{"id":10651,"date":"2025-10-06T12:57:04","date_gmt":"2025-10-06T10:57:04","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-11-05-2010\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:51","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:51","slug":"sap-de-bizkaia-sec-4a-11-05-2010","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-11-05-2010\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 11 de mayo de 2010"},"content":{"rendered":"<p>Roj: <strong>SAP BI 1232\/2010<\/strong> &#8211; <strong>ECLI:ES:APBI:2010:1232<\/strong><\/p>\n<p>Id Cendoj: <strong>48020370042010100123<\/strong><\/p>\n<p>\u00d3rgano: <strong>Audiencia Provincial<\/strong> Sede: <strong>Bilbao<\/strong><\/p>\n<p>Secci\u00f3n: <strong>4<\/strong><\/p>\n<p>Fecha: <strong>11\/05\/2010<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Recurso: <strong>388\/2009<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Resoluci\u00f3n: <strong>361\/2010<\/strong><\/p>\n<p>Procedimiento: <strong>Recurso apelaci\u00f3n familia LEC 2000<\/strong> Ponente: <strong>MARIA DE LOS REYES CASTRESANA GARCIA<\/strong><\/p>\n<p>Tipo de Resoluci\u00f3n: <strong>Sentencia<\/strong><\/p>\n<p>Resoluciones del caso: <strong>SJPI, Getxo, n\u00fam. 2, 23-03-2009, SAP BI 1232\/2010<\/strong><\/p>\n<p>AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA<\/p>\n<p>BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA<\/p>\n<p>Secci\u00f3n 4\u00aa<\/p>\n<p>BARROETA ALDAMAR 10 3\u00aaplanta- C.P. 48001<\/p>\n<p>Tfno.: 94-4016665<\/p>\n<p>Fax: 94-4016992<\/p>\n<p>N.I.G. 48.06.2-08\/008275<\/p>\n<p>R.ape.familia L2 388\/09<\/p>\n<p>O.Judicial Origen: 1\u00aa Inst. e Instrucc. n\u00ba 2 (Getxo)<\/p>\n<p>Autos de Pro.ordinario L2 678\/08<\/p>\n<p>|<\/p>\n<p>|<\/p>\n<p>|<\/p>\n<p>|<\/p>\n<p>Recurrente: Cipriano<\/p>\n<p>Procurador\/a: AURORA TORRES AMANN<\/p>\n<p>Recurrido: Antonia<\/p>\n<p>Procurador\/a: CONCEPCION IMAZ NUERE<\/p>\n<p><strong><em>SENTENCIA N\u00ba 361\/10<\/em><\/strong><\/p>\n<p>ILMOS. SRES.<\/p>\n<p>D. FERNANDO VALD\u00c9S SOL\u00cdS CECCHINI<\/p>\n<p>D.\u00aa LOURDES ARRANZ FREIJO<\/p>\n<p>D.\u00aa REYES CASTRESANA GARCIA<\/p>\n<p>En BILBAO, a once de mayo de dos mil diez.<\/p>\n<p>Visto en grado de apelaci\u00f3n ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Secci\u00f3n Cuarta, integrada por los Ilmos. Srs. Magistrados rese\u00f1ados, el procedimiento ORDINARIO N\u00ba 678\/08 , procedente del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N\u00ba 2 DE GETXO , y seguido entre partes: como apelante , el demandante D. Cipriano , representado por la Procuradora D.\u00aa Aurora Torres Amann y dirigido por el Letrado D. Gonzalo Pueyo Puente; y como apelada , que se opone al recurso, la demandada D.\u00aa Antonia , representada por la Procuradora D.\u00aa Concepci\u00f3n Imaz Nuere y dirigida por la Letrado D.\u00aa Olga Mac\u00eda Olaeta.<\/p>\n<p>SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark1\"><\/a><strong>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n<p>PRIMERO .- La Sentencia de instancia de fecha 23 de marzo de 2009 es de tenor literal siguiente:<\/p>\n<p>&#8221; FALLO : QUE DESESTIMANDO la demanda interpuesta por la representaci\u00f3n procesal de la parte demandante D. Cipriano contra la parte demandada D\u00aa. Antonia , DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de todos los pedimentos contra la misma dirigidos, debiendo de procederse conforme se recoge en la presente resoluci\u00f3n; con imposici\u00f3n de costas a la parte demandante&#8221;.<\/p>\n<p>SEGUNDO .- Publicada y notificada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de la parte demandante se interpuso en tiempo y forma recurso de apelaci\u00f3n que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formaci\u00f3n del presente rollo, al que ha correspondido el n\u00ba 388\/09 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los tr\u00e1mites de los de su clase.<\/p>\n<p>TERCERO .- Hecho el oportuno se\u00f1alamiento quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votaci\u00f3n y fallo.<\/p>\n<p>CUARTO .- En la tramitaci\u00f3n del presente recurso se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n<p>Ha sido Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada D\u00aa. REYES CASTRESANA GARCIA .<\/p>\n<p><a id=\"bookmark3\"><\/a><strong>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n<p>PRIMERO.- Son antecedentes a tener en consideraci\u00f3n para resolver esta alzada:<\/p>\n<p>A.1) D. Cipriano y D\u00f1a. Antonia contrajeron matrimonio el 10 de marzo de 1.991.<\/p>\n<p>A.2) El 19 de diciembre de 2.003 se present\u00f3 por D\u00f1a. Antonia demanda de separaci\u00f3n matrimonial contra D. Cipriano y, antes de que recayera sentencia de separaci\u00f3n, se present\u00f3 el 25 de febrero de 2.005 demanda de divorcio de mutuo acuerdo, compa\u00f1\u00e1ndose &#8220;Convenio Regulador de Divorcio&#8221; de fecha 10 de febrero de 2.005, en cuya cl\u00e1usula S\u00e9ptima se establece que &#8220;queda disuelto el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral hasta la fecha vigente entre los esposos&#8221; &lt; doc. n\u00ba 11 de la demanda, a los folios 46 y ss de autos&gt; . El mismo fue ratificado por los c\u00f3nyuges, si bien a la vista de la exploraci\u00f3n de los hijos de los litigantes se suscribi\u00f3 un &#8220;Anexo&#8221; relativo al derecho de visitas, siendo que finalmente ante las controversias de los litigantes y que la esposa solicit\u00f3 que se dejara sin efecto en todos sus extremos el contenido del convenio inicialmente ratificado, fue sobrese\u00eddo el procedimiento de mutuo acuerdo por Auto de 14 de octubre de 2.005.<\/p>\n<p>A.3) Con igual fecha de 10 de febrero de 2.005 ambos c\u00f3nyuges suscribieron el documento privado, que expone que las partes han suscrito para el correspondiente procedimiento de divorcio el correspondiente Convenio Regulador, recogi\u00e9ndose textualmente &lt; doc. n\u00ba 12 de la demanda, al folio 55 y ss de autos&gt; :<\/p>\n<p>&#8220;En dicho Convenio Regulador se establece que el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial es el de bienes gananciales sin que en dicho convenio se liquiden los bienes que integran el patrimonio de las partes.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de los bienes gananciales, las partes acuerdan:<\/p>\n<p>Primero.- Que el patrimonio ganancial com\u00fan a las partes lo forman:<\/p>\n<p>&#8211; El domicilio familiar sito en DIRECCION000 n\u00ba NUM000 NUM001 de Sopelana<\/p>\n<p>&#8211; Dinero por valor de sesenta mil ciento un euros con veinti\u00fan c\u00e9ntimos de euros ( 60.101,21 euros) entre fondos de pensiones y acciones y met\u00e1lico.<\/p>\n<p>El resto de dinero existente a nombre de los hijos o de las partes que excede de la cantidad es dinero privativo de D. Cipriano , producto de diferentes herencias de familiares.<\/p>\n<p>Para el reparto de los bienes gananciales, las partes acuerdan adjudicar el 50% de la vivienda familiar a cada una de las partes. Respecto del dinero existente y una vez se obtengan los certificados bancarios el importe<\/p>\n<p>de los mismos se proceder\u00e1 a su reparto, en donde a cada una de las partes le corresponde la cantidad de treinta mil cincuenta euros con sesenta y un c\u00e9ntimos de euros ( 30.050,61 euros)<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n al resto del dinero que pueda estar a nombre de hijos o que precisa para su cancelaci\u00f3n de la firma de ambos c\u00f3nyuges, las partes acuerdan que facilitar\u00e1n la cancelaci\u00f3n de dichos activos cuando para ello sea necesario la firma de las partes &#8220;<\/p>\n<p>A.4) Con fecha 11 de octubre de 2.007 se present\u00f3 demanda de divorcio por D. Cipriano contra D\u00f1a. Antonia , recayendo de divorcio el 2 de abril de 2.008, sin que se haya tra\u00eddo a estos autos la dictada en el correspondiente recurso de apelaci\u00f3n interpuesto.<\/p>\n<p>B) Con fecha 9 de septiembre de 2.005 D. Cipriano present\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico sobre el acuerdo alcanzado por las partes el 10 de febrero de 2.005, incluy\u00e9ndose en el inventario la vivienda familiar y el met\u00e1lico de unos 60.000 euros.<\/p>\n<p>En la primera instancia recay\u00f3 Sentencia de 15 de marzo de 2.007 por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de Getxo, aprob\u00e1ndose el inventario propuesto por D. Cipriano y desestimando la oposici\u00f3n de la Sra. Antonia de ampliar el inventario a otros bienes privativos del Sr. Cipriano en base al r\u00e9gimen matrimonial de comunicaci\u00f3n foral y la carencia de eficacia alguna de los documentos privados, que fue revocada por la dictada por esta Secci\u00f3n Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 1 de julio de 2.008, en el sentido de declarar que forma parte del activo el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial (comunicaci\u00f3n foral) de los litigantes, adem\u00e1s de los bienes se\u00f1alados en la parte dispositiva de la sentencia de instancia, &#8220;los siguientes: Veh\u00edculos matr\u00edculas JA- -JD y -QQL ; apartamento n\u00ba NUM002 en el aparthotel DIRECCION001 , municipio de Arona\u00bfTenerife; cuenta n\u00ba NUM003 en el BSCH; cuenta NUM004 en el Banco Popular; cuentas de ahorro en el BBVA a nombre de D. Cipriano con los n\u00fameros NUM005 , NUM006 y NUM007 ; cuentas en el BBVA a nombre de D\u00aa Antonia con los n\u00fameros NUM005 , NUM008 , NUM009 , NUM010 , NUM011 y NUM012 ; cuentas en la BBK, en la proporci\u00f3n que corresponda, de las que son titulares D\u00aa Graciela y D. Cipriano con los n\u00fameros NUM013 y NUM014 , cuenta en la BBK de la que es titular D. Cipriano con el n\u00ba NUM015 .&#8221;<\/p>\n<p>En sus razonamientos jur\u00eddicos se dice &#8220;&#8230; recordar cual es el exacto marco procesal o sustantivo en que nos movemos, que no es otro que el de inventariar los bienes y derechos a integrar en el activo o en el pasivo del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de los litigantes; con total independencia y al margen de la liquidaci\u00f3n que, con el precedente indispensable que el inventario supone, en su d\u00eda se lleve a cabo en este espec\u00edfico r\u00e9gimen matrimonial, que es el de comunicaci\u00f3n foral, conforme al art\u00ba 109 de la Ley Civil Foral del Pa\u00eds Vasco (LCFPV), tr\u00e1mite procesalmente ajeno e independiente a este en que nos encontramos<\/p>\n<p>En consecuencia y a partir del auto de fecha 16 de Septiembre de 2005 que admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la solicitud, el \u00fanico objeto del presente procedimiento es, como ya se ha dicho, el de inventariar los bienes y derechos del r\u00e9gimen matrimonial existente en este matrimonio que, seg\u00fan reconocimiento expreso de ambas partes y consta adem\u00e1s en diversos documentos p\u00fablicos aportados a autos, era el de comunicaci\u00f3n foral; en este sentido, el art\u00ba 809, p\u00e1rrafo segundo, LEC es suficientemente claro cuando se\u00f1ala: &#8221; proceder\u00e1 el Secretario Judicial, con los c\u00f3nyuges, a formar el inventario de la comunidad matrimonial, sujet\u00e1ndose a lo dispuesto en la legislaci\u00f3n civil para el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de que se trate&#8230;&#8221;; y, por otro lado, el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00ba 809-2 LEC dispone que: &#8220;La sentencia resolver\u00e1 sobre todas las cuestiones suscitadas, aprobando el inventario de la comunidad matrimonial &#8220;.<\/p>\n<p>&#8230; Carece por tanto de toda relevancia, de cara a este procedimiento concreto y espec\u00edfico, el texto de los dos contratos suscritos por los litigantes en la misma fecha de 10 de Febrero de 2005 (uno aportado como documento n\u00ba 1 de la proposici\u00f3n de prueba en el juicio y el otro como documento n\u00ba 3 del escrito inicial) con vocaci\u00f3n de ser, respectivamente, el convenio regulador a ratificar en la sentencia del procedimiento matrimonial y el contrato de liquidaci\u00f3n de los bienes de la sociedad conyugal que pretende estar relacionado con el anterior.<\/p>\n<p>&#8230;Todo ello, insistimos, resulta intrascendente aqu\u00ed, sin perjuicio de la relevancia que puedan tener tales documentos bien en la fase posterior de liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen matrimonial (art\u00ba 810 y siguientes LEC) o para determinar entre las partes las obligaciones y derechos dimanantes de un contrato (art\u00ba 1.254 y siguientes del C\u00f3digo Civil), bien en el procedimiento matrimonial propiamente dicho (art\u00ba 90 y siguientes del C\u00f3digo Civil).<\/p>\n<p>&#8230; a la fecha de inicio el procedimiento (que es a la que hay que estar) ni se hab\u00eda consolidado el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral conforme al art. 96 de la Ley Civil Foral del Pais Vasco, ni hab\u00eda cesado o extinguido dicho r\u00e9gimen conforme al art. 95 p\u00e1rrafo segundo de la propia Ley, lo \u00fanico que a este procedimiento compete determinar&#8230; es el acervo patrimonial del que era titular la comunicaci\u00f3n foral formada por ambos esposos &#8221; sujet\u00e1ndose a lo dispuesto en la legislaci\u00f3n civil para el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de que se trate &#8220;; a tenor del art. 95 parrafo primero de la LCFPV la comunicaci\u00f3n foral supone que &#8221; &#8230; se har\u00e1n comunes por<\/p>\n<p>mitad entre marido y mujer todos los bienes muebles o ra\u00edces, de la procedencia que sean, pertenecientes a una y otra, por cualquier t\u00edtulo, tanto los aportados como los adquiridos en constante matrimonio y sea cual fuere el lugar en que radiquen&#8221;.<\/p>\n<p>C.1) Con fecha 2 de diciembre de 2.008 D. Cipriano ha interpuesto demanda de juicio ordinario interesando: (1) La validez de los documentos suscritos por las partes de 10 de febrero de 2.005, y, en especial, de las cl\u00e1usulas referidas al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, acompa\u00f1ados como documentos n\u00ba 11 y 12 de la demanda &lt; Apartados A.2 y A.3&gt; ; (2) Que el inventario del r\u00e9gimen de la disuelta sociedad econ\u00f3mica mantrimonial de los litigantes viene conformado por los bienes que se recog\u00edan en la sentencia de inventario de la primera instancia ( vivienda y dinero en participaciones y derechos consolidados de planes de pensiones y fondos de inversi\u00f3n y acciones y met\u00e1lico por importe de unos 60.000 euros); y, (3) Declarar a favor de D. Cipriano la privaticidad de los siguientes bienes:<\/p>\n<p>1 .- Veh\u00edculos matr\u00edculas JA- -JD -QQL .<\/p>\n<p>2 .- Apartamento n\u00ba NUM002 en el aparthotel DIRECCION001 , municipio de Arona \u00bf Tenerife.<\/p>\n<p>3 .- Cuenta n\u00ba NUM003 en el BSCH.<\/p>\n<p>4 .- Cuenta NUM004 en el Banco Popular<\/p>\n<p>5 .- Cuentas de ahorro en el BBVA a nombre de D. Cipriano con los n\u00fameros NUM005 , NUM006 y NUM007 .<\/p>\n<p>6 .- Cuentas en la BBK, en la proporci\u00f3n que corresponda, de las que son titulares D\u00aa Graciela y D. Cipriano con los n\u00fameros NUM013 y NUM014<\/p>\n<p>7 .- Cuenta en la BBK de la que es titular D. Cipriano con el n\u00ba NUM015 .<\/p>\n<p>8 .- Todas las cuentas titularizadas por los hijos de los litigantes Amparo y Raimundo .<\/p>\n<p>Es decir, las partidas incluidas en el inventario matrimonial en la sentencia de segunda instancia, salvo cuentas en el BBVA a nombre de D\u00aa Antonia con los n\u00fameros NUM005 , NUM008 , NUM009 , NUM010 , NUM011 y NUM012 , y a\u00f1adiendo las cuentas titualizadas por los hijos de los litigantes Amparo y Raimundo .<\/p>\n<p>C.2) En la primera instancia recay\u00f3 sentencia desestimatoria. La Magistrada a quo considera que las circunstancias apreciadas en la sentencia de inventario se han modificado a tenor de la sentencia de divorcio de 2 de abril de 2.008 en la que se declara la disoluci\u00f3n del matrimonio por divorcio, la cual ha sido recurrida en cuanto a los pronunciamientos referentes a las medidas relativas a la pensi\u00f3n de alimentos y r\u00e9gimen de visitas de los hijos menores de edad y el uso y disfrute de la vivienda familiar, siendo de aplicaci\u00f3n el art. 774.5 de la LECn, que establece que en estos casos de declarar\u00e1 la firmeza del pronunciamiento sobre el divorcio. As\u00ed, el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de comunicaci\u00f3n foral ha cesado autom\u00e1ticamente por la sentencia de divorcio, de conformidad con el art. 95.2 de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, sin que concurran las circunstancias reguladas en el art. 96 para entender consolidado dicho r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral, es decir, &#8220;fallecimento de uno de los c\u00f3nyuges con hijos o descendientes comunes&#8221;, por lo que deber\u00e1 procederse conforme al art. 109 de la LDCFPV. A continuaci\u00f3n entra en la valoraci\u00f3n del contenido de los documentos de fecha 10 de febrero de 2.005, aportados con los n\u00ba 11 y 12 de la demanda, sin que constituya precedente la sentencia de 1 de julio de 2.008 de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que fue dictada en un procedimiento cuyo objeto era inventariar los bienes y derechos del r\u00e9gimen matrimonial existenten en el matrimonio (comunicaci\u00f3n foral), sin perjuicio de instar el procedimiento en orden a dar eficacia a los pactos suscritos por los exc\u00f3nyuges en orden a la liquidaci\u00f3n de sus bienes matrimoniales. Y termina concluyendo que nos encontramos ante unos contratos sin causa o con causa il\u00edcita, por lo que no puede producir efectos contrarios a la ley, concretamente, del art. 93 LCFPV cuando establece que &#8220;el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, tanto el pactado como el legal, podr\u00e1 ser modificado mediante el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales&#8221;, lo que impide la aplicaci\u00f3n de la regla prevista en el p\u00e1rrafo segundo del art. 109 (&#8220;En el supuesto de extinci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n foral por modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio, se estar\u00e1 a lo pactado, y, en su defecto, ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en este art\u00edculo), por lo que deber\u00e1 procederse conforme a las reglas fijadas en el art. 109 de la LDCFPV, y sin que deba gozar de validez los documentos firmados por la partes con fecha 10 de febrero de 2.005, y todo ello de acuerdo con el inventario de los bienes referidos en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de fecha 1 de julio de 2.008.<\/p>\n<p>C .3) Contra la misma se ha interpuesto recurso de apelaci\u00f3n por D. Cipriano , que ser\u00e1 objeto de examen a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- La parte apelante est\u00e1 conforme con el reconocimiento que la sentencia de instancia efect\u00faa a la autonom\u00eda privada de los c\u00f3nyuges para regular sus cuestiones econ\u00f3micas y\/o patrimoniales, y, en consecuencia, el car\u00e1cter contratualista, con la necesidad de que concurran todos los requisitos que, con<\/p>\n<p>caracter general, establece el C\u00f3digo Civil para todo clase de contratos en el art. 1.261, as\u00ed como la posibilidad de que los c\u00f3nyuges puedan completar el Convenio Regulador, dentro de los l\u00edmites de lo disponible, en documento al margen del mismo, ya se haga de forma simult\u00e1nea o posteriormente, haya sido aprobado o no judicalmente, y de que tales pactos son vinculantes para las partes siempre que concurran en ellos los requisitos esenciales para su validez.<\/p>\n<p>En lo que la parte apelante est\u00e1 disconforme es en la afirmaci\u00f3n de la causa il\u00edcita, al amparo del art. 1.275 del C\u00f3digo Civil, para privar de efectos al documento suscrito por los ex-c\u00f3nyuges el 10 de febrero de 2.005, aportado como documento n\u00ba 12 de la demanda (puesto que el documento n\u00ba 11 es el Convenio Regulador, y a efectos de esta litis no tiene transcendencia) al ser contrario a la ley.<\/p>\n<p>El recurso de apelaci\u00f3n debe ser estimado.<\/p>\n<p>Efectivamente, admitiendo la validez y car\u00e1cter vinculante de los acuerdos patrimoniales entre c\u00f3nyuges, aun cuando se hallaran contenidos en convenio privado matrimonial, conforme al aforismo &#8220;pacta sunt servanda&#8221;, y siguiendo dicho criterio y la doctrina emanada de la STS de 22-4-1997 y mantenida posteriormente, entre otras, en la STS de 1-9-1998 y en la STS de 15-2-2002, ha de concluirse que no hay ning\u00fan obst\u00e1culo a la validez de las estipulaciones que se examinan como negocio jur\u00eddico en que concurri\u00f3 consentimiento, objeto y causa, en coherencia con el principio de autonom\u00eda de voluntad proclamado por el art. 1.255 del C\u00f3digo Civil, y sin que se traspasen los l\u00edmites impuestos en el mismo, al no ser el acuerdo en cuesti\u00f3n contrario a las leyes, la moral ni al orden p\u00fablico.<\/p>\n<p>Examinando el documento de 10 de febrero de 2.005 aportado como documento n\u00ba 12 de la demanda &lt; folio 55 y ss de autos&gt; y que ha sido transcrito en el Apartado A.3 del anterior Fundamento de Derecho, se observa que lo que se pretend\u00eda las partes era solventar sus divergencias econ\u00f3minas mediante la liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, no la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonio a que se refiere el art. 93.2 de la LDCFPV, ante la inmediatez del divorcio de mutuo acuerdo, liquidando los bienes matrimoniales, previo inventario de los bienes gananciales a repartir, con la especificaci\u00f3n de que el resto merecen la consideraci\u00f3n de ser bienes privativos del esposo Sr. Cipriano . Es decir, un reparto de los bienes que es materia dispositiva de las partes, independientemente del r\u00e9gimen econ\u00f3mico, de repartici\u00f3n del patrimonio conyugal conforme a las cl\u00e1usulas pactadas que en modo alguno son contrarias a las leyes, la moral ni al orden p\u00fablico, reparto de bienes confome al acervo com\u00fan del matrimonio seg\u00fan voluntad libremente manifestada por los entonces c\u00f3nyuges, atendiendo a lo dispuesto en los arts. 1.255, 1.323. y 1.324 del C\u00f3digo Civil de aplicaci\u00f3n supletoria.<\/p>\n<p>En cuanto al error en la nominaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial en el documento privado de 10 de febrero de 2.005, cuya validez se postula en este proceso, se sustenta en un error de derecho, y la jurisprudencia del TS, al igual que un amplio sector doctrinal, excluye la aplicaci\u00f3n del error de derecho, y as\u00ed en la sentencia de 12 de febrero de 1898 se declara que el error que vicia los contratos y las transacciones ha de recaer sobre la sustancia objeto del contrato, y no sobre el derecho al que se asocia, qu\u00e9 bienes son ganados durante el matrimonio y cu\u00e1les son privativos del Sr. Cipriano , lo que dio lugar al documento privado. A mayor abundamiento el vicio de consentimiento es causa nulidad relativa o anulabilidad, y no puede alegarse por v\u00eda de excepci\u00f3n sino de acci\u00f3n o de reconvenci\u00f3n. ( SsTS 31-3-2005, 25-9-2006, que cita las de 17-1-2005, 16-12-2005, 17-2-2006 y 5-4-2006).<\/p>\n<p>Se\u00f1alar tambi\u00e9n que no prospera la alegaci\u00f3n del enga\u00f1o padecido por la Sra. Antonia en los documentos privados de 10 de febrero de 2.005, a pesar de las discrepancias que se detectaron en uno y otro documento sobre la adjetivizaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico (comunicaci\u00f3n foral\/ganancial), porque dichos documentos fueron firmados por la Sra. Antonia en presencia de su Abogado, quien le se\u00f1al\u00f3 que era un mero error sin trascendencia. De las propias declaraciones de la demandada Sra. Antonia se despreden que no padeci\u00f3 ning\u00fan enga\u00f1o, sino simplemente que constat\u00f3 una falta de precisi\u00f3n en la redacci\u00f3n de los documentos, un error material, no obstante lo cual firm\u00f3 el documento n\u00ba 12 de la demanda, que ten\u00eda por objeto resolver su situaci\u00f3n patrimonial, con la determinaci\u00f3n de los bienes a inventariar as\u00ed como la distribuci\u00f3n y reparto de los bienes.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo apuntar que el mencionado documento privado de 10 de febrero de 2.005 viene a reflejar la liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes conforme a los par\u00e1metros del art 109 de la LDCFPV, sobre r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral no consolidado, y del art. 97 de la LDCFPV, sobre que la comunicaci\u00f3n foral, que distingue entre los bienes ganados y los bienes procedentes de cada uno de los c\u00f3nyuges, se ajustar\u00e1 a las normas de la legislaci\u00f3n civil general sobre bienes gananciales y bienes privativos, liquid\u00e1ndose como una sociedad de gananciales en virtud del art. 3 de la LDCFPV.<\/p>\n<p>TERCERO.- Lo expuesto, conduce a la revocaci\u00f3n de la sentencia de instancia, en el sentido de estimar parcialmente las pretensiones contenidas en la misma, salvo, como ya se apunt\u00f3 en nuestro Auto de fecha 22 de septiembre de 2.009, dictado en las medidas cautelares coet\u00e1neas, la pretensi\u00f3n de que se reconozca la<\/p>\n<p>titularidad del Sr. Cipriano de &#8220;las cuentas titularizadas por los hijos de los litigantes Amparo y Raimundo &#8220;, puesto que ninguno de los litigantes como progenitores de los mismos han representado y defendido los intereses de sus hijos Amparo y Raimundo , al sostener el apelante la privacidad de las inversiones y fondos bancarios a nombre de sus hijos, y la apelada la inserci\u00f3n de los mismos en el inventario matrimonial por mor del r\u00e9gimen econ\u00f3mico de comunicaci\u00f3n foral consolidado, pudiendo existir y existiendo un conflicto de intereses entre los progenitores y Amparo , hoy mayor de edad, y el menor Calixto , debi\u00e9ndose de haber sido demandados, previo nombramiento de defensor judicial, atendiendo a lo dispuesto en los arts. 163 y 166 del C\u00f3digo Civil, lo que no ha ocurrido en el supuesto examinado.<\/p>\n<p>CUARTO.- No ha lugar a efectuar pronunciamiento alguno en materia de costas procesales causadas en la primera y en esta segunda instnacia, en virtud de los arts. 394.2 y 398.2 de la LECn.<\/p>\n<p>Vistos los art\u00edculos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n,<\/p>\n<p>En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberan\u00eda Popular y en nombre de S.M el Rey,<\/p>\n<p><a id=\"bookmark5\"><\/a><strong>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n<p>Que estimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por DON Cipriano , representado por la Procuradora D\u00f1a. Aurora Torres Amann, contra la sentencia dictada el 23 de marzo de 2.009 por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de Getxo, en los autos de Procedimiento Ordinario n\u00ba 678\/08, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la misma y en su lugar estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Cipriano contra D\u00f1a. Antonia , DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS:<\/p>\n<p>I .- La validez del documento privado suscrito por los litigantes el 10 de febrero de 2.005, aportado como documento n\u00ba 12 de la demanda, en lo relativo al reconocimiento de privatividad de D\u00f1a. Antonia en el sentido de que, salvando el inmueble descrito y los 60.101,21 euros, el resto de las cantidades dinerarias de las partes que exceda de dicha cantidad es dinero privativo de D. Cipriano , producto de diferentes herencias.<\/p>\n<p>II .- El inventario del r\u00e9gimen de la disuelta sociedad econ\u00f3mica matrimonial de los litigantes viene conformado por los siguientes bienes:<\/p>\n<p>A Vivienda sita en DIRECCION000 n\u00ba NUM000 &#8211; NUM001 de Sopelana (Bizkaia)<\/p>\n<p>B Dinero, por total de 60.101,21 euros:<\/p>\n<p>1 .- 1.261,98025 participaciones y derechos consolidados del Plan de Previsi\u00f3n Individual Izarpensi\u00f3n 25 integrado en IZARPENSIONES EPSV titularidad de la esposa D\u00f1a. Antonia , por valor de 14.154,05 euros<\/p>\n<p>2 .- 1.091,6135 participaciones y derechos consolidados del Plan de Previsi\u00f3n Individual Izarpensi\u00f3n 25 integrado en IZARPENSIONES EPSV titularidad del esposo D. Cipriano , por valor de 12.243,26 euros<\/p>\n<p>3 .- Saldo en cuenta n\u00ba NUM016 de la entidad IPAR KUTXA RURAL S. Coop de Cr\u00e9dito a nombre de D\u00f1a. Antonia y D. Cipriano , por valor de 1.031,24 euros<\/p>\n<p>4 .- Participaciones del Fondo de Inversi\u00f3n BBVA RANKING II GARANTIZADO a nombre de D\u00f1a. Antonia y D. Cipriano , por valor de 4.821,36 euros<\/p>\n<p>5 .- Participaciones del Fondo de Inversi\u00f3n BBVA BOLSA EUROPA a nombre de D\u00f1a. Antonia y D. Cipriano , por valor de 2.000,72 euros<\/p>\n<p>6 .- Participaciones y derechos consolidados en el Plan de Pensiones n\u00ba NUM017 NORPENSI\u00d3N 50 a nombre de D. Cipriano , por valor de 3.259,23 euros<\/p>\n<p>7 .- 136 acciones de TELEFONICA MOVILES depositadas en la cuenta de valores n\u00ba NUM018 del BBVA a nombre de D. Cipriano , por valor de 1.173,68 euros<\/p>\n<p>8 .- Participaciones y derechos consolidados del Plan de Pensiones n\u00ba NUM019 NORPENSI\u00d3N 50 titularidad de la esposa D\u00f1a. Antonia , por valor de 3.259,23 euros<\/p>\n<p>9 .- 136 acciones de TELEFONICA MOVILES a nombre de D\u00f1a. Antonia , por valor de 1.173,68 euros<\/p>\n<p>10 .- Saldo en cuenta corriente n\u00ba NUM020 a nombre de D\u00f1a. Antonia y D. Cipriano e hijos, por valor de 14.635,59 euros<\/p>\n<p>11 Met\u00e1lico obrante en poder del esposo, D. Cipriano , por valor de 2. 349,17 euros<\/p>\n<p>III .- Declarar a favor de D. Cipriano la privaticidad de los siguientes bienes:<\/p>\n<p>1 .- Veh\u00edculos matr\u00edculas JA- -JD -QQL .<\/p>\n<p>2 .- Apartamento n\u00ba NUM002 en el aparthotel DIRECCION001 , municipio de Arona \u00bf Tenerife.<\/p>\n<p>3 .- Cuenta n\u00ba NUM003 en el BSCH.<\/p>\n<p>4 .- Cuenta NUM004 en el Banco Popular<\/p>\n<p>5 .- Cuentas de ahorro en el BBVA a nombre de D. Cipriano con los n\u00fameros NUM005 , NUM006 y NUM007 .<\/p>\n<p>6 .- Cuentas en la BBK, en la proporci\u00f3n que corresponda, de las que son titulares D\u00aa Graciela y D. Cipriano con los n\u00fameros NUM013 y NUM014<\/p>\n<p>7 .- Cuenta en la BBK de la que es titular D. Cipriano con el n\u00ba NUM015 .<\/p>\n<p>Y DEBEMOS DE ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a la demandada del resto de pedimentos contenidos en la demanda, todo ello sin expresa imposici\u00f3n de las costas procesales causadas en la primera y en esta segunda instancia.<\/p>\n<p>Modo de impugnaci\u00f3n: mediante recurso de CASACI\u00d3N ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco. El recurso se preparar\u00e1 por medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de CINCO D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n (art\u00edculos 477 y 479 de la LECn).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n podr\u00e1n interponer recurso extraordinario por INFRACCI\u00d3N PROCESAL ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por alguno de los motivos previstos en la LECn. El recurso habr\u00e1 de prepararse mediante escrito presentado ante este Tribunal dentro de los CINCO D\u00cdAS siguientes a la notificaci\u00f3n (art\u00edculo 470.1 y Disposici\u00f3n Final decimosexta de la LECn).<\/p>\n<p>Para interponer los recursos ser\u00e1 necesario la constituci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 50 euros si se trata de casaci\u00f3n y 50 euros si se trata de recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal, sin cuyos requisitos no ser\u00e1n admitidos a tr\u00e1mite. El dep\u00f3sito se constituir\u00e1 consignando dicho importe en la Cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones que este Tribunal tiene abierta en el grupo Banesto (Banco Espa\u00f1ol de Cr\u00e9dito) con el n\u00famero 4704 0000 00 0388 09. Caso de utilizar ambos recursos, el recurrente deber\u00e1 realizar dos operaciones distintas de imposici\u00f3n, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un &#8220;Recurso&#8221; c\u00f3digo 06 para el recurso de casaci\u00f3n, y c\u00f3digo 04 para el recurso extraordinario por infracci\u00f3n procesal. La consignaci\u00f3n deber\u00e1 ser acreditada al preparar los recursos (DA 15\u00aa de la LOPJ).<\/p>\n<p>Est\u00e1n exentos de constituir el dep\u00f3sito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposici\u00f3n citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jur\u00eddica gratuita.<\/p>\n<p>As\u00ed por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n<p>PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y le\u00edda por el Ilmo. Magistrado Ponente el d\u00eda 20 de mayo de 2010, de lo que yo la Secretario Judicial certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Admitiendo la validez y car\u00e1cter vinculante de los acuerdos patrimoniales liquidativos entre c\u00f3nyuges, aun cuando se hallaran contenidos en convenio privado matrimonial, conforme al aforismo &#8220;pacta sunt servanda&#8221;, y siguiendo dicho criterio y la doctrina emanada de la STS de 22-04-1997 y mantenida posteriormente, entre otras, en la STS de 01-09-1998 y en la STS de 15-02-2002, ha de concluirse que no hay ning\u00fan obst\u00e1culo a la validez de las estipulaciones que se examinan como negocio jur\u00eddico en que concurri\u00f3 consentimiento, objeto y causa, en coherencia con el principio de autonom\u00eda de voluntad proclamado por el art. 1.255 CC , y sin que se traspasen los l\u00edmites impuestos en el mismo, al no ser el acuerdo en cuesti\u00f3n contrario a las leyes, la moral ni al orden p\u00fablico. 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