STS de 18 de junio de 1896

En la villa y corte de Madrid, a 18 de junio de 1896, en el pleito seguido en el Juzgado de primera instancia del partido de Bilbao y en la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos por Doña Rufina de Ansoleaga y Artaza, dedicada a sus labores, vecina de Liverpool, en Inglaterra, luego desistida, y Doña María de las Nieves Dominica Vidaurrazaga y Sarriá, asistida de su marido, D. Ambrosio Baragoiti, vecinos de la cabecera de Dumaguete, en Filipinas, con Doña Beatriz Cortina y Menchaca, dedicada a sus labores, vecina de Guecho; Doña Concepción Líbano y Menchaca, también dedicada a sus labores y de igual vecindad; el Ministerio fiscal, y D. Santiago, Doña María Jesusa, y Doña Micaela Bilbao y Ansoleaga y Doña Juana Josefa Erquiaga y Ansoleaga, cuyas profesiones tampoco constan, vecinos respectivamente de Urdúliz, Guecho, Barrica y Sopelana, estos cuatro también desistidos, sobre declaración de herederos abintestato; pendiente ante Nos, en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por las mencionadas Doña Beatriz Cortina y Doña Concepción Líbano, dirigidas y representadas por el Licenciado Don José Dorronsoro y el Procurador D. Francisco Allot, habiéndolo sido Doña María de las Nieves Dominica Vidaurrazaga por el Licenciado D. Constantino Careaga y el Procurador D. Lucio Álvarez:

Resultando que en los libros de la antigua Contaduría de hipotecas y del moderno Registro de la propiedad de Bilbao no hay asiento de ninguna clase que se refiera a finca alguna denominada Mantequena o Mantequeruena menor, y sí aparece de los de la expresada Contaduría que en 1776 D. Antonio de Uría y Manuela de Arzubiaga fundaron un censo, hipotecando la mitad de la casa y casería de Mantequeruena, sita en el barrio de Algorta, y todos sus pertenecidos; en 1793 D. Juan Antonio y D. Juan Bautista de Aldecoa fundaron también censo, hipotecando la mitad de la casa llamada Mantequeruena; en 1830, María de Uría hipotecó las tres cuartas partes de la mitad de la casa nombrada Mantequeruena; en 1840, Doña Josefa Antonia Navarro, consorte legítima de D. Ramón Vidaurrazaga, hipotecó la citada casa de Mantequeruena con sus pertenecidos; en 1854, D. Pedro de Aldecoa, como principal, y D. Antonio y D. Juan Bautista de Aldecoa, como fiadores, hipotecaron, entre otras fincas, la mitad de la casa de Mantequeruena, notoria en Guecho; en 1857, D. Miguel de Vidaurrrazaga, para pago de deudas de su sobrino D. José María Vidaurrazaga, hipotecó, entre otras, la casería llamada Mantequeruena, sita en Guecho, y sus pertenecidos, en número de seis, expresándoles los linderos de la una y de los otros, viéndose entre los de la primera, por el Sudoeste, la de Mantequeruena nueva de Aldecoa; y de los libros del moderno Registro aparece haberse causado primera inscripción a favor de D. Miguel Francisco de Aldecoa y Porras, en virtud de expediente posesorio de la finca núm. 336, consistente en la casería denominada Mantequerena, sita con sus pertenecidos en la jurisdicción de la anteiglesia de Guecho, Ayuntamiento del mismo nombre, barrio de Algorta, señalada

con el núm. 5, casa y terrenos cuya descripción y medida se consignan, así como sus linderos, estando entre los de uno de los pertenecidos una casa y huerta de la representación de D. José Antonio Navarro, y lindando también con pertenecido de dicha representación una casa accesoria sin número, conocida con igual nombre de Mantequeruena pequeña; segunda inscripción de venta hecha el 21 de octubre de 1867 por D. Miguel Francisco de Aldecoa y Porras a los cónyuges D. Ramón de Gorronda y Doña María Cruz de Inchaurtieta, y la tercera de cesión de éstos por goterales y otros extremos; apareciendo asimismo en el nuevo Registro de la propiedad que de la finca núm. 480, consistente en una tejavana reducida a habitación, denominada Mantequerena, finca rústica radicante en la jurisdicción de la anteiglesia de Guecho, señalada con el núm. 7, en el punto llamado las Carreras del Castillo de San Ignacio, entre cuyos linderos y los de un pequeño terreno que le pertenecen se encuentran la casa núm. 5, de D. Ramón Gorrondona y propiedad del mismo, se causó primera inscripción a favor de Doña Josefa Antonia Navarro, previo expediente posesorio; segunda, por adjudicación hecha a D. Francisco de Ansoleaga y Vidaurrazaga, como administrador de la testamentaría de Doña Josefa Antonia Navarro, fallecida sin testar; tercera, cuarta, quinta y sexta, de cancelación de hipoteca que tenía dicha finca; séptima, de venta judicial a favor de Don Ángel Álvarez García para pago de créditos contra la citada testamentaría; octava, de venta por Álvarez García a los mencionados esposos Don Ramón de Gorrondona y Doña María de la Cruz Inchaurtieta, y novena, de subsanación de un error de concepto cometido en la sexta:

Resultando que por sentencia que en 18 de julio de 1891 pronunció el Juzgado de primera instancia de Bilbao en pleito promovido por Doña Rufina de Ansoleaga y Artaza, y en el que fue parte el Ministerio fiscal, se declaró la presunción de muerte de D. José María Vidaurrazaga y Navarro, natural de Barrica, en la provincia de Vizcaya, e hijo legítimo de D. Ramón de Vidaurrazaga y Zuazo y Doña Josefa Manuela de Navarro y Uría, publicándose esta sentencia en 5 de agosto de dicho año en el Boletín oficial de aquella provincia, y en 18 del mismo mes en la Gaceta de Madrid:

Resultando que Doña Rufina de Ansoleaga acudió al Juzgado en 22 de febrero en solicitud de que se abriera el abintestato de D. José María Vidaurrazaga, toda vez que iban transcurridos seis meses desde la publicación de la referida sentencia, y no se tenía noticia de que el presunto muerto hubiese otorgado disposición testamentaria; practicándose, en consecuencia, la correspondiente información testifical y publicándose edictos, por efecto de los cuales comparecieron, pretendiendo se las declarase herederas del D. José María en los bienes raíces que heredó de su madre, y estaban sitos en el Infanzonado de Vizcaya, Doña Beatriz Cortina y Menchaca y Doña Concepción Líbano y Menchaca, y en todos los de la herencia Doña María de las Nieves Dominica Vidaurrazaga y Ansoleaga, D. Santiago, Doña María Jesusa y Doña Micaela Bilbao y Ansoleaga, y Doña Juana Josefa Erquiaga y Ansoleaga, presentando al efecto diferentes partidas sacramentales, de las que, y de otras compulsadas a petición de las partes en la prueba de estos autos o que el Juzgado, para mejor proveer, mandó

compulsar, consta que el D. José María Vidaurrazaga y Navarro era hijo de D. Ramón Vidaurrazaga y Doña Josefa Navarro, y nito, por la línea paterna, de D. Matías Vidaurrazaga y Doña María Antonia Zuazo, de quienes también era hijo D. Miguel Vidaurrazaga y nieta Doña María de las Nieves Dominica; que por tanto se halla en el cuarto grado de parentesco civil con el presunto muerto D. José María, el cual, por la línea materna, era hijo de Doña Josefa Antonia Navarro y Uría, nieto de Doña María Uría y Zuazo, biznieto de D. Antonio Uría y Arteaga, y tataranieto o tercer nieto de D. Carlos Uría y Doña Magdalena Arteaga, quienes tuvieron otra hija nombrada Doña Magdalena, que casó con D. Domingo Menchaca, y de éstos, dos nietos, D. Miguel y D. Manuel, del primero de ellos una biznieta llamada Doña Carmen; del matrimonio de ésta con D. Juan Bautista Cortina una tataranieta o tercera nieta, que es Doña Beatriz Cortina y Menchaca; y el otro nieto de D. Carlos Uría y Doña Magdalena Arteaga, nombrado D. Manuel, tuvo una hija, biznieta de aquéllos, Doña María Manuela, quien de su matrimonio con D. Juan Antonio Líbano tuvo por hija a Doña Concepción Líbano y Menchaca, tataranieta o tercera nieta de los repetidos D. Carlos Uría y Doña Magdalena Arteaga, y que, por tanto, se halla igualmente que Doña Beatriz Cortina y Menchaca en octavo grado del parentesco civil y cuarto del canónico con el repetido D. José María Vidaurrazaga y Navarro, de cuya sucesión se trata:

Resultando que comunicados los autos a las partes, evacuaron el traslado unidas Doña Rufina de Ansoleaga y Artaza y Doña María de las Nieves Dominica Vidaurrazaga y Sarriá, suplicando que en su día y caso se declarase a esta última única heredera abintestato de D. José María de Vidaurrazaga, mandando se dejasen a disposición de la misma todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, que correspondieron al difunto; alegando para ello, entre otros hechos ya referidos o sin importancia actual, que, como aparecía del árbol genealógico que acompañaban, la Doña María de las Nieves Dominica estaba, respecto al D. José María, en el cuarto grado civil de parentesco, que era el más próximo entre todas las personas que habían acudido a obtener la declaración de herederos, así como el más lejano de todos era el en que se encontraban Doña Beatriz Cortina y Doña Concepción Líbano, pues aparecían hallarse en el octavo grado civil, y como fundamentos de derecho también entre otros: que el pariente más próximo excluye de la herencia al más remoto; que el Fuero de Vizcaya trataba de la sucesión abintestato en bienes raíces y muebles, solamente en una ley, la 8.^a, tít. 21, que establecía que "si alguno muriere sin hacer testamento heredaran los descendientes, en su lugar los ascendientes, y a falta de éstos los parientes más propincuos o cercanos de la línea de donde dependen los tales bienes raíces que hubo heredado o adquirido de parte del padre, hereden los parientes de aquella línea por su orden y grado, aunque muera la madre; y si hubiese bienes raíces que haya heredado de parte de la madre, los parientes de parte de la madre en siguiente los hereden por su orden y grado y sin parte del padre si viviere, y si fuere muerto sin parte de los parientes del padre, aunque sean más cercanos en deudo o sangre"; que esta ley regula a la sucesión hereditaria abintestato de bienes troncales, sin fijar en qué grado de parentesco concluía el derecho de troncalidad, mas no por ello cabía admitirlo hasta un grado 3

infinito, debiéndose convenir en qué lo fijaba, si se atendía a la regla de interpretación de que cuando concurre la misma razón debe concurrir también la misma disposición de derecho, pues el de troncalidad estaba consignado en el Fuero de Vizcaya en beneficio de los descendientes, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado, y las leyes 14 y 18 del tít. 20, que trataban de la manera por que se puede disponer de los bienes muebles raíces y tronque-ros, habiendo hijos y no los habiendo, y de qué bienes puede hacerse donación y manda, determinaban el concepto de troncalidad en materia de sucesión, diciendo la primera que la raíz se reservara para los propincuos tronqueros, y explicando la segunda qué parientes eran de esa clase, al disponer que "orne alguno ni muger no pueda facer donacion ni otra manda o disposicion a estraño habiendo descendientes ó ascendientes legítimos ó parientes propincuos de traviesa del tronco dentro del cuarto grado de bienes raíces algunos"; de donde resultaba que, según el Fuero, tratándose de bienes troncales, no había entre los parientes colaterales más herederos forzosos que los comprendidos dentro del cuarto grado; y así lo había establecido también la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, de la que se deducía que las leyes 14 y 18 del tít. 20, y la 8.ª del 21 estaban íntimamente relacionados, completándose las unas a las otras, y siendo la 18 la que verbalmente explicaba el concepto jurídico de parientes propincuos, por lo que si en la citada ley 8.ª, tít. 21, se regulaba la sucesión hereditaria abintestato de bienes troncales, y la recta interpretación obligaba a entender el derecho de troncalidad en la extensión y límites que determinaban las leyes anteriores, ese derecho, que no pasaba del cuarto grado en la sucesión testamentaria, tampoco debía pasar de él en la sucesión abintestato; que la troncalidad, que en un tiempo respondió a un fin político y social, ya hoy no respondía a ninguno, existiendo la tendencia a que desapareciera de los pocos Códigos en que se admitía y regulaba; que como limitación a la libertad de disponer era odiosa, y por tanto restringible, debiendo tenerse presente la máxima Odia restringi et favores convenit ampliari; que si el derecho de troncalidad sólo podían ejecutarlo los parientes del cuarto grado, los que pasaran de él carecían de acción para pedir bienes troncales y se les comprendería con capacidad jurídica solamente por las leyes generales del Reino, aplicándoles lo dispuesto en la 3a, tít. 36 del Fuero, y en su virtud, el art. 995 del Código civil; y que de estos últimos fundamentos se deducía que Doña Beatriz Cortina y Doña Concepción Líbano no eran herederas tronqueras por no estar dentro del cuarto grado, pues confesaban estar en el séptimo, y por lo tanto carecían de medio alguno para ser declaradas herederas abintestato:

Resultando que Doña Beatriz Cortina y Doña Concepción Líbano evacuaron a su vez el traslado, solicitando se declarara que eran herederas tronqueras del finado D. José María Vidaurrazaga en los bienes raíces sitos en el Infanzonado de Vizcaya, que aquél adquirió de su madre Doña Josefa Antonia de Navarro, y se denegara la pretensión contraria en cuanto a declarar a Doña María de las Nieves Dominica Vidaurrazaga única heredera abintestato de D. José María, y a dejar a disposición de la misma todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, que correspondieran al difunto, exponiendo para ello como hechos, entre otros: que la casa Mantequeruena menor, con su huerta o jardín

y varias heredades, sitas todas en la anteiglesia de Guecho, en los puntos de San Martín, Iturríbarri y Archicolandeta, pertenecieron a Doña Josefa Antonia de Navarro, madre del presunto muerto D. José María de Vidaurrazaga, en quien recayeron por ser heredero de aquélla, si la sobrevivió, habiendo sido vendida dicha casa con su huerta o jardín, con autorización judicial, según sus noticias, hacia 1872, otorgándose entre el administrador de esos bienes y la compradora escritura de venta en la Notaría que designaban, así como el Notario en poder del cual estaban actualmente los protocolos del autorizante, escritura pasada por el Registro de la propiedad; que en el pueblo de Guecho, barrio de Algorta, era tan público y notorio que D. José María de Vidaurrazaga y falleció hacia el año 1850 por el naufragio de un buque en que desde Bilbao viajaba a un puerto de Ultramar, que fundados en ese hecho se habían tramitado expedientes sobre administración de bienes del ausente e inventario de los de su madre y de un hermano de éste; y que los exponentes, según el árbol genealógico que habían presentado, eran parientes los más cercanos de la línea materna de D. José María Vidaurrazaga; y como fundamentos de derecho, también en otros: que en los autos de abintestato debían tenerse en cuenta únicamente las leyes que regulaban esa clase de sucesión, ora se aplicase la foral, ora las generales del Reino, no cabiendo citar para nada las referentes a la sucesión testada, por ser casos distintos; y al tratar la parte contraria de explicar el alcance y la significación de la ley 8.^a, tít. 21 del Fuero, con la interpretación que daba a las leyes 14 y 18, tít. 20 del mismo, se salía de los límites justos y racionales de la interpretación verdadera de aquélla, no teniendo aplicación la regla ubi eadem est ratio, eadem est juris dispositio, pues no era necesario acudir a ningún medio forzado para la recta inteligencia de la citada ley 8.^a, tít. 21, porque donde la ley no distingue de casos, no debe distinguirse entre los que están comprendidos en el texto; y aquélla prescribía que "si algún orne o muger muriere sin hacer testamento ni otra postrimera voluntad y dejase hijos legítimos o descendientes, aquellos hereden sus bienes por su grado y orden"; siendo esa su primera disposición, y continuando luego: "y a falta de los hijos y descendientes, le sucedan y sean herederos los ascendientes por su grado y orden, es a saber: en los bienes raíces los de aquella línea de donde dependen los tales bienes raíces o tronco"; insistiendo la ley de tal manera en la distinción de bienes raíces que habían de volver a la línea de donde provinieran, que su pensamiento se desarrollaba en lo siguiente: "y a falta de ascendientes, los parientes más propincuos o cercanos de la línea de donde proceden los tales bienes raíces; y si el difunto dejare bienes que hubo heredado o adquirido de parte de padre, hereden los parientes de aquella línea por su orden y grado aunque viva la madre"; que según esta ley, los bienes sitos en el Infanzonado de Vizcaya, que el presunto muerto heredó de su madre, no podían, aunque viviera el padre de éste, salir de la línea de donde procedían, de la de la madre Doña Josefa Antonia de Navarro, de las que ellas eran las parientes más cercanas de las presentadas, y por tanto, les correspondían los bienes que aquélla aportó a su matrimonio o heredó; y combatieron después la interpretación que la parte contraria daba a las leyes del Fuero y a las citas de las sentencias de este Tribunal Supremo, de la misma había deducido que la ley 8.^a, tít. 21, no concedía derecho a heredar bienes inmuebles a los parientes más allá del cuarto grado, diciendo que la repetida ley 5

precisaba y determinaba la prohibición del testador de no poder hacer donación, manda o disposición a extraño, habiendo descendientes o ascendientes legítimos o parientes propincuos de traviesa del tronco dentro del cuarto grado de bienes raíces, estableciendo la legítima para esos parientes; pero nada tenía que ver esto con la sucesión de D. José María Vidaurrazaga, que no testó; no dando interpretación contraria a esas leyes las sentencias de este Tribunal Supremo invocadas de contrario, y citando a su vez las de 28 de junio de 1862, cuyos considerandos copiaron, extendiéndose en otros varios razonamientos:

Resultando que hecha notar por el Ministerio fiscal la incompatibilidad de la representación del Procurador de Doña Rufina de Ansoleaga y Doña María de las Nieves Dominica Vidaurrazaga, desistió la primera de sus pretensiones en los autos; y recibidos éstos a prueba, entre otras administradas por las partes, la de Doña Beatriz Cortina y Doña Concepción Líbano practicó la de testigos, que declararon en el sentido de sus alegaciones, emitiendo después dictamen el Ministerio fiscal que estimó estar justificado el derecho de Doña María de las Nieves Dominica Vidaurrazaga a que se la declarara heredera, y pidió se hiciera así; y continuada la tramitación en dos instancias, la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos dictó en 19 de febrero de 1895 sentencia confirmatoria, declarando a Doña María de las Nieves Dominica Vidaurrazaga, única y universal heredera de D. José María Vidaurrazaga, desestimando las demás pretensiones de los otros solicitantes de la herencia, y con imposición a Doña Beatriz Cortina y Menchaca y Doña Concepción Líbano y Menchaca de las costas de la segunda instancia, sin expresa condenación de las de la primera:

Resultando que Doña Beatriz Cortina y Menchaca y Doña Concepción Líbano y Menchaca interpusieron recurso de casación por infracción de ley, citando como infrigidos:

Primero.- La ley 8.^a, tít. 21 del Fuero de Vizcaya, que prescribe: Que habían de fuero uso y costumbre y establecían por ley, que si algún orne o muger muriere, sin hacer testamento ni otra postrimera voluntad, y dejare hijos legítimos o descendientes, aquéllos hereden todos sus bienes por su grado y orden, y a falta de los hijos y descendientes, le sucedan y sean herederos los ascendientes por su grado y orden, es a saber: en los bienes raíces, lo de aquella línea de donde dependen los tales bienes raíces o tronco, y a falta de ascendientes, los parientes más propincuos o cercanos de la línea de donde dependen los tales bienes raíces; y si el tal difunto dejare bienes raíces que hubo heredado o adquirido de partes del padre, hereden los parientes de aquella línea por su orden y grado, aunque viva la madre, y si hubiese bienes raíces que haya heredado de parte de la madre, los parientes de la madre en siguiente los hereden por su orden y grado, sin parte del padre si vivo fuere, y si fuere muerto, sin parte de los parientes de parte del padre aunque sean más cercanos en deudo o sangre, pero en los bienes muebles, etc."; porque conforme a esta ley, los bienes raíces sitos en el Infanzonado que D. José María de Vidaurrazaga hubo de heredar de su madre Doña

Josefa Antonia Navarro, sólo debían ser heredados por los parientes de la línea de donde procedían y bajo ningún concepto salir de ésta para entrar en otra, pues no había ley alguna en el Fuero que lo permitiera, tanto en lo referente a las herencias abintestato corno a las disposiciones por testamento; y si según el árbol genealógico formado, cuanto las recurrentes eran parientes del presunto muerto por parte de la madre de éste, el cual debió de heredar de su madre bienes raíces sitos en el Infanzonado, habiendo muerto sin descendientes ni ascendientes, debían ser heredados por los parientes más propincuos o cercanos por la línea de la madre, en cuyo caso se hallaban las recurrentes en frente de Doña Dominica Vidaurrazaga; que aunque más cercana en deudo o sangre, recibía su parentesco por la línea del padre de Doña María, línea que estaba excluida de la herencia de estos bienes; sin que cupiese decir que disponía otra cosa la ley 14, tít. 20 del Fuero, pues aun cuando trataba de la herencia testamentaria, expresaba: "y a falta de los tales descendientes y ascendientes legítimos pueda disponer de todo el mueble a su voluntad, reservando la raíz para los propincuos tronque-ros; con que si deudas hoviesse y bienes muebles, el que tal raíz tuviere, de lo mueble se paguen las deudas y no de la raíz"; viéndose manifiestamente que tanto con testamento como sin él, el Fuero excluía siempre y en todo caso de la herencia los bienes raíces a los parientes que no procedieran de la misma rama de donde procedían tales bienes; guardando tal respeto hacia éstos el Fuero, que hasta prohibía que con ellos se pagaran las deudas de la herencia debiéndose hacerlo por el contrario con los muebles; ni cabía tampoco decir que la ley 18, tít. 20 del Fuero, defería la herencia en los colaterales sólo hasta cuarto grado, pues esta ley se refería a la donación, manda o disposición que se pudiera hacer a un extraño mientras hubiese descendientes, ascendientes o parientes propincuos de traviesa del tronco, caso que no era el del pleito, ni tampoco podía aplicarse a la cuestión debatida, porque se refería a la herencia testamentaria; y cuando el Fuero no había marcado ese grado ni otro alguno en la ley 8.^a, tít. 21, referente a las herencias abintestato, no sería por olvido ni porque hubiese pensado igualar ambas sucesiones, sino porque el criterio de sus redactores debió ser muy distinto, dando más amplitud a esta disposición para evitar que en las sucesiones intestadas pudiesen salir los bienes raíces de la línea troncal; y por último, si la cuestión se concretaba a señalar un grado en la sucesión intestada de los colaterales, no había que buscarlo, como así lo había reconocido la otra parte, en las leyes del Fuero, pues ninguna de ellas lo marcaba, habiéndose de acudir en tal caso a las generales del Reino, según prescribía la 3.^a, tít. 36 del repetido Fuero; pero esto era ya materia propia de la segunda infracción:

Segundo.- La ley 6.^a, tít. 13, Partida 6.º, que prescribía: "E sobre todo esto decimos que si alguno muriese sin testamento que no tuviere parientes ni sobrino hijo de su hermano, donde estos adelante el pariente que fuere fallado que es más cercano del difunto hasta el décimo grado, ese heredará todos sus bienes"; pues teniendo en cuenta las disposiciones del título preliminar de Código civil, y especialmente su art. 12, así como también las reglas marcadas en su disposiciones transitorias, especialmente la 4.⁰ y la 12.^a, el orden de prelación de Códigos que debía regir en Vizcaya era el siguiente: primero, el libro preliminar y el tít. 4.°, libro 1.° del Código civil; segundo,

las leyes generales posteriores a la de 25 de octubre de 1839, a no ser que contuvieran la salvedad de que se respetara el derecho foral; tercero, la colección de Fueros, denominada: "Privilegios, franquicias y libertades, de los caballeros hijosdalgos del muy noble y muy leal Señorío de Vizcaya"; cuarto, el derecho de Castilla anterior al Código, como especial supletorio en aquella región foral; y quinto, el Código civil vigente desde 1.° de mayo de 1889 como derecho supletorio general y subsidiario, y por tanto, antes de acudir al Código civil como supletorio del Fuero de Vizcaya para buscar un grado de parentesco como límite a la sucesión intestada de los colaterales, se había debido acudir a la legislación anterior como puletoria especial de dicho Fuero; y no habiéndolo hecho así, la sentencia recurrida había infringido la citada ley 6.^a, tít. 13, Partida 6.^a; y por otra parte, la disposición transitoria 1.^a del Código civil dice: "Las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código civil, subsistirán en las extensiones y en los términos que les reconociera la legislación precedente, pero sujetándose en cuanto a su ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en el Código"; pues como los derechos a la herencia nacían desde la muerte de la persona de cuya sucesión se trataba, y en este pleito se había probado que D. José María Vidaurrazaga falleció hacia 1850, los derechos que aquí se ventilaban habían nacido antes de la publicación del Código, aunque no se hubiesen ejercitado hasta después, y por tanto era incocuso que en cuanto a su ejercicio, duración y procedimientos debían atenerse a las prescripciones de ese cuerpo legal; pero en cuanto a la esencia de esos derechos, a su extensión y a todas las demás disposiciones, debían forzosamente retrotraerse al momento de su nacimiento, y por tanto regirse por la legislación entonces vigente, viniendo a confirmarlo la disposición transitoria 12.^a del mismo Código, según la cual los derechos a la herencia del que hubiere fallecido con testamento o sin él, antes de hallarse en vigor del Código, se regirán por la legislación anterior; y

Tercero.- El 1975 del Código civil, en cuanto dispone: "Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil... Esta disposición no es aplicable a las leyes que en este Código se declaran subsistentes"; y el art. 12, párrafo segundo, que dispone: "Las provincias y territorios en que subsiste derecho foral lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración su actual régimen jurídico, escrito o consuetudinario por la publicación de este Código, que regirá tan sólo como supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas por sus leyes especiales", porque según manifiestamente se veía, el Código civil era solamente supletorio general y subsidiario en defecto del supletorio especial que existiera en cada región foral, no teniendo nada más que decir después de lo expuesto en las dos infracciones anteriores, en las que también habían demostrado que si en cuanto a su ejercicio y duración los derechos que aquí se litigaban debían regirse por el Código, sus efectos debían retrotraerse al momento de su nacimiento.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Francisco Toda:

Considerando que la Audiencia de Burgos no ha resuelto la cuestión del presente recurso por la relación que en el motivo primero se establece entre la ley 14, tít. 20 del Fuero de Vizcaya, y la 8.ª del tít. 21, sino por la que existe entre esta última y el Código civil en cuanto a la determinación del límite del parentesco, dentro del cual pueden los parientes heredar abintestato, según las prescripciones de dicha ley:

Considerando que, esto supuesto, cualquiera que sea la inteligencia e interpretación que deba darse a las mencionadas leyes del Fuero respecto a la extensión del derecho de troncalidad con relación a los parientes del que muere abintestato, es evidente que Doña Beatriz Cortina y Doña Concepción Líbano no pueden negar derecho alguno a los bienes que pretenden como parientes troncales de D. José María Vidaurrazaga, porque la ley 8.^a del tít. 21, que no expresa a qué grado de parentesco llega el derecho de los tronqueros, hay que completarla con las prescripciones de la legislación común de Castilla, supletoria de la foral en todo aquello que ésta no prevé, o sea con las del vigente Código civil que ya regía cuando se declaró ejecutoriamente la presunción de muerte de D. José María Vidaurrazaga, no siendo corno no es legal aquel, y habiendo consiguientemente nacido los derechos de sus parientes después de la publicación de dicho Código, derogatorio de la antigua legislación de Castilla:

Considerando que, según el art. 955 del referido cuerpo legal, el derecho de los colaterales para heredar abintestato no se extiende más allá del sexto grado, y que las recurrentes se encuentran en el octavo, cuya limitación es aplicable, por las razones que quedan expuestas, al caso de la ley 8." tít. 21 del Fuero de Vizcaya, y que cuando se establece que la legislación común de Castilla es supletoria de la foral, se entiende que dicha legislación supletoria lo es con todas sus modificaciones y reformas que en ella se introducen, por todo lo cual la Audiencia de Burgos no ha cometido ninguna de las infracciones que se le atribuyen:

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Doña Beatriz Cortina y Doña Concepción Líbano, a las que condenamos al pago de las costas y al de la cantidad que por razón de depósito debieron constituir, que se atribuiría en su caso con arreglo a la ley; y líbrese a la Audiencia de Burgos la certificación correspondiente, con devolución del apuntamiento que ha remitido.– (Sentencia publicada el 18 de junio de 1896, e inserta en la Gaceta del 30 de septiembre del mismo año.)