{"id":10549,"date":"2025-10-06T12:56:58","date_gmt":"2025-10-06T10:56:58","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-gipuzkoa-sec-2a-10-02-2003\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:49","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:49","slug":"sap-de-gipuzkoa-sec-2a-10-02-2003","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-gipuzkoa-sec-2a-10-02-2003\/","title":{"rendered":"SAP de Gipuzkoa de 10 de febrero de 2003"},"content":{"rendered":"

Roj: SAP SS 64\/2003<\/strong> – ECLI:ES:APSS:2003:64<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 20069370022003100023<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n

Sede: Donostia-San Sebasti\u00e1n<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 2<\/strong><\/p>\n

Fecha: 10\/02\/2003<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 2011\/1998<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n:<\/p>\n

Procedimiento: CIVIL<\/strong><\/p>\n

Ponente: AUGUSTO MAESO VENTUREIRA<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL – SECCION SEGUNDA<\/p>\n

Donostia – San Sebasti\u00e1n<\/p>\n

ROLLO APELACION CIVIL 2011\/98<\/p>\n

Juicio de MENOR CUANTIA n\u00ba 19\/94<\/p>\n

Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 TOLOSA<\/p>\n

SENTENCIA N\u00ba<\/em><\/strong><\/p>\n

ILTMOS. SRES.<\/p>\n

DO\u00d1A MARIA VICTORIA CINTO LAPUENTE<\/p>\n

DON AUGUSTO MAESO VENTUREIRA<\/p>\n

DON JOSE HOYA COROMINA<\/p>\n

En Donostia-San Sebasti\u00e1n, a diez de Febrero de Dos mil tres.<\/p>\n

La Secci\u00f3n Segunda de la Audiencia Provincial de esta capital, constituida por los Magistrados que al margen se expresan, ha visto en tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n el Juicio de Menor Cuant\u00eda n\u00ba 19\/94 del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 1 de Tolosa; R\u00ba de Apelaci\u00f3n n\u00ba 2011\/98 seguido a instancia de Marina y otros, representados por la Procuradora Inmaculada Bengoechea y defendidos por el Letrado Ignacio Larra\u00f1aga, contra el AYUNTAMIENTO DE LIZARZA, representado por la Procuradora D\u00f1a. Bego\u00f1a Alvarez y defendido por el Letrado Sr. Bueno; todo ello en virtud del recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia dictada el 10 de Septiembre de 1997 por el mencionado Juzgado.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- El 10 de Septiembre de 1997 el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Tolosa dict\u00f3 sentencia que contiene el siguiente Fallo: ” Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Chimeno Rodriguez en nombre y representaci\u00f3n del Ecmo. Ayuntamiento de Lizartza, contra D\u00aa Marina . D. Carlos Jos\u00e9 y D\u00aa Rebeca , debo declarar y declaro la nulidad absoluta o de pleno derecho del contrato de compraventa elevado a escritura p\u00fablica ante el Notario de Tolosa, D. Alfonso Renter\u00eda Aroce, en fecha 15 de Septiembre de 1.987, en relaci\u00f3n de los bienes comunales denominados “ondacilleguis” que se recogen dentro de los pertenecidos del Caser\u00edo DIRECCION000 , concretamente: DIRECCION001 (2.221 metros cuadrados), DIRECCION002 ( 28.552 metros cuadrados), DIRECCION000 ( 6.552 metros cuadrados) DIRECCION001 ( 6.569 metros cuadrados), DIRECCION002 ( 4.300 metros cuadrados) y DIRECCION000 ( 2.117 metros cuadrados). ” Decret\u00e1ndose asimismo la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n NUM000 de la mencionada finca n\u00ba NUM001 , al folio NUM002 , Tomo NUM003 del Archivo, Libro NUM004 de Lizartza del Registro de la Propiedad de Tolosa, practicada en raz\u00f3n a aquel t\u00edtulo de compraventa, respecto a los bienes comunales “ondacilleguis” antes mencionados. Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Chimeno Rodriguez en nombre y representaci\u00f3n<\/p>\n

del Excmo. Ayuntamiento de de Lizartza contra D. Carlos Jos\u00e9 , D\u00aa Rebeca , Dn. Cosme y D\u00aa Antonieta , debo declarar y declaro la nulidad absoluta o de pleno derecho del contrato de permuta concertado por los demandados y elevado a escritura p\u00fablica en fecha 21 de Noviembre de 1988 ante el Notario D. Felipe Pou Ampuero, en lo que respecta al Terreno Comunal “ondacillegui” denominado Azcondeguieta (1117 metros cuadrados), segregado de la finca DIRECCION000 . Asimismo, se decreta la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n registral relativa a dicha finca n\u00ba NUM005 , al folio NUM006 del Tomo NUM007 del Archivo, Libro NUM006 de Lizartza en el Registro de la Propiedad de Tolosa, en relaci\u00f3n al Terreno “ondacillegui” identificado, y practicada en raz\u00f3n a la permuta se\u00f1alada. Todo ello sin expresa imposici\u00f3n de costas.” SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, la representaci\u00f3n procesal de Marina y otros, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra ella en el que interesaba su revocaci\u00f3n. El 7 de Enero de 1998 el Juzgado dict\u00f3 providencia mediante la que admit\u00eda a tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n. Una vez emplazadas las partes, y habiendo tenido entrada en la Oficina de Registro y Reparto de la Audiencia Provincial el Juicio de Menor Cuant\u00eda 19\/94 fue turnado a esta Secci\u00f3n, en la que se inco\u00f3 Rollo de Apelaci\u00f3n y, se se\u00f1al\u00f3 para Votaci\u00f3n y Fallo la audiencia del d\u00eda 24 de Octubre a las 9,15 horas.<\/p>\n

TERCERO.- En la tramitaci\u00f3n de este recurso se han cumplido las formalidades prescritas por la ley, con excepci\u00f3n del plazo para dictar sentencia, debido al volumen de trabajo que pesa sobre la Sala y a la complejidad del objeto litigioso.<\/p>\n

CUARTO.- Ha sido Ponente el Magistrado Don AUGUSTO MAESO VENTUREIRA, quien expresa el parecer de la Sala.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada y<\/p>\n

PRIMERO.- El presente recurso de apelaci\u00f3n se interpuso por la representaci\u00f3n procesal de Marina y otros contra la sentencia de instancia que estim\u00f3 las demandas acumuladas formuladas en su contra por el Ayuntamiento de Lizartza, mediante las que solicitaba que se declarara la nulidad de las escrituras p\u00fablicas que refer\u00eda, por transmitirse en las mismas bienes comunales cuya propiedad sosten\u00eda que le pertenec\u00eda. Mediante dicho recurso pretenden la revocaci\u00f3n de la referida sentencia y el dictado de otra que desestime las demandas formuladas, con condena en costas al actor, peticiones que bas\u00f3 en sus alegaciones efectuadas en la primera instancia del pleito y en las siguientes efectuadas en la vista del recurso de apelaci\u00f3n: – la ley foral de Gipuzkoa, que recoge la costumbre en transmisi\u00f3n de caser\u00edos, menciona los “ondacilleguis”, como dependencias de los caser\u00edos, independientemente de que anteriormente fueran bienes comunales, – en la zona de Gipuzkoa lindante con Navarrra se han transmitido e hipotecado los “ondacilleguis” como pertenecidos de los caser\u00edos, – tales terrenos en su d\u00eda fueron comunales, pero se enajenaron al amparo de las leyes de desamortizaci\u00f3n, en 1867, en p\u00fablica subasta, tras lo cual entraron en el comercio, sin recibir en la pr\u00e1ctica diferente valoraci\u00f3n econ\u00f3mica que el resto de bienes de particulares, que los aprovechan plenamente, – los adquirentes lo fueron de buena fe y son titulares registrales, por lo que se produjo su usucapi\u00f3n secundum tabulas, produci\u00e9ndose la expulsi\u00f3n registral por caducidad de los “ondacilleguis”, como informa el Registrador de la Propiedad de Tolosa, – es cierto que las fincas litigiosas se encuentran incluidas en el Cat\u00e1logo de Montes, pero no se ha tramitado ning\u00fan expediente de deslinde, en el que pudieran defenderse los aqu\u00ed recurrentes y haber acreditado su posesi\u00f3n ininterrumpida<\/p>\n

El Ayuntamiento actor-apelado se opuso al recurso formulado y solicit\u00f3 la confirmaci\u00f3n de la sentencia de instancia, con imposici\u00f3n de las costas a la parte recurrente.<\/p>\n

SEGUNDO.- Delimitado de tal modo el debate procesal en esta alzada, se cuenta para la resoluci\u00f3n del recurso con el material probatorio resultante de la reconstrucci\u00f3n de autos que se practic\u00f3. El examen del recurso debe comenzar por la alegada excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n activa del Ayuntamiento de Lizartza. La parte apelante la basa, al igual que en la primera instancia, en su afirmaci\u00f3n de que el Ayuntamiento no es, ni ha sido propietario de las fincas litigiosas, ya que su propiedad correspondi\u00f3 al com\u00fan de los vecinos de la localidad, por tratarse de un monte vecinal en mano com\u00fan, regulado por la Ley de 1980, siendo el \u00f3rgano gestor la Junta Vecinal y no el Ayuntamiento actor. Contin\u00faa que en la primera inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad del caser\u00edo DIRECCION000 se hace constar en referencia a las fincas litigiosas que la propiedad pertenece a la villa, no al Ayuntamiento actor, y que en el documento n\u00ba. 4 de la demanda, en la inscripci\u00f3n de excepci\u00f3n de excepci\u00f3n de desamortizaci\u00f3n se reconoce que la posesi\u00f3n corresponde al vecindario, sin mencionarse tampoco al Ayuntamiento. A\u00f1ade que la legislaci\u00f3n vigente de r\u00e9gimen local no establece que los bienes comunales sean propiedad del Ayuntamiento. Comenzando por el an\u00e1lisis de la afirmaci\u00f3n de que las fincas litigiosas se hallan en un monte vecinal en mano com\u00fan, regulado por la Ley de 1980, debe recordarse que la regulaci\u00f3n legal de tales montes se encuentra en la actualidad en la Ley 55\/1980, de 11 de noviembre,<\/p>\n

de Montes Vecinales en Mano Com\u00fan, que sustituye a la 52\/1968, de 27 de julio, de igual nombre. La primera regulaci\u00f3n espec\u00edfica de tales montes se efectu\u00f3 por la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil especial de Galicia de 2 de diciembre de 1963 y en el derecho com\u00fan por la referida ley de 1957 y su reglamento de 26 de febrero de 1970.<\/p>\n

La jurisprudencia reca\u00edda sobre tales montes declara su existencia principalmente en Galicia, como indica el Ayuntamiento recurrido, llegando a afirmar la misma que en Galicia los montes son algo que se siente como inherente a la galleguidad y que obliga a su defensa y conservaci\u00f3n, que una tradicional reivindicaci\u00f3n gallega ha sido el reconocimiento de los montes vecinales en mano com\u00fan como pertenecientes a los vecinos de la parroquia, como algo distinto a los Ayuntamientos, o que existe una especial ligaz\u00f3n hist\u00f3rica de los montes vecinales en mano com\u00fan con Galicia, que se ha traducido en la asunci\u00f3n de la competencia exclusiva sobre los mismos por la Comunidad Aut\u00f3noma, plasmada en el art\u00edculo 27.11 de su Estatuto de Autonom\u00eda. La actual Ley del Parlamento de Galicia 13\/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en Mano com\u00fan califica en su Pre\u00e1mbulo a esta instituci\u00f3n como propiedad peculiar y bien caracter\u00edstica de Galicia. No obstante, m\u00e1s espor\u00e1dicamente se ha declarado judicialmente tambi\u00e9n su existencia en otras Comunidades como Cantabria, Asturias, Castilla-Le\u00f3n (provincias de Zamora, Segovia y Burgos) o Arag\u00f3n (provincia de Huesca). Dicha jurisprudencia fue estructurando en un primer momento las caracter\u00edsticas -como la de que se trata de una comunidad germ\u00e1nica o en mano com\u00fan- de esta peculiar instituci\u00f3n jur\u00eddica, que se hab\u00eda desenvuelto en el exclusivo campo del derecho consuetudinario y fue recogida en parte en la Ley de Montes de 8 de junio de 1957 y por las posteriores leyes espec\u00edficas que regularon la materia ya referidas ( Ss de la Sala Primera TS de 15-1-2001, 14-5-1998, 18-11-1996, 22-2-1996, 9-2- 1996, 10-2-1993, 12-2-1992, 17-2-1971, 17-1-1967, etc., de la Sala Tercera, de 29-2-1996, etc., Ss. del Tribunal Superior de Galicia de 20-3-2000, 8-2-2000, 29-4-1999, 17-2-1999, 8-4-1998, 19- 6-1997 y doctrina del Tribunal Constitucional plasmada en sentencia 127\/1999, de 1-7-1999).<\/p>\n

Tales montes son legalmente considerados en la actualidad como de naturaleza especial, pertenecientes a agrupaciones vecinales, en su calidad de grupos sociales y no como entidades administrativas y vienen aprovech\u00e1ndose consuetidinariamente en mano com\u00fan por los miembros de aqu\u00e9llas en su condici\u00f3n de vecinos. Son montes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables y su titularidad dominical, privada, corresponde, sin asignaci\u00f3n de cuotas, a los vecinos integrantes en cada momento del grupo comunitario de que se trate. Su administraci\u00f3n, disfrute y disposici\u00f3n corresponde exclusivamente a la respeciva comunidad propietaria, que tendr\u00e1 plena capacidad jur\u00eddica para el cumplimiento de sus fines y cuyos Estatutos establecer\u00e1n los \u00f3rganos a quienes corresponda la gesti\u00f3n administrativa del monte, la ejecuci\u00f3n de los acuerdos de la comunidad y la representaci\u00f3n de la misma en sus relaciones con terceros. En tanto no surtan efecto dichos Estatutos, ejercer\u00e1 tales facultades una Junta Provisional elegida de entre los part\u00edcipes que deber\u00e1, en especial, impulsar la redacci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de los Estatutos. La competencia administrativa para conocer de las cuestiones que se promuevan sobre clasificaci\u00f3n de los montes vecinales en mano com\u00fan corresponde a los Jurados provinciales de Montes vecinales en Mano Com\u00fan que se crear\u00e1n en las provincias donde haya montes de tales caracter\u00edsticas. La clasificaci\u00f3n que el Jurado Provincial realice de un monte como vecinal en mano com\u00fan, una vez firme, produce la presunci\u00f3n iuris tantum de que el mismo pertenece en propiedad a la comunidad vecinal correspondiente, en tanto no exista sentencia firme en contra pronunciada por la Jurisdicci\u00f3n civil.<\/p>\n

TERCERO.- El an\u00e1lisis de lo actuado en el pleito muestra que no se ha practicado en el mismo ni una sola prueba que avale la afirmaci\u00f3n que se efect\u00faa por la recurente de que el monte donde se ubican las fincas litigiosas se trate de un monte vecinal en mano com\u00fan. Pero no s\u00f3lo eso, sino que ni siquiera la recurrente ha manifestado qui\u00e9nes formar\u00edan la agrupaci\u00f3n vecinal propietaria del monte Lizartzakomendia, en que se encuentran -seg\u00fan convienen ambas partes- ni cu\u00e1l ser\u00eda su r\u00e9gimen de funcionamiento, ni si existen estatutos que regular\u00edan dicha presunta comunidad, ni si se han registrado los mismos, ni cu\u00e1les ser\u00edan los \u00f3rganos de administraci\u00f3n o gesti\u00f3n de la comunidad, ni si los part\u00edcipes han elegido siquiera una Junta Provisional para dicha gesti\u00f3n, ni que en esta provincia se hubiera creado el Jurado de Montes Vecinales en Mano Com\u00fan. Por tanto, no concurriendo ninguno de los elementos que podr\u00edan caracterizar al monte Lizarzakomendia como vecinal en mano com\u00fan, en cuyo caso la propiedad no corresponder\u00eda al Ayuntamiento, sino a los particulares que compusieran la agrupaci\u00f3n vecinal titular, no cabe sino desestimar la referida alegaci\u00f3n de la recurrente. Adem\u00e1s, la misma es contradictoria tanto con otras alegaciones que efect\u00faa la parte recurrente, como con actos propios realizados por la misma o por sus causahabientes. Por un lado, afirma que las fincas litigiosas fueron en su d\u00eda comunales, pero que dejaron de serlo al amparo tras las Leyes de Desamortizaci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n de las cuales fueron vendidas en subasta por el Ayuntamiento de Lizartza, no por ninguna comunidad vecinal que ser\u00eda quien deber\u00eda haberlo efectuado, de ser cierta la calificaci\u00f3n de montes vecinales que efect\u00faa la recurrente. Por otro lado, en la segunda de las demandas acumuladas se acompa\u00f1a (folios 348 y ss.) solicitud de Carlos Daniel , causahabiente de los demandados recurrentes, que, en relaci\u00f3n a un terreno<\/p>\n

helechal, afirma que el mismo es comunal, aunque su producto le pertenece por adjudicaci\u00f3n inmemorial, solicitando al Ayuntamiento -no a ninguna Junta Vecinal- que prohiba el tr\u00e1nsito de carretas por el mismo.<\/p>\n

CUARTO.- Ambas partes convienen en que las fincas litigiosas eran bienes comunales con anterioridad a las Leyes de Desamortizaci\u00f3n. El Ayuntamiento actor sostiene que lo siguen siendo, mientras que la demandada recurrente afirma que dejaron de serlo al amparo de dichas leyes. Los bienes comunales son bienes que presentan una naturaleza jur\u00eddica peculiar y pertenecientes a las entidades locales, como el Ayuntamiento actor en el presente pleito, pero cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al com\u00fan de los vecinos. Tales bienes complementan la categor\u00eda de bienes de dominio p\u00fablico, que, junto a la de bienes patrimoniales integran el patrimonio de las entidades locales y s\u00f3lo pueden pertenecer a los Municipios y Entidades locales menores, tal como se establece en los art\u00edculos 79 y 80 de la Ley 7\/1985, de 2-4, reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local y art\u00edculo 2, apartados 3 y 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1.372\/1986, de 13 de junio ( SsTC 228\/1998, de 1-12 y 4\/1991, de 2-2). Su inclusi\u00f3n dentro de los bienes de dominio p\u00fablico se establece tambi\u00e9n en el art\u00edculo 7 de la Norma Foral 6\/1994, de 8 de julio, de Montes de Gipuzkoa. Gozan de las caracter\u00edsticas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que les atribuye el art\u00edculo 132.1 de la Constituci\u00f3n, que asimismo establece el r\u00e9gimen de reserva de ley para regularlos, al igual que para los bienes de dominio p\u00fablico. Doctrinalmente se considera que constituyen una especie de tertium genus, dentro de los bienes de las entidades locales, muy pr\u00f3ximo a los bienes de dominio p\u00fablico y que su titularidad se deriv\u00f3 a los Ayuntamientos, como representante de la totalidad del pueblo o de un grupo vecinal dentro de \u00e9l a medida que se consolid\u00f3 la organizaci\u00f3n municipal tras una inicial consideraci\u00f3n como res communis omnium. Y sus caracter\u00edsticas de inalienables e imprescriptibles y excluidos del comercio de los hombres, de imposible adquisici\u00f3n por los particulares se consideran caracter\u00edsticas inherentes a la propia naturaleza de los bienes comunales, siendo recogidas desde la Ley de Partidas, Ley Municipal de 1935, Ley de Bases de R\u00e9gimen Local de 1945, Ley de R\u00e9gimen Local de 1955 y Reglamento de Bienes del mismo a\u00f1o, as\u00ed como en las vigentes Ley de R\u00e9gimen Local y Reglamento de Bienes.<\/p>\n

QUINTO.- Aleg\u00f3 la parte recurrente en el acto de la vista del recurso de apelaci\u00f3n que las fincas litigiosas fueron vendidas en 1867 en subasta p\u00fablica a Enrique , propietario del caser\u00edo DIRECCION000 , dejando as\u00ed de ser bienes comunales y quedando la denominaci\u00f3n de “ondacillegui”, como mero recuerdo de su origen. Dicha alegaci\u00f3n no se formul\u00f3 en primera instancia y tampoco se compadece con lo acreditado en el pleito. En el mismo consta acreditado, tal como se indica en la primera demanda de las acumuladas y en el documento n\u00ba. 6 que se acompa\u00f1a a la misma, que el referido Enrique adquiri\u00f3 en 1871 mediante subasta p\u00fablica un lote de terrenos del ayuntamiento de Lizartza, procedente de sus propios, pero en dicho lote no se encuentran las fincas sobre las que versa el presente pleito. La alegaci\u00f3n que la parte recurrente efectu\u00f3 al respecto en la primera instancia del pleito fue la de que se transmiti\u00f3 la plena propiedad de las fincas litigiosas a los causabientes de los demandados, ahora apelantes. Alegaba tambi\u00e9n que el referido documento n\u00ba. 6 de la demanda avala la tesis de que algunos terrenos comunales fueron transmitidos a particulares, incluso pertenecidos del caser\u00edo DIRECCION000 , como tambi\u00e9n lo son las fincas litigiosas, y que si no consta el soporte documental que explique la fecha en que \u00e9stas fueron transmitidas lo es como consecuencia de las guerras civiles padecidas, en las que desaparecieron cantidad de documentos. Afirma que es pr\u00e1cticamente imposible que puedan conocer en qu\u00e9 fecha concreta alguno de sus antecesores adquiri\u00f3 la plena propiedad de todos los terrenos pertenecidos del caser\u00edo DIRECCION000 que en su d\u00eda hab\u00edan sido ondacilleguis y que, al menos, el anterior titular, el finado Carlos Daniel , ya la hab\u00eda adquirido, por lo que las posteriores transmisiones no adolecen de vicio alguno. Sostiene tambi\u00e9n que el pleno dominio fue adquirido por los causahabientes de los reurrentes mucho antes de que se estableciere la inalienabilidad de los bienes comunales, habiendo llegado a sus manos tras sucesivas transmisiones, de buena fe. Debe convenirse con la parte recurrente en que al amparo de las leyes desamortizadoras, los Ayuntamientos vendieron bienes de propios y, como dicha parte indica, algunas de dichas ventas se realizaron en esta provincia incluso con anterioridad, a comienzos del siglo XIX, en base a diversas autorizaciones previas de venta de los bienes de propios; es decir, de aquellos que produc\u00edan renta con la que atender a los presupuestos o gastos del Concejo. Como luego mencionaremos, la Ley de Desamortizaci\u00f3n General de 1 de mayo de 1855, que pone en venta los patrimonios de las corporaciones civiles, especialmente de los municipios y Diputaciones (Ley Madoz) excepcion\u00f3 de la venta a los bienes comunales y, como hemos dicho, las autorizaciones previas se refer\u00edan solamente a bienes de propios, aunque se acepta en la doctrina que las ventas de bienes de propios arrastraron consigo muchos bienes comunales, legalmente exceptuados, pero calificados de propios porque los vecinos que los disfrutaban satisfac\u00edan un peque\u00f1o canon. En el pleito que nos ocupa, la parte recurrente no indica que pagara cantidad alguna por el disfrute de las fincas litigiosas, lo que podr\u00edan haber facilitado su calificaci\u00f3n como bienes de propios y su transmisi\u00f3n a sus causahabientes. Tampoco indica la fecha en que se pudo producir la transmisi\u00f3n de la propiedad de tales fincas, que dice se efectu\u00f3, aunque dicha falta podr\u00eda ser entendible por haberse producido en tiempo inmemorial.<\/p>\n

SEXTO.- Pero hay otros factores que har\u00e1n que no se acoja la referida tesis de la parte recurrente. Por un lado, que el monte Lizartzakomendia figura en el Cat\u00e1logo de Montes de Utilidad P\u00fablica de Gipuzkoa, lo que se acredita por la certificaci\u00f3n de la Diputaci\u00f3n Foral que se acompa\u00f1a a la primera de las demandas como documento n\u00ba. 5, como perteneciente a la Villa de Lizartza. Dicho cat\u00e1logo, tal como se establece en el art\u00edculo 4 de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957, es un registro p\u00fablico de car\u00e1cter administrativo que incluye todos los montes que hubieren sido declarados de utilidad p\u00fablica pertenecientes al Estado, a las Entidades p\u00fablicas teritoriales y a los Establecimientos p\u00fablicos de Beneficencia o Ense\u00f1anza. Y el art\u00edculo 10 de dicha ley prev\u00e9 que la inclusi\u00f3n de un monte en el Cat\u00e1logo otorga la presunci\u00f3n de su posesi\u00f3n por el Patrimonio Forestal del Estado, o por la Entidad p\u00fablica a cuyo nombre figure; en este caso la Villa de Lizartza. Como indica la STS de 10-2-1993, desde el RD 22 enero 1862 es indispensable para la inscripci\u00f3n de la titularidad en el Cat\u00e1logo de montes el car\u00e1ter de entidad p\u00fablica territorial, por lo que “cuando el monte litigioso se consigna como de titularidad de los pueblos ha de entenderse que se refiere a la entidad local correspondiente, en modo alguno a los vecinos como tales”. En el caso que nos ocupa, debe entenderse que la inscripci\u00f3n en el Cat\u00e1logo est\u00e1 realizada a nombre del actor en este pleito, el Ayuntamiento de Lizartza, en favor del cual se presume la posesi\u00f3n iuris tantum del monte referido. Como afirm\u00f3 la parte recurente, no consta que se haya practicado el deslinde del monte, pero ni el deslinde es imprescindible para que act\u00fae la referida presunci\u00f3n, ni la cuesti\u00f3n aqu\u00ed litigiosa se refiere a linderos.<\/p>\n

SEPTIMO.- Por otro lado, la primera inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad de Tolosa de la caser\u00eda DIRECCION000 , que nos ocupa, se efectu\u00f3 en la escritura p\u00fablica de venta otorgada el d\u00eda 27 de abril de 1867, en favor de Enrique . Consta all\u00ed la descripci\u00f3n de la caser\u00eda, tras lo que se expresa que “Forman parte de esta finca” y tras ello se describen varias heredades o terrenos. A partir del tercero de \u00e9stos se describen terrenos bien helechales, bien helechales y argomales, bien casta\u00f1ales, o bien casta\u00f1ales y helechales. Dicho tercer terreno es “Otro terreno helechal ondacillegui que la propiedad pertenece a la villa y el usufructo al propietario, sito en …”. En los siguientes terrenos se incluye solamente la expresi\u00f3n “ondacillegui”, sin indicar ya que la propiedad perteneciera a la villa y el usufructo al propietario. La sexta de las inscripciones registrales referentes a la caser\u00eda DIRECCION000 reza: “…Caseria llamada DIRECCION000 con sus pertenecidos, entre los cuales se hallan algunos terrenos llamados Ondacilleguis cuyo suelo pertenece al Ayuntamiento de Lizarza y el arbolado y usufructo a los propietarios de esta finca, cuyas circunstancias constan en la inscripci\u00f3n primera de \u00e9ste n\u00famero…a la que me refiero por ser conformes con las que se expresan en el documento ahora presentado, por el cual se agregan como nuevos pertenecidos de esta finca que forman parte de su arrendamiento los terrenos y Ondacilleguis siguientes: que se hallan inscriptos”. A continuaci\u00f3n se mencionan algunos terrenos y tras ello se expresa “Terrenos Ondacilleguis ” y se describen varios. Consta tambi\u00e9n que “…y respecto a los terrenos ondacilleguis que aparecen inscriptos, no se suspende su inscripci\u00f3n por no considerarse el que suscribe con facultades para privar a la interesada del derecho que pueda darla dicha inscripci\u00f3n pero no son susceptibles de ella con areglo a la Ley, mientras no se inscriba el suelo previamente en favor del Ayuntamiento de Lizarza” Por fin, en la d\u00e9cima inscripci\u00f3n registral de la finca se comienza describiendo el caser\u00edo denominado DIRECCION000 y se indica cu\u00e1les son sus pertenecidos. Se expresa tambi\u00e9n “2.– Pertenecen tambi\u00e9n a dicha casa, tierras de la casa de ondacilleguis cuyo arbolado y usufructo total le corresponden, pero el suelo es del Ayuntamiento. 3.- Un trozo de helechal ” y sigue una relaci\u00f3n de terrenos. Se recoge tambi\u00e9n que Marina adquiri\u00f3 esta finca por herencia seg\u00fan la inscripci\u00f3n anterior y vende la totalidad y pleno dominio de la misma en uni\u00f3n de otras tres fincas m\u00e1s a Don Carlos Jos\u00e9 , casado con Rebeca en escritura otorgada el d\u00eda 15-9-1987.<\/p>\n

OCTAVO.- Tales inscripciones registrales obligan a efectuar diversas consideraciones sobre las mismas. En primer lugar, que tanto la sexta como la d\u00e9cima se refieren expresamente al Ayuntamiento de Lizarza, lo cual es coherente con las afirmaciones que se han realizado anteriormente en esta sentencia, en relaci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n de dicho Ayuntamiento en el presente pleito y con la legalidad vigente tambi\u00e9n expresada, en materia de bienes comunales. En segundo lugar, en relaci\u00f3n a la d\u00e9cima inscripci\u00f3n registral, que debe desestimarse la alegaci\u00f3n que efect\u00faa la parte demandada recurrente de que en la misma, y en la escritura p\u00fablica de compraventa de 15-9-1987, que la ocasion\u00f3, no se dice qu\u00e9 bienes en concreto son ondacilleguis, ya que se describen en apartados independientes. Una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica y sistem\u00e1tica del contenido de tales documentos conlleva necesariamente a entender que los terrenos que se mencionan tras el apartado 3 son los ondacilleguis a que se ha referido en el apartado 2, que, en caso contrario, carecer\u00eda de sentido. Esta es tambi\u00e9n la interpretaci\u00f3n que el Registrador de la Propiedad efect\u00faa al respecto en el informe que ha emitido y tales terrenos vienen a coincidir con los que sin duda alguna se definen como ondacilleguis en la inscripci\u00f3n sexta antecedente. En tercer lugar, que en tales inscripciones registrales y en las escrituras p\u00fablicas que las ocasionaron, se reconoce expresamente, y mediante actos propios en las escrituras, que la propiedad de los ondacilleguis es del Ayuntamiento, no de los particulares y que a \u00e9stos corresponde solamente el usufructo (inscripci\u00f3n primera), o el usufructo y el arbolado (inscripciones sexta y d\u00e9cima). No se recoge, por tanto, en dichas inscripciones y documentos que la propiedad del bien sea de los particulares, sino que a los mismos<\/p>\n

corresponde solamente el usufructo y el arbolado, usufructo que se trata de un derecho real limitado en cosa ajena. As\u00ed lo viene a entender tambi\u00e9n el entonces Registrador de la Propiedad de Tolosa que incluy\u00f3 en la sexta inscripci\u00f3n la referencia de que los ondacilleguis no son susceptibles de inscripci\u00f3n -por tratarse precisamente de un derecho real limitado en cosa ajena- al no hallarse dicha cosa ajena previamente inscrita en favor de su titular, el Ayuntamiento de Lizartza. Y, por fin, que se discrepa del informe que el Registrador de la Propiedad de Tolosa ha emitido sobre las fincas litigiosas, obrante en el pleito, no s\u00f3lo en cuanto a las conclusiones a que llega, de ser de aplicaci\u00f3n la Ley de Montes Vecinales en Mano Com\u00fan, a lo que ya nos hemos referido, sino en cuanto a su afirmaci\u00f3n de que deba tenerse a los aqu\u00ed recurrentes por propietarios, en aplicaci\u00f3n de los principios de exactitud e integridad del Registro. Como hemos tambi\u00e9n indicado, el Registro de la Propiedad no refiere que se transmitiera a los particulares recurrentes, o a sus causahabientes, la propiedad de los ondacilleguis que indica, sino que, por el contrario, s\u00f3lo indica que se transmiten el usufructo y el arbolado y reconoce que la propiedad es del Ayuntamiento. Se apoya dicho informe en su afirmaci\u00f3n de que las referencias a que el suelo es del Ayuntamiento de Lizarza, correspondiendo el arbolado a los propietarios de la finca constituye una menci\u00f3n en sentido registral. Prevalece en la doctrina y en la jurisprudencia la definici\u00f3n de menci\u00f3n de ROCA SASTRE de que es aquella “indicaci\u00f3n hecha en forma simple, pero expresa, en una inscripci\u00f3n o anotaci\u00f3n preventiva, de un acto relativo a una finca, acreditativa de la existencia sobre ella de una carga o gravamen real que se halla relacionado, m\u00e1s no constituido, en el t\u00edtulo que origin\u00f3 dicha inscripci\u00f3n o anotaci\u00f3n”. El supuesto es el de una tramsmisi\u00f3n en la que el transmitente relaciona como carga de la finca transmitida alg\u00fan derecho o gravamen que \u00e9l considera que grava la finca, pero sin que esa carga se constituya en la propia escritura de transmisi\u00f3n, que es la que se inscribe. Esa menci\u00f3n produc\u00eda efectos frente a terceros en la Ley Hipotecaria de 1909, con lo que, por la “puerta falsa”, se colaban, sin calificaci\u00f3n del t\u00edtulo, algunos derechos as\u00ed mencionados en el Registro. (As\u00ed GIMENO GOMEZ-LAFUENTE) Pero no se considera que el mencionado texto suponga una menci\u00f3n, puesto que lo que se transmite en los actos que tienen acceso al Registro no es la propiedad de la finca, ni se dice que est\u00e1 gravada por un derecho real en favor de un tercero, sino que lo que se transmite es precisamente el usufructo y el arbolado, al tiempo que se reconoce que la propiedad corresponde a un tercero, que es muy distinto.<\/p>\n

NOVENO.- Cabe discutir sobre la naturaleza jur\u00eddica de los bienes ondacilleguis, aunque m\u00e1s con car\u00e1cter te\u00f3rico que en cuanto a su relevancia en el presente pleito, dado que, en \u00e9ste hay que atender en primer lugar a los actos jur\u00eddicos efectuados por las partes, en uso de su autonom\u00eda de la voluntad, que ha quedado reflejado que consiste en que la propiedad sea del Ayuntamiento y el usufructo y la propiedad del arbolado, del particular. El usufructo de una finca ajena viene a suponer disfrutar de los frutos del suelo, tal como se prev\u00e9 en los art\u00edculos 473 y 485 del C\u00f3digo Civil. Ello encaja en una concepci\u00f3n no uniformizadora de los bienes comunales, que han presentado y presentan diferentes caracter\u00edsticas, debido a las distintas costumbres que los han venido regulando hist\u00f3ricamente en cada lugar. La figura del ondacillegui ha recibido plasmaci\u00f3n legal en el art\u00edculo 151 de la Ley 3\/1999, de 16 de noviembre, que modifica la Ley del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, en lo relativo al Fuero Civil de Gipuzkoa. All\u00ed, a fin de regular por ley la costumbre m\u00e1s arraigada en el mundo rural guipuzcoano, como es la tansmisi\u00f3n familiar del caser\u00edo indiviso, se entiende por caser\u00edo el conjunto formado por la casa destinada a vivienda y cualesquiera otras edificaciones, dependencias, terrenos y ondazilegis anejos a aqu\u00e9lla. Dicha plasmaci\u00f3n legal no supone apoyo a una u otra de las pretensiones que las partes litigantes sostienen en el pleito, pues resulta compatible con ambas. Las partes del pleito coinciden en que el significado en castellano de la palabra ondacillegui, una vez traducido del original euskera, como suelo comunal. Tal y como se ha expresado, en las escrituras e inscripciones registrales de aplicaci\u00f3n al presente pleito se indica que la propiedad de los bienes es del Ayuntamiento, pero los particulares adquieren el derecho al usufructo de los mismos, as\u00ed como el derecho de propiedad del arbolado que all\u00ed planten. Podr\u00eda discutirse, aunque, como se ha dicho, no resulta determinante para el presente pleito en el que no se discute el derecho de usufructo ni la propiedad del arbolado -el propio Ayuntamiento actor viene a reconocer en su demanda que la condici\u00f3n de ondacillegui otorga al particular que lo utiliza la propiedad del arbolado- si resulta correcto plasmar en tales figuras la verdadera naturaleza jur\u00eddica de los ondacilleguis, o si resultar\u00eda m\u00e1s exacto entender que la misma conlleva una distinta propiedad del suelo y del vuelo, correspondiendo aqu\u00e9lla al Ayuntamiento y \u00e9sta al vecino, como sostiene el profesor KARRERA EGIALDE, en su reciente y documentada publicaci\u00f3n La propiedad separada del suelo y del vuelo: los terrenos ondazilegi, o como ya sostuvo SERAPIO MUGICA en 1935, en su art\u00edculo “Ondazilegi”, en Yakintza, n\u00ba. 16, obra citada por la parte demandada, aunque omitiendo en su cita la anterior afirmaci\u00f3n del autor. Dicha propiedad separada del suelo y del vuelo se contemplaba ya en el art\u00edculo 6 de la Ley de Montes de 24 de mayo de 1863. En la exposici\u00f3n de la tesis que defiende, recoge KARRERA ELIZALDE la existencia de un Reglamento de Montes de 26-9-1738 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, que recoge la posibilidad de los pueblos de permitir a sus vecinos la plantaci\u00f3n de \u00e1rboles en tierras concejiles, con la condici\u00f3n de aprovecharse de ellas, siempre que dejen fuera de duda que la propiedad del suelo es del Concejo, y consignen claramente la obligaci\u00f3n de restituir al mismo el terreno en cuanto se desembarace de los \u00e1rboles, as\u00ed como el riesgo seguidamente advertido de que con la<\/p>\n

aplicaci\u00f3n de dicho sistema resultara muy posible que a largo plazo se olvidase que la propiedad del terreno era del concejo y el plantador la tomase para s\u00ed. Pero aun aceptando esta tesis, el particular seguir\u00eda careciendo del derecho de propiedad sobre el suelo, que corresponde al Ayuntamiento, con lo que el fundamento de la tesis del actor en el presente pleito sigue plenamente vigente: el particular a quien no corresponde la propiedad sobre dicho suelo, lo vende, trat\u00e1ndose de un bien comunal y, por tanto, fuera del comercio.<\/p>\n

D\u00c9CIMO.- Hemos dicho anteriormente que la Ley Madoz de 1855 excepcion\u00f3 de la venta a los bienes comunales, “previa declaraci\u00f3n de serlo, hecha por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y Diputaci\u00f3n provincial respectivos”. La Ley de Montes de 24 de mayo de 1863 aclar\u00f3 que no modificaba lo anteriormente dispuesto, en cuanto a la excepci\u00f3n de la desamortizaci\u00f3n de los terrenos y montes de aprovechamiento com\u00fan y estableci\u00f3 la formaci\u00f3n de los cat\u00e1logos que recojan los montes exceptuados de desamortizaci\u00f3n. El Reglamento de Montes aprobado por de 17 de mayo de 1865, por su parte, reput\u00f3, a los efectos de la ley anterior, como montes p\u00fablicos a los del Estado y a los de los pueblos exceptuados de la desamortizaci\u00f3n y regul\u00f3 la formaci\u00f3n del Cat\u00e1logo. El Real Decreto de 10 de julio de 1865 del Ministerio de Hacienda regul\u00f3 el derecho de los Ayuntamientos a reclamar las excepciones acerca de terrenos de aprovechamiento com\u00fan. Por fin, el Real Decreto de 22 de enero de 1862 public\u00f3 el Cat\u00e1logo de Montes de Utilidad P\u00fablica y en 1897 el Cat\u00e1logo de la Diputaci\u00f3n Foral de Gipuzkoa de montes de utilidad p\u00fablica. En aplicaci\u00f3n de tales disposiciones, en el a\u00f1o 1888 se inscribi\u00f3 en el Registro de la Propiedad de Tolosa el t\u00edtulo de excepci\u00f3n de enajenaci\u00f3n de “Lizartzaco- mendia”, monte en que se encuentran las fincas litigiosas, seg\u00fan una Real Orden del Ministerio de Fomento de 20 de julio de 1886, dictada a instancia del Ayuntamiento de Lizarza. Se hace constar en dicha inscripci\u00f3n que la misma Villa se halla desde tiempo inmemorial due\u00f1a y poseedora del monte, como lo acredita la posesi\u00f3n quieta y pac\u00edfica en que desde la m\u00e1s remota antig\u00fcedad y sin interrupci\u00f3n alguna se halla la Villa o su vecindario del Monte. Tal inscripci\u00f3n, la falta de acreditaci\u00f3n por parte de la recurrente de que hubiera adquirido los bienes litigiosos y el reconocimiento en las sucesivas escrituras de la titularidad del Ayuntamiento conllevan que no se considere acreditado que se hubiera transmitido a los causahabientes de los recurrentes la propiedad de tales bienes.<\/p>\n

UND\u00c9CIMO.- En cuanto a la alegaci\u00f3n de la parte recurrente, de que se habr\u00eda producido la usucapi\u00f3n de los bienes litigiosos, por parte de sus causahabientes, debe recordarse, en primer lugar, que la inclusi\u00f3n de un monte en el Cat\u00e1logo otorga la presunci\u00f3n de su posesi\u00f3n por el Patrimonio Forestal del Estado, o por la Entidad p\u00fablica a cuyo nombre figure; en este caso la Villa o el Ayuntamiento de Lizartza. Adem\u00e1s, en base a tales t\u00edtulos, que vienen a permitir la posesi\u00f3n del vuelo, cabr\u00eda afirmar \u00e9sta, pero no la del suelo. Al respecto, la parte recurrente no alega que lo haya pose\u00eddo para hacer roturaciones, cierres, edificaciones o transformaciones de su suelo o de sus plantaciones. Por otro lado, tampoco cabr\u00eda considerar que esa posesi\u00f3n se hubiera efectuado de buena fe, pues las escrituras p\u00fablicas de transmisi\u00f3n y las inscripciones registrales proclaman que es el Ayuntamiento el propietario de los bienes. El art\u00edculo 2 de la Ley de Montes p\u00fablicos de 8 de mayo de 184 establece una presunci\u00f3n iuris et de iure de mala fe respecto del que ocupare montes p\u00fablicos. Y dicha posesi\u00f3n nunca ser\u00eda secundum tabulas, puesto que, como hemos visto, las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad reconocen expresamente que la propiedad de los bienes ondacilleguis litigiosos es del Ayuntamiento de Lizartza. Y, por fin, debe desestimarse el motivo del recurso que nos ocupa, esencialmente, como dice la sentencia de instancia, porque la imprescriptibilidad de los bienes comunales, consagrada por la vigente Constituci\u00f3n, ha sido una caracter\u00edstica de tales bienes a lo largo de la historia, desde la Ley de Partidas (la Ley 7\u00aa, t\u00edtulo XXIX, de la partida tercera, establece que un ejido u otro lugar cualquiera parecido a \u00e9ste, de uso comunal del pueblo de alguna ciudad o villa no lo puede ganar ning\u00fan hombre por tiempo) recogida tambi\u00e9n por la Nov\u00edsima Recopilaci\u00f3n, junto a su caracter\u00edstica de inalienabilidad y de bien fuera del comercio de los hombres, tal como se ha indicado ya en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta resoluci\u00f3n. Y tales bienes no son susceptibles de prescripci\u00f3n ( art\u00edculo 1.936 del C\u00f3digo Civil), ni lo han sido hist\u00f3ricamente ( SsTS de 27-11-1923, 16-4-1969, 30-11-1989).<\/p>\n

DUOD\u00c9CIMO.- Con tales premisas, resulta necesaria la consecuencia a que llega la sentencia de instancia de que los contratos de compraventa y permuta impugnados en la demanda son nulos, por falta de objeto l\u00edcito. El art\u00edculo 1.271 del C\u00f3digo Civil dice que pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no est\u00e9n fuera del comercio de los hombres y los bienes comunales litigiosos lo est\u00e1n, como se ha expuesto y los art\u00edculos 1.300 y 1.261 de dicho C\u00f3digo proclaman la nulidad del contrato que carezca de objeto l\u00edcito. La prohibici\u00f3n legal de enajenar determina as\u00ed la nulidad radical absoluta de cualquier venta o transmisi\u00f3n, por ilicitud del acto, que no puede quedar convalidado por la inscripci\u00f3n registral subsiguiente, ni por transmisiones posteriores ( STS de 11-11-1986, 15-1-2001, TSJ Galicia de 8-4-1998, 29-4-1999, 8-2-2000, TSJ Navarra de 3-11-1992, 22-3-1997, etc.). Por consiguiente, deber\u00e1 ratificarse el pronunciamiento que en tal sentido efect\u00faa la sentencia impugnada y desestimarse \u00edntegramente el recurso de apelaci\u00f3n que nos ocupa.<\/p>\n

DECIMOTERCERO.- La complejidad del tema debatido y las consiguientes dudas de hecho y de derecho que suscita conllevar\u00e1n que, al igual que se efectu\u00f3 en primera instancia, no se condene a ninguna de las partes al pago de las costas causadas en esta segunda.<\/p>\n

Vistos los art\u00edculos citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberan\u00eda Popular y, en nombre de S.M. el Rey<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

DESESTIMAMOS el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la representaci\u00f3n procesal de Marina y otros contra la sentencia dictada el d\u00eda 10-9-1997 por el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba. 1 de Tolosa en el Juicio de Menor Cuant\u00eda n\u00ba. 19\/94 y confirmamos \u00edntegramente dicha sentencia, sin hacer especial imposici\u00f3n de las costas procesales causadas en esta segunda instancia.<\/p>\n

Notif\u00edquese esta resoluci\u00f3n en legal forma a las partes personadas.<\/p>\n

As\u00ed por \u00e9sta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Magistrados que la dictaron y le\u00edda por el Ponente, estando celebrando audiencia p\u00fablica en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo la Secretario doy fe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Sala aborda la naturaleza jur\u00eddica de los bienes ondacilleguis, como bienes comunales en que la propiedad es del Ayuntamiento y el usufructo y la propiedad del arbolado, del particular<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[779],"materia":[1239],"organo":[1887],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10549","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-ondacilleguis","materia-ordenacion-sucesoria-del-caserio-y-limitaciones-a-la-libertad-de-disposicion-por-causa-de-muerte","organo-seccion-2a-audiencia-provincial-de-gipuzkoa","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10549","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10549"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10549"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10549"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10549"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10549"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10549"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10549"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}