{"id":10522,"date":"2025-10-06T12:56:56","date_gmt":"2025-10-06T10:56:56","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-23-01-2001\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:48","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:48","slug":"stsj-pais-vasco-23-01-2001","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-23-01-2001\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 23 de enero de 2001"},"content":{"rendered":"

Roj: STSJ PV 315\/2001<\/strong> – ECLI:ES:TSJPV:2001:315<\/strong><\/p>\n

Id Cendoj: 48020310012001100001<\/strong><\/p>\n

\u00d3rgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal<\/strong><\/p>\n

Sede: Bilbao<\/strong><\/p>\n

Secci\u00f3n: 1<\/strong><\/p>\n

Fecha: 23\/01\/2001<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Recurso: 3\/2000<\/strong><\/p>\n

N\u00ba de Resoluci\u00f3n:<\/p>\n

Procedimiento: CIVIL<\/strong><\/p>\n

Ponente: JOSE MARIA SATRUSTEGUI MARTINEZ<\/strong><\/p>\n

Tipo de Resoluci\u00f3n: Sentencia<\/strong><\/p>\n

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA<\/p>\n

DEL PAIS VASCO<\/p>\n

SALA DE LO CIVIL Y PENAL<\/p>\n

BILBAO<\/p>\n

REC. CASAC. TSJ 3\/00<\/p>\n

N\u00famero de Identificaci\u00f3n General: 00.01.2-00\/000003<\/p>\n

SENTENCIA<\/em><\/strong><\/p>\n

EXCMO. SR. PRESIDENTE<\/p>\n

D. MANUEL MARTA ZORRILLA RUIZ<\/p>\n

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:<\/p>\n

D\u00aa. NEKANE BOLADO Z\u00c1RRAGA<\/p>\n

D. JOSE MARIA SATRUSTEGUI MART\u00cdNEZ<\/p>\n

En BILBAO (BIZKAIA), a veintitr\u00e9s de Enero de Dos mil uno.<\/p>\n

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, integrada por los Magistrados arriba rese\u00f1ados, en el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que con fecha veintis\u00e9is de junio de mil novecientos noventa y siete, dict\u00f3 la Secci\u00f3n Tercera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, como consecuencia de autos de Menor Cuant\u00eda n\u00ba 492\/94 seguidos ante el Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 8 de Bilbao, sobre saca foral, cuyo recurso fue interpuesto por D. Pedro Francisco y D. Jon , representados por el Procurador Sr. D. Fernando Allende Ordorica y asistidos del Letrado Sr. Javier de Rementer\u00eda, interviniendo como recurridos D. Juan Antonio , Da Cecilia , D\u00aa. Alicia , D\u00aa. Victoria , D\u00aa. Pilar y, D\u00aa. Maite , representados por el Procurador Sr. D. Alfonso Bartau Rojas y asistidos del Letrado Sr. D. Jose Ignacio Arroita Irazabal, y D. Rosendo , as\u00ed como Herederos desconocidos de D. Jose Manuel y de D. Carlos Manuel en situaci\u00f3n de rebeld\u00eda procesal.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales D. Fernando Allende Ordorica, en nombre y representaci\u00f3n de D. Pedro Francisco , D. Jon , D\u00aa. Esperanza y D. Rosendo interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuant\u00eda, contra D\u00aa. Victoria y su hija D\u00aa. Maite , D. Alejandro y esposa, si casado fuere, cualquier persona o persona desconocidas que pudieran tener alg\u00fan inter\u00e9s en la sucesi\u00f3n de D. Jose Manuel y cualquier persona o personas desconocidas que pudieran tener alg\u00fan inter\u00e9s en la sucesi\u00f3n de D. Carlos Manuel en ejercicio de la nulidad de testamento, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicaci\u00f3n al caso, terminaba suplicando que, tras los tr\u00e1mites pertinentes se dictara en su d\u00eda sentencia por la que se declarase:<\/p>\n

a) la nulidad del testamento otorgado por D\u00aa. Cristina el d\u00eda 17 de julio de 1971 ante el Notario de Bilbao D. Ignacio Nart Fern\u00e1ndez, n\u00ba 2.636 de su protocolo, en ejercicio del poder testatorio que le hab\u00eda otorgado su esposo D. Jose Manuel mediante testamento otorgado el d\u00eda 28 de junio de 1954 ante el Notario D. Francisco Rodr\u00edguez Perea; por transcurso del plazo legal para el ejercicio de dicho poder;<\/p>\n

b) que tiene plena validez lo establecido en el testamento de D. Jose Manuel de 28 de junio de 1954 (Notario Sr. Francisco Rodr\u00edguez Perez) para el caso de que la comisar\u00eda no ejerciera el poder testatorio y que, en consecuencia, la herencia de D. Jose Manuel ha de deferirse de conformidad con lo establecido en su citado testamento de fecha 28 de junio de 1954, o bien,<\/p>\n

c) en su defecto, que la herencia de D. Jose Manuel ha de deferirse de conformidad con lo establecido en las leyes para la sucesi\u00f3n intestada;<\/p>\n

d) que la herencia de D. Jose Manuel debe ser distribuida por sextas iguales partes entre sus seis hijos, heredando cada uno de ellos por cabezas y lo hijos de la difunta D\u00aa. Ana Mar\u00eda , por estirpes;<\/p>\n

e) que se condene a los demandados a estar y pasar por estas declaraciones,<\/p>\n

f) que se condene a los demandados como poseedores de mala fe, a reintegrar al caudal relicto cuantos bienes y derechos, junto con los frutos que hayan percibido o que hubieran podido percibir (lo que se determinar\u00e1 en ejecuci\u00f3n de sentencia) que hayan detentado por raz\u00f3n de la ileg\u00edtima atribuci\u00f3n producida por el testamento por comisario, nulo; g) caso de haber sido transmitido cualquier bien o derecho de los citados, condene a los demandados a abonar su equivalente en met\u00e1lico al precio actual de dicho bien o derecho; todo ello, con expresa imposici\u00f3n de las costas causadas a los demandados, con todo lo dem\u00e1s que en derecho proceda.<\/p>\n

Admitida la demanda y emplazados los demandados, comparecieron en los autos D\u00aa. Victoria , D\u00aa. Maite y D. Alejandro , representados por el Procurador D. Jose Mar\u00eda Bartau Morales, quien contest\u00f3 a la demanda, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estim\u00f3 pertinente, para terminar suplicando se dicte sentencia desestim\u00e1ndola y condenando a los actores al pago, solidariamente, de las costas y gastos del procedimiento causados a los demandados; y no habiendo comparecido los demandados Herederos desconocidos de D. Jose Manuel y de D. Carlos Manuel se les declar\u00f3 en situaci\u00f3n procesal de rebeld\u00eda.<\/p>\n

Practicadas las pruebas declaradas pertinentes, la Iltma. Magistrado-Juez del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 8 de los de Bilbao, dict\u00f3 sentencia con fecha 10 de Abril de 1995, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por D. Pedro Francisco , D. Jon , D\u00aa. Esperanza y D. Rosendo representados por el Procurador D. Fernando Allende frente a D\u00aa. Victoria , D\u00aa. Maite , D. Alejandro , Herederos desconocidos de Jose Manuel y Herederos desconocidos de Carlos Manuel , debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos contenidos en la demanda, imponiendo las costas a la parte actora.”.<\/p>\n

SEGUNDO.- Habiendo fallecido la demandante D\u00aa. Esperanza el d\u00eda 30 de marzo de 1995 y desconociendo a los herederos de la finada, se procedi\u00f3 a la publicaci\u00f3n por edictos llamando a los herederos desconocidos, por lo que transcurrido el plazo y no habi\u00e9ndose personado nadie, se tuvo por desistidos a los herederos desconocidos de D\u00aa. Esperanza .<\/p>\n

Interpuesto recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia por la representaci\u00f3n de D. Pedro Francisco y otros, y una vez emplazadas las partes y remitidos los autos, dicho recurso fue tramitado por la Secci\u00f3n Tercera de la Audiencia Provincial de Bizkaia.<\/p>\n

Por el Procurador Sr. Alfonso Jos\u00e9 Bartau Rojas se present\u00f3 escrito person\u00e1ndose en nombre de D\u00aa. Victoria , D\u00aa. Maite y D. Alejandro , por jubilaci\u00f3n del Procurador Sr. Bartau Morales.<\/p>\n

Por la Secci\u00f3n Tercera de la Audiencia Provincial de Bizkaia se dict\u00f3 sentencia con fecha 26 de junio de 1997 con el siguiente Fallo: “Que desestimando el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el Procurador Sr. Fernando Allende Ordorica en nombre y representaci\u00f3n de D. Pedro Francisco , D. Jon y D. Rosendo contra la sentencia de fecha 10 de abril de 1995 dictada en juicio de menor cuant\u00eda n\u00ba 492\/94, autos seguidos ante el Juzgado de la Instancia n\u00ba 8 de Bilbao, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la sentencia recurrida, con expresa imposici\u00f3n al apelante de las costas devengadas en esta segunda instancia.”.<\/p>\n

TERCERO.- Por el Procurador Sr. Fernando Allende Ordorica en nombre y representaci\u00f3n de D. Pedro Francisco , D. Jon y D. Rosendo , en fecha 28 de julio de 1997, se interpuso recurso de casaci\u00f3n ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por aplicaci\u00f3n de lo prevenido en el art. 1686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.<\/p>\n

En fecha 10 de noviembre de 1997, se tuvo por preparado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto, y una vez emplazadas las partes y remitidos los autos a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por el mismo en fecha 14<\/p>\n

de marzo de 2000, se dict\u00f3 auto declarando que la competencia para el conocimiento del recurso de casaci\u00f3n interpuesto corresponde a esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

CUARTO.- Una vez notificadas y emplazadas las partes, por el Procurador Sr. Fernando Allende Ordorica se interpuso recurso de casaci\u00f3n en nombre y representaci\u00f3n de D. Pedro Francisco , D. Jon y D. Rosendo , ante esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, al amparo del n\u00ba 4 del art\u00edculo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por los siguientes motivos:<\/p>\n

1 .- Por infracci\u00f3n del art. 2-3\u00aa del C\u00f3digo Civil, en relaci\u00f3n con el art. 9-3\u00ba de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola de 1978, as\u00ed como el 44 y la disposici\u00f3n transitoria 2\u00aa de la Ley 3\/1992 de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

2 .- Por infracci\u00f3n del art. 669 del C\u00f3digo Civil, en relaci\u00f3n con los arts. 670, 687 y 743 del mismo C\u00f3digo.<\/p>\n

Y por ello y por las alegaciones contenidas en dicho escrito, suplicaba se dictara sentencia declarando la nulidad del testamento otorgado por D\u00aa. Cristina en uso del poder testatorio que le confiri\u00f3 su marido premuerto D. Jose Manuel , ante el Notario de Bilbao D. Ignacio Nart Fern\u00e1ndez el d\u00eda 17 de julio de 1971, n\u00ba 2636 de su protocolo y consecuentemente, que la sucesi\u00f3n de D. Jose Manuel debe deferirse abintestado, imponiendo las costas del recurso a la parte que se oponga a sus leg\u00edtimas pretensiones, con todo lo dem\u00e1s que proceda en derecho.<\/p>\n

QUINTO.- Por prove\u00eddo de 6 de septiembre de 2000, se acord\u00f3 pasar las actuaciones al Ministerio Fiscal por t\u00e9rmino de diez d\u00edas, para que se pronunciase sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso o de alguno de sus motivos, quien devolvi\u00f3 las actuaciones con la f\u00f3rmula de “Visto”, al entender admisible en su totalidad el contenido y motivos del referido recurso.<\/p>\n

SEXTO.- Por auto de 25 de septiembre \u00faltimo de esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, se declar\u00f3 la admisi\u00f3n, por los motivos articulados, del recurso de casaci\u00f3n interpuesto, entregando copia del mismo a las partes recurrirlas y personarlas, para que formalizasen por escrito su impugnaci\u00f3n en el plazo com\u00fan de veinte d\u00edas.<\/p>\n

Por el Procurador D. Alfonso Jos\u00e9 Bartau Rojas, en nombre y representaci\u00f3n de D\u00aa. Maite y otros, se present\u00f3 escrito en el que se impugnaban los motivos alegados por la contraparte para sostener el recurso de casaci\u00f3n, efectuando las alegaciones que consideraron oportunas, y suplicando se tuviese por impugnado el recurso y se dicte sentencia declarando no haber lugar al mismo, con el pronunciamiento correspondiente en cuanto a costas, de acuerdo con el art. 1715-3\u00b0 de la Ley de Enjuiciamiento civil.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.- Finalmente, se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda y hora para votaci\u00f3n y fallo, lo que se llev\u00f3 a efecto conforme a lo acordado.<\/p>\n

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. JOSE MARIA SATRUSTEGUI MART\u00cdNEZ, quien expresa el criterio de la Sala.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

PRIMERO.- El relato hist\u00f3rico de los hechos m\u00e1s relevantes que afectan al presente asunto, se puede remitir a los siguientes datos:<\/p>\n

D. Jose Manuel contrajo matrimonio con D\u00aa. Cristina en el a\u00f1o 1925, naciendo de dicho matrimonio seis hijos, llamados D. Alejandro en 1926, D\u00aa. Ana Mar\u00eda , en 1927, D. Pedro Francisco en 1929, D. Jon en 1932, D. Carlos Manuel en 1936 y D\u00aa. Esperanza en 1938.<\/p>\n

Con fecha 28 de junio de 1954, D. Jose Manuel otorga testamento y, en el mismo, concede poder testatorio a favor de su esposa D\u00aa. Cristina , “para que si el otorgante premuriese sin disponer de sus bienes, disponga y los distribuya como tenga por conveniente… todo lo cual verificar\u00e1 dicha Comisar\u00eda por actos interviv\u00edos o mortis causa, dentro del plazo o t\u00e9rmino legal o fuera de \u00e9l pues se le prorroga expresamente por todo el tiempo que viviera la Comisar\u00eda”.<\/p>\n

D. Jose Manuel fallecio el 7 de noviembre de 1968.<\/p>\n

La Comisar\u00eda D\u00aa. Cristina ejercita el poder testatorio conferido por su esposo, el d\u00eda 7 de noviembre de 1971, otorgando testamento por el que dispone de los bienes de su finado esposo.<\/p>\n

Los hoy recurrentes interponen demanda solicitando la nulidad de dicho testamento, en el mes de julio de 1994.<\/p>\n

SEGUNDO.- El primer motivo del recurso se fundamenta en las supuestas infracciones de los art\u00edculos 2.3 del C\u00f3digo Civil y 9.3 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola de 1978.<\/p>\n

En el incidente que se tramit\u00f3 ante la Sala la del Tribunal Supremo, con la finalidad de determinar cual hab\u00eda de ser el \u00f3rgano jurisdiccional competente para conocer de este recurso de casaci\u00f3n, se resolvi\u00f3 en buena parte el tema a que ahora nos referimos.<\/p>\n

En efecto, la parte recurrente, se\u00f1ala que la cuesti\u00f3n principal que se discute en la litis no es otra que la de la aplicaci\u00f3n temporal del derecho y, m\u00e1s concretamente, como debe interpretarse la Disposici\u00f3n Transitoria 2\u00aa de la Ley Foral de 1992.<\/p>\n

Pues bien, en el incidente sobre competencia antes aludido, el Tribunal Supremo en su Auto de 14 de marzo de 2000, dice lo siguiente:<\/p>\n

“en el fondo del asunto subyace el problema del posible reconocimiento de una costumbre arraigada en el Derecho civil foral o especial propio del Pa\u00eds Vasco, habilitadora de la facultad de prorrogar el poder testatorio por tiempo indefinido”, y m\u00e1s adelante: “… Derecho civil foral, cuyas posibilidades de modificaci\u00f3n y desarrollo, expl\u00edcitamente reconocidas en el articulo 149.1-8\u00aa de la Constituci\u00f3n, traen consigo inevitablemente la posibilidad de normas de derecho transitorio que, en tanto se limiten a regular la vigencia de una u otra norme de Derecho foral, ser\u00e1n tambi\u00e9n Derecho civil foral”.<\/p>\n

As\u00ed pues, queda claro que la mencionada Disposici\u00f3n Transitoria 2\u00aa de la LEY Foral de 1992, es acorde y tiene perfecto acomodo en la vigente Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, por lo que el recurso debe desestimarse en este punto.<\/p>\n

En cuanto a c\u00f3mo deba interpretarse aquella Disposici\u00f3n, es sumamente aclaratorio, junto al propio texto de dicha norma, lo que el legislador expresa sobre la misma en la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley 31\/992 con referencia al Titulo III, “De las sucesiones”, en cuyo apartado h), se indica:<\/p>\n

“El plazo del ejercicio del poder se regula con la amplitud caracter\u00edstica ion fue siempre, se ha utilizado frente a decisiones autoritarias que constri\u00f1en los plazos” (art\u00edculo 44).<\/p>\n

No se trata, en consecuencia, de crear nuevos plazos, sino de respetar lo que se ven\u00eda haciendo, lo que era un\u00e1nimemente aceptado en el \u00e1mbito territorial del Derecho foral como una costumbre pac\u00edficamente observada, y que por esta Ley de 1992 se ratifica.<\/p>\n

Supone la costumbre una conducta generalizada, repetida y uniforme en un medio social determinado territorialmente o por otra cualificaci\u00f3n, cuyos miembros consideran tal conducta jur\u00eddicamente obligada, es decir, que la observan, en la idea de estar ajust\u00e1ndose a una norma jur\u00eddica, instituci\u00f3n que el Tribunal Supremo ha definido como norma jur\u00eddica elaborada por la conciencia social mediante la repetici\u00f3n de actos realizada con intenci\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n

La costumbre a que nos estamos refiriendo, no precisa probanza alguna en este momento, cuando el propio legislador la da por existente, y resulta clara la intencionalidad jur\u00eddica de los que as\u00ed obraban puesto que en el momento de formalizar el testamento, normalmente se hallaban en presencia, con el asesoramiento y consejo de un Notario, a qui\u00e9n tampoco repugnaba jur\u00eddicamente la concesi\u00f3n de los plazos indefinidos o de por vida, que ordinariamente se conced\u00edan en el supuesto de quel el Comisario fuera el c\u00f3nyuge del testador.<\/p>\n

Ni en el Fuero Nuevo, ni posteriormente en la Compilaci\u00f3n de 1959 se contiene norma alguna que prohiba la extensi\u00f3n o pr\u00f3rroga de los plazos que, a este respecto contemplaban dichas normas, y en este sentido, el silencio es total, por lo que no puede afirmarse que aquella costumbre fuera contra legem, sino extra o praeter legem, es decir, que resultaba operante en un terreno no regulado legalmente y, por ello, perfectamente admisible, incluso ante el contenido del C\u00f3digo Civil en su art\u00edculo 1.3, donde determina que la costumbre solo regir\u00e1 en defecto de la ley aplicable y siempre que no sea contraria a la moral o al orden p\u00fablico y que resulte probada.<\/p>\n

El art. 44 de la Ley Foral de 1992, de aplicaci\u00f3n retroactiva a los poderes testatorios otorgados con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, contiene diversas posibilidades que, conviene distinguir.<\/p>\n

En primer lugar, habr\u00e1 de contemplarse la posibilidad de que el testador se\u00f1ale un plazo al comisario y, ya dentro de este supuesto, distinguir entre que el comisario sea, o no, c\u00f3nyuge del testador.<\/p>\n

Si el comisario y testador, est\u00e1n relacionados por el vinculo matrimonial, el plazo para utilizar el poder testatorio, podr\u00e1 ser conferido por plazo indefinido o por los a\u00f1os que viviere el tal comisario. Como se ve, la misma Ley distingue entre uno u otro supuesta ya que la expresi\u00f3n, “por los a\u00f1os que viviere”, entra\u00f1a un verdadero plazo, certus die et, incertus cuando.<\/p>\n

Si se contempla esta situaci\u00f3n desde la perspectiva de una de las finalidades que se trata de guardar con esta instituci\u00f3n, cual es la de proteger al c\u00f3nyuge viudo asegur\u00e1ndole una situaci\u00f3n de futuro econ\u00f3micamente digna, no cabe duda alguna de que esta f\u00f3rmula, junto a la concesi\u00f3n del usufructo vitalicio de los bienes<\/p>\n

relictos, es perfectamente adecuada y, sin que Los derechos de los posibles herederos, se vean perjudicados por su utilizaci\u00f3n.<\/p>\n

En los poderes testatorios interc\u00f3nyuges la pr\u00f3rroga, ha sido mayoritariamente utilizada, entre otras razones, porque as\u00ed se profundizaba en lo que hab\u00eda sido el motivo fundamental de la instituci\u00f3n, cual era el de conocer la personalidad de los diferentes herederos y poder elegir al que tuviera mayor capacidad para dirigir los destinos del caser\u00edo o de los bienes que constituyeran el patrimonio familiar y, que duda cabe que, con la mencionada pr\u00f3rroga, los susodichos herederos, con el transcurso del tiempo mostraban m\u00e1s claramente sus caracter\u00edsticas, su forma de actuar en relaci\u00f3n con aquellos bienes y, en definitiva, sus inclinaciones al respecto.<\/p>\n

TERCERO.- La parte recurrente, suscita dentro de este primer motivo, el problema que representa la interpretaci\u00f3n de la Disposici\u00f3n Transitoria 2\u00aa de la Ley Foral de 1992, y a este respecto, habr\u00e1 de tenerse en cuenta lo que expresa el legislador en la Exposici\u00f3n de Motivos de la misma, que ya se ha transcrito y de la que se desprende que dicha interpretaci\u00f3n ha de ser lo m\u00e1s extensiva posible para acercarse a la amplitud caracter\u00edstica “con que siempre se han utilizado los plazos para el ejercicio del poder testatorio”.<\/p>\n

Plantea la recurrente el problema de los poderes ya extinguidos o ejercitados antes de la entrada en vigor de la Ley de 1992, y en este sentido habr\u00e1 de decidirse que si el poder se extingui\u00f3 en ese periodo de tiempo por sentencia firme, el principio de cosa juzgada hace inamovible aquella resoluci\u00f3n y si el poder se ejercit\u00f3 de forma tal que lo dispuesto se acomoda a lo regulado en el art\u00edculo 44 de la Ley de 1992, debe respetarse \u00edntegramente lo que se hizo, pues esa parece la voluntad legislativa.<\/p>\n

En consecuencia, debe rechazarse \u00edntegramente el primer motivo del presente recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n

CUARTO.- El segundo motivo, evidentemente, tiene car\u00e1cter de supeditado respecto del primero, y que se plantea para el supuesto de que se declarase la nulidad de las disposiciones testamentarias otorgadas por D\u00aa. Cristina al utilizar, como comisar\u00eda, el poder testatorio que su esposo le hab\u00eda conferido y, de ser as\u00ed, la herencia deb\u00eda deferirse abintestato por las normas contenidas al efecto en el C\u00f3digo Civil, cuya infracci\u00f3n denuncia la parte aqu\u00ed recurrente, mas declar\u00e1ndose como se ha hecho anteriormente, el rechazo y desestimaci\u00f3n del primer motivo de este recurso, el presente segundo queda sin contenido, por lo que tambi\u00e9n habr\u00e1 de desestimarse.<\/p>\n

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer las costas a la parte recurrente y la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito constituido.<\/p>\n

Y en virtud de los fundamentos expuesto, en nombre del Rey y por la Autoridad que nos confiere la Constituci\u00f3n y el Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco,<\/p>\n

<\/a>F A L L O<\/strong><\/p>\n

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Procurador D. Francisco de Guinea y Gauna en representaci\u00f3n de D. Pedro Francisco , D. Jon y D. Rosendo contra la Sentencia n\u00ba 352 de fecha 26 de junio de 1997, dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Secci\u00f3n 3\u00aa, en autos de juicio de menor cuant\u00eda n\u00ba 492\/1994, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 8 de Bilbao, condenando a los recurrentes al pago de las costas causadas y a la p\u00e9rdida del dep\u00f3sito constituido al que se dar\u00e1 el destino previsto legalmente; y a su tiempo, comun\u00edquese esta resoluci\u00f3n a la mencionada Audiencia Provincial, con devoluci\u00f3n de los autos y del rollo de apelaci\u00f3n que remiti\u00f3.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra Sentencia, que se insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa, pas\u00e1ndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Plantea la recurrente el problema de los poderes ya extinguidos o ejercitados antes de la entrada en vigor de la Ley de 1992, y en este sentido habr\u00e1 de decidirse que si el poder se extingui\u00f3 en ese per\u00edodo de tiempo por sentencia firme, el principio de cosa juzgada hace inamovible aquella resoluci\u00f3n y si el poder se ejercit\u00f3 de forma tal que lo dispuesto se acomoda a lo regulado en el art. 44 de la Ley de 1992, debe respetarse \u00edntegramente lo que se hizo, pues esa parece la voluntad legislativa.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[705,564,704],"materia":[1226],"organo":[1876],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10522","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-plazo","tag-poder-testatorio","tag-prorroga-tacita","materia-el-testamento-por-comisario","organo-tribunal-superior-de-justicia-del-pais-vasco","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10522","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10522"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10522"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10522"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10522"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10522"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10522"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10522"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}