{"id":10617,"date":"2025-10-06T12:57:01","date_gmt":"2025-10-06T10:57:01","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-03-04-2008\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:51","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:51","slug":"sap-de-bizkaia-sec-5a-03-04-2008","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-03-04-2008\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 3 de abril de 2008"},"content":{"rendered":"

<\/a>SAP de Bizkaia de 3 de abril de 2008<\/strong><\/p>\n

En Bilbao, a tres de abril de dos mil ocho.<\/p>\n

En nombre de S.M. el Rey, por la autoridad que le concede la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Vistos por la Secci\u00f3n 5\u00aa de esta Audiencia Provincial en grado de apelaci\u00f3n, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO N\u00ba 381105 seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 6 de Getxo y del que son partes como demandante XXXXX y XXXXX representados por el Procurador Sr. XXXXX y dirigidos por el Letrado Sr. XXXXX; y como demandado, XXXXX y XXXXX representada por la Procuradora Sra. XXXXX y dirigida por el Letrado Sr. XXXXX, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada Da Leonor Cuenca Garc\u00eda.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.<\/p>\n

PRIMERO.- Por el juzgador de primera instancia se dict\u00f3 con fecha 30 de noviembre de 2006 sentencia cuya parte dispositiva dice literalmente:”FALLO:<\/p>\n

“Que con ESTIMACI\u00d3N TOTAL de la demanda interpuesta por la Procuradora XXXXX, en nombre y representaci\u00f3n de XXXXX contra XXXXX, debo DECLARAR Y DECLARO la perfecci\u00f3n y consumaci\u00f3n del contrato de compraventa suscrito entre las partes, habiendo adquirido los actores el pleno dominio de la finca y terreno adquirido transmitido siendo due\u00f1os de la misma, obligando a la demandada a otorgar escritura p\u00fablica debiendo verificarse la cabida en ejecuci\u00f3n de sentencia conforme a la divisi\u00f3n que existe en la actualidad de los terreno, debiendo aquella realizar todas las actuaciones necesarias, con imposici\u00f3n de las costas a la parte demandada”.<\/p>\n

Dicha resoluci\u00f3n fue aclarada por auto de fecha 9 de febrero de 2007, cuya parte dispositiva literalmente dice:<\/p>\n

“1 .- Se estima la petici\u00f3n formulada por la procuradora XXXXX en nombre y<\/p>\n

representaci\u00f3n de ‘ XXXXX en el sentido de ubicar la vivienda objeto de los autos, en el fallo de la Sentencia.<\/p>\n

2.- La referida resoluci\u00f3n queda definitivamente redactada de la siguiente forma:<\/p>\n

“debo DECLARAR Y DECLARO la perfecci\u00f3n y consumaci\u00f3n del contrato de compraventa suscrito entre las partes, habiendo adquirido los actores el pleno dominio de la finca y terreno adquirido que se ubica en la calle XXXXX izquierda transmitido siendo due\u00f1os de la misma, obligando a la demandada a otorgar escritura p\u00fablica<\/p>\n

debiendo verificarse la cabida en ejecuci\u00f3n de sentencia conforme a la divisi\u00f3n que existe en la actualidad de los terreno, debiendo aquella realizar todas las actuaciones necesarias, con imposici\u00f3n de las costas a la parte demandada”.<\/p>\n

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de XXXXX, y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa su tramitaci\u00f3n y emplazamiento a las partes.<\/p>\n

TERCERO.- Seguido este recurso por sus tr\u00e1mites se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda para su votaci\u00f3n y fallo.<\/p>\n

CUARTO.- En la tramitaci\u00f3n de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y t\u00e9rminos legales, haci\u00e9ndose constar que la duraci\u00f3n de la grabaci\u00f3n del CD correspondiente al tr\u00e1mite de audiencia previa es la de 9 minutos y 13 segundos y la del acto juicio es la de 81 minutos y 35 segundos.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- La parte apelante, demandada en la instancia, interesa la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida y que en su lugar, se dicte otra por la que, tras una adecuada valoraci\u00f3n de la prueba practicada y aplicaci\u00f3n del derecho, se desestime la demanda contra ella deducida, al entender, de manera subsidiaria, que:<\/p>\n

a.- concurre la excepci\u00f3n de litis consorcio pasivo necesario, que como tal es apreciable de oficio en cualquier instancia, y por ello, sin necesidad de ser alegada por la parte, dado que no ha sido llamado al proceso, su esposo, XXXXX, pues interesando la parte actora la declaraci\u00f3n de perfecci\u00f3n y consumaci\u00f3n del contrato de compraventa suscrito por las partes, sobre la vivienda y terreno que se dice transmitidos, y su elevaci\u00f3n a escritura p\u00fablica, es necesaria su presencia, por cuanto que el matrimonio que forma con ella se encuentra sujeto al r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral, requiriendo el consentimiento de ambos c\u00f3nyuges los actos de disposici\u00f3n de los bienes, independientemente de cual sea el origen de los mismos (art. 95 y 99 LDCFPV), como lo evidencia la propia redacci\u00f3n del doc. n\u00ba 5 de la demanda, y las diversas cartas al efecto dirigidas por el Letrado requiriendo la elevaci\u00f3n a escritura p\u00fablica del contrato.<\/p>\n

L\u00f3gicamente si para la celebraci\u00f3n del contrato se requiere el consentimiento del esposo, sin duda es necesaria su intervenci\u00f3n en el acto de otorgamiento de la escritura p\u00fablica, como paso previo para su inscripci\u00f3n registral, que de otro modo no ser\u00eda posible.<\/p>\n

La consecuencia de la apreciaci\u00f3n de esta excepci\u00f3n que implica la vulneraci\u00f3n de los arts. 5 n\u00ba 2 y 12 LECn, lo es la nulidad de lo actuado con reposici\u00f3n de las actuaciones<\/p>\n

hasta el momento procesal oportuno para constituir el debido litisconsorcio pasivo necesario.<\/p>\n

b.- el objeto de la compraventa lo fue estrictamente la vivienda y sus accesos y no el terreno, como se infiere no solo del precio convenido (62.000.000 ptas) frente al exigido si la adquisici\u00f3n inclu\u00eda aqu\u00e9l (75.000.000 ptas.), sino tambi\u00e9n de la propia redacci\u00f3n de los documentos n\u00ba 3, 4 y 5, que \u00fanicamente se refieren a la vivienda, siendo los dos primeros, los recibos de las cantidades entregadas a cuenta redactados por la propia parte compradora, no poniendo objeci\u00f3n alguna al \u00faltimo de ellos en el que s\u00f3lo se hace referencia a la vivienda.<\/p>\n

Es m\u00e1s, lo \u00fanico entregado a la firma del doc. n\u00ba 5 lo fue la vivienda y no el terreno que esta parte vall\u00f3 en su d\u00eda para tenerlo perfectamente identificado ante su posible venta a terceros, careciendo de transcendencia que es lo que se publicitara como objeto de la venta, pues lo importante es el acuerdo de voluntades entre las partes.<\/p>\n

c.- en ning\u00fan caso existe obligaci\u00f3n de otorgar escritura p\u00fablica, estando esta parte liberada de tal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1184 del C\u00ba Civil, en la medida en que ello es imposible legalmente, pues estando la vivienda integrada dentro de unas fincas registrales m\u00e1s amplias, es necesaria su segregaci\u00f3n, la cual intentada ha sido denegada por el Ayuntamiento de XXXXX, no siendo ello una cuesti\u00f3n que carezca de importancia, pues como establece el art. 259 RDL 111 992 de 26 de junio, en ello vigente, as\u00ed se impone igualmente en la ley 212006 de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo de esta Comunidad Aut\u00f3noma, los Notarios y Registradores de la Propiedad exigir\u00e1n para autorizar e inscribir, respectivamente, las escrituras de divisi\u00f3n de terrenos que se acredite la oportuna licencia o la declaraci\u00f3n municipal de innecesariedad, que como tal deber\u00e1 ser testimoniada.<\/p>\n

Por otro lado, no existe la m\u00e1s m\u00ednima prueba de que se pueda llevar a cabo de otro modo distinto (divisi\u00f3n horizontal tumbada), a lo que se une que ello no fue lo pactado.<\/p>\n

Esta imposibilidad era perfectamente conocida por los actores al firmar el contrato privado, abonar el precio y ocupar la vivienda.<\/p>\n

d.- finalmente, si se mantuviera la estimaci\u00f3n de la demanda, debe dejarse, sin efecto el pronunciamiento relativo a “…debiendo verificarse la cabida en ejecuci\u00f3n de sentencia..”, dado que ello no fue objeto de petici\u00f3n en la demanda, siendo incongruente por ultra o extra petita la resoluci\u00f3n recurrida cuando concede algo que no le fue solicitado (art. 216 y 218 LECn), y adem\u00e1s entra\u00f1a una condena con reserva de liquidaci\u00f3n que excede de una mera operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, lo que proh\u00edbe el art. 219 LECn.<\/p>\n

SEGUNDO.- El litis consorcio pasivo necesario.<\/p>\n

El adecuado an\u00e1lisis del recurso, exige el estudio, en primer lugar, de la infracci\u00f3n procesal en el sentido del art. 459 de la LECn, que a juicio de la recurrente se ha dado a lo largo del proceso, al ser incorrecta la constituci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal<\/p>\n

(litis consorcio pasivo necesario), por no ser parte en el mismo su esposo, XXXXX la cual es cierto, como denuncia la parte apelada en el escrito de oposici\u00f3n al recurso, integra un cuesti\u00f3n nueva en esta alzada al no ser denunciada en la instancia, en su momento procesal oportuno (escrito de contestaci\u00f3n, art. 405 LECn), m\u00e1s a\u00fan as\u00ed todo debemos considerar qu\u00e9 incidencia tiene ello, s\u00ed cabe su apreciaci\u00f3n de oficio, si es que concurre y cuales son sus consecuencias en tal caso, (art. 465 en relaci\u00f3n con el art. 227 LECn.), teniendo en cuenta que de apreciarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 416 n\u00ba 3 y 420 LECn, al resolverse con car\u00e1cter previo antes del tr\u00e1mite de alegaciones complementarias o aclaratorias, de fijaci\u00f3n de los hechos, de impugnaci\u00f3n de los documentos, y finalmente de proposici\u00f3n de prueba (art. 426 y SS LECn), nos deber\u00eda llevar a retrotraer lo actuado al momento anterior a la proposici\u00f3n y admisi\u00f3n de la prueba pericial que como infracci\u00f3n procesal se denuncia, ya que no estamos ante una infracci\u00f3n que por su naturaleza pueda ser subsanada en esta alzada, al tener que darse un nuevo tr\u00e1mite al actor para ampliar la demanda contra el demandado con suspensi\u00f3n de la audiencia previa (art. 420 LECn).<\/p>\n

Y as\u00ed, esta Sala en sus sentencias de fecha 23 de enero de 1995, 15 de enero de 1996, 22 de febrero de 2002, y 5 de mayo y 12 de diciembre de 2003 y 4 de octubre de 2007 entre otras, ” la alegada falta de litis consorcio pasivo necesario supone una defectuosa constituci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, que en realidad, no afecta a la validez intr\u00ednseca de la expresada relaci\u00f3n, sino a la inutilidad o infructuosidad de la misma para conseguir la resoluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n de fondo planteada; en este sentido, su carencia, que constituye, la falta de un presupuesto preliminar al fondo, deriva, pues, de la constataci\u00f3n de una “quaestio iuris”, a saber, la ineptitud jur\u00eddica del sujeto demandado para soportar, con la calidad que se le atribuye, las consecuencias jur\u00eddicas que se pretenden” (T.S. lo S de 22 de Julio de 1.991).<\/p>\n

En definitiva, de lo que se trata con ella es que figuren como partes aquellas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que puedan verse afectadas en sus derechos o intereses leg\u00edtimos por la resoluci\u00f3n que ponga fin al litigio, de manera que se les d\u00e9 la oportunidad de ser o\u00eddos, y por tanto de alegar, cuanto en su defensa estimen convenientes, evitando causarles indefensi\u00f3n (art. 24 C.E.). Y as\u00ed mismo que no se den sentencias<\/p>\n

contradictorias que hagan imposible o dif\u00edcil su ejecuci\u00f3n, vulnerando con ello el derecho fundamental a la tutela judicial (T.S. la S. de 5 de Diciembre de 1995, 7 de Junio y 18 de Setiembre de 1996, entre otras).<\/p>\n

La apreciaci\u00f3n de esta excepci\u00f3n, de oficio (T.S. la S. de 19 de Enero de 1995, 6 y 16 de Abril de 1996, entre otras), o a instancia de parte, en la anterior regulaci\u00f3n procesal y por su vinculaci\u00f3n a la cuesti\u00f3n de fondo deb\u00eda ser resuelta en sentencia, tal y como acontec\u00eda en el juicio de cognici\u00f3n, o en el desahucio a diferencia del juicio de Menor Cuant\u00eda, ya que en \u00e9l tanto la doctrina como la jurisprudencia (T.S. lo S 18 de Marzo de 1.993; 30 de Mayo y 18 de Junio de 1.994, entre otras) consideraban que este defecto era subsanable en la comparecencia del art. 693 de la L.E.C. mediante la suspensi\u00f3n del proceso y el nuevo emplazamiento de los que pudiesen verse afectados por el litigio, si as\u00ed lo interesaba el demandante, y si \u00e9ste no lo solicita, si el juzgador lo consideraba<\/p>\n

necesario. Posibilidad que estaba vedada en el juicio de cognici\u00f3n, pues bastaba con observar la diferente redacci\u00f3n del art. 693 y de los arts. 52 y 63 del Decreto de 21 de Noviembre de 1.952, e igualmente en el juicio de desahucio (art. 1570 y SS LEC), y que hoy d\u00eda con car\u00e1cter general se acoge en la nueva LEC 112000 (art. 12,4 16 y 420 juicio ordinario, en relaci\u00f3n con el art. 443, previsto para el juicio verbal).”<\/p>\n

Es m\u00e1s, al respecto el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia de 7 de junio de 2007 ha declarado ” la sentencia de esta Sala de 2 de octubre de 2006 se\u00f1ala que “para la apreciaci\u00f3n de la figura del litisconsorcio pasivo necesario, desarrollada por la jurisprudencia y actualmente incorporada al art\u00edculo 12.2 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, se exige que la resoluci\u00f3n a dictar hubiera de producir efecto de cosa juzgada respecto de los ausentes del proceso (sentencias de 30 de enero de 1982, 14 de enero de 1984, 3 1 de octubre de 1985 y, entre las m\u00e1s recientes, la de 22 de febrero de 2000), requiriendo la concurrencia entre presentes y ausentes de un nexo com\u00fan, o sea una comunidad de riesgo procesal (sentencias de 30 de junio de 1967 y 6 de diciembre de 1977) y la existencia de vinculaciones subjetivas resultantes de los derechos deducidos en juicio que hiciera preciso demandar a todos los sujetos cuyos derechos se integran en la relaci\u00f3n jur\u00eddica de derecho material que se debate, dado que todos ellos resultar\u00edan afectados por la resoluci\u00f3n (sentencias de 4 de junio, 28 y 30 de septiembre de 1999), de modo que dicha excepci\u00f3n se produce cuando en virtud de un v\u00ednculo que une a una persona con la relaci\u00f3n jur\u00eddico-material objeto del pleito se produce la consecuencia de que la sentencia necesariamente le ha de afectar (sentencias de 22 de octubre y 28 de diciembre de 1998 y 22 de febrero de 2000), encontr\u00e1ndose en su esencia la consideraci\u00f3n de la eficacia que la sentencia que ponga fin al procedimiento produzca necesariamente para quienes est\u00e9n vinculados con la relaci\u00f3n material que es su objeto (sentencia de 9 de marzo de 2000), sin que un efecto reflejo o mero inter\u00e9s en el resultado del litigio fundamente la necesidad de una situaci\u00f3n litisconsorcial (sentencias de 4 de octubre de 1989,26 de marzo de 199 1, 25 de febrero de 1992 y 1 de diciembre de 2001)”. Doctrina reiterada en su sentencia de 11 de mayo de 2007.<\/p>\n

Por tanto, desde esta doctrina es indiferente, pese a lo alegado al respecto por la parte apelada que la manifestaci\u00f3n de la concurrencia de esta excepci\u00f3n se realice por la parte apelante en el escrito de interposici\u00f3n del recurso, pues si bien resulta a tales efectos extempor\u00e1nea debiendo haberla alegado en el escrito de contestaci\u00f3n (art. 405 LECn), no ha de olvidarse que se trata de una excepci\u00f3n apreciable de oficio, en cualquiera de las instancias, como se infiere de la doctrina jurisprudencial indicada, de suerte que con ella la parte est\u00e1 advirtiendo al Tribunal sobre esta cuesti\u00f3n, que f\u00e1cilmente hubiera sido advertida por la Sala con la mera lectura del escrito de contestaci\u00f3n y la documental obrante en autos.<\/p>\n

Si ello es as\u00ed, para saber quienes deben ser parte en un proceso deberemos considerar cual es la acci\u00f3n ejercitada por la parte actora, lo que supone en el presente caso tener en cuenta que en su escrito de demanda pretende:<\/p>\n

a.- la declaraci\u00f3n de la perfecci\u00f3n y consumaci\u00f3n del contrato de compraventa suscrito por las partes, que tal y como se deduce de los hechos reflejados en la demanda se plasma en el doc. n\u00ba 5 de la misma, siendo los documentos n\u00ba 3 y 4 meros recibos de las cantidades entregadas a cuenta.<\/p>\n

b.- y como consecuencia de lo anterior se declare que son propietarios de la vivienda y terrenos transmitidos y la obligaci\u00f3n de la parte demandada de otorgar la oportuna escritura p\u00fablica, para lo que deber\u00e1 llevar a cabo los pasos precisos ante el Ayuntamiento de XXXX.<\/p>\n

Esta acci\u00f3n se funda en la existencia de un contrato de compraventa, y por tanto pretende el cumplimiento de lo en el mismo pactado, de manera que para que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal se encuentre correctamente constituida, al ejercitarse un acci\u00f3n de naturaleza personal como lo es la presente, es necesario \u00fanicamente que sean parte aquellas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que han intervenido en la citada relaci\u00f3n contractual, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo, Sala Primera, en sus sentencias, entre otras, de 8 de marzo y 24 de abril de 2006,25 de enero, 9 de marzo de 2007.<\/p>\n

Si ello es as\u00ed, una cosa es el necesario consentimiento del esposo de la demandada para la transmisi\u00f3n del bien, dado el car\u00e1cter de comunicaci\u00f3n foral de su r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, el cual como tal no se niega en el procedimiento, y se infiere del contenido del doc. n\u00ba 5 demanda y su necesidad, por ello, de que al otorgarse la escritura p\u00fablica est\u00e9 presente, de ah\u00ed las referencias al mismo que realiza el Letrado de la parte actora en las cartas previas al proceso a las que alude la parte apelante, o sepa de la existencia del procedimiento para poder adoptarse alguna medida cautelar de naturaleza registral, como as\u00ed ha sido, y otra bien distinta que no habiendo sido parte contratante como tal, debe ser llamado al actual proceso, que es lo que acontece en el presente caso, ya que de los diversos documentos que se acompa\u00f1an con la demanda se infiere que quien vende como tal frente a la parte actora es la demandada, pensemos en los recibos que se redactan (doc. no 3 y 4 demanda) y se admiten por la misma y en los que se dice : “Reunidos de una parte Do\u00f1a XXXXX con D.N.I. XXXXX con domicilio en XXXXXX C\/ XXXXX, y por la otra Don XXXXX con D.N.I. XXXXX y con domicilio en XXXXX acuerdan en esta momento la compra-venta de la vivienda situada en XXXXX en el precio de 62.000.000 ptas. (sesenta millones de pesetas) “, lo que se reitera en el citado documento n\u00ba 5 de fecha 31 de mayo de 2002 y en el que se dice: ” De una parte como vendedor, Do\u00f1a XXXXX con D.N.I. XXXXX, con domicilio en XXXXX, XXXXX, provincia de Vizcaya, con el consentimiento de su compareciente esposo, Don XXXXX D.N..I. XXXXX.<\/p>\n

“Y, de otra parte como comprador XXXXX, con D.N.I. XXXXX domicilio en XXXXX, provincia de Vizcaya, acompa\u00f1ado por su esposa XXXXX<\/p>\n

EXPONEN:<\/p>\n

Que, a tenor de acuerdo de COMPRA- VENTA firmado entre las partes el 28 de enero del a\u00f1o en curso sobre la vivienda sita en XXXX, XXXXX\u201d). No debiendo confundirse la posici\u00f3n de parte contractual con la de quien presta el consentimiento a la disposici\u00f3n de los bienes por su esposa.<\/p>\n

Por ello, no hay duda de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal est\u00e1 correctamente constituida, y que no concurre la excepci\u00f3n alegada, entra\u00f1ando adem\u00e1s cuando no se debate la bondad de la operaci\u00f3n, pensemos que no se reconviene por la demandada pretendiendo la nulidad del contrato o su resoluci\u00f3n, una alegaci\u00f3n extra\u00f1a la presente, pues no solo ha sido ella quien siempre ha llevado a cabo las relaciones con los actores, y dada su condici\u00f3n de bienes privativos adquiridos por herencia de sus causantes, como suyos propios los considera, tal y como se deduce del escrito que presenta en el Ayuntamiento de XXXXX (doc. n\u00ba 2 contestaci\u00f3n) y los vende, sino que su esposo por razones obvias, al no estar en un supuesto de crisis matrimonial, y haberse adoptado medidas cautelares conoce del proceso, y pese a ello no se ha personado, si es que pensaba que sus derechos no estaban convenientemente defendidos o representados por su esposa.<\/p>\n

TERCERO.- Desestimada la objeci\u00f3n procesal, debemos analizar la cuesti\u00f3n de fondo planteada, que no es otro que la eficacia del contrato de compraventa de autos, entendiendo la Sala al igual que la Juzgadora a quo que el mismo se haya perfeccionado y se ha consumado, tal y como se razona en el fundamento de derecho segundo de su sentencia.<\/p>\n

Y ello porque existiendo acuerdo de voluntades que como tal no se niega y abono del precio convenido con entrega material del bien vendido, el cual se encuentra en posesi\u00f3n y disfrute de la parte compradora, no hay duda de que las partes han cumplido con los requisitos que el art. 1445 y ss del C\u00ba Civil determinan para su eficacia como modo de traslaci\u00f3n del dominio, ante lo cual debemos plantearnos, aquello que se cuestiona como tal:<\/p>\n

a.- el alcance del objeto del contrato.<\/p>\n

La demandada no cuestiona que vendi\u00f3 la vivienda y los terrenos para su acceso (minuto 9,30 y ss Cd n\u00ba1), mas discrepa en que tambi\u00e9n se incluyera en el precio el terreno que junto a ella se encuentra y que se halla vallado, tras la transmisi\u00f3n, como ella admite (minuto 16,08 y ss Cd n\u00ba1) y corroboran los testigos Sra. XXXXX (minuto 4 1,45 y ss Cd n\u00ba1), y-Sr XXXXX (minuto 48,10 y ss Cd n\u00ba1), entendiendo la Sala de nuevo con la Juzgadora que tambi\u00e9n se vendi\u00f3, ese terreno, pues si bien la redacci\u00f3n de los documentos que plasman la relaci\u00f3n contractual, unos por la parte actora (doc. n\u00ba 2 y 3 demanda e interrogatorio actora, minuto 24,12 y ss Cd n\u00ba 1) y otros por la demandada a trav\u00e9s de personas de su confianza (doc. n\u00ba 5 demanda, interrogatorio actora minuto 26,05 y ss Cd n\u00ba1 y demandada, minuto 10,13 y ss Cd n\u00ba1), no son lo m\u00e1s concreto y espec\u00edfico que pudiera esperarse, pudiendo pensarse que por su redacci\u00f3n s\u00f3lo se refieren a la vivienda, lo cierto es que valorados los actos posteriores de la demandada, al haber entrado en posesi\u00f3n los compradores de la casa y el terreno en mayo de 2002, evidencia que tambi\u00e9n se vendi\u00f3 el terreno, pues en noviembre y diciembre de ese<\/p>\n

mismo a\u00f1o les remite cartas en las que tras admitir tal ocupaci\u00f3n, no les requiere para que abandonen el terreno sino para que hagan unas obras en una ventana como condici\u00f3n para realizar la escritura p\u00fablica o eviten la tenencia de perros para no causar da\u00f1o (doc. n\u00ba 6 y 7 demanda no impugnados), lo que se reitera en cartas de su Letrado en el a\u00f1o 2003 con referencia al problema de la licencia de segregaci\u00f3n (doc. n\u00ba 11 y 13 a 16 demanda).<\/p>\n

b.- Imposibilidad de exigirse la obligaci\u00f3n de otorgar la oportuna escritura p\u00fablica.<\/p>\n

Es un hecho que no se debate, la circunstancia de que alg\u00fan problema exist\u00eda con la escrituraci\u00f3n de la compraventa, desde el principio de la relaci\u00f3n, pues a ello se refieren las partes cuando en el documento de fecha 31 de mayo de 2002 (doc. n\u00ba 5 demanda), sin especificar concretamente la naturaleza de aqu\u00e9l, aplazan tal acto a meses posteriores, pese a que se ha entregado ya el bien vendido y se ha abonado su precio, no pudiendo conocer la parte compradora, en ese momento, que el mismo lo era la negativa del Ayuntamiento de XXXX a la segregaci\u00f3n y parcelaci\u00f3n pretendida por la parte demandada, pues la solicitud se presenta en esos d\u00edas y la denegaci\u00f3n se da en julio de 2002, como se deduce del doc. n\u00ba 2 contestaci\u00f3n y oficio del citado Ayuntamiento (f. 102 y SS), siendo evidente por el contenido de las cartas obrantes en autos que ello no se le hace saber a la parte comprado, pues incluso se le dice, a\u00fan en el a\u00f1o 2003, que se espera una resoluci\u00f3n del ente municipal que ya se hab\u00eda producido, tomando raz\u00f3n de ello la parte actora en noviembre de 2003 (doc. n\u00ba 6 y ss demanda).<\/p>\n

Este problema que se concreta en ” denegar la licencia de parcelaci\u00f3n por los motivos expresados en el informe, al estar clasificado el suelo que se pretende parcelar como suelo apto para urbanizar para lo cual es necesario aprobar previamente el Plan Parcial del \u00e1rea n\u00ba 41 tal y como precept\u00faa el art\u00edculo 96.1 de la Ley del Suelo” (doc. n\u00ba 2 contestaci\u00f3n), ciertamente no es balad\u00ed, y en ello se discrepa de la resoluci\u00f3n recurrida, por cuanto que conforme al a\u00fan vigente art. 259 n\u00ba 3 p\u00e1rrafo cuarto, del Real Decreto Legislativo 1\/1.1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el R\u00e9gimen del Suelo y Ordenaci\u00f3n Urbana, “Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigir\u00e1n para autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de divisi\u00f3n de terrenos, que se acredite el otorgamiento de la licencia o la declaraci\u00f3n municipal de su innecesariedad, que los primeros deber\u00e1n testimoniar en el documento.”, lo que como tal no se puede imponer a los citados profesionales, y por ello cabr\u00eda aplicar el art. 1.116 del C\u00f3digo Civil, en cuanto dispone que las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley anular\u00e1n la obligaci\u00f3n que de ellas dependa, en relaci\u00f3n con el art. 1184 que determina que cuando la prestaci\u00f3n de hacer resultare legalmente imposible se exonera al deudor.<\/p>\n

Mas ello no quiere decir que en el caso de autos no se pueda buscar alguna de las formas que el Derecho permita para tratar que esta transmisi\u00f3n se eleve a escritura p\u00fablica y se inscriba, siendo ello la obligaci\u00f3n que se pretende con la demanda y se impone a la demandada al amparo del art. 1279 del C\u00ba Civil, y respecto de la que la Sala no tiene por qu\u00e9 determinar el instrumento en Derecho apto para ello, pues tal no es lo<\/p>\n

pretendido en el proceso, todo ello sin perjuicio de que pudiera plantearse en su d\u00eda un incidente por ejecuci\u00f3n imposible de la sentencia (art. 118 CE, art. 18 LOPJ y art. 548 y ss LECn.)<\/p>\n

Cuesti\u00f3n distinta hubiera sido, pues no es el caso ya que las partes no lo pactaron en el contrato que la forma en la que tal se deb\u00eda llevar a cabo, lo fuera la segregaci\u00f3n, pudiendo en ese caso hablar de una imposibilidad jur\u00eddica de transmisi\u00f3n del bien, pero ello no lo pretende la parte demandada v\u00eda reconvencional, estando interesados los actores que han abonado el precio del bien, en mantener la validez del contrato.<\/p>\n

Lo expuesto conlleva la desestimaci\u00f3n del recurso y el mantenimiento de la estimaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n

CUARTO.- Como motivo final de su recurso la parte actora alega, si es que se mantiene la estimaci\u00f3n de la demanda, que debe dejarse, sin efecto el pronunciamiento relativo a “…debiendo verificarse la cabida en ejecuci\u00f3n de sentencia…”, dado que ello no fue objeto de petici\u00f3n en la demanda, siendo incongruente por ultra o extra petita la resoluci\u00f3n recurrida cuando concede algo que no le fue solicitado (art. 21 6 y 21 8 LECn), y adem\u00e1s entra\u00f1a una condena con reserva de liquidaci\u00f3n que excede de una mera operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, lo que proh\u00edbe el art. 219 LECn.<\/p>\n

El an\u00e1lisis de tal motivo exige tener en cuenta lo razonado por esta Sala en reiteradas sentencias (S. 17 de Mayo y 14 y 19 de Julio de 2005, 14 de febrero, 3 de mayo y 3 de octubre de 2006 y 16 de noviembre de 2007), en relaci\u00f3n con el deber de congruencia de las resoluciones judiciales y el l\u00edmite del debate ” El art. 24 de la Constituci\u00f3n reconoce a todos los ciudadanos el derecho a obtener la tutela judicial de los derechos o intereses leg\u00edtimos de los que son o se consideran titulares. Derecho a ejercitar ante los Tribunales cumpliendo los requisitos que establecen las leyes procesales y que tiene en la demanda (art. 399 LECn) la primera actuaci\u00f3n dentro del proceso civil, si los derechos o intereses leg\u00edtimos son de tal naturaleza.<\/p>\n

Esto es la demanda como modo de iniciaci\u00f3n del proceso, fija los que van a ser parte del mismo y establece los datos de hecho y Derecho sobre los que el demandante basa su petici\u00f3n, cuya tutela interesa del Tribunal, produci\u00e9ndose con ella una serie de efectos de Derecho material (interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva (art. 1973 C. Civil; constituci\u00f3n en menor (art. 1100 C. Civil) .. .); y de Derecho Procesal, como la llamada “perpetuatio iurisdictiones”, la fijaci\u00f3n del objeto del proceso que no puede modificarse en lo sustancial (art. 405 n\u00ba 2 y 412 LECn), la imposibilidad mientras se sustancia, de un proceso posterior que tenga el mismo objeto (excepci\u00f3n de litis-pendencia); efectos en su conjunto derivados de la litis pendencia, es decir del planteamiento de un conflicto intersubjetivo jur\u00eddicamente trascendente ante los Tribunales; y sobre cuyo inicio ha discrepado y discrepan doctrina y Jurisprudencia, remitiendo los cl\u00e1sicos, en una concepci\u00f3n hoy ya superada por obedecer a la idea del proceso civil como instituci\u00f3n privada, al momento de la contestaci\u00f3n de la demanda por el demandado; mientras que la postura mayoritaria en la doctrina actual y la Jurisprudencia, lo hace al momento del emplazamiento, al reconducir los textos legales (art. 62 n\u00ba 1; 68 LEC anterior; art. 1945)<\/p>\n

a tal momento, la mayor parte de los efectos indicados y por ser entonces cuando el demandado conoce la existencia del pleito; finalmente alg\u00fan sector doctrinal y alguna sentencia del Tribunal Supremo (STS 25-2-1983), lo anticipa al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, postura acorde con preceptos legales del C\u00ba.Civil (art. 100 y 1973 C. Civil) y con el concepto de tutela judicial del art. 24 CE, que hoy d\u00eda encuentra su apoyo legal en el art. 4 10 y 4 1 1 LECn.<\/p>\n

Uno de estos efectos, es la fijaci\u00f3n del objeto del proceso, debiendo entenderse que es entonces, cuando debe existir el derecho del que pretender ser titular el demandante, pues de no ser as\u00ed, decaer\u00eda su acci\u00f3n y ver\u00eda desestimarse su demanda, por cuanto que el principio de contradicci\u00f3n e igualdad entre las partes que en este tipo de juicios como en cualquiera de los dem\u00e1s \u00f3rdenes jurisdiccionales, quebrar\u00eda si se reconociera al demandante un derecho que haya surgido a lo largo de la causa, y frente al que el demandado disconforme no se puede defender, ya que su argumentaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, y su prueba se centrar\u00e1 sobre lo que fue objeto de demanda (art. 405 n\u00ba 1, 412, 426, 437 y 443 LECn, entre otros).<\/p>\n

A la delimitaci\u00f3n as\u00ed establecida en la demanda ha de a\u00f1adirse aquellas cuestiones que sobre la pretensi\u00f3n ejercitada sean admitidas en la contestaci\u00f3n (art. 405 n\u00ba 2 LECn) o en el tr\u00e1mite de audiencia previa (art. 414 y ss LECn), y que por existir conformidad de las partes determinan la innecesariedad de la pr\u00e1ctica de prueba (art. 281 n\u00ba 3 LECn), lo que de igual modo puede hacerse extensivo a la reconvenci\u00f3n (art. 406 LECn), con la consiguiente aplicaci\u00f3n de esta doctrina al juicio verbal art. 437 y ss LECn.<\/p>\n

Desde esta perspectiva nos encontramos que en un proceso como el presente, juicio ordinario, el debate queda delimitado con los escritos de demanda y contestaci\u00f3n y en su caso reconvenci\u00f3n, sin que las partes puedan alterarlo posteriormente, tal y como prev\u00e9 el art. 412 n\u00ba 1 LECn, lo cual quiere decir que:<\/p>\n

a.- la facultad de efectuar alegaciones complementarias, que en el acto de audiencia previa, se prev\u00e9 para el juicio ordinario (art. 426 LECn) y que es factible en el acto de juicio del verbal (art. 443 n\u00ba 1 a 3 LECn), no debe entenderse en el sentido de formular pretensiones nuevas o motivos de defensa extempor\u00e1neos y s\u00ed simplemente de completar “sin alterar sustancialmente” ni las pretensiones ni los fundamentos de \u00e9stas. (art. 426 LECn).<\/p>\n

b.- el acaecimiento de un hecho nuevo a que se refiere el art. 426 y 286 y ss LECn, con distintas fases procesales de alegaci\u00f3n, debe entenderse y admitirse siempre que, entre otros requisitos, sea de relevancia para la decisi\u00f3n del pleito, esto es que sirva de apoyo para la pretensi\u00f3n o motivo de defensa en su momento alegado, no que el mismo implique una pretensi\u00f3n o motivo diverso, y siempre que ello se d\u00e9 antes de comenzar el plazo para dictar sentencia.<\/p>\n

c.- No se han de tener en cuenta en la sentencia las innovaciones que, despu\u00e9s de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda, y en su caso a la reconvenci\u00f3n, excepto<\/p>\n

si la innovaci\u00f3n privare definitivamente de inter\u00e9s leg\u00edtimo las pretensiones que se hubieren dado en la demanda o en la reconvenci\u00f3n de existir, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa, en cuyo caso deber\u00e1 estarse a lo dispuesto en el art. 22 LECn (art. 41 3 LECn).<\/p>\n

Por otro lado, no debe olvidarse que el Tribunal Constitucional ha establecido de modo reiterado que el derecho fundamental a la tutela judicial obliga a los \u00f3rganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los t\u00e9rminos en que aparezcan planteadas (art. 218,208 y 209 y art. 11 y 248 n\u00ba 3 LOPJ), de modo que tal deber se vulnera tanto si no se responde a las cuestiones planteadas (incongruencia omisiva) como si se resuelven cuestiones no planteadas respecto de las que partes no han tenido oportunidad de defenderse, no respet\u00e1ndose, por tanto, el principio de contradicci\u00f3n (incongruencia extra petitum), siempre que se d\u00e9 una alteraci\u00f3n de los t\u00e9rminos del debate que cause indefensi\u00f3n a las partes con relevancia constitucional y que no se pueda hablar de una desestimaci\u00f3n t\u00e1cita. Mas, para que tal declaraci\u00f3n se d\u00e9 es preciso que la cuesti\u00f3n no resuelta haya sido efectivamente planteada en el momento procesal oportuno y que se d\u00e9 una ausencia de respuesta razonada, bien entendido que se ha considerado como v\u00e1lida constitucionalmente la respuesta gen\u00e9rica a la cuesti\u00f3n planteada, la no resoluci\u00f3n de pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisi\u00f3n que se adopte respecto a otras tambi\u00e9n planteadas en el proceso, que al ser de enjuiciamiento preferente, por su naturaleza (ej. una excepci\u00f3n dilatoria cuya estimaci\u00f3n obvia el an\u00e1lisis del tema de fondo) o por su conexi\u00f3n procesal, hacen innecesario su pronunciamiento sobre aquellas otras ; o, atendiendo a las circunstancias del caso se pueda afirmar que el silencio puede suponer desestimaci\u00f3n t\u00e1cita suficiente, si bien en tales casos es necesario que as\u00ed pueda deducirse de otros razonamientos de la sentencia o pueda apreciarse que la respuesta expresa no era necesaria e imprescindible (TC 1\u00ba S 122\/94 de 25 de Abril; S 169\/94 de 6 de Junio, S 87194 de 14 de Marzo; S. 47\/1997 de 11 de Marzo; S. 111\/1997 de 3 de Junio, TC2\u00ba S 91\/95 de 19 deJunioyS 146\/95 de 16 de Octubre; S 4\/1994 de 17 de Enero, entre otras), ya que no debe olvidarse que el art. 24 n\u00ba 2 de la C.E. reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener una respuesta judicial motivada, razonable y coherente a sus pretensiones, siempre que \u00e9stas se ejerciten con cumplimiento de los requisitos de procedibilidad legalmente establecidos. Este deber de motivaci\u00f3n que se reitera en el art. 120 n\u00ba 3 de la Constituci\u00f3n, en los art\u00edculos 11 y 248 L.O.P. J. y en el art. 206 a 209 LECn, consiste en el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales, sin que sea exigible una extensi\u00f3n determinada, y sin que el Juez o Tribunal est\u00e9 obligado a realizar una exhaustiva siendo suficiente el que tales razones se expresen de modo que pueda entenderse el porqu\u00e9 de lo resuelto. Este deber tiene como finalidad no s\u00f3lo garantizar el conocimiento del porqu\u00e9 de una decisi\u00f3n judicial, sino tambi\u00e9n facilitar su control a trav\u00e9s de los recursos establecidos por el ordenamiento jur\u00eddico, de manera que se pueda comprobar que aqu\u00e9lla es fruto de un proceso racional y no de una decisi\u00f3n arbitraria, m\u00e1xime cuando el art. 9 no 3 C.E. proh\u00edbe la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos. En definitiva, pretende que el ciudadano conozca la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial, y tambi\u00e9n que el \u00f3rgano judicial que resuelva el eventual recurso que se interponga contra aqu\u00e9lla,<\/p>\n

sepa las razones que llevaron al Juzgador a dictarla y pueda as\u00ed vistas las alegaciones de las partes, considerar si al misma es ajustada a Derecho o no.<\/p>\n

A lo hasta ahora razonado, ha de considerarse que el proceso civil por su naturaleza est\u00e1 sometido al principio de rogaci\u00f3n o justicia rogada (art. 216 LECn)”.<\/p>\n

“Si esto es as\u00ed, ello supone que el Tribunal deber\u00e1 respetar al igual que el Juzgador de instancia, los t\u00e9rminos del debate planteado entre las partes, los cuales se fijan en los escritos fundamentales del proceso, esto es, y para un proceso como el presente, juicio de ordinario, los de demanda y contestaci\u00f3n, sin que quepa, por tanto, plantear extempor\u00e1neamente cuestiones no suscitadas en ellos, puesto que producen indefensi\u00f3n y violan el principio de preclusi\u00f3n procesal, y que como tal implican cuestiones nuevas a ser desestimadas sin m\u00e1s. Desde esta premisa el Juzgador o el Tribunal se siente vinculado, no por los fundamentos de Derecho que alegan las partes (iura novit curia; dabo mihi factum dabo tibi ius), no produci\u00e9ndose incongruencia por el cambio del punto de vista respecto del mantenido por los interesados, sino por el respeto a la causa petendi, y a los hechos fijados en aquellos escritos, que son los \u00fanicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposici\u00f3n de las partes, si bien con la facultad del Juzgador de fijarlos de modo definitivo seg\u00fan el resultado de las pruebas (T.S. la 23 de Enero de 1.996; 18 de Abril, 10 y 25 de Mayo, 24 de Octubre y 28 de Noviembre de 1.995, y 15 de Junio de 2004, entre otras)”.<\/p>\n

Desde esta perspectiva si analizamos el suplico de la demanda, sobre el que ninguna aclaraci\u00f3n se realiza en el acto de audiencia previa, resulta que no contiene referencia a pretensi\u00f3n de verificaci\u00f3n de la cabida del terreno transmitido, por lo que al as\u00ed acordarlo la Juzgadora a quo en su sentencia, lo ha sido de manera incongruente y excedi\u00e9ndose de lo que constitu\u00eda el objeto del debate, cuando no es un pronunciamiento que necesariamente vaya encadenado a lo que constituye el objeto del debate, de ah\u00ed que por tal motivo y por ser en este punto incongruente la resoluci\u00f3n recurrida debe modificarse la misma, dejando sin efecto la expresi\u00f3n contenida en el fallo de “”…debiendo verificarse la cabida en ejecuci\u00f3n de sentencia “.<\/p>\n

QUINTO.- Lo expuesto en los fundamentos de derecho precedentes, conlleva la estimaci\u00f3n parcial del recurso apelaci\u00f3n y la revocaci\u00f3n en tal sentido de la resoluci\u00f3n recurrida, por lo que no procede hacer expresa imposici\u00f3n de las costas procesales causadas en esta alzada, debiendo cada parte soportar las suyas (art. 398 n\u00ba 2 LECn.).<\/p>\n

VISTOS los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada, y dem\u00e1s pertinentes y de general aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que estimando parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Procuradora Sra. XXXXX, en nombre y representaci\u00f3n de XXXXX, representada en esta alzada por el Procurador Sr. XXXXX, contra la sentencia de fecha dictada el d\u00eda 30 de noviembre de 2006 aclarada por auto de 9 de febrero de 2006, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 6 de Getxo, en los autos de Juicio Ordinario n\u00ba 381\/05 a que este rollo se refiere; debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resoluci\u00f3n en el \u00fanico sentido de dejar sin efecto la expresi\u00f3n “\u2026debiendo verificarse la cabida en ejecuci\u00f3n de sentencia\u2026.”, manteniendo el resto de los pronunciamientos en ella contenidos, sin expresa imposici\u00f3n de las costas causadas en esta alzada.<\/p>\n

Devu\u00e9lvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia para su cumplimiento.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra sentencia, de la que se unir\u00e1 certificaci\u00f3n al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y le\u00edda por la Ilma. Magistrado Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una cosa es el necesario consentimiento del esposo de la demandada para la transmisi\u00f3n del bien, dado el car\u00e1cter de comunicaci\u00f3n foral de su r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial, y su necesidad, por ello, de que al otorgarse la escritura p\u00fablica est\u00e9 presente: Y otra bien distinta que no habiendo sido parte contratante como tal, debe ser llamado al actual proceso, que es lo que acontece en el presente caso, ya que de los diversos documentos que se acompa\u00f1an con la demanda se infiere que quien vende como tal frente a la parte actora es la demandada, y de otra parte como comprador el actor.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[789,646,738,716],"materia":[1232],"organo":[1885],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10617","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-compraventa","tag-comunicacion-foral-de-bienes","tag-legitimacion-pasiva","tag-transmision","materia-la-comunicacion-foral-de-bienes-en-bizkaia","organo-seccion-5a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10617","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10617"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10617"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10617"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10617"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}