{"id":10579,"date":"2025-10-06T12:56:59","date_gmt":"2025-10-06T10:56:59","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-29-11-2004\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:50","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:50","slug":"sap-de-bizkaia-sec-3a-29-11-2004","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-3a-29-11-2004\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 29 de noviembre de 2004"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP BI 2783\/2004<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2004:2783<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370032004100294<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 3<\/strong><\/p>\n

Fecha: 29\/11\/2004<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 658\/2003<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 787\/2004<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Rollo menor cuant\u00eda<\/strong><\/p>\n

Ponente: MARIA CONCEPCION MARCO CACHO<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

SENT<\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA<\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA<\/p>\n

Secci\u00f3n 3\u00aa<\/p>\n

BARROETA ALDAMAR 10 3\u00aa planta- C.P. 48001<\/p>\n

Tfno.: 94-4016664<\/p>\n

Fax: 94-4016992<\/p>\n

N.I.G. 48.04.2-99\/006196<\/p>\n

R.menor cuant\u00eda 658\/03<\/p>\n

O.Judicial Origen: Jdo. 1\u00aa Instancia n\u00ba 9 (Bilbao)<\/p>\n

Autos de J.menor cuant\u00eda 133\/99<\/p>\n

|<\/p>\n

|<\/p>\n

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Recurrente: Teresa<\/p>\n

Procurador\/a: JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ<\/p>\n

Recurrido: Pedro Antonio , Beatriz , In\u00e9s y Pen\u00e9lope<\/p>\n

Procurador\/a: MARIA DOLORES DE RODRIGO VILLAR, MARIA DOLORES DE RODRIGO VILLAR,<\/p>\n

MARIA DOLORES DE RODRIGO VILLAR y MARIA DOLORES DE RODRIGO VILLAR<\/p>\n

SENTENCIA N\u00ba 787<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMOS. SRES.<\/p>\n

D\u00f1a. CONCEPCION MARCO CACHO<\/p>\n

D\u00f1a. CARMEN KELLER ECHEVARRIA<\/p>\n

D. JOSE ANGEL ODRIOZOLA FERNANDEZ<\/p>\n

En la Villa de Bilbao a veintinueve de Noviembre de dos mil cuatro.<\/p>\n

Vistos en grado de apelaci\u00f3n ante la Secci\u00f3n Tercera de esta Audiencia Provincial integrada por los Ilustr\u00edsimos Se\u00f1ores Magistrados del margen los presentes autos de Juicio de Menor Cuant\u00eda n\u00ba 133\/99 procedentes del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 9 de Bilbao y seguidos entre partes: Como apelante: Teresa , representada por el Procurador Sr. L\u00f3pez Mart\u00ednez y dirigida por el Letrado Sr. Balboa L\u00f3pez; y como apelado: Pedro Antonio , Beatriz Y Pen\u00e9lope y In\u00e9s , representados por la Procuradora Sra. Rodrigo Villar y dirigidos por el Letrado Sr. Saenz Cortabarr\u00eda.<\/p>\n

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada, en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- Que la referida Sentencia de instancia, de fecha 9 de Octubre de 2003 es del tenor literal siguiente: “FALLO: Que estimando integramente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Rodrigo y Villar en representaci\u00f3n de D\u00f1a. In\u00e9s , D\u00f1a. Pen\u00e9lope , D\u00f1a. Beatriz y D. Pedro Antonio , contra D\u00f1a. Teresa , y desestimando integramente la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador Sr. L\u00f3pez Martinez en representaci\u00f3n de D\u00f1a. Teresa contra D\u00f1a. In\u00e9s , D\u00f1a. Pen\u00e9lope , D\u00f1a. Beatriz y D. Pedro Antonio , DEBO DECLARAR Y DECLARO que D\u00f1a. Teresa ocupa la casa-chalet del NUM000 de la Carretera Goikoa-Magdale de Erandio sin titulo que ampare dicha ocupaci\u00f3n, QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO que el referido bien forma parte de la comunidad de bienes integrada por los demandantes tras la consolidaci\u00f3n de la comunicaci\u00f3n foral del matrimonio formado por D\u00f1a. In\u00e9s y el fallecido D. Pedro Antonio , Y QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada al desalojo de la casa-chalet del NUM000 de la Carretera Goikoa-Magdale de Erandio dej\u00e1ndola a la libre disposici\u00f3n de los demandantes, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica dentro del plazo legal. Se imponen a la demandada<\/p>\n

MODO DE IMPUGNACI\u00d3N: mediante recurso de APELACI\u00d3N ante la Audiencia Provincial de BIZKAIA ( art\u00edculo 455 LECn). El recurso se preparar\u00e1 por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO D\u00cdAS h\u00e1biles contados desde el d\u00eda siguiente de la notificaci\u00f3n, limitado a citar la resoluci\u00f3n apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresi\u00f3n de los pronunciamientos que impugna ( art\u00edculo 457.2 LECn ).<\/p>\n

As\u00ed por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”.<\/p>\n

SEGUNDO.- Que publicada y notificada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de Teresa , se interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelaci\u00f3n, que admitido en ambos efectos por el Juzgado de Instancia y dado traslado a la contraparte por un plazo de diez d\u00edas, transcurrido el mismo se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial; orden\u00e1ndose a la recepci\u00f3n de los autos, efectuada la formaci\u00f3n del presente rollo al que correspondi\u00f3 el n\u00famero de Registro 658\/03 y que se sustanci\u00f3 con arreglo a los tr\u00e1mites de los de su clase.<\/p>\n

TERCERO.- Que solicitada por la parte apelante el recibimiento del pleito a prueba en esta alzada, por Auto de fecha 30 de Diciembre de 2003 y que es firme se accedi\u00f3 a la referida solicitud en cuanto a la documental instada en el primer otros\u00eddigo del escrito de apelaci\u00f3n, no admiti\u00e9ndose la documental solicitada en el segundo otros\u00eddigo del citado escrito.<\/p>\n

CUARTO.- Que hecho el oportuno se\u00f1alamiento y convocadas las partes para la vista del Recurso, se celebr\u00f3 este ante la Sala el pasado d\u00eda 16 de Noviembre de 2004, cuyo acto qued\u00f3 registrado en el medio t\u00e9cnico que permite la reproducci\u00f3n de la imagen y el sonido.<\/p>\n

Terminado el acto, quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para deliberaci\u00f3n y resoluci\u00f3n.<\/p>\n

QUINTO.- Que en la tramitaci\u00f3n del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n

VISTOS, siendo Ponente para este tr\u00e1mite la Ilma. Sra. Magistrada DO\u00d1A CONCEPCION MARCO CACHO<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- Se alza el recurrente contra la declaraci\u00f3n de inexistencia de t\u00edtulo suficiente para ocupar la vivienda cuyo desahucio por precario interesan los actores; se debe partir de los hechos acreditados y as\u00ed declarados probados en la Sentencia, conforme a la cual la hoy apelante convivi\u00f3 durante a\u00f1os con el Sr. Pedro Antonio ; el d\u00eda 28 de Diciembre de 1995 otorg\u00f3 el Sr. Pedro Antonio , testamento abierto ante Notario y legaba a la Sra. Teresa el tercio de libre disposici\u00f3n de sus bienes; con fecha 29 de Febrero de 1996 el yerno de los vendedores del solar recibi\u00f3 de la Sra. Teresa las cantidades de 2.500.000 y 2.000.000 de ptas.; que los Sres Teresa y Pen\u00e9lope convivieron en el Chalet de Erandio desde su construcci\u00f3n y hasta el fallecimiento del Sr. Pedro Antonio . En cuanto legataria es heredera y por ende participe del acervo hereditario en cuanto no se<\/p>\n

realice la oportuna liquidaci\u00f3n; de ello que resulte cierto su t\u00edtulo amparador de la ocupaci\u00f3n de la vivienda; que dado que se han probado entregas de dinero a los vendedores por la parte apelante debe ser consideradas que lo fueron en pago del precio de la casa y por ello debe ser considerado que es propietaria; la consideraci\u00f3n de existencia de t\u00edtulo para ocupar la vivienda viene constatada por el tiempo prolongado de vida en com\u00fan del Sr. Pedro Antonio y la Sra. Teresa . Es en conclusi\u00f3n por lo que solicita la revocaci\u00f3n de la Sentencia y desestimaci\u00f3n de la demanda.<\/p>\n

Se solicit\u00f3 pr\u00e1ctica de prueba en esta segunda alzada: uni\u00f3n documental de aportaci\u00f3n de testamento y otros documentos que obraban en procedimiento penal; tras su uni\u00f3n en esta alzada se evacu\u00f3 tr\u00e1mite de alegaciones a las partes y por la representaci\u00f3n letrada de esta parte consider\u00f3 que se ratifican con tales documentos los extremos invocados en el recurso considerando que se constata firmemente la cualidad y condici\u00f3n de ostentaci\u00f3n de t\u00edtulo suficiente en su defendida para ocupar la vivienda.<\/p>\n

SEGUNDO.- En su conjunto, la parte apelante interesa la revocaci\u00f3n de la Sentencia por cuanto considera que el juzgado ha procedido a efectuar err\u00f3nea valoraci\u00f3n de la prueba obrante en autos, en cuanto considera que ha aportado suficiente prueba que acredita la convivencia en com\u00fan de la Sra. Teresa con el Sr. Pedro Antonio durante un tiempo lo suficientemente prolongado para determinar la verdadera voluntad de formar un inter\u00e9s patrimonial com\u00fan que le hace participe de ostentar t\u00edtulo suficiente para continuar ocupando la vivienda chalet as\u00ed como la cualidad y condici\u00f3n de propietaria la acredita porque aporta dinero propio para la adquisici\u00f3n.<\/p>\n

Los dem\u00e1s extremos desarrollados en la Sentencia no son impugnados; siendo ratificada por lo tanto por ser correctas y ajustadas a derecho las consideraciones legales de acci\u00f3n leg\u00edtima de los actores para dirigir procedimiento contra coheredero para desocupar la vivienda; as\u00ed como el car\u00e1cter de bien troncal y de la aplicaci\u00f3n de los efectos subsiguientes de la comunicaci\u00f3n foral en el matrimonio vigente del Sr. Pedro Antonio ; as\u00ed como la sucesi\u00f3n sometida al r\u00e9gimen foral de Vizcaya.<\/p>\n

Reiteramos que el escrito de interposici\u00f3n del recurso as\u00ed como las alegaciones del acto de vista ante la Sala se refieren a rebatir y solicitar de la Sala que analice la prueba para acreditar que o bien la parte apelante tiene t\u00edtulo suficiente para continuar en la vivienda y\/o su condici\u00f3n de propietaria del chalet.<\/p>\n

Sentado lo anterior debe partirse de la premisa indiscutible de la convivencia prolongada en el tiempo entre la Sra. Teresa y el Sr. Pedro Antonio ; ahora bien la Sentencia entiende que no se acredita, la existencia de un patrimonio com\u00fan y un inter\u00e9s del Sr. Pedro Antonio de participar con la Sra. Teresa en la propiedad conjunta del chalet; as\u00ed la Sentencia desarrolla la prueba practicada y al respecto debemos recordar que, en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas por el Juez de Instancia, que esta Sala tiene establecido que como sistem\u00e1ticamente recoge la Jurisprudencia del T.S. entre otras S\u00aa de 1 de marzo de 1.994 “… Seg\u00fan reiterada jurisprudencia del T.S. as\u00ed entre otras S\u00aa de 1 de Marzo de 1.994 “… prevalece la valoraci\u00f3n que de las pruebas realicen los organos judiciales por ser m\u00e1s objetiva que la de las partes, dada la mayor subjetividad de \u00e9stas por raz\u00f3n de defender sus particulares intereses… “Se\u00f1alando igualmente el T.S. 1\u00aa 30 Septiembre de 1.999″ Es constante la jurisprudencia acerca de no quedar alterado el principio de distribuci\u00f3n de la carga de la prueba si se realiza una apreciaci\u00f3n de la aportada por cada parte y luego se valora en conjunto su resultado…”. En este sentido como se\u00f1ala la A.P. Alicante, Secc. 5\u00aa, S. 30-11-2000, “…Al respecto deben efectuarse unas consideraciones acerca de las facultades revisoras de la Sala sobre la valoraci\u00f3n de la prueba practicada por el Juzgador de instancia. Se ha de tomar en consideraci\u00f3n que la actividad intelectual de valoraci\u00f3n de la prueba se incardina en el \u00e1mbito propio de soberan\u00eda del juzgador, siendo as\u00ed que a la vista del resultado de las pruebas practicadas en el acto del juicio el juez a quo resulta soberano en la valoraci\u00f3n de la prueba conforme a los rectos principios de la sana cr\u00edtica, favorecido como se encuentra por la inmediaci\u00f3n que le permiti\u00f3 presenciar personalmente el desarrollo de los medios probatorios. En definitiva, cuando se trata de valoraciones probatorias la revisi\u00f3n de la sentencia deber\u00e1 centrarse en comprobar que aqu\u00e9lla aparece suficientemente expresada en la resoluci\u00f3n recurrida y que las conclusiones f\u00e1cticas a las que as\u00ed llegue no dejen de manifiesto un error evidente o resulten incompletas, incongruentes o contradictorias, sin que por lo dem\u00e1s resulte l\u00edcito sustituir el criterio del juez a quo por el criterio personal e interesado de la parte recurrente…”. As\u00ed en conclusi\u00f3n las partes en virtud del principio dispositivo y de rogaci\u00f3n pueden aportar prueba pertinente siendo su valoraci\u00f3n competencia de los Tribunales, sin que sea l\u00edcito tratar de imponerla a los juzgadores, y por lo que se refiere al recurso de apelaci\u00f3n debe tenerse en cuenta el citado principio de que el juzgador que recibe la prueba puede valorarla de modo libre, aunque nunca de manera arbitraria, y por otro que si bien la apelaci\u00f3n transfiere al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuesti\u00f3n, esta queda reducida a verificar si en la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio se ha comportado el juez a quo de forma arbitraria o si, por el contrario, la apreciaci\u00f3n conjunta del mismo es la procedente por su adecuaci\u00f3n a los resultados obtenidos en el proceso.<\/p>\n

En lo que se refiere a la valoraci\u00f3n de las pruebas testificales, igualmente este Tribunal tiene establecido que, como se\u00f1ala la S. TS 19\/12\/89 , que es doctrina constante y reiterada de esta Sala la de que la apreciaci\u00f3n de la prueba de testigos es discrecional por el Juzgador de instancia y, por tanto, no impugnable en casaci\u00f3n, ya que los arts. 1248 del C\u00f3digo Civil y 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no contienen reglas de valoraci\u00f3n probatoria h\u00e1biles para fundar el recurso y s\u00f3lo poseen car\u00e1cter admonitorio, y no preceptivo, adem\u00e1s de que las reglas de la sana cr\u00edtica tampoco pueden citarse como infringidas, por no constar en norma jur\u00eddica positiva alguna – Sentencias, entre otras muchas, de 12 de diciembre de 1986 (RJ\/1986\/7436), 4 de febrero de 1987 (RJ\/1987\/680), 25 de marzo de 1988 ( RJ\/1988\/2472) y 16 de febrero de 1989 (RJ\/1989\/970 )-.<\/p>\n

TERCERO.- Conforme lo expuesto la probanza del hecho alegado por el apelante a su imputaci\u00f3n de carga corresponde en el procedimiento; como bien indica la Sentencia, el hecho de acreditarse la convivencia en com\u00fan no da por s\u00ed ning\u00fan efecto en la apreciaci\u00f3n igualitaria de los bienes existentes en dicha convivencia entre los convivientes y ello porque son reiteradas las resoluciones del T.S. en las que afirman que la convivencia o uni\u00f3n de hecho no es equiparable al matrimonio y de ello que un conviviente “more uxorio” no es equiparable a un conyuge – Sentencia de esta Sala de fecha 2 de Abril de 2001 , en la que se hace eco de la Sentencia del T.S. de 13 de Julio de 1998 y 29 de Octubre de 1997 en la que si bien da lugar a entender que hay un bien com\u00fan lo es en virtud de acreditaci\u00f3n de prueba en la fase anterior de aportaci\u00f3n com\u00fan a su adquisici\u00f3n-. De ello que se considere necesario su inserci\u00f3n \u00edntegra para comprender como la “questio litis” se centra al caso concreto: “… STS de 29 de octubre 1997 (r.a.7341) familia de hecho que entiende que ” Del \u00abfactum\u00bb de la sentencia recurrida, inatacable en este cauce casacional porque la hermen\u00e9usis utilizada para la constituci\u00f3n del mismo, que no es il\u00f3gica, absurda o irracional, establece como datos esenciales del mismo los siguientes: a) Que las partes de la presente contienda judicial han constituido una pareja heterosexual que convivi\u00f3 por espacio de unos cinco a\u00f1os teniendo como \u00fanico nexo de uni\u00f3n una \u00abaffectio\u00bb rec\u00edproca; b) Que durante la duraci\u00f3n de dicha uni\u00f3n, se adquiri\u00f3 un determinado bien inmueble-vivienda en la que se fij\u00f3 la residencia y cuyo precio se pag\u00f3 con fondos de una cuenta corriente bancaria a nombre de las dos partes y cuyos asientos positivos fueron efectuadas indistintamente por las dos partes.<\/p>\n

Visto lo anterior no puede haber lugar a duda que surge en relaci\u00f3n a las partes de este pleito, la existencia de la denominada sociol\u00f3gicamente \u00abuni\u00f3n de hecho\u00bb y que como familia natural, debe ser merecedora de la misma protecci\u00f3n por parte de los poderes p\u00fablicos que para la familia jur\u00eddica establece el art\u00edculo 39.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (RCL 19782836 y ApNDL 2875), sobre todo cuando de dicho Texto no se desprende que haya una sola forma de familia reconocida.<\/p>\n

Adem\u00e1s la realidad social indica que tales uniones dan las caracter\u00edsticas b\u00e1sicas de la familia jur\u00eddica, con la \u00fanica caracter\u00edstica especial de no existir una formalizaci\u00f3n religiosa o civil de tal uni\u00f3n de hecho.<\/p>\n

Y as\u00ed la Sentencia de esta Sala de 18 mayo 1992 (RJ 19924907), que cita la de 13 junio 1986 ( RJ 19863549) y la de 14 julio 1988 ( RTC 1988148) as\u00ed como la del Tribunal Constitucional de 4 abril 1991 , afirma que \u00ablas uniones libres aunque est\u00e1n carentes de precisa normativa, no por eso son totalmente desconocidas por nuestro ordenamiento jur\u00eddico. La Constituci\u00f3n no lo prev\u00e9, pero tampoco expresamente las interdicta y rechaza, y as\u00ed se desprende de su art\u00edculo 32 en relaci\u00f3n al 39 que se proyecta a la protecci\u00f3n de la familia en forma gen\u00e9rica, es decir, como n\u00facleo creado tanto por el matrimonio, como la uni\u00f3n de hecho\u00bb.<\/p>\n

Incluso en el derecho comparado af\u00edn, el Tribunal de Casaci\u00f3n de Italia vino a reconocer en su Sentencia de 2 febrero 1977 , la denominada \u00abfamilia di fatto\u00bb, como entidad social que ejercita unas funciones en la educaci\u00f3n y mantenimiento de sus miembros, y que debe ser protegida a tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n Italiana .<\/p>\n

Otro problema, y relacionado totalmente en el n\u00facleo del presente recurso en los dos motivos que se estudian, es el de la liquidaci\u00f3n de los bienes adquiridos durante la convivencia \u00abmore uxorio\u00bb de la uni\u00f3n de hecho; y aqu\u00ed si que la mencionada sentencia es clarificadora cuando afirma que cuando cesa, con car\u00e1cter definitivo -como es la actual situaci\u00f3n-, la convivencia familiar surge la necesidad de la disoluci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de la cotitularidad compartida sobre los bienes comunales, sin que represente obst\u00e1culo eficiente el que la titularidad de todos o algunos de dichos bienes aparezca a favor de alguno de los componentes de la uni\u00f3n de hecho, debi\u00e9ndose efectuar en posiciones igualitarias, y a la que se debe aplicar sin duda el r\u00e9gimen que establecen los art\u00edculos 392 y siguientes del C\u00f3digo Civil .<\/p>\n

Operaci\u00f3n jur\u00eddica, \u00e9sta, que se ha efectuado perfectamente en la sentencia recurrida, desechando la necesidad por parte de la parte recurrida de ejercitar la acci\u00f3n de nulidad del art\u00edculo 1301 del C\u00f3digo Civil , puesto que como se ha dicho la titularidad formal sobre un bien comunitario no impide su inclusi\u00f3n en el acervo a dividir y a adjudicar”.<\/p>\n

En la Sentencia de esta Sala mencionada al inicio de esta fundamentaci\u00f3n -2 de Abril de 2001 – igualmente se rechaza la equiparaci\u00f3n pretendida por entender que resultaba acreditado que ostentando el conviviente<\/p>\n

premuerto la posibilidad de estipulaci\u00f3n a favor de la superstite no se efectu\u00f3 dicha facultad y de ello que la indemnizaci\u00f3n por seguro de vida no se concediera existente a favor de la recurrente -la conviviente- sino a los ascendientes de aqu\u00e9l.<\/p>\n

En lo que al caso concreto de autos se refiere la abundante prueba analizada y ponderada por la Juzgadora se concluye con la inexistencia de voluntad del fallecido de conceder a la ahora apelante m\u00e1s de lo establecido en el testamento -tercio de libre disposici\u00f3n- y que una vez se practique la correspondiente liquidaci\u00f3n y divisi\u00f3n del acervo hereditario ostenta legitimaci\u00f3n para adjudicarse la parte que le corresponda. La prueba practicada en esta alzada tampoco logra modificar estas conclusiones al Tribunal; no se ha negado el testamento ni su condici\u00f3n de heredera de parte alicuota; el documento en que funda su derecho de adquisici\u00f3n en un 90% si bien se concluy\u00f3 en proceso penal que no fue falsificado por la apelante tambi\u00e9n lo es que qued\u00f3 palmariamente probado que la firma estampada no correspond\u00eda al Sr. Pedro Antonio ; de ello que en este procedimiento se acuda a otras pruebas indiciarias para lograr en su caso la parte apelante establecer la relaci\u00f3n directa de acreditaci\u00f3n del hecho que alega. Su propiedad por entregas de dinero. A este respecto la documentaci\u00f3n bancaria demuestra que los movimientos en la \u00e9poca de adquisici\u00f3n del terreno y construcci\u00f3n de la casa se realizan en una cuenta de la que solo era titular el Sr. Pedro Antonio o a cargos domesticos habituales en cuenta existente desde su anterior conviviencia; igualmente se acredita que los hijos del Sr. Pedro Antonio , fallecido \u00e9ste, abonaron gastos pendientes del pago de la construcci\u00f3n del chalet; tambi\u00e9n queda probado y no desvirtuado que la Sra. Teresa carece de empleo dado que no ha efectuado liquidaciones de renta ni aporta dato alguno que permita entender que ejercita actividad por la que obtenga rendimientos econ\u00f3micos. Los pagos que alega realizar a los vendedores si bien el testigo Sr. Carlos Ram\u00f3n no puede negar que se entregaron en met\u00e1lico y que la entrega se realizaba por la recurrente, ignora de quien proven\u00eda el dinero; lo cual, como acertadamente narra la juzgadora, resulta altamente significante y contradictorio afirmar por la apelante que es propietaria del 90% del chalet o que efectu\u00f3 entregas para la adquisici\u00f3n de la vivienda y no alegar ni instar ya en documento privado de compra ya en su escrituraci\u00f3n que se hiciera salvedad o menci\u00f3n a su condici\u00f3n de propietaria; e igualmente tampoco se puede compartir que las cantidades que dice entregar al representante de los vendedores trae causa de la entrega de las cantidades por su hija a quien en \u00faltimo termino se escritur\u00f3 un piso que previamente adquiri\u00f3 su madre, cuando nuevamente no logra probar que su hija en aquellas fechas ostentara en su libreta bancaria cantidades econ\u00f3micas para disponer de las cifras de 2.500.000 y 2.000.000 de ptas.<\/p>\n

En definitiva, la acertada, razonada y ponderada prueba que la juzgadora desarrolla en su Sentencia en extensos, prolijos y minuciosos fundamentos, permiten a esta Sala ratificar la totalidad de los razonamientos sin necesidad de reiterar los contenidos y hechos declarados probados as\u00ed como la ausencia de prueba a favor de la demandada al no ser desvirtuados por las prueba practicada en esta alzada y sin aportar datos en el recurso que permitan modificar o revisar la prueba de la Sentencia al ser el resultado declarado la conclusi\u00f3n l\u00f3gica, razonada y debidamente ponderada.<\/p>\n

CUARTO.- En cuanto a las costas se impondr\u00e1n a la parte recurrente al ser desestimado el recurso.<\/p>\n

VISTOS los preceptos legales citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n y, en virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberan\u00eda Popular y en nombre de S.M. el Rey.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n procesal de Teresa contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 9 de Bilbao en autos de Juicio de Menor Cuant\u00eda n\u00ba 133\/99 de fecha 9 de Octubre de 2003 , debemos confirmar como confirmamos dicha resoluci\u00f3n con expresa imposici\u00f3n de costas a la parte apelante.<\/p>\n

Firme que sea la presente resoluci\u00f3n, devu\u00e9lvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con certificaci\u00f3n literal de esta resoluci\u00f3n, para su conocimiento y ejecuci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra Sentencia a la que se unir\u00e1 certificaci\u00f3n al Rollo de su raz\u00f3n, la pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fu\u00e9 la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y le\u00edda por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La disoluci\u00f3n, liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, cuando definitivamente cesa la uni\u00f3n de hecho, de los bienes adquiridos durante la convivencia debe efectuarse conforme a los art. 392 y ss. del C.c. La titularidad formal sobre un bien comunitario no impide su inclusi\u00f3n en el acervo a dividir y a adjudicar. Pero el hecho de acreditarse la convivencia en com\u00fan no da por s\u00ed ning\u00fan efecto en la apreciaci\u00f3n igualitaria de los bienes existentes en dicha convivencia entre los convivientes y ello porque son reiteradas las resoluciones del T.S. en las que afirman que la convivencia o uni\u00f3n de hecho no es equiparable al matrimonio y de ello que un conviviente “more uxorio” no es equiparable a un conyuge<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[822,821],"materia":[],"organo":[1883],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10579","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-regimen-patrimonial","tag-union-de-hecho","organo-seccion-3a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10579"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10579"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10579"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10579"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}