STS de 13 de mayo de 1965

En la villa de Madrid, a 13 de mayo de 1965; en los autos seguidos por el Juzgado de Primera Instancia de Durango y en grado de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, por don Pedro Gorostiza Ocerinjáuregui, mayor de edad, soltero, labrador y vecino de Ceanuri, con don Eugenio Ocerinjáuregui Zuloaga, labrador, mayor de edad y vecino de Dima y doña Felisa, conocida por Feliciana Beascoechea Echevarría, mayor de edad, casada y vecina de Dima, sobre inexistencia y simulación de contrato de compraventa y otros extremos; autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el demandado don Eugenio Ocerinjáuregui, representado por el Procurador don Adolfo Morales Vilanova, dirigido por el Letrado don Pedro Rodríguez Sahagún; habiendo comparecido por el presente recurso el actor y recurrido, representado en concepto de pobre por el Procurador don Aquiles Ullrich y Dotti, y dirigido por el Letrado don Miguel García de Obeso.

Resultando que en el Juzgado de Primera Instancia de Durango, se siguió juicio ordinario declarativo de mayor cuantía, a solicitud de don Pedro Gorostiaga Ocerinjáuregui, contra don Eugenio Ocerinjáuregui Zuloaga y de su esposa doña Felisa Beascoechea Echevarría, en solicitud de que en su día se dictara sentencia en la que se declarara: Primero. Inexistente, simulado y por tanto radicalmente nulo y sin efecto legal ni valor alguno el contrato de compraventa otorgado entre don Pedro Gorostiaga Ocerinjáuregui y don Eugenio Ocerinjáuregui Zuloaga ante el Notario de Bilbao, don César de Olaurtúa, con fecha 18 de diciembre de 1945. Segundo. Asimismo nula y sin valor legal ni efecto alguno la inscripción de la venta indicada en el apartado anterior a favor de don Eugenio Ocerinjáuregui Zuolaga, en el Registro de la Propiedad de Durango y su Partido, así como los asientos posteriores que estuvieren subsistentes, si los hubiere, mandando cancelar dichas inscripciones totalmente. Tercero. Condenando a los demandados don Eugenio Ocerinjáuregui Zuloaga y su esposa doña Feliciana Beascoechea Echevarría, a estar y pasar por las presentes declaraciones, y al pago de todas las costas y gastos que se causen con motivo de este juicio por su temeridad y mala fe; expresándose en esencia en mencionada demanda que los demandados habían aparentado adquirir por escritura pública otorgada en Bilbao en el año 1945 la finca denominada "Caserío Arana", cuyos bienes eran troncales, conforme al Fuero de Vizcaya, por hallarse enclavados en la Anteiglesia de Ceanuri, debiendo realizarse los llamamientos forales, los cuales no se llevaron a efecto, enunciándose otros datos, reveladores todos de la simulación, que el actor imputaba a la mencionada escritura.

Resultando que conferido traslado de la demanda a los demandados para contestarla, lo evacuaron, afirmando que si bien no se habían realizado los llamamientos forales –omisión que únicamente permitiría el ejercicio de la "saca foral"–, la escritura impugnada era perfectamente válida y eficaz, en atención a que en el mismo día en que

se otorgó y en la misma Notaría, se suscribió un documento privado que los demandados acompañaban a su contestación, y cuyo texto literal era el siguiente: Los suscritos señores Eugenio Ocerinjáuregui Zuloaga y su esposa doña Feliciana Beascoechea Echevarría, ambos mayores de edad, labradores y vecinos de la Anteiglesia de Ceanuri, declaramos y confesamos que aunque consignada expresamente en la escritura pública de fecha de hoy ante el Notario de Bilbao don César de Olaurtúa Arana, por la que hemos comprado a don Pedro Gorostiaga Ocerinjáuregui las fincas rústicas sitas en Ceanuri, a saber: Caserío doble en el lugar denominado "Arana", señalada con los números 139 y 140 del Barrio Ipiñaburu, con sus pertenencias de heredades y montes, una suerte de montes sitos en el Barrio de Arzuaga y constituída por los montes conocidos con los nombres de "Zaumbre" y Ogaldea, Arechabaletabecoa o Gorostecha, Auntz-Iturrieta y "Pagatza y Legour" o "Pagatza", ha sido pacto o estipulación de ambos contratantes, el que el vendedor, don Pedro, gozará del usufructo vitalicio de la totalidad de dichas fincas y en su defecto, gozarán del mismo derecho sus hermanos don Pedro, don Pablo y don Francisco Gorostiaga Ocerinjáuregui,que por tanto se le reconocemos de modo solemne, obligándonos los suscritos a respetarlos, sin reparo ni obstáculo alguno. Y para justificación del dicho y satisfacción de los señores don Pedro, don Pablo y don Francisco Gorostiaga, extendemos y firmamos el presente documento privado en Bilbao, a 18 de diciembre de 1945, firmado Eugenio Ocerinjáuregui. Feliciana Beascoechea (rubricados). El pie se lee (sigue al dorso). Legitimación: Don César Olaortúa Arana, Notario del Ilustre Colegio de Burgos, con residencia en esta villa, doy fe: Que son legítimas las firmas y rúbricas que anteceden, de don Eugenio Ocerinjáuregui y doña Feliciana Beascoechea por haberlas puesto en mi presencia. Bilbao, 18 de diciembre de 1945. Firma, César Olaortúa Arana. Signado y rubricado. Hay un sello a tinta que dice: César Olaortúa y Arana. Notario. Bilbao. "Nihil prius fide"; terminando con la súplica de que se les absolviera de la demanda.

Resultando que sustanciado el juicio por sus restantes trámites, sin que en los respectivos traslados de réplica y dúplica las partes modificaran sus alegaciones y "petitas", se resolvió en la instancia el proceso, mediante sentencia de 15 de diciembre de 1962, que contiene el siguiente fallo: Que estimando en parte la demanda, debo declarar y declaro: Primero. Inexistente, simulado y por tanto nulo y sin efecto legal el contrato de compraventa otorgado entre don Pedro Gorostiaga Ocerinjáuregui y don Ignacio Ocerinjáuregui Zuloaga ante el Notario de Bilbao don César de Olaurtúa, con fecha 18 de diciembre de 1945, referente a la "Casería Arana" y sus pertenencias objeto de este litigio. Segundo. Nula y sin efecto alguno la inscripción de la venta indicada en el apartado anterior a favor de don Eugenio Ocerinjáuregui Zuolaga, en el Registro de la Propiedad de Durango, mandando cancelar dicha inscripción. Condenando a los demandados don Eugenio Ocerinjáuregui Zuloaga y su esposa doña Felisa o Feliciana Beascoechea Echevarría, a estar y pasar por las precedentes declaraciones. Y absolviéndoles del resto de las pretensiones de la demanda. Sin especial condena en costas a ninguna de las partes.

Resultando que apelada dicha sentencia, admitido el recurso en ambos efectos y sustanciado con arreglo a Derecho, lo resolvió la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos, mediante la suya de 18 de noviembre de 1963, cuya parte dispositiva dice: Fallamos que debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes la sentencia dictada por el señor Juez de Primera Instancia de Durango con fecha 15 de diciembre de 1962, en los autos de los que dimana el presente rollo de Sala, sin hacer declaración sobre las costas del recurso.

Resultando que contra mentada sentencia se preparó y sucesivamente formalizó por los demandados recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal, que los recurrentes apoyaron en los siguientes motivos:

Primero.- Autorizado por el número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El fallo recurrido infringe, por violación, al desconocer el mandato del artículo 1.276 del Código Civil, e interpretar erróneamente los artículos 629 y 633 del propio Código, así como la Ley XVIII, del Título XX, del Fuero de Vizcaya. Asimismo, resulta infringido por violación el principio según el cual a "nadie es lícito ir contra sus propios actos", sancionado entre otras por sentencias de 17 de enero de 1963, 11 de marzo de 1960. La Audiencia Territorial de Burgos acepta, como premisa de hecho obligado, la de que el contrato de compraventa de 18 de diciembre de 1945, fue la fórmula elegida por las partes para llevar a cabo una donación en la que el donante se reservaba el usufructo de los bienes donados. Y plantea de esta forma el tema de los negocios simulados, no con simulación absoluta, sino relativa, esto es, cuando el alzarse el velo de la ficción se advierte la intención seria de celebrar otro contrato. En definitiva, todo ello no es sino una derivación del problema que resuelve el artículo 1.276 del Código Civil, al decir que "la expresión de una causa falsa en los contratos, dará lugar a su nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita". En el presente caso, por tanto, al admitir la nulidad o inexistencia de la compraventa surge la donación, querida realmente por las partes, respecto a la cual sostiene la Sala la nulidad también absoluta de ella, por ser contraria a dos preceptos legales, en concreto los artículos 629 y 633 del Código Civil y la Ley XVIII del Título XX del Fuero de Vizcaya. Sin embargo, al razonar así y concluir decretando la inexistencia de todo acto transmisorio, incurre en las violaciones denunciadas en el epígrafe, según pasamos a demostrar: Aunque a tenor de los artículos 629 y 633 del Código Civil –citado por el Tribunal "a quo"– pudiera sostenerse que en la escritura pública deben constar expresamente el consentimiento para aceptar y donar, esta interpretación es errónea, porque ello equivaldría a negar, en nuestro Derecho la posibilidad del negocio encubierto. Precisamente toda esta doctrina parte del principio contrario y por ello basta, en nuestro caso, con la existencia de la escritura pública en la que aparecen claras las voluntades de adquirir y transmitir y los demás datos reveladores de la intención de las partes, que el Tribunal ha tenido en cuenta. Así lo ha declarado en concreto este Supremo Tribunal en sentencia de 29 de enero de 1945 y lo ha hecho también indirectamente en la de 12 de abril de 1946. Enfocado ya el tema de la donación en sí mismo considerado, es cierto si que la Ley XVIII del Título XX del 3

Fuero de Vizcaya, trata de defender el derecho de los parientes tronqueros en cuanto a bienes troncales se refiere; pero al hacerlo no establece una nulidad radical o absoluta, sino relativa, es decir, permite a los expresados parientes el que puedan impugnar los actos que perjudiquen ese derecho suyo mediante el ejercicio de la acción declarativa correspondiente, conclusión distinta a la que llega el fallo recurrido que por eso incurre en error de interpretación; afirmando el recurrente que reservada la acción sólo al pariente tronquero perjudicado con el acto, en la presente litis ni se ha demostrado su existencia ni producido reclamación alguna por persona investida de este título.

Segundo.- Autorizado por el número l.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El fallo recurrido infringe, por violación, los artículos 1.957 y 1.952 del Código Civil, en relación con el 1.963. Dispone el artículo 1.957 del Código Civil que el dominio se prescribe por la posesión durante diez años entre presentes con buena fe y justo título. Y aclara el 1.952 que entiéndese por justo título el que legalmente baste para transferir el dominio. En el caso actual, desde el 18 de diciembre de 1945 en que se otorga la escritura pública de compraventa, que es título legal y supone cumplida la tradición, hasta que se plantea la primera demanda, transcurren más de trece años y nada digamos hasta el planteamiento de la actual. Es evidente pues que poseída a título de dueño por los demandados la finca, con real intención de hacerla suya, conviviendo con don Pedro Gorostiaga y amparados en título suficiente el mero transcurso del plazo consolidó en ellos el dominio de la "Casería Arana", y sus pertenecidos, sin que por tanto pueda influir la sentencia que se dicte declarando la nuli­dad de aquella escritura. Y al no reconocerlo así el fallo recurrido ha incurrido en la infracción denunciada, al desconocer el mandato de los artículos 1.957 y 1.963. A no ser, claro está, que se entendiera que ese fallo era meramente declarativo sin trascendencia práctica, ya que por no pedirse en la demanda la entrega de la casería no se puede desposeer a los demandados de ella. No son convincentes los argumentos del Tribunal "a quo", respecto de la imprescriptibilidad del dominio, puesto que si bien la compraventa no daría título justo, sí lo era la donación realmente querida por las partes.

Tercero.- Autorizado por el número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El fallo recurrido infringe, por violación la Ley III, del Título XII del Fuero de Vizcaya. Partiendo de la base de la distinción entre la compraventa simulada y la donación encubierta que establece el fallo recurrido, es indudable la pertinencia de este motivo, ya que el acto disimulado, realmente querido por las partes, si hubiera adolecido de algún vicio o defecto, habría quedado inmutable por el transcurso del tiempo, por prescripción de la acción; ya que la Ley II del Título XII del Fuero de Vizcaya, Cuerpo legal aplicable por la fecha en que se produjeron los actos, ordena la prescripción de diez años para toda acción sobre bienes raíces o de quince entre hermanos y herederos.

Resultando que en aplicación de lo dispuesto en la Ley de 8 de julio de 1963, se confirió traslado a la parte recurrente que reiteró los motivos en que se apoyaba su recurso, razonándolos en la forma que estimó procedente.

Resultando que el recurrido impugnó el recurso por escrito: En cuanto al primer motivo, porque el recurrente, hijo del señor Gorostiaga, poseyó la finca como sucesor troncal, jamás en calidad de usufructuario, pues aunque se haga constar así en el documento privado aportado a los autos, en el mismo no tuvo intervención alguna el recurrido, aparte de hallarse incurso el motivo en causa de desestimación, por involucrar una serie de supuestas infracciones en un mismo motivo, contra lo expresamente prevenido por la Ley, afirmando la improcedencia de los motivos en que funda el recurso la parte recurrente, por no haber justificado cumplidamente que en la escritura de compraventa cuya nulidad se postula, se quiso disimular una donación perfecta de los bienes referenciados en aquella escritura. Al segundo. Dado que este motivo incurre también en la causa de desestimación formalista o procesal de citar como concepto de la infracción que denuncia de los artículos 1.957 y 1.952 del Código Civil, en relación con el 1.963, el de violación, o sea no aplicación, siendo así que según se reconoce en el último párrafo del motivo, el Tribunal "a quo" ha tenido en cuenta dichos preceptos, cuya infracción en su caso se hubiera producido por interpretación errónea. Decimos que el propio motivo impugna la doctrina que desarrolla por cuanto que termina diciendo: "No son convincentes los argumentos del Tribunal "a quo" respecto de la imprescriptibilidad del dominio puesto que si bien la compraventa no sería título justo, sí lo era la donación realmente querida por las partes". Pero esto último lo dicen las sentencias de instancia, que no dan como reconocida ni probada la existencia de un contrato real de donación. La realidad es además que los demandados nunca poseyeron a título de dueños, sino que aún después del contrato de compraventa, el único que poseyó y a título de dueño y no de usufructuario fue el señor Gorostiaga, faltando por tanto a aquéllos ese primer requisito básico de la prescripción que es la posesión.

Y al tercero, por idénticas razones.

Siendo Ponente el magistrado don Tomás Ogáyar y Ayllón. Considerando que la Sala sentenciadora declara acreditado, no sólo la inexistencia, por falta de precio, de la compraventa consignada en la escritura de 18 de diciembre de 1945, sino que la misma fue la fórmula jurídica adoptada por sus otorgantes para llevar a cabo una donación, que es nula por inobservancia de requisitos formales y por prohibirla la ley 18 del título 20 del Fuero de Vizcaya, sin que los demandados hayan podido adquirir los bienes por prescripción, y contra tan categóricas declaraciones se interpone el presente recurso, en el que, en su motivo primero, basado en el número 1.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia la violación del artículo 1.276 y la interpretación errónea de los 629 y 633 del Código Civil y del precepto foral que invoca, porque, según el recurrente, ni la ausencia de requisitos formales hace inválida a la donación, ni la hecha de bienes troncales a los no tronqueros es nula de modo absoluto sino relativo, ni la acción de nulidad puede ejercitarla el supuesto donante.

Considerando que por aplicación del artículo 1.276 del Código Civil, para la admisión de la validez del negocio disimulado es necesario que se justifique la causa verdadera y lícita en que se base el acto que las partes han querido ocultar, y, además, el

cumplimiento de las formalidades impuestas por la Ley, ninguno de cuyos requisitos aparecen acreditados, pues el Tribunal "a quo" afirma, sin impugnación en el recurso, que el móvil de la supuesta donación fue el propósito ilícito de burlar la prohibición, contenida en la Ley 18 del artículo 20 del Fuero de Vizcaya V recogida en el artículo 10 de la vigente Compilación, de no disponer de los bienes troncales nada más que a favor de los parientes tronqueros, móvil que el Juzgador eleva a la categoría de causa, y como declara que ésta, por ilícita, no existe, tal declaración, no impugnada, lleva consigo la inexistencia del contrato; por otra parte, como la donación es eminentemente formal, exige su validez el cumplimiento de los requisitos del artículo 633 del Código Civil, los que se han omitido en el caso que se resuelve, omisión que impide reconocer eficacia a la supuesta donación disimulada, cual tiene declarado desde siempre la jurisprudencia, contenida, por citar sólo las más recientes, en las sentencias de 10 de octubre de 1961 y 1.° de diciembre de 1964; y finalmente, como los vizcaínos con parientes tronqueros sólo pueden disponer a título gratuito de los bienes troncales en favor de aquellos, siendo su infracción un acto nulo por contrario a la Ley, y es cuestión nueva la de quien está legitimado para el ejercicio de la acción de nulidad, tales razones imponen la desestimación de este motivo.

Considerando que para la prescripción ordinaria del dominio se requiere, según el artículo 1.940 del Código Civil, poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la Ley, entendiéndose que es justo título el que legalmente basta para transferir el dominio (artículo 1.952 de dicho Código), por lo que no puede servir para la prescripción el título que, al ser otorgado en contra de lo prevenido en la Ley, se hallaba afectado de nulidad radical (sentencia de 23 de octubre de 1954), y como es firme la declaración del Tribunal "a quo" de que la compraventa concertada en el año 1945 es simulada y nula la donación disimulada, no existe el justo título requerido para la ocupación, lo que lleva consigo el perecimiento de los motivos segundo y tercero, puesto que la Ley 3.° del título 12 del Fuero de Vizcaya se refiere a la prescripción como medio de liberación y extinción de acciones, y no como medio de adquisición del dominio, cual declaran las sentencias de 26 de noviembre de 1964 y 1.° de marzo de 1910, y porque, en todo caso, al declarar la sentencia que "existen constantes actos de valor interruptivo", sin combatirse en forma adecuada, no se puede estimar transcurrido el plazo de los diez años, indispensable para la existencia de la prescripción, lo que obliga a la desestimación del recurso en su totalidad, con los pronunciamientos del artículo 1.748 de la Ley procesal.

Considerando que al no ser la cuantía litigiosa inferior a 100.000 pesetas no hubo exceso en el depósito constituido.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de Ley interpuesto por don Eugenio Ocerinjáuregui Zuloaga y doña Feliciana Beascoechea Echevarría contra la sentencia que con fecha 18 de noviembre de 1963

dictó la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos; se condena a dicha parte recurrente al pago de las costas y a la pérdida de la cantidad que por razón de depósito ha constituido, a la que se dará el destino que previene la Ley; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución del apuntamiento que remitió.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Jesús Serrada Hernández.– Diego de la Cruz Díaz.– Tomás Ogáyar Ayllón.– Manuel Lojo Tato.– Victoriano Juvencio Escribano Ruipérez (rubricados).

Publicación.– Leída y publicada fue la anterior sentencia por el excelentísimo señor don Tomás Ogáyar y Ayllón, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y Ponente que ha sido en estos autos, estando celebrando audiencia pública la misma en el día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.

Madrid, 13 de mayo de 1965.– Indalecio Cassinello (rubricado).