Administraci\u00f3n demandada y de la codemandada do\u00f1a Adelaida , en su FJ 3\u00ba pasa a incorporar la raz\u00f3n de la estimaci\u00f3n del recurso y de la nulidad de los actos recurridos y del Convenio Urban\u00edstico, al se\u00f1alar, con remisi\u00f3n al expediente, como hechos relevantes, que el 11 de septiembre de 2006 la esposa del demandante don Bernardino , do\u00f1a Adelaida , suscribi\u00f3 el Convenio Urban\u00edstico con el Ayuntamiento de Urduliz sobre las fincas que se encontraban ubicadas en el CASERIO000 , fincas que la esposa hab\u00eda heredado de su familia, Convenio no suscrito por el Sr. Bernardino , el demandante en la instancia.<\/p>\n

Relata que el esposo, previa convocatoria del Ayuntamiento, acudi\u00f3 con la esposa a la firma del Convenio, pero que aquel, al leer el contenido, se neg\u00f3 a suscribirlo en presencia del Alcalde y del Secretario, abandonando el Ayuntamiento, tras lo que el Secretario suprimi\u00f3 en el Convenio la referencia al Sr. Bernardino , siendo firmado \u00fanicamente por la esposa y el Alcalde.<\/p>\n

La sentencia precisa, en relaci\u00f3n con el fondo del recurso, que no exist\u00eda duda que el Ayuntamiento conoc\u00eda que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de los esposos era el de comunicaci\u00f3n foral, por haber sido reconocido por ambos c\u00f3nyuges, habiendo actuado siempre bajo el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral, con remisi\u00f3n a la documental aportada por el demandante y la que constaba en el expediente, se\u00f1alando que tambi\u00e9n se deduc\u00eda que el Ayuntamiento convocaba a ambos c\u00f3nyuges para la firma del Convenio, acudiendo \u00e9stos, como as\u00ed se hab\u00eda manifestado tanto por el demandante, en la demanda, como por la esposa, en la contestaci\u00f3n a la demanda, y la hija de ambos en testifical practicada en prueba.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la negativa de la Administraci\u00f3n, el Ayuntamiento, al conocimiento de que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de la Sra. Adelaida era el de comunicaci\u00f3n foral, se recoge en la sentencia que tanto ella como su esposo se\u00f1alaban lo contrario, extra\u00f1ando que si el Ayuntamiento lo ignorase modificara el Convenio despu\u00e9s de que el demandante se negara a firmar y suprimiera toda referencia a \u00e9l, lo que fue corroborado por la hija de ambos que tambi\u00e9n acudi\u00f3 y acompa\u00f1\u00f3 al padre y a la madre al Ayuntamiento permaneciendo cuando se firm\u00f3 el Convenio.<\/p>\n

Con ese punto de partida, al considerar acreditado que el demandante y su esposa se encontraban casados en r\u00e9gimen econ\u00f3mico de comunicaci\u00f3n foral, de lo que ten\u00eda conocimiento el Ayuntamiento a la firma del Convenio, se pasa a determinar si era necesaria la firma de ambos c\u00f3nyuges en la firma del Convenio Urban\u00edstico que suscribi\u00f3 s\u00f3lo la Sra. Adelaida , trasladando lo que significa el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 95 y ss de la Ley de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco , considerando que, de conformidad con su art\u00edculo 99, por la comunidad existente de comunicaci\u00f3n foral es necesario que todos los actos de disposici\u00f3n se realicen con el consentimiento de ambos c\u00f3nyuges, concluyendo que por ello era necesaria la firma de los dos, en concreto, en relaci\u00f3n con el Convenio suscrito con el Ayuntamiento.<\/p>\n

Tras ello pasa a responder al alegato del Ayuntamiento de que la firma del Convenio no era un acto de disposici\u00f3n, para rechazarlo, compartiendo los argumentos de la demanda, en el sentido de que el Convenio Urban\u00edstico afectaba al derecho de propiedad del matrimonio sobre los inmuebles, porque se reasignan a ellos una determinada edificabilidad y se establece la cesi\u00f3n obligatorio al Ayuntamiento de un 50% del incremento edificable, considerando que del contenido del expediente no exist\u00eda duda respecto a que afectaba a las fincas de ambos c\u00f3nyuges porque la titularidad de los inmuebles la ostentaban ambos, insistiendo en que as\u00ed se derivaba del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de comunicaci\u00f3n foral.<\/p>\n

Rechaz\u00f3 que el Ayuntamiento pudiera negar que no conociera la necesaria firma de ambos c\u00f3nyuges en relaci\u00f3n con el Convenio, as\u00ed como que el demandante hab\u00eda mostrado su desacuerdo con el Convenio, lo que fue la raz\u00f3n de no suscribirlo, considerando que, por ello, no era congruente el actuar del Ayuntamiento al dictar la resoluci\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n, al desestimarlo y entre a valorar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de ambos c\u00f3nyuges, cuando, se dice en la sentencia apelada, siempre hab\u00edan actuado con el mismo r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral, lo que consta en el expediente, en la copia de la escritura aportada que acompa\u00f1\u00f3 al Convenio Urban\u00edstico, en la que se indicaba que do\u00f1a Adelaida estaba casada con don Juan Carlos , declarando que era vizca\u00edna aforada y se encontraba bajo el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral [- precisaremos que el apellido Juan Carlos fue sustituido por Bernardino en Expediente n\u00ba NUM000 , como refleja Nota marginal plasmada en la inscripci\u00f3n del matrimonio del Registro Civil de Madrid, folio 7 del expediente -].<\/p>\n

Con ello concluye que el Ayuntamiento no debi\u00f3 suscribir el Convenio por faltar el consentimiento de uno de los titulares de los bienes afectados, lo que consider\u00f3 provocaba que concurriera la causa de nulidad del art\u00edculo 62.1 f) de la Ley 30\/1992 .<\/p>\n

Por ello ratific\u00f3 la conclusi\u00f3n de estimaci\u00f3n del recurso, para declarar la nulidad de los actos recurridos, as\u00ed como del Convenio Urban\u00edstico.<\/p>\n

TERCERO.- El recurso de apelaci\u00f3n del Ayuntamiento de Urduliz.<\/strong><\/p>\n

Interesa de la Sala que dicte sentencia por la que se estime, para revocar la apelada, y declarar conforme a derecho la actuaci\u00f3n impugnada en la instancia.<\/p>\n

Con car\u00e1cter preferente, razona el Ayuntamiento sobre la concurrencia de la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo por falta de legitimidad activa<\/em> , con remisi\u00f3n a la causa del art\u00edculo 69 b) de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n , insistiendo en que el demandante no estaba legitimado para impugnar un Convenio suscrito por la esposa sobre unos bienes que eran de car\u00e1cter privativo.<\/p>\n

Sobre ello considera que la sentencia determina el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio soportado en declaraciones de los esposos e hija, se\u00f1alando que es ajena a la normativa foral de aplicaci\u00f3n, sin que haya sido objeto de an\u00e1lisis en la sentencia, considerando contrario a derecho determinar el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio \u00fanicamente en base a manifestaciones, cuando se obvia que la codemandada y esposa del demandante suscribi\u00f3 el Convenio previa acreditaci\u00f3n de la titularidad privativa de sus bienes, estando al Registro de la Propiedad, y con pleno conocimiento por parte del demandante, habiendo esperado \u00e9ste el plazo de un a\u00f1o para impugnarlo, una vez que hab\u00eda generado todos sus efectos.<\/p>\n

Tras ello se hacen consideraciones sobre el r\u00e9gimen civil aplicable, en concreto en Bizkaia, para insistir en la falta de legitimaci\u00f3n activa para interponer acciones en relaci\u00f3n con bienes privativos del otro c\u00f3nyuge, con remisi\u00f3n a distintos pronunciamientos del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil y, en concreto, en el \u00e1mbito del orden jurisdiccional contencioso administrativo, con cita de la Sentencia 470\/2002 de 23 de abril del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que, se dice, concluye que s\u00f3lo ten\u00eda legitimaci\u00f3n el propietario y no el c\u00f3nyuge si el bien era privativo, aunque exista sociedad de gananciales.<\/p>\n

En los argumentos de fondo, el recurso de apelaci\u00f3n considera, en primer lugar, que la sentencia apelada adolece de exceso de jurisdicci\u00f3n<\/em> al fundamentar el fallo en la determinaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial del demandante, cuesti\u00f3n que excede del \u00e1mbito de la jurisdicci\u00f3n, al proceder su conocimiento a la jurisdicci\u00f3n civil, por lo que se viene a introducir una nueva causa de inadmisibilidad, del art\u00edculo 69 a) de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n , enlazando con las previsiones de su art\u00edculo 3.<\/p>\n

En segundo lugar, considera que es improcedente declarar la nulidad del acto administrativo firme y consentido, cuya anulaci\u00f3n \u00fanicamente proceder\u00eda a trav\u00e9s de la incoaci\u00f3n del correspondiente procedimiento de revisi\u00f3n<\/em> de actos nulos, no siendo procedente declarar la nulidad sin instar la tramitaci\u00f3n del procedimiento de revisi\u00f3n, se\u00f1alando que, en este caso, en v\u00eda administrativo se inst\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad de un actor firme y consentido y que hab\u00eda generado sus efectos<\/em> y el Ayuntamiento inadmiti\u00f3 la incoaci\u00f3n del procedimiento al considerar que el reclamante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n activa, considerando incongruente declarar la nulidad del Convenio, caso de entender el Juzgado que el demandante estaba legitimado para impugnarlo, dado que la sentencia pod\u00eda instar al Ayuntamiento a la incoaci\u00f3n del correspondiente procedimiento de revisi\u00f3n de actos en v\u00eda administrativa, con remisi\u00f3n al art\u00edculo 102 y siguientes de la Ley 30\/92 , pero no declarar la nulidad sin procedimiento de revisi\u00f3n; en relaci\u00f3n con ello se traslada lo que se razon\u00f3 en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 , RJ 4385.<\/p>\n

En el alegato tercero sustantivo, el recurso de apelaci\u00f3n defiende que la sentencia declar\u00f3 que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico que reg\u00eda el matrimonio del demandante era el de comunicaci\u00f3n foral sin tener en cuenta la normativa de aplicaci\u00f3n, precisando que la sentencia obvia que el Ayuntamiento, cuando inadmiti\u00f3 la revisi\u00f3n, la nulidad pretendida por el demandante, daba respuesta a lo solicitado en base a la normativa de aplicaci\u00f3n, cuando, se dice, sin fundamento legal la sentencia hace prevalecer sobre la normativa aplicable las declaraciones de personas con inter\u00e9s directo en el asunto, remiti\u00e9ndose al expediente, folios 8 a 10, para se\u00f1alar que ante alegaciones vertidas por el demandante en la solicitud de que se d\u00e9 inicio de procedimiento de revisi\u00f3n de actos nulos, el Secretario municipal emiti\u00f3 un informe jur\u00eddico en el que se\u00f1alaba que, de conformidad con la legalidad aplicable, no cab\u00eda estimar que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio sea el de comunicaci\u00f3n foral, se\u00f1alando que no se trata de que el Ayuntamiento deba reconocer su existencia sino que el Secretario municipal, de conformidad con el contenido de la reclamaci\u00f3n y analizada la legislaci\u00f3n aplicable, concluy\u00f3 que no exist\u00eda motivo alguno que justificara la estimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n del demandante.<\/p>\n

Insiste en que se obvia que habiendo contra\u00eddo el demandante matrimonio en 1975, en relaci\u00f3n con el tratamiento legal de los bienes privativos de su esposa, resultado de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley de 30 de julio de 1959 sobre Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Bizkaia y \u00c1lava , disponiendo que a falta de contrato sobre los bienes, cuando el marido fuere vizca\u00edno infanz\u00f3n en el momento de celebrarse el matrimonio se entender\u00e1 contra\u00eddo bajo el r\u00e9gimen de la comunicaci\u00f3n foral de bienes, considerando acreditado, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 2 de la Compilaci\u00f3n, que al demandante, en su condici\u00f3n de vecino de Bilbao, cuando contrae matrimonio no le era de aplicaci\u00f3n el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral de los bienes de su esposa, por lo que con tal premisa legal resultaba plenamente justificada la inadmisi\u00f3n de la revisi\u00f3n del acto pretendida por el demandante que se insiste carec\u00eda de legitimaci\u00f3n activa.<\/p>\n

Concluye el Ayuntamiento en su recurso de apelaci\u00f3n insistiendo en que la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de la sentencia apelada sit\u00faa a la Administraci\u00f3n en una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n, dejando a criterio de los c\u00f3nyuges el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de aplicaci\u00f3n al matrimonio y posibilitando impugnaciones extempor\u00e1neas sin base legal alguna, reiterando que constatado que el matrimonio estaba casado en r\u00e9gimen de gananciales, la demanda no deb\u00eda prosperar y por ello se deb\u00eda declarar conforme a derecho la inadmisi\u00f3n de la solicitud de revisi\u00f3n del Convenio, al no haberse acreditado la concurrencia de motivo alguno de nulidad o anulabilidad.<\/p>\n

CUARTO.- Oposici\u00f3n del demandante don Bernardino .<\/p>\n

Interesa la desestimaci\u00f3n y confirmaci\u00f3n de la sentencia apelada.<\/p>\n

Comienza con consideraciones sobre la naturaleza y finalidad del recurso de apelaci\u00f3n<\/em> , para concluir que, en este caso, el recurso de apelaci\u00f3n del Ayuntamiento no cumple con la finalidad de recurso de apelaci\u00f3n, bien por no incorporar cr\u00edtica alguna de la sentencia o por introducir ex novo<\/em> argumentos que no fueron alegados en la instancia.<\/p>\n

Tras ello pasa a responder a los alegatos del apelante.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la pretendida inadmisibilidad del recurso por falta de legitimaci\u00f3n activa<\/em> del art\u00edculo 69 b) de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n , traslada el apelado distintos elementos a tener en cuenta, para remarcar que en el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda no se adujo la falta de legitimaci\u00f3n activa del demandante, que es por lo que no se inst\u00f3 que se dictara sentencia declarando inadmisible el recurso, sino \u00fanicamente se interes\u00f3 del Juzgado la desestimaci\u00f3n.<\/p>\n

Por otro lado, se\u00f1ala que en el escrito del recurso de apelaci\u00f3n se reproduce literalmente la argumentaci\u00f3n aducida en la alegaci\u00f3n previa suscitada en escrito de 14 de enero de 2009, sin que se dirija cr\u00edtica alguna a la argumentaci\u00f3n del Auto por el que se desestim\u00f3, remarcando que, adem\u00e1s, en este caso, tras desestimarse en tr\u00e1mite de alegaciones previas, la administraci\u00f3n demandada no reiter\u00f3 el motivo en el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, como pudo hacerlo; se insiste en que el argumento no incorpora cr\u00edtica alguna del Auto que<\/p>\n

desestim\u00f3 el tr\u00e1mite de alegaciones previas, habi\u00e9ndose actuado con un simple corta y pega, diciendo por ello en ausencia de cr\u00edtica en la decisi\u00f3n en su d\u00eda tomada por el Juzgado.<\/p>\n

En tercer lugar, se\u00f1ala que la inadmisibilidad planteada, aunque lo sea con car\u00e1cter subsidiario, en modo alguno pod\u00eda prosperar porque, remiti\u00e9ndose al Auto del Juzgado que rechaz\u00f3 el planteamiento, la cuesti\u00f3n de fondo que se planteaba era la necesidad o no de la firma del demandante por lo que no cab\u00eda inadmitir el recurso.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con el pretendido exceso de jurisdicci\u00f3n<\/em> , precisa la oposici\u00f3n al recurso de apelaci\u00f3n que si bien el planteamiento del Ayuntamiento con el recurso de apelaci\u00f3n, estando a su t\u00edtulo, se denunciar\u00eda un exceso de jurisdicci\u00f3n, tras leer los argumentos mas bien parece que se traslada un error en la valoraci\u00f3n de la prueba, en relaci\u00f3n con los argumentos que antes recog\u00edamos.<\/p>\n

Tras ello insiste en argumentos que acreditar\u00edan el conocimiento por el Ayuntamiento del r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral de bienes, con alusi\u00f3n a que se exige al demandante el abono de la plusval\u00eda, se le reconoce como propietario de la vivienda unifamiliar a la que quedaba vinculada la finca afectada por el Convenio sobre la que se sit\u00faa la finca y se se\u00f1al\u00f3 al demandante en la relaci\u00f3n de propietarios del \u00c1rea 41 Osteiko que remiti\u00f3 al Ayuntamiento de Sopelana, en relaci\u00f3n con los documentos que se incorporan a las actuaciones, todo ello para ratificar que el Ayuntamiento era pleno conocedor del r\u00e9gimen econ\u00f3mico de comunicaci\u00f3n foral y por ello de la necesidad de que el demandante, ahora apelado, suscribiera el Convenio, remarcando, as\u00ed mismo, que todo ello estar\u00eda avalado estando a la redacci\u00f3n dada a la Estipulaci\u00f3n Cuarta del Convenio, donde se desprende que el Ayuntamiento reconoce el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de comunicaci\u00f3n foral, al reconocer que el incremento edificable residencial lo reciben do\u00f1a Adelaida y don Bernardino , con remisi\u00f3n al folio 13 del Convenio in fine<\/em> , lo que, se dice, adem\u00e1s de evidenciar el conocimiento del Ayuntamiento en cuanto al r\u00e9gimen econ\u00f3mico, se sustenta en la declaraci\u00f3n testifical de do\u00f1a Eufrasia , cuando traslad\u00f3 que el Secretario modific\u00f3 el Convenio tras abandonar su padre las dependencias municipales, tambi\u00e9n se dice que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial consta en la escritura de aceptaci\u00f3n de herencia que se acompa\u00f1\u00f3 al Convenio como Anexo 2.<\/p>\n

Con ello se concluye que se hab\u00eda acreditado que el Ayuntamiento, con un desmesurado af\u00e1n por lograr la firma del Convenio, ha excluido al demandante, ahora apelado, titular de las facultades de disposici\u00f3n objeto del Convenio, a pesar de que conoc\u00eda que se encontraba casado en r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral con do\u00f1a Adelaida .<\/p>\n

Tambi\u00e9n hace consideraciones incluso respecto a los datos que constaban en el Registro de la Propiedad, para precisar que se har\u00edan por el ayuntamiento afirmaciones apod\u00edcticas, en relaci\u00f3n con las conclusiones derivadas de la prueba y traer a colaci\u00f3n la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo con car\u00e1cter prejudicial en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n , que el motivo que se alega se hab\u00eda hecho de forma extempor\u00e1nea porque no se suscit\u00f3 en la instancia, lo que impedir\u00eda a la Sala entrar a conocerlo adem\u00e1s de que se va en contra de los actos propios de la administraci\u00f3n demandada.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la pretendida improcedencia de la declaraci\u00f3n de nulidad<\/em> , se dice que es un motivo del recurso de apelaci\u00f3n que debe ser desestimado, se\u00f1alando, asimismo, que ser\u00eda una cuesti\u00f3n totalmente nueva planteada en segunda instancia<\/em> , trasladando al efecto las pautas reca\u00eddas en distintas sentencias, se\u00f1alando palmario que, en este caso, no se materializ\u00f3, ni en el tr\u00e1mite de contestaci\u00f3n a la demanda, ni en conclusiones, alegato alguno tendente a limitar la declaraci\u00f3n de nulidad interesada en el suplico del escrito de demanda, por lo que es imposible al tribunal entrar a considerar el motivo al que ahora se responde, considerando que, de acogerse, se revocar\u00eda la sentencia con quiebra del principio de congruencia.<\/p>\n

Se\u00f1ala que existe constante y reiterada jurisprudencia sustentada en el principio de econom\u00eda procesal<\/em> que permitir\u00eda al juzgador a quo<\/em> entrar a conocer sobre la petici\u00f3n de nulidad radical del acto cuya desestimaci\u00f3n se haya producido, sin haberse interesado dictamen del Consejo Consultivo, haci\u00e9ndose cita de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 117\/2010 de 12 de febrero , trasladando lo que se razon\u00f3 en sus fundamentos cuarto y quinto.<\/p>\n

Tras ello defiende que se estar\u00eda ante un claro supuesto de nulidad de pleno derecho del art\u00edculo 62. 1f) de la Ley 30\/92 , enlazando con lo que se considera interesada y fraudulenta omisi\u00f3n municipal en la presencia del demandante que ser\u00eda un vicio que no se puede subsanar ni se podr\u00eda moderar en relaci\u00f3n con la clausula del art\u00edculo 106 de la Ley 30\/92 .<\/p>\n

Sobre ello se considera que es una desmesura la cesi\u00f3n del 50%.<\/p>\n

Concluye el demandante, al oponerse al recurso de apelaci\u00f3n, con alusiones sobre el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, para responder a los alegatos del Ayuntamiento, remarcando la idea de pleno conocimiento del Ayuntamiento del r\u00e9gimen econ\u00f3mico antes, durante y despu\u00e9s de la firma del Convenio, a pesar de lo que lo suscribi\u00f3 con infracci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, con cita del art\u00edculo 103.2 de la Constituci\u00f3n ,<\/p>\n

rechazando que se pueda defender la legalidad del convenio cuando se ha acreditado que el Ayuntamiento era pleno conocedor del r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral, precisando que fue as\u00ed hasta el punto de que se cit\u00f3 al demandante para la firma del Convenio como recogi\u00f3 la sentencia apelada.<\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n traslada que, estando acreditada la existencia de la comunicaci\u00f3n foral as\u00ed como el conocimiento municipal, se est\u00e1 ante la imposibilidad de suscribir el Convenio sin el benepl\u00e1cito del demandante, porque as\u00ed lo exige el art\u00edculo 99 de la Ley de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco , en lazando las previsiones de cesi\u00f3n establecidas en su momento por la Ley 11\/98 de 11 de abril, en el 10%, lo que se dice hizo al hoy apelante abstenerse de firmar, se\u00f1alando sino que incluso se habr\u00eda incitado a la esposa a la firma bajo la falsa premisa de que la suscripci\u00f3n del demandante no resultaba necesaria.<\/p>\n

Concluye se\u00f1alando que es comprensible la negativa del demandante, ahora apelado, a firmar un Convenio con una cesi\u00f3n que quintuplicaba lo establecido en la legislaci\u00f3n urban\u00edstica, porque una cosa es que la comunidad participe en las plusval\u00edas urban\u00edsticas y otra distinta que el Ayuntamiento se lucre con las propiedades de los vecinos.<\/p>\n

QUINTO.- Rechazo de las causas de inadmisibilidad<\/em> que traslada el Ayuntamiento de Urduliz con el recurso de apelaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Al resolver las cuestiones que se plantean con el recurso de apelaci\u00f3n, debemos iniciar con las causas de inadmisibilidad que incorpora el Ayuntamiento de Urd\u00faliz para, posteriormente, por ser relevante, dado que se rechazaron las causas de inadmisibilidad, enmarcar cu\u00e1l era la aut\u00e9ntica naturaleza jur\u00eddica del procedimiento en el que recayeron las resoluciones, expresa y presunta, que el Sr. Bernardino recurri\u00f3 ante el Juzgado en el Procedimiento Abreviado 827\/2008.<\/p>\n

I .- En relaci\u00f3n con la falta de legitimaci\u00f3n activa<\/em> , en la que insiste el Ayuntamiento apelante, debemos se\u00f1alar, en primer lugar, que ya en primera instancia se articul\u00f3 como alegaci\u00f3n previa que fue desestimada por auto de 16 de marzo de 2009, resoluci\u00f3n contra la que no cabe recurso, pero que se puede reproducir en el escrito de contestaci\u00f3n, escrito de contestaci\u00f3n, que si analizamos su contenido, no plasm\u00f3 una expresa petici\u00f3n de inadmisibilidad por falta de legitimaci\u00f3n activa en el suplico, aunque s\u00ed encontramos en el cuerpo de la contestaci\u00f3n, como parte del Fundamento de Derecho Segundo, folios 199 a 201, alegatos que se hab\u00edan introducido en fase de alegaciones previas.<\/p>\n

Eso expuesto, debemos concluir que irrelevante es lo que se traslada por el apelado de que se estar\u00eda articulando una pretensi\u00f3n de inadmisibilidad no incorporada con la demanda, sobre todo porque la inadmisibilidad en cuesti\u00f3n no cab\u00eda sino desestimarse.<\/p>\n

Ello porque no se puede confundir lo que es la denominada legitimaci\u00f3n ad causam y la legitimaci\u00f3n ad procesum; cuando el hecho en que se funda el motivo de inadmisibilidad est\u00e1 tan \u00edntimamente ligado a la cuesti\u00f3n de fondo que no es posible resolver aquella sin entrar en el examen de esta, no puede declararse la inadmisibilidad del recurso, como razon\u00f3, por todas, la STS de 20 de abril 2007, reca\u00edda en el recurso de casaci\u00f3n 4804\/2002 . .<\/p>\n

En este momento s\u00f3lo es relevante la legitimaci\u00f3n ad procesum, por lo que no puede rechazarse la legitimaci\u00f3n activa a quien se alza contra un acto administrativo que confirma un Convenio o, mejor dicho, rechaza la petici\u00f3n de nulidad del mismo, dando como respuesta el Ayuntamiento que se tratar\u00eda de bienes privativos de la esposa y no bajo el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral de bienes, como se pretend\u00eda por quien inst\u00f3 la nulidad del Convenio que est\u00e1 en cuesti\u00f3n.<\/p>\n

Por todo ello, s\u00f3lo cabe ratificar la legitimaci\u00f3n activa sin que sea necesario profundizar en lo debatido sobre tal causa de inadmisibilidad, de conformidad con las previsiones del ordenamiento jur\u00eddico, en concreto en relaci\u00f3n con el car\u00e1cter amplio que de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional ya refiere la Ley de la Jurisdicci\u00f3n en su art\u00edculo 19.1 a ), cuando considera legitimadas, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a las personas f\u00edsicas que ostenten un derecho o inter\u00e9s leg\u00edtimo.<\/p>\n

Ello con independencia de que el propio planteamiento del Ayuntamiento lo soporta en negar el punto de partida, lo que est\u00e9 en el fondo del debato, si los bienes afectados por el Convenio eran privativos de la esposa del demandante o estaban sujetos al r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral de bienes.<\/p>\n

II .- En cuanto a la pretensi\u00f3n de inadmisibilidad por exceso de jurisdicci\u00f3n<\/em> , al estimar el Ayuntamiento que se est\u00e1 resolviendo una cuesti\u00f3n propia del orden jurisdiccional civil, hemos de decir, por un lado, que, efectivamente, como se defiende por el apelado no se articul\u00f3 tal causa de inadmisibilidad por el Ayuntamiento en su contestaci\u00f3n, aunque dada la singularidad de tal causa, de concurrir, por ser improrrogable la jurisdicci\u00f3n ( art\u00edculo 5 LRJCA ) deber\u00eda articularse de oficio por el \u00f3rgano judicial, dada la relevancia que tiene el<\/p>\n

resolver cuestiones ajenas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que implicar\u00eda la nulidad de las resoluciones judiciales.<\/p>\n

Por otro lado, y relevante, no concurre en nuestro caso dado que, con independencia de que todo lo debatido sobre el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial es una cuesti\u00f3n estrictamente civil, del orden jurisdiccional civil, estando a las atribuciones competenciales que refiere el art\u00edculo 9.2 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial , en relaci\u00f3n con la LEC, vemos como ello no excluye que tambi\u00e9n en este orden jurisdiccional contencioso- administrativo puedan resolverse cuestiones propias del orden jurisdiccional civil con car\u00e1cter prejudicial, como precisa el art\u00edculo 10.1 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial y reitera el art\u00edculo 4.1 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n , por lo que, en este caso, el debate sobre la competencia es irrelevante, ratificando que la decisi\u00f3n del orden contencioso-administrativo exclusivamente tendr\u00eda car\u00e1cter prejudicial, por lo que en ning\u00fan caso impedir\u00eda resolver por los interesados, demandante y codemandada y esposa, las cuestiones debatidas respecto al r\u00e9gimen jur\u00eddico, en concreto sobre si eran privativos o no los bienes afectados por el Convenio urban\u00edstico cuya nulidad se pretende por el esposo.<\/p>\n

Todo ello sin perjuicio de que ya el ayuntamiento resolvi\u00f3 lo que \u00e9l considera cuesti\u00f3n civil, as\u00ed como de reconocer que la sentencia apelada no precis\u00f3 que resolv\u00eda con le car\u00e1cter prejudicial al que nos hemos referido.<\/p>\n

SEXTO.- Se estaba ante una petici\u00f3n de revisi\u00f3n de oficio de previo acto nulo de pleno derecho, en el \u00e1mbito del art. 102 de la Ley 30\/1992 , \u00e1mbito en el que la sentencia s\u00f3lo pod\u00eda ordenar dar curso al procedimiento establecido.<\/strong><\/p>\n

Al resolver la cuesti\u00f3n central que se debate, es necesario enmarcar qu\u00e9 naturaleza jur\u00eddica ten\u00eda la solicitud que formul\u00f3 don Bernardino ante el Ayuntamiento, instando la nulidad del Convenio urban\u00edstico, solicitud que dio inicio al procedimiento que concluy\u00f3 con la resoluci\u00f3n recurrida, en lo que interesa la decisi\u00f3n de la Alcald\u00eda de desestimar la solicitud presentada el 30 de octubre de 2007, sin perjuicio de la posterior desestimaci\u00f3n presunta del recurso de reposici\u00f3n interpuesto.<\/p>\n

Vemos como, en relaci\u00f3n con la fecha del Convenio y la petici\u00f3n que se curs\u00f3, con independencia de que no se plasmara formalmente por el solicitante en qu\u00e9 t\u00e9rminos se hac\u00eda, no pod\u00eda tener otro encaje jur\u00eddico que una petici\u00f3n de revisi\u00f3n de oficio del Cap\u00edtulo Primero, T\u00edtulo VII de la Ley 30\/1992, esto es, revisi\u00f3n de actos nulos a instancia del interesado, en este caso el demandante en la instancia en relaci\u00f3n con la defensa que hac\u00eda de estar ante bienes afectados por el Convenio en el \u00e1mbito de la comunicaci\u00f3n foral de bienes, Convenio que no fue finalmente suscrito por \u00e9l.<\/p>\n

Ello debe ser as\u00ed aunque tampoco la resoluci\u00f3n administrativa recurrida hizo expresa referencia a que se respond\u00eda formalmente a una petici\u00f3n de revisi\u00f3n de oficio de un acto nulo, aunque, insistimos, era el \u00fanico \u00e1mbito en el que ten\u00eda posibilidad de resolver la administraci\u00f3n la petici\u00f3n que se curs\u00f3 por el demandante en la instancia.<\/p>\n

Por ello, al introducirnos en este debate, en relaci\u00f3n con lo que se defiende por el recurso de apelaci\u00f3n, no se incurre en ning\u00fan tipo de contradicci\u00f3n, sino exclusivamente enmarcar en qu\u00e9 t\u00e9rminos debi\u00f3 resolver la administraci\u00f3n y en qu\u00e9 concreto expediente recayeron las resoluciones recurridas, sin perjuicio de que, finalmente, la Sala deber\u00e1 resolver prejudicialmente la cuesti\u00f3n debatida en relaci\u00f3n con el r\u00e9gimen jur\u00eddico de los bienes afectados por el Convenio, por ello si eran privativos o no de la esposa del demandante, esposa que suscribi\u00f3 el Convenio cuya nulidad se pretend\u00eda.<\/p>\n

En primer lugar, debemos de se\u00f1alar que de estar ante un supuesto de revisi\u00f3n de oficio por nulidad de pleno derecho de actos administrativos, en los t\u00e9rminos del procedimiento recogido en el art\u00edculo 102 de la Ley 30\/1992 , la sentencia no pod\u00eda concluir declarando la nulidad, como hizo, desconociendo las pautas procedimentales que se recogen en el art\u00edculo 102.3, sin que previamente se siguiera el procedimiento y, en concreto, recabar dictamen del \u00f3rgano consultivo, en este caso de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, de la Comisi\u00f3n Jur\u00eddica Asesora; en relaci\u00f3n con ello es jurisprudencia reiterada y pac\u00edfica \u00faltimamente la que exige tales pautas.<\/p>\n

La STS de 2 octubre 2007, reca\u00edda en el recurso de casaci\u00f3n 2324\/2005 , al razonar sobre la revisi\u00f3n de oficio de actos nulos de pleno derecho, con remisi\u00f3n a previos pronunciamientos, recuerda que se ha sentando doctrina en el sentido de que ante la impugnaci\u00f3n de la desestimaci\u00f3n presunta por la Administraci\u00f3n o mediante resoluci\u00f3n expresa que rechaza inicialmente la petici\u00f3n de nulidad sin someterla al procedimiento e informes, lo procedente no es resolver en el recurso contencioso-administrativo sobre la validez del acto o disposici\u00f3n que se impugna sino sobre la procedencia de ordenar que la Administraci\u00f3n siga el procedimiento establecido y resuelva en consecuencia.<\/p>\n

As\u00ed se ratifica por la STS de 21 de mayo de 2009, reca\u00edda en el recurso de casaci\u00f3n recurso 5283\/2006 , a la que se refiere el Ayuntamiento, que el FJ 4\u00ba ratifica que:<\/p>\n

<< La estimaci\u00f3n del recurso normalmente s\u00f3lo puede conducir a declarar la obligaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de tramitar el procedimiento de revisi\u00f3n, puesto que ese es el objeto de la litis deducida ante la jurisdicci\u00f3n. O, dicho de otro modo, la cuesti\u00f3n de fondo en este supuesto -la pretensi\u00f3n deducida por el recurrente ante la jurisdicci\u00f3n- es la pertinencia o no de la tramitaci\u00f3n de la revisi\u00f3n de oficio, no la nulidad del acto cuya revisi\u00f3n se pretende, para cuya declaraci\u00f3n por la propia Administraci\u00f3n debe seguirse necesariamente el procedimiento establecido en el art\u00edculo 102 de la Ley 30\/1992 , con la preceptiva intervenci\u00f3n del Consejo de Estado o, en su caso, del \u00f3rgano auton\u00f3mico an\u00e1logo >>.<\/p>\n

Con ello ya, sin mas, se deber\u00eda revocar la sentencia apelada en este \u00e1mbito estrictamente procedimental.<\/p>\n

SEXTO.- Proced\u00eda el rechazo a limine<\/em> de la petici\u00f3n de nulidad del Convenio, porque los bienes afectados deben considerarse, prejudicialmente, privativos de do\u00f1a Adelaida .<\/strong><\/p>\n

Pero es que movi\u00e9ndonos en el \u00e1mbito del procedimiento de revisi\u00f3n de oficio, que es en el \u00fanico en el que se pod\u00eda enmarcar la petici\u00f3n dirigida al Ayuntamiento de Urduliz, de nulidad del Convenio, la Sala, por lo que va a razonar, concluye que el Ayuntamiento en el fondo lo que hizo fue rechazar o inadmitir a tr\u00e1mite la petici\u00f3n de nulidad, justificado en considerar que no estaba fundamentada, que carec\u00eda manifiestamente de fundamento por los argumentos que traslad\u00f3, porque qui\u00e9n ped\u00eda la nulidad no pod\u00eda instarlo al concluir, por los argumentos que ve\u00edamos, que se trataba de bienes privativos de la esposa, por ello que se estaba ante una petici\u00f3n carente de fundamento.<\/p>\n

La Sala prejudicialmente, como hemos dicho, ha de resolver sobre ello y ha de ratificar la decisi\u00f3n municipal en el sentido de que debemos partir de que los bienes afectados por el Convenio eran privativos de la esposa del demandante, con independencia de lo que se pudiera manifestar por ellos y, en concreto, como testigo, por la hija de ambos, as\u00ed como de lo que se pudiera recoger en distintos documentos que se refieren en las actuaciones.<\/p>\n

Aqu\u00ed, remiti\u00e9ndose a las actuaciones, por un lado tenemos bienes que en el Registro de la Propiedad, en los t\u00e9rminos que acredit\u00f3 el Ayuntamiento con su contestaci\u00f3n, figuraban como privativos y, por otro, adem\u00e1s, lo que es relevante, debemos partir el demandante don Bernardino , en su momento Juan Carlos , y do\u00f1a Adelaida , contrajeron matrimonio en Madrid en 1975, figurando en la inscripci\u00f3n que \u00e9l era natural de la entonces provincia de Santander y vecino de Bilbao, por lo que en aplicaci\u00f3n de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Bizkaia, aprobada por Ley de 30 de julio de 1959, estando a su art\u00edculo 42 , porque demandante, como marido, no ten\u00eda la condici\u00f3n de vizca\u00edno infanz\u00f3n, sino que era vecino de la villa de Bilbao, no le era de aplicaci\u00f3n el r\u00e9gimen de la comunicaci\u00f3n foral de bienes, sin que conste que con posterioridad pactara en capitulaciones matrimoniales el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral, ni siquiera tras la regulaci\u00f3n dada por la Ley 3\/1992 de 1 de julio de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

Por ello, la regulaci\u00f3n del Derecho Foral que hemos referido, estando a los antecedentes del expediente, conduc\u00edan derechamente a la conclusi\u00f3n que alcanz\u00f3 la resoluci\u00f3n municipal, lo que se ratificaba adem\u00e1s con los datos que plasmaba el Registro de la Propiedad en relaci\u00f3n con el origen de bienes afectados por el Convenio Urban\u00edstico, que finalmente se neg\u00f3 a firmar el esposo demandante y s\u00ed firm\u00f3 la esposa, quien por derecho hereditario hab\u00eda recibido los bienes, siendo irrelevante a tales efectos el cruce de escritos y declaraciones reconociendo el r\u00e9gimen jur\u00eddico de comunicaci\u00f3n foral de bienes, e incluso irrelevante es que en el borrador del Convenio se plasmara que as\u00ed fuera, y que se le considerara a tales efectos por el propio Ayuntamiento al demandante en ese \u00e1mbito, sin perjuicio de que el Convenio recoja referencias al demandante, as\u00ed en su estipulaci\u00f3n Cuarto, folio 13, que no puede entenderse sino como consecuencia de que no se alteraron todas las referencias a \u00e9l tras decidir finalmente Ayuntamiento y esposa suscribir el Convenio tras la negativa del Sr. Bernardino , quien inicialmente estaba previsto que firmara el Convenio y ello, como decimos, al margen de la legalidad o no del conjunto de cl\u00e1usulas que recoge el Convenio, que por todo lo dicho deben quedar al margen y por ello no juzgadas en el presente recurso.<\/p>\n

Estas conclusiones llevan necesariamente a estimar el recurso de apelaci\u00f3n y por ello a revocar la sentencia apelada y a desestimar el recurso contencioso administrativo, al considerar que era manifiestamente improcedente la petici\u00f3n de revisi\u00f3n de oficio que en el fondo se articul\u00f3 por don Bernardino ante la administraci\u00f3n, cuando el 30 de octubre de 2007 pretendi\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad del Convenio Urban\u00edstico para la Ordenaci\u00f3n y Gesti\u00f3n Urban\u00edstica del \u00c1rea n\u00ba 41 “Osteiko<\/em> ” que hab\u00eda suscrito el Ayuntamiento y su esposa do\u00f1a Adelaida el 11 de septiembre de 2006, cuando ya hab\u00eda transcurrido mas de un a\u00f1o de la firma, plazo en principio no es relevante para la revisi\u00f3n de oficio a instancia de parte de actos nulos, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 102 de la Ley 30\/92 , que en principio se refiere a que la petici\u00f3n se puede efectuar en cualquier<\/p>\n

momento, sin perjuicio de que, en su caso, deban operar los l\u00edmites de la revisi\u00f3n del art\u00edculo 106, entre ellos el tiempo transcurrido.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.- Costas<\/strong> .<\/p>\n

Estando a los criterios en cuanto a costas del art\u00edculo 139 de la Ley de la Jurisdicci\u00f3n , como consecuencia de la estimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, no se hace especial pronunciamiento en relaci\u00f3n con las de segunda instancia, sin que proceda efectuarlo respecto de las de primera instancia, al no concurrir temeridad ni mala fe en las partes, presupuesto para la condena en costas estando a la redacci\u00f3n en su momento vigente.<\/p>\n

Es por los anteriores fundamentos, por los que el Tribunal pronuncia el siguiente<\/p>\n

F A L L O<\/strong><\/p>\n

Que, estimando parcialmente<\/em> , aunque en lo fundamental, el recurso de apelaci\u00f3n43\/2011<\/strong> interpuesto por el Ayuntamiento de Urd\u00faliz, con rechazo de las causas de inadmisibilidad<\/em> que en \u00e9l se defienden, dirigido contra la sentencia 1920\/2010 de 23 de julio de 2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n\u00ba 2 de Bilbao, que estim\u00f3 el recurso 827\/2008 , seguido por los tr\u00e1mites del Procedimiento Ordinario contra la desestimaci\u00f3n presunta del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra Decreto del Alcalde del Ayuntamiento de Urduliz de 28 de enero de 2008, que desestim\u00f3 la solicitud presentada el 30 de octubre de 2007 por don Bernardino , de nulidad de Convenio Urban\u00edstico para la ordenaci\u00f3n y gesti\u00f3n urban\u00edstica del \u00c1rea n\u00ba 41 << Osteiko<\/em> >> suscrito por el Ayuntamiento de Urduliz y do\u00f1a Adelaida el 11 de septiembre de 2006; la sentencia al estimar el recurso anul\u00f3 los actos recurridos, dej\u00e1ndolos sin efecto, incluido el Convenio Urban\u00edstico, DEBEMOS:<\/p>\n

1\u00ba. –<\/strong> Declarar la disconformidad a derecho de la sentencia apelada, que por ello revocamos, dejando sin efecto el pronunciamiento estimatorio y la nulidad en ella acordada.<\/p>\n

2\u00ba. –<\/strong> Resolviendo el debate de primera instancia, desestimamos el recurso contencioso administrativo y confirmamos las resoluciones, expresa y presunta, con las que se rechaz\u00f3 la pretensi\u00f3n de nulidad de pleno derecho del Convenio Urban\u00edstico para la ordenaci\u00f3n y gesti\u00f3n urban\u00edstica del \u00c1rea n\u00ba 41 << Osteiko<\/em> >> suscrito el 11 de septiembre de 2006 por el Ayuntamiento de Urduliz y do\u00f1a Adelaida .<\/p>\n

3\u00ba –<\/strong> Sin pronunciamiento en cuanto a las costas en relaci\u00f3n con las de ambas instancias.<\/p>\n

Devu\u00e9lvase al apelante el dep\u00f3sito constituido, extendi\u00e9ndose por el Juzgado origen del correspondiente mandamiento de devoluci\u00f3n.<\/p>\n

Devu\u00e9lvase al Juzgado de procedencia los autos originales y el expediente administrativo para la ejecuci\u00f3n de lo resuelto, junto con testimonio de esta resoluci\u00f3n.<\/p>\n

Esta resoluci\u00f3n es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra sentencia, de la que se llevar\u00e1 testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aqu\u00ed, remiti\u00e9ndose a las actuaciones, por un lado tenemos bienes que en el Registro de la Propiedad, en los t\u00e9rminos que acredit\u00f3 el Ayuntamiento con su contestaci\u00f3n, figuraban como privativos y, por otro, adem\u00e1s, lo que es relevante, debemos partir el demandante don Bernardino , en su momento Juan Carlos , y do\u00f1a Adelaida , contrajeron matrimonio en Madrid en 1975, figurando en la inscripci\u00f3n que \u00e9l era natural de la entonces provincia de Santander y vecino de Bilbao, por lo que en aplicaci\u00f3n de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Bizkaia, aprobada por Ley de 30 de julio de 1959, estando a su art\u00edculo 42 , porque demandante, como marido, no ten\u00eda la condici\u00f3n de vizca\u00edno infanz\u00f3n, sino que era vecino de la villa de Bilbao, no le era de aplicaci\u00f3n el r\u00e9gimen de la comunicaci\u00f3n foral de bienes, sin que conste que con posterioridad pactara en capitulaciones matrimoniales el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral, ni siquiera tras la regulaci\u00f3n dada por la Ley 3\/1992 de 1 de julio de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[916,886,650],"materia":[1233],"organo":[1878],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10685","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-convenio-urbanistico","tag-puntos-de-conexion","tag-regimen-economico-matrimonial","materia-el-regimen-economico-matrimonial-determinacion","organo-sala-de-lo-contencioso-administrativo","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10685"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10685"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10685"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10685"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}