STS de 17 de febrero de 1868

En la villa y corte de Madrid, a 17 de enero de 1868, en los autos que en el Juzgado de primera instancia de Bilbao y en la Sala tercera de la Real Audiencia de Burgos ha seguido Doña Josefa de Eguía y Malo, Baronesa viuda de Bellera, con D. Simón de la Torre y D. Alejandro de Aldama y con los testamentarios de Doña María Nicolasa de Letona, sobre mejor derecho a ciertos bienes dejados por ésta, cuyos autos penden ante Nos en virtud del recurso de casación interpuesto por los demandados contra la sentencia que en 6 de julio último dictó la referida Sala:

Resultando que por escritura pública de 23 de marzo de 1601 Hortun Sáenz de Cirarrusta y Ugarte, y Pedro de Cirarrusta y Ugarte su sobrino menor de 14 años, e hijo legitimado de Juan Sáenz de Cirarrusta prestando por dicho menor la autoridad y consentimiento su curador ad litem D. Francisco de Vildosola, concertaron y convinieron en que el citado menor Pedro de Cirarrusta quedase con la casa y solar de Ugarte y todos los demás bienes raíces, muebles y semovientes que fueron del dicho Juan Sáenz de Cirarrusta, y dejó a su muerte sin que a ellos tuviesen derecho el Hortun ni otros cualesquiera deudos y parientes, con condición y pacto expreso de que el dicho Hortun se le hubiesen de dar de los dichos bienes por el menor y su curador 2.200 duca­dos, de que de los citados bienes se hubiesen de situar 200 ducados de renta en cada un año, los 100 para casar huérfanos y doncellas pobres y distribuirlos entre pobres parientes del Juan Sáenz y de su casa y solar, quedando facultada Doña María Ibáñez de Atucha para declarar y señalar las condiciones con que había de constituir la capellanía; y de que la dicha casa y solar de Ugarte, herrería y molinos pertenecientes a la misma, y todos los demás bienes raíces, muebles y semovientes que quedaran después de cumplir dichas memorias y satisfacciones, fuesen de vínculo y mayorazgo, inenajenables e imprescriptibles, conforme a la ley ordinaria y Real usada generalmente en aquel reino, y demás llamamientos que expresaron:

Resultando que por otra escritura de 28 de septiembre de 1602 María Ibáñez de Atucha, en virtud de las facultades que se la habían concedido en la precedente, instituyó la citada capellanía y memorias situándolas sobre los censos y rentas que se mencionan, y determinando que fuese el único patrón de ella el dicho Pedro de Cirarrusta y Ugarte y los demás que después de él fueran dueños de la casa y solar de Ugarte:

Resultando que en escritura también pública, otorgada en 4 de diciembre de 1675 para el matrimonio de D. Francisco Antonio de Ugarte y San Martín con Doña María Josefa de Ibarra, el apoderado de D. Pedro Cirarrusta y Ugarte, padre del D. Francisco Antonio, donó y dotó a éste todos los bienes del vínculo y mayorazgo antiguo de la casa y solar de Ugarte y los a él agregados por Doña María Ibáñez de Atucha, que eran la casa solar de Ugarte y sus heredades, la casa y casería de Ulibarri en la anteiglesia de Elejaveitia con sus heredades, la torre en que vivía el D. Pedro con su término y demás, 1

la casa y casería de Elejalde en la anteiglesia de Dima con sus accesorios y heredades, la mitad de la casa y casería de Ugaldea con las suyas, la casa y casería de Echezarra en la misma anteiglesia, la de Cubian en la anteiglesia de Aranzazu, el molino de Ubagia en la de Yurre, la casa y solar de Atucha con sus accesorios y heredades en la de Lemona, la casa y Torre de Atuchela con las suyas, y la de Larrabeitia en la misma anteiglesia, y las de Galdama y Arecheta también en la anteiglesia de Lemona, los honores que tenían los expresados bienes vinculados, y como libres la casa y casería de Hurraran y la de Garraichea en la anteiglesia de Castillo, y la de Lachava en la Elejaveitia con sus heredades; y la de Doña María Josefa Ibarra, llevó como donados por su madre y a cuenta de su legítimas, parte de una casa en Bilbao, la casa y casería de Bilirieta en la anteiglesia de San Vicente de Abando y la llamada Santurce en el valle de Gordejuela, con sus montes y pertenencias, y varias joyas, ropas y alhajas:

Resultando que D. Juan Bautista de Ugarte y San Martín y Doña Inés de Azcuénaga de una parte, y de la otra D. Cristóbal Ortiz de Letona, para el matrimonio de éste con la hija de aquél, Doña María de Ugarte y Azcuénaga, otorgaron escritura pública en 27 de junio de 1698, por la cual la Doña Inés eligió y nombró por heredera y sucesora de la casa solar de Cirarrusta y demás bienes a ella pertenecientes a la Doña María Ugarte y Azuénaga, siendo necesario, se la donó en la mejor vía y forma para el matrimonio con el D. Cristóbal Ortiz de Letona y para los hijos que de él hubiesen, excluyendo de dichos bienes, herencia y sucesión de ellos a los demás parientes y tronqueros de dicha casa; además la dotó y donó la casa y casería de Yurrebaso de en medio con todas sus heredades, montes y pertenecidos, y una casa de alto y bajo, con diferentes heredades a ella pertenecientes, que tenía en la villa del Villar; y el D. Juan Bautista de Ugarte dotó y donó a la misma Doña María de Ugarte, su hija, la casa y casería de Munichaga con sus heredades, montes y pertenencias; prometiendo el Don Cristóbal llevar por su parte al matrimonio los créditos y cantidades que expresó y la casa y venta que llamaban de Helosu, sita en jurisdicción de Villarreal de Álava, con todas sus pertenencias:

Resultando que el D. Cristóbal Ortiz de Letona, en testamento de 21 de febrero de 1705, dispuso que su mujer Doña María de Ugarte y Azcuénaga fundase un mayorazgo electivo de todos los bienes, muebles y raíces propios del mismo, entre los hijos de ambos, llamados D. Antonio, Doña María Antonia y Doña Teresa Ignacia de Letona y Ugarte y el póstumo o póstuma que pariese dicha su esposa, prefiriendo los varones a las hembras; cuya fundación de mayorazgo electivo había de verificar dentro de cuatro años; y que en el caso de que por descuido no lo hiciese, era su voluntad que desde luego se entendieran vinculados dichos sus bienes, nombrando por primer poseedor de ellos a D. Antonio de Letona y Ugarte, su hijo para que los gozase y poseyera por de vínculo electivo, precediendo varón a hembra:

Resultando que con motivo del matrimonio de Doña Francisca Antonia de Ugarte e Ibarra con D. Manuel de Santa Coloma, hija aquella de Don Francisco Antonio Ugarte y San Martín, hermano del D. Juan Bautista de Ugarte, e hijos ambos de D. Pedro

Cirarrusta y Ugarte, fue otorgada en 1.° de febrero de 1706 la correspondiente escritura de capitulaciones por la cual la Doña Francisca Antonia de Ugarte llevó al matrimonio y para los hijos que de él tuviese el vínculo y mayorazgo de la casa y solar de Ugarte, cuya sucesión la tocaba como hija primogénita del D. Francisco Antonio de Ugarte y San Martín y Doña María Josefa de Ibarra, últimos poseedores, vínculo y mayorazgo que se componía de los bienes que se habían expresado en la escritura de 4 de diciembre de 1675, antes mencionada, y además los patronatos de las obras pías y capellanías de Juan Sáenz de Cirarrusta y Ugarte y de Antonio Sáenz de Ugarte y su mujer Doña Antonia López, y los bienes raíces y muebles, créditos y alhajas que la tocaban en la herencia de su madre Doña María Josefa de Ibarra en partición con su hermana Doña Teresa:

Resultando que por escritura de 2 de agosto de 1725 Doña María de Ugarte y San Martín, viuda de D. Cristóbal Ortiz de Letona, expresando que era dueña en propiedad de la mitad de la casa solar de Cirarrusta en la anteiglesia de Dima, sus accesorios, ferrerías y molinos, de la casa de Aguirre Susunaga, la de Requeta, Yurrebazo, Zamacola con su sitio de las tres partes de ferrerías y de dos ventas, una en Virreal y la otra en el lugar de Lozu, con su monte, sitas en la dicha anteiglesia, en la de Yurre, en la provincia de Alava, y de todos sus per-tenidos, mediante donación que la hizo su tía Doña Inés de Azcuénaga para su matrimonio en 27 de junio de 1693 y que de la otra mitad de dichas haciendas había sido instituido y nombrado heredero universal su hijo D. Antonio de Letona y Ugarte por el D. Cristóbal su padre y marido respectivo; donó al expresado su hijo D. Antonio dicha mitad de las referidas haciendas de casas y pertenecidos, mejorándole en caso necesario en el tercio y quinto de los citados bienes, de la provincia de Álava, para que no tuvieran derecho los demás hijos, en conformidad de lo que prevenían las leyes del reino, con la obligación de pagar las deudas y gravámenes que dichas haciendas tenían:

Resultando que en 24 de septiembre de dicho año de 1725 el D. Antonio de Letona y Ugarte, en la escritura pública que fue otorgada para su matrimonio con Doña Catalina Francisca de Ormaza, se donó y dotó por sus propios bienes para el dicho matrimonio la casa, torre y solar de Cirarrusta y demás bienes que quedaban especificados en el testamento y donación antedichos:

Resultando que los citados D. Antonio de Letona y Ugarte y Doña Catalina Francisca de Ormaza su mujer, para el matrimonio de su hijo primogénito y único varón, D. Juan Antonio, con Doña Severina Manuela de Landazuri, otorgaron escritura pública en 13 de julio de 1751, por la que, expresando que el D. Juan Antonio era inmediato sucesor legítimo de los vínculos y mayorazgos de Cirarrusta y Ugarte, de sus patronatos, capellanías, honores, preeminencias y de otros bienes libres que irían declarados, le hicieron donación pura e irrevocable inter vivos, por causa onerosa de matrimonio, de los bienes y efectos que mencionan de las dichas casas y torres de Ugarte y Cirarrusta, previniendo que la mitad de los bienes de ésta eran de vínculo y mayorazgo, y la otra mitad libres, como resultaba del contrato matrimonial de 24 de

septiembre de 1725:

Resultando que, por escritura de 3 de abril de 1754, Doña Inés de Avendaño y el curador de su hijo D. Pedro de Erescano y Avendaño, dueño éste de la casa y casería de Erescano de arriba con todas sus heredades y pertenecidos, vendieron con autorización judicial y llamamientos forales, a favor de su pariente D. Juan Antonio de Letona y Ugarte la enunciada casa y caserío de Erescano de arriba y todos sus pertenecidos, con sepultura en la parroquial de Dima y demás derechos honores y preeminencias que la tocaban y pertenecían, por la cantidad de 92,050 reales y 12 y dos tercios de maravedí, bajada la tercera parte de los 138,075 rs. 19 maravedís en que había sido tasada; de todo lo cual y en virtud de dicha escritura tomó posesión el D. Juan Antonio en 26 de abril de 1754 mediante providencia judicial:

Resultando que el citado D. Juan Antonio de Letona y Ugarte y su mujer Doña Severina Manuela de Landazuri, por escritura de 5 de febrero de 1773, para el matrimonio de su hijo primogénito D. Antonio Leonardo con Doña María Teresa Beteluri, le hicieron donación inter vivos y por causa de matrimonio: primero, de la casa, palacio y torre de Ugarte con los demás bienes que expresan, pertenecientes al mayorazgo de Ugarte, de que el D. Antonio Leonardo era el inmediato sucesor; segundo, de la casa y torre antigua de Cirarrusta, la ferrería, tiradera de hierro y la casa Blanca y la casería accesoria de Cirarrusta frente de la mencionada torre; tercero, de la casería de Aguirre Susunaga, comprada y adquirida por ellos; cuarto, de la casa y caserío de Sirarruy, sita y notoria en la anteiglesia de Yurre, que hicieron de nueva planta en lugar de la casa accesoria de Zamacola en la anteiglesia de Dima, que ven­dieron junto con las tres partes de sitio en la ferrería llamada de Zamácola, a D. Ventura de Mendoza y Don Francisco Antonio de Eguía; quinto, de la casa y casería de Erregueta, sita en dicha anteiglesia de Yurre; y sexto, de la casa y casería de Elosua, notoria en la provincia de Álava, con todos sus pertenecidos, y la heredad de Villarreal; previniendo que la mitad de todos los bienes de Cirarrusta eran de vínculo y mayorazgo, y la otra mitad se hallaba en concepto de libres, como resultado del contrato matrimonial de 24 de septiembre de 1725 para el casamiento de sus padres D. Antonio de Letona y Ugarte y Doña Catalina Francisca de Ormaza, ya difuntos:

Resultando que Doña María Nicolasa de Letona y Beteluri, hija de los expresados D. Antonio Leonardo y Doña María Teresa, otorgó testamento en 11 de abril de 1864, en una de cuyas cláusulas dijo que mandaba y nombraba por herederos tronqueros de los bienes libres que mencionaría, incluyéndose en ellos la mitad de lo desvinculado de los mayorazgos de Ugarte y Cirarrusta, de que podía disponer y que radicaban en Castillo y Elejaveitia, Dima, Yurre, Lemona, Aranzazu y Villaro, en aquel señorío de Vizcaya, y en Villarreal, en la provincia de Álava, con las cargas a que estaban afectos, al General D. Simón de la Torre y Ormaza y a Don Alejandro de Aldama y Orinaza; y en su falta a sus hijos o representación legítima, apartando y separando a todos los demás parientes tronqueros, con lo que constituyera la apartación foral; declarando en otra cláusula, que la institución de herederos que dejaba hecha en favor de los

expresados sujetos, era en la inteligencia de ser parientes del tronco de que dichos bienes procedían; pero que si no, fuese verdad, y apareciesen otros parientes tronqueros con mejor derecho quería y era su voluntad que se les pagase por sus testamentarios en dinero efectivo y a justa tasación el valor de las dos terceras partes del importe de los referidos legados, cuyo pago se haría de los bienes de que específicamente no había dispuesto, y que en otra cláusula declaró que era poseedora de los vínculos denominados Ugarte y Cirarrusta, radicantes en Castilla y Elejaveitia, Dima, Yurre, Lemona, Aranzazu y Villaro, de aquel señorío de Vizcaya, y en Villarreal de la provincia de Álava; y además tenía otros bienes en dichos puntos, adquiridos por títulos de compra y heredados de sus antecesores; y dispuso que la mitad de lo vinculado pasara a quien por ley y fundaciones correspondiese suceder en dichos mayorazgos, y de la otra mitad de dichos bienes, en la parte que eran troncales, y de los adquiridos por títulos de compra y sucesión, si como lo dejaba manifestado en la cláusula precedente, no pudiesen suceder en ellos los nominados D. Simón de la Torre y Ormaza y D. Alejandro Aldama y Ormaza, nombró por heredera troncal y legataria en las cuatro quintas partes a Doña Josefa de Eguía y Malo, y en la otra quinta parte a todos sus parientes los Letonas, bien fuesen varones o hembras, con inclusión de la referida Doña Josefa de Eguía y Malo:

Resultando que fallecida bajo el testamento la Doña María Nicolasa de Letona en 19 de octubre de dicho año de 1864, después de varios incidentes sobre la posesión de sus bienes, entabló demanda Doña Josefa de Eguía con fecha 22 de julio de 1863, solicitando que se declarase que a ella, como pariente tronquera de la finada Doña Nicolasa, y como sustituida heredera única supletoria o condicional de las cuatro quintas partes de todos los bienes libres radicados en las anteiglesias de Castillo y Elejaveitia, Dima, Yurre, Lemona y Aranzazu y demás de aquel señorío de Vizcaya, y de la otra quinta parte en concurrencia con todos los parientes Letona, era a quien correspondían dichos bienes raíces y cualesquiera otros respecto de Don Simón de la Torre y Ormaza y D. Alejandro de Aldama, y se condenara a éstos a que la entregasen las cuatro quintas partes de los bienes raíces de que dejaba hecha mención, relacionados en la nota que obraba en el interdicto promovido, con los frutos y rentas que hubieren producido y debido producir desde la muerte de Doña María Nicolasa, o cuando menos desde la incoación de aquella demanda, lo mismo que la otra quinta parte que se constituiría en administración hasta tanto que llamando por edictos a todos los parientes tronqueros Letonas, según la voluntad de la referida testadora, se pudiera verificar su división y reparto con lo demás que procediera entre éstos y ella sin perjuicio de las reclamaciones conducentes en punto a la separación debida de lo que constituyó vínculo y demás que comprendían sus protestas y reservas causadas en los interdictos:

Resultando que la Doña Josefa fundó su demanda en que ella era pariente tronquera de la referida testadora, y D. Simón de la Torre y Don Alejandro de Aldama no eran parientes del tronco de donde los bienes procedían; en que las leyes de los fueros se hallen vigentes, y según ellas no pueden dejarse los bienes raíces del Infanzonado de Vizcaya sino a los parientes tronqueros; y en la disposición del 5

testamento de Doña María Nicolasa:

Resultando que D. Simón de la Torre y Ormaza y D. Alejandro de Aldama y Ormaza pretendieron que se desestimase con las costas la demanda y se impusiera perpetuo silencio a la demandante, declarando al mismo tiempo que les correspondían los bienes en posesión y propiedad, por haber sido instituidos herederos por Doña María Nicolasa de Letona según su testamento, en virtud del que se les dio posesión judicial de ellos, mediante el interdicto de adquirir, y al efecto expusieron que se hallaban en igual grado de parentesco con la testadora Doña María Nicolasa que la demandante: que el nombramiento de herederos hecho a su favor era absoluto y no condicional: que el testador obraba a manera de legislador y su voluntad debía ser respetada respecto de sus bienes; y que el que admitía una parte de un testamento en lo que le favorecía, no podía impugnarle en lo que le perjudicaba:

Resultando que los albaceas testamentarios de la Doña María Nicolasa de Letona contestaron también a la demanda pidiendo que se absolviese de ella aa D. Simón de la Torre y D. Alejandro de Aldama, apoyados en idénticas razones; y puestos los escritos de réplica y dúplica, y practicadas las pruebas que articularon las partes, el Juez de primera instancia dictó sentencia que revocó la Sala tercera de la Real Audiencia de Burgos por la suya de 26 de enero de 1867, en que declaró que por falta de troncalidad en D. Simón de la Torre y D. Alejandro de Aldama se estaba en el caso de la cláusula tercera del testamento de Doña María Teresa Nicolasa de Letona, por la cual se nombraba a Doña Josefa de Eguía y Malo heredera troncal y legataria de las cuatro quintas partes de los bienes troncales designados por la testadora, y en su virtud que la referida Doña Josefa de Eguía tenía derecho a las enunciadas cuatro quintas partes de ellos y a las de cualesquiera otros bienes que aparecieran dejados por la Doña María Nicolasa y procedieran del tronco de donde Doña Josefa descendía, y también a la otra quinta parte de los mismos en concurrencia con los demás parientes Letonas; y condenó al D. Simón de la Torre y Ormaza y D. Alejandro de Aldama y Ormaza a que los entregasen a Doña María Josefa en sus cuatro quintas partes, y la otra quinta para que puesta en administración, pudiera dividirse en su día con arreglo a la disposición testamentaria, con los frutos y rentas percibidos desde la contestación de la demanda:

Resultando que contra este fallo dedujeron los demandados la Torre y Aldama, como legatarios, y D. Luis del Castillo y demás testamentarios de Doña María Nicolasa de Letona recurso de casación, porque en su concepto infringe:

1 .° El principio inconcuso de que la voluntad del testador es la ley de la materia.

2 .° La ley 5.^a, tít. 33, Partida 7.a.

3 .° La doctrina establecida por este Supremo Tribunal, entre otras sentencias, en las de 28 de enero y 30 de diciembre de 1862, 16 de enero y 24 de mayo de 1863, 10 de diciembre de 1864, 17 y 18 de marzo, 3 y 26 de mayo de 1865, y 24 de abril de 1867, declarando a propósito de la ley de Partida citada que las palabras del testador deben

entenderse llanamente como suenan, mientras su sentido no sea dudoso, y acomodándose a la letra y a su significación.

Y 4.° La doctrina y jurisprudencia establecida en sentencias de 17 de febrero de 1858, 14 de septiembre de 1861, 23 de abril de 1864, y 11 de diciembre de 1865 de que "no hay que interpretar la voluntad ni las palabras del testador, cuando éstas tienen sentido y el caso no es equívoco ni produce perplejidad"; por cuanto se estima la demanda partiendo del supuesto de que Doña María Nicolasa de Letona llamó en su primera y segunda cláusula a D. Simón de la Torre y D. Alejandro de Aldama bajo la hipótesis de ser tronqueros en el sentido de la ley 8.⁰, tít. 21 del fuero de Vizcaya, y de que sólo era tronquera la Doña Josefa de Eguía, siendo así que la testadora Doña Nicolasa pidió sólo parientes del tronco de que dichos bienes procedían, y no exigió que fuesen descendientes del tronco, ni sujeto el llamamiento a la cita ley 8.⁰, título 21 del fuero de Vizcaya; además de que en los bienes adquiridos y comprados por ella y por sus padres y abuelos no era posible pedir descendencia del tronco, y al dar los de esta última clase a Doña Josefa de Eguía, considerándola pariente tronquera con exclusión de la Torre y Aldama, hasta se había quebrantado la misma ley 8.⁰, tít. 21 del fuero de Vizcaya, citada en la sentencia.

Y resultando que en este Supremo Tribunal han expuesto los recurrentes que también se han infringido la ley 18, título 20 del fuero de Vizcaya, la sentencia de 28 de junio de 1862 que la explica, la ley 8.⁰, título 21 del mismo fuero, y la doctrina legal de que "la sentencia debe ser conforme a la demanda": y de que "los inmuebles se rigen siempre por el estatuto real":

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Joaquín Jaumar de la Carrera:

Considerando que Doña María Nicolasa de Letona, no teniendo al tiempo de su fallecimiento descendientes, ascendientes ni parientes dentro del cuarto grado, pudo disponer de la manera que mejor le pareciera de todos los bienes que le pertenecían en el concepto de libres, así muebles como raíces, aunque estuvieran sitos en tierra del Infanzonado:

Considerando que, en uso de esta facultad, si bien en la cláusula primera de su testamento nombró herederos tronqueros de la parte de dichos bienes que expresa a D. Simón de la Torre y a D. Alejandro de Aldama por mitad; en la siguiente cláusula explicó cómo quería que se entendiese este nombramiento, diciendo textualmente: La institución de herederos de los bienes de Infanzonado que llevo hecha en favor de Don Simón de la Torre y Ormaza, de Don Alejandro de Aldama, etc., es en la inteligencia de que son parientes del tronco de que dichos bienes proceden; pero si no fuese verdad y pareciesen otros parientes tronqueros con mejor derecho, quiero y es mi voluntad que a los dichos señores la Torre, Aldama, Ormaza y descendientes de Legarza se les pague por mis testamentarios en dinero efectivo y a justa tasación el valor de las dos terceras partes que importen los referidos legados, cuyo pago se hará de los bienes que específicamente no llevo dispuesto:

Considerando que expresada la voluntad de dicha testadora en términos claros y explícitos sus palabras deben ser entendidas llanamente, así como ellas suenan, et non se debe el juzgador partir del entendimiento de ellas:

Considerando que está demostrado cumplidamente que los referidos Torre y Aldama descienden de D. Juan Bautista Ormaza y que no son parientes del tronco de que proceden los bienes de que se trata, y que por consiguiente carecen de la cualidad expresamente exigida por la testadora para que pudieran ser sus herederos:

Considerando que, en la tercera cláusula de dicho testamento, después de declarar Doña Nicolasa Letona todos los bienes que poseía, dispuso que, si como en la cláusula precedente dejaba manifestado, no pudiesen suceder en ellos los expresados Torre y Aldama, nombraba por heredero troncal y legatario en las cuatro quintas partes de dichos bienes a Doña Josefa Eguía y Malo, legando la otra quinta parte a todos sus parientes Letonas, con inclusión de la referida Doña Josefa; y que en su consecuencia, habiendo ésta justificado que es pariente del tronco de que proceden dichos bienes, es indudable el derecho con que los reclama de los demandados:

Considerando, por todo lo expuesto, que al declarar la Sala sentenciadora que por la falta de troncalidad en D. Simón de la Torre y Don Alejandro de Aldama, se está en el caso de la cláusula tercera de dicho testamento, y que en su virtud Doña Josefa de Eguía tiene derecho a los bienes designados por la testadora, y al condenar a los demandados a que les entreguen las cuatro quintas partes de dichos bienes y pongan en administración la quinta parte restante, para que pueda distribuirse con arreglo a los dispuesto en la referida cláusula, con los frutos y rentas percibidos desde la contestación de la demanda, lejos de haber infringido la ley 5.^a del título 33 de la Partida 7.^a, y la 8.^a, título 21 del fuero de Vizcaya, ni los principios y doctrinas sentadas por este Supremo Tribunal en las decisiones que citan los recurrentes, se ha atemperado estrictamente a lo ordenado y declarando en las mismas:

Considerando que la ley 18, tít. 20 del fuero mencionado, que prohíbe las donaciones y mandas de bienes raíces, en más de su quinta parte, a favor de extraños, existiendo parientes dentro del cuarto grado, no es aplicable al presente pleito, por estar conformes las partes en que Doña Josefa de Eguía desciende del mismo tronco que la testadora Doña Nicolasa de Letona:

Considerando, por último, que la sentencia de la Sala tampoco es contraria al principio de jurisprudencia de que los fallos deben guardar conformidad con las demandas; por cuanto, aunque sus palabras no sean idénticas, sustancialmente accede a lo pedido por la parte actora;

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Don Simón de la Torre y consortes, a quienes condenamos en las costas,

y devuélvanse los autos a la Real Audiencia de Burgos con la certificación correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.– Ventura de Colsa y Pando.–José María Cáceres.– Laureano de Arrieta.– Valentín Garralda.– Hilario de Igón.– José María Haro.– Joaquín Jaumar.

Publicación.– Leída y publicada fue la sentencia anterior por el Ilustrísimo Sr. D. Joaquín Jaumar de la Carrera, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, estando celebrando audiencia pública la Sección primera de la Sala primera del mismo, el día de hoy, de que certifico como Secretario de S.M. y su Escribano de Cámara.

Madrid, 17 de febrero de 1868.– Dionisio Antonio de Puga.– (Gaceta de 27 de febrero de 1868.)