Resolución de la DGRN de 4 de julio de 1911

Ilmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por don Alejandro Pisón, como apoderado de Doña Isabel Tió Betances, contra una nota del Registrador de la propiedad de Valmaseda, denegando la inscripción de ciertos bines hereditarios, pendiente en este Centro por apelación del Registrador;

Resultando que don Quirico Llaguno y Renovales, natural de Arcentales, provincia de Vizcaya y vecino de Madrid, falleció sin sucesión en Villalacin, a 26 de agosto de 1898, dejando instituida única y universal heredera a su esposa, Doña Isabel Tió Betances, en el testamento otorgado a 23 de julio de 1901, ante don Francisco Quintana, Notario de Carranza, practicándose privadamente las operaciones de inventario, liquidación de la sociedad conyugal y adjudicación a la única interesada en la herencia de los bienes relictos, entre los que figuraban varios inmuebles, sitos en el valle de Arcentales, provincia de Vizcaya;

Resultando que dicho documento privado, con el testamento de referencia, certificación de defunción y otros del Secretario del Ayuntamiento, de la Diputación provincial y Registrador mercantil de Madrid, dirigidos a justificar que dicho causante era vecino de esta Corte, fueron presentados en el Registro de Valmaseda, con una solicitud de don Alejandro Pisón, mandatario de Doña Isabel Tió, pidiendo que a favor de ésta se inscribieran los bienes de la herencia radicantes en aquel partido, a la cual solicitud puso el Registrador la nota siguiente: "Denegada la inscripción de herencia solicitada con la presentación de la solicitud que antecede y documentos de su referencia, por haberse observado las siguientes faltas: 1.°, en cuanto a la llamada relación de los bienes dejados al fallecimiento de don Quirico de Llaguno, y que en realidad constituye un verdadero y completo cuaderno de operaciones divisorias, por no reunir las circunstancias de documentos fehacientes en artículo 21 de la Ley Hipotecaria; 2.°, respecto de la solicitud aducida por el apoderado, don Alejandro Pisón, en su efecto de pedir la aplicación a los bienes inscritos antes a nombre del causante, del título de herencia que origina la presentación del testamento y acta de óbito acom­pañados, por carecer del requisito inexcusable en todos los documentos sujetos a registro, de la descripción de las fincas o derechos a que dicha solicitud se reviera, y 3.°, en cuanto al título de herencia que se pretende inscribir a favor de don Leónidas Isabel Tió, por ser, con excepción de la propiedad minera Pilar, o sea con relación a las fincas situadas en el territorio en que rige el Fuero de Vizcaya, a partir de los antecedentes que constan de los asientos del Registrador y los datos que el propio testamento presentado contiene, nulo por virtud, de las leyes 14, y más especialmente la 18 del título XX del citado Fuero, y de la excepción expresa que el párrafo 3.° establece para la regla general consignada en el 2.° del art. 10 del Código civil. De cuyos defectos aunque subsanables los dos primeros, no lo es el 31, y no permite en cuanto a las fincas a que se contrae, ni aun el asiento de anotación preventiva en el caso de que se solicitare";

Resultando que don Alejandro Pisón, en la representación que ostenta, interpuso este recurso pidiendo que se deje sin efecto la nota del Registrador, por las razones siguientes: que la presentación de los documentos en que el Registrador ha advertido faltas subsanables, o sean el inventario y la solicitud, era innecesaria porque se trata de la adquisición de bienes por una persona a título de única y universal heredera testamentaria de un causante que los tiene inscritos a su nombre en el Registro de Valmaseda, circunstancia por la cual no hace falta escritura de adjudicación, ni es indispensable la presentación de instancia en que se especifiquen las fincas del causante, porque el documento inscribible en este caso es el testamento, doctrina de la Resolución de 14 de diciembre de 1894, quedando únicamente para la discusión la supuesta nulidad del título de herencia, nulidad que según la misma nota recurrida no afecta a la propiedad minera Pilar, cuya inscripción a favor de doña Isabel Tió ha debido ya verificarse; que el párrafo 3.° del artículo 10 del Código civil, en que funda el Registrador el último extremo de su nota, comprende bajo la palabra vizcaínos, no a los nacidos en Vizcaya precisamente, sino a cuantos nacidos o no en aquella provincia estén sometidos a su Fuero; que según doctrina del art. 14 del Código civil, las cuestiones jurídicas a que dé lugar el llamado derecho interprovincial se resuelven aplicando los mismos principios que a los conflictos de derecho internacional privado, por lo que, y conforme al principio general del artículo 10 del Código, el que quiera disponer inter vivos de bienes raíces sitos en tierra llana de Vizcaya deberá atenerse a los preceptos del Fuero, cualquiera que sea la ley personal del otorgante; pero si se trata de actos de dis­posición mortis causa, regirá la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2.° del citado artículo; que el párrafo 3.° del mismo sólo es aplicable a los vizcaínos mientras conserven legalmente esa condición, pero no cuando la pierdan y se sometan a otra legislación, que el caso del recurso es estrictamente el previsto en el número 3.° del artículo 15 del Código civil, según el cual, las disposiciones de este Cuerpo legal son aplicables a los que procediendo de territorios forales hubieren ganado vecindad en otros sujetos al derecho común; que por documentos fehacientes unidos al recurso y por la terminante afirmación consignada en su testamento, consta que don Quirico Llaguno residía en Madrid desde 1879 y era vecino de esta villa, y a esos datos ha debido atenerse el Registrador, obligado por el art. 18 de la Ley Hipotecaria a calificar la capacidad de los otorgantes y la validez de las obligaciones por lo que resulte de las escrituras mismas presentadas a inscripción; que toda esa doctrina se halla plenamente confirmada por la Resolución de 5 de Octubre de 1900 y 11 de noviembre de 1902, y, por último, en cuanto a cierta alusión, contenida, al parecer, en un inciso del número 3.° de la nota, debe advertirse que las leyes 14 y 18 del título XX del Fuero de Vizcaya, que establecen la obligación de reservar los bienes llamados tronque-ros o troncales, no son aplicables al caso presente, puesto que la sucesión del señor Llaguno no debe regirse por el derecho foral;

Resultando que el Registrador de la propiedad informó sosteniendo la procedencia de su nota, y al efecto expuso: que el cuaderno de operaciones divisorias presentado

podría haber servido para describir los bienes, si el recurrente hubiese hecho constar de un modo expreso que lo presentaba sólo para ese fin y como complementario para la inscripción, pero habiéndose presentado para que su contenido se transcribiera en el Registro, tuvo el informante que consignar las faltas observadas por no reunir el referido documento los requisitos que exige el párrafo 2.° del artículo 21 de la Ley; que para servir por si misma de nota adicional al testamento, debió contener la solicitud una descripción de las fincas y derechos comprendidos en la herencia; que por faltar esa des­cripción no ha podido inscribirse la propiedad minera Pilar, a la cual no alcanza el defecto insubsanable consignado en la nota con el número 3, pues esta clase de bienes no son los que la ley del Fuero sujeta a troncalidad, según las Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero y 25 de diciembre de 1895; que los documentos administrativos unidos al recurso no acreditan la vecindad del causante don Quirico Llaguno, no siendo misión propia del Registrador aquilatar las pruebas que se aduzcan y fallar sobre las mismas; que del párrafo 3.°, del art. 10 del Código civil resulta con toda claridad la subsistencia de la Ley 15 del título XX del Fuero de Vizcaya, y como el Fuero de troncalidad comprendido en dicha Ley no fue exceptuado, no hay duda que está vigente y forma parte del Estatuto real que el párrafo 1.° del artículo 10 del Código civil establece para los bienes inmuebles; que así el Tribunal Supremo como antigua­mente la Chancillería de Valladolid y la práctica constante en el señorío de Vizcaya han entendido que el Fuero es aplicable a las cosas o fincas que rigurosamente declara troncales, sin aceptación de personas, porque la legítima tronquera es una reserva o derecho establecidos por ministerio de la Ley, independientemente de la voluntad del testador, por razones de interés público, y sea quien quera el dueño de los bienes, al que la misma Ley 15 y otras del Fuero llaman nada más que poseedor; que el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 8 de junio de 874, declaró que las palabras "si algún vecino de las villas de Vizcaya" empleadas por la susodicha Ley 15, quieren decir tanto como "si algún vecino de lugar en donde no rige el Fuero", y, por último, que es tradición no interrumpida en los Registros de la propiedad de Vizcaya con relación a fincas situadas en territorio aforado, la de no inscribir disposiciones mortis causa no siendo en favor de los tronqueros, habiéndose recurrido a la práctica de acreditar la inexistencia de parientes que tuvieran esa cualidad en los casos de institución o manda en favor de extraños;

Resultando que el Juez delegado revocó la nota del Registrador por los siguientes fundamentos legales. que presentada en el Registro la primera copia del testamento de don Quirico Llaguno no es posible dudar sobre el documento cuya inscripción se pedía, toda vez que el cuaderno particional y la solicitud que el Registrador ha encontrado defectuosos no podían tener más valor que el de documentos complementarios; que en el caso presente no se trata de aplicar la Ley del Fuero de Vizcaya, sino el párrafo 3.° del art. 10 del Código civil; que entender la palabra "vizcaínos" empleada en dicho artículo como comprensiva de todas las personas que posean bienes en Vizcaya, sería más que una interpretación extensiva una suplantación de la Ley, la cual no se ha propuesto mantener la institución de troncalidad foral, inadecuada a nuestro tiempo, y

que habiéndose probado la cualidad de vecino de Madrid que don Quirico Llaguno tenía al tiempo de la muerte, se regirá su sucesión por las disposiciones del derecho común, según determina el artículo 15 del Código civil, obligatorio en todas las provincias del Reino, a tenor del artículo 12 del mismo Cuerpo legal, por lo que es perfectamente válido e inscribible el testamento;

Resultando que el Presidente de la Audiencia confirmó el auto del inferior por los mismos fundamentos legales;

Vistos los arts. 10, 14, y 15 del Código civil; 3.° y 23 de la Ley Hipotecaria, las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1899 y 11 de noviembre de 1902 y la Resolución de este Centro de 5 de octubre de 1906;

Considerando que en la relación de bienes y solicitud presentadas por la recurrente se hacen declaraciones de derechos y adjudicaciones de bienes, liquidándose la sociedad conyugal que constituían la misma y su difunto marido don Quirico Llaguno, actos jurídicos todos ellos que han de reflejarse en el Registro y que para producir sus efectos en el mismo deben constar en forma auténtica, como determina el art. 3.° de la Ley Hipotecaria, siendo, por consiguiente, procedentes los extremos consignados en los números 1.° y 2.° de nota del Registrador;

Considerando que en lo referente al extremo 3.° de la misma, que los derechos y deberes de familia, los relativos al estado, condición y capacidad legal de las personas y los de sucesión testada o intestada declarados en el Código civil, son aplicables, según el número 3.° de su art. 15, a los que, procediendo de provincias o territorios forales, hubiesen ganado vecindad en otros, sujetos al derecho común, mediante la residencia de diez años, a no ser que antes de terminar este plazo el interesado manifestase su voluntad en contrario;

Considerando que la explicita manifestación hecha en su testamento por don Quirico Llaguno, de ser vecino de Madrid desde más de veinte años, la manera de disponer de todos sus bienes sin exceptuar los troncales, la certificación del Secretario del Ayuntamiento de Madrid, enumerando los diversos domicilios del finado en esta Corte, la expedida por el Secretario de la Diputación de la misma provincia con referencia a las listas del Censo electoral de diez y ocho años, y en fin, la del Registrador mercantil, confirman auténticamente que el referido don Quirico Llaguno había perdido la vecindad civil vizcaína, y que, por consiguiente, la sucesión testamentaria en cuestión debía regularse, respecto a la validez de sus disposiciones, por las del Código civil, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren;

Considerando que por aparecer de los documentos indicados que el testador no tenía la vecindad vizcaína, falta el supuesto necesario para la aplicación del párrafo 3.° del artículo 10 del citado Cuerpo legal, a menos de interpretarse sus términos con un criterio que no autoriza su carácter excepcional, o sea suponiéndose que el Fuero de

Vizcaya o el nacimiento imprime a los vizcaínos un carácter civil indeleble contra el cual nada significan los cambios de vecindad o ciudadanía, criterio que en modo alguno se concilia con los principios de derecho internacional privado desenvueltos en el mismo artículo, y los cuales deben aplicarse, según el 14, a las personas, actos y bienes de los españoles en territorios o provincias de diferente legislación civil;

Considerando que aparte de lo expuesto no consta ni se deduce de los documentos presentados la existencia de parientes tronqueros a quienes pudiesen corresponder los bienes situados en el Registro de Valmaseda, en el negado supuesto que sirve de base a la nota del Registrador, teniendo además en todo la efectividad de cualquiera acción que pudiera ejercitarse ante los Tribunales de justicia:

Esta Dirección general ha acordado que debe suspenderse la inscripción solicitada en este recurso mientras no se subsanen los defectos consignados en los números 1.° y 2.° de la nota del Registrador, y que no existe el calificado de insubsanable en el número 3.° de la misma nota, confirmándose la providencia apelada en lo que esté conforme con esta resolución, y revocándose en lo demás.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V.I. a los efectos consiguientes. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid, 4 de julio de 1911.– El Director general, Fernando Weyler.– Sr. Presidente de la Audiencia de Burgos.