{"id":10343,"date":"2025-10-06T12:56:36","date_gmt":"2025-10-06T10:56:36","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.forulege.com\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-20-04-1988\/"},"modified":"2026-10-19T16:19:46","modified_gmt":"2026-10-19T14:19:46","slug":"sap-de-bizkaia-20-04-1988","status":"publish","type":"jurisprudencia","link":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/jurisprudencia\/sap-de-bizkaia-20-04-1988\/","title":{"rendered":"SAP de Bizkaia de 20 de abril de 1988"},"content":{"rendered":"

SAP de Bizkaia de 20\/04\/1988. Rec. 422\/87.<\/strong><\/p>\n

FUNDAMENTOS JURIDICOS<\/p>\n

PRIMERO.-Son hechos incontestes por estar conformes en ellos las partes, \u00f3, plenamente acreditados, los siguientes: A) Los ahora litigantes, que hab\u00edan contra\u00eddo matrimonio en Baracaldo el d\u00eda 1 de febrero de 1975, a consecuencia de las desavenencias existentes entre ellos, pretendiendo seguir un procedimiento de separaci\u00f3n matrimonial de mutuo acuerdo, otorgaron con fecha 24 de mayo de 1984 un denominado: “Convenio regulador de su separaci\u00f3n matrimonial conforme refieren los Art\u00edculos 81 y 86 del C\u00f3digo Civil”, en cuyo apartado D), bajo el ep\u00edgrafe: “Situaci\u00f3n matrimonial de los esposos”, acordaron: “Con esta misma fecha, ambos c\u00f3nyuges proceder\u00e1n a la liquidaci\u00f3n y disoluci\u00f3n de la sociedad de gananciales, por lo que se remiten a las capitulaciones matrimoniales que ambos suscribir\u00e1n”; el d\u00eda 29 de Mayo de 1984. ante un Notario de Bilbao. otorgaron escritura de “disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de gananciales y capitulaciones matrimoniales”, donde tras convenir que cesan en el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de gananciales, procediendo a su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de los bienes que gravan tal sociedad, que se adjudican en pago de sus respectivos derechos. en la forma que expresan, pactan que a partir de dicha fecha el matrimonio se regir\u00e1 por la absoluta separaci\u00f3n de bienes. En igual fecha. y ante el mismo fedatario p\u00fablico. otorgan ambos poder a favor de Procuradores y Abogados. B) Presentan demanda de separaci\u00f3n matrimonial a instancia de ambos c\u00f3nyuges, teni\u00e9ndose por presentado el referido escrito en el Juzgado de Primera Instancia n\u00famero uno de los de Baracaldo con fecha 20 de julio de 1984, tramit\u00e1ndose con numero de autos 374184, ratific\u00e1ndose en la misma. recayendo sentencia el d\u00eda 18 de marzo de 1985, en la que se decreta la separaci\u00f3n matrimonial interesada, aprob\u00e1ndose el convenio regulador suscrito el d\u00eda 24 de mayo de 1984.<\/p>\n

SEGUNDO.-La parte actora, pretende en la presente litis. con car\u00e1cter principal. se declare la nulidad de las capitulaciones matrimoniales otorgadas por la actora y el demandado en fecha 29 de mayo de 1984, y en consecuencia la nulidad de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales practicada en la fecha referida, libr\u00e1ndose los oportunos mandamientos al Registro de la Propiedad y al Registro Mercantil de Vizcaya; se basa para ello en que, al tiempo de contraer matrimonio, el demandado D. M. M., llevaba residiendo en Santurce 15 a\u00f1os, por lo que, conforme a lo dispuesto en el Art\u00edculo 14-3.\u00ba del C\u00f3digo Civil hab\u00eda adquirido la condici\u00f3n de vizca\u00edno por raz\u00f3n de residencia. y teniendo en cuenta, argumenta. que, seg\u00fan el Art\u00edculo 42 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava, el r\u00e9gimen de bienes en el matrimonio, salvo pacto en contrario, se rige por la ley del marido al tiempo de su celebraci\u00f3n, y que \u00e9ste ten\u00eda la condici\u00f3n de vizca\u00edno aforado, resulta que, en virtud de lo preceptuado por el Art\u00edculo 41 del mismo texto legal. una vez contra\u00eddo matrimonio no puede alterarse el r\u00e9gimen conyugal en modo alguno, con lo que las capitulaciones otorgadas por los c\u00f3nyuges ser\u00edan nulas de pleno derecho, por aplicaci\u00f3n de los dispuesto en el Articulo 6-3.\u00ba del C\u00f3digo Civil. Expresa que. conforme acredita por certificado del Ayuntamiento de Santurce. D. M. M., se hallaba empadronado en tal localidad desde el a\u00f1o 1960, siendo su fecha de llegada a tal municipio en el a\u00f1o 1957.<\/p>\n

A la pretensi\u00f3n as\u00ed articulada, se opone la parte demandada, adem\u00e1s de por la fundamentaci\u00f3n juridica que estima pertinente sobre la posibilidad de otorgar capitulaciones matrimoniales los que, al tiempo de contraer matrimonio fueren aforados vizcainos, porque, el demandado estuvo viviendo en Bilbao algo mis de un a\u00f1o antes de su matrimonio. con lo que la residencia continuada de 10 a\u00f1os en territorio aforado, que exige el Articulo 14.3.2.\u00ba del C\u00f3digo Civil, no se cumpli\u00f3 en este caso. Es as\u00ed que, la primera cuesti\u00f3n a dilucidar es la concerniente a la vecindad civil del demandado al tiempo de contraer matrimonio.<\/p>\n

TERCERO.- Parece ser tesis de la actora, no expresamente controvertida por la demandada, la de la aplicabilidad del Art\u00edculo 14.3-2.\u00ba del C\u00f3digo Civil. conforme a la regulaci\u00f3n del T\u00edtulo Preliminar dada por el Decreto de 31 de mayo de 1974. No pueden desconocerse sin embargo los datos cronol\u00f3gicos que concurren en el caso examinado; as\u00ed, seg\u00fan se desprende de la certificaci\u00f3n literal de la inscripci\u00f3n de matrimonio, folio 4 de los autos de primera instancia, el demandado naci\u00f3 en Huelma (Ja\u00e9n) el d\u00eda 21 de julio de 1949, de donde puede colegirse que la mayor\u00eda de edad,<\/p>\n

conforme a la legislaci\u00f3n entonces vigente, la alcanz\u00f3 el d\u00eda 27 de julio de 1970, siendo la fecha de celebraci\u00f3n del matrimonio, la de 1 de febrero de 1975. Nuestro C\u00f3digo Civil. tanto en su redacci\u00f3n originaria, como en la dada al T\u00edtulo Preliminar por el Decreto de 31 de mayo de 1974, siguiendo criterios an\u00e1logos a los de la nacionalidad, atribuye la vecindad civil de las siguientes formas: a) Originariamente, por la filiaci\u00f3n anterior -Art\u00edculo 15-2.\u00ba-, y actual Art\u00edculo 14 n\u00fameros 2 y 4-; b) Derivativamente, por opci\u00f3n a favor de la vecindad del lugar de nacimiento, -anterior Art\u00edculo 15.1″. y actual 14-2-; c) Derivativamente, por la residencia continuada durante dos a\u00f1os, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad, \u00f3 por la residencia continuada de diez a\u00f1os, sin declaraci\u00f3n en contrario durante ese plazo, debiendo verificarse una y otra declaraci\u00f3n ante el Encargado del Registro Civil. para su inscripci\u00f3n -anterior Articulo 15.3.\u00ba. actual 14.3 y Articulo 64 de la Ley de Registro Civil-; y. d) Derivativamente por unidad familiar -anterior Articulo 15.3.\u00ba y actual 14.4.- Siendo de precisar que, conforme a lo dispuesto en el Articulo 225 del Reglamento de la Ley del Registro Civil. en su anterior redacci\u00f3n: “El cambio de vecindad civil se produce “ipso iure” por la residencia habitual durante diez a\u00f1os seguidos en provincia o territorio de diferente legislaci\u00f3n civil, a no se que antes de terminar ese plazo, el interesado formule la declaraci\u00f3n en contrario. En el plazo para las declaraciones de vecindad ante el Encargado. no se computa el tiempo en que el interesado no pueda legalmente regir su persona”, Articulo \u00e9ste que, en la redacci\u00f3n dada por el Real Decreto 3.455\/1977, de 1 de diciembre, establece que: “En el plazo de diez a\u00f1os no se computa el tiempo en que el interesado no pueda legalmente regir su persona”. Norma que se mantiene en la redacci\u00f3n dada al mismo por el Real Decreto 1.917\/1986. de 29 de agosto. Es por ello, que la tesis de la actora, parece incurrir en el olvido de que, la adquisici\u00f3n derivativa por la residencia continuada de diez a\u00f1os sin declaraci\u00f3n en contrario, a que se ha hecho referencia en el apartado c). exige la plena capacidad de la persona, y en el caso contemplado, habiendo alcanzado el demandado la mayor\u00eda de edad en el a\u00f1o 1970, al contraer matrimonio en 1975, no hab\u00eda transcurrido el plazo de 10 a\u00f1os a que se refiere la norma, en tanto que, hubiese sido fundamental conocer la vecindad civil de sus progenitores, y las vicisitudes seguidas por \u00e9sta, dado que, dicha vecindad civil. a virtud de lo dispuesto en el Articulo 15.2.\u00ba y 3.\u00ba del C\u00f3digo Civil en su anterior redacci\u00f3n, se proyecto sobre el mismo, antes de alcanzar su mayoria de edad. Unicamente consta por certificado del Ayuntamiento de Santurce, folio 187, que el demandado. nacido en Huelma (Ja\u00e9n) el dia 27 de julio de 1949, hijo de H. y A. aparece inscrito por primera vez en dicho Municipio, con motivo de la Renovaci\u00f3n Padronal a 31 de diciembre de 1960, declarando el Cabeza de Familia que resid\u00edan desde 1957; y por declaraci\u00f3n de algunos testigos, que estuvo viviendo en Santurce con sus padres; mas, tales datos no permiten concluir, ni siquiera por la prueba de presunciones que, antes de alcanzar la mayor\u00eda de edad, el citado demandado ostentase, por este \u00e9sta la vecindad civil de su progenitor, la foral vizcaina que se le atribuye.<\/p>\n

CUARTO.-La prueba de la condici\u00f3n de aforado vizcaino al tiempo de contraer matrimonio, que se asigna al demandado, como presupuesto b\u00e1sico de la acci\u00f3n de nulidad que se ejercita, por el principio del “onus probandi” imperante en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, imcumbia a la actora, y cuya ausencia en los t\u00e9rminos expresados, obsta de plano al \u00e9xito de la acci\u00f3n ejercitada. Pero es que. a\u00fan admitiendo a efectos puramente dial\u00e9cticos. que el citado demandado fuese aforado vizcaino al tiempo de celebrar sus nupcias, id\u00e9ntica seria la suerte desestimatoria que habr\u00eda de predicarse de la pretensi\u00f3n deducida, nulidad de las capitulaciones matrimoniales, al amparo de lo establecido en el Articulo 6.3.\u00ba del C\u00f3digo Civil, por contravenir lo dispuesto en el Articulo 41 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y \u00c1lava. Ciertamente, el citado Art\u00edculo 41, que resulte derogado por la reciente Ley 6\/1988, de 18 de marzo, de modificaci\u00f3n parcial del Decreto Civil Foral, aprobada por el Parlamento Vasco, y publicada en el Bolet\u00edn Oficial del Pais Vasco de 12 de abril de 1988, establece la inmutabilidad del r\u00e9gimen econ\u00f3mico-matrimonial una vez celebrado el matrimonio, compartiendo esta Sala el criterio interpretativo mantenido por la Resoluci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de los Registros y del Notariado de 6 de mayo de 1977, de que el. referido Articulo contiene seg\u00fan su tenor literal, dos normas de distinto contenido. una de Derecho Material o sustantivo, por la que se establece el principio de inalteralibilidad del r\u00e9gimen econ\u00f3mico-matrimonial. y otra, de Derecho formal, por la que se resuelve la cuesti\u00f3n de Derecho<\/p>\n

interregional relativa a la repercusi\u00f3n en el r\u00e9gimen de bienes de los cambios de vecindad sobrevenidos a los contrayentes, y en tanto que la segunda de, las normas descritas, fue sustituida por las normas del nuevo titulo Preliminar del C\u00f3digo Civil, la primera de ellas. como norma foral ha mantenido su vigencia hasta la derogaci\u00f3n rese\u00f1ada. Pero, el otorgamiento durante su vigencia. De capitulaciones matrimoniales por quienes al contraer matrimonio fuesen aforados vizca\u00ednos, en las que se modifique el r\u00e9gimen matrimonial, no determina necesariamente la nulidad de las mismas. por mor de lo establecido en el Articulo 6.3.\u00ba del C\u00f3digo Civil. pues el referido precepto viene siendo interpretado de manera ciertamente flexible por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que es claro exponente la Sentencia de 17 de octubre de 1987. la cual expresa que: “Esta Sala. al enfrentarse con el texto del n\u00fam. 3 del Art\u00edculo 6, con antecedente ,en el p\u00e1rrafo 1.” del Articulo 4 antiguo del C\u00f3digo Civil, ha reconocido su importancia. proclamando (Sentencia de 1 de marzo de 1934) que constituye un auxilio del Derecho para remediar las faltas fundamentales o graves cometidas en actos jur\u00eddicos o procesales (para \u00e9stos. v\u00e9ase ahora el r\u00e9gimen de los Articulas 238 y 243 de la Ley del Poder Judicial): pero. al mismo tiempo. de ese reconocimiento se ha visto compelida a delimitar su preciso alcance establecido (Sentencias 19 de octubre de 1944 y 28 de enero de 1958) que el precepto se limita a formular un principio de gran generalidad (Sentencias entre otras, de 18 de octubre de 1963. 22 de marzo de 1965, 1 de febrero y 8 de marzo de 1966, 19 de enero de 1967, 31 de enero de 1968, 14 de diciembre de 1971, 30 de junio de 1978 y 8 de junio de 1979) que hace, deba ser interpretado no con criterio r\u00edgido. sino con criterio flexible, por lo que no es posible admitir que toda disconformidad con una ley cualquiera haya de llevar siempre consigo la sanci\u00f3n extrema de la nulidad, ni tampoco que sea preciso para la validez de los actos contrarios a la ley que tal validez sea dispuesta de modo textual en la misma. El precepto (Sentencias 27 de febrero de 1964 y 28 de junio de 1986) no puede aplicarse indiscriminadamente como determinante de la nulidad, sino que hay 1hgar a clasificar los actos contrarios a la ley en tres distintos grupos: Primero: Aquellos cuya nulidad se funda en un precepto especifico y terminante de la ley que asi lo imponga, siendo obvio que la nulidad ha de decretarse entonces incluso de oficio. Segundo: Actos contrarios a la ley en que la ley misma entonces reconoc\u00e9rseles validez a tales actos contra la legem. Tercero: Actos que contrar\u00eden o falten a alg\u00fan precepto legal, sin que \u00e9ste formule declaraci\u00f3n expresa sobre su nulidad o validez, debiendo entonces el juzgador expresar su prudencia en uso de una facultad hasta cierto punto discrecional. analizando para ello la indole y finalidad del precepto legal contrariado y la naturaleza. m\u00f3viles. circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados, para concluir declarando valido el acto, pese a la infracci\u00f3n legal, si la levedad del caso as\u00ed lo permite o aconseja y sancion\u00e1ndole con la nulidad si median trascendentales razones que patenticen al acto como gravemente contrario al respeto debido a la ley, la moral o el orden p\u00fablico, encontr\u00e1ndose inficcionado de lo que el C\u00f3digo llama “causa torpe”. Esta doctrina se completa con la de la nulidad parcial de aquellos contratos en los cuales s\u00f3lo alg\u00fan pacto resulte contrario a la ley y siempre que conste, adem\u00e1s, que se habr\u00eda concertado a\u00fan sin la parte nula (Sentencias de 10 de octubre de 1977 y las que en ella se citan y \u00faltimamente la de 4 de diciembre de 1986)” Es as\u00ed que, dentro de la clasificaci\u00f3n apuntada, las capitulaciones matrimoniales en las que se modifica el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial existente al tiempo de contraer matrimonio, contraviniendo lo dispuesto en el Art\u00edculo 41 citado, deben incardinarse en el tercero de los grupos descritos, esto es, en el de los actos que contrar\u00eden o falten a alg\u00fan precepto legal, sin que \u00e9ste formule declaraci\u00f3n expresa sobre sus nulidad o validez, debiendo entonces el Juzgador examinar la indole y finalidad del precepto legal contrariado y la naturaleza. m\u00f3viles, circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados.<\/p>\n

Doctrina legal la expuesta que, aplicada al caso contemplado, siempre en la hip\u00f3tesis de que el demandado fuese aforado vizcaino al tiempo de contraer matrimonio, que conduce ineludiblemente a declarar v\u00e1lidas las capitulaciones matrimoniales a que la litis se refiere, pues de un lado. como entienden la mayor parte de los tratadistas la inmutabilidad establecida en el Art\u00edculo 41 rese\u00f1ado, carece de arraigo en el Derecho Foral Vizcaino, inspirado por el contrario en la libertad de pacto, de forma que su inclusi\u00f3n en la Compilaci\u00f3n no fue sino una trasposici\u00f3n al Derecho Foral del principio de inmutabilidad establecido en el C\u00f3digo Civil en su anterior redacci\u00f3n, por lo que su<\/p>\n

subsistencia como norma foral vigente, iba, no s\u00f3lo en contra de los principios imperantes en el Derecho Foral en que se incardinaba, sino tambi\u00e9n de forma palmaria contra la realidad social. demandante de la libertad de pactos post-nupciales, m\u00e1xime con posterioridad a las reformas operadas en el C\u00f3digo Civil por la Ley 14\/1975 de 2 de mayo. Ley 11\/1981, de 13 de mayo, y la Ley 3C\/1981. de 7 de julio, sentir social. determinante de que la citada Ley 6\/1988, de 18 de marzo, de modificaci\u00f3n parcial del Derecho Civil Foral, aprobada por el Parlamento Vasco, tras establecer el principio de libertad en el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales antes o despu\u00e9s de contra\u00eddo matrimonio, viene a derogar el precitado Art\u00edculo 41 en su Disposici\u00f3n Derogatoria: y de otro lado, porque el acto examinado, ha de enmarcarse en el contexto en que se produjo, crisis matrimonial en la que, proyectando los c\u00f3nyuges la presentaci\u00f3n de una demanda de separaci\u00f3n matrimonial de mutuo acuerdo, suscribieron un convenio regulador encaminado a dar cumplimiento a lo establecido en los Articulos 81 y 86 del C\u00f3digo Civil, en el cual se remit\u00edan expresamente a las capitulaciones matrimoniales que ambos suscribir\u00edan, otorgadas escasas fechas despu\u00e9s, siendo igualmente pr\u00f3xima la presentaci\u00f3n de la demanda rese\u00f1ada; marco este. en el que se otorgaron que. impide calificarlas como gravemente contrarias al “respeto debido a la Ley, la moral o el orden p\u00fablico”. y mucho menos, inficcionadas de lo que el C\u00f3digo Civil llama “causa torpe”, y que permite proclamar por el contrario su plena validez.<\/p>\n

QUINTO.-Con car\u00e1cter subsidiario, para el caso de que no se estimase la pretensi\u00f3n principalmente deducida, insta la parte actora la rescisi\u00f3n por la lesi\u00f3n de las operaciones de liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales, con base en lo dispuesto en el Articulo 1.410 del C\u00f3digo Civil, en relaci\u00f3n con el Articulo 1.074 del citado Texto Legal. Posibilidad \u00e9sta. de ejercitar la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n en mas de la cuarta parte. atendiendo al valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. que. discutida por la parte demandada recurrida. aun en el acto de la Vista de esta alzada, exige la precisi\u00f3n de que, recurrida, la cual desestim\u00f3 la demanda por entender que no se produce la lesi\u00f3n invocada, no puede ser aqui cuestionada. so pena de vulnerar el principio prohibitivo de la “reformatio in peius”, siquiera quepa citar aqui. ante la argumentaci\u00f3n de la parte demandada contraria a dicha posibilidad, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1983, de inter\u00e9s para el caso contemplado. por cuanto viene a recoger la f\u00f3rmula a seguir a fin de apreciar la concurrencia de la lesi\u00f3n determinante del \u00e9xito de la acci\u00f3n ejercitada, dado que la parte actora recurrente impugna la Sentencia de instancia, atribuyendo a la citada resoluci\u00f3n error en el referido calculo.<\/p>\n

SEXTO.-En la escritura de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales con fecha 29 de mayo de 1984. los bienes relacionados como gananciales, fueron valorados y adjudicados de la siguiente manera: l.\u00ba.-Vivienda izquierda del piso tercero de la casa n.\u00ba 1 de la calle E. de Baracaldo, 4.000.000 pesetas; 2.\u00ba.- Imposici\u00f3n bancaria por importe de 1.500.000 pesetas; 3.\u00ba.-Las joyas, valoradas en 2.000.000 pesetas; 4.\u00ba.-Ajuar dom\u00e9stico. valorado en 2.000.000 pesetas; 5.\u00ba.-Dinero efectivo por importe de 1.700.000 pesetas; siendo los descritos, adjudicados a la actora; y 6.\u00ba.- Veh\u00edculo Talbot Horizon, valorado en 200.000 pesetas; 7.\u00ba.-Embarcaci\u00f3n marca Lima, 200.000 pesetas: 8.\u00ba.-Participaciones sociales de la mercantil P. L. S. L. 10.800.000 pesetas; adjudicados los \u00daltimos al demandado. Valorados segun es de ver un total de 22.400.000 pesetas, cada uno de los c\u00f3nyuges result\u00f3 adjudicatario de bienes por importe de 11.200.000 pesetas. La actora ahora recurrente, alega una sobrevaloraci\u00f3n en los bienes que a ella le fueron adjudicados, y una infravaloraci\u00f3n de los asignados a su esposo. En lo que a los primeros concierne, esta Sala acoge los razonamientos que condujeron al Juzgador de instancia a mantener inalterable la valoraci\u00f3n dada por los c\u00f3nyuges a los referidos bienes en la escritura rese\u00f1ada; igualmente, ha de admitirse la valoraci\u00f3n asignada a los bienes adjudicados al esposo, veh\u00edculo y embarcaci\u00f3n, pues no obstante el informe pericial obrante en autos en cuanto al valor del veh\u00edculo concierne, superior al asignado al mismo en la operaci\u00f3n particional debatida, no puede ignorarse que en el valor de un vehiculo influyen diversos factores. entre otros. Y como importante. que no pudo ser tomado en consideraci\u00f3n por el perito informante, el del estado en que se encontraba. al tiempo de efectuarse aquella. Y es en el bien. “participaciones sociales de la mercantil P. L. S. L.” donde si se aprecia la infravaloraci\u00f3n invocada. En efecto, alega la actora que ya un a\u00f1o antes de procederse a la<\/p>\n

liquidaci\u00f3n de la sociedad de gananciales, la citada sociedad era due\u00f1aa de un terreno y un pabell\u00f3n industrial adquiridos en 30.000.000 de pesetas. por lo que, siendo el demandado due\u00f1o del 100% de las participaciones sociales de tal empresa, su valor era muy superior al que le fue asignado de 10.800.000 pesetas, pues adem\u00e1s del terreno y e1 pabell\u00f3n industrial. pose\u00eda diversa maquinaria, veh\u00edculos, cartera de clientes. etc.; concluyendo, que, a\u00fan sin poder cifrarlo con detalle, se estima que al demandado se le asign\u00f3 un lote cuyo valor real es muy superior a los 50.000.000 de pesetas. Y, es lo cierto que, si bien la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles o de otra \u00edndole. en lo que parece incidir la actora para asignar un superior valor a las participaciones sociales que le fueron adjudicadas al demandado. no puede ser determinante en los t\u00e9rminos absolutos que pretende la citada parte, del valor de la empresa. cuya titularidad ostenta la sociedad de cuyas participaciones se trata, no lo es menos que. conforme a la prueba pericia1 practicada, puede tenerse por probado que el valor de la mercantil “P. L. S. L.” en mayo de 1984 era el de 42.308.992 pesetas. y cada una de las 10.800 participaciones sociales, valia 3.917.500 pesetas. por lo que. adjudicadas las dichas 10.800 participaciones al demandado, se le asign\u00f3 por tal concepto la citada cifra de 42.308.992 pesetas. Asi pues. el importe total de los bienes a repartir no era el de 22.400.000 pesetas. sino el de 53.908.992 pesetas. de suerte que cada uno de los esposos habria de percibir 26.954.496 pesetas. y en consecuencia a la actora para que no hubiese lesi\u00f3n de cuarta parte. un m\u00ednimo de 20.215.872 pesetas: y como quiera que le fueron adjudicados bienes por valor de 11.200.000 pesetas, es claro que existi\u00f3 una lesi\u00f3n que excede en m\u00e1s de la cuarta parte, llegando incluso a superar en la mitad de aquella que hubiese tenido derecho a percibir. Debiendo cifrarse la misma en 15.754.496 pesetas SEPTIMO.-La parte actora. bajo apartado c) del ordinal 2.”. pretende se condene al demandado a abonar a la actora el importe equivalente a los frutos e intereses que la lesi\u00f3n ha impedido que percibiera. cuya cuant\u00eda se fijara, en caso de desacuerdo, en ejecuci\u00f3n de sentencia. Pretensi\u00f3n que ha de tener favorable acogida por virtud de lo dispuesto en el Art\u00edculo 1.295 del C\u00f3digo Civil y como medio de obtener una reparaci\u00f3n plena del da\u00f1o sufrido.<\/p>\n

OCTAVO.-Por lo anteriormente razonado, se est\u00e1 en el caso de estimar parcialmente la demanda, determinando ello que no se haga expresa imposici\u00f3n de las costas de primera instancia, sin que proceda hacer imposici\u00f3n de las de alzada ante la estimaci\u00f3n parcial del recurso que aqui se efect\u00faa.<\/p>\n

SAP de Bizkaia,<\/strong> sec. 4\u00aa, de 09-03-1990<\/p>\n

Instituci\u00f3n a favor de los nietos, viviendo los hijos, padres de aqu\u00e9llos.<\/p>\n

La causante instituy\u00f3 por sus herederos a sus nietos y al mismo tiempo leg\u00f3 determinados bienes a algunos de \u00e9stos, apartando estas instituciones a sus hijos, padres de los designados. Los hijos apartados impugnaron la instituci\u00f3n de herederos, as\u00ed como los legados, en cuanto \u00e9stos lesionaran la leg\u00edtima foral. El Juzgado estim\u00f3 la demanda. La Audiencia revoca la sentencia del Juzgado y desestima \u00edntegramente la demanda, reconociendo la validez tanto de las instituciones de herederos, como de los legados dispuestos.<\/p>\n

TEXTO<\/p>\n

(…)<\/p>\n

Primero. Las partes litigantes est\u00e1n conformes porque asi lo manifiestan expresamente en la vista oral ratificando la exposici\u00f3n de hechos de sus escritos de demanda y de contestaci\u00f3n, con las circunstancias f\u00e1cticas que motivan el presente pleito y que las reconoce la sentencia recurrida, por lo que la \u00fanica cuesti\u00f3n del pleito y del recurso de apelaci\u00f3n se centra en determinar si en el Derecho Foral Vizca\u00edno pueden heredar los nietos del causante viviendo los hijos de \u00e9ste, tesis que mantiene la parte hoy recurrente y que rechaza el Juzgador \u00aba quo\u00bb acogiendo la postura del demandante, hoy apelado, sobre la base del criterio del Fuero como antecedente hist\u00f3rico de la Compilaci\u00f3n en vigor, el cual, expresamente, no admit\u00eda la disposici\u00f3n a favor de los nietos viviendo los padres de estos, pues tan s\u00f3lo se consideraban herederos forzosos los nietos en representaci\u00f3n del padre premuerto, -Ley 11, T\u00edtulo XX- en el que se establec\u00eda que todo hombre o mujer que tenga hijos leg\u00edtimos pueden dar o dejar a uno de ellos, o a nietos o descendientes de hijo o hija leg\u00edtimo que haya fallecido, todos sus bienes apartando a los otros con alg\u00fan tanto de tierra, poco o mucho. Por tanto, hist\u00f3ricamente est\u00e1 fuera de toda duda que no se pod\u00eda mejorar a los nietos viviendo sus padres. Sin embargo, es un problema suscitado y debatido que no aclara de una forma expresa la actual Compilaci\u00f3n, lo que ha provocado el mantenimiento de diversas corrientes doctrinales a favor de una u otra tesis que, por ser conocidas solamente mencionamos. No obstante, la Complicaci\u00f3n de 1959, pese a ser evidente la necesidad de su reforma y actualizaci\u00f3n, no ha sido modificada y su estudio desde una perspectiva judicial requiere un llamamiento a la seguridad jur\u00eddica, que sin otra pretensi\u00f3n que la de decidir sobre dos posturas encontradas como causa originadora de esta litis, resuelva la contienda suscitada como funci\u00f3n, obviamente, propia de los Tribunales de Justicia.<\/p>\n

Desde dicha perspectiva decimos,la seguridad jur\u00eddica viene dada en la actualidad por la Compilaci\u00f3n de 1959 y el Derecho supletorio del C\u00f3digo Civil -disposiciones finales de la repetida Compilaci\u00f3n- y en aras a dicha seguridad como condici\u00f3n esencial de la eficacia del Derecho, hoy por hoy, a dichos Textos legales hemos de ajustarnos para evitar un estado de incertidumbre permanente, lo que por otra parte tambi\u00e9n establec\u00eda el Fuero Nuevo de 1527 cuando en la Ley 3 del T\u00edtulo XXXVI y la Ley 13 del T\u00edtulo VII establec\u00eda como fuentes del Derecho Foral Vizca\u00edno el Fuero de Vizcaya y subsidiariamente el Derecho de Castilla. As\u00ed las cosas y centr\u00e1ndonos en la situaci\u00f3n concreta que es objeto de la litis no existe laguna en la Compilaci\u00f3n por lo que \u00e9sta regulaci\u00f3n jur\u00eddica es la que debe aplicarse. El art\u00edculo 22 dice \u00abla herencia forzosa se difiere por el siguiente orden:… a los hijos y descendientes leg\u00edtimos con derecho a representaci\u00f3n a favor de su descendencia leg\u00edtima\u00bb; es decir, considera herederos forzosos a los hijos y descendientes sin distinci\u00f3n, recogiendo as\u00ed la posibilidad abierta de disponer a favor de los nietos viviendo sus padres. Esta interpretaci\u00f3n literal del articulo 22 est\u00e1 en concordancia con un b\u00e1sico y viejo principio Foral, cual es el de la libertad testatoria y con el propio fundamento de dicha libertad foral testamentaria de elegir el sucesor m\u00e1s id\u00f3neo para el caser\u00edo, ya que ampl\u00eda los posibles candidatos<\/p>\n

permitiendo la elecci\u00f3n entre varios, sobre todo, en el caso de hijo \u00fanico. Siendo esencial esa libertad, una interpretaci\u00f3n distinta nos llevar\u00eda a admitir la incongruencia, como ocurr\u00eda estando vigente el Fuero, de que en Derecho Com\u00fan no rigiendo como b\u00e1sico ese principio de libertad civil y existiendo la leg\u00edtima individual forzosa, sin embargo, una parte de los dos tercios que forman la leg\u00edtima -el llamado tercio de mejora- permite al causante disponer en favor de los nietos viviendo los hijos de aqu\u00e9l.<\/p>\n

No existiendo esa limitaci\u00f3n en el Derecho Com\u00fan, en buenos principios l\u00f3gicos e interpretativos, sin perjuicio del inter\u00e9s latente de que se aclare el problema de una manera expresa en la nueva Compilaci\u00f3n, y respetando el criterio sustentado por la parte demandante apelada compartido por el Juzgador de instancia, esta Sala considera que ha de prevalecer el sentido ya propugnado de entender que la actual Compilaci\u00f3n considera legitimarios, tanto a los hijos como a los descendientes y no como lo entend\u00eda el Fuero, de considerar herederos forzosos s\u00f3lo a los hijos y a los descendientes por representaci\u00f3n.<\/p>\n

Finalmente, respecto del argumento esgrimido por el demandante en base el art\u00edculo 814 del C\u00f3digo Civil, cabe decir, que habiendo desaparecido en el derecho vigente la exigencia de asignar al \u00abapartado\u00bb precisamente \u00abalgo de tierra\u00bb, -\u00abcon poco, o mucho de tierra\u00bb, Ley VI, T\u00edtulo 20-. que era constante en el Fuero, lo \u00fanico necesario para evitar la preterici\u00f3n de los parientes en l\u00ednea recta es que conste la voluntad del testador o donante de excluir de la herencia a cada uno de los no favorecidos, como acontece en el supuesto enjuiciado, y s\u00f3lo cuando no conste as\u00ed, hay preterici\u00f3n y por tanto, aplicable a falta de otro precepto el art\u00edculo 814 del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n

AUDIENCIA PROVINCIAL. Secci\u00f3n 2<\/strong><\/p>\n

BILBAO<\/strong><\/p>\n

PEDRO IBABRETXE, S\/N<\/strong><\/p>\n

Proc. Origen: JUICIO DE MENOR CUANT\u00cdA N\u00b0 905\/90<\/strong><\/p>\n

Juzgado: PRIMERA INSTANCIA N\u00ba 1 DE BILBAO<\/strong><\/p>\n

N\u00ba REGISTRO DE LA SALA: APELACI\u00d3N CIVIL 211\/91<\/p>\n

SENTENCIA N\u00ba 71<\/p>\n

ILMOS. SRES.<\/p>\n

D\/D\u00f1a. M\u00aa JES\u00daS ERROBA ZUBELDIA<\/p>\n

D\/D\u00f1a. JUAN AYALA GARCIA<\/p>\n

D\/D\u00f1a. JAVIER RODRIGUEZ GALARZA<\/p>\n

En BILBAO, a quince de Mayo de mil novecientos noventa y dos.<\/p>\n

VISTOS por la Secci\u00f3n 2\u00aa de esta Audiencia Provincial en grado de apelaci\u00f3n, los presentes autos de juicio de menor cuant\u00eda seguidos en primera instancia ante el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 1 de Bilbao y del que son partes como demandante Eugenia representado por el Procurador D. Fernando Monge P\u00e9rez y dirigido por el Letrado Sr. Barqu\u00edn y como demandado Bilbao Bizkaia Kutxa, representada por la Procuradora Sra. Lujan Velasco y dirigido por la Letrado Sra. Tijero; y<\/p>\n

contra Raimunda , Jaime , Maximo , Romulo , Mar\u00ed Juana y Jose Ignacio , estos rebeldes a lo largo del procedimiento siendo Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN AYALA GARCIA.<\/p>\n

ANTECEDENTES DE HECHO<\/p>\n

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.<\/p>\n

PRIMERO.- Por el Juzgador de primera instancia se dict\u00f3 con fecha 8-4-91 sentencia, cuya parte dispositiva dice literalmente “FALLO: Que estimo la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n activa alegada por la Procuradora Sra. Velasco, en nombre y representaci\u00f3n de Bilbao Bizkaia Kutxa, no habiendo lugar a entrar en el fondo del asunto y en consecuencia procede la absoluci\u00f3n de los demandados de los pedimentos de la actora debiendo seguir adelante la ejecuci\u00f3n; todo ello con expresa condena de las costas causadas a favor de la actora”.<\/p>\n

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelaci\u00f3n por la representaci\u00f3n de D\u00aa. Eugenia y admitido dicho recurso en ambos efectos se elevaron los autos a esta Audiencia, previo emplazamiento de las partes. Personado en tiempo y forma el apelante, se sigui\u00f3 este recurso por sus tr\u00e1mites.<\/p>\n

TERCERO.- En el acto de la vista la parte apelante solicit\u00f3 la revocaci\u00f3n de la sentencia y la estimaci\u00f3n de la demanda inicial; la parte apelada solicit\u00f3 la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada.<\/p>\n

CUARTO.- En la tramitaci\u00f3n de estos autos en ambas instancias, se han observado las formalidades y t\u00e9rminos legales.<\/p>\n

FUNDAMENTOS JURIDICOS<\/p>\n

PRIMERO.- Impugna el apelante la sentencia de instancia sobre la base de los siguientes argumentos: el matrimonio formado por D\u00aa. Eugenia y D. Alexander (fallecido), contrajeron matrimonio en Getxo, y al adquirir los bienes objeto de la tercer\u00eda, eran vecinos de la localidad de Getxo. Por tanto, el r\u00e9gimen econ\u00f3mico de su matrimonio, de acuerdo con la Compilaci\u00f3n Vizca\u00edna, era el de comunicaci\u00f3n foral de bienes. El embargo que ha trabado en el juicio ejecutivo la entidad Bilbao Bizkaia Kutxa, tiene su origen en un aval prestado por D. Alexander en el que ninguna participaci\u00f3n tuvo su esposa, hoy apelante. De conformidad con el art\u00edculo 46 de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya, “las deudas y obligaciones contra\u00eddas por cualquiera de los c\u00f3nyuges sin el consentimiento del otro, \u00fanicamente ser\u00e1n de cargo de la respectiva mitad del obligado…”. Por tanto, siendo comunicados los bienes embargados, y respondiendo \u00fanicamente con los bienes privativos del esposo la deuda contra\u00edda por \u00e9ste sin consentimiento de la recurrente, procede alzar el embargo.<\/p>\n

La parte recurrida solicit\u00f3 la confirmaci\u00f3n de la sentencia, sobre los siguientes argumentos: contra\u00eddo el matrimonio en 1.946, el texto regulador es el Fuero Nuevo de 1.526 y no la Compilaci\u00f3n; aqu\u00e9l se\u00f1ala el comienzo de la comunicaci\u00f3n al disolverse el matrimonio con hijos, momento hasta el cual puede haber bienes de variado car\u00e1cter que conservan su naturaleza hasta aquel momento.<\/p>\n

Por otra parte, seg\u00fan la recurrida, carece la actora de legitimaci\u00f3n activa para presentar una tercer\u00eda de dominio sobre bienes gananciales, por la imposibilidad de acreditar un dominio exclusivo y excluyente -previo al embargo- sobre los bienes.<\/p>\n

No est\u00e1 bien constituida la relaci\u00f3n procesal, porque no han sido demandados en la Tercer\u00eda todos los ejecutado. Por \u00faltimo, s\u00ed puede el marido vincular bienes gananciales, sin necesidad del<\/p>\n

consentimiento de la mujer, pues en la \u00e9poca que prest\u00f3 el aval -por otra parte, para pr\u00e9stamo a una sociedad de la que el marido era socio, administrador y gerente- al marido le ven\u00eda atribuida la administraci\u00f3n de los bienes.<\/p>\n

Estos son, expuestos de modo sucinto, los t\u00e9rminos del debate en esta alzada.<\/p>\n

SEGUNDO.- Sostiene el actor-apelante que los bienes embargados tienen la naturaleza de comunicados, pues se adquirieron constante matrimonio para la sociedad conyugal, siendo de aplicaci\u00f3n entonces el articulo 43 de la Compilaci\u00f3n. En la opini\u00f3n del apelado, no es aplicable la Compilaci\u00f3n sino el Fuero, que determina como comienzo de la Comunicaci\u00f3n al ser el matrimonio “suelto con hijos” (Ley 1\u00aa T\u00edtulo XX del Fuero).<\/p>\n

La discusi\u00f3n sobre el momento de comienzo de la comunicaci\u00f3n carece de verdadera transcendencia a los efectos del presente pleito. Pues en el caso del Fuero tanto como en el de la Compilaci\u00f3n (a pesar de la redacci\u00f3n del art\u00edculo 43 de la Compilaci\u00f3n) no hay propiamente comunicaci\u00f3n hasta tanto no se disuelve el matrimonio con hijos; hasta ese momento es parecer doctrinal mayoritario que los bienes son comunicables, est\u00e1n en expectativa de comunicaci\u00f3n, regul\u00e1ndose por los textos citados la administraci\u00f3n de los mismos, surgiendo la comunicaci\u00f3n al disolverse el matrimonio con hijos.<\/p>\n

Pero ello no impide que, constante matrimonio, haya bienes gananciales. No lo imped\u00eda el Fuero, que distingu\u00eda diversos tipos de bienes. Tambi\u00e9n los “conquistados o mejorados”; ni la Compilaci\u00f3n (art\u00edculo 44), lo que sucede s que, disuelto el matrimonio con hijos, surgen propiamente los efectos de la comunicaci\u00f3n, hasta ese momento latentes. Pero, hasta entonces, puede haber bienes gananciales.<\/p>\n

TERCERO.- Determinado lo anterior, procede examinar la naturaleza de los bienes embargados. Cuando fueron adquiridos y constante matrimonio, parece indudable su naturaleza ganancial, pues se ingresaron en el patrimonio social y sin atribuci\u00f3n de cuotas. Pero, disuelto el matrimonio con hijos -como es el caso-, los bienes son comunicados. No debe perderse de vista el doble plano de an\u00e1lisis: el momento de adquisici\u00f3n y el momento de ejercicio de la acci\u00f3n. Pues su confusi\u00f3n lleva a aumentar las dificultades que el manejo de los textos forales en esta materia lleva consigo.<\/p>\n

CUARTO.- Conforme establece el articulo 46 de la Compilaci\u00f3n la administraci\u00f3n de los bienes del matrimonio se regir\u00e1 por el C\u00f3digo Civil . Y a\u00f1ade: “las deudas y obligaciones contra\u00eddas por cualquiera de los c\u00f3nyuges sin consentimiento del otro, \u00fanicamente ser\u00e1n de cargo de la respectiva mitad del obligado, la cual, si por esta causa fuere vendida, el c\u00f3nyuge que por su deuda u obligaci\u00f3n dio lugar a la venta no tendr\u00e1, constante matrimonio, parte alguna en la mitad restante, que no podr\u00e1 ser enajenada por el otro c\u00f3nyuge y deber\u00e1 destinarse a los alimentos de la familia”.<\/p>\n

Lo que el recurrente sostiene es que la obligaci\u00f3n, de car\u00e1cter gratuito (aval), fue contra\u00edda por el marido sin consentimiento de la esposa, por lo que s\u00f3lo responde la mitad de los bienes del obligado.<\/p>\n

Pero esa interpretaci\u00f3n es insostenible, y el correcto entendimiento de esta cuesti\u00f3n es el punto esencial del debate.<\/p>\n

No puede afirmarse simplemente que la deuda fue contra\u00edda por el marido sin consentimiento de la mujer, pues el aval fue prestado a una sociedad de la que era socio, administrador y gerente. Siendo esto as\u00ed, parece que actuaba el marido en beneficio de la comunidad, y lo hac\u00eda dentro del marco de sus competencias ( art\u00edculo 46 p\u00e1rrafo 1\u00ba Compilaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el ..-. art\u00edculo 1.412 del C\u00f3digo civil entonces vigente). El art\u00edculo 46 p\u00e1rrafo segundo de la Compilaci\u00f3n excluye deudas de la responsabilidad del haber com\u00fan, pero no cualesquiera y todas las deudas, sino -como entiende la<\/p>\n

mejor doctrina en armon\u00eda con una interpretaci\u00f3n hist\u00f3rica- aqu\u00e9llas que proceden de delito, culpa extracontractual, anteriores al matrimonio o sin utilidad para \u00e9ste. No es el caso; la deuda se adquiere para el negocio familiar.<\/p>\n

As\u00ed pues, contra\u00edda la deuda por el marido en la administraci\u00f3n de los bienes en beneficio de la comunidad, decae el \u00f3bice de que faltara el consentimiento de la esposa, que no era necesario.<\/p>\n

QUINTO.- Pero con la muerte de D. Alexander , los bienes -tambi\u00e9n los gananciales- se comunican. Y, aunque no lo diga la Compilaci\u00f3n expresamente, tambi\u00e9n las deudas. De \u00e9stas responden los bienes que en virtud de la comunicaci\u00f3n pertenecen al c\u00f3nyuge viudo por una parte y a los hijos por otra hasta la disoluci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n (articulo 47 Compilaci\u00f3n) por mitades. Por tanto, la parte de los bienes que en este pleito solicita la parte sean liberados del embargo, est\u00e1n sujetos a las deudas contra\u00eddas constante matrimonio.<\/p>\n

Resumiendo cuanto hasta ahora se ha dicho:<\/p>\n

1 .- La deuda de que trae causa la traba fue contra\u00edda constante matrimonio por el marido en el ejercicio de sus facultades de administraci\u00f3n, en beneficio del haber familiar, por lo que no precisaba el consentimiento de la mujer.<\/p>\n

2 .- La comunicaci\u00f3n foral, constante matrimonio, no impide que haya bienes de car\u00e1cter ganancial. Estos, disuelto el matrimonio con hijos, tienen naturaleza de comunicados. En el caso, los bienes trabados -en origen gananciales- son al ejercitarse la tercer\u00eda bienes comunicados.<\/p>\n

3 .- Pero los bienes comunicados responden de las deudas conyugales. La mitad perteneciente a la tercerista tambi\u00e9n, por lo que el embargo no est\u00e1 indebidamente trabado, siendo improcedente la acci\u00f3n ejercitada.<\/p>\n

SEXTO.- De acuerdo con lo anterior, cobra verdadero fundamento la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n activa, como afectante al fondo de la cuesti\u00f3n, en el sentido de que la esposa no es ajena a la deuda origen de la traba, en el sentido expuesto en esta resoluci\u00f3n, y en la sentencia T.S. de 20-3-1.989 , que, aunque referida a un supuesto de ganancialidad, es aqu\u00ed paralelamente aplicable.<\/p>\n

S\u00c9PTIMO.- De acuerdo con el art\u00edculo 710 LEC , procede imponer las costas de esta alzada al apelante, al ser la Presente resoluci\u00f3n confirmatoria de la de la primera instancia.<\/p>\n

VISTOS los preceptos legales citados y dem\u00e1s de general y pertinente aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

FALLAMOS<\/p>\n

Que desestimando el recurso interpuesto por el procurador Sr. Monge, en representaci\u00f3n de D\u00aa. Eugenia , contra la sentencia del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00ba 1 de Bilbao, de fecha 8-4-91 , debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resoluci\u00f3n; con imposici\u00f3n de las costas de esta alzada a la parte recurrente.<\/p>\n

As\u00ed, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.<\/p>\n

PUBLICACI\u00d3N.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y le\u00edda por el\/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo d\u00eda de su fecha de lo que yo el\/la Secretario certifico.<\/p>\n

Audiencia Provincial de Vizcaya, Secci\u00f3n 4\u00aa, Sentencia de 2 Sep. 1992 TextoNormativa AplicadaVoces<\/p>\n

Expandir \/ Contraer \u00edndice sistem\u00e1tico<\/p>\n

ANTECEDENTES DE HECHO<\/p>\n

FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/p>\n

FALLO<\/p>\n

Ponente: Iracheta Undagoitia, Ana Bel\u00e9n LA LEY 10243\/1992<\/p>\n

COMPRAVENTA: Validez del contrato celebrado. Necesidad de consentimiento de ambos consortes seg\u00fan la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco. Interpretaci\u00f3n de la expresi\u00f3n \u00abse\u00f1al o fianza\u00bb utilizada por los contratantes.<\/p>\n

TEXTO<\/p>\n

(…)<\/p>\n

Primero. Al efecto de la resoluci\u00f3n del presente recurso gozan de inter\u00e9s los siguientes antecedentes: 1) Con fecha 21 de febrero de 1989 D.\u00aa M.\u00aa Angeles G.G., casada con D. juan Luis S.Z., del que se hallaba separada legalmente con domicilio en Lejona y D. Jos\u00e9 Luis B.C. celebraron contrato de compraventa en documento privado sobre el terreno denominado \u00abJaro Ermiteaspi\u00bb, sito en el municipio de Erandio por el precio de 8.200.000 ptas., cuyo pago con excepci\u00f3n de la suma de 100.000 ptas., entregadas por el comprador a la firma del contrato, qued\u00f3 aplazado al de otorgamiento de la escritura p\u00fablica, supeditado por las partes a que las normas urban\u00edsticas del municipio de Erandio, pendientes de aprobaci\u00f3n, otorgasen una calificaci\u00f3n al terreno objeto del contrato que permitiese su edificaci\u00f3n. 2) Aprobadas provisionalmente las normas subsidiarias de planeamiento del municipio de Erandio y calificado el terreno objeto del contrato como apto para edificar, el comprador interes\u00f3 de la vendedora, el otorgamiento de escritura p\u00fablica y, ante la negativa de \u00e9sta interpuso demanda solicitando el cumplimiento del referido contrato a lo que la vendedora se opuso alegando la invalidez del contrato por falta de consentimiento de su esposo, necesario para la validez del acto de disposici\u00f3n por tratarse de un bien comunicado y formul\u00f3 reconvenci\u00f3n con la s\u00faplica de que se declarase la nulidad del referido contrato y, subsidiariamente, para el supuesto de que se estimase v\u00e1lido el contrato, se declarase resuelto el suscrito por las partes, por desistir del mismo la vendedora, en ejercicio de la facultad resolutoria dimanante de las arras penitenciales que mediaron el contrato otorgado por los litigantes. 3) La Sentencia de Primera Instancia, estima la demanda y desestima la reconvenci\u00f3n y contra la misma se interpuso el presente recurso de apelaci\u00f3n por la parte demandada reproduciendo, en apoyo del mismo, los argumentos que esgrimi\u00f3 en Primera Instancia.<\/p>\n

Segundo. De lo expuesto en el fundamento precedente se desprende que la primera cuesti\u00f3n a resolver es la relativa a la validez del contrato de compraventa de fecha 21 de febrero de 1989, que se acompa\u00f1\u00f3 a la demanda como doc. n.\u00ba 3, que la vendedora considera nulo por error en su consentimiento y por falta de prestaci\u00f3n de consentimiento de su esposo.<\/p>\n

La oposici\u00f3n de la vendedora a la validez del contrato por desconocimiento e ignorancia de la significaci\u00f3n de su declaraci\u00f3n de voluntad debe ser desestimada toda vez que, adem\u00e1s de que como declara la sentencia apelada no se ha aportado prueba alguna a las actuaciones de la que se infiera la existencia del vicio en el consentimiento que alega dicha parte, de los elementos probatorios obrantes en las actuaciones, demostrativos de la existencia de una relaci\u00f3n contractual entre las partes, cuya eficacia queda frustrada por falta de advenimiento en el plazo pactado de la condici\u00f3n a cuyo cumplimiento qued\u00f3 supeditada la exigibilidad del contrato, con anterioridad al otorgamiento del contrato de autos, se desprende la conformidad entre la voluntad interna de la vendedora y su<\/p>\n

manifestaci\u00f3n exterior y por tanto, que dicha parte ten\u00eda pleno y cabal conocimiento de que mediante la firma del contrato de autos se obligaba a transmitir a la otra parte la propiedad de la parcela denominada \u00abJaro Ermiteaspi\u00bb, a cambio del percibo del precio estipulado, en el supuesto de que sobreviniese la condici\u00f3n a la que se subordin\u00f3 la eficacia del contrato.<\/p>\n

La segunda objeci\u00f3n formulada por la vendedora frente al contrato cuyo cumplimiento interesa el comprador debe correr igual suerte desestimatoria puesto que, aun cuando los matrimonios residentes en tierra llana Vizca\u00edna se hallen sometidos al r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de comunicaci\u00f3n de bienes que establece, como general supletorio, el art. 42 de la Compilaci\u00f3n, cuya vigencia entendemos que debe presumirse, salvo prueba en contrario (ST. 31 de mayo de 1991), y, en dicho r\u00e9gimen \u00bblos actos de enajenaci\u00f3n o gravamen sobre bienes ra\u00edces comunicados, constante matrimonio, necesitan del consentimiento de ambos consortes\u00bb (art. 45 de la Compilaci\u00f3n), estimamos que la falta del consentimiento del c\u00f3nyuge \u00fanicamente podr\u00eda ser tomada en consideraci\u00f3n en el supuesto de que, en la fecha de celebraci\u00f3n del contrato de compraventa, 21 de febrero de 1989, no hubiese estado suspendida por resoluci\u00f3n judicial, la vida en com\u00fan de los c\u00f3nyuges o hubiese hijos comunes del matrimonio, puesto que el r\u00e9gimen de comunicaci\u00f3n foral de matrimonio de la actora debe entenderse que qued\u00f3 extinguido, de acuerdo con las normas establecidas en el C\u00f3digo Civil en relaci\u00f3n a los diversos reg\u00edmenes econ\u00f3micos matrimoniales, (arts. 1.392.3.\u00aa y 1.415 C\u00f3digo Civil) de aplicaci\u00f3n subsidiaria, por preceptuado as\u00ed el art. 44 de la Compilaci\u00f3n, al recaer resoluci\u00f3n judicial decretando la separaci\u00f3n matrimonial de la vendedora y su c\u00f3nyuge, situaci\u00f3n que reconoce dicha parte que se produjo en fecha anterior a la de otorgamiento del contrato cuestionado (en el a\u00f1o 1988), sin que haya lugar a entrar en el estudio de las consecuencias de la falta de liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes del matrimonio al haber quedado extinguido el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial de comunicaci\u00f3n foral sin que concurrieran las circunstancias a las que la Compilaci\u00f3n, en su art. 47, supedita la consolidaci\u00f3n de la expectativa de la adquisici\u00f3n de la mitad de los bienes pertenecientes al otro c\u00f3nyuge que surge al contraer matrimonio (art. 43) y no haber lugar a efectuar liquidaci\u00f3n alguna de los bienes que por raz\u00f3n del matrimonio de su titular quedaron sometidos a expectativas de \u00abcomunicaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

Tercero. Sentada la validez del contrato de compraventa suscrito por D.\u00aa M.\u00aa Angeles G.G. y D. Jos\u00e9 Luis B.C. con fecha 21 de febrero de 1989, resta por determinar la significaci\u00f3n que debe atribuirse al t\u00e9rmino \u00abse\u00f1al o fianza\u00bb empleado en el contrato para referirse la cantidad de dinero entregado por el comprador en el acto de la firma del contrato, considerada por la compradora como anticipo o parte del precio y por la vendedora como cumplimiento del pacto de obras penitenciales.<\/p>\n

Seg\u00fan jurisprudencia constante del Tribunal Supremo debe darse una interpretaci\u00f3n restrictiva a las cl\u00e1usulas en las que se establece la existencia de arras y considerarse excepcional la facultad resolutoria. En tal sentido en la ST. 22 de octubre de 1948 se declara que \u00abpara que las arras puedan considerarse comprendidas en la hip\u00f3tesis del art. 1.454 C.C. y producir el efecto de desligar a las partes del compromiso conferido es necesario, dada la transcendencia que dicho precepto envuelve, que conste de una manera clara y evidente que las partes quisieron dar a las arras el car\u00e1cter y efectos que tal art\u00edculo les atribuye\u00bb, doctrina que es reiterada en sentencias posteriores entre otras ST. 12 de julio de 1986 y 9 de marzo de 1989 que inciden en la aplicaci\u00f3n excepcional del art. 1.454 que debe limitarse a los supuestos que de las cl\u00e1usulas contractuales resulte voluntad indubitada de las partes en aquel sentido.<\/p>\n

De acuerdo con tal doctrina es evidente que en el caso de autos, a la vista de los t\u00e9rminos utilizados en el contrato, (art. 1.281.1 C.C.) en el que se dice: \u00abHe recibido de D. Jos\u00e9 Luis B.C. la cantidad de 100.000 ptas., en concepto de se\u00f1al o fianza…\u00bb. \u00abEste recibo se descontar\u00e1 cuando se lleve a cabo el contrato de escritura…\u00bb \u00abDicha escritura se firmar\u00e1 una vez solucionados de forma positiva todos los tr\u00e1mites…\u00bb. \u00abEn caso contrario al importe de esta se\u00f1al se devolver\u00e1 \u00edntegramente y sin demora\u00bb es claro que la cantidad de 100.000 ptas. que en dicho contrato se califica de se\u00f1al o fianza<\/p>\n

fue entregada como anticipo de precio, no existiendo base alguna en el referido contrato para atribuir a la cantidad entregada por el comprador a la firma del contrato el car\u00e1cter de arras penitenciales que afirma la demandada.<\/p>\n

FALLO<\/p>\n

(\u2026)<\/p>\n

VIZCAYA: art. 10 de la Compilaci\u00f3n: es aplicable a todo vizca\u00edno, sea o no aforado: interpretaci\u00f3n l\u00f3gico-sistem\u00e1tica e hist\u00f3rica del precepto: inexistencia de contradicci\u00f3n con los arts. 5.\u00ba de la Compilaci\u00f3n y 14 del CC; PARIENTES TRONQUEROS: inexigencia de que los parientes sean vizca\u00ednos para ostentar la condici\u00f3n de tronqueros; SUCESION HEREDITARIA: Instituci\u00f3n de heredera \u00fanica a la esposa del testador \u00absin perjuicio de los derechos legitimarios que por Fuero pudieran corresponder a los parientes tronqueros sobre bienes de esta naturaleza\u00bb: concurrencia del supuesto contemplado en los arts. 764 y 912.2.\u00ba del CC determinantes de la sucesi\u00f3n intestada y de lo establecido en los arts. 32,a) y 33 de la Compilaci\u00f3n.<\/p>\n

Jurisdicci\u00f3n: Civil<\/p>\n

Recurso n\u00fam. 5\/1991<\/p>\n

Ponente: IIlma. Sra. Magali Garc\u00eda Jorr\u00edn<\/p>\n

D. Cornelio, D.\u00aa Valentina y D. Juan L. O. formularon demanda, en juicio declarativo ordinario sobre nulidad de escritura p\u00fablica, inscripci\u00f3n registral,declaraci\u00f3n de derechos hereditarios y otros extremos, contra los herederos de D.\u00aa Dominica A. A.<\/p>\n

El Juzgado de Primera Instancia de Gernika dict\u00f3 sentencia por la que, estimando la excepci\u00f3n de falta de competencia territorial, absolvi\u00f3 a los demandados en la instancia sin entrar a conocer del fondo del asunto.<\/p>\n

En grado de apelaci\u00f3n, la Audiencia Provincial de Vizcaya, acogiendo en parte el recurso interpuesto por los actores, dict\u00f3 sentencia desestimatoria de la demanda.<\/p>\n

El TSJ del Pa\u00eds Vasco declara haber lugar al recurso de casaci\u00f3n y dicta sentencia estimando \u00edntegramente la demanda.<\/p>\n

FUNDAMENTOS DE DERECHO<\/p>\n

PRIMERO.-<\/p>\n

El primer motivo del recurso, amparado en el ordinal 4.\u00ba del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacci\u00f3n vigente al interponerlo, denuncia error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, que imputa a la sentencia recurrida en cuanto la misma afirma que los demandantes, entre los que se encuentra don Juan L. O., han tenido su residencia continuada durante m\u00e1s de 10 a\u00f1os en territorio de derecho com\u00fan, designando como documentos en los que basa el error la certificaci\u00f3n del Ayuntamiento de Bermeo referente al lugar de residencia del citado don Juan, as\u00ed como la certificaci\u00f3n del mismo Ayuntamiento atinente a que el caser\u00edo Corta-Eder, donde habita, se halla en suelo urbanizable.<\/p>\n

El motivo es desestimable por la fundamental raz\u00f3n de que el recurso de casaci\u00f3n se da contra el fallo de la sentencia, y no contra argumentos, razonamientos o fundamentos jur\u00eddicos que no<\/p>\n

constituyen premisa del fallo, siendo ello lo que acontece en el motivo analizado, toda vez que, si bien es cierto que la sentencia que el recurso combate expresa en el segundo de los fundamentos jur\u00eddicos: \u00ab…; vecindad com\u00fan que, asimismo, han adquirido los demandantes recurrentes por su residencia continuada durante m\u00e1s de diez a\u00f1os en territorio de derecho com\u00fan, seg\u00fan consta a los folios 421 y 423 de los autos.\u00bb, el ulterior iter argumental desenvuelto olvida a los demandantes, centrando su discurso desestimatorio en la pretensi\u00f3n de aqu\u00e9llos en el elemento personal de la troncalidad, y, dentro del mismo, en el transmitente, formulando el aserto de que para que nazca la relaci\u00f3n de troncalidad, se exige que el transmitente sea vizca\u00edno, continuando razonando sobre la adquisici\u00f3n por parte de don Jos\u00e9 Luis L. O. de la vecindad civil de derecho com\u00fan, concluyendo que, al no ser \u00abaforado\u00bb el transmitente, no son de aplicaci\u00f3n los preceptos de Derecho Foral vizca\u00edno.<\/p>\n

SEGUNDO.-<\/p>\n

El segundo motivo del recurso, deducido con apoyo en el ordinal 5.\u00ba del art. 1692 de la Ley Rituaria, cita como infringido al art. 1.\u00ba de la Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava ( RCL 19591052 y NDL 30747) en relaci\u00f3n con los arts. 2.\u00ba y 3.\u00ba de la misma Compilaci\u00f3n, al entender la sentencia impugnada que la residencia continuada en el municipio de Bermeo durante m\u00e1s de 10 a\u00f1os determina la adquisici\u00f3n de la vecindad civil de derecho com\u00fan. Fundamentado el motivo de que se trata en el escrito de interposici\u00f3n del recurso en que la sentencia recurrida parte de que, tanto el causante don Jos\u00e9 Luis L. O., como los demandantes, hermanos suyos, don Cornelio, do\u00f1a Valentina y don Juan L. O., residieron m\u00e1s de 10 a\u00f1os en Bermeo, extrayendo de ese hecho la consecuencia jur\u00eddica de que adquirieron la vecindad de derecho com\u00fan, sin embargo, en el acto de la vista del recurso el Abogado defensor de la parte recurrente centr\u00f3 de manera manifiesta su informe en los demandantes, abandonando de forma expresa todo argumento o razonamiento atinente al finado don Jos\u00e9 Luis L. O.<\/p>\n

Debiendo entenderse circunscrito el motivo que se analiza en cuanto concierne a los demandantes, el mismo ha de decaer por las mismas consideraciones que condujeron a la desestimaci\u00f3n del precedentemente analizado, esto es, porque la sentencia impugnada, no obstante aludir a la vecindad civil de derecho com\u00fan que considera adquirida por los demandantes, no toma la misma en consideraci\u00f3n para erigirla en fundamento del fallo desestimatorio, discurriendo su argumentaci\u00f3n ajena al dato al que el motivo queda ce\u00f1ido.<\/p>\n

TERCERO.-<\/p>\n

A trav\u00e9s del motivo tercero, articulado con apoyo procesal en el mismo ordinal 5.\u00ba del art. 1692, se alega infracci\u00f3n de los arts. 6.\u00ba, 7.\u00ba, 8.\u00ba y 9.\u00ba de la citada Compilaci\u00f3n de Derecho Civil Foral de Vizcaya y Alava, por limitar la sentencia recurrida su aplicaci\u00f3n tanto respecto de los bienes ra\u00edces como en relaci\u00f3n al titular de la ra\u00edz y de los parientes tronqueros. El reproche se dirige contra los razonamientos de la resoluci\u00f3n que nos ocupa atinentes a los requisitos que, conjuntamente, han de darse para que los bienes sean troncales, el real y el personal.<\/p>\n

Argumentan los recurrentes que, en cuanto la sentencia impugnada entiende que la troncalidad \u00ab…est\u00e1 orientada a un sistema de econom\u00eda agraria\u00bb, considerando por ello justificado que se limite a bienes sitos en la tierra llana o Infanzonado \u00ab…porque es en esta zona y no en las villas donde presuntamente se mantiene ese sistema econ\u00f3mico\u00bb, est\u00e1 llevando a cabo una interpretaci\u00f3n del elemento real que infringe el art. 6.\u00ba de la Compilaci\u00f3n, porque en \u00e9sta, dicen, para que los bienes ra\u00edces tengan la consideraci\u00f3n de troncales, no se exige ning\u00fan requisito de vinculaci\u00f3n o de orientaci\u00f3n a un sistema de econom\u00eda agraria, ya que bienes de naturaleza urbana y radicantes en n\u00facleos de poblaci\u00f3n importantes se hallan sujetos a la troncalidad.<\/p>\n

En punto al elemento personal consideran los promotores del recurso que la sentencia impugnada se funda en el criterio revelado en el pasaje que expresa: \u00ab…la troncalidad exige una relaci\u00f3n personal de parentesco que debe mediar entre el actual poseedor o transmitente y el pariente que aspira a adquirir, al que denomina tronquero, exigi\u00e9ndose para que nazca la relaci\u00f3n de troncalidad que el transmitente sea vizca\u00edno\u00bb, aduciendo aqu\u00e9llos, de un lado, que no basta con la aspiraci\u00f3n de adquirir para que se trate de un pariente tronquero, porque \u00e9stos est\u00e1n definidos en los arts. 7.\u00ba y 8.\u00ba de la Compilaci\u00f3n, y, de otro, que no indica si la vizca\u00edna del transmitente debe ser la aforada o puede tratarse tambi\u00e9n de vizca\u00edno no aforado, si bien, en cuanto m\u00e1s adelante aclara que no son de aplicaci\u00f3n los preceptos de Derecho Foral vizca\u00edno al no ser aforado el transmitente, est\u00e1 infringiendo, alegan, los citados arts. 6.\u00ba, 7.\u00ba y 8.\u00ba as\u00ed como el 9.\u00ba, todos de la Compilaci\u00f3n, de los cuales no puede colegirse que haya de concurrir el mentado requisito de que el transmitente sea vizca\u00edno aforado para que exista la relaci\u00f3n de troncalidad.<\/p>\n

CUARTO.-<\/p>\n

Los distintos argumentos en tales t\u00e9rminos desenvueltos en fundamento del motivo formulado se hacen acreedores a diversas apreciaciones que, no obstante discurrir en parte por v\u00eda ajena a la de los promotores del recurso, no determinan, sin embargo, el decaimiento final del mismo.<\/p>\n

As\u00ed, en lo que respecta a las expresiones que los recurrentes entresacan de las consideraciones contenidas en la sentencia impugnada al efectuar el an\u00e1lisis del elemento real de la troncalidad, no son sino un obiter dicta que, tras comportar una valoraci\u00f3n socio-jur\u00eddica del instituto de la troncalidad compartida por diversos tratadistas, no incide en el fallo de la sentencia, seg\u00fan puede colegirse del total tratamiento dado en la misma al elemento real, en el que parece alcanzarse la conclusi\u00f3n de que los bienes a que la litis se refiere s\u00ed re\u00fanen las condiciones exigidas por la Compilaci\u00f3n para ostentar la conceptuaci\u00f3n de troncales.<\/p>\n

Igual inocuidad a los efectos casacionales pretendidos ha de predicarse de la escueta alusi\u00f3n a los parientes tronqueros contenida en la sentencia que se examina, pues la menci\u00f3n de los mismos al referirse a la \u00ab…relaci\u00f3n personal de parentesco que debe mediar entre el actual poseedor o transmitente y el pariente que aspira a adquirir, al que se denomina pariente tronquero…\u00bb no supone sino un incompleto an\u00e1lisis del elemento personal de que se trata, el cual resulta prontamente abandonado al centrarse la argumentaci\u00f3n de la sentencia en el otro elemento personal, el transmitente, cuyo examen conduce al resultado de entender inaplicable el Derecho Foral de Vizcaya, mas, sin que aquel inacabado tratamiento del elemento personal a que se refiere el alegato, parientes tronqueros, permita atribuir a la sentencia impugnada, como sostienen los recurrentes, una limitaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de los preceptos que citan.<\/p>\n

El otro argumento esgrimido en sustento del motivo tercero que ahora conocemos, enderezado a atacar la sentencia de la Audiencia en cuanto la misma sostiene la inaplicabilidad del Derecho Foral de Vizcaya y, por ende, de las normas sobre troncalidad que los recurrentes invocan como infringidas, por no ser el causante vizca\u00edno aforado, que, como se ha dejado sentado en precedentes fundamentos, constituye la ratio decidendi del fallo desestimatorio de la demanda primeramente formulada, ha de ser objeto de tratamiento conjunto con el siguiente motivo, el cuarto, en el que se basa el recurso, al ser coincidentes las cuestiones que uno y otro suscitan.<\/p>\n

QUINTO.-<\/p>\n

El citado motivo cuarto, deducido por el mismo cauce procesal del ordinal 5.\u00ba del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cita como infringido el art. 10 de la Compilaci\u00f3n, al apoyarse la sentencia combatida, se aduce, en el criterio de que las reglas sobre disposici\u00f3n a t\u00edtulo gratuito de bienes troncales no afectan a los vizca\u00ednos que no sean aforados. Impugnan los recurrentes a trav\u00e9s<\/p>\n

de este motivo la tesis sustentada por la sentencia de la Audiencia de entender que el t\u00e9rmino \u00abvizca\u00edno\u00bb se refiere \u00fanicamente a quien ostenta la vecindad aforada, siendo as\u00ed que, argumentan, es indudable que hay vizca\u00ednos de anteiglesia y vizca\u00ednos no aforados; distinci\u00f3n recogida ya en la Ley 15 del T\u00edtulo XX del Fuero de Bizkaia y admitida por antigua jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la que se basa el art. 10 de la Compilaci\u00f3n, que se refiere a vizca\u00ednos en general, disponiendo expresamente que tambi\u00e9n est\u00e1n comprendidos los vizca\u00ednos de territorio distinto del foral de Bizkaia. Concluyen que, siendo vizca\u00edno el causante, don Jos\u00e9 Luis L. O., como se admite sin discusi\u00f3n, tanto si era aforado como si no lo era, no pod\u00eda disponer de los bienes troncales sino en favor de los parientes tronqueros, infringiendo la sentencia impugnada el citado art. 10 de la Compilaci\u00f3n al no aplicarlo al caso litigioso.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n queda as\u00ed circunscrita a dilucidar si el invocado art. 10 de la Compilaci\u00f3n es aplicable a todos los vizca\u00ednos, considerando como tales a los vecinos de Vizcaya, lo sean de villa o de tierra llana o, por el contrario, ha de entenderse establecido el precepto en contemplaci\u00f3n a quienes sean vizca\u00ednos aforados.<\/p>\n

SEXTO.-<\/p>\n

La citada disposici\u00f3n establece: \u00abLos vizca\u00ednos, aunque residan en territorio distinto del foral de Vizcaya, si hubiere parientes tronqueros, s\u00f3lo podr\u00e1n disponer a t\u00edtulo gratuito “inter vivos” o “mortis causa” de los bienes troncales en favor de aqu\u00e9llos\u00bb.<\/p>\n

La interpretaci\u00f3n l\u00f3gico-sistem\u00e1tica e hist\u00f3rica del precepto conduce a sostener su aplicabilidad a todo vizca\u00edno, sea o no aforado, y ello, por las siguientes razones : 1.\u00aa) Porque en la Compilaci\u00f3n no es equiparable el concepto de vizca\u00edno con el de vizca\u00edno aforado, seg\u00fan puede colegirse de la lectura de preceptos en los que se alude a \u00abvizca\u00ednos\u00bb (arts. 5 y 10), y de otros en los que se precisa \u00abvizca\u00edno infanz\u00f3n\u00bb (arts. 41 y 42); 2.\u00aa) Porque, de estar referido \u00fanicamente a los vizca\u00ednos aforados, su inclusi\u00f3n en el citado Texto Legal ser\u00eda innecesaria y carente de sentido; y 3.\u00aa) Dicho resultado interpretativo es el que ofrece el an\u00e1lisis de los hitos hist\u00f3ricos y normativos que guardan relaci\u00f3n con el precepto.<\/p>\n

Dichos antecedentes, sucintamente expuestos, son los siguientes:<\/p>\n

A) La Ley 15, del T\u00edtulo XX, del Fuero de Vizcaya de 1526, establec\u00eda: \u00abQue los vecinos de las villas, que tuvieren bienes en la Tierra Llana, guarden el Fuero en disponer de ellos\u00bb. \u00abOtros\u00ed dijeron: Que hab\u00edan de Fuero, y establec\u00edan por Ley, porque acaece, que alg\u00fan vecino de la villas de Vizcaya entre otras tierras, y heredades, que tienen sitas en el juzgado de la tal villa de donde es, tiene, y posee otras tierras y heredades, sitas en el juzgado y Tierra Llana, y as\u00ed troncales; y acaece que el tal suele disponer de las tales tierras troncales por s\u00ed, o por vueltas con las otras heredades de la tal villa, ahora en vida, ahora en muerte, y ponen duda, si de los tales bienes troncales ha de disponer, seg\u00fan que de los otros que no son troncales. Por ende, dijeron: Que ordenaban, y ordenaron, que el tal vecino de villa, do los bienes (seg\u00fan Ley del Reino) son partibles; que la tal ra\u00edz que tuviere en la Tierra Llana y juzgado de Vizcaya, sea de la condici\u00f3n y calidad, privilegio y Fuero que la otra ra\u00edz que poseen los vizca\u00ednos de la Tierra Llana troncal; y tal, que en vida y en muerte pueda disponer de ello, como pod\u00eda disponer el vizca\u00edno vecino de la Tierra Llana; y sean admitidos para la tal ra\u00edz los tronqueros profincos, como y seg\u00fan se admiten a los bienes, que poseen, venden, y mandan los vizca\u00ednos, vecinos de Tierra Llana\u00bb.<\/p>\n

B) En la segunda edici\u00f3n del C\u00f3digo Civil, Texto Reformado de 24-7-1889, a instancia de los representantes vizca\u00ednos, se a\u00f1adi\u00f3 el p\u00e1rr. 3.\u00ba al art. 10 del citado Cuerpo legal, a cuyo tenor \u00abLos vizca\u00ednos, aunque residan en las villas, seguir\u00e1n sometidos, en cuanto a los bienes que posean en la Tierra Llana, a la Ley 15, t\u00edtulo XX del Fuero de Vizcaya\u00bb; p\u00e1rrafo que ha estado vigente hasta la<\/p>\n

reforma del T\u00edtulo Preliminar, llevada a cabo por el Decreto de 31-5-1974 ( RCL 19741385 y NDL 18760), dictado en desarrollo del texto de la Ley de Bases de 17-3-1973 ( RCL 1973498 y NDL 18762).<\/p>\n

C) La Comisi\u00f3n Especial para elaborar el Ap\u00e9ndice Foral de Vizcaya y Alava, constituida en cumplimiento de lo establecido en el art. 4.\u00ba de la Ley de Bases de 1888, elabor\u00f3 un Proyecto elevado a la Comisi\u00f3n General de Codificaci\u00f3n el d\u00eda 10-2-1900, cuyo art. 13 dispon\u00eda: \u00abHabiendo parientes tronqueros de cualquier l\u00ednea que sean, nadie podr\u00e1 disponer en vida ni por causa de muerte, en favor de quien no tuviera tal car\u00e1cter, de bienes troncales algunos, sea cual fuere la naturaleza del propietario o su vecindad. Esta prohibici\u00f3n se hace extensiva a la capacidad para suceder “ab intestato”\u00bb. Proyecto de Ap\u00e9ndice que no lleg\u00f3 a convertirse en Ley.<\/p>\n

D) El Colegio de Abogados de Vizcaya llev\u00f3 a cabo la elaboraci\u00f3n de un segundo proyecto, publicado el d\u00eda 9-2-1928, cuyo art. 12 establec\u00eda: \u00abHabiendo parientes tronqueros, de cualquier l\u00ednea que sean, los vizca\u00ednos, aunque residan en las villas, no podr\u00e1n disponer en vida ni por causa de muerte en favor de quien no tuviere aquel car\u00e1cter, de bienes troncales algunos. La prohibici\u00f3n ser\u00e1 extensiva a la capacidad para suceder “ab intestato” en estos bienes\u00bb.<\/p>\n

EL resultado exeg\u00e9tico alcanzado se ve adverado por la recientemente publicada Ley 3\/1992, de 1 julio ( LPV 1992266), del Derecho Civil Foral del Pa\u00eds Vasco, dictada por el Parlamento Vasco, de pr\u00f3xima vigencia, de cuyos preceptos, en lo que aqu\u00ed interesa, merecen especial menci\u00f3n: a) En lo que respecta al concepto jur\u00eddico \u00abvizca\u00edno\u00bb, el art. 12, a cuyo tenor: \u00abA los efectos de este Fuero Civil, son vizca\u00ednos, quienes tengan vecindad civil en el Territorio Hist\u00f3rico de Bizkaia. Aforado o Infanz\u00f3n es quien tenga su vecindad en territorio aforado\u00bb; el art. 13: \u00abLos vizca\u00ednos no aforados, podr\u00e1n…\u00bb; y el 14: \u00abEn los instrumentos p\u00fablicos que otorguen los vizca\u00ednos se har\u00e1 constar su vecindad civil, su car\u00e1cter de aforado o no, y, en su caso…\u00bb. b) En lo atinente al \u00e1mbito personal de la troncalidad, el art. 23 dispone: \u00abLos derechos y obligaciones derivados de la troncalidad corresponden, como vizca\u00ednos, a todos los que tengan vecindad civil en Bizkaia. Por esencia de la troncalidad, la p\u00e9rdida de la vecindad vizca\u00edna no supone restricci\u00f3n alguna en los derechos y deberes de cualquier naturaleza derivados de la misma.\u00bb; el 24, sucesor del art. 10 de la, todav\u00eda vigente, Compilaci\u00f3n: \u00abLos actos de disposici\u00f3n de bienes troncales realizados a t\u00edtulo gratuito \u00abinter vivos\u00bb o \u00abmortis causa\u00bb, a favor de extra\u00f1os o de parientes que no pertenezcan a la l\u00ednea preferente de quien transmite, ser\u00e1n nulos de pleno derecho\u00bb; y el 25: \u00abQuienes no sean vizca\u00ednos aforados gozar\u00e1n de libertad para disponer, a t\u00edtulo gratuito, de los bienes troncales a favor de cualquiera de los parientes tronqueros de l\u00ednea preferente…\u00bb.<\/p>\n

SEPTIMO.-<\/p>\n

La aplicabilidad del art. 10 de la Compilaci\u00f3n a los vizca\u00ednos no aforados que aqu\u00ed sostenemos no queda contradicha por los preceptos en los que se apoya la argumentaci\u00f3n desestimatoria contenida en la sentencia de la Audiencia, consistente, en esencia, en entender que, por virtud de lo dispuesto en el art. 5.\u00ba de la Compilaci\u00f3n, la condici\u00f3n de vizca\u00edno ha de determinarse conforme a lo establecido en el art. 14 del C\u00f3digo Civil, el cual, dando un valor predominante al estatuto personal, dispone que la sujeci\u00f3n al derecho civil com\u00fan o al especial foral se determina por la vecindad civil, lo que, partiendo de la apreciaci\u00f3n de que el causante hab\u00eda adquirido la vecindad civil de derecho com\u00fan, le conduce a sostener que al no ser aforado el transmitente no son de aplicaci\u00f3n los preceptos del Derecho Foral vizca\u00edno. No la contradicen porque, de un lado, el art. 5.\u00ba de la Compilaci\u00f3n remite a las normas contenidas en el T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo Civil para determinar la consideraci\u00f3n de vizca\u00edno en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s territorios espa\u00f1oles de diferente legislaci\u00f3n civil, no para dicha determinaci\u00f3n en lo que afecta a la propia Compilaci\u00f3n, en la que, como ha quedado apuntado en el anterior fundamento jur\u00eddico de esta resoluci\u00f3n, el concepto de vizca\u00edno no es coincidente con el de vizca\u00edno aforado o vizca\u00edno infanz\u00f3n; y, de otro, aun siendo<\/p>\n

cierto el valor predominante del estatuto personal que late en el art. 14 del C\u00f3digo Civil, el mismo no permite concluir que los vizca\u00ednos no aforados no est\u00e1n sometidos a la prescripci\u00f3n normativa contenida en el art. 10 de la Compilaci\u00f3n si se tiene en cuenta que hasta la reforma del T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo Civil llevada a cabo por el Texto Articulado de la Ley 3\/1973, de 17 marzo, de Bases para la modificaci\u00f3n del T\u00edtulo Preliminar del C\u00f3digo Civil, as\u00ed ven\u00eda a reconocerlo expresamente el anteriormente rese\u00f1ado p\u00e1rr. 3.\u00ba del art. 10 del citado C\u00f3digo, no pudiendo entenderse que su desaparici\u00f3n en el actual T\u00edtulo Preliminar, prive de eficacia al art. 10 de la Compilaci\u00f3n, siquiera quepa tenerse en cuenta que el art\u00edculo segundo del Decreto de 31-5-1974, por el que se aprueba el Texto Articulado aludido establece expresamente que el mismo no altera lo regulado en las Compilaciones de los derechos especiales o forales.<\/p>\n

OCTAVO.-<\/p>\n

Lo anteriormente razonado unido a la circunstancia de que en la causa no ha existido controversia sobre los datos f\u00e1cticos alegados como presupuestos personales, reales y causales para que exista la relaci\u00f3n de troncalidad postulada, de los que la misma resulta con claridad meridiana, a la luz de lo establecido en los arts. 6.\u00ba, 7.\u00ba, 8.\u00ba, 9.\u00ba y 10, todos de la Compilaci\u00f3n, sin otra puntualizaci\u00f3n que efectuar que la de no exigir precepto alguno que los parientes sean vizca\u00ednos para ostentar la condici\u00f3n de tronqueros, conduce a la estimaci\u00f3n de los motivos tercero y cuarto al haberse infringido por inaplicaci\u00f3n los preceptos precitados.<\/p>\n

NOVENO.-<\/p>\n

El quinto de los motivos se acoge al mismo ordinal 5.\u00ba del correspondiente precepto procesal para invocar infracci\u00f3n del art. 32.a) de la Compilaci\u00f3n, en relaci\u00f3n con el art. 912. 2.\u00ba del C\u00f3digo Civil, razon\u00e1ndose en su desarrollo que el testamento del causante, don Jos\u00e9 Luis L. O., dispuso la instituci\u00f3n de heredera \u00fanica a su esposa \u00absin perjuicio de los derechos legitimarios que por Fuero pudieran corresponder a los parientes tronqueros sobre los bienes de esta naturaleza\u00bb, de suerte que, aunque dej\u00f3 a salvo los derechos de sus parientes tronqueros sobre los bienes troncales, no hizo disposici\u00f3n alguna sobre los mismos, por lo que, se argumenta, habiendo dejado el causante bienes de naturaleza troncal, como son el caser\u00edo Zubitxueta y sus pertenecidos y tres montes del mismo nombre Zubitxueta, proced\u00eda hacer respecto de ellos la declaraci\u00f3n de qui\u00e9nes son los herederos abintestato, por darse el supuesto de que el testamento no dispone de todos los bienes que correspond\u00edan al testador, al cual se refiere el n\u00fam. 2.\u00ba del art. 912 del C\u00f3digo Civil, y, siendo as\u00ed que no existen ascendientes tronqueros, la sucesi\u00f3n en los mencionados bienes troncales corresponde a los hermanos de doble v\u00ednculo del causante, que son los demandantes y dem\u00e1s a cuyo favor se pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n de herederos abintestato, conforme al art. 32.a) de la Compilaci\u00f3n.<\/p>\n

La cuesti\u00f3n que el motivo suscita es si la disposici\u00f3n contenida en el testamento otorgado por don Jos\u00e9 Luis L. O., del siguiente tenor literal: \u00abInstituye heredera \u00fanica a su esposa do\u00f1a Dominica A. A., en propiedad, sin perjuicio de los derechos legitimarios que por Fuero pudieran corresponder a los parientes tronqueros sobre los bienes de esta naturaleza\u00bb, puede ser considerada como una disposici\u00f3n testamentaria sobre los bienes troncales en favor de los parientes tronqueros sin especial distribuci\u00f3n entre los mismos, o, como sostienen los recurrentes, integra un supuesto en el que, existiendo instituci\u00f3n de heredero, \u00e9sta no contempla todos los bienes (arts. 764 y 912.2.\u00ba del C\u00f3digo Civil), siendo de advertir que, dado el respeto que la Compilaci\u00f3n revela hacia el principio de troncalidad en materia sucesoria, el resultado pr\u00e1ctico en una y otra tesis es el mismo; as\u00ed, de seguirse la primera, siendo \u00abderechos legitimarios\u00bb de los colaterales tronqueros los bienes troncales de su propia l\u00ednea (arts. 22.4.\u00ba y 24 p\u00e1rrafo segundo, ambos de la Compilaci\u00f3n), la falta de distribuci\u00f3n entre los mismos comportar\u00eda, por aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art. 765 del C\u00f3digo Civil, la sucesi\u00f3n en partes iguales, en tanto que, en la que propugnan los actores, virtualidad de los arts. 764 y 912.2.\u00ba del C\u00f3digo Civil, de aplicaci\u00f3n supletoria conforme a lo dispuesto en el art. 13.2<\/p>\n

del T\u00edtulo Preliminar del citado C\u00f3digo, la apertura de la sucesi\u00f3n intestada conllevar\u00eda la aplicaci\u00f3n de los arts. 32.a) y 33 de la Compilaci\u00f3n, por mor de los cuales, suceder\u00edan los hermanos de doble v\u00ednculo, reparti\u00e9ndose los bienes troncales de que se trata en partes iguales.<\/p>\n

La f\u00f3rmula utilizada por el testador autoriza sin violencia alguna a entender concurrente el supuesto contemplado en los referidos arts. 764 y 912.2.\u00ba del C\u00f3digo Civil, determinante de la apertura de sucesi\u00f3n intestada respecto de los bienes troncales a que la litis se refiere, y de la aplicabilidad de lo establecido en los arts. 32.a) y 33 de la Compilaci\u00f3n, procediendo, en consecuencia, estimar el motivo.<\/p>\n

DECIMO.-<\/p>\n

El sexto y \u00faltimo de los motivos deducidos, con amparo procesal en el mismo ordinal 5.\u00ba del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracci\u00f3n del art. 1261 del C\u00f3digo Civil, en relaci\u00f3n con los arts. 1247, 1445 y 633 del mismo Texto Legal, estando dirigido el reproche a impugnar la sentencia recurrida en cuanto la misma concluye que el contrato de compraventa otorgado en escritura p\u00fablica por do\u00f1a Dominica A. A. y los c\u00f3nyuges don Eduardo S. M. T. y do\u00f1a M.\u00aa Victoria T. L. el d\u00eda 28-11-1985, encubre una donaci\u00f3n de bienes inmuebles, trat\u00e1ndose de un supuesto de simulaci\u00f3n relativa. Argumentan los recurrentes que la conclusi\u00f3n as\u00ed alcanzada es contraria a la Jurisprudencia que se recoge en las sentencias que citan, conforme a la cual el que sostiene la validez del negocio disimulado, ha de probar que el mismo se apoya en una causa verdadera y l\u00edcita, debiendo estar revestido de los requisitos exigidos para la modalidad del contrato de que se trate y que se han cumplido las formalidades que las Leyes prescriben, no pudiendo ser v\u00e1lida la donaci\u00f3n encubierta en una escritura de venta simulada pues no consta la aceptaci\u00f3n del donatario como tal, ni tampoco el animus donandi.<\/p>\n

El motivo que se examina ha de tener favorable acogida y ello, porque aun admitiendo a efectos puramente dial\u00e9cticos que el otorgamiento de una escritura p\u00fablica de compraventa sobre bienes inmuebles pueda colmar los requisitos de forma exigidos con car\u00e1cter imperativo para la validez de las donaciones de dichos bienes por el art. 633 del C\u00f3digo Civil, no cabe desconocer que, conforme a lo establecido en el art. 1276 del citado Texto, la expresi\u00f3n de una causa falsa en los contratos dar\u00e1 lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y l\u00edcita, no siendo este ultimo el supuesto que nos ocupa en el que los demandados, habiendo sostenido a lo largo de las fases alegatoria y probatoria del pleito la existencia de la compraventa cuya nulidad se insta, adoptan con posterioridad una postura que, cuando menos, cabe calificar de oscura y confusa, pues tras alegar en el acto de la vista del recurso de apelaci\u00f3n que \u00aben todo caso, tras la apariencia de una compraventa se esconde una donaci\u00f3n v\u00e1lida y eficaz\u00bb, seg\u00fan recoge la sentencia de la Audiencia, en la vista de este recurso de casaci\u00f3n han cuestionado lo que sobre el particular expresa la citada resoluci\u00f3n en los t\u00e9rminos literales que se han transcrito, manifestando que existi\u00f3 compraventa pag\u00e1ndose precio, reiterando lo, a su decir, expuesto en la vista de la apelaci\u00f3n de que, aun cuando hipot\u00e9ticamente pudiera considerarse que no hay venta, s\u00ed hay donaci\u00f3n.<\/p>\n

Dial\u00e9ctica alegatoria desenvuelta por la citada parte demandada que se muestra ciertamente ajena y distante de la que el art. 1276 del C\u00f3digo Civil impone, probanza de la existencia de una causa verdadera y l\u00edcita, como presupuesto necesario para que pueda proclamarse la existencia de un negocio disimulado v\u00e1lido y eficaz, excluyente de la nulidad que sanciona el mentado art. 1276 en el inciso primero de su \u00fanico p\u00e1rrafo.<\/p>\n

La sentencia de la Audiencia, en el extremo que ahora se combate, que, de mantenerse, podr\u00eda afectar a la suerte de la pretensi\u00f3n deducida en la segunda de las demandas formuladas, al concluir acerca de la existencia de una donaci\u00f3n de inmuebles sin otro apoyo alegatorio y f\u00e1ctico explicitado que la manifestaci\u00f3n por primera vez efectuada por la parte demandada en los oscuros t\u00e9rminos de<\/p>\n

hip\u00f3tesis o de subsidiariedad que se han rese\u00f1ado, infringe conforme a lo anteriormente razonado los preceptos invocados en apoyo del presente motivo, que, consecuentemente, ha de ser estimado.<\/p>\n

UNDECIMO.-<\/p>\n

El acogimiento de los motivos tercero, cuarto, quinto y sexto, con la consiguiente estimaci\u00f3n del recurso, obliga a la Sala a resolver lo que corresponda dentro de los t\u00e9rminos en que aparece planteado el debate, de conformidad con lo dispuesto en el n\u00fam. 3 del art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacci\u00f3n anterior a la reforma operada por la Ley 10\/1992, de 30 abril ( RCL 19921027).<\/p>\n

Con la necesaria puntualizaci\u00f3n de que la sentencia dictada por la Audiencia ha de ser mantenida en el pronunciamiento inc\u00f3lume en este recurso casacional, de desestimar la excepci\u00f3n de falta de competencia territorial, que fue acogida por el Juzgado de Primera Instancia, resta por pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en las demandas rectoras de los presentes autos acumulados, determinando el necesario orden l\u00f3gico jur\u00eddico que ha de seguirse en su tratamiento, que \u00e9ste se efect\u00fae conforme a los pedimentos sucesivamente formulados en aqu\u00e9llas.<\/p>\n

DUODECIMO.-<\/p>\n

En la primera de las demandas solicitan los actores la declaraci\u00f3n de nulidad de la escritura de aceptaci\u00f3n de herencia del finado don Jos\u00e9 Luis L. O., otorgada por su viuda do\u00f1a Dominica A. A., con fecha 20-12-1983, en cuanto se refiere a las fincas descritas en el Hecho 3.\u00ba de la demanda, esto es, el lado oeste de la casa Zubitxueta o Taberna Barri y sus pertenecidos, y el trozo de monte y dos sierras, todos ellos denominados Zubitxueta, radicantes en Mungia, instando declaraci\u00f3n de nulidad de las inscripciones practicadas en el Registro de la Propiedad en virtud de la escritura precedentemente citada, debiendo entenderse tambi\u00e9n impl\u00edcitamente solicitada la cancelaci\u00f3n de las mismas.<\/p>\n

Pretensiones que han de ser estimadas en base a las siguientes consideraciones: 1.\u00aa) Las fincas a que la litis se refiere, incluidas en la escritura de aceptaci\u00f3n de herencia cuya nulidad se insta, no formaban parte del caudal de bienes heredados por do\u00f1a Dominica A. A. de su finado esposo don Jos\u00e9 Luis L. O., al estar sujetas al destino previsto en las normas sobre troncalidad contenidas en la compilaci\u00f3n (arts. 6.\u00ba, 7.\u00ba, 8.\u00ba y 9.\u00ba, en relaci\u00f3n con el 10) y ello, por concurrir los elementos personal, real y causal determinantes de su aplicaci\u00f3n en los t\u00e9rminos que se tiene razonado al analizar los motivos tercero y cuarto del recurso. 2.\u00aa) Consecuentemente, la aceptaci\u00f3n de herencia efectuada por la citada do\u00f1a Dominica, en cuanto comprensiva de las mentadas fincas, comport\u00f3 la realizaci\u00f3n de un acto contrario a los preceptos que se han rese\u00f1ado que, siendo \u00e9stos imperativos, incurre en la sanci\u00f3n de nulidad prevista en el art. 6.3 del C\u00f3digo Civil, determinante de la nulidad de la escritura de aceptaci\u00f3n de herencia en el particular a que la litis se refiere. 3.\u00aa) Consecuentemente tambi\u00e9n con las anteriores consideraciones, ha de declararse la nulidad de las inscripciones causadas por la mentada escritura de aceptaci\u00f3n de herencia en el extremo que aqu\u00ed interesa, as\u00ed como acordarse la cancelaci\u00f3n de las mismas, en conformidad con lo establecido en los arts. 38, 79.3.\u00ba y 82, todos de la Ley Hipotecaria ( RCL 1946342, 886 y NDL 18732).<\/p>\n

DECIMOTERCERO.-<\/p>\n

En el mismo escrito de demanda pretenden los actores se declare que procede abrir la sucesi\u00f3n intestada del finado don Jos\u00e9 Luis L. O. en cuanto a los bienes troncales procedentes de sus finados padres don C\u00e1ndido L. G. y do\u00f1a Micaela O. B., declarando como herederos, con derecho a la sucesi\u00f3n en los expresados bienes, a sus cinco hermanos de doble v\u00ednculo: don Cornelio, do\u00f1a Martina, don Juan, do\u00f1a Valentina, y do\u00f1a Miren L. O. Extremo en el que ha de estimarse la<\/p>\n

demanda, por los fundamentos que condujeron a la estimaci\u00f3n del motivo quinto, debiendo responderse ahora a las alegaciones formuladas por la parte demandada en el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda en t\u00e9rminos de subsidiariedad para el supuesto de que, como aqu\u00ed hacemos, se entienda aplicable el art. 10 de la Compilaci\u00f3n, consistiendo aqu\u00e9llas, en esencia, en sostener que, siendo la demandada do\u00f1a Victoria Carmen T. L., hija de do\u00f1a Carmen L. O., hermana premuerta de don Jos\u00e9 Luis L. O., ostenta la condici\u00f3n de pariente tronquero, debiendo ser declarada heredera abintestato conforme a lo establecido en el art. 948 del C\u00f3digo Civil, sucediendo en los bienes troncales los hermanos por cabezas y la demandada por estirpes.<\/p>\n

Dicha alegaci\u00f3n es inatendible si se tiene en cuenta que, trat\u00e1ndose de sucesi\u00f3n abintestato de bienes troncales en favor de parientes tronqueros, se ve sometida a las normas contenidas en la Compilaci\u00f3n, en la que recogiendo el criterio excluyente del derecho de representaci\u00f3n plasmado en las viejas leyes forales, matizado por el permisivo que propugnaban algunos autores, dicho derecho se admite \u00fanicamente en la l\u00ednea recta descedente, como establece de forma expresa el \u00faltimo p\u00e1rrafo del art. 31, al disponer: \u00abEl derecho de representaci\u00f3n s\u00f3lo se da en la l\u00ednea recta descendente\u00bb, rigiendo para los ascendientes y colaterales el principio de proximidad de grado sin concesi\u00f3n alguna a la sucesi\u00f3n por estirpes, preceptuando el art. 33 que: \u00abEn las l\u00edneas ascendente y colateral, paterna y materna, el pariente m\u00e1s pr\u00f3ximo excluye al m\u00e1s remoto. Si los parientes de grado preferente son varios, los bienes se repartir\u00e1n entre ellos por partes iguales, y si concurren hermanos de doble v\u00ednculo con hermanos de v\u00ednculo sencillo, aqu\u00e9llos heredar\u00e1n doble porci\u00f3n que \u00e9stos\u00bb.<\/p>\n

DECIMOCUARTO.-<\/p>\n

Igual suerte estimatoria cabe predicar de las pretensiones deducidas en la segunda de las demandas formuladas, en la que se insta la declaraci\u00f3n de nulidad de la compraventa celebrada entre do\u00f1a Dominica A. A. y do\u00f1a M.\u00aa Victoria Carmen T. L., en escritura p\u00fablica otorgada ante Notario el d\u00eda 28-11-1985, sobre las fincas ya rese\u00f1adas a que el pleito se refiere, por inexistencia de causa al no haber mediado precio.<\/p>\n

No pudiendo efectuarse ahora consideraci\u00f3n alguna relativa a la posibilidad de existencia de un negocio disimulado v\u00e1lido y eficaz, donaci\u00f3n de inmueble, por resolverse sobre dicho particular al conocer el motivo sexto del recurso, el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n deducida viene dado ante la conclusi\u00f3n alcanzada de que, en efecto, como sostienen los demandantes, no medi\u00f3 precio en la compraventa cuestionada; conclusi\u00f3n a la que se llega por v\u00eda presuntiva, \u00fanica que propugnan los actores, en actitud probatoria comprensible dada la dificultad que normalmente entra\u00f1a la prueba de la inexistencia de precio; revel\u00e1ndose de la practicada a instancia de dicha parte los hechos base alegados, como son: los ingresos mensuales de do\u00f1a Dominica A. que, en conjunto, alcanzaban la cantidad de 77.002 pesetas, procedentes de pensiones, seg\u00fan certifica la Seguridad Social; existencia de una imposici\u00f3n a plazo por importe de 1.000.000 de pesetas desde el 11-6-1983, y libreta ordinaria con un saldo de 1.394.657 pesetas desde el 4-4-1984, que van increment\u00e1ndose con los ingresos de pensiones, hasta llegar en la fecha de la escritura de compraventa a 1.773.423 pesetas, seg\u00fan consta en los estractos remitidos por la \u00abCaja de Ahorros Vizca\u00edna\u00bb; permanencia en la Residencia de Ancianos \u00abSancti Spiritus\u00bb de Bermeo, desde el 27-8-1983 hasta el 31-5-1984; inexistencia de ingresos relevantes en las mentadas cuentas en \u00e9poca coet\u00e1nea a la de la escritura de compraventa cuestionada, a tenor de aquellas certificaciones; escasa disponibilidad de dinero en las cuentas de los c\u00f3nyuges demandados, seg\u00fan resulta de las certificaciones de Bancos y Cajas de Ahorros de Galdakano, en las que no se constata movimiento alguno de cuant\u00eda pr\u00f3xima al precio que se confiesa recibido por la vendedora, 4.000.000 de pesetas. Hechos base que, tras permitir apreciar que do\u00f1a Dominica A. se encontraba en una situaci\u00f3n personal y econ\u00f3mica que hac\u00eda innecesaria la venta escriturada, y suscitar la reflexi\u00f3n de lo an\u00f3malo que resulta la no aparici\u00f3n de rastro documental alguno de la existencia de precio no obstante la laboriosa b\u00fasqueda instada por la<\/p>\n

parte actora, cuando la realidad social indica que cantidades como la del precio declarado tengan alguna constancia documental, permiten concluir conforme a las m\u00e1s elementales reglas del criterio humano que no existi\u00f3 precio. Abonando la inferencia as\u00ed obtenida la actuaci\u00f3n procesal de los demandados, que, tras formular en su escrito de contestaci\u00f3n a la demanda la escueta afirmaci\u00f3n de ser incierto que no se hubiera hecho efectivo el precio de compra de las fincas, sin ofrecer los m\u00e1s elementales datos sobre el particular, abierto el per\u00edodo probatorio no se propuso prueba alguna tendente a demostrar la realidad de su existencia, sin que dicha actuaci\u00f3n procesal encuentre cobertura en el art. 1214, ni en el 1277, ambos del C\u00f3digo Civil, que, interpretados a la luz del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la Constituci\u00f3n ( RCL 19782836 y ApNDL 2875), y de buena fe procesal recogido en el art. 11.1 de la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 julio ( RCL 19851578, 2635 y ApNDL 8375), del Poder Judicial, no permiten olvidar a efectos de alcanzar la concusi\u00f3n probatoria de inexistencia del precio, aquella conducta omisiva en quien tiene a su alcance los normales instrumentos de prueba del dato controvertido.<\/p>\n

El pronunciamiento precedente comporta el que anudado a \u00e9l se insta, procediendo declarar la nulidad de las inscripciones causadas por la escritura de compraventa de 28-11-1985 en los particulares a que la litis se refiere, as\u00ed como acordarse la cancelaci\u00f3n de las mismas, a tenor de lo establecido en los arts. 38, 79.3.\u00ba y 82, todos de la Ley Hipotecaria.<\/p>\n

DECIMOQUINTO.-<\/p>\n

En orden a las costas del proceso, las de primera instancia han de imponerse a la parte actora en virtud de lo dispuesto en el art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que proceda hacer expresa imposici\u00f3n de las de la segunda instancia, en conformidad con lo establecido en el art. 1715, en relaci\u00f3n con el 710, ambos de la misma Ley de Enjuiciamiento, debiendo satisfacer cada parte sus propias costas de las causadas en este recurso de casaci\u00f3n, procediendo la devoluci\u00f3n del dep\u00f3sito constituido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La inmutabilidad del r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial establecida en el Art\u00edculo 41 de la Compilaci\u00f3n no resulta de aplicaci\u00f3n, tanto por carecer de arraigo en el Derecho Foral Vizcaino, inspirado por el contrario en la libertad de pacto, pues su inclusi\u00f3n en la Compilaci\u00f3n no fue sino una trasposici\u00f3n al Derecho Foral del Derecho Com\u00fan y va contra la realidad social demandante de la libertad de pactos post-nupciales, m\u00e1xime con posterioridad a las reformas operadas en el C\u00f3digo Civil por la Ley 14\/1975 de 2 de mayo. Ley 11\/1981, de 13 de mayo. y la Ley 3\/1981, de 7 de julio, sentir social, determinante de que la Ley 6\/ 1988. de 18 de marzo, de modificaci\u00f3n parcial del Derecho Civil Foral, aprobada por el Parlamento Vasco.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categories":[643],"tags":[649,651,650],"materia":[1233],"organo":[1880],"tipo_resolucion":[1910],"ambito":[1915],"class_list":["post-10343","jurisprudencia","type-jurisprudencia","status-publish","hentry","category-jurisprudencia","tag-capitulaciones-matrimoniales","tag-inmutabilidad","tag-regimen-economico-matrimonial","materia-el-regimen-economico-matrimonial-determinacion","organo-audiencia-provincial-de-bizkaia","tipo_resolucion-sentencia","ambito-civil"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia\/10343","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/jurisprudencia"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/jurisprudencia"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10343"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10343"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10343"},{"taxonomy":"materia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/materia?post=10343"},{"taxonomy":"organo","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/organo?post=10343"},{"taxonomy":"tipo_resolucion","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/tipo_resolucion?post=10343"},{"taxonomy":"ambito","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.forulege.com\/eu\/wp-json\/wp\/v2\/ambito?post=10343"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}