{"id":10636,"date":"2025-10-06T12:57:03","date_gmt":"2025-10-06T10:57:03","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-social-14-04-2009\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:51","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:51","slug":"stsj-pais-vasco-social-14-04-2009","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-social-14-04-2009\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 14 de abril de 2009"},"content":{"rendered":"

Roj: STSJ PV 121\/2009<\/strong> – ECLI:ES:TSJPV:2009:121<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020340012009100043<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 1<\/strong><\/p>\n

Fecha: 14\/04\/2009<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 174\/2009<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n:<\/p>\n

Procedimiento: SOCIAL<\/strong><\/p>\n

Ponente: EMILIO PALOMO BALDA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

RECURSO N\u00ba: 174\/09<\/p>\n

N.I.G. 00.01.4-09\/000089<\/p>\n

SENTENCIA N\u00ba:<\/em><\/strong><\/p>\n

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA<\/p>\n

DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO<\/p>\n

En la Villa de Bilbao, a catorce de abril de dos mil nueve.<\/p>\n

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, formada por los Iltmos. Sres. D. EMILIO PALOMO BALDA, Presidente en funciones, D. JUAN CARLOS BENITO BUTRON OCHOA, y D. JAIME SEGALES FIDALGO, Magistrados, ha pronunciado<\/p>\n

EN NOMBRE DEL REY<\/p>\n

la siguiente<\/p>\n

S E N T E N C I A<\/p>\n

En el recurso de suplicaci\u00f3n interpuesto por D\u00aa Almudena , contra la sentencia del Juzgado de lo Social n\u00famero 4 de Donostia, de fecha quince de octubre de dos mil ocho , dictada en los autos n\u00fam. 678\/08, seguidos a su instancia, frente al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL , sobre Pensi\u00f3n de viudedad (SSO).<\/p>\n

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. EMILIO PALOMO BALDA, quien expresa el criterio de la Sala.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO .- La \u00fanica instancia del proceso en curso se inici\u00f3 por demanda y termin\u00f3 por sentencia, cuya relaci\u00f3n de hechos probados es la siguiente:<\/p>\n

1) .- D\u00aa Almudena viv\u00eda con D. Franco , en el domicilio de la calle DIRECCION000 n\u00famero NUM000 , NUM001 , de la localidad de Donostia.<\/p>\n

2) .- D. Franco figura empadronado en el domicilio de la DIRECCION000 , n\u00famero NUM000 , NUM001 , de la localidad de Donostia desde el 13 de Mayo de 1.993, y D\u00aa Almudena estuvo empadronada en ese domicilio en un primer momento desde el 7 de Diciembre de 1.994 hasta el 9 de Febrero de 1.995, y se empadron\u00f3 de nuevo en el mismo domicilio el 21 de Junio de 1.995, permaneciendo desde esa fecha de manera ininterrumpida empadronada en el mismo.<\/p>\n

3) .- A pesar de estar compartiendo el mismo domicilio desde el 21 de Junio de 1.995, D. Franco y D\u00aa Almudena nunca se inscribieron en el registro municipal de Donostia de parejas de hecho.<\/p>\n

4) .- El 25 de enero del 2.008 falleci\u00f3 D. Franco .<\/p>\n

5) .- Tras el fallecimiento de D. Franco , D\u00aa Almudena inici\u00f3 un expediente administrativo para solicitar que el fuera reconocido el derecho a percibir una pensi\u00f3n de viudedad por el fallecimiento de su compa\u00f1ero D. Franco , siendo resuelto el mismo por resoluci\u00f3n del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 6 de Marzo del 2.008, en la cual se deneg\u00f3 la petici\u00f3n de D\u00aa Almudena , al considerar que no reun\u00eda los requisitos necesarios para el percibo de la pensi\u00f3n que reclamaba, y en concreto el requisito de estar inscritos el fallecido D. Franco y ella en el registro municipal de parejas de hecho.<\/p>\n

6) .- La base reguladora de las prestaciones de viudedad, a las que en su caso tendr\u00eda derecho D\u00aa Almudena es la de 2.419,69 euros, el porcentaje de la pensi\u00f3n ser\u00eda el del 52%, y la fecha de los efectos econ\u00f3micos de esta pensi\u00f3n la de 26 de enero del 2.008, existiendo acuerdo de las partes en estos puntos.<\/p>\n

7) .- Se ha realizado la previa reclamaci\u00f3n administrativa, habiendo sido la misma desestimada mediante resoluci\u00f3n del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 9 de Junio del 2.008.<\/p>\n

SEGUNDO .- La parte dispositiva de la sentencia de instancia dice: Que desestimo la demanda declaro que D\u00aa Almudena no tiene derecho a percibir una pensi\u00f3n de viudedad como consecuencia del fallecimiento de su compa\u00f1ero D. Franco , debiendo las partes pasar por esta declaraci\u00f3n; y absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social, de los pedimentos de la demanda.<\/p>\n

TERCERO .- Contra dicha sentencia la actora interpuso recurso de suplicaci\u00f3n, que fue impugnado por la entidad gestora .<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- En la demanda origen de estas actuaciones, la actora, hoy recurrente, solicita se declare su derecho a causar pensi\u00f3n de viudedad por el fallecimiento de su pareja de hecho, con la que convivi\u00f3 desde el a\u00f1o 1995 hasta su fallecimiento el 25 de enero de 2008, pretensi\u00f3n que la sentencia recurrida ha resuelto en sentido desfavorable, atendiendo \u00fanicamente al dato de que al tiempo del \u00f3bito, la uni\u00f3n no se hab\u00eda inscrito en el Registro habilitado al efecto en el Ayuntamiento de Donostia, como exige el art\u00edculo 174 de la Ley General de la Seguridad Social , en su n\u00famero 3, p\u00e1rrafo cuarto, inscripci\u00f3n que, a criterio del juzgador de instancia, tiene car\u00e1cter constitutivo.<\/p>\n

SEGUNDO.- En apoyo de su pretensi\u00f3n revocatoria del pronunciamiento judicial y de que se le reconozca la prestaci\u00f3n reclamada, la recurrente mantiene dos l\u00edneas argumentales, que podemos resumir del siguiente modo:<\/p>\n

a) La principal, est\u00e1 dedicada a combatir la interpretaci\u00f3n que del referido precepto lleva a cabo la sentencia de instancia, por entender, frente a lo que en ella se afirma, que el requisito controvertido no tiene car\u00e1cter cumulativo al de convivencia estable, notoria e ininterrumpida durante un per\u00edodo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os, sino alternativo. As\u00ed se desprende, a su juicio, de la literalidad de la norma, si bien en el desarrollo del motivo que dedica a esta cuesti\u00f3n no explicita las razones en que se funda la conclusi\u00f3n que extrae de su lectura. Alega, adicionalmente, que en casos como el presente, en que el hecho causante se produjo inmediatamente despu\u00e9s de la entrada en vigor de la Ley 40\/2007, de 4 de diciembre, los afectados no pod\u00edan prever la trascendencia de la inscripci\u00f3n registral. Desde otra perspectiva, aduce que la inexigibilidad de la anotaci\u00f3n a quienes residen en territorios carentes de Registros espec\u00edficos de parejas de hecho, o dotados de Derecho Civil propio que no impongan ese requisito, consagra una situaci\u00f3n de desigualdad.<\/p>\n

b) La subsidiaria, a la que s\u00f3lo ser\u00eda necesario responder en el supuesto de que no se acogiese la anterior, radica en la existencia de prueba documental sobre su intenci\u00f3n de proceder a la inscripci\u00f3n registral, y en la necesidad de flexibilizar la exigencia a debate, al objeto de posibilitar la obtenci\u00f3n de la prestaci\u00f3n por quienes, a pesar de no haber formalizado su relaci\u00f3n sentimental, han exteriorizado su voluntad inequ\u00edvoca de hacerlo, viendo frustrado su prop\u00f3sito a causa de la enfermedad y posterior \u00f3bito del causante. En lo que concierne a la vertiente f\u00e1ctica, este planteamiento se basa en la certificaci\u00f3n emitida por el Alcalde de San Sebasti\u00e1n obrante en autos y, en lo que ata\u00f1e a la jur\u00eddica, en la invocaci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial sentada en los supuestos de designio conocido y constatado de contraer matrimonio con anterioridad al cese, pero sin citar ninguna sentencia.<\/p>\n

TERCERO.- Comenzando por la primera l\u00ednea de razonamiento del recurso, y en aras a una mayor claridad de la exposici\u00f3n, conviene recordar que el p\u00e1rrafo cuarto del art\u00edculo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social , en su actual redacci\u00f3n dice: “A efectos de lo establecido en este apartado, se considerar\u00e1 pareja de hecho la constituida, con an\u00e1loga relaci\u00f3n de afectividad a la conyugal, por quienes, no hall\u00e1ndose impedidos para contraer matrimonio, no tengan v\u00ednculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con car\u00e1cter inmediato al fallecimiento del causante y con una duraci\u00f3n ininterrumpida no inferior a cinco a\u00f1os. La existencia de pareja de hecho<\/p>\n

se acreditar\u00e1 mediante certificaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n en alguno de los registros espec\u00edficos existentes en las comunidades aut\u00f3nomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento p\u00fablico en el que conste la constituci\u00f3n de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripci\u00f3n como la formalizaci\u00f3n del correspondiente documento p\u00fablico deber\u00e1n haberse producido con una antelaci\u00f3n m\u00ednima de dos a\u00f1os con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.<\/p>\n

Por su parte, el p\u00e1rrafo quinto dispone que “En las comunidades aut\u00f3nomas con Derecho Civil propio, cumpli\u00e9ndose el requisito de convivencia a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior, la consideraci\u00f3n de pareja de hecho y su acreditaci\u00f3n se llevar\u00e1 a cabo conforme a lo que establezca su legislaci\u00f3n espec\u00edfica”.<\/p>\n

La interpretaci\u00f3n de los p\u00e1rrafos que se han transcrito seg\u00fan el sentido propio de sus palabras y con arreglo tambi\u00e9n a criterios sistem\u00e1ticos y teleol\u00f3gicos que confirman lo que ya resulta sin dificultad del texto en que se plasman, revelan que el legislador distingue claramente dos aspectos – las uniones de hecho objeto de protecci\u00f3n, y las caracter\u00edsticas de la convivencia requerida para lucrarla-, que tienen diferente car\u00e1cter, cumplen funciones diversas, y operan en distintos planos jur\u00eddicos, \u00e1mbito subjetivo de la protecci\u00f3n, de un lado, y requisitos de acceso a la prestaci\u00f3n, por otro.<\/p>\n

As\u00ed se deduce, en primer lugar, del hecho de que est\u00e9n recogidos en frases distintas del p\u00e1rrafo cuarto, separadas gramaticalmente por un punto, y lo confirma que, a diferencia de las caracter\u00edsticas de la convivencia requerida, que son comunes a todo el Estado, el concepto de pareja de hecho objeto de tutela y la prueba de su existencia var\u00eda en funci\u00f3n de de la normativa civil, com\u00fan o especial, aplicable en la Comunidad Aut\u00f3noma de residencia y, en su caso, de la regulaci\u00f3n que el ordenamiento auton\u00f3mico instituya. Adem\u00e1s, mientras que el primer elemento permite delimitar las concretas uniones f\u00e1cticas incluidas dentro del \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la pensi\u00f3n de viudedad, que no son todas las que hayan podido constituirse como tales, sino s\u00f3lo a aquellas que merezcan la consideraci\u00f3n de parejas de hecho conforme a la normativa que les resulte de aplicaci\u00f3n, y acrediten su existencia por los medios espec\u00edficos que en ella se fijen, la finalidad a la que responde el requisito de convivencia es amparar \u00fanicamente a los sobrevivientes de parejas de hecho estables y de larga duraci\u00f3n.<\/p>\n

Tal distinci\u00f3n se hace patente en el Pre\u00e1mbulo de la Ley 40\/2007, en el que despu\u00e9s de hacerse referencia a los requisitos adicionales de convivencia y dependencia econ\u00f3mica, se afirma, m\u00e1s adelante, que “la ausencia de una regulaci\u00f3n jur\u00eddica de car\u00e1cter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acci\u00f3n protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situaci\u00f3n, intentando con ello una aproximaci\u00f3n en la medida de lo posible, a la instituci\u00f3n matrimonial”. Esta redacci\u00f3n coincide con la del Proyecto de Ley, sin que el legislador tomase en consideraci\u00f3n los cambios introducidos en el debate parlamentario, en el sentido de a\u00f1adir un nuevo p\u00e1rrafo al art\u00edculo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social – el quinto – con el designio, explicitado en las enmiendas de las que traen causa, de adaptar el texto del Proyecto a la competencia en materia de Derecho Civil de determinadas Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/p>\n

Corolario de lo hasta aqu\u00ed expuesto es que para la obtenci\u00f3n de la prestaci\u00f3n pretendida por la actora, no basta acreditar que la convivencia con el causante re\u00fane las notas fijadas en el p\u00e1rrafo cuarto precedentemente reproducido, sino que se tiene que probar, tambi\u00e9n, que se re\u00fane la condici\u00f3n de pareja de hecho y demostrar su existencia en los t\u00e9rminos fijados en la normativa que sea de aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

A tal efecto, deber\u00e1 tenerse en cuenta, de un lado, la sujeci\u00f3n de los convivientes al Derecho Civil general o a un Derecho Civil especial o foral, para lo que, en principio, habr\u00e1 que estar a la vecindad civil, ex art\u00edculo 14.1 del C\u00f3digo Civil , y, de otro, las condiciones que para la calificaci\u00f3n como pareja de hecho establezca la concreta disposici\u00f3n auton\u00f3mica aplicable o, en su caso, las consignadas en el p\u00e1rrafo cuarto de referencia.<\/p>\n

CUARTO.- Sobre la base de la anterior premisa interpretativa, la primera l\u00ednea argumental del recurso debe rechazarse, pero con una fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica distinta a la desarrollada por el \u00f3rgano de instancia y a la esbozada por la parte impugnante. No lo impide que en esta fase no rija el principio “iura novit curia”, pues de conformidad con la doctrina contenida en la sentencia de 7 de marzo de 2005, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (RJ 3403), esta Sala est\u00e1 facultada para desestimar la denuncia de infracci\u00f3n del art\u00edculo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social formulada por la recurrente, en virtud de lo dispuesto no en su p\u00e1rrafo cuarto, aplicado por la sentencia recurrida e invocado por las partes personadas, sino en su p\u00e1rrafo quinto, pues tal decisi\u00f3n no se aparta del motivo de impugnaci\u00f3n propuesto por la recurrente.<\/p>\n

En efecto, es obvio a la vista de las consideraciones expuestas en el fundamento jur\u00eddico precedente y de que los convivientes resid\u00edan en Donostia, que la disposici\u00f3n que debe tomarse en consideraci\u00f3n para verificar si, a los efectos que aqu\u00ed interesan, merec\u00edan o no la consideraci\u00f3n de pareja de hecho, es la Ley 2\/2003, de 7 de mayo, del Pa\u00eds Vasco, reguladora de las parejas de hecho. Esto es as\u00ed, porque esta Comunidad Aut\u00f3noma no s\u00f3lo cuenta con Derecho Civil propio y ha asumido la competencia legislativa exclusiva en esta materia<\/p>\n

( art\u00edculo 10.5 de la Ley Org\u00e1nica 3\/1979, de 18 de diciembre ), de la que hizo uso al aprobar la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Foral Civil Vasco, sino que ha regulado tal figura.<\/p>\n

Pues bien, la Ley 2\/2003, tras disponer en su art\u00edculo 2.1 que “se considera pareja de hecho a la resultante de la uni\u00f3n libre de dos personas, mayores de edad o menores emancipadas, con plena capacidad, que no sean parientes por consanguinidad o adopci\u00f3n en l\u00ednea recta o por consanguinidad en segundo grado colateral y que se encuentren ligadas por una relaci\u00f3n afectivo-sexual, sean del mismo o distinto sexo. Asimismo, ambos miembros de la pareja deber\u00e1n cumplir el requisito de no estar unidos a otra persona por v\u00ednculo matrimonial o por pareja de hecho” , en su art\u00edculo 3 se\u00f1ala que: 1.- La inscripci\u00f3n de la pareja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, que se crear\u00e1 al efecto, tendr\u00e1 car\u00e1cter constitutivo, de modo que a las no inscritas no les ser\u00e1 aplicable la presente ley. 2.- La constituci\u00f3n de la pareja objeto de la presente regulaci\u00f3n, as\u00ed como el contenido jur\u00eddico patrimonial de la relaci\u00f3n, se acreditar\u00e1 mediante certificaci\u00f3n expedida por el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco. 3.- Las inscripciones practicadas en los registros municipales de aquellas localidades que cuenten con ellos tendr\u00e1n el mismo efecto constitutivo, siempre y cuando al practicar dicha inscripci\u00f3n se hayan observado los requisitos establecidos en la presente ley, lo que deber\u00e1 ser verificado por el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco”.<\/p>\n

Conforme a esta regulaci\u00f3n, la inscripci\u00f3n en el Registro constituye el acto que hace nacer la relaci\u00f3n jur\u00eddica de pareja de hecho, que queda constituida a virtud del mismo, lo que determinar\u00e1 la aplicaci\u00f3n del estatuto jur\u00eddico de la Ley 2\/2003.<\/p>\n

Por ello, a tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 174.3.4\u00ba de la Ley General de la Seguridad Social , en Euskadi s\u00f3lo pueden beneficiarse de la pensi\u00f3n de viudedad, los miembros sup\u00e9rstites de aquellas parejas de hecho que figuren inscritas en el Registro de Parejas de Hecho, regulado por Decreto 124\/2004, de 22 de junio, del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, o en el Registro Municipal en aquellos ayuntamientos que dispongan de un registro de este tipo,<\/p>\n

En eset mismo sentido se ha pronunciado la Sala en sentencia de 7 de enero de 2009 (Rec. 2633\/08 ).<\/p>\n

En su consecuencia, y dado que en el momento de producirse el fallecimiento del causante, la uni\u00f3n de hecho no se hallaba inscrita en el Registro de Parejas de hecho de la Comunidad del Pa\u00eds Vasco, ni en el del Ayuntamiento de Donostia, la demandante carece de t\u00edtulo de legitimaci\u00f3n para causar pensi\u00f3n de viudedad.<\/p>\n

QUINTO.- De las dos alegaciones adicionales formuladas por la recurrente en relaci\u00f3n con el tema que se examina, la primera referida a la imposibilidad de evaluar la incidencia de la falta de inscripci\u00f3n de la pareja de hecho en el \u00e1mbito de las prestaciones por muerte y supervivencia del Sistema de la Seguridad Social, carece de toda consistencia. La actora y su compa\u00f1ero reun\u00edan las condiciones personales exigidas por el art\u00edculo 2.1 de la Ley 2\/2003 para inscribirse como pareja de hecho en el Registro correspondiente, lo que pudieron llevar a cabo sin limitaci\u00f3n alguna, con las consecuencias que en materia fiscal, sucesoria y administrativa prev\u00e9 dicha norma, debiendo afrontar las consecuencias que derivan de su libre y legitima opci\u00f3n de no realizar ese acto, comprendida la que aqu\u00ed se cuestiona, que no puede eludirse por el mero hecho de que la Ley que ampli\u00f3 la protecci\u00f3n a los supervivientes de las parejas de hecho se publicase 51 d\u00edas antes del \u00f3bito, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que no se ha acreditado que durante ese lapso de tiempo el causante estuviese incapacitado para realizar dicho tr\u00e1mite, limit\u00e1ndose la recurrente a hacer referencia a una intervenci\u00f3n quir\u00fargica practicada el 13 de noviembre de 2007, sin mayor precisi\u00f3n, alegaci\u00f3n que se encuentra hu\u00e9rfana de sustento probatorio en los autos.<\/p>\n

SEXTO.- Reviste mayor enjundia el argumento relativo a la diferencia de trato, derivada de la regulaci\u00f3n legal. La diferencia se produce realmente, de lo que es una muestra la situaci\u00f3n en que se encontrar\u00edan los miembros sup\u00e9rstites de tres parejas de hecho residentes en las poblaciones de Viana, Oy\u00f3n y Logro\u00f1o, situadas en un radio inferior a 10 kil\u00f3metros, de vecindad civil navarra, vasca y riojana, respectivamente, con una relaci\u00f3n de afectividad an\u00e1loga a la conyugal, sin que concurriese impedimento para contraer matrimonio, ni v\u00ednculo matrimonial con otra persona, y que hubiesen mantenido una convivencia ininterrumpida, durante, al menos, los cinco a\u00f1os anteriores al fallecimiento del causante.<\/p>\n

Al primero, le resultar\u00eda de aplicaci\u00f3n la Ley Foral 6\/2000, de 3 de julio, para la igualdad jur\u00eddica de las parejas estables, a virtud de la cual se les considerar\u00eda pareja de hecho, por el mero hecho de la convivencia, sin necesidad de inscripci\u00f3n registral, pudiendo acreditar su existencia por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, todo ello de conformidad con el art\u00edculo 2 y la disposici\u00f3n adicional de dicha Ley.<\/p>\n

El segundo, se regir\u00eda por la Ley 2\/2003, de 7 de mayo. Con arreglo a la misma, para su conceptuaci\u00f3n como pareja de hecho ser\u00eda indispensable que se hubiesen inscrito en el Registro auton\u00f3mico o municipal de parejas<\/p>\n

de hecho, pero sin exig\u00edrseles que lo hubiesen hecho con una determinada antelaci\u00f3n a la muerte del causante, y el \u00fanico medio de prueba admisible para acreditar su existencia ser\u00eda la certificaci\u00f3n del Registro.<\/p>\n

El tercero, quedar\u00eda sujeto a lo dispuesto por el art\u00edculo 174.3.4\u00ba de la Ley General de la Seguridad Social , conforme al cual la existencia de la pareja de hecho s\u00f3lo podr\u00eda acreditarse mediante certificaci\u00f3n de inscripci\u00f3n expedida por el Registro del Ayuntamiento de Alfaro de parejas de hecho, o mediante documento p\u00fablico, lo que en ambos casos se deber\u00eda haber realizado con una antelaci\u00f3n m\u00ednima de 2 a\u00f1os con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.<\/p>\n

Basta este ejemplo para entender que el reconocimiento de la pensi\u00f3n de viudedad se hace depender de una circunstancia personal extra\u00f1a al rol espec\u00edfico asignado por el legislador a la prestaci\u00f3n de viudedad concedida a los sup\u00e9rstites de parejas de hecho, de subvenir a una real situaci\u00f3n de desequilibrio o de necesidad econ\u00f3mica originada por la muerte del causante, cual es la vecindad civil, que es la que determina qu\u00e9 pareja de hecho es objeto de protecci\u00f3n y c\u00f3mo hay que demostrar su existencia.<\/p>\n

En el supuesto enjuiciado, la previsi\u00f3n legislativa conduce a la denegaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de viudedad al sup\u00e9rstite de una pareja de hecho estable por el mero hecho de no haberse inscrito en el Registro de Parejas de Hecho de Euskadi o del municipio de residencia, exigencia impuesta por la Ley vasca para merecer la consideraci\u00f3n de pareja de hecho.<\/p>\n

Prestaci\u00f3n que s\u00ed habr\u00eda causado de haber tenido vecindad civil navarra o catalana, que son las dos Comunidades con Derecho Civil propio cuyo ordenamiento no exige la inscripci\u00f3n de la pareja de hecho y permite probar su existencia por cualquier medio de prueba admisible y suficiente, salvo, trat\u00e1ndose de Catalu\u00f1a, que est\u00e9n formadas por personas del mismo sexo, en cuyo caso se deber\u00e1 acreditar mediante escritura p\u00fablica otorgada conjuntamente ( art\u00edculos 2 y 21.1 y disposici\u00f3n final 2\u00aa de la Ley 10\/1998, de 15 de julio , de uniones estables de pareja).<\/p>\n

Pensi\u00f3n, es forzoso a\u00f1adir, que la demandante tampoco habr\u00eda alcanzado de haber tenido residido en alguna de las Comunidades Aut\u00f3nomas con Derecho Civil propio, en las que la inscripci\u00f3n registral tiene car\u00e1cter constitutivo, como la Valenciana ( art\u00edculo 1.2 de la Ley 1\/2001, de 6 de abril , por la que se regulan las uniones de hecho) y la de las Islas Baleares ( art\u00edculo 1.2 de la Ley 18\/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables ), o en aquellas otras que la exigen preceptivamente, como las de Arag\u00f3n ( art\u00edculo 2 de Ley 6\/1999, de 26 de marzo , relativa a parejas de hecho estables no casadas), y Galicia ( disposici\u00f3n adicional 3\u00aa de la Ley 2\/2006 , de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, modificada por Ley 10\/2007, de 28 de junio).<\/p>\n

Derecho que, para terminar, tampoco le habr\u00eda sido reconocido en el supuesto de que hubiesen vivido en alguna de las Comunidades Aut\u00f3nomas sin Derecho Civil propio, en las que de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 174.3.4\u00ba de la Ley General de la Seguridad Social , ser\u00eda preciso que la pareja estuviese inscrita en el Registro correspondiente o existiese un documento p\u00fablico en el que constase su constituci\u00f3n, exigencia alternativa que tampoco se cumple en el caso que nos ocupa.<\/p>\n

A la vista de este panorama normativo, hay que concluir que la ra\u00edz del problema se encuentra en la disposici\u00f3n legal que permite que la noci\u00f3n de pareja de hecho y su acreditaci\u00f3n a efectos de la acci\u00f3n protectora de la Seguridad, sea la que, a otros fines, han establecido las Comunidades Aut\u00f3nomas con Derecho Civil propio, lo que implica que la perspectiva adecuada para evaluar su conformidad a derecho sea la del orden constitucional de competencias, en la que deben subsumirse tanto los argumentos basados en el pretendido car\u00e1cter discriminatorio de la regulaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de viudedad de las parejas de hecho en este punto, como los que parten de la configuraci\u00f3n del sistema de Seguridad Social y de la naturaleza de sus prestaciones.<\/p>\n

Desde este enfoque, si bien la potestad de las Comunidades Aut\u00f3nomas con Derecho Civil propio para establecer el concepto de pareja de hecho y los medios de prueba de su existencia, tiene cobertura tanto en el t\u00edtulo competencial previsto en el art\u00edculo 149.1.8\u00aa de la Constituci\u00f3n , que atribuye competencia legislativa en materia civil a aquellas Comunidades en las que en el momento de su promulgaci\u00f3n existiera un Derecho Civil Foral o Especial, como en los Estatutos de Autonom\u00eda, tales t\u00edtulos no amparan la intervenci\u00f3n de las Comunidades Aut\u00f3nomas en un \u00e1mbito que el art\u00edculo 149.1.17\u00aa de la Constituci\u00f3n reserva al Estado a fin de garantizar la unidad de la regulaci\u00f3n jur\u00eddica del Sistema de Seguridad Social, m\u00e1xime si se tiene en cuenta la falta de vinculaci\u00f3n existente entre la pensi\u00f3n de viudedad de las parejas de hecho y los Derechos Civiles Forales o Especiales que legitime constitucionalmente la regulaci\u00f3n que se contiene en el p\u00e1rrafo quinto del art\u00edculo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social . Y ello, aunque haya sido el propio legislador estatal el que haya posibilitado esa intromisi\u00f3n, pues sus atribuciones para delimitar los sujetos que pueden causar derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, aun siendo muy amplias, est\u00e1n limitadas por la Constituci\u00f3n, sin que sea posible cuestionarse el car\u00e1cter b\u00e1sico de la regulaci\u00f3n a examen, en tanto determina quienes son los miembros sup\u00e9rstites de parejas de hecho que pueden beneficiarse de la pensi\u00f3n de viudedad prevista por el Sistema P\u00fablico de Seguridad Social.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la regulaci\u00f3n rese\u00f1ada podr\u00eda atentar contra el principio de igualdad b\u00e1sica de todos los espa\u00f1oles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social, ( art\u00edculos 139 y 149.1.1\u00aa de la Constituci\u00f3n ), quebrantar la obligaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos de mantener un “r\u00e9gimen p\u00fablico”, es decir, \u00fanico y unitario, de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la uniformidad del acceso a las prestaciones en todo el territorio estatal ( art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n en la interpretaci\u00f3n dada por la sentencia 195\/1996, de 28 de noviembre del Tribunal Constitucional ), y vulnerar el principio de igualdad en la ley ( art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n ) que, seg\u00fan doctrina constitucional constante y notoria, proh\u00edbe al legislador configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se d\u00e9 trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista leg\u00edtimamente adoptables, se encuentran en la misma situaci\u00f3n, e impide otorgar relevancia jur\u00eddica a circunstancias que no guardan relaci\u00f3n alguna con el sentido de la regulaci\u00f3n. Consideraci\u00f3n que podr\u00eda merecer la vecindad civil de los convivientes de hecho, que es la que determina la aplicabilidad, en cuanto ley personal, del Derecho del C\u00f3digo Civil o de uno de los restantes Derechos civiles espa\u00f1oles y, derivadamente, las condiciones para ser considerados como pareja de hecho y la manera de acreditar su existencia.<\/p>\n

No obstante las dudas de constitucionalidad que suscita el p\u00e1rrafo quinto del art\u00edculo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social , por la posible contravenci\u00f3n de la competencia estatal exclusiva respecto de la legislaci\u00f3n b\u00e1sica de la Seguridad Social, en el presente litigio no se cumple el presupuesto establecido en el art\u00edculo 163 de la Constituci\u00f3n para que se pueda plantear una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad, de que de la validez de la norma cuestionada dependa el fallo a dictar, por cuanto la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad determinar\u00eda la aplicaci\u00f3n del p\u00e1rrafo precedente, de acuerdo al cual, para conseguir la prestaci\u00f3n que reclama, la actora tendr\u00eda que haber aportado el certificado de la inscripci\u00f3n registral de la pareja, o el documento p\u00fablico en que constase su constituci\u00f3n, en ambos casos con una antelaci\u00f3n de dos a\u00f1os, lo que no ha hecho, lo que significa que la eventual inconstitucionalidad de la norma controvertida no alterar\u00eda el sentido del fallo.<\/p>\n

SEPTIMO.- Id\u00e9ntica respuesta negativa merece la segunda l\u00ednea discursiva. Para fundamentarla, la parte recurrente pretende, ante todo, que se a\u00f1ada un nuevo hecho a los que la sentencia de instancia declara probados, donde conste que en el mes de octubre de 2007 expresaron al Alcalde de Donostia su voluntad de formalizar la relaci\u00f3n, si bien no pudieron llevar a cabo tal prop\u00f3sito como consecuencia del empeoramiento del estado f\u00edsico del causante a partir del d\u00eda 13 de noviembre de 2007, ocasionado por la intervenci\u00f3n quir\u00fargica que se la practic\u00f3. Esta revisi\u00f3n f\u00e1ctica no puede aceptarse, pues el elemento probatorio que la sustenta – la declaraci\u00f3n del Alcalde en su calidad de amigo personal de los convivientes -, carece de idoneidad a los fines perseguidos, al tratarse de un testimonio documentado que, de haber sido ratificado en juicio, participar\u00eda de la naturaleza propia de la prueba de testifical, inh\u00e1bil a los efectos pretendidos, que no adquiere rango documental por el hecho de que se haya recogido por escrito.<\/p>\n

No se acredita, por tanto, el presupuesto de hecho al que queda supeditada la viabilidad de este argumento impugnatorio, lo que es causa bastante para su rechazo.<\/p>\n

Ahora bien, aunque se obviase que desde el a\u00f1o 1995 pudieron inscribirse en el Registro de uniones de hecho del Ayuntamiento de Donostia y, al menos desde el 2004, en el Registro vasco de parejas de hecho, sin que concurriese causa alguna que justificase su inacci\u00f3n, y aunque, a efectos meramente dial\u00e9cticos, se admitiese que ten\u00edan intenci\u00f3n de hacerlo y que desde la fecha se\u00f1alada el causante estuvo gravemente enfermo, ello no ser\u00eda suficiente para estimar el recurso, pues el prop\u00f3sito o voluntad de inscribir la pareja de hecho no da derecho a la pensi\u00f3n de viudedad, requiri\u00e9ndose el acto de la inscripci\u00f3n que, en esta Comunidad tiene car\u00e1cter constitutivo. Es m\u00e1s, la jurisprudencia invocada por la recurrente no es favorable a la tesis que defiende, pues lo que establece es que el inicio de tr\u00e1mites para contraer matrimonio no basta para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de viudedad cuando el causante fallece sin haber podido prestar consentimiento al v\u00ednculo ( sentencias de 3 de mayo y 29 de octubre de 2007 (RJ 4910 y 9322).<\/p>\n

Por todo lo razonado, procede la desestimaci\u00f3n del recurso.<\/p>\n

OCTAVO.- A tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral , no procede imponer a la demandante las costas causadas por su recurso al no apreciarse temeridad en su interposici\u00f3n.<\/p>\n

Vistos los preceptos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n,<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Desestimamos el recurso de suplicaci\u00f3n interpuesto por D\u00aa Almudena , contra la sentencia de fecha 15 de octubre de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social n\u00famero 4 de Donostia , en proceso sobre Pensi\u00f3n de viudedad, confirmando lo resuelto en la misma. Sin costas.<\/p>\n

Notif\u00edquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.<\/p>\n

Una vez firme lo acordado, devu\u00e9lvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

E\/<\/p>\n

PUBLICACION.- Le\u00edda y publicada fue la anterior sentencia en el mismo d\u00eda de su fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.<\/p>\n

ADVERTENCIAS LEGALES.-<\/p>\n

Contra esta sentencia cabe recurso de casaci\u00f3n para la unificaci\u00f3n de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deber\u00e1 prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los 10 d\u00edas h\u00e1biles siguientes al de su notificaci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deber\u00e1 acompa\u00f1ar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Dep\u00f3sitos y Consignaciones abierta en el grupo Banesto (Banco Espa\u00f1ol de Cr\u00e9dito) cta. n\u00famero 4699-000-66-174\/09 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital- coste de una pensi\u00f3n de Seguridad Social, el ingreso de \u00e9ste habr\u00e1 de hacerlo en la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social y una vez se determine por \u00e9stos su importe, lo que se le comunicar\u00e1 por esta Sala.<\/p>\n

El recurrente deber\u00e1 acreditar mediante resguardo entregado en la secretar\u00eda de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personaci\u00f3n, la consignaci\u00f3n de un dep\u00f3sito de 300,51 euros en la entidad de cr\u00e9dito grupo Banesto (Banco Espa\u00f1ol de Cr\u00e9dito) c\/c. 2410-000-66-174\/09 Madrid, Sala Social del Tribunal Supremo.<\/p>\n

Est\u00e1n exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades P\u00fablicas, qui\u00e9nes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en raz\u00f3n a su condici\u00f3n de trabajador o beneficiario del r\u00e9gimen p\u00fablico de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una Entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestaci\u00f3n de Seguridad Social de pago peri\u00f3dico, al anunciar el recurso deber\u00e1 acompa\u00f1ar certificaci\u00f3n acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguir\u00e1 puntualmente mientras dure su tramitaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Conforme a la Ley 2\/2003, la inscripci\u00f3n en el Registro constituye el acto que hace nacer la relaci\u00f3n jur\u00eddica de pareja de hecho, que queda constituida a virtud del mismo, lo que determinar\u00e1 la aplicaci\u00f3n del estatuto jur\u00eddico de la Ley 2\/2003″. Por ello, en el Pa\u00eds Vasco s\u00f3lo pueden beneficiarse de la pensi\u00f3n de viudedad: “los miembros sup\u00e9rstites de aquellas parejas de hecho que figuren inscritas en el Registro de Parejas de Hecho, regulado por Decreto 124\/2004, de 22 de junio, del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, o en el Registro Municipal en aquellos ayuntamientos que dispongan de un registro de este tipo.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[865,787,866],"materia":[1204],"organo":[1879],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10636","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-caracter-constitutivo-inscripcion","tag-pareja-de-hecho","tag-pension-de-viudedad","materia-parejas-de-hecho","organo-sala-de-lo-social","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10636","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10636"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10636"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10636"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10636"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}