{"id":10361,"date":"2025-10-06T12:56:39","date_gmt":"2025-10-06T10:56:39","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-12-04-1991\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:47","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:47","slug":"stsj-pais-vasco-12-04-1991","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/stsj-pais-vasco-12-04-1991\/","title":{"rendered":"STSJ del Pa\u00eds Vasco de 12 de abril de 1991"},"content":{"rendered":"

<\/a>STSJPV de 12 de abril de 1991<\/strong><\/p>\n

En Bilbao, a doce de abril de mil novecientos noventa y uno.<\/p>\n

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia que con fecha 9 de noviembre de 1989 dict\u00f3 la Secci\u00f3n 1.a<\/sup> de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en apelaci\u00f3n le la dictada en juicio de cognici\u00f3n n.\u00b0 279\/86 sobre acceso a la propiedad de Inca r\u00fastica por el Juzgado de 1a<\/sup> Instancia de Durango; figurando como recurrente D.\u00aa Cecilia, representada por la Procuradora Sra. Basterreche Arcocha y como recurrido D. Roberto representado por el Procurador Sr. Ors Simon.<\/p>\n

<\/a>ANTECEDENTES DE HECHO<\/strong><\/p>\n

Primero.<\/strong>\u2013 Por el procurador D. Carlos Javier Sainz de Trueba en nombre de D. Roberto, se dedujo demanda de cognici\u00f3n contra D. Felipe en la que se aleg\u00f3: 1.\u00b0) La Caser\u00eda B., sita en el barrio de Apatamonasterio, t\u00e9rmino de Atxondo, fue cedida junto a sus pertenecidos en arrendamiento a los antecesores de su representado, en una fecha que no es posible determinar, puesto que carecemos de noticia exacta;obre la fecha inicial del arriendo, pero ya los ascendientes del actor explotaban a caser\u00eda, por cuanto que el 31 de diciembre de 1910 figuraba ya empadronado con domicilio en la misma D. Benito abuelo de su representada-do. Siendo arrendatario el citado Benito naci\u00f3 en el caser\u00edo su hijo y padre del actor D. Timoteo en el a\u00f1o 1918, el cual fallecido su padre continu\u00f3 como sucesor de \u00e9ste en el arrendamiento, present\u00f3 algunos recibos de renta que han sido localizados expedidos a nombre de Timoteo. 2.\u00ba) D. Timoteo, padre del actor se vio sorprendido por una carta de fecha 14 de enero de 1986, remitida por conducto notarial en que:1 arrendador la manifestaba su decisi\u00f3n de resolver el contrato alegando la p\u00e9rfida de la condici\u00f3n de profesional de la agricultura en el arrendatario, siendo la realidad que \u00e9ste nunca hab\u00eda dejado de explotar la finca y que cultivaba las tierras personal y directamente con ayuda de los familiares que con \u00e9l habitan en la caser\u00eda, y que como tal cultivador personal, a todos los efectos de la Ley de Arrendamientos R\u00fasticos deb\u00eda ser considerado profesional de la agricultura. En la misma carta se alegaba tambi\u00e9n una supuesta subrogaci\u00f3n en la persona de la nuera del entonces arrendatario, Timoteo, subrogaci\u00f3n que nunca existi\u00f3. 3.\u00b0) D. Timoteo consciente de los derechos que la Ley le otorgaba en orden a la adquisici\u00f3n forzosa de la caser\u00eda y tierras que llevaba en arriendo, decidi\u00f3 ejercitar dichos derechos de acceso a la propiedad en v\u00eda de conciliaci\u00f3n ante la Junta Arbitral de Arrendamientos R\u00fasticos de Vizcaya, tramit\u00e1ndose ante \u00e9sta el oportuno expediente y concluyendo el mismo con el acta de la propia junta en la que se expresa la no comparecencia del demandado de conciliaci\u00f3n se dio por finalizada sin avenencia. 4.\u00b0) El actor comunic\u00f3 a su padre su prop\u00f3sito de cara al futuro de continuar personalmente con la explotaci\u00f3n del caser\u00edo en la forma en que sus anteriores lo hab\u00edan venido haciendo, a lo que \u00e9ste en atenci\u00f3n a la<\/p>\n

colaboraci\u00f3n que el actor siempre le hab\u00eda prestado en los trabajos propios de la explotaci\u00f3n, le contest\u00f3 ofreci\u00e9ndole la posibilidad de subrogarle en el contrato, propuesta que fue aceptada por el actor. Mediante carta certificada remitida por conducto notarial, ambos comunicaron al demandado la subrogaci\u00f3n efectuada en cumplimiento de las formalidades prescritas. 5.\u00b0) Los terrenos objeto de arriendo son adem\u00e1s la caser\u00eda, la huerta de 2 \u00e1reas y 28 centi\u00e1reas, la heredad “E.” de 4 hect\u00e1reas, el herbal de 16 \u00e1reas y 55 centi\u00e1reas y el jaro de 1 hect\u00e1rea, 52 \u00e1reas y 85 centi\u00e1reas, es decir un total de 57.168 metros cuadrados, dedicados fundamentalmente a la producci\u00f3n de hierba y forraje para alimentaci\u00f3n del ganado y con alg\u00fan corro de huerta. El actor trabaja personal y directamente todos los terrenos afectos a la explotaci\u00f3n ganadera de que es titular todo ello con la ayuda de sus padres y esposa, que con el conviven en la caser\u00eda B. o B.. En vista de la actitud manifestada por el arrendador ante la Junta Arbitral de Arrendamientos R\u00fasticos, de obstrucci\u00f3n al ejercicio del derecho de adquisici\u00f3n forzosa iniciado por el entonces arrendatario, padre del actor, se decidi\u00f3 presentar la reclamaci\u00f3n judicial. Alegaba los fundamentos de derecho del actor D. Roberto, en su calidad de arrendatario r\u00fastico, al acceso a la propiedad del caser\u00edo “B.” o “B.”, radicante en el barrio de Apatamonasterio, t\u00e9rmino municipal de Atxondo, y terrenos anejos con un total de 57.168 metros cuadrados, mediante el pago y contado y en met\u00e1lico del precio que para dicho caser\u00edo y pertenecidos se determine bien en sentencia o bien en su ejecuci\u00f3n, conforme a las normas de valoraci\u00f3n que establece la legislaci\u00f3n de expropiaci\u00f3n forzosa, condenando al demandado D. Felipe, a estar y pasar por la precedente declaraci\u00f3n y al otorgamiento de la escritura p\u00fablica de compraventa; e imponiendo a dicho demandado el pago de las costas del juicio.<\/p>\n

Segundo.<\/strong>\u2013 Que admitida a tr\u00e1mite la demanda y dentro del plazo, por la procuradora D.a<\/sup> Esther Asategui Vizcarra en nombre de D. Felipe, se contest\u00f3 a la demanda, oponi\u00e9ndose a la misma y presentando reconvenci\u00f3n en la que solicitaba se dictase sentencia desestimatoria de la petici\u00f3n de acceso a la propiedad del caser\u00edo “B.” y pertenecidos, por parte de D. Roberto, ya que el mismo carece de toda legitimaci\u00f3n poseyendo, simplemente el car\u00e1cter de hijo del que fue arrendatario de dicho caser\u00edo y pertenecidos y que es y ha sido desde el a\u00f1o 1970, en que empez\u00f3 a prestar servicios a la empresa “J. M. A.”, actualmente, por cambio de nombre, D., S.A., Ajustador, como el mismo acredita en el requerimiento notarial aportado con la demanda, y que por lo tanto ni es ni ha sido profesional de la agricultura nunca, es decir ni durante el tiempo en que su padre era arrendatario ni ahora despu\u00e9s de jubilado el padre, con expresa condena en costas.<\/p>\n

Que conferido traslado de la reconvenci\u00f3n a la parte demandante se contest\u00f3 por la misma, y solicitando nuevamente se dictase sentencia estimando la pretensi\u00f3n formulada en la demanda de cognici\u00f3n y desestimando \u00edntegramente la demanda reconvencional con expresa imposici\u00f3n de costas al demandado.<\/p>\n

Cuarto<\/strong>.\u2013 Que de conformidad con lo dispuesto se celebr\u00f3 el juicio verbal, con el resultado que consta en el acta extendida al efecto.<\/p>\n

2<\/p>\n

Quinto.<\/strong>\u2013 Que al haber fallecido el demandado D. Felipe, se persona su heredera D.\u00aa Cecilia, con la misma representaci\u00f3n y direcci\u00f3n letrada, teni\u00e9ndose a la misma por parte.<\/p>\n

Sexto.<\/strong>\u2013 Que unidas las pruebas a los autos se trajeron a la vista y se dict\u00f3 sentencia con fecha 29 de abril de 1989, en la que se estimaba la demanda promovida por el procurador Sr. Sainz de Trueba P\u00e9rez, en representaci\u00f3n de D. Roberto contra D. Felipe, y en la actualidad sus herederos y declar\u00f3 que D. Roberto tiene el derecho al acceso mediante adquisici\u00f3n forzosa de la propiedad correspondiente al caser\u00edo B. y sus pertenecidos con excepci\u00f3n de los montes sitos en Apatamonasterio (Atxondo). En tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de sentencia, se realizar\u00e1 la valoraci\u00f3n exigida por la Ley de Arrendamientos R\u00fasticos para la fijaci\u00f3n del precio de adquisici\u00f3n, y una vez obtenido el mismo se entender\u00e1 el resultante como el precio de venta, seg\u00fan el art\u00edculo 52 de la Compilaci\u00f3n Foral de Vizcaya y \u00c1lava de 1959, exigi\u00e9ndose como requisitos concurrentes en el pariente tronquero los establecidos en los art\u00edculos 26 y 27 de la Ley de Arrendamientos R\u00fasticos.<\/p>\n

Si no concurriere ning\u00fan pariente tronquero o \u00e9ste incumpliese las obligaciones y requisitos antedichos, D. Roberto ejercer\u00e1 su derecho de modo inmediato, sin dar lugar a nuevo llamamiento a parientes tronqueros. Con imposici\u00f3n de costas a la parte demandada. Desestimando la demanda reconvencional.<\/p>\n

S\u00e9ptimo.<\/strong>\u2013 Apelada la referida sentencia por las representaciones de las partes demandante y demandada y sustanciada la alzada con arreglo a derecho, la Secci\u00f3n 1.\u00ba de la Audiencia Provincial de Vizcaya, dict\u00f3 sentencia con fecha 9 de noviembre de 1989, en la que desestimaba el recurso promovido por la representaci\u00f3n de la parte demandada y estimaba el recurso presentado por la parte demandante y en su consecuencia: a) confirmaron la sentencia de primera instancia en su primer p\u00e1rrafo del fallo que declara el derecho del actor al acceso por adquisici\u00f3n forzosa de la finca de autos, b) Revocaron la sentencia en los p\u00e1rrafos 2.\u00b0 y 3.\u00b0 del fallo, y por lo tanto el precio de la adquisici\u00f3n se fijar\u00e1 conforme al art\u00edculo 43 de la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa atendiendo al valor real o de mercado de los bienes que se determinar\u00e1 previos informe pericial y cualquiera otra prueba al efecto, vendr\u00e1 incrementado en el precio de afecci\u00f3n del 5%, seg\u00fan el art\u00edculo 47 de la Ley de Expropiaci\u00f3n Forzosa, sin aplicaci\u00f3n de la Compilaci\u00f3n. Este justiprecio se fijar\u00e1 en ejecuci\u00f3n de sentencia. Con imposici\u00f3n de costas al apelante-demandado, como tambi\u00e9n se imponen las de primera instancia.<\/p>\n

Octavo.<\/strong>\u2013 Por la representaci\u00f3n de la demandada D.\u00aa Cecilia, se ha interpuesto recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia en segunda instancia, al amparo del n\u00famero 5.\u00b0 del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracci\u00f3n del apartado 1 de la disposici\u00f3n adicional de la Ley de Arrendamientos R\u00fasticos de fecha 31 de diciembre de 1980 e infracci\u00f3n, en consecuencia, del art\u00edculo 98 de la citada ley y de los art\u00edculos 51 a 59, ambos inclusive, de la Compilaci\u00f3n del Derecho Foral de Vizcaya y \u00c1lava de 30 de julio de 1959.<\/p>\n

Noveno.<\/strong>\u2013 Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucci\u00f3n, se se\u00f1al\u00f3 d\u00eda para la vista, que ha tenido lugar el d\u00eda 22 de marzo de 1991. Ha sido ponente el Magistrado D. Juli\u00e1n Mar\u00eda Arzanegui Sarricolea.<\/p>\n

<\/a>FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/strong><\/p>\n

Primero.\u2013<\/strong> Los t\u00e9rminos en los que est\u00e1 estructurado el recurso hacen que, antes de proceder a su examen resulte conveniente recoger las pretensiones que ambas partes causaron en sus respectivos escritos de alegaciones y las resoluciones que sobre ellas recayeron en ambas instancias, junto con el enunciado del \u00fanico motivo de casaci\u00f3n que se invoca: 1) El demandante, arrendatario de la caser\u00eda que es objeto del litigio, solicit\u00f3 se declarase su derecho para acceder a la propiedad de la misma por precio que ser\u00eda fijado seg\u00fan la legislaci\u00f3n de expropiaci\u00f3n forzosa, con la consiguiente condena a la parte demandada, para que otorgara la escritura p\u00fablica de transmisi\u00f3n a su favor. 2) El demandado, por cuyo fallecimiento compareci\u00f3 m\u00e1s tarde en juicio la actual recurrente, se opuso a la pretensi\u00f3n del demandante, pidiendo en su contestaci\u00f3n que se desestimara la demanda y formul\u00f3 reconvenci\u00f3n solicitando que se declarase el desahucio del arrendatario. 3) El Juzgado de la Instancia en su sentencia estim\u00f3 la demanda y desestim\u00f3 la reconvenci\u00f3n, a\u00f1adiendo respecto de la primera que, una vez valorada la finca y fijado el precio de adquisici\u00f3n, \u00e9ste se entender\u00eda como precio de venta a efectos del art\u00edculo 52 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava, d\u00e1ndose cumplimiento a lo dispuesto en los art\u00edculos 51 y siguientes y exigi\u00e9ndose como requisitos concurrentes en el pariente tronquero los que establecen los art\u00edculos 26 y 27 de la Ley de Arrendamientos R\u00fasticos y, solamente si no concurriese ning\u00fan tronquero o si \u00e9ste incumpliese las obligaciones y requisitos antedichos, se verificar\u00eda la transmisi\u00f3n al arrendatario demandante. 4) Habiendo recurrido ambas partes en apelaci\u00f3n, la Audiencia Provincial dict\u00f3 sentencia desestimando el recurso interpuesto por la parte arrendadora-demandada y estimando el del arrendatario-demandante, confirm\u00f3 el pronunciamiento relativo a la declaraci\u00f3n de su derecho de acceso a la propiedad, estableciendo los criterios con arreglo a los cuales se fijar\u00e1 el precio de la finca, “sin aplicaci\u00f3n de la Compilaci\u00f3n”. 5) Contra esta sentencia se alza el presente recurso de casaci\u00f3n en el que, al amparo del n\u00famero 5 del art\u00edculo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se formula como motivo \u00fanico la infracci\u00f3n del apartado 1 de la Disposici\u00f3n Adicional de la Ley de Arrendamientos R\u00fasticos y los art\u00edculos 98 de la misma ley y 51 a 59 de la referida Compilaci\u00f3n y, aun cuando en la enunciaci\u00f3n del motivo no se concreta cu\u00e1l de las diversas disposiciones que contienen los preceptos citados es la que se considera infringida, de su desarrollo se desprende \u2014y lo confirma la petici\u00f3n que se causa\u2014 que se hace consistir la infracci\u00f3n legal en haber exclu\u00ed-do la Audiencia Provincial el pronunciamiento de que en los tr\u00e1mites de enajenaci\u00f3n de la caser\u00eda habr\u00e1n de seguirse las reglas que la Compilaci\u00f3n establece para la enajenaci\u00f3n de los bienes troncales, en los t\u00e9rminos que declar\u00f3 la sen\u00adtencia del Juzgado y se han recogido anteriormente.<\/p>\n

Segundo.\u2014<\/strong> Para el examen del motivo de casaci\u00f3n, constituye punto de partida 4<\/p>\n

la consideraci\u00f3n de que los recursos no proceden contra los fundamentos de la resoluci\u00f3n de la que se recurre, sino contra la parte dispositiva de la misma, por ser \u00e9sta la que contiene la decisi\u00f3n jurisdiccional respecto del derecho subjetivo controvertido, y partiendo de esta premisa la cuesti\u00f3n del recurso consiste en resolver si, teniendo en cuenta la materia del proceso y los l\u00edmites en los que, dentro de esa materia, se configuraron las pretensiones de las partes, la decisi\u00f3n que sobre ellas contiene la sentencia recurrida viene a infringir las normas legales que se dicen vulneradas o, m\u00e1s concretamente, si los pronunciamientos de dicha sentencia debieron decretar de manera expresa que se aplicaran en su ejecuci\u00f3n las reglas que la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava establece para la enajenaci\u00f3n de los bienes troncales.<\/p>\n

Tercero.\u2014<\/strong> El car\u00e1cter rogado de la jurisdicci\u00f3n civil y su relaci\u00f3n con los principios de audiencia y de contradicci\u00f3n obligan a pronunciar la decisi\u00f3n jurisdiccional dentro de los l\u00edmites que a la contienda judicial se\u00f1alan las pretensiones causadas por las partes y, correlativamente, a evitar que esa decisi\u00f3n llegue a recaer sobre cuestiones no planteadas oportunamente en el proceso. Consecuencia de ello es que los t\u00e9rminos del debate son los que hayan sido fijados de manera definitiva en los respectivos escritos de alegaciones, como se desprende de los art\u00edculos 680 y 687, en relaci\u00f3n con el 524, 540 y 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las precisiones de la regla 2.\u00ba del art\u00edculo 693 de la misma ley, para as\u00ed dar satisfacci\u00f3n plena a los expresados principios, seg\u00fan constante jurisprudencia (sentencias de 5 de febrero de 1973, 18 de junio de 1979, 27 de junio, 6 de octubre y 8 de octubre de 1980, 17 de julio de 1982, 10 de octubre y 15 de diciembre de 1984 y 23 de febrero de 1987) y dado que la segunda instancia, de marcado car\u00e1cter revisor en nuestro sistema procesal, cir\u00adcunscribe el \u00e1mbito de su conocimiento a aquel contenido de la resoluci\u00f3n recurrida que haya sido objeto de recurso, resulta que los l\u00edmites de la materia sometida a decisi\u00f3n en la alzada nunca podr\u00e1n rebasar aqu\u00e9llos que las partes establecieron en la primera instancia, como tambi\u00e9n repetidamente ha venido declarando la doctrina jurisprudencial, (sentencias de 20 de junio de 1981, 22 de junio de 1983 y 6 de octubre de 1984, entre otras).<\/p>\n

La aplicaci\u00f3n de estos criterios lleva necesariamente a entender que cualquier otra pretensi\u00f3n, que difiera de aquellas que las propias partes establecieron como \u00e1mbito del debate en el momento procesal oportuno, ha de merecer la consideraci\u00f3n de cuesti\u00f3n nueva dentro del proceso, que por ello debe ser rechazada sin m\u00e1s al venir propuesta extempor\u00e1neamente, y desde luego este mismo efecto se ha de producir cuando se trate del recurso de casaci\u00f3n como reiteradamente ha resuelto en estos supuestos el Tribunal Supremo (sentencias de 15 de junio, 30 de junio y 12 de noviembre de 1982, 3 de octubre de 1983 y 27 de enero y 21 de diciembre de 1984), razones que hacen improcedente el recurso interpuesto, al suscitarse en el mismo cuestiones que no fueron propuestas en la fase alegatoria del procedimiento.<\/p>\n

Cuarto.\u2013<\/strong> Sobre lo expuesto en el fundamento precedente, se ha de tener en cuenta as\u00ed mismo que las normas contenidas en los art\u00edculos 51 a 59 de la Compilaci\u00f3n 5<\/p>\n

de Derecho Civil Foral vizca\u00edno, que son los preceptos que se invocan como infringidos, tienen como materia el reconocimiento del derecho de los parientes tronqueros para adquirir con car\u00e1cter preferente los bienes troncales, cuando el titular de \u00e9stos intente enajenarlos a t\u00edtulo oneroso, as\u00ed como la regulaci\u00f3n de su ejercicio y efectividad, de donde se desprende que el derecho que pudiera resultar lesionado como consecuencia de la infracci\u00f3n denunciada corresponder\u00eda en todo caso a los parientes tronqueros, pero en ning\u00fan supuesto a la propia recurrente y esto priva a la misma de legitimaci\u00f3n para sostener el recurso, toda vez que el art\u00edculo 1.691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce esa facultad \u00fanicamente a quienes, sin estar comprendidos en la situaci\u00f3n descrita al final del precepto, re\u00fanan la doble condici\u00f3n de haber sido actores o haber figurado como demandados y puedan resultar perjudicados por la sentencia o resoluci\u00f3n recurrida, de lo que se infiere que, al referirse los citados art\u00edculos 51 a 59 de la Compilaci\u00f3n a derechos de terceros, pero no de la propia recurrente, no puede \u00e9sta fundar su recurso en la infracci\u00f3n de aquellos art\u00edculos, de acuerdo con constante jurisprudencia (sentencias de 5 de noviembre de 1983, 11 de diciembre de 1985, 27 de mayo de 1987, 11 de febrero de 1988 y 1 de febrero de 1990). De ah\u00ed que, a falta del expresado requisito, haya de ser rechazado igualmente el recurso por la raz\u00f3n expuesta, al no poder constituirse la recurrente como valedora de intereses cuya defensa no le incumbe, si bien debiendo entenderse, en obligada correspondencia, que el problema sobre cualquier posible colisi\u00f3n entre el derecho del arrendatario y el de los parientes tronqueros, ajenos como son \u00e9stos al juicio, constituye para ellos cuesti\u00f3n imprejuzgada, en acatamiento a los principios procesales antes invocados y por respecto al derecho fundamental reconocido en el art\u00edculo 24.1 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Quinto.\u2013<\/strong> La desestimaci\u00f3n del recurso lleva consigo la imposici\u00f3n de las costas a la recurrente, en cumplimiento de lo dispuesto en el p\u00e1rrafo \u00faltimo del art\u00edculo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procediendo la devoluci\u00f3n a la misma del dep\u00f3sito que constituy\u00f3 innecesariamente por no ser conformes de toda conformidad las sentencias reca\u00eddas en ambas instancias.<\/p>\n

Y en virtud de los fundamentos expuestos, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constituci\u00f3n y el Estatuto de Autonom\u00eda del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n

<\/a>FALLAMOS<\/strong><\/p>\n

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casaci\u00f3n interpuesto en nombre de D.\u00aa Cecilia contra la sentencia dictada con fecha 9 de noviembre de 1989 por la Secci\u00f3n 1\u00aa de la Audiencia Provincial de Vizcaya, condenando a dicha recurrente al pago de las costas del recurso. Devu\u00e9lvase a la recurrente el dep\u00f3sito que innecesariamente constituy\u00f3; y l\u00edbrese a la expresada Audiencia la correspondiente certificaci\u00f3n, envi\u00e1ndole los autos y rollo de Sala que remiti\u00f3.<\/p>\n

As\u00ed por esta mi sentencia, que se insertar\u00e1 en la Colecci\u00f3n Legislativa pas\u00e1ndose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El titular del bien troncal no puede oponer la preferencia de parientes tronqueros que no son parte en el proceso para denegar el derecho al acceso a la propiedad del arrendatario de bien raiz<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[669,667,668,666],"materia":[1222],"organo":[1876],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10361","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-arrendamiento","tag-bien-troncal","tag-pariente-tronquero","tag-saca-foral","materia-la-saca-foral-y-los-derechos-de-adquisicion-preferente-de-bienes-troncales","organo-tribunal-superior-de-justicia-del-pais-vasco","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10361","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10361"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10361"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10361"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10361"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10361"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10361"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10361"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}