{"id":10611,"date":"2025-10-06T12:57:01","date_gmt":"2025-10-06T10:57:01","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-10-10-2007\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:51","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:51","slug":"sap-de-bizkaia-sec-3a-10-10-2007","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-10-10-2007\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 10 de octubre de 2007"},"content":{"rendered":"<p>Roj: <strong>SAP BI 2036\/2007<\/strong> &#8211; <strong>ECLI:ES:APBI:2007:2036<\/strong><\/p>\n<p>Id Cendoj: <strong>48020370032007100375<\/strong><\/p>\n<p>\u00d3rgano: <strong>Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n<p>Sede: <strong>Bilbao<\/strong><\/p>\n<p>Secci\u00f3n: <strong>3<\/strong><\/p>\n<p>Fecha: <strong>10\/10\/2007<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Recurso: <strong>271\/2007<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Resoluci\u00f3n: <strong>510\/2007<\/strong><\/p>\n<p>Procedimiento: <strong>Recurso apelaci\u00f3n procedimiento ordinario LEC 2000<\/strong> Ponente: <strong>MARIA CONCEPCION MARCO CACHO<\/strong><\/p>\n<p>Tipo de Resoluci\u00f3n: <strong>Sentencia<\/strong><\/p>\n<p>AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA<\/p>\n<p>BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA<\/p>\n<p>Secci\u00f3n 3\u00aa<\/p>\n<p>BARROETA ALDAMAR 10 3\u00aa planta- C.P. 48001<\/p>\n<p>Tfno.: 94-4016664<\/p>\n<p>Fax: 94-4016992<\/p>\n<p>N.I.G. 48.04.2-06\/024494<\/p>\n<p>A.p.ordinario L2 271\/07<\/p>\n<p>O.Judicial Origen: Jdo. 1\u00aa Instancia n\u00ba 13 (Bilbao)<\/p>\n<p>Autos de Pro.ordinario L2 744\/06<\/p>\n<p><strong><em>SENTENCIA N\u00ba 510<\/em><\/strong><\/p>\n<p>ILMAS. SRAS.<\/p>\n<p>D\u00f1a. M\u00aa CONCEPCION MARCO CACHO<\/p>\n<p>D\u00f1a. ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ<\/p>\n<p>D\u00f1a. CARMEN KELLER ECHEVARRIA<\/p>\n<p>En la Villa de Bilbao, a diez de octubre de dos mil siete.<\/p>\n<p>Vistos en grado de apelaci\u00f3n ante la Secci\u00f3n Tercera de esta Audiencia Provincial integrada por las Ilustr\u00edsimas Se\u00f1oras Magistradas del margen los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO n\u00ba 744\/06, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N\u00ba 13 DE LOS DE BILBAO y seguidos entre partes como apelante D\u00aa Carolina , representado por el Procurador D. Francisco R. Atela Arana y dirigido por el Letrado D- Juan M. Izaguirre Zugazaga y como apelado D. Silvio , representado por el Procurador D. Jos\u00e9 A. Hernandez Uribarri y dirigido por el Letrado Sr. Iturriaga Sagarminaga y D. CARLOS SATISTEBAN DE LA LAMA, en situaci\u00f3n de rebeld\u00eda procesal.<\/p>\n<p>SE ACEPTAN y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada, en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark1\"><\/a><strong>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n<p>PRIMERO.- Que la referida Sentencia de instancia, de fecha 6 de Marzo de 2007 es del tenor literal siguiente:&#8221; FALLO: SE ESTIMA LA DEMANDA interpuesta por el Procurador Sr. Hern\u00e1ndez Uribarri en nombre y representaci\u00f3n de Don Silvio contra Do\u00f1a Carolina , declarando que el monte Olabarriburu que figura inscrito<\/p>\n<p>en el registro de la Propiedad n\u00ba 4 de los de Bilbao al Libro NUM000 de Orozco, Folio NUM001 , Finca NUM002 , inscripci\u00f3n NUM003 , propiedad del demandante tiene a su favor una servidumbre de paso sobre la finca de la demandada, inscrita en el tomo NUM004 , libro NUM003 de Orozco, folio NUM005 , finca NUM006 , inscripci\u00f3n 4\u00aa. Esta servidumbre transcurre por el camino que nace de la finca del demandante y prosigue en dos pistas paralelas hasta llegar a confluir en una, desembocando en la pista vecinal de Etxebarri a Olabarri-Andikoa.<\/p>\n<p>La demandada mantendr\u00e1 a quien sea propietario del predio dominante en la quieta y pac\u00edfica posesi\u00f3n, uso y disfrute de la referida servidumbre.<\/p>\n<p>Se condena en costas a la parte demandada.<\/p>\n<p>MODO DE IMPUGNACI\u00d3N: Mediante recurso de APELACI\u00d3N ante la Audiencia Provincial de BIZKAIA ( art. 455 LEC ).<\/p>\n<p>El recurso se preparar\u00e1 por medio de escrito presentado en este Juzgado dentro del plazo CINCO DIAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de aquella, limitado a citar la resoluci\u00f3n apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresi\u00f3n de los pronunciamientos que impugna ( art. 457.2 LEC ).<\/p>\n<p>As\u00ed por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo&#8221;.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Que publicada y notificada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de D\u00aa Carolina se interpuso en tiempo y en forma Recurso de Apelaci\u00f3n que, admitido por el Juzgado de Instancia se di\u00f3 traslado a las dem\u00e1s partes personadas para impugnaci\u00f3n u oposici\u00f3n verificandolo mediante escrito oponi\u00e9ndose al recurso. Emplazadas las partes para ante este Tribunal y subsiguiente remisi\u00f3n de los autos, comparecieron las partes por medio de su Procurador; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de autos y personamientos efectuados la formaci\u00f3n del presente Rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero 271\/07 de Registro y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de su clase.<\/p>\n<p>TERCERO.- Que con fecha 18 Julio de 2007 se se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 9 de Octubre de 2007 para votaci\u00f3n y fallo del recurso.<\/p>\n<p>CUARTO.- Que en la tramitaci\u00f3n del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n<p>VISTOS, siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada D\u00f1a. M\u00aa CONCEPCION MARCO CACHO.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark3\"><\/a><strong>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n<p>PRIMERO.- La parte apelante sostiene que no consta probado t\u00edtulo suficiente para que se alegue la existencia de servidumbre ni se ha producido la prescripci\u00f3n adquisitiva por el transcurso del tiempo, ni se ha poseido en ningun momento por el actor; invoca que el paso por el camino del demandado fue espor\u00e1dico y por mera tolerancia del due\u00f1o, por lo que no puede ganar esos per\u00edodos a su favor; en el procedimiento en ning\u00fan momento se ha intentado por la actora delimitar el t\u00edtulo por el que se crea o consta servidumbre; el juzgador omite cualquier referencia a este punto ni fundamenta de la existencia de la servidumbre sin ofrecer raz\u00f3n del t\u00edtulo que la constituy\u00f3, por lo que la sentencia debe ser revocada al infringir la normativa de aplicaci\u00f3n a esta instituci\u00f3n; ninguno de los usos se han realizado con posterioridad al a\u00f1o 1992, por lo tanto, conforme a la Ley Foral aplicable resulta obvio que la legislaci\u00f3n aplicable al caso es la dispuesta en el C\u00f3digo Civil, legislaci\u00f3n que impide la adquisici\u00f3n de servidumbre por usucapi\u00f3n.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, acreditado que la finca del actor tiene otro camino por el que puede acceder, resulta imposible que se constituya una servidumbre forzosa; el camino que discurre, por el viento este ahora pertenece a los pertenecidos de su hermano; el camino est\u00e1 en uso y en condiciones; mientras que el del objeto de la litis est\u00e1 en desuso y necesita de obras de acondicionamiento; por lo que nuevamente se infringre la normativa aplicable por la sentencia que ahora se recurre.<\/p>\n<p>En definitiva, se solicita la revocaci\u00f3n de la sentencia.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Es preciso recordar que la parte actora en la demanda ejercita la acci\u00f3n caracter\u00edstica del derecho real de servidumbre, la acci\u00f3n confesoria que corresponde al due\u00f1o del predio dominante o titular de la servidumbre contra quien le perturbe en el ejercicio de la misma o la desconozca, para que se reconozca o respete su existencia, con una finalidad ya declarativa, ya de restituci\u00f3n, poniendo fin a una situaci\u00f3n contraria a la servidumbre, y ello supone que debe acreditar que por el camino que la demandada niega el paso ha existido una servidumbre a favor de su parte &#8211; actor-; este es el juego del debate jur\u00eddico; la demandada se ampara en que dicho paso fue espor\u00e1dico, de mera tolerancia, que no constituy\u00f3 ning\u00fan derecho; y as\u00ed en referencia a la alegaci\u00f3n de la parte apelante de que el juzgador no ha razonado la existencia de t\u00edtulo a favor del actor para invocar su derecho de servidumbre cabe recordar que cuando la Ley habla de t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de<\/p>\n<p>servidumbre &#8211; arts. 537 , 539 del C\u00f3digo Civil EDL 1889\/1 art.537 EDL 1889\/1 art.539 EDL 1889\/1 &#8211; no se est\u00e1 refiriendo s\u00f3lo a t\u00edtulo documentado, sino al negocio jur\u00eddico en cuya virtud aqu\u00e9lla se ha constituido, es decir, al pacto o convenio que dio nacimiento a la servidumbre. En palabras de la STS de 21 de diciembre de 1990 EDJ1990\/11849 , a efectos de la adquisici\u00f3n por virtud de t\u00edtulo, ha de entenderse por \u00e9ste todo acto jur\u00eddico, bien sea oneroso o gratuito &#8220;\u00ednter vivos&#8221; o de \u00faltima voluntad, negocio jur\u00eddico que da nacimiento a la servidumbre, no al documento en que este acto se hace constar. El hecho de que tal pacto o acuerdo no haya quedado documentado no debe conducir como pretende el actor a la tesis de su inexistencia si hay, como en el presente caso, otros elementos de juicio que llevan al entendimiento de que el estado de cosas existente permite o bien presumir que hubo t\u00edtulo originario en un negocio jur\u00eddico preexistente, o que se ha producido un consentimiento t\u00e1cito. De ello que, indudablemente, la parte actora lo que pretende es acreditar que desde siempre y por su antecesor y el de los demandados ya existi\u00f3 pacto por el que se constituy\u00f3 el paso.<\/p>\n<p>Precisamente en los t\u00e9rminos en que el debate se ha delimitado por los litigantes, resulta procedente la prueba testifical; es reiterada y abundante, como recoge el juzgador en sentencia, los testigos que afirman que a favor del actor se constituy\u00f3 paso por el camino que discurre en los terrenos de la demandada y desde hace a\u00f1os hasta hace poco; en este sentido el testigo Sr. Andr\u00e9s as\u00ed lo reconoce; esta manifestaci\u00f3n destruye tanto la versi\u00f3n de que desde 1992 no hay paso, como que ha sido ocasional; el mismo testigo afirma, junto con otros de la zona, que han pasado por el camino para la tala de \u00e1rboles destinados para f\u00e1bricas de la zona.<\/p>\n<p>Por ello, debemos recordar que en relaci\u00f3n a la prueba de testigos tiene dicho esta Sala que cabe recodar la sentencia de la AP de Guadalajara de 31 de octubre 2006 que, previamente analizando la invocada parcialidad de los testigos por raz\u00f2n de dependencia jerarquica, se\u00f1ala entre otras en sentencias de fechas, 30-12-2005 , 24-6-2003 , 24-6-2003 y 29-11-2001 , ya resultaba tradicional al amparo de la normativa procesal anterior la Jurisprudencia que declaraba que la circunstancia de que los testigos propuestos fueran empleados, amigos o incluso parientes de uno de los litigantes, no comportaba su incapacidad para declarar, dado que dicha condici\u00f3n podr\u00eda suponer, a lo sumo, un inter\u00e9s indirecto, subordinado o dependiente, pero no el inter\u00e9s directo al que se refer\u00eda el p\u00e1rrafo primero del art. 1247 C.C EDL1889\/1 ., por lo que representar\u00eda \u00fanicamente la posibilidad de tachar al testigo, pero no su inhabilitaci\u00f3n. \u00fanicamente la posibilidad de tachar al testigo, pero no su inhabilitaci\u00f3n para testificar, Ss. T.S. 23-11-1990 , 5-7-1991 y en semejantes t\u00e9rminos 30-11-1991 y 28-10-1997 , que concretaron que el inter\u00e9s directo a los fines mencionados ha de entenderse en el sentido de efecto de cosa juzgada de la sentencia, de modo que solo si esta va a afectar al testigo en su persona, bienes o intereses quedar\u00e1 este afecto por la causa de inhabilitaci\u00f3n referenciada; habiendo precisado las mencionadas sentencias que la tacha de los testigos o la posibilidad de ser tachados no impide al Juzgador estimar en todo o en parte el valor probatorio de sus declaraciones, en an\u00e1logos t\u00e9rminos Ss. T.S. 12-11-1985 , 16-2-1989 , 1-6-1989 , 10-11-1989 ; 20-7-1995 , 12-6-1998 , 12-11-1998 , 17-11-1998 , 21-12-1998 , posibilidad de valoraci\u00f3n de dicha prueba que igualmente se infiere del contenido del actual art. 376 L.E.C EDL2000\/77463 ., que establece que los tribunales valorar\u00e1n la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, tomando en consideraci\u00f3n la raz\u00f3n de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre \u00e9stas se hubiere practicado, precepto que ha de ser puesto en relaci\u00f3n con el contenido de los arts.360 y 361 de la L.E.C EDL2000\/77463 ., el primero de los cuales, al explicitar el contenido de esta prueba, apunta que las partes podr\u00e1n solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio; infiri\u00e9ndose del segundo, relativo a la idoneidad para ser testigos, que podr\u00e1n serlo todas las personas, salvo las que se hallen permanentemente privadas de raz\u00f3n o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que \u00fanicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos, no es menos cierto que el hecho de que la relaci\u00f3n de pr\u00f3ximo parentesco de la testigo con los actores e incluso con la se\u00f1ora letrada que defiende sus intereses no comportara la inhabilidad para declarar de aquella, no impide que dicha circunstancia pudiere y debiere ser tenida en consideraci\u00f3n por la Juzgadora al valorar la prueba conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, tal y como previene el mencionado art. 376 L.E.C EDL2000\/77463 .<\/p>\n<p>Dice la Sentencia de la AP de Toledo en fecha reciente de 9 de Octubre de 2006 , en igual sentido al reiterado en n\u00famerosas sentencias anteriores de esta Sala precedentes que ha venido interpretando el derogado \u00fanicamente la posibilidad de tachar al testigo, pero no su inhabilitaci\u00f3n para testificar, Ss. T.S. 23-11-1990 , 5-7-1991 y en semejantes t\u00e9rminos 30-11-1991 y 28-10-1997 , que concretaron que el inter\u00e9s directo a los fines mencionados ha de entenderse en el sentido de efecto de cosa juzgada de la sentencia, de modo que solo si esta va a afectar al testigo en su persona, bienes o intereses quedar\u00e1 este afecto por la causa de inhabilitaci\u00f3n referenciada; habiendo precisado las mencionadas sentencias que la tacha de los testigos o la posibilidad de ser tachados no impide al Juzgador estimar en todo o en parte el valor probatorio de sus declaraciones, en an\u00e1logos t\u00e9rminos Ss. T.S. 12-11-1985 , 16-2-1989 , 1-6-1989 , 10-11-1989 ; 20-7-1995 , 12-6-1998 , 12-11-1998 , 17-11-1998 , 21-12-1998 , posibilidad de valoraci\u00f3n de dicha prueba que igualmente se infiere del contenido del actual art. 376 L.E.C EDL2000\/77463 ., que establece que los tribunales valorar\u00e1n<\/p>\n<p>la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, tomando en consideraci\u00f3n la raz\u00f3n de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre \u00e9stas se hubiere practicado, precepto que ha de ser puesto en relaci\u00f3n con el contenido de los arts.360 y 361 de la L.E.C EDL2000\/77463 ., el primero de los cuales, al explicitar el contenido de esta prueba, apunta que las partes podr\u00e1n solicitar que declaren como testigos las personas que tengan noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio; infiri\u00e9ndose del segundo, relativo a la idoneidad para ser testigos, que podr\u00e1n serlo todas las personas, salvo las que se hallen permanentemente privadas de raz\u00f3n o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que \u00fanicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos, no es menos cierto que el hecho de que la relaci\u00f3n de pr\u00f3ximo parentesco de la testigo con los actores e incluso con la se\u00f1ora letrada que defiende sus intereses no comportara la inhabilidad para declarar de aquella, no impide que dicha circunstancia pudiere y debiere ser tenida en consideraci\u00f3n por la Juzgadora al valorar la prueba conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, tal y como previene el mencionado art. 376 L.E.C EDL2000\/77463 .<\/p>\n<p>De estas afirmaciones se colige las referencias del juzgador al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n territorial de la Ley Foral de 1992 en cuya disposici\u00f3n transitoria tercera y cuarta ofrece a quien pose\u00eda la servidumbre el plazo anterior a esta ley como favorable al computo a los efectos de la adquisici\u00f3n por el transcurso del tiempo. Y siendo que desvirtuada la afirmaci\u00f3n del apelante de que despu\u00e9s de la entrada en vigor de esta ley no se haya permitido la servidumbre de paso a favor del actor, resulta evidente que por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 128 de esta Ley Foral el actor ha adquirido y ostenta t\u00edtulo suficiente de adquisici\u00f3n de la servidumbre por el transcurso del tiempo en el plazo establecido en el mencionado precepto.<\/p>\n<p>Igualmente, estima el Tribunal que las pruebas practicadas en el procedimiento -testificales y periciales- son rotundas a favor del actor para acreditar que siempre ha existido el camino, que siempre han pasado los familiares del actor &#8211; el padre ya contribuy\u00f3 para el acondicionamiento del terreno &#8211; y con asiduidad y a lo largo de esos a\u00f1os; en lo referente a la situaci\u00f3n actual del camino, recordar las pruebas periciales, siendo la aportada por la demandada desvirtuada en el acto del juicio cuando admite que tras la limpieza de hierbajos se puede pasar sin impedimento y que es m\u00e1s corto que por el camino que discurre por el viento este, de mayor peligrosidad y angostosidad.<\/p>\n<p>En definitiva, el juzgador ha realizado una ponderada y ajustada valoraci\u00f3n de la prueba practicada y, por tanto, debe ser ratificada porque, como reiteradamente tiene establecido esta Sala y como recuerda nuevamente la Sentencia del TS Sala I en resoluci\u00f3n de 11 de diciembre 2006 Esta Sala ha dicho reiteradas veces que la apreciaci\u00f3n de la prueba es competencia de la Sala de instancia, aunque cabe en casaci\u00f3n la censura de la irrazonabilidad o arbitrariedad ( Sentencias del Tribunal Constitucional 37\/1982 EDJ1982\/37 , 68\/1983 EDJ1983\/68 , 123\/1987 EDJ1987\/123 , 140\/1995 EDJ1995\/4492 , entre otras; y de esta Sala 4 de noviembre de 1993 EDJ1993\/9891 , 7 de junio de 1995 EDJ1995\/2653 , entre otras muchas), as\u00ed como la estimaci\u00f3n de un error de derecho en la valoraci\u00f3n, que ha de realizarse con cita de la concreta norma de valoraci\u00f3n que resulta infringida, dado que no es funci\u00f3n de la casaci\u00f3n constituirse en una tercera instancia, ni revisar el soporte f\u00e1ctico, sino valorar la correcta aplicaci\u00f3n del ordenamiento ( Sentencias de 31 de mayo de 2000 EDJ2000\/14314 , 12 de abril de 2003 , 28 de octubre de 2004 EDJ2004\/159575 , 9 de mayo de 2005 EDJ2005\/71452 , etc.)<\/p>\n<p>Igualmente la sentencia de la AP de Pontevedra de 16 de noviembre de 2006 en la que se se\u00f1ala que &#8220;Centrada as\u00ed la cuesti\u00f3n, como se ha indicado anteriormente, basa la apelante su recurso, conforme aleg\u00f3 su direcci\u00f3n jur\u00eddica en el escrito de interposici\u00f3n del mismo, en una err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de la prueba practicada por el Juez &#8220;a quo&#8221;, lo que debe conectarse con la infracci\u00f3n del art\u00edculo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000\/77463 y dem\u00e1s normas relativas a la carga de la prueba. En este sentido son muchas las Sentencias del Tribunal Supremo, y por ello huelga su cita concreta y espec\u00edfica al ser sobradamente conocidas, las que nos dicen que el recurso de apelaci\u00f3n es de los llamados de plena jurisdicci\u00f3n, por lo que permite a la Sala entrar en el debate de todas las cuestiones controvertidas, tanto procesales como de fondo, y dentro de \u00e9stas tanto la comprobaci\u00f3n de la adecuaci\u00f3n e idoneidad de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica que se contiene en la resoluci\u00f3n recurrida, como la revisi\u00f3n de todas aquellas operaciones relativas a la valoraci\u00f3n global y conjunta de la prueba practicada, pudiendo llegar a id\u00e9nticas o discordantes conclusiones a las mantenidas por el Juez &#8220;a quo&#8221;, en la sentencia apelada. Cuando la cuesti\u00f3n debatida por la v\u00eda del recurso de apelaci\u00f3n es la valoraci\u00f3n de la prueba llevada a cabo por el Juez &#8220;a quo&#8221; sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciaci\u00f3n probatoria realizada por el Juez ante la que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediaci\u00f3n, contradicci\u00f3n, concentraci\u00f3n y oralidad, pudiendo la Juzgadora desde su privilegiada y exclusiva posici\u00f3n, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, as\u00ed como la forma de expresarse y conducirse de las partes y los testigos en su narraci\u00f3n de los hechos y la raz\u00f3n del conocimiento de \u00e9stos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoraci\u00f3n<\/p>\n<p>en segunda instancia, exigencia que no se cumple ni siquiera con el visionado del soporte inform\u00e1tico del acta, pues, como ya hemos dicho, no tiene la posibilidad de intervenir que posee el Juez &#8220;a quo&#8221;. De ah\u00ed que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 17 de diciembre de 1985 , 23 de junio de 1986 , 13 de mayo de 1987 , 2 de julio de 1990 , 4 de diciembre de 1992 y 3 de octubre de 1994 , entre otras), \u00fanicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador &#8220;a quo&#8221; de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificaci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica establecida en la resoluci\u00f3n apelada. La revisi\u00f3n jurisdiccional del juicio de hecho en el segundo grado jurisdiccional se incardina en una estructura jur\u00eddica claramente perge\u00f1ada por el legislador: infracci\u00f3n de las normas que regulan la valoraci\u00f3n de la prueba denunciada en las alegaciones que sirvan de base a la impugnaci\u00f3n de la sentencia ( art\u00edculo 458.1 LEC EDL2000\/77463 ).<\/p>\n<p>O como recuerda la sentencia de la AP de Valladolid de 18 de octubre 2006 y que esta Sala tiene dicho con reiteraci\u00f3n, que la ponderaci\u00f3n probatoria corresponde de forma primera y primordial al juzgador de instancia que sabido es, opera con las ventajas que confieren la inmediaci\u00f3n, oralidad y contradicci\u00f3n, de manera que en esta alzada, y a pesar del conocimiento pleno que de la cuesti\u00f3n tiene el Tribunal de apelaci\u00f3n, este se limita a verificar si en la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio, el juez de origen se ha comportado de forma il\u00f3gica, arbitraria o contraria a las m\u00e1ximas de experiencia o a las reglas de la sana cr\u00edtica.<\/p>\n<p>TERCERO.- Desestimado el recurso, procede la imposici\u00f3n a la parte apelante de las costas de esta alzada.<\/p>\n<p>Vistos los preceptos legales citados en esta sentencia y en la apelada, y dem\u00e1s pertinentes y de general aplicaci\u00f3n y en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberania Popular y en nombre de S.M. el Rey<\/p>\n<p><a id=\"bookmark5\"><\/a><strong>F A L L A M O S<\/strong><\/p>\n<p>Que con desestimaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n de D\u00aa Carolina , contra la Sentencia de fecha 6 de Marzo de 2007, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 13 de los de Bilbao , en autos de Procedimiento Ordinario n\u00ba 744\/06 y de que este rollo dimana, debemos confirmar como confirmamos dicha resoluci\u00f3n, con imposici\u00f3n de las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.<\/p>\n<p>Firme esta resoluci\u00f3n, devu\u00e9lvanse los autos al Juzgado del que proceden con testimonio de esta sentencia para su cumplimiento.<\/p>\n<p>As\u00ed por esta nuestra sentencia, de la que se unir\u00e1 certificaci\u00f3n al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n<p>PUBLICACI\u00d3N.- Dada, le\u00edda y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dict\u00f3, estando celebrando audiencia p\u00fablica en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las D.T\u00aa. 3\u00aa y 4\u00aa Ley 3\/1992 ofrece a quien pose\u00eda la servidumbre el plazo anterior a esta ley como favorable al c\u00f3mputo a los efectos de la adquisici\u00f3n por el transcurso del tiempo siempre que tuviera t\u00edtulo anterior a la misma, t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de servidumbre (art. 537, 539 CC) material, no formal, o sea, no al documento, sino al negocio jur\u00eddico en cuya virtud aqu\u00e9lla se ha constituido.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[855,561,684],"materia":[1235],"organo":[1883],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10611","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-disposiciones-transitorias","tag-servidumbre-de-paso","tag-usucapion","materia-la-servidumbre-de-paso-en-bizkaia","organo-seccion-3a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10611"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10611"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10611"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10611"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}