{"id":10568,"date":"2025-10-06T12:56:59","date_gmt":"2025-10-06T10:56:59","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-03-05-2004\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:49","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:49","slug":"stsj-pais-vasco-03-05-2004","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-03-05-2004\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 3 de mayo de 2004"},"content":{"rendered":"<p>Roj: <strong>STSJ PV 969\/2004<\/strong> &#8211; <strong>ECLI:ES:TSJPV:2004:969<\/strong><\/p>\n<p>Id Cendoj: <strong>48020310012004100003<\/strong><\/p>\n<p>\u00d3rgano: <strong>Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal<\/strong><\/p>\n<p>Sede: <strong>Bilbao<\/strong><\/p>\n<p>Secci\u00f3n: <strong>1<\/strong><\/p>\n<p>Fecha: <strong>03\/05\/2004<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Recurso: <strong>3\/2003<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Resoluci\u00f3n:<\/p>\n<p>Procedimiento: <strong>Civil<\/strong><\/p>\n<p>Ponente: <strong>ANTONIO GARCIA MARTINEZ<\/strong><\/p>\n<p>Tipo de Resoluci\u00f3n: <strong>Sentencia<\/strong><\/p>\n<p>TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO<\/p>\n<p>SALA DE LO CIVIL Y PENAL<\/p>\n<p>BILBAO<\/p>\n<p>Rec. casaci\u00f3n TSJ 3\/03<\/p>\n<p>N\u00famero de Identificaci\u00f3n General: 00.01.2-03\/000004<\/p>\n<p>EXCMO. SR. PRESIDENTE<\/p>\n<p>FERNANDO LUIS RUIZ PI\u00d1EIRO<\/p>\n<p>ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:<\/p>\n<p>D\u00aa NEKANE BOLADO Z\u00c1RRAGA<\/p>\n<p>D. ANTONIO GARC\u00cdA MART\u00cdNEZ<\/p>\n<p><strong><em>SENTENCIA<\/em><\/strong><\/p>\n<p>En BILBAO (BIZKAIA), a tres de mayo de dos mil cuatro.<\/p>\n<p>Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, integrada por los Magistrados arriba rese\u00f1ados, en el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que con fecha 9 de abril de 2003, dict\u00f3 la Secci\u00f3n Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, como consecuencia de rollo de apelaci\u00f3n ordinario n\u00fam. 469\/02 dimanante de autos de juicio ordinario n\u00fam. 589\/01 seguidos ante el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00b0 11 de Bilbao sobre validez de testamento, cuyo recurso fue interpuesto por D\u00aa Marcelina , D\u00aa Francisca y D\u00aa Consuelo , representadas por la Procuradora D\u00aa Bego\u00f1a Urizar Arancibia y asistidas del Letrado D. Jos\u00e9 M\u00aa Huerga Aldazabal, interviniendo como recurridos D. Pedro Antonio , D. Jorge , D. Juan Ignacio , D\u00aa Elena , D\u00aa. Blanca y D\u00aa Almudena , representados por el Procurador D. Alberto Arenaza Artabe y asistidos del Letrado D. Fernando Lamikiz Garai.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark1\"><\/a><strong>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n<p>PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales D\u00aa Bego\u00f1a Urizar Arancibia, en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa Marcelina , D\u00aa Francisca , D\u00aa Consuelo , formul\u00f3 ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00b0 11 de Bilbao , demanda de juicio ordinario contra D. Juan Ignacio , D\u00aa Elena , D\u00aa Blanca , D. Jorge , D. Pedro Antonio , D\u00aa Almudena y D\u00aa Eva , solicitando se dictase sentencia declarando: A) La validez de las disposiciones testamentarias efectuadas por D\u00aa Flora , y que constan en los testamentos abiertos autorizados por el Notario que fue de Baracaldo D. Ignacio Mar\u00eda de Beristain y Unzueta el 15 de enero de 1942 habiendo causado el n\u00famero 8 de su protocolo, complementado con el autorizado por el Notario de Erandio D. Juan Mantilla Aguirre el 12 de noviembre de 1964, habiendo causado el n\u00famero 3.401 de su protocolo. B) Que en virtud de la referida validez de las citadas disposiciones testamentarias se determina que los bienes que constan en el segundo de los testamentos, es decir, el autorizado por D. Juan Mantilla Aguirre el 12 de noviembre de 1964, y con relaci\u00f3n<\/p>\n<p>a los bienes propiedad de D\u00aa Flora , es decir, el 50% proindiviso de los bienes citados, deber\u00e1 interpretarse en el siguiente sentido: La casa, herramientas de trabajo y dem\u00e1s utensilios, con todos los terrenos y ganado, as\u00ed como las huertas de Torroztzeondos a Pedro Francisco . Las granjas y tres peonadas de tierra para Joaqu\u00edn . La casa y el terreno llamado Ortu se adjudica a su hija Eva . Instituyendo heredero a D. Pedro Francisco , y a los otros dos legatarios de D\u00aa Flora , o subsidiariamente adjudique dichos bienes a todos los nombrados en concepto de legatarios. C) Para el caso en que SS\u00aa entendiera que el testamento no establece una declaraci\u00f3n de heredero en la persona de D. Pedro Francisco , declare abierta la sucesi\u00f3n intestada para el resto de los bienes. D) Declare que los derechos de que dispone D. Pedro Francisco en la herencia de D\u00aa Flora , deber\u00e1 ser adjudicados a sus herederas, las actoras del presente procedimiento, D\u00aa Marcelina , D\u00aa Francisca , D\u00aa Consuelo , por mor del testamento autorizado por el Notario de Mungu\u00eda D. F\u00e9lix M\u00aa Gonz\u00e1lez de Ech\u00e9varri Ara, el 26 de noviembre de 1996, bajo el n\u00famero 1.817 de su protocolo. E) Declare que los bienes adjudicados a D. Joaqu\u00edn , deber\u00e1n serlo a sus hermanos, D. Juan Ignacio , D\u00aa Elena , D\u00aa Blanca , D. Jorge , D\u00aa Eva , a cada uno de ellos una s\u00e9ptima para indivisa, y otra s\u00e9ptima parte indivisa a los herederos de D\u00aa Montserrat (D. Pedro Antonio y D\u00aa Almudena ), y otra s\u00e9ptima parte indivisa a los herederos de D. Pedro Francisco (las demandantes en este procedimiento), en virtud de la declaraci\u00f3n de herederos abintestato seguida ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00b0 3 de Bilbao , bajo el n\u00famero 381\/90. F) Condene a los demandados a estar y pasar por las precedentes declaraciones. G) Condene a los demandados al pago de las costas, en el caso en que no se allanen al presente procedimiento.<\/p>\n<p>Admitida la demanda y emplazados los demandados, comparecieron en los autos D. Juan Ignacio , D\u00aa Elena , D\u00aa Blanca y D. Jorge y D. Pedro Antonio y D\u00aa Almudena , representados por el Procurador de los Tribunales D. Alberto Arenaza Artabe y bajo la direcci\u00f3n letrada de D. Fernando Lamikiz Garai, quienes presentaron escrito contestando a la demanda y suplicando se dicte en sentencia en la que se desestimen la totalidad de las pretensiones formuladas por la parte actora en su escrito de demanda; se declare la sucesi\u00f3n intestada de do\u00f1a Flora , siendo sus herederos sus ocho hijos, llamados, do\u00f1a Eva , do\u00f1a Montserrat , don Juan Ignacio , don Pedro Francisco , do\u00f1a Elena , do\u00f1a Blanca , don Jorge y don Joaqu\u00edn , de conformidad con el Acta de Notoriedad otorgada por don Jorge el 18 de octubre de 1994, ante el Notario de Getxo don Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, bajo el n\u00famero 1293 de su Protocolo, acompa\u00f1ado por la parte actora como documento n\u00b0 3 a su escrito de demanda, y condenando a la parte actora al pago de la totalidad de las costas del procedimiento.<\/p>\n<p>Por la parte demandante se desisti\u00f3 del procedimiento entablado frente a D\u00aa Eva al haber fallecido \u00e9sta, as\u00ed como frente a los herederos de la misma. Por SS\u00aa en el acta de audiencia previa se acord\u00f3 dar un plazo de 10 d\u00edas a la parte actora para ampliar la demanda frente a los herederos de D\u00aa Eva , como as\u00ed se efectu\u00f3 ampli\u00e1ndose la misma frente a D\u00aa Susana , D. Juan Carlos , D\u00aa Mar\u00eda Luisa , D. Lucas y D\u00aa Mar\u00eda Purificaci\u00f3n .<\/p>\n<p>Emplazados los codemandados, se personaron en autos D\u00aa. Mar\u00eda Purificaci\u00f3n , D. Lucas y D\u00aa Mar\u00eda Luisa , representados por el Procurador de los Tribunales D. Germ\u00e1n Apalategui Carasa y asistidos del Letrado D. Alfonso Hern\u00e1ndez Angulo, a los solos efectos de no ser declarados en rebeld\u00eda y solicitando se dicte sentencia declarando qu\u00e9 disposiciones testamentarias efectuadas por do\u00f1a Flora son v\u00e1lidas, declaraci\u00f3n a la que se someter\u00e1n y con lo dem\u00e1s que sea procedente, sin imposici\u00f3n de costas.<\/p>\n<p>D\u00aa Susana y D. Juan Carlos no habiendo comparecido en la causa, fueron declarados en situaci\u00f3n de rebeld\u00eda procesal.<\/p>\n<p>Practicadas las pruebas declaradas pertinentes, la Magistrada-Juez del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00fam. 11 de Bilbao, dict\u00f3 sentencia el 20 de febrero de 2002 , cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: &#8220;FALLO: Que estimando la demanda presentada por la representaci\u00f3n procesal de DO\u00d1A Marcelina , DO\u00d1A Francisca Y DO\u00d1A Consuelo , contra DON Juan Ignacio , DO\u00d1A Elena , DO\u00d1A Blanca , DON Jorge , DON Pedro Antonio , DO\u00d1A Almudena , DO\u00d1A Mar\u00eda Purificaci\u00f3n , DON Lucas Y DO\u00d1A Mar\u00eda Luisa , DO\u00d1A Susana Y DON Juan Carlos , debo declarar y declaro: A) La validez de las disposiciones testamentarias efectuadas por D\u00aa Flora en los testamentos abiertos autorizados por el Notario D. Ignacio Mar\u00eda de Beristain y Unzueta el 15-1-1942, con n\u00b0 de protocolo 8, y que fue complementado con el autorizado por el Notario D. Juan Mantilla Aguirre el 12-11- de 1964, bajo el n\u00b0 de protocolo 3.401. B) Que en virtud de dicha validez, el 50% de los bienes relacionados en el testamento de 12-11-64 constituyen el caudal hereditario dejado por D\u00aa Flora , el cual debe ser adjudicado en la siguiente forma: &#8211; La casa, herramientas de trabajo y dem\u00e1s utensilios con todos los terrenos y ganado, as\u00ed como las huertas de Torroztzeondos a Pedro Francisco .- Las granjas y tres peonadas de tierra a Joaqu\u00edn .- La casa y el terreno llamado Ortu a Eva . Instituyendo herederos a Don Pedro Francisco y a Joaqu\u00edn y Eva Legatarios. C) Los derechos de que dispon\u00eda don Pedro Francisco en la herencia de su madre, D\u00aa Flora , deben ser adjudicados a sus herederas, D\u00aa. Marcelina , D\u00aa Francisca y D\u00aa Consuelo , y ello en virtud del testamento autorizado por el Notario D. F\u00e9lix M\u00aa Gonz\u00e1lez de Ech\u00e9varri Ara, el 26-11-96, protocolo n\u00b0 1.817. D) Los bienes adjudicados a Don Joaqu\u00edn , deben ser atribuidos a sus hermanos, D. Juan Ignacio , D\u00aa Elena , D\u00aa Eva , D. Jorge y D\u00aa Blanca , a cada uno de ellos en una s\u00e9ptima parte indivisa, otra s\u00e9ptima parte indivisa<\/p>\n<p>a Don Pedro Antonio y D\u00aa Almudena , en su condici\u00f3n de herederos de D\u00aa Montserrat , y la otra s\u00e9ptima parte indivisa a D\u00aa Marcelina , D\u00aa Francisca y D\u00aa Consuelo en su condici\u00f3n de herederas de Don Pedro Francisco . Ello de conformidad con lo resuelto por el Juzgado de Primera Instancia n\u00b0 3 de Bilbao en Autos de Declaraci\u00f3n de herederos abintestato, n\u00b0 381\/90. E) La nulidad del Acta de Notoriedad por fallecimiento de D\u00aa. Flora otorgada por Don Jorge el 18-10-94, ante el Notario Don Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, n\u00b0 de protocolo 1.293, por la que se declaraba herederos abintestato de D\u00aa Flora a sus ocho hijos, D. Juan Ignacio , D. Pedro Francisco , D. Joaqu\u00edn , D. Jorge , D\u00aa Montserrat , D\u00aa Elena , D\u00aa Eva y D\u00aa. Blanca por partes iguales. Todo ello sin imposici\u00f3n de costas a ninguna de las partes.&#8221;<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia por el Procurador Sr. Arenaza Artabe en nombre de sus representados y, una vez emplazadas las partes y remitidos los autos, dicho recurso fue tramitado por la Secci\u00f3n Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, quien dict\u00f3 sentencia con fecha 9 de abril de 2003 , con el siguiente fallo: &#8220;Que estimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Juan Ignacio , Elena , Blanca , Jorge , Pedro Antonio y Almudena , contra la sentencia de fecha 20 de febrero de 2002, dictada por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00b0 11 de Bilbao en autos de P. Ordinario Le\u00f3n n\u00b0 589\/01 , de los que el presente rollo dimana; debemos revocar y revocamos dicha resoluci\u00f3n y con desestimaci\u00f3n \u00edntegra de las pretensiones formuladas en la demanda debemos declarar y declaramos la sucesi\u00f3n intestada de D\u00f1a. Flora , siendo sus herederos sus ocho hijos, llamados: Eva , Montserrat , Juan Ignacio , Pedro Francisco , Elena , Blanca , Jorge y Joaqu\u00edn . Sin pronunciamiento sobre costas en ninguna de las dos instancias.&#8221;.<\/p>\n<p>TERCERO.- Por la Procuradora Sra. Urizar Arancibia en nombre de sus representadas, se present\u00f3 escrito de preparaci\u00f3n de recurso de casaci\u00f3n por encontrar que la sentencia recurrida presenta inter\u00e9s casacional ante el tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, dada la inexistencia de doctrina jurisprudencial referente a los preceptos del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, as\u00ed como por raz\u00f3n de la oposici\u00f3n de la sentencia a la doctrina del Tribunal Supremo.<\/p>\n<p>CUARTO.- Con posterioridad y dentro del plazo previsto dicha Procuradora interpuso el citado recurso de casaci\u00f3n haciendo las siguientes alegaciones: 1\u00aa) Ausencia de jurisprudencia sobre la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 48.2 de la LCFPV en cuanto a las consecuencias de la extinci\u00f3n del poder testatorio en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 675 del CC , de aplicaci\u00f3n a este caso por remisi\u00f3n del art\u00edculo 3.1 de la Ley Civil y Foral del Pa\u00eds Vasco , 2\u00aa) Inexistencia de doctrina jurisprudencial del art\u00edculo 48.2 en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 764 del CC , siendo este llamado a la legislaci\u00f3n foral por remisi\u00f3n del art\u00edculo 3, apartado 1\u00b0 de la Ley Civil y Foral del Pa\u00eds Vasco y 3\u00aa) Como corolario del presente recurso, y sean cuales fuesen las causas que se alegaran para su interpretaci\u00f3n, todas ellas van a pivotar sobre la interpretaci\u00f3n del testamento y la b\u00fasqueda de la voluntad de la testadora y, por \u00faltimo terminaba suplicando se dicte sentencia por la que se case y anule la sentencia recurrida declarando ajustada a derecho la sentencia dictada ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00b0 11 de los de Bilbao .<\/p>\n<p>QUINTO.- Una vez recibidos en esta Sala de lo Civil los autos correspondientes a la primera y segunda instancia, a efectos de resolver el mencionado recurso de casaci\u00f3n y personados los Procuradores Sra. Urizar Arancibia como parte recurrente y el Procurador Sr. Arenaza Artabe como parte recurrida, atendiendo al emplazamiento que les hab\u00eda efectuado la Secci\u00f3n 4\u00aa de la Audiencia Provincial de Bizkaia, sin que se hayan personado los que fueren representados por el Procurador Sr. Apalategui Carasa, ni los que fueren rebeldes en la primera instancia, se acord\u00f3 pasar las actuaciones al Magistrado Ponente, para que previa instrucci\u00f3n, sometiera a la deliberaci\u00f3n de la Sala, lo que hubiera de resolverse sobre la admisi\u00f3n o no del recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por resoluci\u00f3n de 22 de enero de 2004 se declar\u00f3 la competencia para conocer del recurso de casaci\u00f3n interpuesto, d\u00e1ndose traslado a las partes recurridas para que formalizasen su oposici\u00f3n en el plazo de veinte d\u00edas y manifiesten si consideran necesaria la celebraci\u00f3n de vista.<\/p>\n<p>SEXTO.- Por el Procurador de los Tribunales D. Alberto Arenaza Artabe, actuando en nombre de sus representados, se opuso al recurso de casaci\u00f3n haciendo las alegaciones que tuvo por conveniente y suplicando se dicte sentencia inadmitiendo el recurso por infracci\u00f3n de lo establecido en el apartado primero del art\u00edculo 478 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al ser competente para conocer del mismo la Sala Primera del Tribunal Supremo, subsidiariamente y para el supuesto que no fuese admitida la pretensi\u00f3n que antecede, desestimar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto confirmando en todos sus extremos la sentencia recurrida e imponiendo las costas del presente recurso a la parte recurrente.<\/p>\n<p>S\u00c9PTIMO.- Finalmente y no consider\u00e1ndose necesaria la celebraci\u00f3n de la vista, se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda y hora para votaci\u00f3n y fallo, lo que se llev\u00f3 a efecto conforme a lo acordado.<\/p>\n<p>Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO GARC\u00cdA MART\u00cdNEZ, quien expresa el criterio de la Sala.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark3\"><\/a><strong>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n<p>PRIMERO.- El art. 477.1 de la Ley 1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), dispone que: &#8220;El recurso de casaci\u00f3n habr\u00e1 de fundarse, como motivo \u00fanico, en la infracci\u00f3n de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso&#8221;, y el p\u00e1rrafo segundo del art. 478.1 del mismo texto legal que: &#8220;., corresponder\u00e1 a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casaci\u00f3n que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Aut\u00f3noma, siempre que el recurso se funde exclusivamente o junto con otros motivos, en infracci\u00f3n de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonom\u00eda haya previsto esta atribuci\u00f3n&#8221;, lo que precisa y completa, en orden a la determinaci\u00f3n de la competencia atribuida a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia para conocer del recurso de casaci\u00f3n (como Salas de lo Civil, se entiende), lo se\u00f1alado en el precepto anterior, pues las mismas resultar\u00e1n competentes cuando el respectivo Estatuto hay previsto esta atribuci\u00f3n y siempre que el recurso se funde en infracci\u00f3n de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, tanto si el motivo o motivos consideran infringida exclusivamente una norma de Derecho civil, foral o especial, como si, en el mismo motivo o en otro distinto, se considera tambi\u00e9n infringida una norma de Derecho civil com\u00fan, o de otra Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n<p>Las resoluciones recurribles en casaci\u00f3n se identifican en el art\u00edculo 477.2 LEC , del que se deduce, por un lado, que tan s\u00f3lo son susceptibles de ser recurridas en casaci\u00f3n las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, y, por otro, que no todas las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales son recurribles, sino tan s\u00f3lo, las que se encuentren en alguno de los tres casos a los que se refiere el precepto, entre ellos, el se\u00f1alado en el n\u00fam. 3\u00b0, esto es, &#8220;cuando la resoluci\u00f3n del recurso presente inter\u00e9s casacional&#8221;, circunstancia cuyo significado esclarece la propia ley al establecer en el p\u00e1rr primero del art. 477.3 LEC cu\u00e1ndo cabe considerar que un recurso presenta inter\u00e9s casacional, a saber: a) cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; b) o cuando resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) o cuando aplique normas que no lleven m\u00e1s de cinco a\u00f1os en vigor, siempre que, en este caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido, supuestos a los que deben a\u00f1adirse, cuando se trate de recursos de casaci\u00f3n de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, los se\u00f1alados en el p\u00e1rr segundo del propio art. 477.3 LEC , pues seg\u00fan dispone el mismo: &#8220;., se entender\u00e1 que tambi\u00e9n existe inter\u00e9s casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Aut\u00f3noma correspondiente&#8221;.<\/p>\n<p>Sirva lo anterior para poner de manifiesto que motivo de casaci\u00f3n e inter\u00e9s casacional son cosas distintas y que el inter\u00e9s casacional no es un motivo de casaci\u00f3n, sino un presupuesto de admisibilidad del recurso predicable de la sentencia, pues es precisamente el contenido de \u00e9sta el que suscita dicho inter\u00e9s siempre que la misma, habiendo sido dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, se encuentre en alguno de los casos se\u00f1alados por el n\u00fam. 3\u00b0 del art. 477.2 LEC , en el que se determinan con criterio objetivo y de forma taxativa, cu\u00e1les son los supuestos en los que cabe considerar que el recurso presenta inter\u00e9s casacional debiendo, por ello, ser admitido.<\/p>\n<p>Corrobora lo anterior el art. 479 LEC , en el que se establecen los requisitos de la preparaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, al se\u00f1alar en su n\u00fam. 4 que: &#8220;Cuando se pretenda recurrir una sentencia al amparo de lo dispuesto en el n\u00famero 3\u00b0, del apartado 2 del art\u00edculo 477 , el escrito de preparaci\u00f3n deber\u00e1 expresar, adem\u00e1s de la infracci\u00f3n legal que se considera cometida, las sentencias que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria en que se funde el inter\u00e9s casacional que se alegue&#8221;, lo que significa que para preparar adecuadamente el recurso de casaci\u00f3n no basta con alegar el inter\u00e9s casacional, pues el mismo debe ser expresado &#8220;adem\u00e1s&#8221; de la infracci\u00f3n legal que se considere cometida, motivo \u00fanico de casaci\u00f3n que no puede ser soslayado u omitido, pues entonces no podr\u00e1n considerarse cumplidos los requisitos establecidos por el precepto en orden a la preparaci\u00f3n del recurso, y deber\u00e1 dictarse, de conformidad con lo ordenado por el art. 480.1 LEC , &#8220;auto rechazando el recurso&#8221;, o, caso de haberse tenido por preparado, &#8220;auto declarando la inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n y la firmeza de la resoluci\u00f3n recurrida&#8221;, tal y como dispone el art. 483.2.1\u00b0 y 4 .<\/p>\n<p>En el presente caso en el escrito de preparaci\u00f3n se afirma que la sentencia recurrida presenta inter\u00e9s casacional, se\u00f1al\u00e1ndose, en este sentido, que se carece de doctrina jurisprudencial sobre el art\u00edculo 48 de la Ley 3\/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco (en adelante LDCF), en lo que respecta a las consecuencias de la aplicaci\u00f3n del n\u00fam. 2 del precepto y a su relaci\u00f3n con los art\u00edculos 764 y 912 del C\u00f3digo Civil (en adelante CCv.); indic\u00e1ndose tambi\u00e9n que se carece de doctrina jurisprudencial del art. 35 LDCF , y, finalmente, que se infringe la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la aplicaci\u00f3n del art. 675 CCv .. Sin embargo, se guarda un silencio absoluto a la hora de expresar la infracci\u00f3n legal que se considera cometida, prescindi\u00e9ndose de esta forma del motivo de casaci\u00f3n, pues no se hace ninguna indicaci\u00f3n de<\/p>\n<p>la norma del Derecho civil, foral o especial que se considera infringida o vulnerada, no pudiendo por ello considerarse cumplidos los requisitos legalmente exigidos para la debida y correcta preparaci\u00f3n del recurso, lo que determina, primero, que el recurso no deb\u00eda de haberse tenido por preparado, ex art. 480.1 LEC , y, segundo, que tampoco deb\u00eda de haberse admitido, ex art. 483.2.1\u00b0 LEC .<\/p>\n<p>Pues bien, dado que el art\u00edculo 485 LEC permite a la parte o partes recurridas, admitido el recurso de casaci\u00f3n, alegar en el escrito de oposici\u00f3n las causas de inadmisibilidad del recurso que se consideren existentes y que no hayan sido ya rechazadas por el Tribunal, y como quiera que la parte recurrida se opone a la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n por considerar que el art\u00edculo 48.2 LDCF se menciona en el recurso a t\u00edtulo meramente enunciativo, siendo utilizado como un simple se\u00f1uelo, pero sin que, en realidad, se ofrezca la m\u00e1s m\u00ednima argumentaci\u00f3n sobre su eventual infracci\u00f3n, lo que se ajusta a la realidad, pues, como se\u00f1al\u00e1bamos con anterioridad, se ha silenciando la alegaci\u00f3n de la infracci\u00f3n legal cometida, confundi\u00e9ndose el inter\u00e9s casacional con el motivo de casaci\u00f3n, forzoso ser\u00e1 concluir que, en este momento procesal, la causa de inadmisi\u00f3n del recurso, apreciable incluso de oficio por estar afectadas normas de contenido imperativo, se torna en causa de desestimaci\u00f3n, pues, como se\u00f1ala consolidada jurisprudencia, los motivos legales en que puede fundarse la no admisi\u00f3n de un recurso son pertinentes, al resolver en el fondo, para desestimarlo, a\u00fan cuando se hubiese admitido, pues las razones de inadmisi\u00f3n son suficientes, si resulta demostrada su existencia, para que los recursos deban ser desestimados ( STS de 17 de junio de 1919; 19 de febrero de 1921; 27 de noviembre de 1922; 3 de enero y 5 de febrero de 1934; 21 de febrero de 1942; 14 de diciembre de 1946; 4 de junio de 1947; 14 de junio de 1955; 30 de septiembre de 1985; 20 de febrero de 1986; 5 de octubre de 1987; 30 de septiembre de 1989; 21 de marzo y 7 y 18 de diciembre de 1990, 8 de marzo y 5 de julio de 1991; 14 de mayo de 1992, 5 de septiembre y 14 de diciembre de 1996 y 22 de septiembre de 1997 ).<\/p>\n<p>SEGUNDO.- No s\u00f3lo razones de corte formal impiden estimar la casaci\u00f3n interpuesta. El recurso, aun cuando se entendiera, presuponiendo impl\u00edcitamente alegada la infracci\u00f3n del art. 48.2 LDCF (\u00fanica norma de derecho foral que en el escrito de interposici\u00f3n es objeto de cita), pertinentemente preparado y correctamente interpuesto, lo que no consideramos posible ni desde el m\u00e1s flexible y generoso entendimiento del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos, que no se puede alcanzar forzando una interpretaci\u00f3n en extremo exasperante de la normativa aplicable, deber\u00eda, igualmente, ser desestimado, y ello por lo que acto seguido exponemos.<\/p>\n<p>Porque disponiendo el art\u00edculo 48.2 LCDF que: &#8220;El poder testatorio se extinguir\u00e1:&#8230; Por muerte, imposibilidad o incapacidad sobrevenida del comisario&#8221;, en modo alguno cabe considerar infringido el precepto. Al contrario, cuando la sentencia recurrida considera extinguido el poder por la muerte del comisario lo que realmente hace es respetar y aplicar la norma, anudando al supuesto de hecho contemplado por la misma -la muerte del comisario- la consecuencia jur\u00eddica que la propia norma establece -la extinci\u00f3n del poder testatorio-.<\/p>\n<p>Porque el art. 48.2 LCDF , aun citado por la sentencia recurrida, en realidad tampoco resulta del caso, dado que no cabe considerar aplicable en el supuesto de que se trata, atendida la fecha de fallecimiento del comisario (en el a\u00f1o 1974) y teniendo en cuenta que la sucesi\u00f3n por causa de muerte se rige por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento ( art. 9.8 CCv .), la LCDF, que, todo lo m\u00e1s, y a la vista de sus disposiciones transitorias, cabr\u00eda considerar aplicable retroactivamente a los poderes otorgados con anterioridad a su entrada en vigor que pudieran ser utilizados con posterioridad a ella, pero no a lo extinguidos antes de su vigencia, como ocurre con el del caso, porque la retroactividad se proyecta plenamente sobre las relaciones jur\u00eddicas nacidas con anterioridad, pero no a las consecuencias ya consumadas ( STS de 20 de abril de 1991 ).<\/p>\n<p>Y, finalmente, y aun cuando ello suponga superar en cierta medida los l\u00edmites de la casaci\u00f3n foral, porque tampoco cabe cuestionar, y esta es realmente la motivaci\u00f3n que subyace en el presente recurso, la interpretaci\u00f3n que del testamento fue realizada por la sentencia de apelaci\u00f3n, dado que, como tiene reiteradamente declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo, siendo su doctrina en este caso de pertinente aplicaci\u00f3n, en la interpretaci\u00f3n de los testamentos debe prevalecer el criterio del Juzgador sobre el privativo del recurrente a menos que aparezca de modo manifiesto que aqu\u00e9l es equivocado o err\u00f3neo por contradecir la voluntad del testador, debiendo en suma excluirse \u00fanicamente lo arbitrario, el muy manifiesto error, lo desorbitado y los casos de patente y manifiesto error, preponderando, en otro caso, la interpretaci\u00f3n de la instancia ( STS de 6 de octubre de 1994 y todas las que en \u00e9sta se citan). Por lo que no pudiendo considerarse tergiversada la voluntad de la testadora por la interpretaci\u00f3n de la Sala de apelaci\u00f3n, cuya argumentaci\u00f3n no puede ser tildada de manifiestamente err\u00f3nea, absurda o arbitraria, pues la misma, muy al contrario, y dados los t\u00e9rminos del testamento, que contemplan el reparto de la herencia como un complemento, es decir, como una circunstancia a\u00f1adida o como una facultad m\u00e1s del mismo poder testatorio, ha de considerarse absolutamente razonable, lo que no cabe predicar de la patrocinada por la parte recurrente que, de ser acogida en los t\u00e9rminos en que aparece propuesta, privar\u00eda de todo sentido al poder, torn\u00e1ndolo en inservible, pues ninguna utilidad<\/p>\n<p>En atenci\u00f3n a lo expuesto<\/p>\n<p><strong>FALLO<\/strong><\/p>\n<p>Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n procesal de Da Consuelo , D\u00aa Francisca y D\u00aa Marcelina contra la sentencia N\u00b0 256\/03 dictada por la Secci\u00f3n Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya en fecha de nueve de abril de dos mil tres . Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas.<\/p>\n<p>As\u00ed por esta nuestra Sentencia, que se insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa, pas\u00e1ndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n<p>tendr\u00eda para nada de lo que le es propio, lo que no cabe admitir represente la voluntad de la testadora, pues si algo resulta di\u00e1fano es su voluntad de ratificar el poder, a\u00fan cuando lo complemente, habr\u00e1 de concluirse que procede estar a la interpretaci\u00f3n de la sentencia de apelaci\u00f3n, sin que pueda resultar desatendida.<\/p>\n<p>TERCERO.- Las costas del recurso, desestimado \u00e9ste, y dado que no cabe apreciar que el caso presentase serias dudas de hecho o derecho, habr\u00e1n de ser impuestas, conforme a los arts. 398 y 394 LEC , a la parte recurrente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disponiendo el art\u00edculo 48.2 LCDF que: &#8220;El poder testatorio se extinguir\u00e1:&#8230; Por muerte, imposibilidad o incapacidad sobrevenida del comisario&#8221;, en modo alguno cabe considerar infringido el precepto. 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