{"id":10534,"date":"2025-10-06T12:56:57","date_gmt":"2025-10-06T10:56:57","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-05-02-2002\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:49","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:49","slug":"sap-de-bizkaia-sec-4a-05-02-2002","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-sec-4a-05-02-2002\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 5 de febrero de 2002"},"content":{"rendered":"

<\/a>SAP de Bizkaia de 5 de febrero de 2002<\/strong><\/p>\n

En Bilbao, a cinco de febrero de dos mil dos.<\/p>\n

Vistos en grado de apelaci\u00f3n ante la Audiencia Provincial de Bilbao, Secci\u00f3n Cuarta, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados, los presentes autos de Juicio de Menor Cuant\u00eda n\u00b0 665\/99, procedentes del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00b0 1 de Baracaldo y seguidos entre partes: como apelantes D. Carlos representado por el Procurador Sr. Ors Sim\u00f3n y con Letrado Sr. G. Vidorreta Lasa y Flor representada por el Procurador Sr. Zubieta Garmendia y con Letrado Sr. J.I. Sasiain Urra.<\/p>\n

SE ACEPTAN y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- La Sentencia de instancia de fecha 1 de Diciembre de 2000 es de tenor literal siguiente:<\/p>\n

“FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por la Procuradora Sra. Lapresa Villandiego, en representaci\u00f3n de D. Carlos, contra D\u00aa. Flor, representada por el Procurador Sr. Zubieta Garmendia, y estimando de igual modo la interpuesta por \u00e9sta frente a aquel, debo aprobar y apruebo las Operaciones Particionales contenidas en el Cuaderno confeccionado por el Contador Partidor D. Juan Francisco con fecha 22 de abril de 1999, con las modificaciones contenidas en el Razonamiento Jur\u00eddico D\u00e9cimo de la presente resoluci\u00f3n, derivadas de la que luego fueron adjudicadas a la Sra. Flor, lo que implicar\u00e1 que la suma que el Sr. Carlos deber\u00e1 abonar a la Sra. Flor para compensar las Adjudicaciones realizadas a cada uno, ascender\u00e1 a dos millones ochocientas veintinueve mil pesetas (2.829.000 ptas.).<\/p>\n

Todo ello, sin hacer especial declaraci\u00f3n en cuanto a las costas procesales causadas.”<\/p>\n

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resoluci\u00f3n a las partes litigantes, por la representaci\u00f3n de ambas partes se interpuso en tiempo y forma recurso de apelaci\u00f3n que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formaci\u00f3n del presente rollo, al que ha correspondido el n\u00b0 108\/01 de Registro y que se ha suscitado con arreglo a los tr\u00e1mites de los de su clase.<\/p>\n

TERCERO.- Hecho el oportuno se\u00f1alamiento, quedaron las actuaciones sobre la Mesa del Tribunal para votaci\u00f3n y fallo.<\/p>\n

CUARTO.- En la tramitaci\u00f3n del presente recurso se han observado las prescripciones legales.<\/p>\n

Ha sido Ponente para este tr\u00e1mite el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO GARC\u00cdA MART\u00cdNEZ.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS JUR\u00cdDICOS<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- La sentencia de instancia, que estima en forma parcial, tanto la demanda del Sr. Carlos, como la de la Sra. Flor, aprobando las operaciones particionales practicadas por el contador D. Juan Francisco con las modificaciones y consecuencias que dispone y establece en su razonamiento jur\u00eddico d\u00e9cimo, es recurrida en apelaci\u00f3n por las dos partes litigantes, por lo que procede el examen de una y otra impugnaci\u00f3n, siendo la primera a analizar, siguiendo el mismo orden de la sentencia recurrida y el del tiempo en que fueron formuladas, la promovida por el Sr. Carlos.<\/p>\n

SEGUNDO.- Recurso de D. Carlos.<\/p>\n

2.1 El primer motivo del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por D. Carlos, que cuestiona la no inclusi\u00f3n en el activo de la sociedad a liquidar de los inmuebles rese\u00f1ados bajo los n\u00fameros 1 a 21 en el cuaderno particional formulado por el letrado D. Gonzalo Vidorreta Lasa, no puede ser estimado.<\/p>\n

A diferencia de la Ley del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco de 1 de julio de 1992 en la que se decide, en los supuestos de separaci\u00f3n, que la comunicaci\u00f3n no se consolide, liquid\u00e1ndose y dividi\u00e9ndose como una mera sociedad de gananciales (arts. 95, p\u00e1rrafo 2\u00b0 y 109), nada se preve\u00eda expresamente en la Compilaci\u00f3n del Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava de 30 de julio de 1.959. Sin embargo, y ante el hecho anterior, calificado por la mayor\u00eda de los estudiosos, como una aut\u00e9ntica laguna legal, la doctrina m\u00e1s autorizada se pronunciaba en el sentido de que, en tales supuestos, no exist\u00eda propiamente comunicaci\u00f3n foral y que proced\u00eda la liquidaci\u00f3n de la misma conforme a la sociedad de gananciales, es decir, bajo las reglas determinadas en el art. 49. Esta tesis ha de considerarse acertada al encontrar apoyo normativo en los arts. 47 y 50 de la Compilaci\u00f3n, ya que en ellos se utilizaba el t\u00e9rmino “c\u00f3nyuge viudo”, \u00fanico supuesto en el que se produc\u00eda la comunicaci\u00f3n foral propiamente dicha, cuyos resultados podr\u00edan ser injustos si se aplican en casos de divorcio o separaci\u00f3n judicial, dado que en ellos, y a diferencia de los supuestos de muerte de uno de los c\u00f3nyuges existiendo hijos comunes, lo que posibilita que estos puedan subrogarse en las titularidades de aqu\u00e9l, siguen viviendo los dos c\u00f3nyuges, sin que ninguno de ellos, como destaca alg\u00fan autor, haya desaparecido de la escena, por lo que no d\u00e1ndose ausencia de ninguno de los padres, lo m\u00e1s acorde y procedente es que la persona en cuya consideraci\u00f3n se han producido las adquisiciones (anteriores al matrimonio o con independencia del mismo) sea quien reciba las mismas en caso de crisis del matrimonio, oper\u00e1ndose la liquidaci\u00f3n conforme a las reglas del r\u00e9gimen de gananciales. Esta es la soluci\u00f3n, por otro lado, que se acepta en la sentencia dictada, bajo la vigencia de la Compilaci\u00f3n, por el Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco con fecha de 28 de febrero de 1991 en la que se se\u00f1ala que:<\/p>\n

“La comunicaci\u00f3n foral de bienes tiene su fundamento en la doble consideraci\u00f3n del matrimonio, como v\u00ednculo entre los c\u00f3nyuges que compartan identidad de vidas y como relaci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se prolonga la familia troncal, lo que determina que en el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio se haya establecido, como norma acorde con estos principios, la comunidad entre los c\u00f3nyuges sobre todos los bienes que procedan<\/p>\n

singularmente de cada uno de ellos. Y esta misma consideraci\u00f3n de las razones que fundamentan la comunicaci\u00f3n foral est\u00e1 excluyendo su aplicaci\u00f3n en aquellos casos en los cuales la unidad de vida se ha roto, bien por causa de divorcio o bien por la mera separaci\u00f3n entre los consortes, situaciones ambas que, por su propia naturaleza, resultan incompatibles y antag\u00f3nicas con la instituci\u00f3n foral de la comunicaci\u00f3n de bienes” y que: “Seg\u00fan lo dispuesto en el art. 43, los efectos de la comunicaci\u00f3n operan entre marido y mujer, siendo por ello contrario a la norma que pueda producirse en una situaci\u00f3n de disoluci\u00f3n del v\u00ednculo por sentencia de divorcio, como ocurre en el supuesto contemplado en este recurso casacional, ya que la disoluci\u00f3n del matrimonio \u00fanicamente da lugar a la subsistencia en los resultados de la comunicaci\u00f3n, consolid\u00e1ndolos en el caso de fallecimiento de uno de los c\u00f3nyuges dejando hijos comunes, como se infiere de la referencia al c\u00f3nyuge viudo y al premuerto que contiene el ya apuntado art. 47 de la Compilaci\u00f3n”, y tambi\u00e9n en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1996 al argumentar que, cuando el art. 47 de la Compilaci\u00f3n establece que en el caso de disoluci\u00f3n del matrimonio con hijos la comunicaci\u00f3n foral continuar\u00e1 con los descendientes del otro c\u00f3nyuge, se est\u00e1 refiriendo al supuesto de muerte, al imponer al c\u00f3nyuge viudo dicha continuaci\u00f3n con los sucesores del fallecido, no siendo ese el caso de disoluci\u00f3n por separaci\u00f3n y luego divorcio, que se disciplina por la normativa del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n

2.2 El segundo motivo del recurso, que cuestiona, para el caso de admitirse el planteamiento de la sentencia de instancia de que la disoluci\u00f3n del r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral de bienes por causa de separaci\u00f3n matrimonial conlleva la aplicaci\u00f3n de las normas del c\u00f3digo civil de la sociedad de gananciales, la inclusi\u00f3n en el activo, bajo el n\u00b0 6 del cuaderno particional del letrado D. Juan Francisco, de la casa se\u00f1alada con el n\u00b0 NUM000 del BARRIO000, del concejo de Santurce-Ortuella, tampoco puede ser acogido.<\/p>\n

En este punto lo que el recurrente plantea es una nueva cuesti\u00f3n que supone la ampliaci\u00f3n, en este tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n, de su impugnaci\u00f3n inicial, sometiendo a revisi\u00f3n y discusi\u00f3n una materia sobre la que no exist\u00eda pol\u00e9mica, lo que no procede en modo alguno, dado que: a) no cabe suscitar en apelaci\u00f3n cuestiones nuevas que no fueron planteadas y debatidas en primera instancia, lo que contraviene los principios de preclusi\u00f3n, contradicci\u00f3n y defensa, acarreando riesgo de indefensi\u00f3n a la parte contraria e impidiendo la escalonada presencia de decisiones judiciales (Sentencias de 16 y 23 de marzo de 1990, 15 de abril y 14 de octubre de 1991, 29 de junio y 29 de diciembre de 1992, 11 de abril, 4 de junio, 22 de julio y 20 de septiembre de 1994); b) los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. As\u00ed lo exigen los principios de rogaci\u00f3n (Sentencias 15 de diciembre de 1984, 4 de julio 1986, 14 mayo 1987, 18 mayo y 20 septiembre 1996 y 11 junio 1997), y de contradicci\u00f3n (Sentencias de 30 enero 1990 y 15 abril 1991), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, de conformidad con la regla “iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium” (Sentencias de 19 octubre 1981 y 28 abril 1990), sin que quepa modificar los t\u00e9rminos de la demanda (prohibici\u00f3n de la “mutatio libelli”, Sentencia de 26 diciembre 1997), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia (“pendente apellatione nihil innovetur”, Sentencias de 19 julio 1989, 21 abril 1992 y 9 junio 1997), y c) el comportamiento de la parte apelante contradice sus propios actos al impugnar ahora la inclusi\u00f3n en el activo del cuaderno particional del contador partidor 3<\/p>\n

lo que ella misma hab\u00eda incluido con anterioridad en el activo de liquidaci\u00f3n de su propia cuenta de partici\u00f3n, no habiendo hecho otra cosa en este punto el contador partidor dirimente que aceptar la soluci\u00f3n en la que estaban conformes las partes, ya que, como el mismo se cuida de se\u00f1alar en su cuaderno particional, su funci\u00f3n dirimente se concretaba, de acuerdo con la Ley, a la resoluci\u00f3n de aquellas cuestiones en las que no exist\u00eda acuerdo entre las partes, no siendo, desde luego, la que ahora se plantea, una de ellas.<\/p>\n

2.3 El tercer motivo del recurso, en el que se argumenta la discrepancia por el hecho de no haberse incluido, en el activo de la sociedad a liquidar, 944 acciones del Banco Popular Espa\u00f1ol, m\u00e1s la que se hubieran obtenido como consecuencia del mantenimiento de su titularidad desde el a\u00f1o 1983 hasta la actualidad, debe correr la misma suerte desestimatoria que los dos anteriores.<\/p>\n

No existe prueba que vincule las 944 acciones del Banco Popular Espa\u00f1ol que fueron vendidas por D\u00aa Flor (691 de ellas el d\u00eda 23 de agosto de 1.983 y las restantes 253 al d\u00eda siguiente) con las 312 adquiridas por ella el 24 de marzo de 1.973, por lo que afirm\u00e1ndose por el recurrente, que cargaba con la prueba, que dichas 944 acciones no son otras que aqu\u00e9llas de las que eran titulares ambos c\u00f3nyuges, por las ampliaciones producidas desde la adquisici\u00f3n de 312 t\u00edtulos 7 a\u00f1os antes, obvio resulta que la falta de prueba le perjudica. Pero es que, adem\u00e1s, tampoco compartimos las argumentaciones que el recurrente desenvuelve para rebatir las consideraciones del Juzgador en torno a los documentos aportados de adverso, dado que, al contrario de lo que el apelante se\u00f1ala, si algo se desprende de los documentos presentados por la contraparte bajo los n\u00b0s. 34 a 37 (en el documento n\u00b0 35 se hace constar expresamente) es que la propietaria de los t\u00edtulos era D\u00aa Cecilia, siendo D\u00aa Flor la mera depositante y titular de la cuenta corriente en la que se abonaban sus dividendos (cot\u00e9jese el n\u00famero de cuenta que se hace constar en los documentos 34, 36 y 37 con el que figura en el documento n\u00b0 9 de los presentados con su demanda por el ahora recurrente).<\/p>\n

2.4 El cuarto motivo del recurso, formulado por no haberse incluido en el activo de la sociedad a liquidar 1.690 acciones de Iberduero, m\u00e1s las que se hubieran obtenido como consecuencia del mantenimiento de su titularidad desde el a\u00f1o 1983 hasta la actualidad, ha de perecer igualmente, en cuanto se refiere al segundo extremo, pues, con independencia de si lo realmente incluido en el cuaderno particional por el contador partidor dirimente fueron 1.536 acciones y no las 1.690 realmente existentes, cuesti\u00f3n que para ser despejada con seguridad hubiese requerido aclaraci\u00f3n o explicaci\u00f3n por parte del propio contador, lo que no nos ofrece duda alguna es que la valoraci\u00f3n de 3.382.320 pesetas que aparece asignada a los t\u00edtulos, ya fueran los considerados 1.536 o 1.690, resulta m\u00e1s que generosa. Se debe tener en cuenta en este sentido, de conformidad con lo prevenido en el art. 1.397.2\u00b0 del C\u00f3digo Civil, que lo que se deb\u00eda comprender en el activo era el importe actualizado del valor que ten\u00edan las acciones al ser enajenadas, al que le son indiferentes las vicisitudes posteriores que pudieran haberse derivado del mantenimiento de la titularidad de los t\u00edtulos, y que se debe calcular, a partir del valor que las acciones ten\u00edan cuando fueron objeto de venta, conforme a una apreciaci\u00f3n objetiva, convirti\u00e9ndolo en pesetas actuales. De lo que ya se sigue, dado que no cabe valorar las acciones seg\u00fan el criterio del recurrente, ni tampoco con arreglo a su precio actual, sino, se insiste, conforme al importe actualizado del valor que ten\u00edan cuando fueron enajenadas, y como quiera que las mismas fueron vendidas en el mes de agosto del a\u00f1o 1983 por el precio de 339.781 ptas. (es decir, al valor que<\/p>\n

cotizaban en el mercado al momento de la transmisi\u00f3n que no es otro que el valor real que en ese momento ten\u00edan) siendo el importe actualizado de dicha suma al 25 de noviembre de 1999, en base a los \u00edndices generales de precios resultantes de los 17 a\u00f1os transcurridos, seg\u00fan destaca el informe pericial, el ascendente a la cantidad de 846.096 ptas., que la valoraci\u00f3n que el contador dirimente asigna a las acciones, con independencia de si las valoradas son 1.536 o 1.690, resulta, como se anticipaba, harto generosa y suficiente, por lo que procede ratificar lo argumentado por la sentencia al considerar que las acciones de Iberduero son, ciertamente, 1.690, pero que la valoraci\u00f3n de 3.832.320 ptas. resulta correcta.<\/p>\n

2.5 El quinto motivo del recurso trae causa de la inclusi\u00f3n, en las operaciones de liquidaci\u00f3n del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de los litigantes, de las cantidades adeudadas por el Sr. Carlos como consecuencia de la “pensi\u00f3n alimenticia fijada en la sentencia de separaci\u00f3n”.<\/p>\n

En este punto s\u00ed estamos conformes con la parte recurrente. En efecto, la pensi\u00f3n alimenticia que eventualmente pudiera ser adeudada por el ahora apelante no deriva ni directa ni indirectamente de sus relaciones con el patrimonio com\u00fan o de aqu\u00e9llas desenvueltas a trav\u00e9s del mismo, se trata de una deuda de car\u00e1cter personal que podr\u00e1 serle exigida al deudor por quienes resultan acreedores de la pensi\u00f3n que se afirma impagada en la forma y por la v\u00eda correspondiente, pero que resulta absolutamente ajena a la sociedad consorcial de cuya liquidaci\u00f3n se trata en los autos, no constituyendo cr\u00e9dito ni deuda social, ni pudiendo por consiguiente incluirse en el activo o el pasivo ganancial.<\/p>\n

2.6 El sexto motivo del recurso que cuestiona la inclusi\u00f3n en el activo de los beneficios obtenidos por la explotaci\u00f3n de las gallinas, ha de ser, como el anterior, plenamente estimado. Lo pretendido en este extremo por la Sra. Flor se concretaba en la solicitud de inclusi\u00f3n en la cuenta de partici\u00f3n de 700.000 ptas. que afirmaba percibidas por el Sr. Carlos a consecuencia de la enajenaci\u00f3n de 2.400 gallinas tras serle concedida su explotaci\u00f3n, seg\u00fan afirmaba igualmente, por auto de medidas provisionales de la separaci\u00f3n matrimonial. Pues bien, el \u00fanico auto adoptando medidas provisionales del que se tiene constancia en las actuaciones es el que fue dictado con fecha de 23 de febrero de 1.984, y en dicho auto no aparece mentada por lado alguno la concesi\u00f3n al Sr. Carlos de la explotaci\u00f3n de un gallinero. Tampoco existe prueba alguna de que el Sr. Carlos hubiese enajenado, como afirmaba su esposa, 2.400 gallinas ni por supuesto tampoco de que hubiese obtenido como precio por tal supuesta venta la suma de 700.000 ptas. Tampoco reconoce el Sr. Carlos al absolver la posici\u00f3n 14\u00aa que hubiese vendido 2.400 gallinas, y lo deducido por el Juez de Instancia al hilo de su respuesta es una mera especulaci\u00f3n, pues la explotaci\u00f3n de un gallinero, como la de cualquier otro negocio o industria, no tiene necesariamente porqu\u00e9 ofrecer beneficios, dado que tambi\u00e9n puede arrojar p\u00e9rdidas, no habi\u00e9ndose probado, en forma alguna, que la explotaci\u00f3n de las gallinas hubiese generado beneficios, am\u00e9n de que, se insiste una vez m\u00e1s, lo pretendido por la Sra. Flor no era la inclusi\u00f3n del beneficio que la explotaci\u00f3n pudiera haber arrojado sino la de 700.000 ptas. que afirmaba haber percibido su marido por la venta de 2.400 gallinas, lo que tampoco se ha acreditado, como se deja dicho, al no constar prueba alguna ni de la venta ni del dinero que se afirmaba percibido por ella.<\/p>\n

2.7 En el s\u00e9ptimo y \u00faltimo motivo de apelaci\u00f3n se plasma la disconformidad por la inclusi\u00f3n en la liquidaci\u00f3n y consideraci\u00f3n a efectos de compensaci\u00f3n de las rentas<\/p>\n

derivadas de la lonja sita en la c\/ Campeta. Tambi\u00e9n este motivo merece ser acogido. Por un lado, por que las rentas derivadas de dicho supuesto arrendamiento ni siquiera fueron incluidas en el activo de la cuenta de partici\u00f3n formulada por el letrado D. Juan Ignacio Sasia\u00edn Urra a instancia de D\u00aa Flor. Y por otro, porque la presunci\u00f3n en que se basa la sentencia en este punto ha de considerarse desvirtuada por la prueba directa resultante del testimonio ofrecido en esta segunda instancia por D\u00aa Victoria que manifiesta que no existe contrato de arrendamiento y que la lonja se encuentra ocupada pero sin pagar renta alguna.<\/p>\n

TERCERO.- Recurso de D\u00aa Flor.<\/p>\n

Dos son los motivos en los que se basa la impugnaci\u00f3n formulada por D\u00aa Flor. En el primero de ellos se plasma la disconformidad de la recurrente en orden al desglose y atribuci\u00f3n que se hace de la vivienda unifamiliar y pabell\u00f3n anexo de la casa se\u00f1alada con el n\u00b0 NUM001 del BARRIO001 de Ortuella. Lo alegado por la recurrente en este punto es, por un lado, que reconoci\u00e9ndose su titularidad o propiedad sobre el terreno en el que asienta la construcci\u00f3n no cabe la accesi\u00f3n inversa que hace operar el Juzgado, en consecuencia con el contador-partidor Sr. Juan Francisco, ya que ello se encuentra vetado por el C\u00f3digo Civil y Jurisprudencia desarrollada al respecto con la derogaci\u00f3n del art. 1.404 de dicho cuerpo legal, y por otro, que dichas obras fueron sufragadas en su totalidad por D\u00aa Cecilia con dinero y bienes propios de ella, como en todo caso con patrimonio de la herencia que resulta privativo y de su exclusiva titularidad. Los argumentos de la recurrente no pueden ser aceptados. El primero, porque el art\u00edculo 1.404 del C\u00f3digo Civil, en su redacci\u00f3n anterior a la Ley de 13 de mayo de 1.981, no estaba derogado en la fecha en la que se hicieron las obras concernientes al edificio, calificado por la sentencia, sin que tal consideraci\u00f3n haya sido desvirtuada por la recurrente, por lo que debe permanecer inc\u00f3lume en esta segunda instancia, como nuevo y completamente distinto al que all\u00ed se ubicaba, y, adem\u00e1s, porque no se explica ni razona m\u00ednimamente, am\u00e9n la gen\u00e9rica y parcial apreciaci\u00f3n de la parte recurrente, la afirmada vulneraci\u00f3n del C\u00f3digo Civil y Jurisprudencia aplicable por raz\u00f3n de la accesi\u00f3n invertida que estima producida la sentencia en base a lo se\u00f1alado por el contador partidor dirimente al considerar que las edificaciones construidas sobre el terreno son de valor superior al del suelo sobre el que se asientan. Y el segundo, porque, como tambi\u00e9n se\u00f1ala la sentencia de instancia, que, en nuestra opini\u00f3n, valora de forma plenamente correcta la prueba practicada, no consta acreditado que el nuevo edificio se construyese con dinero ajeno o distinto al que correspond\u00eda o era titularidad de ambos c\u00f3nyuges, debiendo sostenerse lo contrario a tenor del acervo probatorio disponible, que evidencia que todas las licencias y permisos vinculados con las obras fueron solicitados por el Sr. Carlos, a cuyo nombre se giraron igualmente diferentes facturas por suministro de materiales de construcci\u00f3n fechadas, precisamente, en la \u00e9poca en que fueron llevadas a cabo las obras.<\/p>\n

Debiendo correr la misma suerte desestimatoria que el anterior, el segundo motivo de apelaci\u00f3n en el que se cuestionan las valoraciones dadas a las lonjas de las calles Campeta y \u00c1lava y a la casa del BARRIO000 de Ortuella, dado que lo razonado al respecto por la sentencia de instancia en su fundamento jur\u00eddico s\u00e9ptimo, que aceptamos en su integridad y damos aqu\u00ed por reproducido, lo consideramos, por lo justo y equitativo, pleno de sentido com\u00fan y absolutamente correcto.<\/p>\n

CUARTO.- De todo lo anterior se sigue la procedencia de estimar parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por D. Carlos y desestimar el formulado por D\u00aa Flor, debiendo revocarse parcialmente la sentencia de instancia en el \u00fanico sentido de desestimar la demanda interpuesta por la representaci\u00f3n procesal de D\u00aa Flor y dejar sin efecto las modificaciones que establece al cuaderno particional confeccionado por D. Juan Francisco el que procede aprobar y mantener en su integridad.<\/p>\n

QUINTO.- En materia de costas procede confirmar el pronunciamiento de la instancia, que ninguna de las partes cuestiona y que se apoya, en primer lugar, para no imponerlas a ninguna de aqu\u00e9llas, en la especial naturaleza del presente procedimiento.<\/p>\n

Siendo as\u00ed, por lo que se refiere a las costas de esta alzada, que no procede verificar tampoco expresa condena, a salvo las derivadas del recurso interpuesto por D a Flor que, y dado que aqu\u00e9l se rechaza, deber\u00e1 correr con las mismas.<\/p>\n

En atenci\u00f3n a lo expuesto<\/p>\n

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberan\u00eda Popular y en nombre de S.M. el Rey.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que estimando parcialmente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la representaci\u00f3n procesal de D. Carlos y desestimando el formulado por la representaci\u00f3n procesal de D\u00aa Flor, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00b0 1 de Baracaldo, con fecha de 1 de diciembre de 2000, en los autos de juicio de menor cuant\u00eda 665\/99, y ello en el \u00fanico sentido: 1\u00b0) de desestimar la demanda interpuesta por la representaci\u00f3n procesal de D a Flor, y 2\u00b0) dejar sin efecto las modificaciones que establece al cuaderno particional confeccionado por D. Juan Francisco, el que procede aprobar y mantener de forma \u00edntegra y en sus propios t\u00e9rminos, debiendo confirmarse la sentencia en lo dem\u00e1s, y todo ello sin verificar expresa condena en las costas de esta alzada, a salvo las derivadas del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por D a Flor que se imponen a la misma.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACION.- Dada y pronunciada la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y le\u00edda por el Ilmo. Magistrado Ponente el d\u00eda 18 de marzo de 2002, de lo que yo la Secretario certifico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A diferencia de la Ley de Derecho Civil Foral Vasco en la que se decide, en los supuestos de separaci\u00f3n, que la comunicaci\u00f3n no se consolide, liquid\u00e1ndose y dividi\u00e9ndose como una mera sociedad de gananciales (arts. 95, p\u00e1rrafo 2\u00ba y 109), nada se preve\u00eda expresamente en la Compilaci\u00f3n. Sin embargo, y ante el hecho anterior, de acuerdo a la doctrina m\u00e1s autorizada en tales supuestos, no exist\u00eda propiamente comunicaci\u00f3n foral y que proced\u00eda la liquidaci\u00f3n de la misma conforme a la sociedad de gananciales, es decir, bajo las reglas determinadas en el art. 49.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[688,657,767],"materia":[1234],"organo":[1884],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10534","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-compilacion","tag-comunicacion-foral","tag-liquidacion-gananciales","materia-la-disolucion-y-liquidacion-del-regimen-de-comunicacion-foral-de-bienes-en-bizkaia","organo-seccion-4a","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10534"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10534"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10534"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10534"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}