{"id":10563,"date":"2025-10-06T12:56:58","date_gmt":"2025-10-06T10:56:58","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-05-03-2004-2\/"},"modified":"2026-10-19T16:28:02","modified_gmt":"2026-10-19T14:28:02","slug":"sap-de-bizkaia-sec-4a-05-03-2004-2","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-05-03-2004-2\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 5 de marzo de 2004"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP BI 431\/2004<\/strong> – ECLI:ES:APBI:2004:431<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020370052004100042<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 5<\/strong><\/p>\n

Fecha: 05\/03\/2004<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 28\/2003<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n: 133\/2004<\/strong><\/p>\n

Procedimiento: Recurso apelaci\u00f3n Ley de Arrendamientos R\u00fasticos LEC 2000<\/strong> Ponente: LEONOR ANGELES CUENCA GARCIA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

SENT<\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA<\/p>\n

BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA<\/p>\n

Secci\u00f3n 5\u00aa<\/p>\n

BARROETA ALDAMAR 10 3\u00aa planta- C.P. 48001<\/p>\n

Tfno.: 94-4016666<\/p>\n

Fax: 94-4016992<\/p>\n

N.I.G. 48.04.2-03\/001317<\/p>\n

Arrend.r\u00fastic.L2 28\/03<\/p>\n

O.Judicial Origen: 1\u00aa Inst. e Instrucc. n\u00ba 3 (Gernika)<\/p>\n

Autos de Pro.ordinario L2 292\/01<\/p>\n

|<\/p>\n

| | |<\/p>\n

Recurrente: Jose Daniel<\/p>\n

Procurador\/a: GERMAN APALATEGUI CARASA<\/p>\n

Abogado\/a: LEONCIO FERNANDEZ MELCON Recurrido: Asunci\u00f3n , Iv\u00e1n , Agust\u00edn , Elena y Jose Mar\u00eda<\/p>\n

Abogado\/a: IGNACIO ARZANEGUI BARE\u00d1O y ..<\/p>\n

SENTENCIA N\u00ba 133\/04<\/em><\/strong><\/p>\n

ILMAS. SRAS.<\/p>\n

D\u00f1a. MARIA ELISABETH HUERTA SANCHEZ<\/p>\n

D\u00f1a. LEONOR CUENCA GARCIA<\/p>\n

D\u00f1a. MAGDALENA GARCIA LARRAGAN<\/p>\n

En BILBAO, a cinco de marzo de dos mil cuatro.<\/p>\n

En nombre de S.M. el Rey, por la autoridad que le concede la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Vistos por la Secci\u00f3n 5\u00aa de esta Audiencia Provincial en grado de apelaci\u00f3n, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO DE RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N\u00ba 292\/01 seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de Gernika-Lumo , en el que son partes como demandante Asunci\u00f3n , representada por el Procurador Sr. Muniategui Landa y dirigido por el Letrado Sr. Arzanegui Bare\u00f1o y como demandados Elena , Agust\u00edn , Iv\u00e1n Y Jose Mar\u00eda , en situaci\u00f3n procesal de rebeld\u00eda, y Jose Daniel , representado por la Procuradora Sra. Albizu Orbe y dirigido por el Letrado Sr. Fern\u00e1ndez Melc\u00f3n, siendo Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada D\u00aa LEONOR CUENCA GARCIA.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.<\/p>\n

PRIMERO.- Por el juzgador de primera instancia se dict\u00f3 con fecha 23 de Octubre de 2002 sentencia , cuya parte dispositiva dice literalmente:”ESTIMAR TOTALMENTE LA DEMANDA presentada por la demandante DO\u00d1A Asunci\u00f3n contra DON Jose Daniel y sus hermanos, resolvi\u00e9ndose el contrato de arrendamiento sobre la mitad de la parte meridional de la Caser\u00eda Usparicha-Goenengoa y sus pertenecidos, radicada en Muxika.<\/p>\n

Se concede a Don Jose Daniel el plazo de UN MES para dejar libre el caser\u00edo, pudiendo retirar sus pertenencias; con la advertencia de que en caso de no hacerlo, se proceder\u00e1 a su lanzamiento.”.<\/p>\n

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de Jose Daniel y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia previa su tramitaci\u00f3n.<\/p>\n

TERCERO.- Seguido este recurso por sus tr\u00e1mites, se se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 18 de Febrero de 2004 para su votaci\u00f3n y fallo.<\/p>\n

CUARTO.- En la tramitaci\u00f3n de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y t\u00e9rminos legales, haci\u00e9ndose constar que la duraci\u00f3n de la grabaci\u00f3n del CD de la audiencia previa es la de 20 minutos y 2 segundos y la del acto de juicio la de 32 minutos y 55 segundos.<\/p>\n

As\u00ed mismo, con suspensi\u00f3n del plazo para dictar sentencia se acord\u00f3 que por la parte apelante se aportara la justificaci\u00f3n de encontrarse al corriente de pago de la renta, presentando a tal efecto escrito con la documentaci\u00f3n que estim\u00f3 oportuna, y que consta unida a autos.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- La parte apelante, demandada en la instancia, interesa la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, y que en su lugar se dicte otra por la que se desestime la demanda en la que se pretende se declare resuelto el contrato de arrendamiento sobre la mitad de la parte meridional de la caser\u00eda Usparicha-Goenengoa y sus pertenecidos, radicantes en Muxika, al haber expirado el tiempo de duraci\u00f3n establecido ya se considere el mismo como sujeto al D\u00ba Com\u00fan ( C\u00ba Civil) ya la Ley de Arrendamientos R\u00fasticos, al entender que dada la forma en la que el derecho a ocupar el caser\u00edo se concedi\u00f3 a sus causantes, no cabe hablar de contrato de arrendamiento sino de pacto sucesorio, debiendo estarse a las condiciones previstas en \u00e9l para su posible resoluci\u00f3n o no, y en concreto a la cl\u00e1usula 6 \u00aa que es perfectamente v\u00e1lida.<\/p>\n

Alternativamente, a\u00fan en el supuesto de que se mantuviera la desestimaci\u00f3n de la demanda, no proceder\u00eda le fueran impuestas las costas de la instancia, no existiendo temeridad ni mala fe, dado los t\u00e9rminos en los que el debate se ha planteado, presentando el caso serias dudas de hecho.<\/p>\n

A la pretensi\u00f3n revocatoria, se opone la parte apelada quien interesa la declaraci\u00f3n de inadmisibilidad del recurso al considerar que la parte apelante no se encuentra al corriente de pago de la renta al momento de su preparaci\u00f3n, tal y como se lo impone el art. 449 n\u00ba 1 LECn 1\/2000 de 7 de Enero .<\/p>\n

SEGUNDO.- Delimitado el objeto de la presente resoluci\u00f3n en el fundamento de Derecho precedente, debe analizarse con car\u00e1cter previo la petici\u00f3n de inadmisibilidad del recurso, planteada por la parte apelada en su escrito de oposici\u00f3n al amparo del art. 461 en relaci\u00f3n con el art. 457 n\u00ba 5 , ante el incumplimiento de la obligaci\u00f3n que al apelante-arrendatarioa le impone el art. 449 n\u00ba 1 del citado texto legal de estar al corriente de pago de la renta al tiempo de la preparaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, ya que de ser as\u00ed se declarar\u00eda sin m\u00e1s la firmeza de la sentencia de instancia, sin analizar el contenido de las pretensiones revocatorias de la parte apelante.<\/p>\n

As\u00ed la determinaci\u00f3n de la viabilidad o no de esta objeci\u00f3n a la prosperabilidad del recurso, exige tener en cuenta:<\/p>\n

a.-Doctrina general a cerca de la obligaci\u00f3n de estar al corriente de pago de la rentas al tiempo de la preparaci\u00f3n del recurso: art. 449 n\u00ba 1 LECn .<\/p>\n

Este requisito de admisibilidad del recurso cuya constitucionalidad se ha declarado reiteradamente, entre otras en la sentencia de 1 de Marzo de 2002 en la que la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en la que se razona “SEGUNDO.- Este Tribunal ha declarado reiteradamente que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resoluci\u00f3n razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE que, no obstante, tambi\u00e9n se satisface con la obtenci\u00f3n de una resoluci\u00f3n de inadmisi\u00f3n, que impide entrar en el fondo de la cuesti\u00f3n planteada, si esta decisi\u00f3n se funda en la existencia de una causa legal que as\u00ed lo justifique aplicada razonablemente por el \u00f3rgano judicial ( SSTC 19\/1981, de 8 de junio 69\/1984, de 11 de junio 6\/1986, de 21 de enero 118\/1987, de 8 de julio 57\/1988, de 5 de abril 124\/1988, de 23 de junio 216\/1989, de 21 de diciembre 154\/1992, de 19 de octubre 55\/1995, de 6 de marzo; 104\/1997, de 2 de junio; 108\/2000, de 5 de mayo , entre otras muchas), pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuraci\u00f3n legal, su ejercicio y prestaci\u00f3n est\u00e1n supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obst\u00e1culos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente ( STC 185\/1987, de 18 de noviembre ).<\/p>\n

El derecho a obtener una resoluci\u00f3n sobre el fondo rige tanto en el acceso a la primera instancia judicial como en la fase de recurso. Sin embargo, mientras en el acceso a la jurisdicci\u00f3n el principio pro actione act\u00faa con toda su intensidad, por lo que las decisiones de inadmisi\u00f3n s\u00f3lo ser\u00e1n conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un \u00f3rgano judicial conozca y resuelva la pretensi\u00f3n formulada ( SSTC 6\/1986, de 21 de enero ; 118\/1987, de 8 de julio; 216\/1989, de 21 de diciembre; 154\/1992, de 19 de octubre; 55\/1995, de 6 de marzo; 104\/1997, de 2 de junio; 112\/1997, de 3 de junio; 8\/1998, de 13 de enero; 38\/1998, de 17 de febrero; 130\/1998, de 16 de junio; 207\/1998, de 26 de octubre; 16\/1999, de 22 de febrero; 63\/1999, de 26 de abril, y 108\/2000, de 5 de mayo ), en la fase de recurso el principio pro actione pierde intensidad, pues el derecho al recurso no nace directamente de la Constituci\u00f3n sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al \u00e1mbito de libertad del legislador, salvo en materia penal, el establecimiento y regulaci\u00f3n de los recursos procedentes en cada caso ( STC 37\/1995, de 7 de febrero ), por lo que las decisiones judiciales de inadmisi\u00f3n no son, en principio, revisables en la v\u00eda de amparo salvo que vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que configurado legalmente el recurso, el art. 24.1 CE garantiza tambi\u00e9n su utilizaci\u00f3n ( SSTC 63\/1992, de 29 de abril, FJ 2; 63\/2000, de 13 de marzo, FJ 2 ). Por ello, las resoluciones judiciales que declaren la inadmisibilidad de un recurso, excluyendo el pronunciamiento sobre el fondo en la fase impugnativa del proceso, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, cuando se funden en una interpretaci\u00f3n de la legalidad que proceda estimar como arbitraria o manifiestamente irrazonable ( STC 133\/2000, de 16 de mayo ), se apoyen en una causa legal inexistente ( SSTC 69\/1984, de 11 de junio; 57\/1988, de 5 de abril; 18\/1993, de 18 de enero; 172\/1995, de 21 de noviembre; 135\/1998, de 29 de junio; 168\/1998, de 21 de julio; 63\/2000, de 13 de marzo; 230\/2000, de 2 de octubre ), o, en fin, sean el resultado de un error patente ( SSTC 295\/2000, de 11 de diciembre ; 134\/2001, de 13 de junio )<\/p>\n

CUARTO.- Asimismo, en una reiterada y consolidada jurisprudencia, hemos declarado que el requisito del pago o consignaci\u00f3n de las rentas vencidas al tiempo de la interposici\u00f3n del recurso, o de las que vayan venciendo durante su tramitaci\u00f3n, que se establece en los art\u00edculos 1566 y 1567 LEC de 1881 (y en la actualidad en el art. 449.1 y 2 de la Ley 1\/2000 ), no constituye un formalismo desproporcionado contrario al derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos. Por el contrario, representa una exigencia esencial para el acceso y la sustanciaci\u00f3n de los recursos, cuya finalidad es la de asegurar los intereses del arrendador que ha obtenido una Sentencia favorable, para evitar que el arrendatario se valga del sistema de recursos que la Ley le concede, como medio para continuar en el goce o uso del inmueble arrendado sin satisfacer la contraprestaci\u00f3n de la renta, convirtiendo as\u00ed el recurso en una maniobra dilatoria del lanzamiento en perjuicio del arrendador ( STC 204\/1998, de 26 de diciembre , por todas).<\/p>\n

Igualmente, hemos declarado que una interpretaci\u00f3n teleol\u00f3gica o finalista del requisito procesal que nos ocupa, exige distinguir entre el hecho real del pago o consignaci\u00f3n de las rentas vencidas, que se erige en un requisito esencial e insubsanable para la admisi\u00f3n del recurso, y la prueba o acreditaci\u00f3n de dicho pago o consignaci\u00f3n que constituye, por el contrario, un mero requisito formal y subsanable ( STC 344\/1993, de 22 de noviembre , por todas).<\/p>\n

En atenci\u00f3n a ello, este Tribunal ha estimado que la formulaci\u00f3n de un recurso en un proceso arrendaticio sin que al tiempo de hacerlo, o dentro del plazo de interposici\u00f3n, se hubiera pagado o consignado el importe<\/p>\n

de las rentas vencidas, puede suponer la omisi\u00f3n de un requisito esencial e insubsanable que determina la procedencia de una causa legal de inadmisibilidad del recurso ( arts. 1566 LEC 1881 y 449.1 LEC 2000 ), que no resulta contraria al derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 204\/1998, de 26 de diciembre ).”<\/p>\n

As\u00ed mismo, es doctrina Constitucional y Jurisprudencial consolidada la que establece que toda interpretaci\u00f3n de las normas procesales reguladoras de los recursos debe hacerse del modo m\u00e1s favorable a su efectividad, esto es al acceso al recurso.<\/p>\n

b.-El art. 449 n\u00ba 1 LECn en el proceso de autos.<\/p>\n

En el caso de autos la primera cuesti\u00f3n que la Sala debe determinar es si nos encontramos o no ante un proceso de los que llevan aparejado el lanzamiento, pues s\u00f3lo en este supuesto, al tiempo de la preparaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n debe manifestar el arrendatario, acredit\u00e1ndolo por escrito que tiene satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas, de modo que como se colige de la redacci\u00f3n del precepto es preciso que estemos ante un contrato de arrendamiento, sea cual sea la legislaci\u00f3n urbana, r\u00fastica o com\u00fan que lo regula, cuya resoluci\u00f3n se inste por cualquier causa, al implicar ello el lanzamiento del ocupante del bien.<\/p>\n

Si ello es as\u00ed, no cabe duda que, tal y como se deduce del fundamento de derecho primero de nuestra resoluci\u00f3n, en consonancia con el suplico de la demanda la parte actora pretende la resoluci\u00f3n de un contrato de arrendamiento que recae sobre la mitad de un caser\u00edo y sus pertenecidos, por expiraci\u00f3n del plazo, implicando ello su desalojo, sin que esta calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la relaci\u00f3n contractual pueda quedar alterada como pretende la parte apelante porque la misma se fijara dentro del marco de un proceso sucesorio en el que haci\u00e9ndose uso del poder testatorio se dispusieron de una serie de bienes, estableciendo sobre uno de ellos la carga que implica un contrato de arrendamiento ( doc. n\u00ba 1 y 2 demanda), sin que ello determine la p\u00e9rdida de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de arrendamiento con los derechos y obligaciones que del contrato ( el pacto sucesorio) o la Ley se determinen, de suerte que fijado el disfrute del bien inmueble a cambio de una renta, cuya obligaci\u00f3n de pago en el tiempo no se cuestiona, as\u00ed como su cuant\u00eda, 1200 ptas. con el incremento pactado al fallecer una de las partes implicadas ( doc. n\u00ba 2 demanda, admitido al contestar), al margen de las causas de resoluci\u00f3n o del clausulado pactado, es claro que se est\u00e1 ante un contrato de arrendamiento, y que, por tanto, \u00e1quel que se arroga la cualidad de arrendatario debe acreditar que est\u00e1 al corriente de pago de la renta al tiempo de la preparaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

Pues bien si el demandado, hoy apelante, cuando presenta su escrito de preparaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ( f. 209 ) nada dice sobre ello, s\u00ed lo hace al presentar el escrito de interposici\u00f3n del recurso ( f. 215 y ss), cuando acompa\u00f1a lo que el entiende es el justificante de las rentas de los a\u00f1os 1999 a 2003 a raz\u00f3n de 1200 ptas. al a\u00f1o ( 6.000 ptas.), esto es un ingreso en la cuenta bancaria del esposo de la demandante el Sr Carlos Antonio el d\u00eda 2 de Noviembre de 1999, entendiendo la Sala que en realidad, tal y como manifiesta la parte apelada-arrendadora dicho ingreso corresponde a las anualidades anteriores de 1995 a 1999, no existiendo ingreso ulterior y que por ello al d\u00eda 31 de Octubre de 2002 cuando prepara el recurso de apelaci\u00f3n no estaba al corriente de pago, ya que:<\/p>\n

a.- la parte demandante en su escrito de demanda, presentado en Octubre de 2001, manifiesta que desde el fallecimiento del padre del demandado, Sr. Narciso , en Diciembre de 1996, ocupa el hoy apelante el caser\u00edo sin abono de renta alguna ( hecho cuarto de la demanda), sin que esta aseveraci\u00f3n merezca contestaci\u00f3n alguna, si como se sostiene en esta alzada en 1999 hab\u00eda pagado las rentas futuras.<\/p>\n

b.- la aportaci\u00f3n documental que se realiza en la alzada a requerimiento de esta Sala no justifica el pago de las rentas anteriores al a\u00f1o 1999, pues se trata de documentos privados, en los que si bien coinciden los nombres del esposo de la demandante y del padre del demandado, se hace referencia a una renta de 4.000 ptas.\/ anual que no consta sea la de autos, a lo que se une que el \u00faltimo documento se refiere al a\u00f1o 1994, por lo que conforme a esta tesis parece razonable, que si como al parecer, y as\u00ed se admite al contestar a la demanda ( hecho quinto ) se hab\u00edan dados conversaciones entre la partes por el problema del contrato, cuando el d\u00eda 2 de Noviembre de 1999 se ingresan 6.000 ptas., lo sea de las rentas que ya se hayan devengado ( 1995 a 1999), y no de las futuras, lo que se compagina con el hecho de que en la carta que el Letrado de la actora le dirige sobre la cuesti\u00f3n de autos el d\u00eda 22 de Noviembre siguiente, no haya referencia la impago de rentas, pues entonces no se deb\u00eda nada ( doc. n\u00ba 6 demanda).<\/p>\n

En conclusi\u00f3n si en el escrito de preparaci\u00f3n nada se dice sobre el cumplimiento de este requisito, y en el de interposici\u00f3n se limita a aportar el justificante del ingreso de unas rentas, que por otro lado no conllevar\u00eda el estar al corriente de pago al no constar satisfechas las devengadas desde el a\u00f1o 2000, es claro que no debi\u00f3 ser admitido a tr\u00e1mite el recurso, y que, por tanto, en esta fase de su tramitaci\u00f3n, como es Jurisprudencia reiterada las causas de inadmisi\u00f3n se tornan en motivos de su desestimaci\u00f3n, procediendo sin necesidad de analizar la cuesti\u00f3n de fondo debatida, la confirmaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, al no ser, adem\u00e1s posible,<\/p>\n

como pretende la parte apelante la subsanaci\u00f3n de tal omisi\u00f3n, pues el art. 449 n\u00ba 6 LECn en una regulaci\u00f3n conforme a la doctrinal constitucional, determina la posibilidad de acreditar documentalmente y de modo extempor\u00e1neo, como ser\u00eda ahora, que se est\u00e1 al corriente de pago, no de abonar o consignar lo adeudado, como acontecer\u00eda si se permitiera a la parte apelante, quien cuenta a lo largo del proceso, con el oportuno asesoramiento legal, consignar o abonar las rentas adeudadas.<\/p>\n

CUARTO.- En relaci\u00f3n a las costas procesales de esta alzada, dada la desestimaci\u00f3n del recurso procede su imposici\u00f3n a la parte apelante ( art. 398 n\u00ba 1 en relaci\u00f3n con el art. 394 LECn ).<\/p>\n

Vistos los art\u00edculos legales citados en esta sentencia y en la apelada y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Procuradora Sra. Albizu, en nombre y representaci\u00f3n de Jose Daniel , contra la Sentencia dictada el d\u00eda 23 de Octubre de 2002 por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 3 de Gernika, en los autos de juicio de ordinario sobre resoluci\u00f3n de contrato de arrendamiento n\u00ba 292\/01 a que este rollo se refiere; debemos confirmar y confirmamos dicha resoluci\u00f3n, con expresa imposici\u00f3n de las de esta alzada a la parte apelante.<\/p>\n

Devu\u00e9lvanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente resoluci\u00f3n para su cumplimiento.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia de la que se unir\u00e1 certificaci\u00f3n al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y le\u00edda por la Ilma. Magistrado Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La parte apelante, demandada en la instancia, interesa la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida, y que en su lugar se dicte otra por la que se desestime la demanda en la que se pretende se declare resuelto el contrato de arrendamiento sobre la mitad de la parte meridional de la caser\u00eda Usparicha-Goenengoa y sus pertenecidos, radicantes en Muxika, al haber expirado el tiempo de duraci\u00f3n establecido ya se considere el mismo como sujeto al D\u00ba Com\u00fan (C\u00ba Civil) ya la Ley de Arrendamientos R\u00fasticos, al entender que dada la forma en la que el derecho a ocupar el caser\u00edo se concedi\u00f3 a sus causantes, no cabe hablar de contrato de arrendamiento sino de\u00a0pacto sucesorio\u00a0, debiendo estarse a las condiciones previstas en \u00e9l para su posible resoluci\u00f3n o no, y en concreto a la cl\u00e1usula 6 \u00aa que es perfectamente v\u00e1lida.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[802],"materia":[1220,1234],"organo":[1884],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10563","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-pacto-sucesorio-o-arrendamiento-rustico","materia-ambito-de-aplicacion-personal","materia-la-disolucion-y-liquidacion-del-regimen-de-comunicacion-foral-de-bienes-en-bizkaia","organo-seccion-4a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10563","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10563"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10563"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10563"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10563"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10563"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10563"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10563"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}