STS de 11 de julio de 1883

En la villa y corte de Madrid, a 11 de julio de 1883, en el pleito pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación con infracción de ley, seguido en el Juzgado de primera instancia de Guernica y en la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos por el Ayuntamiento de la anteiglesia de Gamiz, representado por el Procurador D. Miguel Urdiales, bajo la dirección del Licenciado D. Ángel Allende Salazar, con D. Eugenio Juan Francisco de Acillona y Arruza, y en su nombre el Procurador D. José María Cordón, dirigido por el Licenciado D. Agustín de Soto, sobre entrega de los productos de unos bienes:

Resultando que D. Juan Ventura de Ugarte, Presbítero beneficiado y Cura de la parroquia de San Andrés de la anteiglesia de Gamiz, otorgó testamento en 10 de junio de 1745, en el que fundó una capellanía perpetua colativa de misas en dicha iglesia parroquial, debiendo el Capellán decir 12 al año, una cada mes por sí o por otro o por el Cabildo eclesiástico de ella, y no queriendo éste celebrarlas, pudiera hacer que se dijeran donde gustase, teniendo asimismo obligación el Capellán o Capellanes que por tiempo fuesen de ella, cada uno en el suyo, tener Escuela de niños por sí en dicha anteiglesia, enseñándoles la doctrina, leer, escribir y contar, sin salario alguno y oficiar las misas conventuales que se celebrasen en la parroquia desde el coro de ella, consignando para su dotación 1.845 ducados de censos sobre las casas que citó, y la casa en que vivía con cuatro porciones de heredades para que pudieran mantenerse los Capellanes y cumplir las cargas y obligaciones señaladas; nombró patrón presentero al Fiel Regidor que por tiempo fuese de la anteiglesia, a quien asignó 33 rs. por el trabajo que había de tener de cuidar de su cumplimiento, los cuales pagaría el Capellán, debiendo en los tiempos de vacante hacer la presentación, siendo a los parientes más cercanos en línea recta de los padres del fundador, y en su falta a las personas que designó:

Resultando que Doña María Josefa de Arruza promovió expediente en el Juzgado de primera instancia de Bilbao sobre adjudicación de los bienes correspondientes a la capellanía colativa, título de órdenes fundada por D. Juan Ventura de Ugarte, y que por sentencia de 4 de abril de 1845 le fueron adjudicados todos los bienes raíces y censos pertenecientes a la misma sin perjuicio de tercero, y con la circunstancia de cumplir con las obligaciones impuestas por el fundador, habiéndosela dado posesión de los bienes en 10 de julio de dicho año:

Resultando que el Presidente de la Comisión provincial de instrucción primaria de Vizcaya citó en 11 de mayo de 1849 a Doña Josefa de Arruza a una conferencia con dicha Comisión para determinar lo conveniente en punto a la Escuela de instrucción primaria de Gamiz, de la cual era principal interesada como patrona de la obra pía fundada por D. Juan Ventura de Ugarte, haciendo igual citación al Alcalde de la expresada anteiglesia; y que reunidos en 21 de junio de dicho año 1849 los Concejales 1

que componían el Ayuntamiento de Gamiz y Doña María Josefa de Arruza, viuda, acompañada de su hijo D. Eugenio de Acillona con el fin de tratar acerca de lo acordado ante la Junta superior de instrucción primaria de aquel señorío, entre la representación del Ayuntamiento y la Doña Josefa relativamente al arreglo definitivo del Magisterio de primeras letras de aquella anteiglesia, el Presidente manifestó que en virtud de la comisión que se le confió por la Corporación en unión del Secretario, tuvo lugar la conferencia con Doña María Josefa de Arruza para concluir las diferencias pendientes sobre la instrucción primaria tan abandonada en aquella anteiglesia, y de conformidad de ambas partes se resolvió: primero, que todos los productos de la casa, censos y heredades que percibía en la actualidad Doña María Josefa, como poseedora de la obra pía fundada por D. Juan Ventura de Ugarte, serían en lo sucesivo de cuenta a medias con el Ayuntamiento; segundo, que las obras de reposición correspondientes al insi­nuado edificio que dejó dicho Ugarte deberían ser y entenderse de cuenta y cargo particular de Doña María Josefa; tercero, que el Alcalde de la anteiglesia renunciaría los 33 rs. que le estaban consignados en el testamento de Ugarte por el trabajo de vigilar y cuidar la Escuela; cuarto, que un hijo de Doña Josefa, de edad de 19 años, que se proponía seguir la carrera del Profesorado de instrucción primaria, debería ser preferido para el nombramiento de Maestro siempre que se encontrase revestido de competente título; quinto, que en atención a la urgente necesidad de instrucción en que se hallaba la juventud de aquella anteiglesia, se encargara el Ayuntamiento de proporcionar un Maestro que desempeñase interinamente los trabajos de su Escuela pública. Y enterados los Concejales y Doña Josefa de estos capítulos, unánimemente los probaron y fir­maron, los que sabían, entre ellos D. Eugenio de Acillona, acordando que se remitiese certificación de aquella acta al Presidente de la Junta superior a los efectos conducentes:

Resultando que Doña María Josefa de Arruza falleció en 18 de abril de 1850, sucediéndola su hijo D. Eugenio Francisco de Acilona, al cual en tal concepto se dirigió la Comisión de Instrucción primaria de Vizcaya en el año 1854 para orillar definitivamente las cuestiones con el Ayuntamiento de Gamiz relativamente a la enseñanza primaria y local destinado para la Escuela, e instruido con tal motivo un expediente de que conoció el Gobierno de la provincia, mediaron con tal motivo diferentes comunicaciones, siendo la última que aparece de los autos la que en 13 de enero de 1858 dirigió el Alcalde de Gamiz a D. Eugenio Acillona, manifestando que el Ayuntamiento y mayores contribuyentes a quien se había dado conocimiento de la propuesta que el día 4 de dicho mes había hecho Acillona ante el Gobernador, había resuelto no poder convenir con ella mientras no dejara también a disposición de dicho Ayuntamiento la casa de Goico-abadiena con otros particulares que no son del caso:

Resultando que D. Eugenio Francisco de Acillona acudió en el año de 1868 al Obispado de Vitoria, manifestando que era poseedor de los bienes y censos de la citada capellanía colativa, que tenía de cargas 12 misas anuales con el estipendio de 5 reales cada una, y deseando libertar dichos bienes y censos del expresado gravamen, pidió se le admitiera su redención; que por auto de 13 de agosto de dicho año se estimó así por la cantidad de 2.000 reales en títulos del 3 por 100 consolidado, y satisfecho por Acillona, 2

se dio por redimida en legal forma la citada carga eclesiástica, dando por libre de toda responsabilidad y gravamen en el expresado concepto al recurrente en representación de la familia del fundador los bienes y censos afectos a la misma, salvo el derecho de tercero:

Resultando que autorizado el Ayuntamiento de Gamiz por la Comisión provincial de Vizcaya, dedujo en 13 de septiembre de 1880 la demanda objeto de estos autos, y consignando con ella como hechos los antecedentes que quedan referidos, dedujo de los mismos como fundamentos legales que la voluntad del fundador, primera e ineludible ley en la materia, impuso sobre los bienes de la capellanía la carga de atender con parte de sus productos al sostenimiento de una Escuela gratuita de niños en la anteiglesia de Gamiz; que el poseedor actual de dichos bienes se hallaba por tanto en la obligación de atender con el producto de los mismos a tan respetable objeto, sin que se opusiera a ello la ley vigente, pues la ley de 1820, que tuvo por único objeto la desamortización, no anuló ni destruyó los establecimientos e instituciones que pudieran subsistir sin ella, lo cual tampoco hizo la de 1.° de mayo de 1855, que únicamente dispuso el cambio de forma de las rentas; que si bien el art. 16 de la ley de 1820 prohibió a las manos muertas la adquisición de capitales de censos impuestos sobre bienes raíces, la de 5 de mayo de 1839 modificó aquella prohibición respecto a los establecimientos de instrucción pública, permitiendo que se les dotase con censos u otros efectos de rédito fijo, disposición que se hallaba vigente, no se contraía sólo a los establecimientos antiguos o existentes, como era el que motivaba este litigio, sino que debía entenderse a los que en lo sucesivo se creasen, y por lo mismo la carga impuesta por el fundador sobre los mencionados bienes y censos estaba vigente sobre todo respecto de la escuela de niños en la anteiglesia de Gamiz; que además, por convenio de los interesados, estaba determinado que la mitad de todos los productos de la casa, heredades y censos especi­ficados debían destinarse a objeto tan interesante, debiendo el poseedor costear las obras de la reposición de la casa, convenio que debía ser cumplido en todas sus partes como de valor y eficacia jurídica incontestables, según la ley recopilada y las sentencias de este Supremo Tribunal; que en su consecuencia D. Eugenio Acillona, poseedor de dichos bienes, estaba obligado a acudir al sostenimiento de la escuela con la mitad de sus productos y a satisfacer los atrasos, a partir, al menos desde la fecha del convenio, previa tasación y liquidación, sin perjuicio de abonarle lo que justificase haber satisfecho por este concepto; y que ejercitando las acciones real y personal, suplicó se declarase que los bienes de la capellanía que fundó D. Juan Ventura de Ugarte vienen obligados al sostenimiento o alivio de los gastos de la primera enseñanza en la anteiglesia de Gamiz, condenando al actual poseedor D. Eugenio de Acillona a cumplir dicha carga, entregando con dicho objeto al Ayuntamiento la mitad del producto de los bienes en cada año, al pago de las anualidades no satisfechas, a contar desde el 21 de junio de 1819, previa tasación y liquidación, y al de todas las costas de este juicio:

Resultando que D. Eugenio de Acillona impugnó la demanda, alegando que era una superchería todo cuanto se afirmaba acerca del convenio verificado entre su madre y el Ayuntamiento, excepción que no es objeto del actual recurso, que por el contrario 3

se funda en la infracción de dicho convenio; habiéndose además sobreseído en la causa que a instancia de Acillona se instituyó sobre el particular, siendo condenado en costas, y mandándose proceder contra él por el delito de denuncia y acusación falsas; que en este caso se trataba de una capellanía colativa, y por lo tanto no era aplicable la ley de 1841 y las posteriores, no pudiendo el Ayuntamiento reclamar parte alguna de los bienes porque no eran del pariente del fundador; que aun en el supuesto de que tuviera alguna parte, la habría perdido; porque si bien las adjudicaciones se hacían sin perjuicio de tercero, los que se creyeran con algún derecho debían ejercitar su acción dentro de cuatro años, a contar desde el día de la ejecución, según el art. 4.° de la ley de 15 de junio de 1856; que la de 1841, en su art. 11, disponía que la adjudicación de los bienes se entendería con obligación de cumplir las cargas, así civiles como eclesiásticas, pero de ningún modo se refería a las puramente personales o anejas a las funciones de Capellán, y en el caso actual, la obligación que el fundador le imponía de tener Escuela de niños y asistir al coro era personal, que en tanto subsistía en cuanto existía el Capellán, y quitado éste al extinguirse la Capellanía, habían desaparecido todas aquellas condiciones y obligaciones, como incompatibles con desvinculación de los bienes; que esta conclusión aparecía más evidente en la ley de junio de 1867 sobre redención de cargas, pero cargas reales y no personales; hecha la cual, se mandaron entregar los bienes en calidad de libres a la familia respectiva, conduciendo también al mismo fin las sentencias de este Supremo Tribunal en que se resuelve que todas las condiciones y obligaciones incompatibles con el estado de libertad de los bienes habían caducado ya; que aun en el supuesto de que los de la capellanía se adjudicaran a Doña María de Arruza, con la obligación personal de poner un maestro de escuela en Gamiz, la prescripción no interrumpida desde el año 45 resolvería de plano la cuestión, pues había pasado el tiempo para la extinción, no sólo de la acción personal que en todo caso nacería del convenio, sino de la real por haber transcurrido los 10, 15 y 20 años que se fijaban en las leyes 1 .^ay 3.^a, tít. 12 de los fueros vigentes en el Señorío de Vizcaya; que aunque perteneciese al Ayuntamiento la mitad de la casa Goico-abadiena y demás bienes de la capellanía, se hallaría incluida en la ley de Desamortización de 1855 para enajenarla y convertirla en otra renta, y en tal supuesto no sería el Ayuntamiento sino el Estado el que podía reclamar dicha mitad, y en ese mismo supuesto la mitad de los censos entregados al Ayuntamiento estarían incluidos en dicha ley, y por tanto condenados los atrasos, pudiendo el demandado redimir todas esas cargas. Y que el Ayuntamiento carecía igualmente de personalidad para entablar la demanda, porque según sentencia de este Supremo Tribunal de 27 de febrero de 1879, sólo el Gobierno y el Ministerio fiscal tenían personalidad para reclamar el cumplimiento de las cargas de las capellanías colativas adjudicables por la ley de 1841, en consonancia con la de 24 de junio de 1867, y que por último reconvino al Ayuntamiento para el reconocimiento y pago de los réditos de un censo que el fundador de la capellanía le compró, y que antes había comprado al propietario de la casa Ibarra Bengoechea, a quien subrogó dicho Ayuntamiento, adeudando los réditos de los últimos 15 años:

Resultando que el Ayuntamiento replicó que era impertinente la cuestión sobre la

calificación de la capellanía, por no tratarse de la fundación bajo el punto de vista de Capellanía o celebración de misas, sino de una carga puramente civil, cual era el sostenimiento de la Escuela de niños, a la que eran aplicables las disposiciones legales citadas en la demanda, no teniendo aplicación alguna la ley de 24 de junio de 1867, que se refería a las cargas puramente espirituales que especificaba; que la carga de la Escuela estaba impuesta sobre los mismos bienes y no era una obligación puramente personal del Capellán, como lo probaba además el hecho de haberse hallado desempeñada por un Maestro seglar, retribuido con los productos de los bienes de la fundación; que no tenía aplicación al caso la ley de 1855, cuyo único objeto era la desamortización, con la cual y con todas las demás disposiciones análogas era perfectamente compatible la carga cuyo cumplimiento se pedía; que tampoco podía alegar el demandado la prescripción, porque las gestiones del Ayuntamiento alcanzaban al año 58, y aun cuando así no fuera, debiendo acudir Acillona al sostenimiento de la Escuela con la mitad del producto de los bienes, aunque se prescindiera del objeto benéfico, no eran prescriptibles, según la ley 2.^a, tít. 8.°, libro 11 de la Novísima Recopilación, porque los bienes y derechos pertenecientes a un Municipio no se prescribían por tiempo menor de 40 años, y porque en todo caso, equiparados aquellos a los menores de edad, siempre tendría el beneficio de la restitución por el tiempo transcurrido, a contar desde que éste se completó; impugnando, por último, las reconvenciones, porque el Ayuntamiento no había tenido jamás el concepto de censatario:

Resultando que suministrada prueba por las partes y sustanciado el juicio en dos instancias, la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos dictó en 11 de diciembre de 1882 sentencia confirmatoria, con las costas, de la del Juez inferior, declarando que los bienes de la capellanía están sujetos al sostenimiento de los gastos de la primera enseñanza en la anteiglesia de Gamiz, y condenando en su consecuencia al poseedor actual de tales bienes, D. Eugenio Acillona, a cumplir dicha carga, entregando para ello al Ayuntamiento en cada año la mitad de los productos de aquéllos, en conformidad a las bases establecidas en el convenio celebrado en 1.° de junio de 1849 ante la Comisión superior de instrucción primaria de Vizcaya, debiendo pagar las mensualidades no satisfechas desde el citado convenio, practicándose la tasación y liquidación correspondientes por personas o peritos que nombrarían las partes, y tercero en caso de discordia; absolviendo al Ayuntamiento de Gamiz de la reconvención propuesta por el demandado, e imponiendo a éste las costas de primera instancia:

Resultando que D. Eugenio Juan Francisco de Acillona interpuso recurso de casación, por haberse infringido a su juicio:

1 .° La fundación de 10 de junio de 1745, y las leyes 13 y 19, título 23, Partida 3.⁰, que establecen la fuerza de la cosa juzgada, toda vez que el fundador impuso a los Capellanes la obligación personal de tener por sí mismos Escuela de niños en la anteiglesia de Gamiz; que por ejecutoria de 4 de abril de 1845 fueron adjudicados los bienes de la capellanía a Doña María Josefa de Arruza, madre del recurrente, y que a

virtud de la conmutación posterior de cargas que hizo fueron declarados y quedaron completamente libres los referidos bienes, a pesar de lo cual el fallo declaraba que estaban sujetos al sostenimiento de los gastos de la primera enseñanza en la anteiglesia de Gamiz:

2 .° El convenio de 21 de junio de 1849, en su base o cláusula 1.⁰, según la cual los productos de las casas, censos y heredades que entonces percibió Doña María Josefa de Arruza, como poseedora de la obra pía fundada por D. Juan Ventura de Ugarte, serían en lo sucesivo de cuenta a medias con el Ayuntamiento de Gamiz, a pesar de lo cual éste, en vez de ejercitar la acción puramente personal, y que en su caso y por virtud de la mencionada cláusula pudiera quizás tener, había ejercitado la acción mixta, real y personal, pretendiendo que la correspondía una especie de participación y derecho real, no en la mitad de los productos de los bienes, sino en los bienes mismos contra la letra terminante de la cláusula citada; habiendo incurrido la sentencia en el mismo error al declarar que los bienes de la referida capellanía estaban sujetos al sostenimiento de los gastos de la primera enseñanza de la anteiglesia de Gamiz;

Y 3.° La Ley 1.^a, libro 12 del Fuero de Vizcaya, que establece la prescripción de acciones a los 15 años, y la doctrina establecida por este Supremo Tribunal en sentencias de 26 de noviembre y 31 de diciembre de 1864, y 28 de noviembre de 1867, que declara vigente la referida ley, toda vez que se estimaba como justa, procedente y eficaz la acción ejercitada por el Ayuntamiento de Gamiz, a pesar de haber transcurrido con exceso el tiempo necesario para su prescripción:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. José María Manresa:

Considerando que la obligación que el fundador de la capellanía colativa, a que este pleito se refiere, impuso al Capellán que la sirviera de tener Escuela de niños por sí en la anteiglesia de Gamiz, enseñándoles la doctrina cristiana, leer, escribir y contar, sin salario alguno, constituye una carga real impuesta sobre los bienes con que la dotó; que a falta de Capellán debe cumplirse en la forma posible con los productos de dichos bienes, puesto que con esta carga y otra de misas a que estaban afectos fueron adjudicados a Doña María Josefa Arruza por sentencia de 4 de abril de 1845, en virtud de la ley de 19 de agosto de 1841, y por tanto la sentencia recurrida, en cuanto declara que los bienes de dicha Capellanía están sujetos al sostenimiento de los gastos de la primera enseñanza en la anteiglesia de Gamiz, no infringe la fundación ni el convenio de 1849, que sólo tuvo por objeto determinar la forma de levantar esta carga, ni las leyes relativas a la cosa juzgada, que bajo supuestos inexactos se citan en los motivos 1.° y 2.° del recurso:

Considerando que la ley 1.ª, libro 12 del Fuero de Vizcaya, citada en el tercer motivo, por la cual se establece que el derecho de ejecutar por obligación personal y la ejecutoria dada sobre ella se prescriba por 10 años; que si hay hipoteca o es mixta la obligación se prescriba la deuda de 15 años; y que toda otra acción real o personal se prescriba por tiempo y espacio de 15 años, se refiere y sólo es aplicable a la 6

prescripción ordinaria de las acciones, como medio de extinción de las obligaciones, debiendo regirse las prescripciones que no sean de este clase por la legislación de Castilla, como supletoria de la especial de Vizcaya:

Considerando que en este caso se halla la prescripción alegada por el recurrente en cuanto al primer extremo de la demanda, relativo a declaración hecha en la sentencia de que los bienes de la capellanía están sujetos al sostenimiento de los gastos de la primera enseñanza; porque siendo ésta una carga real a favor del común de vecinos, no puede extinguirse sino por la prescripción extraordinaria de 40 años, establecida en la ley 7.ª tít. 29 de la Partida 3.ª y por consiguiente no tienen aplicación al caso la ley del Fuero, ni ha podido ser infringida en este concepto:

Considerando que no se halla en el mismo caso la prescripción alegada también contra el otro extremo de la demanda relativo al cumplimiento del convenio celebrado en 21 de junio de 1849 entre el Ayuntamiento de Gamiz y la madre del recurrente, porque este convenio, dando por subsistente la carga, sólo tuvo por objeto determinar la forma y proporción en que el poseedor de los bienes de la Capellanía había de contribuir con sus productos al sostenimiento de la Escuela, naciendo de él, por consiguiente, una acción personal sujeta a la prescripción ordinaria de la ley del fuero, cuya acción quedó extinguida por haber dejado el Ayuntamiento transcurrir más de 15 años sin reclamar el cumplimiento de dicho convenio, y por tanto la sentencia recurrida, al condenar al recurrente a que entregue al Ayuntamiento la mitad de los productos de los bienes, conforme a las bases del expresado convenio desde la fecha del mismo, desestimando aquella excepción, infringe en este concepto la ley 1.", libro 12 del Fuero de Vizcaya antes citada:

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Eugenio Juan Francisco de Acillona, en cuanto se refiere al extremo principal de la demanda, estimado en la sentencia que en 11 de diciembre de 1882 dictó la Sala de lo civil de la Audiencia de Burgos, y que ha lugar a dicho recurso en el particular relativo al cumplimiento del convenio celebrado en 21 de junio de 1849, y entrega al Ayuntamiento de Gamiz de la mitad de los productos anuales de los bienes de la capellanía, conforme a las bases del mismo, y desde aquella fecha, previa tasación y liquidación por peritos en cuyos extremos casarnos y anulamos la sentencia mencionada; y devuélvase al recurrente el depósito constituido.– (Sentencia publicada en 11 de julio de 1883, e inserta la Gaceta de 28 de octubre del mismo año.)