{"id":10555,"date":"2025-10-06T12:56:58","date_gmt":"2025-10-06T10:56:58","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-09-10-2003\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:49","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:49","slug":"stsj-pais-vasco-09-10-2003","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-09-10-2003\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 9 de octubre de 2003"},"content":{"rendered":"

Roj: STSJ PV 3847\/2003<\/strong> – ECLI:ES:TSJPV:2003:3847<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020310012003100004<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 1<\/strong><\/p>\n

Fecha: 09\/10\/2003<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 1\/2003<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n:<\/p>\n

Procedimiento: CIVIL<\/strong><\/p>\n

Ponente: NEKANE BOLADO ZARRAGA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA<\/p>\n

DEL PAIS VASCO<\/p>\n

SALA DE LO CIVIL Y PENAL<\/p>\n

BILBAO<\/p>\n

REC. CASAC. TSJ 1\/03<\/p>\n

N\u00famero de Identificaci\u00f3n General: 00.01.2-03\/000001<\/p>\n

SENTENCIA<\/em><\/strong><\/p>\n

EXCMO. SR. PRESIDENTE<\/p>\n

D. MANUEL MAR\u00cdA ZORRILLA RUIZ<\/p>\n

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:<\/p>\n

D\u00aa NEKANE BOLADO Z\u00c1RRAGA<\/p>\n

D. ROBERTO SAIZ FERNANDEZ<\/p>\n

En BILBAO (BIZKAIA), a nueve de octubre de dos mil tres.<\/p>\n

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, integrada por los Magistrados arriba rese\u00f1ados, en el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que con fecha 10 de abril de 2001, dict\u00f3 la Secci\u00f3n Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, como consecuencia de autos de Rollo Menor Cuant\u00eda n\u00fam. 473\/00 dimanante del Juicio de Menor Cuant\u00eda n\u00fam. 204\/99 seguidos ante el Juzgado de 1\u00aa Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00fam. 1 de Balmaseda, sobre saca foral, cuyo recurso fue interpuesto por D\u00aa. Lina , representada por el Procurador Sr. D. Pedro Mar\u00eda Sant\u00edn Diez y asistida de la Letrado Sra. D\u00aa. Bego\u00f1a Villa Lemos, interviniendo como recurridos D. Clemente y D\u00aa Paula representados por el Procurador Sr. D. German Ors Sim\u00f3n y asistidos de la Letrado Sra. D\u00aa Marta Ripa Gandariasbeitia y, D. Casimiro , representado por el Procurador Sr. D. Jose Antonio Hern\u00e1ndez Uribarri y asistido del Letrado Sr. D. Rafael P\u00e9rez Jim\u00e9nez.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales D\u00aa M\u00aa Pilar Aguirregomozcorta Echezarreta, en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa Lina , formul\u00f3 ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00b0 1 de Balmaseda, demanda de juicio declarativo de menor cuant\u00eda ejercitando la acci\u00f3n de saca foral contra D. Clemente y esposa, D\u00f1a. Paula , y D. Casimiro , solicitando se dictase sentencia disponiendo: 1\u00b0) La nulidad de la compraventa llevada a cabo por D. Clemente esposa (parte vendedora) a favor de D. Casimiro (comprador) ante el Notario de Balmaseda D. Juan Mar\u00eda el 14 de enero de 1999 respecto de los pertenecidos 3\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0 propiedad D. Clemente por adjudicaci\u00f3n de herencia de sus padres, descritos en el hecho primero de la demanda, pertenecidos agrupados formando una nueva finca que se corresponde con la descrita en el hecho segundo. 2\u00b0) Se adjudiquen las<\/p>\n

fincas objeto de la compraventa declarada nula, sin agruparlas y libres de cargas, o alternativamente la finca resultante de la agrupaci\u00f3n tambi\u00e9n libre de cargas, a su representada, es decir al pariente tronquero que ejercita la saca, declarando por tanto la obligaci\u00f3n del vendedor D. Clemente y su esposa, de otorgar la venta de aqu\u00e9llas a la actora, o sea, su sobrina D\u00f1a. Lina por la justa valoraci\u00f3n en que se hayan tasado las mismas pericialmente durante el proceso. 3\u00b0) Se ordene la cancelaci\u00f3n de las inscripciones relativas a la compraventa declarada nula tanto por lo que respecta a las anotaciones practicadas en las fincas NUM000 , NUM001 y NUM002 , como las correspondientes a la finca resultante de la agrupaci\u00f3n de aquellas, o sea la finca n\u00b0 NUM003 , con libramiento del oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad de Balmaseda a tal fin. 4\u00b0) Con imposici\u00f3n de costas a los demandados, y lo dem\u00e1s que proceda en Derecho.<\/p>\n

Admitida la demanda y emplazados los demandados, comparecieron en los autos D. Clemente , D\u00aa Paula y D. Casimiro representados por el Procurador D. Ignacio Echevarria Ota\u00f1es y asistidos de los Letrados D\u00aa Marta Ripa y D. Rafael P\u00e9rez respectivamente, quienes presentaron escritos contestando a la demanda, oponi\u00e9ndose a los hechos y fundamentos que estimaron pertinentes, para terminar suplicando se desestime \u00edntegramente la demanda, con imposici\u00f3n de las costas a la parte demandante.<\/p>\n

Practicadas las pruebas declaradas pertinentes, la Sra. Juez del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00b0 1 de Balmaseda, dict\u00f3 sentencia el 31 de Mayo de 2000, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “Fallo: Que debo desestimar y desestimo \u00edntegramente la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales M\u00aa Pilar Aguirregomozcorta en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa Lina contra D. Clemente , D\u00aa Paula y D. Casimiro , imponiendo las costas a la actora.”.<\/p>\n

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia por la representaci\u00f3n de D\u00aa Lina y, una vez emplazadas las partes y remitidos los autos, dicho recurso fue tramitado por la Secci\u00f3n Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, quien dict\u00f3 sentencia con fecha 10 de abril de 2001, con el siguiente fallo: “Que, desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por D\u00aa Lina contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Balmaseda en el juicio declarativo de menor cuant\u00eda n\u00b0 204\/99 de que este rollo dimana, confirmamos \u00edntegramente dicha resoluci\u00f3n con imposici\u00f3n de las costas de esta alzada a la parte apelante.”.<\/p>\n

TERCERO.- Por el Procurador Sr. Sant\u00edn Diez en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa Lina , se present\u00f3 escrito de preparaci\u00f3n de recurso de casaci\u00f3n, previsto en el n\u00fam. 3 del apartado 2 en relaci\u00f3n con el apartado 3 del art\u00edculo 477 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, manifestando que la sentencia, infringe lo dispuesto en el art. 123 y dem\u00e1s concordantes relativos a la saca foral regulada en la Ley 31\/1992 de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

Por resoluci\u00f3n de fecha 23 de mayo de 2001 dictada por la citada Secci\u00f3n, se rechaz\u00f3 la tramitaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n preparado por la representaci\u00f3n de Lina , interponi\u00e9ndose contra la misma recurso de reposici\u00f3n por el Procurador Sr. Sant\u00edn Diez y una vez dado el preceptivo traslado a las partes para impugnaci\u00f3n se acord\u00f3 el 25 de junio de 2001, desestimar dicho recurso de reposici\u00f3n confirmando el auto de 23 de mayo de 2001.<\/p>\n

CUARTO.- Interpuesto ante esta Sala de lo Civil, recurso de queja por el Procurador Sr. Sant\u00edn Diez, en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa Lina contra el citado auto de 23 de mayo de 2001, que denegaba la preparaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, se acord\u00f3 por resoluci\u00f3n de 24 de julio de 2002 estimar mal denegada la tramitaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, debiendo tener por efectuada dicha preparaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, por oposici\u00f3n a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y por inexistencia de doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, debi\u00e9ndose continuar con la tramitaci\u00f3n del recurso.<\/p>\n

QUINTO.- Con posterioridad y dentro del plazo previsto el Procurador Sr. Sant\u00edn Diez interpuso el citado recurso de casaci\u00f3n, suplicando en su escrito se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida estimando sus pretensiones y se declare la nulidad de la compraventa llevada a cabo entre los demandados con fecha 14 de enero de 1999 ante el Notario de Balmaseda D. Juan Mar\u00eda , disponiendo la adjudicaci\u00f3n de la finca o fincas objeto de la misma a su representada por el valor estimado por el perito judicial que consta en autos y ordenando la cancelaci\u00f3n de las inscripciones que procedan en la finca NUM003 objeto de la compraventa anulada, as\u00ed como en las n\u00famero NUM000 , NUM001 y NUM002 , que pasaron a formar aquella por agrupaci\u00f3n, con libramiento del oportuno mandamiento a tal fin al Registro de la Propiedad de Balmaseda.<\/p>\n

SEXTO.- Una vez recibidos en esta Sala de lo Civil los autos correspondientes a la primera y segunda instancia, a efectos de resolver el mencionado recurso de casaci\u00f3n, se acord\u00f3 pasar las actuaciones al Magistrado Ponente, para que previa instrucci\u00f3n, sometiera a deliberaci\u00f3n de la Sala, lo que hubiera de resolverse sobre la admisi\u00f3n o no del recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n

Por resoluci\u00f3n de 23 de junio de 2003 se declar\u00f3 la competencia para conocer del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por D\u00aa Lina representada por el Procurador Sr. Sant\u00edn D\u00edez, contra la sentencia dictada por la<\/p>\n

Secci\u00f3n 4\u00b0 de la Audiencia Provincial de Bizkaia y declarar la admisi\u00f3n del mencionado recurso, dando traslado a las partes recurridas para que formalicen su oposici\u00f3n en el plazo de veinte d\u00edas y manifiesten si consideran necesaria la celebraci\u00f3n de vista.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.- Por el Procurador de los Tribunales D. German Ors Sim\u00f3n, actuando en nombre y representaci\u00f3n de D. Clemente y D\u00aa Paula , se opuso al recurso de casaci\u00f3n haciendo las alegaciones que tuvo por convenientes y suplicando se dicte auto declarando la inadmisibilidad del recurso de casaci\u00f3n y para el supuesto de que tal causa no fuera estimada, se le tenga por opuesto al mismo y previos los tr\u00e1mites oportunos se dicte sentencia, confirmando en todos sus extremos la recurrida, con imposici\u00f3n de las costas del presente recurso a la parte recurrente, considerando innecesaria la celebraci\u00f3n de vista.<\/p>\n

Asimismo, el Procurador D. Jose Antonio Hern\u00e1ndez Uribarri, actuando en nombre y representaci\u00f3n de D. Casimiro , se opuso al recurso de casaci\u00f3n interpuesto de contrario, solicitando la desestimaci\u00f3n del mismo, con expresa imposici\u00f3n de costas.<\/p>\n

OCTAVO.- Finalmente y no consider\u00e1ndose necesaria la celebraci\u00f3n de la vista, se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda y hora para votaci\u00f3n y fallo, lo que se llev\u00f3 a efecto conforme a lo acordado.<\/p>\n

Ha sido ponente la Iltma. Sra. Magistrada D\u00aa NEKANE BOLADO Z\u00c1RRAGA, quien expresa el criterio de la Sala.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- En el proceso del que este recurso dimana, promovido por D\u00aa. Lina contra los demandados D. Clemente y su esposa, como vendedores del bien troncal (pertenecidos 3\u00b0, 4\u00b0 y 5\u00b0 que se describe en la demanda), y contra el demandado D. Casimiro , como comprador, y en el que se postula por la actora la nulidad de la enajenaci\u00f3n causada y la adjudicaci\u00f3n a aqu\u00e9lla de la finca transmitida por su justa valoraci\u00f3n, al haberse realizado dicha enajenaci\u00f3n a un tercero no tronquero y sin la existencia de los llamamientos forales a pariente tronquero, recay\u00f3, en grado de apelaci\u00f3n, Sentencia de la Secci\u00f3n 4\u00aa de la Audiencia Provincial, por la que, confirmando la de primer grado, mantiene la desestimaci\u00f3n de la demanda y la absoluci\u00f3n de la misma a los demandados, para lo cual se basa en que, recogemos literalmente, (…) siendo el punto nuclear del recurso de apelaci\u00f3n la determinaci\u00f3n de si el plazo de tres meses para ejercitar la llamada saca foral mediante el ejercicio de la acci\u00f3n de nulidad de la enajenaci\u00f3n de un bien ra\u00edz, a que se refiere el art\u00edculo 123 de la ley del derecho civil foral del Pa\u00eds Vasco es un plazo de caducidad, hecho reconocido por la letrada de la parte recurrente, que por tanto no admite interrupci\u00f3n alguna, o lo es de prescripci\u00f3n en cuyo supuesto quedar\u00eda interrumpido por el acto de conciliaci\u00f3n y por las cartas remitidas por la recurrente una vez de ser conocedora de la aludida enajenaci\u00f3n por su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad, el plazo es de caducidad, por lo que resultaba forzoso ejercitar la acci\u00f3n judicial de nulidad de enajenaci\u00f3n antes de que el plazo de tres meses transcurriere, lo que no se hizo, por lo que concluye, es irrelevante a estos efectos, la previa interposici\u00f3n de la demanda de conciliaci\u00f3n, aunque tuviera id\u00e9ntico contenido que la posterior acci\u00f3n de nulidad (…).<\/p>\n

Contrala expresada sentencia de la Audiencia, la demandante interpone el presente recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n

SEGUNDO.- La representaci\u00f3n de D. Clemente y D\u00aa Paula al formalizar como parte recurrida su oposici\u00f3n al recurso interpuesto, en virtud del traslado que se le confiri\u00f3, objetaba en primer t\u00e9rmino la inadmisibilidad del recurso, haciendo uso para ello de la oportunidad que le confiere el p\u00e1rrafo segundo del art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n

Como razones de su indicado planteamiento de inadmisibilidad aduce que la sentencia recurrida no se opone, como sostiene la parte recurrente es su escrito de recurso, a la doctrina jurisprudencial y porque existe doctrina de esta Sala sobre la naturaleza del plazo dentro del cual, debe hacerse el ejercicio de la saca foral.<\/p>\n

Pero con tal planteamiento la parte recurrida olvida que esta Sala ya se pronunci\u00f3 sobre esta materia por auto de fecha 24 de julio de 2002 cuando al resolver el recurso de queja interpuesto por la parte hoy recurrente, D\u00aa Lina , contra la declaraci\u00f3n realizada por la secci\u00f3n 4\u00aa de la Audiencia Provincial de Bizkaia inadmitiendo la preparaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, acordaba declarar mal denegada la inadmisi\u00f3n de la preparaci\u00f3n del recurso y tener por efectuada dicha preparaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, por presentar inter\u00e9s casacional por oposici\u00f3n a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y por inexistencia de doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco sobre la posibilidad de interrupci\u00f3n del plazo de tres meses establecido en el art\u00edculo 123 de la Ley 31\/1992.<\/p>\n

Por ello y porque el citado art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento establece que han de ser alegadas las causas de inadmisibilidad que la parte considere existentes y que no hayan sido ya rechazadas por el Tribunal, no cabe entrar de nuevo en examen de la misma materia, al no ser oportuno que esta Sala haya de repetir el an\u00e1lisis, ya realizado en aquella resoluci\u00f3n de 24 de julio de 2002 y de oficio en cumplimiento de lo establecido en el<\/p>\n

art. 483.1 de la Ley Procesal, sobre la existencia de alguna de las causas legales que hubieran podido impedir la admisi\u00f3n del recurso.<\/p>\n

TERCERO.- El escrito de interposici\u00f3n del recurso formula dos motivos de casaci\u00f3n, ambos con apoyo procesal en el ordinal 1 y 3 del art\u00edculo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunciando, en el primero la infracci\u00f3n de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, sobre lo que no existe doctrina jurisprudencial de este Tribunal y en el segundo, la infracci\u00f3n de las normas aplicables al caso al oponerse la sentencia recurrida a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.<\/p>\n

En los apartados posteriores del primer motivo de casaci\u00f3n se cita como precepto infringido el art\u00edculo 123 y dem\u00e1s concordantes de la Ley 3\/92 de 1 de Julio del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

Entiende la parte recurrente, con cita del referido art\u00edculo 123 que, frente a la caducidad alegada de contrario y que fue acogida en la sentencia recurrida, no est\u00e1 claro que el plazo sea de caducidad puesto que el propio art\u00edculo 123 nada dice al respecto y que, aun suponiendo que se trate de un plazo de caducidad, no ha habido abandono de su derecho por la demandante ni ejercicio tard\u00edo de acciones, ni se ha atentado contra la seguridad jur\u00eddica ya que inmediatamente de celebrada la compraventa entre los demandados se les comunic\u00f3 el derecho preferente de la actora y que por tanto, se instaba la anulaci\u00f3n de aqu\u00e9lla; alega que sobre esta cuesti\u00f3n no existe jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

Considera, para el supuesto que la Sala declare que se trata de un plazo de caducidad, que su derecho ha sido ejercitado dentro de plazo por cuanto que \u00e9ste qued\u00f3 interrumpido por medio de la interposici\u00f3n de acto de conciliaci\u00f3n cuyo contenido era id\u00e9ntico a la demanda judicial posteriormente interpuesta, circunstancia \u00e9sta que por s\u00ed sola demuestra que la acci\u00f3n estaba ejercida mucho antes de cumplirse los tres meses que establece el art\u00edculo 123 de la Ley foral.<\/p>\n

Concluye su exposici\u00f3n del primer motivo impugnatorio invocando la postura del Tribunal Supremo en casos de preclusi\u00f3n de plazos de caducidad para la interposici\u00f3n de recursos, donde ha optado por aplicar la justicia material; y en fin, alude a la doctrina sobre la caducidad del Alto Tribunal y de los Tribunales Superiores de Justicia que optan por una aplicaci\u00f3n restrictiva de la misma.<\/p>\n

CUARTO.- El art\u00edculo 123 que se cita como infringido, establece que “Cuando el bien ra\u00edz se enajene sin previo llamamiento, cualquier tronquero cuyo derecho sea preferente al del adquirente podr\u00e1 ejercitar la saca foral, solicitando la nulidad de la enajenaci\u00f3n y que se le adjudique la finca por su justa valoraci\u00f3n. Deber\u00e1 ejercitar este derecho en juicio ordinario, promovido contra el vendedor y comprador, dentro del plazo de tres meses desde la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad o, en defecto de ella, desde que tuvo conocimiento de la enajenaci\u00f3n.”<\/p>\n

La cuesti\u00f3n que en el presente recurso se plantea, de estricto alcance jur\u00eddico, consiste en determinar no si el plazo se\u00f1alado por el art\u00edculo 123 es de caducidad, o es por el contrario de prescripci\u00f3n, por cuanto y a diferencia de lo que entiende la parte recurrente, dicha cuesti\u00f3n s\u00ed ha sido tratada y resuelta por esta Sala de lo Civil y no como obiter dicta, sino como argumentaci\u00f3n de fondo; nos referimos a la sentencia de fecha 11 de septiembre de 1992, cuyo Fundamento Cuarto literalmente dice: “Los motivos 5\u00b0, 6\u00b0, 7\u00b0 y 8\u00b0 del recurso tambi\u00e9n merecen un estudio conjunto, pues todos \u00e9stos impugnan la sentencia recurrida, desde distintas perspectivas, en el punto preferente a la caducidad de la acci\u00f3n de saca ejercitada. El art\u00edculo 57 de la Compilaci\u00f3n Foral de Vizcaya y Alava establece, para el ejercicio de la acci\u00f3n de saca, el plazo de un a\u00f1o, a contar desde la inscripci\u00f3n de la compraventa en el Registro de la Propiedad, o desde que el accionante tuviera conocimiento de la enajenaci\u00f3n, plazo evidentemente de caducidad, pues debe seguirse un criterio favorable a la seguridad y consolidaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos que se ver\u00eda perturbado por el mantenimiento indefinido de situaciones inciertas y, en consecuencia, el plazo correr\u00e1 autom\u00e1ticamente en raz\u00f3n objetiva de su no utilizaci\u00f3n, sin contemplaci\u00f3n de causas subjetivas que puedan suspenderlo o interrumplirlo ( sentencia 4 de julio de 1957).”.<\/p>\n

El mencionado auto de 24 de julio de 2002 dictado por esta Sala as\u00ed lo dejaba sentado en su Fundamento Quinto, cuando apreciaba la inexistencia de doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, no por la ausencia de pronunciamiento sobre la naturaleza del repetido plazo, sino (…) toda vez que esta Sala de lo Civil no ha tenido ocasi\u00f3n de pronunciarse sobre la posibilidad de interrupci\u00f3n del plazo de tres meses establecido en el citado art\u00edculo 123 de la Ley 31\/1992.”.<\/p>\n

No obstante lo anterior, esta Sala quiere a\u00f1adir como argumentos que sustentan la naturaleza de caducidad de la acci\u00f3n de saca ejercitada, los siguientes:<\/p>\n

Tanto la jurisprudencia como la doctrina cient\u00edfica son conformes en reconocer las notas diferenciales que existen entre el instituto de la prescripci\u00f3n y el de la caducidad, en materia de extinci\u00f3n de las acciones por el transcurso del tiempo.<\/p>\n

Por lo general, los derechos han nacido a favor de su titular con vocaci\u00f3n de pervivencia en el tiempo y sin que la ley limite el periodo de vigencia. Incluso en aquellos casos en los que la ley dispone un tiempo m\u00e1ximo por el que se puede convenir la existencia de un derecho, como sucede en el supuesto del usufructo previsto en el art\u00edculo 515 del C\u00f3digo Civil, no se trata en realidad de la determinaci\u00f3n legal de un plazo de vigencia del derecho, sino de una limitaci\u00f3n impuesta a la libertad de contrataci\u00f3n.<\/p>\n

No obstante, esa vigencia indefinida de los derechos subjetivos, la ley ha venido a establecer como posible causa de la extinci\u00f3n del derecho la inactividad de su titular, consistente en que omita todo ejercicio de las facultades derivadas del mismo durante un tiempo, cuya extensi\u00f3n, mayor o menor, se determina en relaci\u00f3n con la naturaleza del derecho de que se trate. Esta causa de extinci\u00f3n de los derechos, y consiguientemente de las acciones que los protegen, tiene como fundamento la presunci\u00f3n de abandono del derecho por parte de su titular, unida a la necesidad de evitar la inseguridad jur\u00eddica que deriva de esa inacci\u00f3n, constituyendo el instituto de la prescripci\u00f3n.<\/p>\n

Si se atiene al fundamento de esta causa de extinci\u00f3n del derecho, que se ha expresado, es consecuente que se atribuya a su titular la posibilidad de demostrar que su abandono del derecho no se ha producido y que, por ello, se admita la existencia de circunstancias interruptoras del la prescripci\u00f3n. Y por otra parte, es consecuente tambi\u00e9n que, dada esa posibilidad de interrupci\u00f3n, la prescripci\u00f3n del derecho, o de las acciones que lo defienden, s\u00f3lo sea admisible por invocaci\u00f3n de la parte favorecida y, consiguientemente, por v\u00eda de excepci\u00f3n. Por eso alg\u00fan autor ha llegado a decir que la prescripci\u00f3n no es causa de extinci\u00f3n, sino el fundamento para una excepci\u00f3n.<\/p>\n

Por el contrario, existen derechos cuyo reconocimiento por parte de la ley va decisivamente condicionado al hecho de que su titular haga uso de ellos dentro de un tiempo predeterminado, derechos que nacen con vida limitada en el tiempo, de forma tal que, transcurrido el lapso temporal sin haber sido ejercitados, desaparecen. Se trata de derechos que han sido reconocidos por la ley, pero sujet\u00e1ndolos a caducidad.<\/p>\n

El fundamento de la extinci\u00f3n del derecho no es en este \u00faltimo caso esa presunci\u00f3n de \u00edndole subjetiva de que el derecho haya sido abandonado por su titular, sino, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1979 (recordada por la de 10 de noviembre de 1994), el fundamento es aqu\u00ed el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo, la mera circunstancia f\u00e1ctica de que el derecho no ha sido ejercitado, sin entrar en la valoraci\u00f3n de la causa de esa inactividad; o dicho de otro modo, la caducidad supone la falta de uno de los requisitos impuestos por la ley para que el derecho produzca sus efectos.<\/p>\n

Puesto que en este segundo caso la vigencia del derecho se halla limitada por la ley que lo reconoce y esa limitaci\u00f3n temporal no depende de la voluntad del titular del derecho, son consecuentes dos efectos: el primero, que el t\u00e9rmino legal de la vida del derecho no puede admitir una interrupci\u00f3n originada por la voluntad del titular; y el segundo, que, una vez consten en autos los hechos b\u00e1sicos para fijar el t\u00e9rmino inicial del c\u00f3mputo del plazo (tales como la fecha de la inscripci\u00f3n registral, la del conocimiento por parte del titular del derecho u otro hecho que haga al caso), el \u00f3rgano jurisdiccional deber\u00e1 apreciar de oficio la caducidad del derecho, sin necesidad de invocaci\u00f3n de parte, puesto que el ejercicio de la acci\u00f3n dentro del plazo legal no es sino uno de los elementos del derecho cuyo reconocimiento se pide.<\/p>\n

Por lo que respecta a la acci\u00f3n de saca foral, que reconoce el art\u00edculo 123 del vigente Fuero Civil de Vizcaya contenido en la Ley 3\/1992 del Parlamento Vasco (como antes la reconoci\u00f3 el art\u00edculo 57 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava o la Ley del T\u00edtulo XVII del Fuero Nuevo de 1526 o el Cap\u00edtulo 84 del Fuero Viejo de 1452), se trata de un derecho de adquisici\u00f3n cuya vigencia tiene establecido en la ley el plazo de tres meses, a contar desde que se inscriba en el Registro de la Propiedad la enajenaci\u00f3n que lo origina o, en su defecto, desde que el tronquero tuvo conocimiento de la transmisi\u00f3n; y por ello, de acuerdo con los razonamientos expuestos, el expresado plazo es evidentemente de caducidad porque consiste en el periodo de vigencia que la ley concede al derecho de saca, de tal modo que, una vez transcurrido, sin posibilidad de interrupciones, el derecho de adquisici\u00f3n preferente se extingue y, con \u00e9l, la acci\u00f3n de saca concedida para hacerlo valer.<\/p>\n

QUINTO.- La permanencia del derecho de adquisici\u00f3n preferente a lo largo de los sucesivos textos legales, ponen de relieve, como bien se\u00f1ala la recurrente, que el mismo tiene una profunda raigambre en nuestro derecho foral, revel\u00e1ndose como una de las manifestaciones de la instituci\u00f3n de la troncalidad. Sin embargo, ello no quiere decir, como pretende hacer valer dicha recurrente invocando la aplicaci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial de la justicia material, que caducado el plazo haya de prevalecer el derecho de saca del pariente tronquero sobre dicho plazo ya caducado. Y no puede prevalecer, aparte por la inaplicaci\u00f3n al caso concreto de dicha doctrina relativa a la interposici\u00f3n de recursos, por lo siguiente:<\/p>\n

La conservaci\u00f3n de la ra\u00edz en el patrimonio del tronquero, ni es consustancial al ejercicio de los derechos derivados de la troncalidad ni en concreto constituye requisito para hacer valerse el derecho de saca foral,<\/p>\n

ya que la ley no establece limitaci\u00f3n temporal alguna a las facultades de disposici\u00f3n de la ra\u00edz por parte del tronquero adquirente de la misma.<\/p>\n

La troncalidad, como instituci\u00f3n b\u00e1sica del derecho foral vizca\u00edno, es de naturaleza compleja y est\u00e1 informando toda la estructura de \u00e9ste, debiendo ser entendida e interpretada en la conjunci\u00f3n arm\u00f3nica de sus diversas instituciones, y en su manifestaci\u00f3n m\u00e1s directa consiste en la adscripci\u00f3n de determinados bienes ra\u00edces a la familia, para la que han recibido la condici\u00f3n de troncales, siendo esa vinculaci\u00f3n no un fin en si misma, sino un medio encaminado a obtener la mayor estabilidad econ\u00f3mica de la familia troncal, por lo que la conservaci\u00f3n del bien ra\u00edz en el patrimonio familiar, a trav\u00e9s de su titular individual, no constituye una imposici\u00f3n legal para el pariente tronquero, sino una libre determinaci\u00f3n de \u00e9ste y, por tanto, no es dable exigir al tronquero, cuando adquiere la ra\u00edz troncal, el prop\u00f3sito de conservarla en su patrimonio, pudiendo transmitirla en el tiempo y ocasi\u00f3n que mejor le convenga, siempre que, al verificarlo, guarde y respete los derecho de otros tronqueros.<\/p>\n

Por todo ello, el motivo ha de ser rechazado.<\/p>\n

SEXTO.- El segundo motivo denuncia la infracci\u00f3n de las normas aplicables al caso al oponerse la sentencia recurrida a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; entiende que el Tribunal de apelaci\u00f3n no aplica en la sentencia recurrida la doctrina del Tribunal Supremo recogida en las sentencias de 23 de diciembre de 1983, de 11 de marzo de 1987 y de 20 de octubre de 1989, resultando en consecuencia su contenido opuesto a dicha doctrina jurisprudencial.<\/p>\n

Argumenta que en dichas sentencias el Alto Tribunal considera ejercida la acci\u00f3n (del tipo que sea) mediante acto de conciliaci\u00f3n al que se otorga efectos suspensivos e interruptivos de plazos de caducidad; aplicado lo cual al supuesto concreto determinar\u00e1 la estimaci\u00f3n del recurso y la demanda que est\u00e1 presentada dentro de plazo legal, pues insiste, el derecho de saca se ejercit\u00f3 con la interposici\u00f3n del acto de conciliaci\u00f3n; conclusi\u00f3n a la que llega, incluso admitiendo por una parte, que los supuestos de hecho de dichas sentencias no son id\u00e9nticos al suyo pero sirven de referencia; que dos de dichas sentencias son antiguas al contemplar supuestos cuando la conciliaci\u00f3n era obligatoria para entablar determinadas demandas pero no tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del a\u00f1o 1984 y, en fin, reconociendo la existencia de otra doctrina contraria a la citada.<\/p>\n

Las sentencias del Tribunal Supremo invocadas por la parte recurrente no establecen nada a su favor, pues, en las mismas se hacen consideraciones que en ning\u00fan caso son de aplicaci\u00f3n al supuesto analizado por diversos motivos, pero en esencia, por el siguiente: porque se trata de sentencias que resolv\u00edan supuestos de hecho conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil que estaba vigente, esto es, la ley de 3 de febrero de 1881 sin haberse operado su profunda modificaci\u00f3n de 6 de noviembre de 1984 y por tanto, cuando era obligatoria la conciliaci\u00f3n para entablar determinadas demandas, contemplando, todas ellas, adem\u00e1s, supuestos de hecho en los cuales la demanda judicial se hab\u00eda presentado, a su vez, dentro de los dos meses siguientes al acto de conciliaci\u00f3n, plazo de dos meses ineludible en cualquier caso, al disponerlo as\u00ed el art\u00edculo 479 de la Ley Procesal Civil ya reformado por la citada ley de 1984 en concordancia con el art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n

Pero a\u00fan m\u00e1s, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1983 invocada por la recurrente, a\u00f1ade consideraciones contrarias a las por ella postuladas en el presente recurso al expresarse de la siguiente forma: (…) no hay en todo ello contravenci\u00f3n alguna del art. 323 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil de Catalu\u00f1a, ya que esta norma se limita a se\u00f1alar el plazo de caducidad sin limitar los medios de ejercitar el derecho, pues no hay raz\u00f3n para sostener que se ejercitar\u00eda eficazmente s\u00f3lo a trav\u00e9s de presentaci\u00f3n de demanda,(…).<\/p>\n

Frente a ello, la Ley de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco en su art\u00edculo 123, s\u00ed se\u00f1ala expresamente c\u00f3mo ha de ejercitarse este derecho al establecer que “(…) Deber\u00e1 ejercitar este derecho en juicio ordinario, promovido contra el vendedor y comprador, dentro del plazo de tres meses desde la inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad o, en defecto de ella, desde que tuvo conocimiento de la enajenaci\u00f3n.”. Es decir, que la Ley del Derecho Civil Foral 3\/1992 s\u00ed limita expresamente el medio de ejercitar el derecho en cuesti\u00f3n, cual es, a trav\u00e9s del juicio ordinario correspondiente, por lo que el plazo de tres meses no lo es para que el pariente tronquero tome una decisi\u00f3n en relaci\u00f3n a su derecho, ni para que comunique su voluntad al adquirente, sino expresamente para interponer el juicio ordinario, sin perjuicio, por supuesto, de que tal voluntad sea comunicada a los interesados a trav\u00e9s de otros medios, en el caso presente, del acto de conciliaci\u00f3n, interposici\u00f3n que, como dejamos sentado, no excluye su obligaci\u00f3n de ejercitar este derecho en juicio ordinario.<\/p>\n

Al no hacerlo as\u00ed la parte recurrente, es claro que la acci\u00f3n de saca foral al interponer la demanda judicial, hab\u00eda caducado, como as\u00ed se hab\u00eda declarado en la sentencia recurrida, generando la decadencia de los derechos autom\u00e1ticamente, por el simple transcurso del tiempo.<\/p>\n

As\u00ed se ha expresado el Tribunal Supremo que, en su sentencia de 10 de julio de 1999 dice “Aunque el Tribunal Supremo ha dicho que en algunos casos la caducidad puede admitir excepcionalmente interrupci\u00f3n,<\/p>\n

la Jurisprudencia m\u00e1s moderna se pronuncia en el sentido de que la caducidad no admite interrupci\u00f3n de ninguna clase (SST de 30 de septiembre de 1992 (RJ 1992\/7419) y 20 de julio de 1993 (RJ 1993\/6170).”.<\/p>\n

En la sentencia de 26 de septiembre de 1997 el Tribunal Supremo establece que “La caducidad, como ha declarado la doctrina de esta Sala a partir de la sentencia de 30 de abril de 1940 (RJ 1940\/304), genera la decadencia de los derechos o facultades autom\u00e1ticamente, por el simple transcurso del tiempo. El plazo de 30 d\u00edas establecido en el art\u00edculo 38, p\u00e1rrafo s\u00e9ptimo, de la Ley 50\/1980, de 8 de octubre, de Contrato de seguro, para que el asegurador pueda impugnar judicialmente el dictamen pericial emitido en acto de jurisdicci\u00f3n voluntaria, es desde luego un plazo de caducidad y no de prescripci\u00f3n, que no admite interrupci\u00f3n, de tal manera que el tiempo transcurre inexorablemente, y el poder o facultad que se atribuye al asegurador para impugnarlo, si no se ejercita dentro de plazo, queda extinguido “ipso iurre”.<\/p>\n

La sentencia de 12 de junio de 1997 se\u00f1ala que “La caducidad es un modo de extinci\u00f3n de un derecho por el mero transcurso del tiempo se\u00f1alado por la ley; se trata de un derecho que nace con un plazo de vida y que, pasado \u00e9ste, se extingue; es un derecho de duraci\u00f3n limitada. En este sentido, Sentencias de 26 de diciembre 1970 (RJ 1970\/5635), 11 octubre 1985 (RJ 1985\/4736) y 14 diciembre 1993 ( al 1993\/9986). No es \u00e9ste el caso de prescripci\u00f3n anual que fija el articulo 1968.2.\u00b0, y que en el C\u00f3digo Civil se configura como prescripci\u00f3n, como no ha puesto en duda doctrina ni jurisprudencia.”.<\/p>\n

En la sentencia de 12 de febrero de 1996 se recoge lo siguiente, “A partir de la Sentencia de 30 abril 1940 (RJ 1940\/304) la jurisprudencia inici\u00f3 un camino constante y mantenido para distinguir la caducidad de la prescripci\u00f3n. La primera genera la decadencia del derecho en forma autom\u00e1tica, por el simple transcurso del tiempo legal o del previamente convenido, pues s\u00f3lo atiende al hecho objetivo de la conducta inactiva del titular dentro del t\u00e9rmino que fija y controla su eficiencia, siendo causa de extinci\u00f3n de los derechos y fijaci\u00f3n definitiva de lo acordado, con liberaci\u00f3n de todo condicionamiento que supedite su efectividad y que en este caso hay que referir al documento-finiquito rese\u00f1ado.<\/p>\n

La doctrina jurisprudencial, suficientemente conocida, viene manteniendo que en los casos de caducidad no inciden las causas de interrupci\u00f3n del art\u00edculo 1973 del C\u00f3digo Civil, conduciendo la l\u00ednea doctrinal del razonamiento casacional, a que en el caso de autos se produjo una pasividad voluntaria y aceptada por parte del demandante y sin que proceda asimismo dar eficacia interruptiva al requerimiento notarial.”.<\/p>\n

En el mismo sentido, es importante rese\u00f1ar la sentencia de 10 de noviembre de 1994 cuando se\u00f1ala que “Por otra parte, es de tener en cuenta que, seg\u00fan ha tenido ocasi\u00f3n de declarar esta Sala en Sentencias, entre otras, de 30 abril 1940 (RJ 1940\/304), 7 diciembre 1943 (RJ 1943\/1307), 17 noviembre 1948 (RJ 1948\/1413), 25 septiembre 1950 (RJ 1950\/1406), 5 julio 1957 (RJ 1957\/2554), 18 octubre 1963 (RJ 1963\/4138) y 11 mayo 1966 (RJ 1966\/2419), la caducidad o decadencia de derechos surge cuando la Ley o la voluntad de los particulares se\u00f1alan un plazo fijo para la duraci\u00f3n de un derecho, de tal modo que transcurrido no puede ser ya ejercitado, refiri\u00e9ndose a las facultades o poderes jur\u00eddicos cuyo fin es promover un cambio de situaci\u00f3n jur\u00eddica, nota caracter\u00edstica que la diferencia de la prescripci\u00f3n, pues as\u00ed como \u00e9sta tiene por finalidad la extinci\u00f3n de un derecho ante la raz\u00f3n subjetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jur\u00eddica, en la caducidad se atiende s\u00f3lo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado, hasta el punto de que puede sostenerse en realidad que es de \u00edndole preclusiva, al tratarse de un plazo dentro del cual, y \u00fanicamente dentro de \u00e9l, puede realizarse un acto con eficacia jur\u00eddica, de tal manera que transcurrido sin ejercitarlo impone la decadencia fatal y autom\u00e1tica de tal derecho en raz\u00f3n meramente objetiva de su no utilizaci\u00f3n, y m\u00e1s en cuanto que los derechos o facultades jur\u00eddicas conceden a su titular la facultad o poder para provocar un efecto o modificaci\u00f3n jur\u00eddica, con el fin de producir una consecuencia de tal \u00edndole en favor del sujeto y a cargo de otros, lo que puede tener lugar haciendo cesar un preexistente estado de derecho hasta el punto de que, en definitiva, se es titular de la acci\u00f3n creadora y no del derecho creado, ya que para que surja \u00e9ste es condici\u00f3n indispensable que se ponga en ejercicio en el plazo prefijado, pues si transcurre sin que la acci\u00f3n concedida se utilice desaparecen los derechos correspondientes, situaci\u00f3n incluso apreciable de oficio en instancia, seg\u00fan proclaman Sentencias de esta Sala de 25 septiembre 1950 (RJ 1950\/1406), 24 noviembre 1953 (RJ 1953\/3138), 5 julio 1957 (RJ 1957\/2554) y 18 octubre 1963 (RJ 1963\/4138) (todo ello seg\u00fan se recoge en la Sentencia de 25 mayo 1979 (RJ 1979\/1893)).”.<\/p>\n

Asimismo, la sentencia de 11 de octubre de 1985 establece que “… el transcurso del plazo estar\u00e1 interrumpido en la hip\u00f3tesis de ser de prescripci\u00f3n interrupci\u00f3n que no es admisible en el supuesto de caducidad, en la que el legislador en atenci\u00f3n a razones de inter\u00e9s general, como pueden ser las de poner fin a situaciones de incertidumbre en ciertas situaciones jur\u00eddicas, toma s\u00f3lo en consideraci\u00f3n, a efectos extintivos el dato objetivo de la falta de ejercicio o inactividad del titular del derecho o potestad jur\u00eddica, a diferencia de lo que ocurre en la prescripci\u00f3n, en la que, en consideraci\u00f3n a intereses que dicho legislador entiende que afectan menos a la comunidad, tiene s\u00f3lo en cuenta el punto de vista subjetivo de la presunci\u00f3n de abandono.”.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la no validez en derecho del acto de conciliaci\u00f3n para suspender el plazo de caducidad de las acciones, la sentencia de 30 de mayo de 1984 se expresa del siguiente modo: “… si es de caducidad el plazo del p\u00e1rr. 4\u00b0 del art. 22 (como tiene dicho esta Sala en su S. de 31 octubre 1978 (RJ 1978\/3290) es llano que, por el criterio y conforme a un cuerpo de doctrina constituido, entre otras por las SS. de 27 abril 1940 (RJ 1940\/303), 10 marzo 1942 ( RJ 1942\/323) 7 junio 1945 (RJ 1945\/699), 17 noviembre 1948 (RJ 1948\/1413), 25 septiembre 1950 (RJ 1950\/1406), 21 noviembre 1951 (RJ 1951\/2375), 24 noviembre 1953 (RJ 1953\/3138), 11 octubre 1954, 26 junio 1974 (RJ 1974\/3375), 7 mayo 1981 (RJ 1981\/1984) y 1 febrero 1982 (RJ 1982\/371), los diferentes modos de interrumpir la prescripci\u00f3n no son aplicables a los plazos de caducidad pues la prescripci\u00f3n y la caducidad aunque sirvan a la finalidad de evitar que permanezcan indefinidamentes inciertos los derechos, ofrecen como nota que las distingue, aparte otras, la de que, en la primera el factor tiempo puede ser detenido en su marcha tendente a la extinci\u00f3n si median actos obstantivos al designio prescriptivo, lo que no ocurre con la caducidad en la cual no cabe la interrupci\u00f3n ni la suspensi\u00f3n sino el propio ejercicio del derecho dentro del plazo por lo cual no lo interrumpieron ni suspendieron en los casos contemplados por las ya citadas SS. de 25 septiembre 1950 y 26 junio 1974 los precisos actos de conciliaci\u00f3n ni en el de la \u00faltima la iniciaci\u00f3n de un procedimiento inadecuado, ni las diligencias preliminares en el caso de la de 1 febrero 1982; por lo cual y ni siendo cierto seg\u00fan lo expuesto, y como el motivo en estudio afirma que “la interposici\u00f3n de la demanda de conciliaci\u00f3n es un acto v\u00e1lido en derecho para suspender el plazo de caducidad de las acciones y concretamente el establecido en el art. 22 de la L. de 22 diciembre 1949″, ha de ser desestimado.”.<\/p>\n

Tambi\u00e9n es significativa la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1983 cuando se\u00f1ala que “… lo que ha hecho la Sala “a quo” y no ha visto o no ha querido ver la entidad recurrente, es aplicar el instituto de la “caducidad”, el cual, a diferencia de lo que acontece con la “prescripci\u00f3n” y como tiene declarado con cierta reiteraci\u00f3n este Tribunal, opera “ex lege” y produce efectos fatales, al punto de no faltar dentro de la doctrina cient\u00edfica quienes lleguen a decir que con ella el derecho a la facultad m\u00e1s que morir no ha llegado a nacer…”.<\/p>\n

Y la de 30 de marzo de 1983 “… es doctrina general que la caducidad, como expresi\u00f3n del influjo del tiempo en las relaciones jur\u00eddicas, por su propio car\u00e1cter, a diferencia de la prescripci\u00f3n, opera de modo autom\u00e1tico, por el mero transcurso del tiempo se\u00f1alado en la Ley, sin m\u00e1s exigencias e independientemente de la voluntad, tanto de los interesados en el derecho o relaci\u00f3n jur\u00eddica controvertida, como del funcionario o autoridad que ha de apreciarla, lo que la distingue del plazo prescriptivo como excepci\u00f3n disponible por las partes”.<\/p>\n

En el mismo sentido, la sentencia de 1 de febrero de 1982 “…ha quedado antes ampliamente comprobado: que el plazo considerado es de caducidad y no de prescripci\u00f3n; y conocidos son los efectos propios de esta instituci\u00f3n, recordados \u00faltimamente en la sentencia de esta Sala de 7 mayo 1981 con antecedentes en las de 27 abril 1940 (RJ 1940\/303), 10 marzo 1942 (RJ 1942\/323), 7 junio 1945 (RJ 1945\/699), 17 noviembre 1948, 25 septiembre 1950 (RJ 1950\/1406), 21 noviembre 1951 (RJ 1951\/2375), 30 octubre y 24 noviembre 1953 (RJ 1953\/2911 y RJ 1953\/3138), la ya citada 11 octubre 1954 y la de 26 junio 1974 (RJ 1974\/3375), en todas las cuales y para diversos supuestos se establece, con matizaciones, que los diferentes modos de interrumpir la prescripci\u00f3n no son aplicables a los plazos de caducidad pues la prescripci\u00f3n y la caducidad aunque producen el mismo efecto extintivo y sirven a la com\u00fan finalidad de evitar que permanezcan indefinidamente inciertos los derechos, ofrecen como nota que las distingue, aparte otras, que en la primera el factor tiempo puede ser detenido en su marcha tendente a la extinci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddica si median actos obstativos al designio prescriptivo, lo que no ocurre con la caducidad, en la que no cabe la interrupci\u00f3n y por lo tanto no pudo en el presente caso actuar eficazmente el actor promoviendo las Diligencias preliminares que no produjeron ese inasequible efecto interruptivo o suspensivo, al modo como tampoco lo interrumpieron ni suspendieron en los casos contemplados por las ya citadas SS. de 25 septiembre 1950 y 26 junio 1974, los precisos actos de conciliaci\u00f3n, ni en el supuesto de la \u00faltima, la iniciaci\u00f3n de un procedimiento inadecuado.<\/p>\n

Y para terminar, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1979 que dice “seg\u00fan ha tenido ocasi\u00f3n de declarar esta Sala en sentencias, entre otras, de 30 abril 1940 (RJ 1940\/304), 7 diciembre 1943 (RJ 1943\/1307), 17 noviembre 1948 (RJ 1948\/1413), 25 septiembre 1950 (RJ 1950\/1406), 5 julio 1957 (RJ 1957\/2554), 18 octubre 1963 (RJ 1963\/4138) y 11 mayo 1966 (RJ 1966\/2419), la caducidad o decadencia de derechos surge cuando la Ley o la voluntad de los particulares se\u00f1alan un plazo fijo para la duraci\u00f3n de un derecho, de tal modo que transcurrido no puede ser ya ejercitado, refiri\u00e9ndose a las facultades o poderes jur\u00eddicos cuyo fin es promover un cambio de situaci\u00f3n jur\u00eddica, nota caracter\u00edstica que la diferencia de la prescripci\u00f3n, pues as\u00ed como \u00e9sta tiene por finalidad la extinci\u00f3n de un derecho ante la raz\u00f3n subjetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jur\u00eddica, en la caducidad se atiende s\u00f3lo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado, hasta el punto de que puede sostenerse en realidad que es de \u00edndole preclusiva al tratarse de un plazo dentro del cual, y \u00fanicamente dentro de \u00e9l, puede realizarse un acto con eficacia jur\u00eddica, de tal manera que transcurrido sin ejercitarlo impone la decadencia fatal y autom\u00e1tica de tal derecho en raz\u00f3n meramente objetiva de su no utilizaci\u00f3n, y m\u00e1s en cuanto que los derechos o facultades jur\u00eddicas conceden a su titular la facultad o poder para provocar un efecto o modificaci\u00f3n jur\u00eddica, con el fin de<\/p>\n

producir una consecuencia de tal \u00edndole en favor del sujeto y a cargo de otros, lo que puede tener lugar haciendo cesar un preexistente estado de derecho hasta el punto que, en definitiva, se es titular de la acci\u00f3n creadora y no del derecho creado, ya que para que surja \u00e9ste es condici\u00f3n indispensable que se ponga en ejercicio en el plazo prefijado, pues si transcurre sin que la acci\u00f3n concedida se utilice desaparecen los derechos correspondientes, situaci\u00f3n incluso apreciable de oficio en instancia seg\u00fan proclaman las sentencias de esta Sala de 25 septiembre 1950 (RJ 1950\/1406), 24 noviembre 1953 (RJ 1953\/3138), 5 julio 1957 (RJ 1957\/2554) y 18 octubre 1963 (RJ 1963\/4138).”.<\/p>\n

Lo anterior no es sino un breve repaso de la doctrina jurisprudencial sentada sobre la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sometida a debate por la parte recurrente y que evidencia, como ya anunci\u00e1bamos, que el expresado plazo de caducidad, al constituir el periodo de vigencia que la ley concede al derecho de saca, una vez transcurrido, cual acontece en el supuesto contemplado, no admite posibilidad de interrupci\u00f3n y, en consecuencia, el derecho de adquisici\u00f3n preferente se extingue y, con \u00e9l, la acci\u00f3n de saca concedida para hacerlo valer, de suerte que al haberlo declarado as\u00ed la sentencia recurrida se est\u00e1 en el caso de concluir que la misma no incurri\u00f3 en infracci\u00f3n doctrina jurisprudencial, lo que determina, sin necesidad de mayores razonamientos, la desestimaci\u00f3n del motivo estudiado y con \u00e9l la totalidad de este recurso.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.- La desestimaci\u00f3n del recurso lleva consigo la imposici\u00f3n al recurrente de las costas causadas, seg\u00fan establece el art. 398.1, en relaci\u00f3n con el 394.1, ambos de la Ley Procesal Civil.<\/p>\n

Y por los razonamientos expuestos, vistos los preceptos citados, los invocados por las partes y dem\u00e1s de aplicaci\u00f3n general,<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a la casaci\u00f3n de la sentencia que con fecha 10 de abril de 2001, dict\u00f3 la Secci\u00f3n 4\u00aa de la Audiencia Provincial de Bizkaia en el rollo de apelaci\u00f3n n\u00famero 473\/00, dimanante de los autos de juicio de menor cuant\u00eda n\u00famero 204\/99 del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00famero 1 de Balmaseda, por lo que debemos confirmar y confirmamos la expresada resoluci\u00f3n recurrida. E imponemos a la parte recurrente el pago de las costas del recurso.<\/p>\n

Y a su tiempo, devu\u00e9lvanse a la Sala de origen los autos y el rollo de Sala que remiti\u00f3, con testimonio de la presente resoluci\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La saca foral est\u00e1 sujeta a un plazo de caducidad, pue la Ley 3\/1992 s\u00ed limita expresamente el medio de ejercitar el derecho en cuesti\u00f3n, cual es, a trav\u00e9s del juicio ordinario correspondiente, por lo que el plazo de tres meses no lo es para que el pariente tronquero tome una decisi\u00f3n en relaci\u00f3n a su derecho, ni para que comunique su voluntad al adquirente, sino expresamente para interponer el juicio ordinario, sin perjuicio, por supuesto, de que tal voluntad sea comunicada a los interesados a trav\u00e9s de otros medios, en el caso presente, del acto de conciliaci\u00f3n, interposici\u00f3n que, como dejamos sentado, no excluye su obligaci\u00f3n de ejercitar este derecho en juicio ordinario.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[791,792,666],"materia":[1222],"organo":[1876],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10555","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-plazo-caducidad","tag-plazo-prescripcion","tag-saca-foral","materia-la-saca-foral-y-los-derechos-de-adquisicion-preferente-de-bienes-troncales","organo-tribunal-superior-de-justicia-del-pais-vasco","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10555","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10555"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10555"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10555"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10555"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}