STS de 3 de junio de 1896

En la villa y corte de Madrid, a 8 de junio de 1896, en el juicio declarativo de mayor cuantía, seguido en el Juzgado de primera instancia del partido de Bilbao y la Sala de lo civil de la Audiencia territorial de Burgos por Doña Juana de Arieta y Barriolope, propietaria, vecina de Elorrio, por sí y en representación de su hijo D. Gregorio de Amezúa y Arieta, y luego también por este mismo, ya mayor de edad, estudiante y de igual vecindad, con Doña Carmen de Lazpita y Goicoechea, dedicada a sus labores; Doña Aurora de Lezpita y Echevarría, de igual ocupación, representada por su marido D. Antonio de Uriarte y Lejarraga, Médico cirujano, y éste mismo como testamentario de D. Francisco de Amezúa y Gurbieta, propietario, todos vecinos de Zamudio, sobre nulidad de cláusulas testamentarias, entrega de bienes y frutos y formación de inventario extrajudicial; pleito pendiente ante Nos, en virtud de recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la demandada Doña Carmen de Lazpita, a quien ha representado el Procurador D. Pío Rebollo y dirigido el Letrado D. Enrique Fernández Ucelay; habiéndolo estado los demandantes y recurridos por el Procurador D. Fernando Ramón Luis y el Licenciado Don Acacio Charrín:

Resultando que D. Francisco de Amezúa y Gurbieta, natural de Elorrio, falleció en Zamudio el día 28 de diciembre de 1890, habiendo otorgado el día 18 del mismo mes en dicha anteiglesia de Zamudio, ante el Notario de Bilbao D. Isidro Ergulaga, testamento, en el cual, después de declarar no tener sucesión de su matrimonio con Doña Carmen de Lazpita y Goicoechea, y carecer también de ascendientes por la cláusula 4.^a, legó y mandó a dicha su esposa, en significación del cariño que la profesaba el usufructo de todos sus bienes raíces mientras los días de la misma, y además un crédito de 5.000 pesetas impuesto por el testador sobre las casas Iturriaga y Piscuena, de aquella anteiglesia y sus terrenos; por la cláusula 5.', dijo ser su voluntad que su citada esposa, como tal usufructuaria, percibiera durante su vida las rentas y productos de todas las haciendas del testador, a calidad de que atendiera al pago de los réditos del débito que dejase el mismo, a cuya amortización se destinaría la mitad del producto de la leña, siendo la otra mitad para la usufructuaria y su sobrina Aurora de Lazpita y Echevarría; por la cláusula 6.^a, en atención a carecer de descendientes y ascendientes, nombró heredero tronquero de sus bienes raíces a su sobrino D. Gregorio de Amezúa y Arieta Azcárraga, cuyos bienes raíces respondieran del cumplimiento y pago del débito del testador; que a pesar de dicha amortización, con la mitad del producto de la leña, en la forma consignada anteriormente, aun quedara pendiente al tiempo de la defunción de la usufructuaria; instituyó heredera única y universal del remanente de todos sus bienes, derechos, créditos y acciones a su repetida esposa Doña Carmen de Lazpita, y nombró albacea y pío ejecutor testamentario a su sobrino político D. Antonio de Uriarte Lejarraga; ordenando que las operaciones de testamentaría se formalizaran sin intervención de la Autoridad judicial, aunque hubiere interesados ausentes, menores e incapacitados:

Resultando que Doña Juana de Arieta y Barriolope, por sí y en representación de su hijo menor de edad D. Gregorio de Amezúa, propuso en 17 de octubre de 1891 demanda, en la cual pidió que se declararan nulas y de ningún valor ni efecto las cláusulas 4.ª y 5.ª del testamento de Don Francisco de Amezúa y Gurbieta, en las cuales se legaba y mandaba a Doña Carmen de Lazpita, mientras los días de su vida, el usufructo de todos los bienes del testador, entendiéndose esta demanda respecto de los raíces sitos en el Infanzonado de Vizcaya, o donde rigiera la ley del Fuero, y se ordenaba el pago de los réditos del débito que dejara el mismo testador, a cuya amortización se destinaba la mitad del producto de la leña, siendo la otra mitad de dicho producto para la usufructuaria y su sobrina Aurora de Lazpita y Echevarría; y que también era nula y de ningún valor ni efecto la condición que se imponía en la cláusula 6ª al heredero tronquero, D. Gregorio de Amezúa y Arieta Azcárraga, de responder con los bienes raíces que se le dejaban del débito del testador ni de ninguna parte de él, condenando a las Doña Carmen y Doña Aurora y al testamentario D. Antonio de Uriarte y Lejarraga a entregar dichos bienes a la demandante en la representación que ostentaba, con los frutos y rentas producidos y debidos producir desde pasado el año de la viudedad de la Doña Carmen, procediéndose a formalizar extrajudicialmente, como lo mandaba el testador, a su debido tiempo, el inventario y avalúo de dichos bienes raíces y demás que constituían la herencia, para que se pudiera efectuar la entrega y determinar si existían otros bienes raíces; y para ello alegó, además de otros hechos: que no pudiendo admitir la validez de la disposición testamentaria del D. Francisco de Amezúa en cuanto al usufructo de los bienes raíces del Infanzonado de Vizcaya que dejaba a su mujer, Doña María del Carmen de Lazpita, ni en cuanto al pago de la deuda del mismo, existiendo otra clase de bienes con que satisfacerla, había gestionado con la viuda a fin de que desistiera de su pretensión por lo que hacía a dicho usufructo, y se formalizara el inventario, aun cuando fuese extrajudicialmente, para hacer constar los bienes raíces que pertenecían a la testamentaría y los pueblos o puntos donde radicaran, así como los demás bienes y deudas, para que se supiera lo que correspondía a la viuda en tal concepto y como heredera, si había bienes con que pagar las deudas sin tocar a la raíz del Infanzonado, y por último, lo que correspondía al heredero tronquero; y habiendo sido inútiles todas las gestiones y esfuerzos, se veía precisado a entablar la demanda contra la viuda, contra Doña Aurora de Lazpita, por la participación que se le atribuía en el producto de la leña, y contra el testamentario D. Antonio de Uriarte, por­que no hacía nada para ejecutar la voluntad del testador, alegando como fundamento de derecho también, entre otros: que según el Fuero de Vizcaya, los bienes raíces iban siempre y necesariamente a los profincos tronqueros; de manera que quien tenía pariente de esta clase no podía dejar a extraño bienes algunos raíces; estando terminantes sobre este punto casi todas las leyes del tít. 20 del indicado Fuero, y muy especialmente las 14 y 18, y por consiguiente, D. Francisco de Amezúa no había podido dejar a su mujer el usufructo de los que tuviera en sitio donde regía el Fuero; que las citadas leyes, y en especial la 14, ordenaban que existiendo deudas se pagasen del mueble y no de la raíz, por lo cual, habiendo dejado otra clase de bienes y valores el D. Francisco, no había podido disponer que su deuda o deudas se pagaran de la raíz; que el 2

usufructo era un derecho real susceptible de ser hipotecado, era una parte o desmembra­ción de la propiedad, y por lo mismo era tenido y considerado como inmueble y no podía menos de serlo, por lo cual estaba sujeto a la legislación de los bienes raíces; que el derecho que a la mujer daba la ley 2.ª del expresado tít. 20 del Fuero no contradecía a lo solicitado por la demandada, en la que se respetaba ese derecho; que la condición contraria a la ley se tenía por no puesta en los testamentos y últimas voluntades, según el art. 792 del Código civil; que la ley 7.a, título 21 del Fuero, no tenía aplicación en este caso, porque aquí no se había puesto el gravamen al apartado, dándole algo más de la apartación, que era el caso de la ley, y porque se entendía y se había entendido siempre y resultaba de todas las leyes a que había hecho referencia, que ese gravamen, tratándose de bienes raíces del Infanzonado, tenía que ser a favor de los parientes tronqueros y no de extraños, pues de lo contrario sería cosa facilísima eludir el principio de troncalidad, que era una de las bases principales de la legislación foral; y que con arreglo al núm. 3.° del art. 902 del Código civil, la demanda debía entenderse también con el testamentario D. Antonio de Uriarte:

Resultando que éste, con el expresado carácter, contestó exponiendo, aparte también de otros hechos: que en la herencia de D. Francisco de Amezúa había bienes raíces, sitos en la villa de Munguía; y como fundamentos de derecho, asimismo entre otros: que las leyes del Fuero de Vizcaya citadas por la demandante daban a entender claramente el derecho perfecto del testador Amezúa para nombrar usufructuaria de sus bienes a su mujer Doña Carmen de Lazpita, pues si se reconocía que aun sin testamento podía tener aquélla, como de hecho tenía, el usufructo de los bienes de la herencia durante el primer año de viudedad, no se podía negar que tal usufructo se extendiera más allá por voluntad expresa del testador, máxime cuando en el Fuero no existía ley alguna que lo prohibiera, y debiendo entenderse las disposiciones de ese cuerpo legal según el mismo lo ordenaba en su letra y no en su espíritu, para evitar torcidas interpretaciones; y que no cabía poner en duda que el finado Amezúa pudo dejar el usufructo a la propiedad de los bienes radicantes fuera del Infanzonado de Vizcaya a su mujer Doña Carmen de Lazpita, por carecer de descendientes que forzosamente deberían heredarles, conforme a la legislación común por la que se regían dichos bienes:

Resultando que el propio D. Antonio de Uriarte, en representación de su mujer Doña Aurora de Lazpita, evacuó el traslado de contestación, pidiendo que en definitiva se resolviera en justicia, pues su participación en la herencia era tan insignificante, que a no ser por la necesidad legal de dirigir contra ella la demanda, bien se hubiera podido prescindir de hacerlo, y por esa misma insignificancia, ni se oponía ni se allanaba, esperando resolviera en justicia el fallo, que acataría:

Resultando que Doña Carmen de Lazpita impugnó la demanda alegando, aparte también de otros hechos: que el contenido del testamento de su difunto marido revelaba bien claramente su firme resolución de favorecerla con la previsión de los medios necesarios para mantener la posición que durante el matrimonio había disfrutado, y era de suponer que el testador habría convertido en metálico o en inmuebles todos sus

bienes raíces si hubiese sospechado que sus disposiciones en ese punto habían de ser atacadas y caber dudas sobre su completa validez; y que no todos los bienes raíces de la herencia estaban sitos en el Infanzonado, pues algunos lo estaban en jurisdicción de la villa de Munguía; y como fundamentos de derecho: que la institución de heredera a favor de D. Gregorio de Amezúa abarcaba todos los bienes raíces del testador, varios de los cuales no se hallaban sujetos a la legislación foral, sino a la común, por estar sitos, como iba dicho, en jurisdicción de la villa de Munguía, y bajo este concepto el testador pudo disponer libremente de esos bienes e imponer al legatario o heredero de ellos de los gravámenes que quisiera, siendo por tanto válido el usufructo a ella legado en los mismos bienes y con el que gravó la institución hecha al D. Gregorio, pues ninguna disposición del Derecho español lo prohibía a los testadores; que aun en el supuesto de ser todos los bienes del testador de los sujetos al Fuero de Vizcaya, tampoco podría atacarse la validez de ninguna de las cláusulas del testamento, pues la ley 7.ª del tít. 21 del Fuero solamente prohibía imponer gravámenes en perjuicio de legítima, pero no en perjuicio de los bienes excedentes de ella, ya fuesen muebles o raíces, semovientes, derechos o acciones, cabiendo sobre el exceso cualquier vínculo, sumisión, restitución u otro cualquier gravamen; de donde se deducía que el testador pudo imponer al heredero tronquero que recibía mayor cantidad de bienes que los de la legítima el gravamen del legado usufructuario; que dicha ley 7.ª del tít. 21 no contenía excepción alguna respecto de gravámenes sobre inmuebles; que lo prohibido por el Fuero era dejar bienes raíces troncales a persona extraña, pero no a las que no lo fueran, y entendía que la mujer no era extraña con relación al marido, sino persona unida a él por vínculos muy estrechos, y hoy, según el Código civil, tenía derecho a una porción de la herencia de aquél y a sucederle abintestato a falta de descendientes, ascendientes, hermanos e hijos de herma­nos; que lo expuesto era también lo que se desprendía de la ley 18 del tít. 20 del Fuero, pues su prohibición sólo alcanzaba a los extraños, o a las donaciones u otras mandas o disposiciones hechas a los mismos y no a las que se hicieran a los no comprendidos en tal denominación; doctrina establecida en sentencia de este Tribunal Supremo de 28 de junio de 1862, según la cual, dicha ley entendía que los parientes, aun cuando fuesen de séptimo u octavo grado civil, no podían ser considerados como extraños a los efectos de la misma, y entre marido y mujer mediaban vínculos más estrechos, y era llamada a la herencia intestada del marido con preferencia a esos parientes; y que no debía olvidarse que, con arreglo al Código civil, la mujer tenía derecho al usufructo de una porción de la herencia de su marido, y conforme a la ley 2.^a, tít. 20 del Fuero, tenía también, según la misma parte contraria reconocía, el derecho de usufructo por término de un año, y sería absurdo que el propio Fuero que le concedía ese derecho, del cual no podía despojarla ni aun el testador, no permitiera a este que lo ampliara por mayor plazo o le diera mayor extensión:

Resultando que la parte actora replicó: que a quien, conforme el Fuero, se podían imponer los gravámenes que expresaba la ley 7.^a del tít. 21, era el pactado si se le daba alguna cosa más que la tierra de apartación, que constituía la legítima rigurosa, pero no se admitía tal imposición respecto al heredero tronquero, porque éste representaba el

derecho de todos los parientes de esta clase y percibía la legítima general y lata de todos ellos, sin gravamen ni disminución alguna; siendo esto lo que se desprendía del texto literal de la repetida ley 7.^a del tít. 21, y lo demás sería entrar en interpretaciones peligrosas, y medio poderoso de eludir lo que también literalmente establecían respecto a la troncalidad otras leyes del Fuero; que el parentesco implicaba procedencia común, relación de consanguinidad, y la troncalidad envolvía además la idea de una línea común, por donde venían los bienes, formando tronco en el primero de que procedían, nada de lo cual existía en la mujer, no obstante existir entre ella y su marido otros vínculos sagrados por los cuales, y no por derecho de parentesco o en su consideración a él, se le concedían algunos en determinados casos en los bienes del marido, sin que hubiese sido, ni podido ser jamás, tenida como pariente de aquél, ni mucho menos tronquero, ni se la hubiera contado para nada entre los que lo eran; y que las disposiciones invocadas, como todas las relativas a la sucesión testada o intestada en Vizcaya, eran aplicables a las fincas enclavadas y pertenecientes en lo eclesiástico a las parroquias y feligresías de las anteiglesias y a las villas en cuanto a jurisdicción, gobierno y administración, las cuales fincas eran conocidas en la historia y en el Fuero con el nombre de cosas censuarias, por el censo que pagaban al señor;

Resultando que al duplicar Doña Carmen de Lazpita negó que las fincas sitas en la villa de Munguía fuesen censuarias, y adicionó asimismo, entre otras cosas: que lo más que podía restringirse la palabra extraño era limitándola a los que tenían (sic) derecho más o menos lejano a la herencia, y la mujer tenía el concepto de heredera abintestato de su marido en el caso a que se refería el art. 952 del Código civil, y hasta el de heredera forzosa, con arreglo al art. 834 y siguientes del mismo Código; y que admitido el principio del usufructo, el que durara éste más o menos tiempo era un mero accidente que no podía vulnerar ni atentar al derecho de troncalidad:

Resultando que por la parte demandante se suministró prueba testifical, y por la de la demandada Doña Carmen de Lazpita, se unió a los autos una certificación que, previo mandamiento, libró el Registrador de la propiedad del partido con referencia a los libros del Registro, según la cual, en expediente instruido en el Juzgado municipal de Munguía y aprobado por auto del mismo de 21 de diciembre de 1880, se acreditó la posesión en que se hallaba D. Francisco de Amezúa y Gurbieta desde 25 de febrero de 1879 en que las adquirió por herencia de su padre, de los caseríos nombrados Elorriagagoitia, Vidaurreta y Lagarma, con sus pertenecidos, radicantes los dos primeros caseríos en término de Derio, jurisdicción municipal de la villa de Munguía, y el tercero también en término de Derio, barrio de Gueldo, jurisdicción municipal de dicha villa:

Resultando que el Juzgado de primera instancia pronunció sentencia declarando nulas y de ningún valor ni efecto las cláusulas 4.ª y 5.ª del testamento de D. Francisco Amezúa y Gurbieta, otorgado ante el Notario D. Isidro de Erquiaga en 18 de diciembre de 1890, en las cuales legaba y mandaba a Doña Carmen de Lazpita el usufructo de todos los bienes raíces mientras los días de su vida, entendiéndose esto respecto a los bienes raíces sitos en el Infanzonado de Vizcaya, y se ordenaba el pago de los réditos

del débito que dejó el mismo testador, a cuya amortización se destinaba la mitad del producto de la leña, siendo la otra mitad de dichos productos para la usufructuaria y su sobrina Doña Aurora de Lazpita y Echevarría; y declarando también nula y de ningún valor la condición que imponía en la cláusula 6.ª al heredero tronquero, D. Gregorio de Amezúa y Arieta Azcárraga, de responder con los bienes raíces que se le dejaban del cumplimiento y pago del resto del débito del testador, ni de ninguna parte de él; y en su virtud, condenando a la Doña Carmen y Doña Aurora y al testamentario D. Antonio Uriarte y Lejarraga a que entregaran dichos bienes a Doña Juan de Arieta en la representación que ostentaba, con los frutos producidos y debidos producir desde pasado el año de la viudedad de la Doña Carmen, procediéndose a formalizar extrajudicialmente, como lo mandaba el testador, el inventario y avalúo de dichos bienes raíces y demás que constituyeran la herencia, para que pudiera efectuarse la entrega y determinarse si existían otros bienes para el pago de la deuda, sin hacer especial condena de costas: fallo de que interpuso apelación Doña Carmen de Lazpita, siéndole admitida en ambos efectos, y tramitada que fue sin que se personaran Doña Aurora de Lazpita ni D. Antonio de Uriarte, y habiéndolo hecho además de Doña Juana de Arieta, D. Gregorio de Amezúa, por sí, como mayor de edad, la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos, en sentencia de 15 de marzo del año último, confirmó la del Juzgado, con imposición a la apelante de las costas de alzada:

Resultando que Doña Carmen de Lazpita ha interpuesto recurso de casación, expresando hallarse comprendido en los apartados 1.° y 7.° del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil y citando como infringidos:

Primero.- El párrafo segundo del art. 12 del Código civil, que dispone que dicho Código "regirá como derecho supletorio del que a su vez lo sea en cada provincia, que tenga legislación foral" en relación con el art. 837 del mismo Código, porque el Fuero de Vizcaya, legislación que rige en la tierra llana de aquella provincia, no prevé ninguna de las cuestiones que se han presentado en esta contienda judicial; no existe en él ley que expresa ni tácitamente sancione las afirmaciones que contiene la sentencia recurrida, ninguna que próxima o remotamente diga que la mujer es extraña completamente a la herencia de su marido no habiendo hijos, y mucho menos que impida al cónyuge testador disponer de sus bienes en usufructo en beneficio de su consorte; y no estando previstas, ni menos resueltas, estas cuestiones en la legislación foral, la Sala sentenciadora debió hacer aplicación del párrafo segundo del art. 12 y del 837 del Código civil, y declarar que la recurrente tiene perfecto derecho a la mitad de la herencia que quedó al fallecimiento de su esposo, y al no hacerlo así, ha infringido dichos artículos, por no haberlos aplicado con notorio perjuicio de los intereses de esta parte; siendo de advertir que el Código civil ha sancionado la teoría antes establecida en la ley 3.º del tít. 36 del Fuero de Vizcaya, en el art. 1.° de la ley de 25 de octubre de 1839, y en las sentencias de este Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1861 y 23 de febrero de 1868, que se citaban en segundo término como fundamento de este motivo de casación, y las cuales, de común acuerdo, disponen que "en el caso de no constar disposiciones legales en la colección titulada Privilegios, franquicias y libertades de los 6

caballeros hijosdalgos del muy noble y muy leal Señorío de Vizcaya, que taxativamente prevean una cuestión y la resuelvan, acudan los Tribunales encargados de hacerlo a las leyes comunes del Reino"; estando también corroborada la doctrina que sostiene la parte recurrente por la misma sentencia recurrida y por las citas legales hechas en la primera instancia por las partes; pues en el último considerando se menciona el art. 902, núm. 2.° del Código civil, y en la demanda el 792 y el mismo 902; citas que prueban que cuando la Sala sentenciadora no encontró en el Fuero de Vizcaya la disposición necesaria para cumplir sus funciones, se vio obligada a acudir a otro cuerpo legal que llenara las lagunas, y eso mismo debió hacer en lo referente al usufructo, y a considerar a la viuda como extraño, ya que tampoco lo prevé la legislación foral:

Segundo.- La ley 3.^a del tít. 36 el Fuero de Vizcaya, toda vez que la Sala sentenciadora afirma haberse acreditado que los caseríos nombrados Elorriagagoitia, Vidaurreta y Legarma están sitos en la tierra llana o Infanzonado, sin fundamentar debidamente esta afirmación como debía haberlo hecho, ya que este punto merecía la más cuidadosa atención, dada su extraordinaria importancia, pues según fuera la situación de los bienes raíces, así debía ser distinta la legislación que tenía que aplicar; partiendo dicha Sala para llegar a aquel resultado de una prueba testifical practicada por los demandantes, en la que, aparte de otros extremos, tres de los cuatro testigos afirman, al ser representados, que no saben en qué consiste el derecho de troncalidad ni conocen ningún caso en que se haya aplicado, y que el terreno donde están los mencionados caseríos siempre ha correspondido al término de la villa de Munguía desde que ésta se refundió; y no tomando en consideración ni apreciando la Sala sentenciadora la prueba documental de la recurrente, la certificación librada, previo mandamiento judicial por el Registrador de la propiedad, único competente para dirimir la cuestión, y en la cual certificación consta que los caseríos llamados Elorriagagoitia y Vidaurreta están en término de Derio, jurisdicción municipal de la villa de Munguía, y el denominado Legarma, sito igualmente en el barrio de Gueldo del pueblo de Derio, y pertenece también al término municipal de dicha villa; con lo que quedaron completamente justificadas las afirmaciones de la recurrente en su contestación a la demanda, de que los bienes objeto de este litigio se hallan fuera de la tierra llana o Infanzonado, y por lo tanto no puede aplicarse la legislación foral, que únicamente rige en Vizcaya en el Infanzonado o tierra llana, llamada vulgarmente anteiglesia; pues no puede admitirse, por la lamentable confusión que resultaría que un mismo terreno, donde están situados unos bienes determinados, pertenezca para los efectos municipales y administrativos al término de una villa donde rige el Código civil, y para lo judicial se rigiera por una legislación completamente distinta; y por ello la Sala sentenciadora, que no ha tenido en cuenta ninguna de esas observaciones y ha declarado nulo el testamento de D. Francisco de Amezúa, sin tomar en consideración que estando autorizado por un Notario de la localidad debía conocer con toda exactitud lo que debía hacerse, ha infringido la citada ley 3.a del tít. 36 del Fuero de Vizcaya, en el concepto de haber aplicado la legislación foral sin deber hacerlo, y ha cometido también error de hecho y de derecho en la

apreciación de la prueba, según consta de documento auténtico, como es la repetida certificación; y

Tercero.- En la hipótesis de que no prospere el motivo anterior, y este Tribunal Surpermo decida que los bienes raíces quedados al fallecimiento de D. Francisco Amezúa están sitos en tierra llana, donde rige el Fuero, siempre resultaría haberse infringido las leyes 14 del tít. 20 y la 1.ª del 21 del mismo Fuero, en la 2.^a de las cuales se dispone que "si el marido o su mujer hicieren testamento y el otro lo loare o aprobare, que el tal testamento, manda o instituciones valgan y sean valederas"; porque la Sala sentenciadora ha interpretado equivocadamente la de esas leyes, dando al principio de troncalidad un alcance que no le da el mismo Fuero, ni puede ser admitido en buenos términos de derecho; y ha equivocado y confundido conceptos tan distintos como los de propiedad y usufructo, hasta llegar a afirmar como consecuencia de este error que D. Francisco de Amezúa no pudo disponer del usufructo de sus bienes en beneficio de su esposa, cuando debió interpretar aquel precepto de una manera lo más restringida posible, como es de hacer siempre que la extensión puede ocasionar perjuicio y no hay disposición expresa que la autorice: pues la recurrente insiste en que el Fuero de Vizcaya no contiene ley alguna de que puedan deducirse las consecuencias sentadas por la Sala sentenciadora al afirmar que la mujer es completamente extraña a la herencia del marido no habiendo hijos, y que aquél no puede disponer ni siquiera del usufructo, porque tiene necesariamente que reservarlo para los herederos tronqueros; todo lo cual tiene por origen la interpretación extensiva de la ley 14, título 20, pues la legislación foral lo único que desea y el principio general que la informa es, por no permitir que no habiendo hijos salgan los bienes raíces del tronco, siendo esto lo único que de ella se desprende y lo que dispone la citada ley; y basta leer solamente las cláusulas 4.^a y 5.^a del testamento otorgado por D. Francisco Amezúa para convencerse de que están cumplidas en él aquellas disposiciones, hallándose conforme con el principio de troncalidad, al que no perjudica en lo más mínimo, puesto que no dispuso sino del usufructo en beneficio de su esposa, lo que no le prohibía ninguna disposición terminante, y nombró heredero tronquero al que lo era, su sobrino D. Gregorio de Amezúa, en el cual se consolidó desde luego la propiedad de los bienes raíces del testador, cumpliéndose así el principio de troncalidad, quedando satisfecho el espíritu de la ley, que únicamente quiere vuelvan los bienes a la raíz de donde proceden; y no existiendo ningún vicio que prive de eficacia legal al testamento, el cual revela, por el contrario, que el que lo hizo conocía perfectamente los deberes que le imponía su legislación foral, y que en nada los contrariaba, corroborándolo el hecho de no haber visto inconveniente en verificarlo en la forma que se llevó a cabo, el Notario autorizante, en quien, como en todo funcionario público, se supone la capacidad necesaria para desempeñar su cargo, mientras no se pruebe lo contrario; y la infracción de la ley 1.^a del tít. 21 aparece por completo de manifiesto, pues ella sanciona el principio común de todas las legislaciones que han concedido al hombre el derecho de disponer de sus bienes después de su muerte, y desean que las disposiciones de los testadores se cumplan, siempre que no contengan algún vicio esencial de nulidad que las

prive de toda eficacia y las despoje de su valor en virtud de una causa justa terminantemente prevista en la legislación aplicable a cada caso, por ser principio general de derecho que a ninguna persona se la puede despojar de lo que en un testamento se la conceda sino en virtud de motivo justo, sancionado además por una ley; y la Sala sentenciadora declara nulo el testamento de Don Francisco de Amezúa, que reúne todas las condiciones legales, y en el cual no dispuso sino de aquello de que podía disponer, o sea del usufructo de sus bienes, ya que nada se le prohibía.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Ricardo Gullón:

Considerando, respecto del primer motivo, que a las disposiciones de la legislación especial de Vizcaya debe atenderse exclusivamente para resolver la cuestión litigiosa, que por referirse a la extensión y efectos del derecho de troncalidad es esencialmente foral y está reducida a declarar si los bienes raíces sitos en el Infanzonado o tierra llana de aquel país, en los cuales, no habiendo descendientes legítimos, suceden los parientes tronqueros, pueden dejarse en usufructo a la mujer del testador y ser objeto de algún gravamen:

Considerando que la sentencia, al decidir negativamente la cuestión y acceder a la demanda de D. Gregorio de Amezúa, no infringe las leyes del Fuero invocadas en el motivo tercero, porque la 1.^a, tít. 21, según demuestra su epígrafe, habla del testimonio mancomunado de marido y mujer, o del que uno de ellos hace y aprueba el otro, y de los casos en que puede ser revocado por el sobreviviente; y porque el fallo recurrido interpreta y aplica rectamente la ley 14 del tít. 20, la cual ordena que, a falta de descendientes y ascendientes legítimos, pueda disponerse libremente de los bienes muebles, reservando los inmuebles para los parientes propincuos tronqueros, y que las deudas se pagarán con los primeros y no con los segundos; siendo indudable, en vista de tan claro precepto, sin necesidad de citar otros en su abono, que los bienes troncales constitutivos de una legítima a favor de aquellos parientes no pueden ser gravados, y menos dejados en usufructo, que equivale a la transmisión temporal del dominio útil, a la mujer ni a nadie que no sea pariente próximo tronquero, pues de otra suerte, el que como tal debiese heredarlos, quedaría privado durante la vida del usufructuario de una parte muy importante de la plena propiedad que por ministerio de la ley adquiere a la muerte del testador; y

Considerando que no es de estimar el motivo segundo, toda vez que para alegar como infringida la ley 8.^a, tít. 36 del Fuero, se parte del supuesto de que los inmuebles de que se trata no radican en la tierra llamada de Vizcaya, en contra de lo que terminantemente establece la Sala sentenciadora en virtud del resultado de la prueba testifical que es de privativa apreciación, que sólo puede impugnarse con arreglo a la ley y a la jurisprudencia, por violación de alguna regla de sana crítica, y que no está en contradicción con lo que certifica el Registrador de la propiedad, que si bien hace constar que los caseríos Elorriogagoitia, Vidaurreta y Legarma se heredaron de su padre por el difunto D. Francisco de Amezúa, y que pertenecen a la jurisdicción municipal de

la villa de Munguía, no indica siquiera que no se hallen enclavados en la demarcación de la anteiglesia o parroquia de Derio, la cual, así como las demás anteiglesias, corresponde, según consigna la sentencia, a la llamada tierra llana en que rige el Fuero, y que es lo que determina el carácter troncal de las fincas:

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Doña Carmen de Lazpita, a quien condenamos al pago de las costas, y si viniere a mejor fortuna, al de la cantidad de 1.000 pesetas, por razón de depósito, a que se dará en dicho caso la aplicación prevenida en la ley; y líbrese a la Audiencia de Burgos la certificación correspondiente, acompañada del apuntamiento que remitió.– (Sentencia publicada el 3 de junio de 1896, e inserta en la Gaceta de 26 de septiembre del mismo año.)