{"id":10389,"date":"2025-10-06T12:56:42","date_gmt":"2025-10-06T10:56:42","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-23-11-1992\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:47","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:47","slug":"stsj-pais-vasco-23-11-1992","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-23-11-1992\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 23 de noviembre de 1992"},"content":{"rendered":"

<\/a>STSJPV de 23 de noviembre de 1992<\/strong><\/p>\n

En Bilbao, a veintitr\u00e9s de noviembre de mil novecientos noventa y dos.<\/p>\n

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que con fecha 22 de noviembre de 1991, dict\u00f3 la Secci\u00f3n 4\u00aa. de la Audiencia Provincial de Bizkaia, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuant\u00eda seguidos ante el Juzgado de 1\u00aa. Instancia n\u00ba 10 de los de Bilbao, sobre nulidad de venta y otros extremos, cuyo recurso fue interpuesto por Da<\/sup>. Elena, representada por el Procurador Sr. Atela Arana y asistida del Letrado Sr. Izaguirre Zugazaga, interviniendo como recurridos, D. Modesto, representado por la Procuradora Sra. Lacha Ota\u00f1es y defendido por el Letrado Sr. Garc\u00eda Mart\u00ednez, y D.\u00aa Ana Ma<\/sup>, representada por el Procurador Sr. Eguidazu Buerba y asistida del Letrado Sr. Irizar.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

Primero.-<\/strong> El Procurador D. Francisco Ram\u00f3n Atela Arana, en nombre y representaci\u00f3n de D.\u00aa Elena, dedujo demanda de juicio declarativo de menor cuant\u00eda, sobre nulidad de venta y otros extremos, contra D. Modesto y D.\u00aa Ana M., y en cuyo escrito aleg\u00f3: que mediante escritura de adjudicaci\u00f3n, donaci\u00f3n y extinci\u00f3n de comunidad foral de bienes, D. Modesto, padre de su mandante, adquiri\u00f3 la finca descrita en el hecho primero de la demanda y sita en Lujua; la adquisici\u00f3n por parte del demandado se produjo mediante escritura autorizada por el Notario de Las Arenas, D. Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez, otorgada el 23 de diciembre de 1987, y caus\u00f3 la inscripci\u00f3n la de la 0001, folio 001, del Libro 01 de Lujua.<\/p>\n

Posteriormente, se convino la compra-venta de dicha finca, que fue formalizada en escritura del 30 de marzo de 1989, ante el Notario de Bilbao D. Jos\u00e9 Antonio Isusi Ezkurdia, entre los demandados D. Modesto y D.\u00aa Ana M., por el precio de siete millones de pesetas, sin que se dieran los llamamientos forales. Aleg\u00f3 los fundamentos de derecho que estim\u00f3 pertinentes y termin\u00f3 suplicando se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1. Que se declare la nulidad de la venta realizada por D. Modesto a D.\u00aa Ana M. 2. Que se adjudique dicha finca a su representada D.\u00aa Elena. 3. Que se fije el precio que la misma debe pagar por dicha finca mediante el procedimiento establecido en la Compilaci\u00f3n Foral de Vizcaya, estableci\u00e9ndose su justa valoraci\u00f3n. 4.- Se condene al demandado D. Modesto a que otorgue la escritura de compra-venta de la finca descrita anteriormente, a favor de Da<\/sup>. Elena, advirti\u00e9ndose que de no hacerlo as\u00ed se otorgar\u00eda judicialmente. 5. Se expida mandamiento dirigido al Registro de la Propiedad de Bilbao n\u00ba 10, en tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de sentencia, para que proceda a la anulaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de compra-venta de la finca y siguientes si las hubiere.<\/p>\n

Segundo.<\/strong>-El Procurador D. Rafael Eguidazu Buerba, en nombre de D.\u00aa Ana M.,<\/p>\n

contest\u00f3 a la demanda, oponi\u00e9ndose a la misma, y tras alegar los fundamentos de derecho que estim\u00f3 pertinentes, termin\u00f3 suplicando, se dictara sentencia desestimatoria de la demanda en todos sus pedimentos, y para el caso de que se admitiera y se declarara nula la venta realizada, se condene solidariamente a Da<\/sup>. Elena y a su padre D. Modesto a devolver a su representada la cantidad de 7.000.000 de pesetas, en concepto de precio satisfecho por \u00e9sta, m\u00e1s 919.133 pesetas, por los gastos realizados, y con expresa imposici\u00f3n de costas a los condenados.<\/p>\n

Tercero.-<\/strong> La Procuradora D.\u00aa Asunci\u00f3n Lacha Ota\u00f1es, en representaci\u00f3n de D. Modesto, contest\u00f3 a la demanda, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que crey\u00f3 convenientes, termin\u00f3 suplicando se dictara sentencia, por la que se admitiera en su integridad los cinco apartados del suplico de la actora, si bien, se le condenara a la misma al pago de las costas del procedimiento.<\/p>\n

Cuarto.-<\/strong> Tras la pr\u00e1ctica de la comparecencia y de las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Magistrado-Juez de Primera Instancia n\u00ba 10 de Bilbao, dict\u00f3 sentencia, con fecha 9 de julio de 1990, estimando la demanda formulada por el Procurador D. Francisco Ram\u00f3n Atela Arana, en nombre y representaci\u00f3n de D.\u00aa Elena, declarando la nulidad de la venta realizada por Modesto a Ana M. el 30 de marzo de 1989 sobre la finca descrita en el hecho primero de la demanda, debi\u00e9ndose adjudicar la misma a M. Elena por el precio de 7.232.410 pesetas que debe pagar a Ana M., condenando a Modesto para que otorgue escritura p\u00fablica de compraventa de la finca se\u00f1alada a favor de la actora, expidi\u00e9ndose mandamiento al Registro de la Propiedad n\u00ba. 10 de Bilbao, para que proceda a la anulaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de compraventa de la finca 0002, al folio 001 vuelto, del libro 02 de Lujua (inscripci\u00f3n 21.), as\u00ed como a pagar los demandados las costas causadas en esa instancia.<\/p>\n

Quinto.<\/strong>– Apelada la anterior sentencia por las representaciones de los demandados, as\u00ed como de la actora, pero solamente en cuanto al extremo del precio a pagar, y sustanciada la alzada con arreglo a derecho, la Secci\u00f3n 4\u00aa. de la Audiencia Provincial de Bizkaia, dict\u00f3 sentencia con fecha 22 de noviembre de 1991, estimando parcialmente los recursos interpuestos por D.\u00aa Ana Ma<\/sup>. y D. Modesto, revocando la misma en cuanto a los siguientes extremos: 1. Antes de proceder a la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la venta aqu\u00ed declarada nula, en el Registro de la Propiedad, y al consiguiente otorgamiento de escritura p\u00fablica de venta entre D. Modesto y D.\u00aa Elena, deber\u00e1 \u00e9sta consignar en el Juzgado a disposici\u00f3n de la parte demandada D.\u00aa Ana M. la suma de 7.232.410 pesetas; 2. Se revoca la condena en costas de la primera instancia, absolviendo a los demandados de su imposici\u00f3n. Desestimando \u00edntegramente el recurso interpuesto por D.\u00aa Elena y confirmando en todo lo dem\u00e1s la sentencia apelada, sin dictar particular pronunciamiento en las costas de esa alzada.<\/p>\n

Sexto.-<\/strong> El Procurador Sr. Atela Arana en representaci\u00f3n de D.\u00aa Elena y el Procurador Sr. Eguidazu Buerba teniendo como mandante a D.\u00aa Ana M., prepararon recurso de casaci\u00f3n; siendo interpuesto ante esta Sala solamente por el primeramente rese\u00f1ado, al amparo de los siguientes motivos:<\/p>\n

Primero. Al amparo del n\u00famero 4.\u00ba del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 602 y siguientes de igual texto legal, por error en la apreciaci\u00f3n de la prueba.<\/p>\n

Segundo. Se corresponde con el n\u00famero 5 del art\u00edculo 1.692 de la ley antes referida, por infracci\u00f3n de las normas del ordenamiento jur\u00eddico, y que se divide en los siguientes apartados: I. Infracci\u00f3n de los art\u00edculos 53 y 58 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil y Foral de Vizcaya y \u00c1lava, en cuanto a la forma en que debe realizarse la valoraci\u00f3n del bien ra\u00edz, forma que no ha sido llevada a t\u00e9rmino en el procedimiento. II. Infracci\u00f3n del art\u00edculo 1.214 del C\u00f3digo Civil en cuanto a que incumbe la carga de la prueba de las obligaciones al que las reclama, y ello en referencia a las cantidades reclamadas en el procedimiento a D.\u00aa Ana. III. Infracci\u00f3n del art\u00edculo 433 del C\u00f3digo Civil en cuanto que considera a D.\u00aa Ana M. como poseedora de buena fe por estimar que ignora que existiera un vicio que invalida su t\u00edtulo. IV. Infracci\u00f3n del art\u00edculo 1.303 del C\u00f3digo Civil en cuanto a que dicho precepto legal no cabe aplicarlo en las obligaciones que pudieran darse o no entre la demandante-retrayente, D.\u00aa Elena, y la demandada-retra\u00edda, D.\u00aa Ana M. V. Infracci\u00f3n del art\u00edculo 1.455 del C\u00f3digo Civil en cuanto a que los gastos de otorgamiento de escrituras ser\u00e1n de cuenta del vendedor. VI. Infracci\u00f3n del art\u00edculo 1.518 del C\u00f3digo Civil, en aplicaci\u00f3n como supletoria de la Compilaci\u00f3n Foral en materia de retractos, en cuanto a los gastos reembolsables. VII. El art\u00edculo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto materia de costas.<\/p>\n

S\u00e9ptimo.-<\/strong> Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucci\u00f3n se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda para la vista que ha tenido lugar el 6 de noviembre de 1992.<\/p>\n

Ha sido Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. Juli\u00e1n Arzanegui Sarricolea.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

Primero.-<\/strong> Previamente al examen de los motivos de casaci\u00f3n, resulta preciso resolver dos cuestiones: la primera de ellas, planteada por uno de lo recurridos en el acto de la vista, se\u00f1ala que en el escrito de interposici\u00f3n de recurso existe defecto formal determinante de su inadmisibilidad; y la segunda viene motivada por el error deslizado en el auto de admisi\u00f3n, en el que, despu\u00e9s de haberse razonado sobre la procedencia de admitir todos los motivos del recurso, que eran dos, dividido el \u00faltimo en siete apartados independientes, se expres\u00f3 en su parte dispositiva que el recurso se admit\u00eda “por los cuatro motivos articulados”.<\/p>\n

Por lo que a la admisibilidad se refiere, que en este estado procesal vendr\u00eda a constituir causa de desestimaci\u00f3n, la alegaci\u00f3n consiste en el supuesto incumplimiento por parte de la recurrente de lo establecido en el art\u00edculo 1.707 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto requiere que el escrito de interposici\u00f3n contenga, adem\u00e1s de la cita de las normas o de la jurisprudencia que se reputen infringidas – extremo \u00e9ste que se cumple tanto en el primer motivo del recurso, como en cada uno de los apartados del segundo-, el razonamiento sobre la pertinencia y fundamentaci\u00f3n de<\/p>\n

los motivos -particular en el que se hace residir el incumplimiento-, pero del examen del escrito en cuesti\u00f3n se advierte claramente que, aun cuando se haga en t\u00e9rminos de extremo laconismo, los motivos articulados y sus apartados contienen la expresi\u00f3n del concepto en que la recurrente considera que la sentencia recurrida infringe los preceptos citados, y lo verifican de manera suficiente a entender el sentido de la impugnaci\u00f3n, que es la finalidad a la que responde el citado art. 1.707 de la Ley Procesal. Y en cuanto al error material en que incurre el auto de admisi\u00f3n, ning\u00fan efecto lesivo produjo en el derecho o el inter\u00e9s de las partes, al haber mantenido la recurrente en su integridad los motivos de casaci\u00f3n y haber reconocido expresamente los recurridos que entendieron estar admitido el recurso por todos los motivos en que se amparaba, lo que excluye la posibilidad de indefensi\u00f3n en cualquiera de ambas partes.<\/p>\n

Segundo.-<\/strong> La denuncia en casaci\u00f3n de error de hecho, al amparo del n\u00famero 4\u00ba del art. 1.692 de la LEC en su redacci\u00f3n por Ley de 6 de agosto de 1984, puesto en relaci\u00f3n con el p\u00e1rrafo segundo del art. 1.707 del propio texto legal seg\u00fan redacci\u00f3n tambi\u00e9n de la misma Ley de 1984, est\u00e1 restringida a supuestos singulares en los que la producci\u00f3n del error se manifieste con caracteres de notoriedad y requiere, seg\u00fan constante doctrina jurisprudencial, que en la formulaci\u00f3n del motivo se concrete el hecho supuestamente err\u00f3neo recogido en la sentencia recurrida, el que en apreciaci\u00f3n del recurrente haya de ser aceptado en su lugar y el documento demostrativo del error denunciado, en el cual han de concurrir los caracteres de: A) no haber sido tenido en cuenta por la Sala al obtener sus conclusiones de hecho (sentencias de 10 de octubre de 1988, 30 de abril de 1990, 25 de mayo de 1991 y 6 de febrero de 1992), puesto que en otro caso se tratar\u00eda de un problema de valoraci\u00f3n de la prueba en su conjunto, que es funci\u00f3n atribuida a los juzgadores de ambas instancias y excluida del recurso de casaci\u00f3n, con la \u00fanica salvedad del supuesto en que el resultado al que lleg\u00f3 la Sala fuera manifiestamente il\u00f3gico o contrario a la Ley; y B) que evidencie por s\u00ed solo el error de la sentencia recurrida, sin necesidad de acudir a an\u00e1lisis interpretativos de su contenido (sentencias de 7 de diciembre de 1987, 28 de abril, 17 de junio y 29 de noviembre de 1989 y 8 de mayo de 1991), que condujeran necesariamente a una valoraci\u00f3n probatoria ajena al cometido casacional. Y dado que el motivo 1\u00ba del recurso, fundado en error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, est\u00e1 basado en documentos que expresamente fueron valorados por la Sala y precisamente para obtener una conclusi\u00f3n contraria a la que sustenta la recurrente, es visto que procede la desestimaci\u00f3n del referido motivo.<\/p>\n

Tercero.-<\/strong> En el que el recurso denomina apartado I del motivo 212, y en realidad constituye un motivo aut\u00f3nomo al igual que los dem\u00e1s designados de esa forma, se acusa infracci\u00f3n de los arts. 53 y 58 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava por el modo como en el proceso se llev\u00f3 a cabo la valoraci\u00f3n de la ra\u00edz para determinar el precio de la compraventa entre la tronquera demandante y su padre, vendedor, que lo fue por un solo Arquitecto designado por el procedimiento de insaculaci\u00f3n.<\/p>\n

El motivo ha de ser desestimado, en lo que ata\u00f1e al art. 53 de la Compilaci\u00f3n, porque la regulaci\u00f3n que ese precepto establece se refiere espec\u00edficamente al caso en que el derecho preferente de adquisici\u00f3n haya sido ejercitado por el pariente tronquero al acudir a los llamamientos publicados por el due\u00f1o de la ra\u00edz, anunciando su prop\u00f3sito de enajenarla a t\u00edtulo oneroso, supuesto que no es el de autos; y por lo que hace al art. 58 de la misma Compilaci\u00f3n, es de tener en cuenta que, aun cuando la previsi\u00f3n legal establece que la valoraci\u00f3n se lleve a cabo por dos peritos, uno por cada parte, y que si no estuvieren de acuerdo la verifique un tercero elegido por insaculaci\u00f3n, el acta de nombramiento de perito, en la comparecencia que tuvo lugar con intervenci\u00f3n de las representaciones de todos los litigantes, recoge textualmente que “las partes-manifiestan su voluntad de que el perito designado, \u00fanico, para las tres partes y que lo ser\u00e1 por insaculaci\u00f3n, emita su informe con el car\u00e1cter de dirimente que establece el art. 58 de la Compilaci\u00f3n Foral Vizca\u00edna” y esta decisi\u00f3n de las partes, por referirse a materia dispositiva, es de pleno efecto, tanto en lo que concierne a la impl\u00edcita renuncia al nombramiento del perito que cada una de ellas por su lado pudo hacer, como en lo relativo a las condiciones personales de aquel a quien, dando por supuesto el disentimiento entre los que pudieron ser designados por cada parte, se le nombra con el car\u00e1cter de dirimente.<\/p>\n

Cuarto.<\/strong>– Los apartados o submotivos II, III y VI del motivo 2\u00ba del recurso, a trav\u00e9s del n\u00famero 5\u00ba del art. 1.692 de la LEC, van dirigidos todos ellos a impugnar, con apoyo en distintas normas legales, la declaraci\u00f3n contenida en la sentencia recurrida por la que se reconoce la obligaci\u00f3n que tiene la tronquera demandante de pagar a la compradora de la finca las cantidades que \u00e9sta invirti\u00f3 en la ra\u00edz troncal en concepto de gastos necesarios y \u00fatiles, concretando al mismo tiempo el montante reintegrable de dicha inversi\u00f3n; pero ninguno de los tres submotivos relacionados puede prosperar por las razones siguientes:<\/p>\n

A ) El apartado II del motivo 2\u00ba, que denuncia infracci\u00f3n del art. 1.214 del CC, es desestimable porque ese precepto \u00fanicamente contiene una regla general sobre la carga de la prueba en materia de obligaciones y, dado que toda la que se practique en el proceso es susceptible de ser valorada por el juzgador, cualquiera que sea la parte de quien provenga, la infracci\u00f3n de la norma legal no se podr\u00e1 producir si la resoluci\u00f3n contiene una valoraci\u00f3n probatoria, sino .tan solo en el supuesto de que, por falta de prueba, la sentencia haga recaer indebidamente en una de las partes las consecuencias de ello, lo que no sucede en el caso del recurso en que la Sala admite como probada la ejecuci\u00f3n de las obras e instalaciones y su cuant\u00eda, en base al contenido de los documentos que la compradora de la ra\u00edz present\u00f3 con su escrito de contestaci\u00f3n, sin que quepa entender que se invierte la carga de la prueba porque, despu\u00e9s de declarar expresamente la suficiencia de la prueba documental aportada, a\u00f1ada como refuerzo de su criterio que no se ha hecho prueba contraria a lo que los documentos revelan.<\/p>\n

B) El apartado o submotivo III del motivo 2\u00ba, que aduce vulneraci\u00f3n del art. 433 del CC, tampoco puede ser acogido, porque conforme a reiterada doctrina<\/p>\n

jurisprudencial (sentencias de 31 de enero de 1985, 12 de junio de 1987, 23 de diciembre de 1988, 28 de septiembre de 1990 y 6 de junio y 30 de noviembre de 1991), la apreciaci\u00f3n de la buena fe del poseedor es cuesti\u00f3n de hecho, impugnable por tanto a trav\u00e9s del n\u00famero 4\u00ba del art. 1692 de la LEC y, salvo que sea destruida por este cauce, se trata de materia que est\u00e1 encomendada a la valoraci\u00f3n de la Sala sentenciadora, sin acceso al control del recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n

C) Finalmente, en cuanto al tercero de los submotivos de que se trata, que se refiere a la infracci\u00f3n del art. 1.518 del CC, no cabe que en la sentencia recurrida se haya producido la violaci\u00f3n denunciada, porque la misma, al declarar el derecho de la compradora demandada a ser reintegrada de los gastos que realiz\u00f3 en la finca, no lo hizo en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el citado precepto, que no rige en este caso dada la diversa naturaleza jur\u00eddica que tienen la saca foral y el derecho de retracto, sino por efecto de la buena fe que atribuye a la posesi\u00f3n en que se mantuvo la citada compradora desde la fecha de la compra.<\/p>\n

Quinto.<\/strong>– El submotivo V del motivo 2\u00ba del recurso, basado en la infracci\u00f3n del art. 1.455 del CC, ha de seguir la misma suerte desestimatoria, toda vez que la cuesti\u00f3n relativa al pago de los gastos de la escritura que, en ejecuci\u00f3n de la sentencia, ha de otorgar el vendedor de la ra\u00edz a favor de la tronquera demandante no ha sido materia del juicio, ni por tanto pudo la sentencia recurrida hacer declaraci\u00f3n sobre ella, por no haber solicitado ninguna de las partes un pronunciamiento respecto de tal cuesti\u00f3n, lo que consiguientemente impide traerla a este recurso.<\/p>\n

Sexto.<\/strong>– El derecho preferente, reconocido a favor de los parientes tronqueros para la adquisici\u00f3n de los bienes troncales que se enajenen a t\u00edtulo oneroso, tiene se\u00f1alados distintos modos de ejercicio seg\u00fan sea la especie del acto o contrato que le da origen, ya consista en el anuncio que el due\u00f1o haga de su voluntad de enajenar la ra\u00edz, ya se trate de alguno de los diversos procedimientos mediante los cuales se vaya a hacer efectiva sobre el bien troncal la responsabilidad dineraria de su due\u00f1o o ya surja como consecuencia de la enajenaci\u00f3n llevada a cabo sin el previo cumplimiento de las formalidades anunciadoras del prop\u00f3sito de transmitir, supuesto \u00e9ste \u00faltimo que es el que se produjo en el caso de autos y dio lugar al nacimiento de la acci\u00f3n denominada de saca foral, en la cual el ejercicio del derecho de preferente adquisici\u00f3n debe llevar consigo, como componente necesario de la pretensi\u00f3n, la petici\u00f3n de que se declare la nulidad de la compraventa ya perfeccionada.<\/p>\n

Este desdoblamiento de la acci\u00f3n de saca, en la declaraci\u00f3n de nulidad de la venta realizada y en la subsiguiente adjudicaci\u00f3n de la ra\u00edz al tronquero, hace que, aun cuando ambas declaraciones no constituyan sino fases de un \u00fanico derecho, supeditadas a su tratamiento conjunto y a su interdependiente ejecuci\u00f3n, deban sin embargo producir cada una de ellas sus propias consecuencias y as\u00ed, en lo que se refiere a la nulidad de la venta, dar\u00e1 lugar a la rec\u00edproca devoluci\u00f3n de la cosa y del precio entre el comprador y el vendedor, restableciendo las cosas a la situaci\u00f3n en la que estaban antes de la venta declarada nula, de lo que resulta que las obligaciones generadas por esa declaraci\u00f3n<\/p>\n

\u00fanicamente se producir\u00e1n entre quienes fueron parte en el contrato.<\/p>\n

De lo expuesto resulta que la devoluci\u00f3n del precio de la compraventa, que en el caso de autos se convino en la cantidad de siete millones de pesetas, constituye obligaci\u00f3n del vendedor D. Modesto a favor de la compradora D.\u00aa Ana M. y de ello claramente se desprende la infracci\u00f3n del art\u00edculo 1.303 del C\u00f3digo Civil, denunciada en el apartado o submotivo IV del motivo 2\u00ba del recurso y en la que incurre la sentencia recurrida, al disponer que la tronquera demandante D.\u00aa Elena debe consignar la suma de 7.232.410 pesetas a disposici\u00f3n de la citada compradora de la finca D.\u00aa Ana M., siendo as\u00ed que, de la expresada cantidad, \u00fanicamente en cuanto a la partida de 359.520 pesetas, en que la sentencia cifra los gastos necesarios y \u00fatiles hechos en la finca por la compradora, es acreedora \u00e9sta, mientras que el resto de 6.872.890 pesetas constituye el valor que la misma sentencia determina para la ra\u00edz troncal y cuyo pago, por tanto, corresponde que la tronquera demandante haya de hacer al vendedor D. Modesto.<\/p>\n

S\u00e9ptimo.-<\/strong> La estimaci\u00f3n del motivo al que se refiere el fundamento inmediato anterior lleva a la casaci\u00f3n de la sentencia recurrida, si bien la nulidad ha de afectar \u00fanicamente al extremo al que dicho fundamento se refiere, esto es, al pronunciamiento por virtud del cual el pago del precio de tasaci\u00f3n de la ra\u00edz hab\u00eda de ser puesto a disposici\u00f3n de la compradora cuyo contrato se declar\u00f3 nulo y no del vendedor D. Modesto, a quien corresponde su recibo.<\/p>\n

Sin embargo, una consideraci\u00f3n m\u00e1s detenida conduce a diferenciar, dentro de la decisi\u00f3n de la Sala, entre el pronunciamiento en s\u00ed mismo y los fundamentos que le sirven de apoyo, junto con la finalidad a la que aquella decisi\u00f3n iba dirigida, que no fue otra que la de resolver la petici\u00f3n deducida por la compradora D.\u00aa Ana M. para que le fuera asegurada la devoluci\u00f3n del precio que ella pag\u00f3 y se adoptaran las medidas conducentes a tal efecto; y es en cuanto a este \u00faltimo extremo como se ha de entender acertado el criterio de la Sala de instancia al velar por el reconocimiento a la referida compradora de la tutela que solicit\u00f3, dado que no ser\u00eda admisible que la realizaci\u00f3n de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la decisi\u00f3n jurisdiccional haya reconocido en el proceso puedan resultar inefectivas cuando, sin contrariar las determinaciones de la ley, quepa la aplicaci\u00f3n de las cautelas oportunamente solicitadas o de las que, acomodando la petici\u00f3n de la parte a las permisiones legales, puedan ser adoptadas sin detrimento del principio de congruencia, que en el presente recurso no se denuncia vulnerado.<\/p>\n

En el caso de autos, la compradora demandada D.\u00aa Ana M., con car\u00e1cter subsidiario para el supuesto de que fuera estimada la demanda de saca foral y como medida de garant\u00eda de la devoluci\u00f3n del precio que hab\u00eda satisfecho, formul\u00f3 la petici\u00f3n de una condena solidaria al vendedor D. Modesto y a la demandante tronquera D.\u00aa Elena a satisfacerle el indicado precio m\u00e1s el importe de los gastos que hab\u00eda realizado en la finca, petici\u00f3n que no fue acogida en sus propios t\u00e9rminos, pero en m\u00e9rito de la cual la sentencia recurrida dispuso que, antes de procederse a la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n registral de la venta cuya nulidad declar\u00f3 y al otorgamiento de nueva escritura a favor<\/p>\n

de la tronquera demandante, deb\u00eda \u00e9sta consignar en el Juzgado la suma de 7.232.410 pesetas y esta decisi\u00f3n ha de ser parcialmente mantenida de acuerdo con las precisiones antes causadas, seg\u00fan las cuales la entrega de la cantidad de 359.520 pesetas la verificar\u00e1 en pago a D.\u00aa Ana M. de los gastos que \u00e9sta tiene hechos en la finca y la consignaci\u00f3n judicial de la suma de 6.872.890 pesetas la realizar\u00e1 para hacer efectivo a D. Modesto el precio de tasaci\u00f3n de la ra\u00edz, disponi\u00e9ndose la obligada consignaci\u00f3n de \u00e9sta \u00faltima partida como medida de garant\u00eda instada por la expresada D.\u00aa Ana M. para que, sobre ella, y hasta donde alcance su montante, pueda \u00e9sta realizar su derecho a la devoluci\u00f3n del precio que en su d\u00eda satisfizo, si antes no le hubiere sido reintegrado.<\/p>\n

Octavo.<\/strong>– La casaci\u00f3n parcial de la sentencia recurrida hace innecesario el examen del submotivo VII del motivo 2\u00ba. del recurso, relativo a las costas causadas en las instancias, toda vez que, en aplicaci\u00f3n del n\u00famero 2 del art\u00edculo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha de resolver sobre ellas en la presente sentencia, sin que quepa hacer imposici\u00f3n de las ocasionadas en ninguna de ambas instancias al haber constituido la determinaci\u00f3n del valor de la ra\u00edz punto fundamental de la cuesti\u00f3n litigiosa, como se desprende del hecho de haber sostenido la demandante el recurso de apelaci\u00f3n y este de casaci\u00f3n, en parte, contra la fijaci\u00f3n del precio hecha seg\u00fan el resultado de la prueba pericial; y habiendo de satisfacer cada parte las suyas propias de las causadas en este recurso, por disposici\u00f3n del expresado precepto legal.<\/p>\n

Y en virtud de los fundamentos expuestos, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constituci\u00f3n y el Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco,<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que estimando en parte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Procurador D. Francisco Ram\u00f3n Atela Arana en representaci\u00f3n de D.\u00aa Elena contra la sentencia pronunciada por la Secci\u00f3n 4B. de la Audiencia Provincial de Bizkaia de fecha 22 de noviembre de 1991, debemos declarar y declaramos haber lugar al mismo, casando y anulando, tambi\u00e9n parcialmente, la expresada sentencia en el sentido de que la demandante D.\u00aa Elena habr\u00e1 de satisfacer la cantidad de trescientas cincuenta y nueve mil quinientas veinte pesetas a la demandada D.\u00aa Ana M. en pago de los gastos hechos por ella en la finca y que, previamente a cancelar la inscripci\u00f3n registral de la venta que est\u00e1 declarada nula y al otorgamiento de la escritura de adjudicaci\u00f3n a favor de la expresada demandante, deber\u00e1 proceder \u00e9sta a la consignaci\u00f3n judicial de la cantidad de seis millones ochocientas setenta y dos mil ochocientas noventa pesetas como pago al vendedor D. Modesto del precio de tasaci\u00f3n de la ra\u00edz, a fin de que sobre dicha suma y hasta donde alcance su montante pueda la referida D.\u00aa Ana M. hacer efectivo su derecho al reintegro del precio que pag\u00f3, si antes no le hubiere sido satisfecho. Y no se hace imposici\u00f3n de las costas causadas en ambas instancias, ni en el presente recurso; sin que proceda hacer declaraci\u00f3n respecto del dep\u00f3sito que establece la ley, por no haberse constituido al no ser conformes entre s\u00ed las sentencias de ambas instancias.<\/p>\n

As\u00ed por esta nuestra sentencia, que se insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa,<\/p>\n

pas\u00e1ndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este desdoblamiento de la acci\u00f3n de saca, en la declaraci\u00f3n de nulidad de la venta realizada y en la subsiguiente adjudicaci\u00f3n de la ra\u00edz al tronquero, hace que, aun cuando ambas declaraciones no constituyan sino fases de un \u00fanico derecho, supeditadas a su tratamiento conjunto y a su interdependiente ejecuci\u00f3n, deban sin embargo producir cada una de ellas sus propias consecuencias y as\u00ed, en lo que se refiere a la nulidad de la venta, dar\u00e1 lugar a la rec\u00edproca devoluci\u00f3n de la cosa y del precio entre el comprador y el vendedor, restableciendo las cosas a la situaci\u00f3n en la que estaban antes de la venta declarada nula, de lo que resulta que las obligaciones generadas por esa declaraci\u00f3n 7 \u00fanicamente se producir\u00e1n entre quienes fueron parte en el contrato<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[667,681,668,680,666],"materia":[1222],"organo":[1876],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10389","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-bien-troncal","tag-llamamientos-forales","tag-pariente-tronquero","tag-retracto","tag-saca-foral","materia-la-saca-foral-y-los-derechos-de-adquisicion-preferente-de-bienes-troncales","organo-tribunal-superior-de-justicia-del-pais-vasco","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10389","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10389"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10389"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10389"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10389"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}