{"id":10544,"date":"2025-10-06T12:56:57","date_gmt":"2025-10-06T10:56:57","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-19-07-2002\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:49","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:49","slug":"sap-de-bizkaia-sec-5a-19-07-2002","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-5a-19-07-2002\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 19 de julio de 2002"},"content":{"rendered":"<p>Roj: <strong>SAP BI 2245\/2002<\/strong> &#8211; <strong>ECLI:ES:APBI:2002:2245<\/strong><\/p>\n<p>Id Cendoj: <strong>48020370052002100056<\/strong><\/p>\n<p>\u00d3rgano: <strong>Audiencia Provincial<\/strong><\/p>\n<p>Sede: <strong>Bilbao<\/strong><\/p>\n<p>Secci\u00f3n: <strong>5<\/strong><\/p>\n<p>Fecha: <strong>19\/07\/2002<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Recurso: <strong>529\/2001<\/strong><\/p>\n<p>N\u00ba de Resoluci\u00f3n: <strong>357\/2002<\/strong><\/p>\n<p>Procedimiento: <strong>CIVIL<\/strong><\/p>\n<p>Ponente: <strong>LEONOR ANGELES CUENCA GARCIA<\/strong><\/p>\n<p>Tipo de Resoluci\u00f3n: <strong>Sentencia<\/strong><\/p>\n<p>AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA<\/p>\n<p>BIZKAIKO PROBINTZIA-AUZITEGIA<\/p>\n<p>Secci\u00f3n 5\u00aa<\/p>\n<p>BARROETA ALDAMAR 10 3\u00aa planta<\/p>\n<p>Tfno.: 94-4016666<\/p>\n<p>Fax: 94-4016992<\/p>\n<p>N.I.G. 48.04.2-00\/021946<\/p>\n<p>R. MENOR CUANTIA 529\/01<\/p>\n<p>O.Judicial Origen: Jdo. 1\u00aa Instancia n\u00ba 1 (Bilbao) Autos de J. MENOR CUANTIA 432\/00 | | | |<\/p>\n<p>Recurrente: Juana y Jose Mar\u00eda<\/p>\n<p>Procurador\/a: ARANTZANE GORRI\u00d1OBEASCOA ECHEVARRIA y ARANTZANE GORRI\u00d1OBEASCOA ECHEVARRIA<\/p>\n<p>Recurrido: Juan Ram\u00f3n y Carlos<\/p>\n<p>Procurador\/a: IDOIA MALPARTIDA LARRINAGA y MARIA DOLORES RODRIGO VILLAR <strong><em>SENTENCIA N\u00ba 357\/02<\/em><\/strong><\/p>\n<p>ILMOS. SRES.<\/p>\n<p>DO\u00d1A MARIA ELISABETH HUERTA SANCHEZ.<\/p>\n<p>DO\u00d1A LEONOR CUENCA GARCIA.<\/p>\n<p>DON JULIAN MARIA ARZANEGUI SARRICOLEA.<\/p>\n<p>En BILBAO, a diecinueve de julio de dos mil dos.<\/p>\n<p>En nombre de S.M. el Rey, por la autoridad que le concede la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>Vistos por la Secci\u00f3n 5\u00aa de esta Audiencia Provincial en grado de apelaci\u00f3n, los presentes autos de juicio de MENOR CUANTIA N\u00ba 432\/00, seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero 1 de Bilbao y del que son partes como demandantes Jose Mar\u00eda y Juana , representados por la Procuradora Sra. Gorri\u00f1obeascoa Echevarria y dirigidos por el Letrado Sr. Pernas Bilbao y como demandados Juan Ram\u00f3n , representado por la Procuradora Sra. Malpartida Larr\u00ednaga y dirigido por el Letrado Sr. Mu\u00f1oz y Carlos , representado por la Procuradora Sra. Rodrigo y Villar y dirigido por el Letrado Sr. Zalbide, siendo Ponente en esta instancia la Iltma. Sra. Magistrada DO\u00d1A LEONOR CUENCA GARCIA.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark1\"><\/a><strong>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n<p>Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.<\/p>\n<p>PRIMERO.- Por el juzgador de primera instancia se dict\u00f3 con fecha 14 de junio de 2.001 sentencia, cuya parte dispositiva dice literalmente: &#8220;FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra.Gorri\u00f1obeascoa, en nombre y representaci\u00f3n de D. Jose Mar\u00eda Y D\u00d1A. Juana contra D. Juan Ram\u00f3n Y D. Carlos debo absolver y absuelvo a los citados demandados de los pedimentos contenidos en la demanda, con imposici\u00f3n de costas a la parte actora&#8221;.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de Jose Mar\u00eda y Juana , y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previa su tramitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>TERCERO.- En el acto de la vista y con car\u00e1cter previo, se hace saber a las partes el cambio de composici\u00f3n de la Sala, al hallarse una de sus titulares de permiso oficial, siendo sustituida por el Magistrado em\u00e9rito Sr. JULIAN MARIA ARZANEGUI SARRICOLEA, si bien se mantiene la ponencia originariamente asignada. Por las partes no se hacen manifestaciones.<\/p>\n<p>Por el Letrado de la parte recurrente, interesa la estimaci\u00f3n del recurso y la revocaci\u00f3n de la sentencia, y que se dicte nueva resoluci\u00f3n de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su escrito de demanda, con imposici\u00f3n de costas en ambas instancias a las partes codemandadas. Ratific\u00e1ndose en los contenidos de sus escritos de resumen de pruebas e interposici\u00f3n del recurso, no haciendo menci\u00f3n al punto que solicitaba el pronunciamiento de la Audiencia referente a la acci\u00f3n de abuso de poder, reserv\u00e1ndose las alegaciones al respecto.<\/p>\n<p>Por Carlos se interes\u00f3 la desestimaci\u00f3n del recurso y la confirmaci\u00f3n de la sentencia, con imposici\u00f3n de costas de esta alzada a la parte recurrente.<\/p>\n<p>Por Juan Ram\u00f3n se solicit\u00f3 que con desestimaci\u00f3n del recurso se confirme \u00edntegramente la resoluci\u00f3n recurrida, con condena en costas a la parte recurrente.<\/p>\n<p>CUARTO.- En la tramitaci\u00f3n de estos autos en ambas instancias se han observado las formalidades y t\u00e9rminos legales, excepto el plazo para dictar sentencia por la atenci\u00f3n a otras causas.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark3\"><\/a><strong>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n<p>PRIMERO.- La parte apelante, demandantes en la instancia, interesa la revocaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n recurrida y que en su lugar se dicte otra por la que se estime \u00edntegramente su demanda y en consecuencia, se declare la nulidad de la donaci\u00f3n de tres bienes troncales y se condene a los demandados a indemnizarles en la cantidad que se determine en ejecuci\u00f3n de sentencia, al estimar que cuando por el codemandado, Juan Ram\u00f3n , se procedi\u00f3 el d\u00eda 28 de Abril de 1997 en uso del poder conferido con D. Oscar , causante de la parte actora, a donar al tambi\u00e9n codemandado, su padre, Carlos , los citados bienes troncales, lo hizo contraviniendo lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 3\/1992 de 1 de julio de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, lo que determina su nulidad de pleno derecho ante lo que, dada la transmisi\u00f3n de dichos bienes a terceros el d\u00eda 8 de Junio de 1998, quienes se encuentran protegidos por la fe p\u00fablica registral, ostentando la condici\u00f3n de terceros hipotecarios ( art. 34 LH), proceder\u00e1 la indemnizaci\u00f3n correspodiente.<\/p>\n<p>SEGUNDO.- Delimitado el objeto de la presente resoluci\u00f3n en el fundamento de derecho precedente, a tal se debe reducirse el \u00e1mbito del conocimiento de esta Sala ya que como ha declarado el Tribunal Supremo, Sala Primera, entre otras en su sentencia de 17 de Julio de 2001 &#8221; como dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia 152\/1998, de 13 de julio [cita#J1998\/10009], el recurso de apelaci\u00f3n confiere plenas facultades al \u00f3rgano judicial ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un &#8220;novum indicium&#8221;; esta Sala, en sentencia de 15 de julio de 1998 [cita#J1998\/11950] dijo: La segunda instancia es una fase procesal que permite un nuevo examen completo<\/p>\n<p>de la cuesti\u00f3n litigiosa y una revisi\u00f3n de la sentencia dictada; la apelaci\u00f3n se extiende a todo el objeto de la primera instancia: as\u00ed se expresan literalmente las sentencias de esta Sala de 25 de noviembre de 1997 [cita#J], fundamento 1\u00ba, y de 5 de mayo de 1997 [ cita#J1997\/3485], fundamento 3\u00ba, primer p\u00e1rrafo, reiterando lo ya expresado por las sentencias de 7 de junio de 1996 [ cita#J1996\/4161] y 24 de enero de 1997 [ cita#J1997\/88], lo que hab\u00eda sido mantenido tambi\u00e9n por la sentencia del Tribunal Constitucional 3\/1996, de 15 de enero [ cita#J1996\/14]. E insiste la de 28 de marzo del 2000 [cita#J2000\/3848]: el recurso de apelaci\u00f3n es un recurso devolutivo utilizado contra sentencias definitivas con la finalidad de su sustituci\u00f3n por entender la parte recurrente un error en el juicio.&#8221;<\/p>\n<p>As\u00ed mismo, como ha declarado esta misma Sala en reiteradas resoluciones, la competencia del Tribunal de apelaci\u00f3n, dado el alcance que tiene la segunda instancia en la L.E.C. (car\u00e1cter devolutivo del recurso de apelaci\u00f3n), le coloca en una posici\u00f3n frente a los litigantes que ha de ser la misma que ocup\u00f3 el Juez de la instancia en el momento de decidir, sin que est\u00e9 autorizado para separarse de los t\u00e9rminos en los que el debate se desenvolvi\u00f3, debiendo conocer \u00edntegramente sobre la cuesti\u00f3n resuelta en la instancia, con plenitud de jurisdicci\u00f3n o de conocimiento, y pudiendo, por tanto, siempre con respeto al principio de congruencia ( art. 359 L.E.C., actual art. 218 y art. 11 L.O.P.J.), revocar, adicionar, suplir o enmendar las sentencias recurridas, eso s\u00ed, con el \u00fanico limite adoptado por las partes en el recurso, respecto de aquellas cuestiones litigiosas que hayan devenido firmes por allanamiento de las partes o conformidad, respecto de las cuales la sentencia ha devenido firme y ha adquirido la autoridad de cosa juzgada ( art. 408 L.E.C., actual art. 222 LECn), (T.S. 1\u00aa S. 7 de Febrero y 14 de Marzo de 1.995; 30 de Diciembre de 1.994, entre otras). Criterio \u00e9ste que se ve avalado en la nueva LEC de 7 de Enero de 2001, en su art. 456 n\u00ba 1 LEC.<\/p>\n<p>Si esto es as\u00ed, ello supone que el Tribunal deber\u00e1 respetar al igual que el Juzgador de instancia, los t\u00e9rminos del debate planteado entre las partes, los cuales se fijan en los escritos fundamentales del proceso, esto es, y para un proceso como el presente, juicio de cognici\u00f3n, los de demanda y contestaci\u00f3n, sin que quepa, por tanto, plantear extempor\u00e1neamente cuestiones no suscitadas en ellos, puesto que producen indefensi\u00f3n y violan el principio de preclusi\u00f3n procesal. Desde esta premisa el Juzgador o el Tribunal se siente vinculado, no por los fundamentos de Derecho que alegan las partes (iura novit curia; dabo mihi factum dabo tibi ius), no produci\u00e9ndose incongruencia por el cambio del punto de vista respecto del mantenido por los interesados, sino por el respeto a la causa petendi, y a los hechos fijados en aquellos escritos, que son los \u00fanicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposici\u00f3n de las partes, si bien con la facultad del Juzgador de fijarlos de modo definitivo seg\u00fan el resultado de las pruebas (T.S. 1\u00aa 23 de Enero de 1.996; 18 de Abril, 10 y 25 de Mayo, 24 de Octubre y 28 de Noviembre de 1.995 entre otras).<\/p>\n<p>Desde esta perspectiva es desde la que la Sala debe valorar la indicaci\u00f3n que en el acto de la vista del recurso realiza la parte apelante de que &#8221; no se solicita pronunciamiento de la Audiencia referente a la acci\u00f3n de abuso de poder, reserv\u00e1ndose las alegaciones al respecto&#8221;, a lo que hab\u00eda causado alegaciones en su escrito de recurso de apelaci\u00f3n, ante la circunstancia de que la Juzgadora a quo en su sentencia hac\u00eda referencia a la no extralimitaci\u00f3n en el uso del poder conferido, manifestaci\u00f3n de la parte apelante que determina un desistimiento de tales alegaciones, y que la Sala s\u00f3lo valore la acci\u00f3n realmente ejercitada cual es la de nulidad de pleno derecho del acto de transmisi\u00f3n intervivos gratuito en que consiste una donaci\u00f3n, y la responsabilidad que en su caso debe tener las partes demandadas, todo ello en atenci\u00f3n al principio de congruencia y al car\u00e1cter devolutivo del recurso.<\/p>\n<p>TERCERO.- Si la cuesti\u00f3n debatida es la nulidad o no del acto de transmisi\u00f3n, en funci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n o no del art. 24 de la Ley de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, la adecuaci\u00f3n o no a derecho de la sentencia de instancia, exige la fijaci\u00f3n de una serie de cuestiones de hecho y de derecho, a saber:<\/p>\n<p>I.- Cuestiones de Hecho.<\/p>\n<p>Del examen de la prueba practicada se deduce que:<\/p>\n<p>a.- El d\u00eda 15 de Marzo de 1995 el fallecido Oscar otorg\u00f3 poder a favor de Juan Ram\u00f3n , confiri\u00e9ndole entre otras facultades la de &#8221; hacer y aceptar donaciones&#8221;, el cual estaba en vigor cuando procedi\u00f3 a otorgar en su nombre escritura de donaci\u00f3n el d\u00eda 28 de Abril de 1997 a favor Carlos , quien la acepta, de los siguientes bienes:<\/p>\n<p>1\u00ba.- Heredad en &#8220;Barrondo&#8221;, que tiene una superficie de tres mil trescientos setenta y tres metros cuadrados. Linda: al Norte, con la de Luis Antonio y Braulio ; al Sur, con senda y heredad al opuesto lado del lote n\u00famero ocho; al Este con camino; y al Oeste con heredad de Jon . Donaci\u00f3n inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao n\u00ba 4, Libro NUM000 , Folio NUM001 , Finca NUM002 , inscripci\u00f3n 2\u00aa, en fecha 01\/07\/97.<\/p>\n<p>2\u00ba.- Heredad denominada &#8220;Garaygana&#8221;, que tiene una superficie de dos mil doscientos ochenta metros cuadrados. Linda: al Norte, Sur, Este y Oeste, con monte y heredad del lote n\u00famero siete, aplicado a D\u00aa Nieves<\/p>\n<p>. Donaci\u00f3n inscrita en el Registro de la Propiedad de Bilbao N\u00ba 4, Libro NUM000 , Folio NUM003 , Finca NUM004 , inscripci\u00f3n 2\u00aa, en fecha 01\/07\/97.<\/p>\n<p>3\u00ba.- Porci\u00f3n del monte titulado &#8220;Garaygana&#8221; en Zar\u00e1tamo, que mide cuatro mil setecientos ocho metros cuadrados con ochocientos veinticuatro cent\u00edmetros cuadrados. Inscrita al Libro NUM000 , Folio NUM005 , Finca NUM006 .<\/p>\n<p>Dichos bienes, cuya car\u00e1cter troncal no se cuestiona, tras su inscripci\u00f3n en el Registro de la Propiedad fueron transmitidos por virtud de compraventa plasmada en Escritura P\u00fablica de fecha 8 de Junio de 1998 por el donatario y su esposa a Don Claudio y Do\u00f1a Marcelina por un precio escriturado de 1.065.800 ptas..<\/p>\n<p>( Doc. n\u00ba 5 a 7 demanda, adverados en periodo probatorio, ).<\/p>\n<p>b.- El d\u00eda 28 de Julio de 1997 falleci\u00f3 Oscar , estando sujeto a la legislaci\u00f3n foral vizca\u00edna, habiendo otorgado testamento a favor de sus sobrinos, Juana y Jose Mar\u00eda , quienes y ello es un hecho no cuestionado ostentan en relaci\u00f3n con los citados bienes la condici\u00f3n de parientes tronqueros, a quienes instituye herederos, y legataria de bien concreto a Carla , aceptando la herencia en escritura de fecha 5 de Febrero de 1998<\/p>\n<p>( doc. n\u00ba 1 a 4 demanda, adverado en periodo probatorio)<\/p>\n<p>II.- Cuestiones de Derecho.<\/p>\n<p>a.- Legitimaci\u00f3n activa.<\/p>\n<p>De modo un\u00e1nime doctrina y Jurisprudencia ( T.S. 1\u00ba S. de 10 de Julio de 1982, 17 de Mayo de 1993 y 24 de Mayo de 1995, entre otras ), distinguen en materia de legitimaci\u00f3n, la denominada legitimaci\u00f3n ad causam, de la llamada legitimatio ad procesum, refiri\u00e9ndose la primera a la real y efectiva de disposici\u00f3n o ejercicio que tiene el sujeto activo respecto del acto o de la relaci\u00f3n jur\u00eddica a realizar mediante el proceso, a diferencia de la segunda que hace referencia a la capacidad para ser parte en un juicio o capacidad procesal, que en principio ostenta toda persona mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos, de manera que cuando falta \u00e9sta se habla de falta de personalidad y de carencia de la misma que se alega como excepci\u00f3n dilatoria ( art. 533 n\u00ba 2 y 4 L.E.C, actual art. 416 n\u00ba 1 LECn 1\/2000), cuya apreciaci\u00f3n da lugar a una sentencia absolutoria en la instancia, dejando imprejuzgada la acci\u00f3n, y cuando falta aqu\u00e9lla nos referimos a la acci\u00f3n o su falta, y entra\u00f1a una cuesti\u00f3n a resolver con la cuesti\u00f3n de fondo debatida. Falta que la doctrina y la Jurisprudencia entend\u00edan apreciable de oficio y que hoy d\u00eda se recoge as\u00ed en el art. 9 del nuevo texto procesal.<\/p>\n<p>Si esto es as\u00ed, cuando en un proceso se ejercita la acci\u00f3n tendente a obtener la declaraci\u00f3n de nulidad de un negocio jur\u00eddico como la donaci\u00f3n, estar\u00e1n legitimados no solo las partes sino tambi\u00e9n quienes de ellos traigan causa, mas pudiera resultar contradictorio que quien interesa la misma sea el heredero de quien a trav\u00e9s de su mandatario realiz\u00f3 los actos de disposici\u00f3n, ya que por el hecho de aceptar la herencia deber\u00edan asumir los actos de su causante ( art. 661 C\u00ba Civil), pues se estima como principio general que ning\u00fan heredero, voluntario o forzoso, puede ir en contra de los actos de su causante; sin embargo, no ha de olvidarse que como ha declarado de modo reiterado el Tribunal Supremo Sala Primera ( S. de 3 de Abril y 26 de Octubre de 1962, 8 de Febrero de 1972, 7 de Marzo de 1980, 23 de Julio de 1993, 14 de Diciembre de 1999 y 17 de Junio de 2000, entre otras) si bien es cierto que es un principio general el que acabamos de exponer, tambi\u00e9n lo es que se admite la legitimaci\u00f3n del heredero para impugnar los actos realizados con simulaci\u00f3n absoluta, ya que estaba asistido de la correspondiente acci\u00f3n su causante, al reducirse el negocio afecto a este vicio a una mera apariencia, que le priva de todos sus efectos y obsta a la posibilidad de confirmaci\u00f3n, y siendo as\u00ed que la Herencia comprende el conjunto de bienes, derechos, acciones y obligaciones del &#8220;de cuius&#8221; que no se extinguen por su muerte y el heredero le sucede en todas estas titularidades ( arts. 659 y 661 del C\u00f3digo Civil), lo que no significa que la acci\u00f3n sea p\u00fablica, pero s\u00ed que tiene un inter\u00e9s legitimo al priv\u00e1rsele del bien transmitido ficticiamente a otro de su herencia. Asimismo, el heredero forzoso siempre tiene acci\u00f3n en defensa de su leg\u00edtima. Fuera de estos casos, trat\u00e1ndose de simulaci\u00f3n relativa, carecen de legitimaci\u00f3n activa al no corresponder este derecho a su causante (art. 1302 del C\u00f3digo) y no haberlo podido transmitir &#8220;mortis causa&#8221;, careciendo el heredero de inter\u00e9s jur\u00eddico tutelable, porque no lo ser\u00eda la mera conveniencia sino el derecho actual del accionante y, en este sentido, ninguna lesi\u00f3n sufre \u00e9ste cuando el causante pueda transmitir libremente sus bienes por acto oneroso o lucrativo, &#8220;\u00ednter vivos&#8221; o &#8220;mortis causa&#8221;, una vez respetados los derechos legitimarios, y la posici\u00f3n jur\u00eddica del heredero no le atribuye otro derecho que el comprometido en el marco de su instituci\u00f3n que le impone el acatamiento de la voluntad real y verdadera de enajenar de aqu\u00e9l, siquiera que lo hiciera disfrazadamente, lo que dicho en otras palabras significa (al menos para el heredero voluntario) que, mientras viva su causante, el heredero s\u00f3lo ostenta en la herencia simples esperanzas m\u00e1s o menos remotas a la sucesi\u00f3n, sin posibles garant\u00edas jur\u00eddicas si resultan despu\u00e9s defraudadas tales posibilidades, teniendo que pasar por la voluntad real del finado.<\/p>\n<p>Si ello es as\u00ed, es obvio que cuando nos encontramos ante una acci\u00f3n tendente a declarar la nulidad de una donaci\u00f3n por contravenir una norma imperativa la legitimaci\u00f3n para ejercitarla la ostentan los herederos del donante, voluntarios o forzosos, por cuanto que la ostentar\u00eda el mismo al no poder haber nacido al Derecho tal acto dispositivo, al margen de que en el caso concreto, al vulnerar tal acto los derechos de los parientes tronqueros la ostenten tambi\u00e9n \u00e9stos.<\/p>\n<p>b.- La legitimaci\u00f3n pasiva.<\/p>\n<p>A igual que lo razonado respecto de la legitimaci\u00f3n activa se ha de distinguir entre la carencia de legitimaci\u00f3n pasiva, esto es la ausencia de obligaci\u00f3n frente a la parte demandante, que viene condicionada por la naturaleza y alcance de la acci\u00f3n ejercitada ( legitimaci\u00f3n ad causam o falta de acci\u00f3n), y la falta de capacidad para ser parte en un juicio o capacidad procesal ( legitimaci\u00f3n ad processum), que es evidente tienen los demandados, pues se tratan de persona f\u00edsicas en pleno ejercicio de sus derechos ( art. 2 LEC 1881 y art. 6 y 7 LECn 2000), de manera que aqu\u00e9lla al estar en \u00edntima relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de la parte actora, es una cuesti\u00f3n a resolver como el fondo de la cuesti\u00f3n debatida, y que de ser estimada dar\u00eda lugar a una sentencia desestimatoria de la demanda, a diferencia de los supuestos de falta de legitimaci\u00f3n procesal que dan lugar al ser opuestos como excepciones dilatorias del art. 533 n\u00ba 4 L.E.C de 1881 y actual art. 416 n\u00ba1 y 418 L.E.C.n de 2000, a una sentencia absolutoria en la instancia, dejando imprejuzgada la acci\u00f3n ( T.S. 1 \u00aa S. 20 de Noviembre de 1991, 20 de Noviembre de 1996 y 25 de Marzo de 1999, entre otras). Falta de legitimaci\u00f3n que incluso puede ser apreciada de oficio en cualquier momento, como es doctrina jurisprudencial reiterada que tiene su plasmaci\u00f3n en el actual art. 9 LECn.<\/p>\n<p>Si ello es as\u00ed, cuando se pretende declarar la nulidad de una donaci\u00f3n, que por definici\u00f3n legal ( art. 618 C\u00ba Civil), entra\u00f1a la realizaci\u00f3n de un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra que la acepta, quienes estar\u00e1n legitimados activa y pasivamente, ser\u00e1n quienes hayan sido parte en ella ostentando la cualidad de donante o donatario, ya que es claro que los negocios jur\u00eddicos s\u00f3lo producen efectos entre las partes y sus causahabientes o aqu\u00e9llos de quienes traigan causa ( art. 1257 del C\u00f3digo Civil)<\/p>\n<p>Es mas, no debe olvidarse que cuando alguna de las partes act\u00faa representada y no se cuestiona en el proceso la eficacia del poder conferido, ni el exceso o extralimitaci\u00f3n en su uso como causa del mismo, quien debe ser parte no es el mandatario sino el mandante, al carecer los terceros de acci\u00f3n al efecto, pues quien realmente act\u00faa es \u00e9ste a trav\u00e9s de aqu\u00e9l ( art. 1717, 1725, 1727 y concordantes del C\u00ba Civil), al margen de las consecuencias que entre ellos puedan derivarse del cumplimiento diligente o no del mandato.<\/p>\n<p>c.- La donaci\u00f3n de bienes troncales.<\/p>\n<p>La legislaci\u00f3n foral, Ley 3\/1992 de 1 de julio de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, resulta aplicable al presente litigio al no cuestionarse por la partes, y as\u00ed inferirse de sus actos previos al proceso ( pensemos en la Escritura de aceptaci\u00f3n de herencia en la que los actores manifiestan la cualidad de vizcaino aforado de su causante), al igual que la cualidad de bienes troncales de los donados por ser inmuebles ( heredades y monte ) radicantes en Zaratamo, Vizcaya ( art. 17, 18 y 19) y de parientes tronqueros del donante quien ostenta la vecindad civil vizcaina ( art. 23 ), y por haber pertenecido al tronco com\u00fan los bienes, siendo los actores parientes tronqueros colaterales ( art. 20 n\u00ba 4, 21, 22 n\u00ba 2).<\/p>\n<p>Si ello es as\u00ed, no debemos olvidar que el art. 17 declara que con la troncalidad se trata de proteger el car\u00e1cter familiar del patrimonio, de manera que su titular s\u00f3lo puede disponer del mismo respetando los derechos de los parientes tronqueros, de ah\u00ed que cuando se realicen actos de disposici\u00f3n que los contravengan, la Ley les reconoce a \u00e9stos la posibilidad de impugnarlos, en funci\u00f3n de la naturaleza del acto, y, en concreto, cuando se est\u00e1 ante un acto de disposici\u00f3n gratuita, por actos intervivos o mortis causa, a favor de terceros extra\u00f1os o de parientes que no pertenezcan a la linea preferente de quien transmite, tales actos ser\u00e1n nulos de pleno derecho ( nulidad absoluta), lo que supone que por aplicaci\u00f3n supletoria del C\u00ba Civil ( art. 3 n\u00ba 1 ), conforme al art. 1300 y ss al estar ante un contrato no convalidable al disponerse de un bien que no se pod\u00eda, y por tanto ser contrario a una norma imperativa o prohibitiva, las partes deben devolver lo que por tal negocio hubieran recibido ( art. 1303 C\u00ba Civil), a no ser que los bienes se hubieran transmitidos a terceros que ostenten la condici\u00f3n de terceros hipotecarios, en cuyo caso habr\u00e1 que de sustituirse tal por la oportuna indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n<p>En consideraci\u00f3n a lo hasta ahora razonado es obvio que debe prosperar el recurso de apelaci\u00f3n, por cuanto que al margen de la voluntad o no de donar del causante Sr. Oscar a la que parecen aludir los testigos que han declarado no solo en este proceso sino en la causa penal que le precedi\u00f3, seg\u00fan se deduce de la lectura de su testimonio ( Sr. Carlos Francisco y Sra. Esther ), o de que hayan existido otros actos dispositivos de igual naturaleza que no se debaten en este proceso, lo cierto es que el donante Sr. Oscar ni por s\u00ed ni por medio de su mandatario ( no olvidemos que no se cuestiona la eficacia de su poder o la necesidad o no de una autorizaci\u00f3n expresa para cada donaci\u00f3n o la suficiencia de la facultad gen\u00e9rica) no pod\u00eda disponer de<\/p>\n<p>los tres bienes troncales en la forma que lo hizo, don\u00e1ndoselos a terceros extra\u00f1os, como lo era el Sr. Juan Ram\u00f3n , por m\u00e1s que como parece inferirse de la prueba practicada tuvieran una relaci\u00f3n de amistad m\u00e1s o menos intensa, pues dado su car\u00e1cter troncal deb\u00edan permanecer en la familia troncal de la linea preferente del que transmite, de ah\u00ed al no hacerlo tal acto dispositivo es nulo de pleno derecho conforme establece el art. 24 de la Ley Foral.<\/p>\n<p>Si la donaci\u00f3n es nula de pleno derecho, las consecuencias de tal declaraci\u00f3n vienen determinadas por la propia regulaci\u00f3n del C\u00ba Civil, ya que como ha declarado el Tribunal Supremo, Sala Primera, entre otras, en su sentencia de 24 de Febrero de 1992, la obligaci\u00f3n que impone a los contratantes el art. 1303 del C\u00ba Civil de una vez declarada la nulidad de una obligaci\u00f3n, de restituirse rec\u00edprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, son sus frutos, y el precio con los intereses, no nace del contrato nulo, sino de la ley que la establece en este contrato -S 10 junio 1952-, por lo cual no necesita de petici\u00f3n expresa de la parte pudiendo ser declarada por el Juez en cumplimiento del principio &#8220;iura novit curia&#8221;, sin que ello suponga alterar la armon\u00eda entre lo pedido y lo concedido, y con la finalidad de evitar, sin necesidad de acudir a un nuevo pleito, el enriquecimiento injusto de una de las partes a costa de la otra -S 22 noviembre 1983-.<\/p>\n<p>Igualmente ha declarado que cuando tal restituci\u00f3n no fuera posible, porque los bienes, en este caso donados, se encuentren en poder de terceros de buena fe, como es el caos de autos y la parte que tiene derecho a recuperar los bienes indebidamente detra\u00eddos, insta en sustituci\u00f3n de tal la oportuna indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios, es obvio que en un supuesto como el presente tal se obtiene como ha declarado el Tribunal Supremo, Sala Primera en su sentencia de 12 de Junio de 1991, no solo con la condena a los estrictos t\u00e9rminos del art. 1307, en el que se dice que siempre que el obligado por la declaraci\u00f3n de nulidad a la devoluci\u00f3n de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deber\u00e1 restituir los frutos percibidos y el valor que ten\u00eda la cosa cuando se perdi\u00f3, con los intereses desde la misma fecha, pues si bien \u00e9stas son las consecuencias de un contrato nulo, sino tambi\u00e9n con una indemnizacion superior, pues aqu\u00e9llos no son suficientes para restaurar el patrimonio de quien se vio privado de una cosa sin que hubiera pacto alguno; de ah\u00ed que si respetamos el principio de congruencia, en atenci\u00f3n a la petici\u00f3n de la parte apelante, en el escrito de interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ( hoja n\u00ba 6 y 8 ), la fijaci\u00f3n del da\u00f1o causado, a determinar en ejecuci\u00f3n de sentencia, se concreta en la devoluci\u00f3n de los frutos percibidos por los inmuebles desde la fecha de la donaci\u00f3n 28 de Abril de 1997 hasta el momento de su venta, el d\u00eda 8 de Junio de 1998 y por el valor que los mismos ten\u00edan en esta fecha, el cual no necesariamente tiene porque coincidir con el precio satisfecho por la compraventa, pues tal se fija en base a los distintos criterios de las partes que intervienen en el contrato, aunque ciertamente como en ocasiones ha estimado el Tribunal Supremo la indemnizaci\u00f3n adecuada hubiera podido consistir en la devoluci\u00f3n de cantidad de dinero igual al valor de la cosa (deuda de valor) en el d\u00eda de firmeza de la sentencia, pues \u00e9sos son los da\u00f1os y perjuicios ocasionados, en la medida en que en este momento es cuando se ha de retornar al patrimonio de los actores los bienes, y cuando por haber dispuesto de ellos no se pueden devolver.<\/p>\n<p>Dicha indemnizaci\u00f3n deber\u00e1 ser satisfecha por el donatario, Don. Carlos , y no por el mandatario Sr. Juan Ram\u00f3n , frente a quien por lo razonado a lo largo de la presente resoluci\u00f3n no cabe el ejercicio de la acci\u00f3n de nulidad de la donaci\u00f3n, pues no fue parte en el contrato.<\/p>\n<p>CUARTO.- Lo expuesto conlleva la estimaci\u00f3n parcial del recurso y la revocaci\u00f3n de la sentencia de instancia, con estimaci\u00f3n de la demanda deducida contra Carlos y desestimaci\u00f3n de la planteada contra Juan Ram\u00f3n , por lo que, y en relaci\u00f3n a las costas procesales causadas, no procede hacer expresa imposici\u00f3n de las de esta alzada, debiendo cada parte soportar las suyas ( art. 398 n\u00ba 2 LECn) a no ser las causadas por el apelado, Juan Ram\u00f3n , que ser\u00e1n a cargo de la parte apelante, pues para \u00e9l la sentencia, como se interesaba, no se modifica, e imponer las de la instancia causadas por el demandado absuelto al actor, y la mitad de las causadas por \u00e9ste al demandado-condenado ( art. 523 LEC, entonces vigente).<\/p>\n<p>Vistos los art\u00edculos legales citados en esta sentencia y en la apelada y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a id=\"bookmark5\"><\/a><strong>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n<p>Que estimando parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Procuradora Sra. Gorri\u00f1obeascoa Echevarr\u00eda, en nombre y representaci\u00f3n de Jose Mar\u00eda y Juana , contra la Sentencia dictada el d\u00eda 14 de Junio de 2001 por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Bilbao en el Juicio de Menor Cuant\u00eda n\u00ba 432\/00, a que este rollo se refiere; debemos revocar y revocamos dicha resoluci\u00f3n y en su lugar dictar otra por la que estimando parcialmente la demanda deducida por la Procuradora Sra. Gorri\u00f1obeascoa Echevarr\u00eda, en nombre y representaci\u00f3n de Jose Mar\u00eda y Juana , contra Carlos , representado por la Procuradora Sra. De Rodrigo y Villar, y Juan Ram\u00f3n , representado por la Procuradora Sra. Malpartida Larrinaga, debemos declarar y declaramos la nulidad de la donaci\u00f3n de los tres bienes troncales, identificados en el<\/p>\n<p>expositivo segundo de la demanda, realizada el d\u00eda 28 de Abril de 1997 y en consecuencia, debemos condenar y condenamos a Carlos , a que indemnice a los actores, ante la imposibilidad de su devoluci\u00f3n, en la cantidad que en ejecuci\u00f3n de sentencia se determine como importe de los frutos percibidos por los inmuebles desde la fecha de la donaci\u00f3n 28 de Abril de 1997 hasta el momento de su venta, el d\u00eda 8 de Junio de 1998 y como valor los mismos en esta fecha, absolviendo al otro codemandado, Juan Ram\u00f3n , de las pretensiones contra \u00e9l deducidas, con imposici\u00f3n de las costas por \u00e9l causadas a la parte actora, y de la mitad restante de las por \u00e9sta causadas al demandado condenado.<\/p>\n<p>En cuanto a las costas de esta alzada, no procede hacer expresa imposici\u00f3n a no ser de las causadas por el apelado Juan Ram\u00f3n , que se imponen a la parte apelante.<\/p>\n<p>Devu\u00e9lvase los autos al juzgado de procedencia con testimonio de la presente resoluci\u00f3n para su cumplimiento.<\/p>\n<p>As\u00ed, por esta nuestra Sentencia de la que se unir\u00e1 certificaci\u00f3n al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n<p>PUBLICACION.- Dada y pronunciada fu\u00e9 la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y le\u00edda por el\/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha, de lo que yo el\/la Secretario certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando se est\u00e1 ante un acto de disposici\u00f3n gratuita, por actos intervivos o mortis causa, a favor de terceros extra\u00f1os o de parientes que no pertenezcan a la l\u00ednea preferente de quien transmite, tales actos ser\u00e1n nulos de pleno derecho (nulidad absoluta), lo que supone que por aplicaci\u00f3n supletoria del C\u00ba Civil ( art. 3 n\u00ba 1 ), conforme al art. 1300 y ss. al estar ante un contrato no convalidable al disponerse de un bien que no se pod\u00eda, y por tanto ser contrario a una norma imperativa o prohibitiva, las partes deben devolver lo que por tal negocio hubieran recibido ( art. 1303 C\u00ba Civil), a no ser que los bienes se hubieran transmitidos a terceros que ostenten la condici\u00f3n de terceros hipotecarios, en cuyo caso habr\u00e1 que de sustituirse tal por la oportuna indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[656,772,771],"materia":[1221],"organo":[1885],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10544","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-bienes-troncales","tag-legitimacion-activa-y-pasiva","tag-nulidad-donacion","materia-la-troncalidad","organo-seccion-5a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10544","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10544"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10544"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10544"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10544"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}