Auto del TSJPV de 14 de diciembre de 2009

En Bilbao a catorce de diciembre de dos mil nueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Atendiendo al emplazamiento realizado por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, el cual por Auto de fecha 24 de marzo de 2009, declara la competencia de esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para entender del recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, presentado por los recurrentes, contra Sentencia de fecha 15 de enero de 2008, dictada por la Sección 4ª, de la Ilma. Audiencia Provincial de Bizkaia, en el Rollo de Apelación nº 331/2006, se presentaron en calidad de recurrido, escrito de personamiento, junto con fotocopias de poder, por el Procurador D. José Manuel López Martínez, en nombre y representación de D. Jesús, D.ª Dolores, D. José Luis y D.ª Amaya, bajo la dirección Letrada de D. Rafael Maté Riaño; y escrito de personamiento de fecha 21 de abril, en calidad de recurrente por la Procuradora Dª. Matilde Viejo Casans, en nombre y representación de D. José M.ª, D.ª M.ª Luisa, D.ª Margarita Teresa y D.ª Azucena Amaya, bajo la dirección Letrada de D. José Antonio Barturen García, lo que se hizo constar por diligencia de 28 de abril de 2009.

Segundo.- En proveído de igual fecha, se acordó, proceder a la incoación del recurso de casación civil y numerar, previo registro. Designar Ponente al Magistgrado que por turno correspondía, recayendo el nombramiento en el Ilmo. Sr. D. Roberto Saiz Fernández y requerir a los Procuradores referenciados en la diligencia, para que por el primero y a la vista de las fotocopias aportadas exhibiese la copia de poder a que se refería y por el segundo, se acreditase previa presentación de la copia autorizada de poder, las representaciones que decía ostentar.

Tercero.- Recibida del Tribunal Supremo, testimonio de la resolución dictada en Auto de 24 de marzo de 2009, así como Procedimiento Ordinario L2 núm. 416/04 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Barakaldo, y A.p. ordinario L2 331/06 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia, en proveído de 12 de mayo, se acordó, unir el oficio remisorio y testimonio de la resolución dictada ante dicho Tribunal al presente rollo y acusar recibo en los términos interesados.

Y, visto el contenido de las actuaciones y obrando en las mismas poderes debidamente testimoniados por el Juzgado Decano de Barakaldo, traer copia de los relativos a la parte recurrente en casación, toda vez que en el personamiento no los aportaron, tener

por personada a la Procuradora Sra. Viejo Casans en nombre y representación de José M.ª, quien actúa en nombre y representación de D.ª M.ª Luisa, D.ª Margarita Teresa y D.ª Azucena Amaya como parte recurrente y bajo la dirección letrada del Sr. Barturen García y, como parte recurrida al Procurador Sr. López Martínez en nombre y representación de D. Jesús, D.ª Dolores, D. José Luis y D.ª Amaya actuando bajo la dirección letrada de D. Rafael Mate Riaño.

Y, declarada por el Tribunal Supremo, la competencia de la Sala, pasar las actuaciones al Ponente para su instrucción y sometimiento a la deliberación de la Sala, de lo que haya de resolverse sobre la admisión o inadmisión del recurso y que no hayan sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Supremo.

Cuarto.- Con fecha 11 de junio se dictó providencia en el que se acordó, que visto el contenido del escrito del recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, formulado por la Procuradora Dª. Matilde Viejo Casans, en nombre y representación de D. José Mª., quien, a su vez, representa a D.ª M.ª Luisa, D.ª Margarita Teresa y D.ª Azucena Amaya, y observando la Sala que el recurso extraordinario por infracción procesal pudiera incurrir en el supuesto de inadmisión previsto en el artículo 473.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, de 7 de enero, por carecer manifiestamente de fundamento, de acuerdo con los criterios que se contienen en consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación con los artículos 217.3 (carga de la prueba), 218.1 (claridad, precisión y congruencia de las sentencias), 218.2 (motivación de las sentencias), 319.1 (fuerza probatoria de los documentos públicos); y, asimismo, respecto del motivo anudado al artículo 386 LEC, porque éste no fue previamente anunciado, como es preceptivo, en el escrito de preparación del recurso extraordinario por infracción procesal (arts. 469 y 471 LEC); póngase de manifiesto dicha causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal a todas las partes personadas y óigaseles por el plazo de diez días antes de dictar la resolución definitiva. Igualmente, en relación con el recurso de casación, apreciando la Sala la posible concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2º LEC, en relación con los artículos 481.1 y 477.1 de la LEC 2000, en atención al criterio jurisprudencial según el cual el recurso de casación implica plantear al tribunal cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, ni desarrollar la fundamentación del recurso al margen de la base fáctica de la sentencia impugnada, póngase de manifiesto dicha causa de inadmisión del recurso de casación a todas las partes personadas y óigaseles por el plazo de diez días antes de dictar la resolución definitiva.

Lo que fue contestado por la parte recurrida en escrito que quedó unido a las actuaciones, por providencia de 1 de julio de 2009.

Quinto.- Dentro del plazo conferido en providencia de 11 de junio por la representación y defensa de los recurrentes se presentó escrito de renuncia, que se puso en conocimiento de dicha parte para que, en el plazo de 10 días pudieran comparecer 2

personándose en forma, bajo nueva dirección y representación; siendo contestado en el sentido de que a dicha parte le resultaba imposible encontrar abogado que se encargara de la defensa de sus intereses, por lo que solicitó fueran designados por los Colegios de Abogados y Procuradores de Bizkaia. A dicha solicitud se accedió por providencia de 23 de septiembre de 2009, remitiéndose en consecuencia los correspondientes oficios.

Sexto.- La designación efectuada por el Colegio de Abogados recayó en la Letrada del Turno de Oficio D.ª Stella González Ruiz, quien a su vez presentó renuncia ante este Tribunal, dándose traslado nuevamente al Colegio de Abogados para que resolviera en derecho.

Séptimo.- En providencia de 30 de octubre, se acordó que "por recibidas las anteriores comunicaciones de los Ilustres Colegios de Abogados y Procuradores de Bizkaia, únanse con entrega de copias a las partes personadas. Designada para la representación de los recurrentes la Procuradora Sra. D.ª Asunción Hurtado Madariaga, cesara en la que hasta este momento ostentaba D.ª Matilde Viejo Casans, entiéndanse en lo sucesivo y en tal concepto, con la actualmente designada Sra. Hurtado Madariaga. En cuanto al oficio remitido por el Colegio de Abogados, y visto su contenido en el que no se acepta la renuncia de la letrada D.ª Stella González Ruiz, queda confirmada su designación para la defensa de los intereses de los recurrentes en el presente recurso de casación 2/09. Óigase a la parte recurrente por el plazo de los dos días que le restan, en relación a la posible concurrencia de causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, puesto de manifiesto en providencia de 11 de junio de 2009".

Octavo.- Por providencia de 5 de noviembre se acordó la unión del escrito presentado, "No procede tener por renunciada en la presente causa a la Letrada, D.ª Stella González Ruiz, a la vista del oficio remitido a esta Sala por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, de fecha 23 de octubre de 2009, y en el que se da cuenta de la no aceptación de la renuncia causada por dicha Letrada y de la confirmación de su designación para la defensa de los intereses de D. José M.ª en esta causa; ni aún procedería alegar sobre la excusa de la defensa contemplada en el art. 31 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a la que remite el artículo 33 LEC, debido a que tan sólo la autoriza en el orden penal, imponiendo a los Abogados y Procuradores designados el desempeño de sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate, cuando, además, no consta que por la referida Letrada se haya planteado la insostenibilidad de la pretensión en esta causa. Procede, asimismo, denegar la solicitada prórroga del plazo en su día otorgado para efectuar alegaciones en relación con la concurrencia de una causa de inadmisión del recurso extraordinario de casación, no ya por resultar excesivo dicho plazo, sino porque, de un lado, lo impide el principio de improrrogabilidad de los plazos que establece el artículo 134 LEC y que rige con carácter general en nuestro sistema procesal, fuera de los casos de fuerza mayor, no concurrente en el presente caso, y, de otro, porque ya fue en su día suspendido el cómputo del plazo de diez días concedido a las partes para alegaciones sobre inadmisibilidad del 3

recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Denegación que no comporta vulneración del principio de tutela judicial efectiva que ampara el artículo 24 de la Constitución, ni indefensión, toda vez que, acordada la suspensión del trámite de alegaciones, una vez presentado escrito de renuncia por el Letrado, D. José Antonio Barturen García, mediante providencia de 29 de junio de 2009, aún resta el plazo de dos días para alegaciones que no cabe estimar insuficiente, considerando que la designación de la Letrada por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya se había producido en fecha 28 de septiembre de 2009, momento a partir del cual pudo tener acceso a la causa y a los documentos que en ella se integran, además de su deber de recabar del Letrado cesante la información necesaria para continuar la defensa y la obligación de éste de devolver la documentación en su poder y facilitar al nuevo letrado la información necesaria, tal como prescribe el artículo 16 del Estatuto General de la Abogacía Española (R.D. 658/2001, de 22 de junio). Y todo ello, sin obviar que la Letrada desde su designación ha dispuesto, para preparar sus alegaciones , de un tiempo que supera con creces la parte (ocho días) del plazo (diez días) consumida por el anterior letrado cesante y sin perjuicio de que para atender a la defensa de los intereses de su defendido en el incidente suscitado -inadmisibilidad del recurso de casación- sería bastante el examen de la sentencia recurrida en casación así como del escrito de preparación del recurso de casación y de las concretas indicaciones de la propia providencia de esta Sala, de 29 de junio de 2009, que daba audiencia a las partes sobre la cuestión de inadmisibilidad planteada. En consecuencia, estése a lo acordado en providencia de fecha 30 de octubre de 2009".

Noveno.- En el plazo conferido en la providencia de 5 de noviembre, se presentó por la parte recurrente escrito evacuando el traslado en relación con el contenido de la providencia de 11 de junio, quedando las actuaciones pendientes de que se dicte la resolución que proceda sobre la admisión del recurso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Primero.- Se han interpuesto, por la representación procesal de D.ª M.ª Luisa, D.ª Margarita Teresa y D.ª Azucena, recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, contra la sentencia dictada con fecha 15 de enero de 2008, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª), en el rollo de apelación, nº 331/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario, nº 416/2004, del Juzgado de Primera Instancia, nº 4, de Baracaldo.

El artículo 73.1.A de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como Sala de lo Civil, del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden

civil con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas de Derecho Civil, Foral o Especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución.

En el artículo 14.1.a) del Estatuto de Autonomía del País Vasco se declara que la competencia de los órganos jurisdiccionales en el País Vasco se extiende en el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión de las materias del Derecho Foral propio del País Vasco, señalándose en el artículo 34 de dicho Estatuto, que la organización de la Administración de Justicia en el País Vasco, culminará en un Tribunal Superior con competencia en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales.

El Tribunal Supremo, en sentencia, de 24 de marzo de 2009, ha declarado la competencia de esta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para conocer de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, interpuestos por la representación procesal de D.ª M.ª Luisa, D.ª Margarita Teresa y D.ª Azucena, contra la sentencia dictada con fecha 15 de enero de 2008, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª), en el rollo de apelación, nº 331/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario, nº 416/2004, del Juzgado de Primera Instancia, nº 4, de Baracaldo.

Segundo.- Dispone la regla 5ª de la Disposición Final 16ª de la LEC, que si se tramitaren conjuntamente recurso por infracción procesal y recurso de casación, la Sala examinará, en primer lugar, si la resolución recurrida es susceptible de recurso de casación, y si no fuere así, acordará la inadmisión del recurso por infracción procesal.

El recurso de casación se preparó al amparo del ordinal 2º del art. 477.2.2º de la LEC, por ser la cuantía del procedimiento superior al límite fijado en el referido precepto, alegando la parte recurrente como infringidos, por su no aplicación, los artículos 1, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco, así como la aplicación errónea de dicho texto legal en relación con sus artículos 112, 113, 115, 116, y 123. Y, asimismo se preparó el recurso extraordinario por infracción procesal fundado en algunos de los motivos previstos en el artículo 469.1 LEC. Dado que la sentencia impugnada resulta recurrible en casación, de conformidad con el ordinal 2º del art. 477.2.2º de la LEC, procede examinar en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal.

Tercero.- Mediante providencia de esta Sala Civil y Penal, de fecha 11 de junio de 2009, se acordó oír a las partes personadas, por el plazo de diez días, y antes de dictar la resolución definitiva, sobre la posible concurrencia en el recurso extraordinario por infracción procesal del supuesto de inadmisión previsto en el artículo 473.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, de 7 de enero, por carecer manifiestamente de fundamento, de acuerdo con los criterios que se contienen en consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación con los artículos 217.3 (carga de la prueba), 218.1 (claridad, precisión

y congruencia de las sentencias), 218.2 (motivación de las sentencias), 319.1 (fuerza probatoria de los documentos públicos) y, asimismo, respecto del motivo anudado al artículo 386 LEC, porque éste no fue previamente anunciado, como es preceptivo, en el escrito de preparación del recurso extraordinario por infracción procesal (arts. 469 y 471 LEC); y en relación con el recurso de casación, sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2º LEC, en relación con los artículos 481.1 y 477.1 de la LEC 2000, en atención al criterio jurisprudencial según el cual el recurso de casación implica plantear al tribunal cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, ni desarrollar la fundamentación del recurso al margen de la base fáctica de la sentencia impugnada.

La parte recurrente presentó escrito de alegaciones en el que mostró su disconformidad respecto de la providencia de 11 de junio de 2009, reiterando las infracciones en que, a su juicio, incurre la sentencia impugnada en casación y solicitando la admisión de los recursos interpuestos con los pedimentos que en ellos se incluyen.

La representación de D. José Luis, D.ª Dolores, D. Jesús y D.ª Amaya, mostraron por su parte conformidad con la posible existencia de causas de inadmisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal y del recurso de casación, interesando la inadmisión de dichos recursos.

Dispone el art. 473.2 LEC 2000, en sus apartados 1º y 2º, que procederá la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal si, pese a haberse tenido por preparado el recurso, éste fuere improcedente, por no cumplirse los requisitos establecidos en los arts. 467, 468 y 469 o si el recurso careciere manifiestamente de fundamento, añadiendo en el párrafo tercero que si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de inadmisión, dictará auto declarando la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y la firmeza de la resolución recurrida, previo el traslado previsto en el art. 473.2, párrafo segundo, de la LEC 2000 para poner de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso.

La parte recurrente anuda todas las infracciones de que a su juicio adolece la sentencia objeto del recurso a una valoración de la prueba practicada diferente a la efectuada en la resolución dictada en primera instancia y confirmada en la sentencia desestimatoria del recurso de apelación, interpuesto contra la primera.

En efecto, sostiene la parte recurrente que se ha producido una aplicación indebida de la carga de la prueba por cuanto que la parte demandada no ha probado los hechos que enervan la eficacia jurídica de los que sustentan la demanda, particularmente referidos a la propiedad a favor de D. Ramón y de D.ª Damiana de bienes inmuebles doblemente inmatriculados respecto de los que los recurrentes pretenden hacer valer sus derechos sucesorios, toda vez que no admiten como probado el pago de una deuda reconocida por el mencionado D. Ramón a favor de su yerno acreedor, D. Cristóbal, mediante la entrega de

fincas.

Debe precisarse, en primer lugar, que la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 26 de septiembre de 2008, recogiendo la doctrina establecida en la Sentencia de 12 de junio de 2007, resume la jurisprudencia sobre la carga de la prueba en los siguientes términos: 1.- Para que se produzca la infracción del art. 1214 (actual artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) es preciso que concurran los requisitos consistentes en: a) Existencia de un hecho -afirmación fáctica positiva o negativa- precisado de prueba y controvertido. No la precisan los hechos notorios y no resultan controvertidos los admitidos en los escritos de alegaciones; b) Que el hecho sea necesario para resolver una cuestión litigiosa; c) Se trate de un hecho que se declare no probado, bien por falta total de prueba, bien por no considerarse suficiente la practicada, sin que exista ninguna norma que establezca la tasa o dosis de prueba necesaria (coeficiente de elasticidad de la prueba). Probado un hecho resulta indiferente la parte que haya aportado la prueba en virtud del principio de adquisición procesal; y d) Que se atribuyan las consecuencias desfavorables de la falta de prueba a una parte a quien no incumbía la prueba. Y es, entonces, cuando entra en juego la doctrina de la carga de la prueba material. 2.- No cabe aducir infracción de la carga de la prueba para denunciar una falta de prueba, o dosis insuficiente, cuando el juzgador declara probado un hecho. Puede haber error patente o arbitrariedad -incoherencia- pero ello afecta a la motivación y no a la carga de la prueba y 3.- El artículo 1214 del Código Civil (actual 217 de la LEC 2000) no contiene ninguna regla de prueba, por lo que no cabe basar en el mismo una alegación de error en la valoración probatoria. En tal sentido se manifiesta reiteradamente la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, dentro de la cual caben citar como sentencias más recientes las de 26 y 31 de mayo, 1 y 8 de junio de 2006, 21 julio 2006 y 2 marzo 2007.

Aplicada tal doctrina jurisprudencial al presente caso resulta que el recurso extraordinario por infracción procesal formalizado, tal y como ya se anticipó, incurre en la causa de inadmisión de carencia de fundamento prevista en el art. 473.2.2º de la LEC 2000, bastando examinar la resolución recurrida para comprobar que ninguna alteración de la carga probatoria se ha producido porque el citado artículo 217 regula la distribución de la carga de la prueba (la llamada "regla de juicio") y sabido es, como ha quedado expuesto, que su aplicación procede en aquellos supuestos en que el tribunal considera que determinado hecho de carácter relevante no ha quedado probado; supuesto en que, atendiendo a las citadas reglas, habrá de determinar a cuál de las partes ha de perjudicar dicho vacío probatorio según las reglas que imponen la carga de la prueba a una o a otra (ATS de 23 de junio de 2009).

En el supuesto que se examina no se ha aplicado indebidamente dicha carga en cuanto que la Audiencia ha estimado probado un hecho alegado por la parte demandada- reconviniente, en base a la apreciación conjunta de la prueba practicada en el procedimiento (documental y testifical), cual es la propiedad de D. Cristóbal de las fincas en cuestión, como resulta del fundamento jurídico tercero que literalmente expresa: "Documental y 7

testificalmente se da fehaciencia a propiedad en favor de D. Cristóbal, abuelo de las actoras, es particularmente sustantivo en tal afirmación el documento número 19 de la contestación, no rebatido, preclaramente préstamo del abuelo al bisabuelo en donde se señala que en caso de no poder devolver lo recibido el cumplimiento se llevaría a cabo mediante la entrega de fincas, todo corroborado a posteriori, la forma de cumplimiento, ante no documentación de cancelación material mediante devolución dineraria, si se documenta la entrega lógica la documental si se hace frente monetariamente, y propia realidad de exteriorización dominical sin oposición de herederos directos, resto de hijos de D. Ramón, fáctico creador de presunción solidificando la documental reseñada. Se ha devuelto un préstamo mediante entrega de fincas, no hay discrepancia que en ellas se incardinan las litigiosas. Con independencia de la no inscripción se ha producido un cambio de titularidad"

No cabe, como parece pretender la parte recurrente, so pretexto de una alteración de la carga de la prueba, una revisión de todo el acervo probatorio, conforme a la reiterada doctrina del Tribunal Supremo que establece que la invocación de la alteración de la carga probatoria carece de eficacia cuando, como en este caso, se intenta rebatir la valoración de pruebas efectuada por la sentencia recurrida (SSTS 13-2-92, 27-2-92, 15-12-92, 16-2-93, 1­3-95, 15-5-95, 30-9-96, 22-2-97 y 18-7-97), que ha obtenido sus conclusiones fácticas del material probatorio obrante en autos (SSTS 15-5-95 y 2-6-95).

Cuarto.- Tampoco es compartible la alegación de la parte recurrente relativa a la infracción del artículo 218.1 LEC, que impone la claridad, precisión y congruencia de las sentencias, al estimar que la sentencia impugnada incurre en incongruencia ya que altera de forma grave la causa de pedir, en tanto que las pretensiones de la actora se limitan a reivindicar el derecho a la cuota hereditaria que, en su opinión, les corresponde como legítimas herederas de su padre, D. Ramón.

Tal como expresa el Auto del Tribunal Supremo, de 16 de Junio de 2009, constituye reiterada doctrina del Tribunal Supremo la que afirma que el deber de congruencia que pesa sobre las sentencias, y que consiste en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se da allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible, estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que litigan, si bien esta permisión tiene como límite el respeto a la causa de pedir, que no puede alterarse, ni cabe la sustitución de unas cuestiones por otras (SSTS 11-10-89, 16-4-93, 29-10-93, 23-12-93, 25-1-94, 15-12­95, 7-11-95, 4-5-98, 10-6-98, 15-7-98, 21-7-98, 23-9-98 y 1-3-99, entre otras), pues la finalidad de la LEC al respecto es asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión (STS 28-7-95); de 8

forma que para determinar la incongruencia se ha de acudir necesariamente al examen comparativo de lo postulado en el suplico de la demanda y, en su caso, reconvención y los términos en que se expresa el fallo combatido (SSTS 22-4-88, 23-10-90, 14-11-91 y 25-1­94).

La parte recurrente, en su escrito de demanda de juicio ordinario de declaración de doble inmatriculación registral de fincas y de mejor derecho a los inmuebles, dedujo como pretensiones la estimación íntegra de la demanda y, en consecuencia, que se declarase: 1) La identidad existente entre diversas fincas y la existencia respecto de tales inmuebles de doble inmatriculación registral; 2) la prevalencia de las inscripciones registrales más antiguas; 3) La nulidad de los títulos de los codemandados, en relación a las fincas registrales, núm. 8.686 y núm. 6.127 del Registro de la Propiedad de Portugalete; 4) La nulidad y la cancelación registral de las inscripciones, núm. 8.686 y núm. 6.127, y que las fincas en ellas descritas se corresponden con la 1.420 y las 1.421, 1.422 y 1.423, respectivamente y que forman parte de la masa hereditaria de la herencia de D. Ramón y su esposa y que, en consecuencia las demandantes como sus coherederas ostentan un mejor derecho a dichos inmuebles en la cuota hereditaria que se determinará en el procedimiento de división judicial, nº 1.220, seguido en el Juzgado de primera Instancia, nº 4, de Baracaldo; 5) En el hipotético supuesto de que se alegare de contrario prescripción adquisitiva a favor de D.ª Pilar de las fincas objeto del pleito adquiridas por los demandados, que se reconozca el derecho de las demandantes, como sus parientes colaterales tronqueros preferentes que son, a ejercitar la saca foral por no haber efectuado en dichas transmisiones los preceptivos llamamientos forales; y 6) La anotación del derecho legítimo de las demandantes a las fincas en cuestión en las inscripciones registrales, núms. 1.420 y las 1.421, 1.422 y 1.423.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia, nº 4, de Baracaldo, de fecha 9 de diciembre de 2005, desestimó la demanda presentada por la representación procesal de D.ª M.ª Luisa, D.ª Margarita Teresa y D.ª Azucena, absolviendo en la instancia a los demandados de los pedimentos de la demanda principal, y estimó la demanda reconvencional, presentada por la representación de D. José Luis, D.ª Dolores, D. Jesús y D.ª Amaya.

Recurrida en apelación la referida sentencia por la representación procesal de D.ª M.ª Luisa, D.ª Margarita Teresa y D.ª Azucena, parte demandante, se interesó sentencia estimatoria del recurso de apelación, con revocación de la sentencia apelada y el dictado de nueva sentencia por la que se declarase el pleito de cuantía indeterminada o, subsidiariamente, por el valor de la cuota de participación de las recurrentes en las fincas, núms. 1.420, 1.421, 1.422 y 1.423, objeto del pleito; se reconociese el derecho de las recurrentes conforme a los pedimentos del escrito de demanda y se desestimase la demanda reconvencional, confirmando el derecho de las recurrentes.

La Audiencia Provincial de Vizcaya, dictó sentencia, en 15 de enero de 2008, estimando parcialmente el recurso de apelación y declarando no haber lugar a la excepción 9

de falta de legitimación activa procesal, ni al pronunciamiento sobre prescripción de la acción de petición de herencia de las reconvenidas, sin expresa imposición de las costas vinculadas a la reconvención y con ratificación de la condena en costas inherentes a la demanda en la primera instancia, confirmando en lo demás la sentencia apelada y omitiendo expreso pronunciamiento sobre las costas procesales de la apelación.

Resulta, así, que las resoluciones objeto de análisis se han dictado con estricto cumplimiento del artículo 218.1 LEC, que impone la claridad, precisión y congruencia de las sentencias, toda vez que se atienen estrictamente a las pretensiones formalmente deducidas por las partes en el proceso, con independencia de su acogimiento o rechazo por parte del órgano judicial correspondiente.

Quinto.- También resulta rechazable la alegación relativa a la falta de motivación y la consecuente afección del derecho a la tutela judicial efectiva -que la parte recurrente anuda a que <>-, si se tiene en cuenta la más que reiterada doctrina del Tribunal Supremo, conforme a la cual el deber de motivación de las sentencias se impone, ciertamente, sobre la base del respeto a la tutela judicial efectiva, que determina su exigibilidad justificada por los propios fines a cuyo logro se tiende, cuales son el sometimiento del Juez al imperio de la Ley, lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial, y facilitar el control de la misma por los tribunales superiores (cf. SSTC 22/44, 28/94, 13/95 y 32/96, entre otras); ahora bien, tal exigibilidad se encuentra matizada por la doctrina constitucional indicando que "no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión (SSTC 14/91 ), es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla (SSTC 28/94, 153/95 y 32/96), que puede deducirse del conjunto de los razonamientos de la decisión (SSTC 91/95 y 1/99 ); criterio éste recogido, entre otras, en las SSTS 1-6 y 3-6-99 -que cita las de 23-4-90 y 14-1- 91- al señalar que el deber de motivación ha de cumplir la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir su eventual control jurisdiccional, pero no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que la parte pueda tener sobre la cuestión litigiosa.

Tanto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, nº 4, de Baracaldo, de fecha 9 de diciembre de 2005, como la de Audiencia Provincial de Vizcaya, de 15 de enero de 2008, han ofrecido suficientes razones que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión (SSTC 14/91), es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla. De otro lado, la sentencia de Audiencia Provincial de Vizcaya, de 15 de enero de 2008, objeto del recurso extraordinario por infracción procesal que ahora se 10

examina, con independencia del mayor o menor acierto en la valoración conjunta de la prueba practicada, así como en la exposición razonada de la misma, ha alcanzado la conclusión de que <a posteriori, la forma de cumplimiento, ante no documentación de cancelación material mediante devolución dineraria, si se documenta la entrega lógica la documental si se hace frente monetariamente, y propia realidad de exteriorización dominical sin oposición de herederos directos, resto de hijos de D. Ramón, fáctico creador de presunción solidificando la documental reseñada>> Y, más adelante, concluye que <>.

Como es sabido, el recurso de casación no es una tercera instancia, por lo que no le está permitido al Tribunal realizar una nueva valoración de la prueba, debiéndose reducir su examen en esta sede a posibles infracciones de alguna de las reglas de valoración de la prueba, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad (STC 63/1984, 91/1990, 81/1995, 142/1999, 144/2003 y 192/2003; TS ss. de 24 de febrero y 24 de julio de 2000, y 15 de marzo de 2002). En el presente caso, la valoración de la prueba realizada por la sentencia de la Audiencia es perfectamente lógica y razonable; declara, tras examinar conjuntamente la prueba testifical y documental, un hecho probado -préstamo del abuelo al bisabuelo, en donde se señala que en caso de no poder devolver lo recibido, el cumplimiento se llevaría a cabo mediante la entrega de fincas y exteriorización dominical sin oposición de herederos directos-, sobre el que establece una presunción judicial (art. 386 LEC) sobre otro hecho -–la devolución del préstamo mediante entrega de las fincas en cuestión-, que le llevan a concluir que los bienes que se interesan no pertenecen a aquellos a quienes se pretende heredar porque se han transmitido con una ilación de relaciones jurídicas intachable, como forma de cumplimiento de un préstamo, primero, por testamento y venta y disolución de condominio después, con el añadido exteriorizante de poseer como dueño y de buena fe en el conjunto del tiempo que afecta a las realidades jurídicas. Razones que llevan a descartar las invocadas infracciones de los artículos 218.2 y 319.1 LEC.

En este sentido resulta de interés el criterio que se contiene en el ATS, de 23 de junio de 2009, cuando expresa que:

"La pretendida falta de motivación de la sentencia impugnada, por no expresar los

razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, no deja de ser meramente nominal e, incluso, instrumental, a fin de lograr una resultancia probatoria distinta de la mantenida por la Audiencia Provincial, pues si bien esta Sala, en línea con la doctrina constitucional, ha señalado que el deber de motivación de las sentencias alcanza también a la formación del juicio de hecho (cfr. SSTS 12-6-00 y 9-6-00, entre otras), tanto más cuanto su resultado queda, por lo general, al margen de la revisión por medio de los recursos extraordinarios, no puede olvidarse que también ha declarado que dicho deber procesal no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que la parte pueda tener (SSTS 3-6-99, 16-5-00 y 31-1-01, que cita SSTC 6-6-94 y 27-3-00, y SSTS 17-2-96, 22-5-97 y 20-12-00 y más recientemente de 14/11/2005 y 20/6/2007 rec. núm. 3022/2000).

No hay falta de motivación porque, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial (sentencias de 5 de noviembre de 2004, 17 de junio de 2004 y 3 de febrero de 2005 entre otras muchas, anteriores) y constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 187/2000, de 10 de julio y 214/2000, de 18 de septiembre), se cumple este requisito cuando se razona correcta y suficientemente el fallo de la sentencia, sea estimatorio o desestimatorio de la demanda sin que pueda identificarse el deber de motivación con motivación satisfactoria para la parte, debiendo distinguirla de las peculiares interpretaciones de valoración de la prueba y de la fijación de los hechos probados, y sin que pueda ampararse en la falta de motivación la revisión del acervo probatorio (STS 15-10-01).

Esto, y no otra cosa, es lo que subyace bajo la denuncia que integra el recurso, en el que la parte recurrente pretende revisar la valoración que se realiza de la prueba practicada, intentando, bajo la denuncia de falta de ajuste de los razonamientos de la Sentencia a las reglas de la lógica y la razón, imponer su propia valoración de aquella para llegar a la conclusión de que los cambios constantes en el proyecto inicial de la edificación no son la causa de que las obras no se hubieran terminado en la fecha prorrogada, impugnando en este motivo, la valoración conjunta de la prueba que realiza la Audiencia, mediante alegaciones que se realizan con carácter genérico y sin utilizar el cauce adecuado. En este sentido, el hecho de que se hayan desplazado hacia el ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal las cuestiones relativas a la determinación de los hechos, la distribución de la carga y la valoración de la prueba, y, en general, la formación del juicio de hecho, no autoriza para convertir este recurso en una nueva instancia en la que pueda valorarse nuevamente toda la prueba de autos y en donde quepa la revisión completa de la resultancia probatoria obtenida en la instancia, pues tal cosa pugna con la naturaleza extraordinaria de este recurso".

En relación a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por haberse dictado una sentencia que incurre en falta de motivación debe recordarse que el derecho de tutela judicial efectiva es un derecho de naturaleza prestacional; el Tribunal Constitucional en su sentencia 96/2005, de 18 de abril, declara: "Es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface, en esencia, con una respuesta jurídicamente fundada, motivada y razonable de los órganos jurisdiccionales a las 12

pretensiones de quien acude a ellos para la defensa de sus intereses. Cabe, en consecuencia, constatar la vulneración de este derecho fundamental cuando se priva a su titular del acceso a la jurisdicción; cuando, personado ante ella, no obtiene respuesta; cuando, obteniendo respuesta, ésta carece de fundamento jurídico o dicho fundamento resulta arbitrario; o cuando, obteniendo respuesta jurídicamente fundada, el fallo judicial no se cumple".

En el presente caso, las recurrentes han obtenido una resolución fundada en derecho - por más que la decisión resulte contraria a sus intereses- de forma tal que lo argumentado en el motivo soslaya la indicada naturaleza prestacional del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 8/1998, de 13 de enero, FJ 3; 115/1999, de 14 de junio, FJ 2; 122/1999, de 28 de junio, FJ 2; 108/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 158/2000, de 12 de junio, FJ 5; 252/2000, de 30 de octubre, FJ 2; y 3/2001, de 15 de enero, FJ 5), y prescinden del Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia recurrida, cuyo contenido, en lo que interesa ha quedado más arriba recogido. En definitiva, la particular apreciación de la parte de que se ha vulnerado su derecho de tutela efectiva, basada en la obtención de una resolución, que a su entender, incurre en falta de motivación, carece manifiestamente de fundamento y por ello no puede ser acogida la infracción denunciada.

Sexto.- Finalmente debe examinarse el motivo anudado al artículo 386 LEC, que tal como alega la parte recurrente dicho motivo si fue incluido en el escrito de preparación del recurso extraordinario por infracción procesal, si bien dentro del apartado IV) POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 319.1 LEC, como error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que no ha de impedir su examen en este trámite.

Afirma la parte recurrente en su escrito de alegaciones que el proceso deductivo de la sentencia no se ajusta en ningún caso a las reglas de la lógica, toda vez que el hecho deducido no es producto de una inferencia lógica desarrollada a partir de los hechos acreditados y además falta un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho deducido, según las reglas del criterio humano y siempre desde el respeto de los hechos base de la deducción.

Sin embargo, la sentencia objeto del presente recurso extraordinario por infracción procesal no infringe en modo alguno el artículo 386 LEC, que permite las presunciones judiciales y conforme al cual a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

En efecto, la sentencia enjuiciada, en el apartado C) de su fundamento jurídico tercero, comienza por aceptar la profusión de elementos de prueba recogidos en la instancia y en la resolución que se acompaña en el rollo de apelación –que, además de tener en cuenta el documento nº 19, acompañando al escrito de contestación a la demanda, literalmente expresa que <

litigio eran considerados propiedad de Cristóbal y que pasaron tras su muerte a su hermana Pilar y a sus nietos, que ya residían en las fincas ayudando a su administración, así como la ausencia de residencia habitual en las mismas del padre de las demandadas reconvencionales, llevándose a cabo la construcción a su vista sin que el mismo se opusiera ni a la posesión ni a la construcción en ningún momento de su vida>>- concluyendo que <>, destacando el documento, nº 19, acompañando al escrito de contestación a la demanda, que acredita la existencia de un préstamo de D. Cristóbal a favor de su suegro, D. Ramón y del compromiso de éste a devolver la suma prestada en la misma moneda o en fincas de su propiedad, añadiendo que la demostración de tal hecho, es decir, de la devolución de lo prestado mediante la entrega de fincas de su propiedad, queda corroborada ante la falta de documentación relativa a la cancelación material del préstamo mediante devolución dineraria y por la propia realidad de exteriorización dominical -entiéndese que de las fincas controvertidas- por parte de D. Cristóbal sin oposición de herederos directos, resto de hijos de D. Ramón; hechos probados que permiten al juzgador establecer la presunción de que entre las fincas entregadas en pago del préstamo recibido se encontraban las fincas objeto de disputa con la consecuencia de haberse producido un cambio de titularidad respecto de ellas. Resulta así que entre el hecho demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, como es la existencia de un préstamo, la devolución mediante entrega de fincas y la presunción de que entre las fincas entregadas se encuentran las controvertidas, considerada la posesión a título de dueño, pública, pacífica y no interrumpida de las mismas por D. Cristóbal.

Debe, en atención a cuanto ha quedado expuesto y razonado, declararse la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal al concurrir el supuesto previsto en el artículo 473.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, de 7 de enero, por carecer manifiestamente de fundamento, de acuerdo con los criterios que se contienen en consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación con los artículos 217.3 (carga de la prueba), 218.1 (claridad, precisión y congruencia de las sentencias), 218.2 (motivación de las sentencias), 319.1 (fuerza probatoria de los documentos públicos) y 386 LEC.

Séptimo.- Una vez determinada la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal procede examinar el recurso de casación, en orden a determinar la posible concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.2º LEC, en relación con los artículos 481.1 y 477.1 de la LEC 2000, en atención al criterio jurisprudencial según el cual el recurso de casación implica plantear al tribunal cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, ni desarrollar la fundamentación del recurso al margen de la base fáctica de la sentencia impugnada.

La parte recurrente manifestó en su escrito de alegaciones su disconformidad con la providencia, de 11 de junio de 2009, al considerar que el recurso de casación por ella interpuesto cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, basándose en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del 14

proceso. Asimismo, se reiteró en el contenido del escrito de recurso de casación, en que señaló como motivos: 1) La infracción del artículo 13.2 Cc. en relación con los artículos 6.2 y 3 Cc.; 2) Por inaplicación de la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco; 3) Por aplicación errónea de los artículo 112, 113, 114, 115, 116 y 123 de la Ley 3/1992, de 1 de julio; 4) Por infracción de los artículos 33 y 205 de la Ley Hipotecaria; 5) Infracción por aplicación indebida de los artículos 1940, 1941, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1959 y 7.1 Cc.; y 6) Infracción por inaplicación del artículo 1942 Cc.

El recurso de casación no puede prosperar por no ajustarse a lo previsto en el art. 483 de la LEC , según constante doctrina del Tribunal Supremo, aplicada desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000. En efecto conviene recordar que Alto Tribunal, en Autos resolutorios de recursos de queja y de inadmisión de recursos de casación interpuestos, con ocasión del examen los requisitos exigibles al escrito preparatorio del recurso de casación - indicación de la infracción legal cometida y, en su caso, acreditación del "interés casacional"- y muy especialmente al precisar el ámbito de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, ya en fase de interposición del recurso, ha reiterado que el recurso de casación implica plantear al Tribunal Supremo cuestiones jurídicas de un modo preciso y razonado, sin apartarse de los hechos, en cuanto dicho recurso, por su función nomofiláctica (función del Tribunal Supremo consistente en depurar las normas legales fijando su correcta interpretación), tiene una clara finalidad de control en la aplicación de la norma -a la que se añade, en el caso del recurso de casación basado en la existencia de "interés casacional", la más predominante, de creación de jurisprudencia- que, avanzando en la configuración que la LEC 1/2000 hace de la casación, ha llevado a esta Sala a declarar la improcedencia de aquellos recursos, incluso advertida por vía de queja en fase de preparación, en los que no se respetaba la base fáctica de la Sentencia impugnada, y también la de aquellos en los que se planteaba en el recurso una cuestión que, amparada en la apariencia generada por el cumplimiento de los requisitos puramente formales, no afectaba a los razonamientos en los que la Audiencia basaba la Sentencia de segunda instancia, planteando así una cuestión jurídica sustantiva que, de resolverse por este Tribunal, no afectaría al fallo perjudicial al recurrente que justifica el recurso, en cuanto la verdadera ratio decidendi (fundamento de la decisión) resultaba soslayada en el mismo.

O como también se dice en el ATS, Civil sección 1, del 17 de Noviembre del 2009, <ratio decidendi (fundamento de la decisión), también concurre cuando la parte recurrente, olvidando que no se halla ante una tercera instancia, intenta reproducir, sin más, la controversia ante esta sede desde su particular planteamiento, olvidando así que el recurso de casación no constituye una tercera instancia, sino una modalidad de recurso extraordinario, en el que prevalece la finalidad de control de la aplicación de la norma y de creación de doctrina jurisprudencial, lo que exige plantear al Tribunal Supremo cuestiones jurídicas, de un modo preciso y razonado, pero siempre sin apartarse de los hechos, pues no

cabe la revisión de la base fáctica de la Sentencia de segunda instancia, como ya se ha dicho, de ahí que el vicio de la " petición de principio "o de hacer" supuesto de la cuestión", continúe determinando inexorablemente la improcedencia del recurso de casación, que por la obvia razón de impedirle cumplir sus estrictas y específicas funciones, que están por encima de la defensa del "ius litigatoris " (interés de las partes), de manera tal que, aunque formalmente atribuye a la Sentencia impugnada la infracción de concretos preceptos sustantivos, sus argumentos discurren al margen de lo que constituiría un adecuado razonamiento de su vulneración, reiterando lo que tan sólo es su visión del litigio, circunstancia que de manera inevitable conduce a que el escrito de interposición discurra como un escrito alegatorio propio de la instancia y no, como resulta exigible, desarrollando adecuadamente -mediante la exposición de los fundamentos, según la literalidad del art. 481.1 LEC 1/2000- las vulneraciones sustantivas que considera producidas en la Sentencia recurrida>>. Pues, como la señalada resolución también declara <>.

La aplicación de los criterios jurisprudenciales expuestos al caso que se examina permite concluir que nos hallamos ante un supuesto de interposición defectuosa del recurso, ya que la parte recurrente articula el recurso de casación invocando la infracción de los artículos establecidos en su recurso desde una contemplación de los hechos, tal como expresamente establece en la parte que intitula "Preliminar" de su escrito de recurso de casación, diferente a la constatada por la sentencia recurrida, eludiendo aquellas cuestiones de hecho que le perjudican, incurriendo en el defecto casacional de supuesto de la cuestión al obviar los hechos declarados probados e intentar una nueva e imposible valoración en casación de la prueba practicada, lo que es, como se dice en el ATS, de 17 de noviembre del 2009, contrario a la técnica casacional en tanto que la misma exige razonar sobre la infracción legal, prescindiendo de los hechos y de la valoración probatoria, planteando ante esta Sala una cuestión de derecho material en relación con los fundamentos de la Sentencia recurrida determinantes de su fallo, exigencia contenida en el art. 477.1, en relación con el art. 481.1 de la LEC 2000, con la consecuencia de que en el presente caso no se plantea a la Sala una verdadera vulneración sustantiva, presupuesto ineludible de este recurso, dada su finalidad nomofiláctica, sino una visión parcial y subjetiva de los hechos y de la valoración probatoria; de manera tal que, el hecho de que se hayan cumplido los requisitos formales relativos a la denuncia de unas infracciones sustantivas, relacionadas con las cuestiones objeto de debate y se desarrollen unas alegaciones, no justifica, sin más, la admisión de un recurso en el que prevalece claramente el derecho declarado en la sentencia objeto del

recurso de casación.

Octavo.- Resultado de lo anteriormente expuesto y razonado es la procedencia de declarar la competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para conocer del presente recurso de casación y del recurso extraordinario por infracción procesal; así como la inadmisión a trámite de ambos por los motivos expuestos, con imposición de las costas procesales a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 Cc. en relación con el artículo 394 Cc.

En consecuencia de todo lo anterior,

LA SALA ACUERDA

Declarar su competencia para conocer de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, interpuestos por la Procuradora de los Tribunales D.ª Matilde Viejo Casans, posteriormente sustituida por D.ª Asunción Hurtado Madariaga, en representación de D. José María, quien actúa en nombre y representación de D.ª M.ª Luisa, D.ª Margarita Teresa y D.ª Azucena, contra sentencia dictada por la Sección Cuarta, de la Audiencia Provincial de Bizkaia, con fecha 28 de julio de 2006, en el Rollo de Apelación ordinario L2 nº 440/05.

Inadmitir a trámite dichos recursos con archivo de las actuaciones.

Condenando a la parte recurrente al pago de las costas procesales devengadas en esta instancia.

Lo acordaron, mandaron y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Iltmos. Seres. Magistrados del margen, de lo que yo, la Secretario, doy fe.